ENTRE LA POLÍTICA PÚBLICA Y EL TERRITORIO EL AULA DE TRABAJO SOCIAL DESDE LA EPISTEMOLOGIA FEMINISTA COMPILADORAS Y EDITORAS: MARCELA PAÍS ANDRADE, CAROLINA DEL VALLE, JULIETA NEBRA Y ELIZABETH VICENTE Autoras: Agustina A. Rojas; Belén Mallaviabarrena ; Camila Sampayo; Carolina Cuffaro; Celina Vaca; Clarisa Marina Prusso; Daiana B. Riquelme Riveros ; Daniela Maresca ; Déborah Jael Balero; Delfina Freidzon ; Florencia Alberto ; Florencia García ; Florencia Grimolizzi; Guadalupe Gonçalves da Costa Lima; Jennifer Calahorrano ; Maia Ayelén Aguirre Carlevaro; María Eva Fernández; María Mercedes Palumbo; María Sol Pupo; Marlene Bracht; Melina Daniela Maffeo; Milagros Martin; Nadia Magalí Arzubi; Nahir Agustina Caamaño; Nair Lara Paoletta; Paula R. Gallinoti; Rocío Soledad Villarroel; Sol Morales; Yamila Fantoni. Entre la política pública y el territorio. El aula de Trabajo Social desde la epistemología feminista Marcela País Andrade, Carolina Del Valle, Julieta Nebra y Elizabeth Vicente (Compiladoras y editoras) Autoras: Agustina A. Rojas; Belén Mallaviabarrena; Camila Sampayo; Carolina Cuffaro; Celina Vaca; Clarisa Marina Prusso; Daiana B. Riquelme Riveros; Daniela Maresca; Déborah Jael Balero; Delfina Freidzon; Florencia Alberto; Florencia García; Florencia Grimolizzi; Guadalupe Gonçalves da Costa Lima; Jennifer Calahorrano; Maia Ayelén Aguirre Carlevaro; María Eva Fernández; María Mercedes Palumbo; María Sol Pupo; Marlene Bracht; Melina Daniela Maffeo; Milagros Martin; Nadia Magalí Arzubi; Nahir Agustina Caamaño; Nair Lara Paoletta; Paula R. Gallinoti; Rocío Soledad Villarroel; Sol Morales; Yamila Fantoni. Página | 1 Evaluadorxs de los textos Alejandra (Alex) Zani Camila Suárez Julieta V ázquez Matías Pampin Micaela Josid Miranda González Martin Y anina Kaplan Sergia Tomás Rodríguez V ictoria Barreda Idea de tapa Lucrecia Ramos Mejía Entre la política pública y el territorio: el aula de Trabajo Social desde la epistemología feminista / Marcela Alejandra Pais Andrade; Carolina Del valle; Julieta Nebra y Elizabeth Vicente; compilación de Marcela País Andrade ... [et al.]; Coordinación general de Marcela País Andrade. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Marcela Alejandra País Andrade, 2022. Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-88-6330-6 1. Políticas Públicas. 2. Trabajo Social. 3. Feminismo. 4. Metodologías. I. Pais Andrade, Marcela Alejandra II. País Andrade, Marcela, comp. III. País Andrade, Marcela , coord. CDD 320.6 Esta publicación digital cuenta con el apoyo de: Página | 2 AGRADECIMIENTOS A la Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales por permitirnos dictar el curso del cual surge este texto. A la Universidad de Buenos Aires por financiar el proyecto UBACyT 20020190200435BA Discursos y prácticas en/desde las Políticas Públicas en la Argentina reciente. Estudios de intervención/investigación con perspectiva de género(s) y feminismo(s). A todas las personas que han trabajado en este proyecto por su amorosidad y generosidad. Página | 3 INDICE Prólogo Andrea Echevarría………………………………………………………………...…………6 Presentación Entre la política pública, el territorio y la epistemología feminista. El aula de Trabajo Social desde “otras” metodologías Carolina Del Valle, Elizabeth Vicente, Julieta Nebra y Marcela A. País Andrade……………………………………………………………………………………...8 1. Programa de Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad “Macachas y Remedios”: un análisis desde el Trabajo Social Nadia Magalí Arzubi, Carolina Cuffaro, Florencia García y Milagros Martin……………………………………………………………………………….….15 2. Perspectiva de género en los tres poderes del Estado. Un análisis de la Ley Micaela Maia Ayelén Aguirre Carlevaro, Jennifer Calahorrano, Yamila Fantoni y Nair Lara Paoletta………………………………………………………………………..…..22 3. ¿Ampliar o crear? Qué pasa con las personas transgénero en la ley 26.485 Camila Sampayo y Delfina Freidzon………………………………………….....…..…28 4. Las tareas de cuidado en la agenda institucional actual Paula R. Gallinoti, Daniela Maresca, Daiana B. Riquelme Riveros y Agustina A. Rojas……………………………………………………………………………………35 5. El alcance del Ingreso Familiar de Emergencia: una política pública con vistas a cerrar brechas de género Florencia Alberto, Nahir Agustina Caamaño y Sol Morales……………………………40 6. Mujeres Emprendedoras María Eva Fernández, Clarisa Marina Prusso y Rocío Soledad Villarroel…………………………………………………………………………….