Carlos Garulo Ramon

El presente artículo pone de manifiesto la externalización como herramienta de gestión de servicios de información turística a escala local. Surge a partir de la Tesis Doctoral defendida en 2022 por el autor de referencia y reconocida con un accesit a los premios CES CV 2023. Se analiza un fenómeno cada vez más en alza como es la externalización de servicios de información turística en particular por parte de las administraciones locales, centrándonos desde el punto de vista social y analizando la problemática inherente a la externalización de servicios a nivel general, y a nivel particular del servicio de información turística. Por último, se actualizan datos sobre la externalización de servicios de información turística en la práctica a través del análisis de las licitaciones publicadas en la plataforma de contratación del estado en el periodo 2018-2022.

Spanish legislation allows public authorities to outsource the provision of certain services when they lack their own means to do so Thus, tourist information services are one of the services that authorities tend to outsource because tourism’s broad and flexible time margins cannot always be covered by the public sector. In addition, tourism has been one of the economic sectors hardest hit by the recent COVID‑19 pan‑ demic, with significant effects on employment, demand and the arrival of international tourists, among oth‑ ers. Thus, the general objective of this work is focused on analysing the effect that the COVID‑19 pandemic has had on the outsourcing of tourist information services. As such, an investigation has been designed that researches the tenders from the Spanish State Contract Platform from 2018 to 2020. The results seem to suggest a positive trend and that COVID‑19 has had a slight influence. The research also seems to indicate that public administrations do not use t...

El presente estudio tiene como objetivo principal analizar cuantitativa y cualitativamente el número de servicios turísticos que las administraciones públicas españolas han licitado entre enero de 2018 y diciembre de 2021. Para ello, se basa en el análisis documental de los datos arrojados por la Plataforma de Contratación del Estado en dicho periodo, en base a la utilización de los códigos de contratación utilizados por la administración. Para ello, se parte del establecimiento de una metodología, seguido de un marco teórico centrado en la definición del concepto de servicio turístico y tipología de los mismos, continuando con la definición del concepto de externalización y la identificación de los servicios turísticos que se externalizan. Tras ello se presentan los resultados obtenidos con los datos extraídos de la plataforma. Entre los resultados de este estudio cabe mencionar que en el citado periodo, existe un aumento en el crecimiento del número de licitaciones convocadas por parte de las administraciones públicas en materia de turismo.

La legislación española permite a las administraciones públicas la externalización de determinados servicios cuando no cuentan con los medios propios para prestarlos adecuadamente. Así, los servicios de información turística son uno de los servicios que las administraciones suelen externalizar, ya que para atender las necesidades de los turistas se requiere de una amplia flexibilidad horaria que las administraciones no siempre pueden garantizar con sus propios recursos. Además, el sector turístico ha sido uno de los sectores económicos más afectados por la reciente pandemia de COVID-19, con importantes efectos sobre el empleo, la demanda o la llegada de turistas internacionales, entre otros. De este modo, el objetivo general de este trabajo es analizar el efecto que ha tenido la pandemia de la Covid-19 en la externalización de los servicios de información turística. Para ello se ha diseñado una investigación que analiza las licitaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Estado relacionadas con los servicios de información turística de 2018 a 2020. Los datos parecen sugerir la existencia de una tendencia positiva y que la COVID-19 ha influido levemente. También parecen indicar que las administraciones públicas no utilizan de manera adecuada el código de clasificación del Vocabulario Común de Contratación Pública (CPV) en sus procesos de licitación, aunque este hecho parece estar corrigiéndose.