…48 7. Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán - Lohana Berkins”. Estado de situación Florencia Grimolizzi……………………………………………………………………53 8. De la ley al escenario: alcances y desafíos en la construcción de eventos musicales más diversos e igualitarios Marlene Bracht, Guadalupe Gonçalves da Costa Lima y Belén Mallaviabarrena………60 9. Madres, cannabis y feminismo Déborah Jael Balero y Melina Daniela Maffeo……………………………………..…..66 Página | 4 A modo de cierre Una reflexión metodológica en torno a los modos de intervenir/investigar en políticas públicas con perspectiva de género(s): entre el libro, la materia y el grupo de investigación María Mercedes Palumbo y Celina Vaca…………………………………………………...74 CONOCIENDO A LAS AUTORAS…………………………..…………………………83 EQUIPO DOCENTE ……………………………………………………………………..90 BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………….…93 FUENTES PERIODÍSTICAS……………………………………………………………98 PÁGINAS CONSULTADAS……………………………………………………………101 LEYES, PLANES Y PROGRAMAS CONSULTADOS………………………………102 Página | 5 PRÓLOGO Cuando en el año 2017 se realizó la convocatoria a la presentación de materias optativas para la Carrera de Trabajo Social de la UBA fueron aprobadas un conjunto de asignaturas que trabajaban desde la perspectiva de género, incluyendo la coordinada por Marcela País Andrade. Para nuestra disciplina, esta articulación entre intervención social y desigualdades sexo genéricas resultaba -y resulta- imprescindible, y aunque su incorporación como materias específicas era novedosa, este abordaje transversal reconoce desarrollos anteriores fecundos, en los que las y los colegas fueron abriendo camino. Ya en los años posteriores a la reapertura democrática se había incorporado en la agenda de las políticas públicas líneas de trabajo vinculadas a las demandas de “las mujeres”, como salud sexual y reproductiva, participación, violencia doméstica (luego resignificada como violencia de género) (Paura y Zibecchi, 2019). El Trabajo Social realizó importantes aportes a esas iniciativas. En los ‘90 se fue consolidando la perspectiva de género, impulsada por organismos internacionales, pero también por la labor cotidiana y en ocasiones silenciosa de colegas que trabajaron por instalar la perspectiva y hacerla carne en sus prácticas. Las reflexiones que acompañaron esa tarea también permearon la academia, tanto en el ámbito de la producción de conocimiento, como en la formación de grado y posgrado. Podemos mencionar como pioneras a nuestras profesoras Estela Grassi, Violeta Correa y Elena Zunino, que desde distintos espacios curriculares incorporaron de manera transversal la lectura de las desigualdades sexo genéricas. Nos reconocemos como herederas de esos aportes, de esas búsquedas, que impregnaron también nuestra propia formación. No obstante, la posibilidad de contar con materias específicas, como la dictada por Marcela País Andrade y su equipo, permitió profundizar este recorrido. En un momento histórico en el que la comunidad educativa de Trabajo Social se halla interpelada por los feminismos y los procesos de movilización social en torno a reivindicaciones históricas, la perspectiva de género permitió profundizar la definición de nuestro quehacer profesional. El enfoque de género, entonces, no suprime los recorridos disciplinares anteriores respecto a la delimitac ió n de nuestro objeto de intervención en torno a la cuestión social y sus manifestacio nes históricas (Rozas, 1998), o a su resignificación como cuestión nacional (Carballeda, 2013); sino que los complejiza y enriquece al incorporar otro clivaje: el de las desigualdades social e históricamente construidas en torno a las identidades sexo genéricas. Por otra parte, el proceso pedagógico desarrollado por la cátedra en estos años permitió dar un paso más: incorporar como práctica sistemática la formación de personas que investiga n, desde esta misma mirada. El despliegue de una epistemología feminista, en la que los rasgos Página | 6 androcéntricos (de las políticas estudiadas, pero también de los procesos de producción de conocimientos) puedan ser visibilizadas y cuestionadas, constituye un aporte esencial de este equipo, que hoy se materializa en este libro. Estudiantes que ya no solo “escuchan”, sino que también “dicen”. Afirman, cuestionan, se preguntan, debaten. Retomando la perspectiva freireana, ya no se trata de memorizar, sino de decir y transformar el mundo desde la palabra. Y en ese proceso, nos transformamos todes. Invitamos a lectores y lectoras a entrar en diálogo también con estos aprendizajes y estas búsquedas. Andrea Echevarría, Directora de la Carrera de Trabajo Social UBA para los períodos 2018-2022. Referencias bibliográficas Carballeda, Alfredo (2013). La intervención en lo social como proceso, Buenos Aires: Espacio. Paura, Vilma y Zibecchi, Carla (2019). Género y programas sociales: la construcción de una nueva agenda de investigación, en Trabajo y Sociedad, Nro. 32, Santiago del Estero. Rozas, Margarita (1998). Una perspectiva teórica metodológica de la intervención en Trabajo Social, Buenos Aires: Espacio. Página | 7 Entre la política pública, el territorio y la epistemología feminista El aula de Trabajo Social desde “otras” metodologías Carolina Del Valle Elizabeth Vicente Julieta Nebra Marcela A. País Andrade Este libro pone en diálogo diferentes espacios de investigación e intervención con enclave feminista, diverso y disidente generados en y desde la Facultad de Ciencias Sociales (FSOC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En sus bases los trabajos que aquí se leerán se enmarcan en la materia optativa denominada “La transversalidad de género(s) en las políticas públicas” que se dictó en la FSOC durante 4 años (2018-2021). La misma se inscribió en la carrera de Trabajo Social y fue una de las primeras materias que han conformado el Círculo de Formación Feminista (CIRFFEM) -creado por la Subsecretaría de Política de Género de dicha Casa de Estudio- permitiendo a lxs estudiantes de las 5 carreras (Sociología, Trabajo Social, Comunicación Social, Relaciones del Trabajo y Ciencias Política) autogestionarse una formación feminista en sus diferentes disciplinas. Este equipo de docentes lo conformamos 4 trabajadoras sociales y 1 socióloga, todas egresadas de la Universidad de Buenos Aires. Somos feministas e investigadoras con perspectiva de géneros. Algunas de nosotras damos clases y coordinamos proyectos de investigación desde el año 2013 (Proyectos PIG y UBACYT) 1 . Nuestras áreas de inserció n laboral se vinculan con la salud pública, la educación pública, la gestión cultural y las juventudes, las cuales nos han permitido llevar al aula discusiones actuales en torno a las políticas públicas que ellas engloban. En este sentido, la materia se fue configurando, por un lado, en un espacio formativo que materializó interrogantes surgidos a lo largo de nuestro recorrido. Por otro lado, profundizó y construyó nuevos desafíos para (re)pensar el tema que nos convocó en la materia dictada: políticas públicas y géneros2 . Finalizado el ciclo de la materia, continuamos reflexionando en torno a la potencia de dicha experiencia, y en cuanto a la relación entre las aulas, los territorios y las políticas públicas desde una epistemología feminista ¿por qué no dar a conocer algunos de los trabajos realizados por lxs estudiantes? ¿por qué no traspasar la puerta del aula y poner en diálogo 1 Proyectos desde los cuales hemos realizado diversas jornadas, seminarios, intercambios con otros grupos de investigación, hemos publicado algunas de nuestras reflexiones en revistas científicas (nacionales e internacionales) y en diversos libros. 2 Acuñamos el término “géneros” para desbordar y complejizar el binomio femenino -masculino e incorporar las identidades Trans/disidencias/diversidades que implican la materialización de diversas formas de ser y sentirse “mujeres”, “varones” u “otres no binaries”. En este sentido, visibilizamos y/o recuperamos el sentido político del término. Página | 8 nuestras elucidaciones? En este sentido, este libro busca plasmar, a través de los trabajos presentados a continuación, algunos de los debates, discusiones y análisis en torno a las distintas políticas con las que lxs estudiantes fueron trabajando a lo largo de estos años. Además, propone reflexionar en torno a lo que hemos denominado las "metodologías otras” puestas en práctica a lo largo de las cursadas. Recuperamos y reforzamos, de esta manera, aquellas formas de pensar la planificación y el dar una clase desde perspectivas que valoran los saberes de todxs lxs participantes, que estimulan el intercambio de opiniones y pareceres, que invitan al debate y que, principalmente, buscan profundizar las discusiones e incomodarnos en ellas. La propuesta formativa de la materia abordó la transversalidad de género(s) en las políticas públicas relacionadas con las diversas problemáticas actuales que son objeto de intervenc ió n e investigación del Trabajo Social. De esta manera, durante los años que transcurrió la cursada logramos identificar, profundizar y generar debates acerca de la planificac ió n, ejecución y evaluación de las políticas, programas y líneas de acción desde un enfoque de géneros. Durante este tiempo, dicha propuesta pedagógica además fue modificándose y sumando nuevas perspectivas de análisis. Por ejemplo, identificamos que en los comienzos de la cursada presentamos una mirada que podría ser leída como “binaria”, y luego, a partir de diversas discusiones dadas al interior del equipo de trabajo como también sugerencias y aportes de lxs estudiantes, incluimos otras perspectivas como la interseccionalidad, el transfeminismo y la teoría queer/cuir. Desde un primer momento, las clases fueron pensadas como talleres donde era posible articular los aspectos teóricos con los prácticos. Para esto implementamos diversas dinámicas lúdicas y recreativas desde las cuales potenciamos los debates. A su vez, identificamos la necesidad de lxs estudiantes de espacios que presenten los conceptos e ideas principales que lxs autores trabajados proponen, como también la contextualización de las políticas públicas elegidas para abordar en el aula. Invitamos a referentes de diversas áreas y temáticas; de organizaciones; como también a militantes y activistas a contarnos sus experiencias en los territorios. También compartimos actividad e intercambiamos con otras materias pertenecientes al CIRFFEM. Asistimos a charlas sobre la ley del aborto en contexto de pleno debate. Y, en época de pandemia y virtualidad adaptamos el contenido y las actividades en diversas plataformas, buscando no perder el espíritu de la propuesta de taller con el desafío que eso implica. Fue de esta manera que fuimos modificando la planificación de las clases teniendo en cuenta los aportes y las evaluaciones de fin de cursada que realizaron lxs estudiantes de las distintas carreras. Consideramos que fueron estas modificaciones las que nos han permitido continuar reflexionando en torno a las maneras de dar clases, de construir programas, modificar la bibliografía y las actividades que acompañen a lxs estudiantes en su proceso de formación. A partir de estas acciones, entendemos la importancia de la reflexión permanente en torno a las formas de abordar los objetivos y la metodología de dar clases en el aula. Al mismo tiempo, los aspectos teóricos que acompañaron el desarrollo de la materia fueron observados y problematizados desde una epistemología crítica y feminista. Fue así que se le Página | 9 propuso a lxs estudiantes analizar algunas políticas públicas a través de las herramientas y aportes de los feminismos. En esta línea, los trabajos que aquí leerán, y que fueron parte de la evaluación final de la materia, se dieron a la tarea de repensar a las políticas públicas y la perspectiva de géneros desde la reflexividad (Guber, 2011), la cual nos permite pensarnos como agentes que interpelamos pero que también somos interpeladxs por el lugar que habitamos como estudiantes, como (futurxs) profesionales y como feministas. En este sentido, planteamos la pregunta ¿Qué implicancias conlleva transversalizar la perspectiva de género(s) en las políticas públicas? En primer lugar, implicó (re)pensar la feminización del trabajo social y el rol de quienes ejercen dicha profesión en las políticas públicas como ejecutorxs, pero a la vez como resignificadorxs de las mismas. También implicó resignificar a las políticas desde ámbitos de reflexión teórica como de reflexividad en la intervención; y aportó a significar “poblaciones problema” (Foucault, 1978). En este sentido, resultó fundamental tener una mirada crítica y reflexiva sobre las formas de intervenir/investigar desde el Trabajo Social con y desde el aporte del resto de las carreras que entretejieron los debates de la materia. En segundo lugar, reflexionamos en torno a que la mayoría de las políticas públicas se presentan como “neutras” en cuestión de género. Es decir, son políticas destinadas a la población en general o a un sector, sin considerar los atravesamientos de género. Por ello, siguiendo a Anzorena (2013) clasificamos las políticas públicas de la siguiente manera: ● Políticas que se plantean “neutras” al género ● Políticas destinadas a mujeres ● Políticas con perspectiva de género Las políticas dirigidas hacia mujeres apuntan a resolver problemáticas específicas que se consideran desventajosas para las mujeres, dice Anzorena (2013), y nosotras agregamos: también para lesbianas, travestis, trans y no binaries. Sin embargo, entendemos que estas políticas no cuestionan, y mucho menos modifican, las estructuras que las generan y están dirigidas a paliar las desigualdades producidas por el sistema capitalista, patriarcal y racista. Mientras que las políticas con perspectiva de género hacen alusión a las intervenciones que realiza el Estado para reducir la desigualdad y discriminación entre los géneros. Estas políticas entienden que la protección de los derechos y su garantía es responsabilidad del Estado, por lo tanto, apuntan a la promoción de derechos, al ejercicio pleno de ciudadanía y a la autonomía de las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries (Anzorena, 2013). Estos enfoques nos convocan a pensar desde el Trabajo Social las desigualdades, opresiones y exclusiones que genera el capitalismo, el patriarcado y el racismo, y sus implicancias en los territorios, en las comunidades, en los cuerpos y las vidas, mayormente de las identidades diversas y disidentes. A su vez, nos propusimos pensar de manera situada (Haraway, 1995) y por ende los trabajos aquí presentados incorporan el desafío de seguir pensando en las políticas públicas complejizando los lugares que ocupan y las relaciones que se tejen en territorios específicos, por ende, se incluye en el análisis al Estado y sus agentes, a lxs destinatarixs, y a la sociedad en general. Se ha reflexionado desde/en la elaboración de las Página | 10 políticas públicas al visibilizar la participación que tienen lxs diferentes actores sociales y sujetos (Estado, sociedad política, sociedad civil, mercado, organizaciones no gubernamentales, movimiento de mujeres, movimiento LGBTIQ+ 3 , feministas, colectivas, entre otras) en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas. Igualmente, estos trabajos no desconocen que las políticas públicas producidas y reproducidas en un gobierno determinado persiguen los intereses que responden al proyecto político que se busca establecer. Sin embargo, esto no deja de ser continuamente tensionado por todxs lxs actores involucradxs, incluso a partir de las mismas contradicciones que entre ellxs existen. Entendidas así, las políticas públicas también se conforman a partir de las demandas, los reclamos, las luchas y las resistencias de la sociedad. Es el movimiento feminista un claro ejemplo de esto. Este libro, es producto de estos debates en los que se entrecruzan la teoría, los posicionamientos políticos y las experiencias singulares. A través de sus páginas podrán leer diferentes textos que han sido seleccionados de los trabajos finales de lxs estudiantxs que se han presentado en la materia. Esta publicación surge entonces de las motivaciones colectivas que siguieron dando vueltas aún al finalizar la experiencia áulica y la necesidad de transmitir lo aprendido. Encontrarán en sus páginas nueve artículos que han sido evaluados por integrantes del UBACYT dirigido por la titular de cátedra, sugiriendo aportes, aclaraciones y readecuaciones. De esta manera, incorporamos también el aprendizaje de cierto oficio científico al ensayar - en un ambiente cuidado y respetuoso- las formas de publicación de un trabajo. Agradecemos la generosidad de quienes han evaluado los artículos y de quienes aquí escriben por haber brindado sus textos a este trabajo colectivo, por leer y tomar las sugerencias que sus evaluadores les han hecho, corregirlos y ahora sí compartirlos. En el primer capítulo "Programa de Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad 'Macachas y Remedios': un análisis desde el Trabajo Social", Nadia Magalí Arzubi, Carolina Cuffaro, Florencia García, Florencia y Milagros Martin analizan dos experiencias de implementación de espacios de formación en género en la Ciudad de Buenos Aires y en Chubut. A partir del análisis de documentación y de entrevistas realizadas a referentes plantean diferencias a raíz de los contextos territoriales pero también múltip les similitudes, entre ellas el amplio margen de autonomía que la política habilitaba a las organizaciones sociales encargadas de su implementación. En el segundo capítulo "Perspectiva de género en los tres poderes del Estado. Un análisis de la Ley Micaela" Maia Ayelén Aguirre Carlevaro, Jennifer Calahorrano, Yamila Fantoni y Nair Lara Paoletta reflexionan sobre la ley Micaela afirmando que la misma se nos presenta como una herramienta indispensable para incorporar la perspectiva de género en los diferentes ámbitos donde se la aplique. De esta manera dicha normativa se propone combatir las violencias y desigualdades de género e incorporar una perspectiva de diversidad sexual e interseccional. 3 Estas siglas corresponden a: lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer; además al final se añade el símbolo + para incluir a todos los colectivos que no están representados en las siglas anteriores. Página | 11 En el tercer capítulo "¿Ampliar o crear? Qué pasa con las personas transgénero en la ley 26.485" Camila Sampayo y Delfina Freidzon se preguntan de qué manera la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres regula las violencias que se ejercen sobre identidades trans. Las autoras presentan el marco normativo nacional e internacional que aborda esta problemática y lo articulan con los relatos de trabajadorxs y referentes del tema que intervienen en dispositivos de la Provincia de Buenos Aires y de CABA. Finalmente, nos invitan a reflexionar en torno al surgimiento de leyes específicas que apunten a personas trans. En el cuarto capítulo "Las tareas de cuidado en la agenda institucional actual" Paula Gallinoti, Daniela Maresca, Daiana Riquelme Riveros y Agustina Rojas analizan el "Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Aportes por Tareas de Cuidado" con la intención de dar cuenta del lugar que ocupan las problemáticas de género(s) en la agenda pública en particular en relación a las tareas de cuidado. El artículo entrecruza datos del programa con estadísticas sobre distribución de tareas, y pone de manifiesto las tensiones que se presentan que les permiten interpretarla en tanto política de redistribución como de reconocimiento. En el quinto capítulo, "El alcance del Ingreso Familiar de Emergencia: una política pública con vistas a cerrar brechas de género", Florencia Alberto, Nahir Agustina Caamaño y Sol Morales, por un lado, analizan el alcance del primer pago del “Ingreso Familiar de Emergencia” (IFE), contextualizando la situación de desigualdad de género(s) y su incremento durante el “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” (ASPO). Así como identifican el rol de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género en el diseño de esta política. Por último, a partir de una encuesta semi-estructurada destinadas a mujeres beneficiarias del IFE, buscan conocer la recepción de dicha política con el fin de detectar los alcances y limitaciones del IFE como herramienta para paliar las dificultades y/o brechas de género(s). En el sexto capítulo "Mujeres Emprendedoras", María Eva Fernández, Clarisa Marina Prusso y Rocío Soledad Villarroel nos proponen reflexionar en torno a una política económica destinada a mujeres del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las autoras se cuestionan acerca de los objetivos que se propone el programa “Mujeres emprendedoras”, problematiza n sobre los requisitos para poder acceder al mismo, y se animan a “realizar la prueba” para ser “beneficiarias” de dicho programa. El análisis de este trabajo lleva a seguir preguntando( nos) acerca de los alcances redistributivos de las políticas públicas. En el séptimo capítulo, "Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero 'Diana Sacayán - Lohana Berkins'. Estado de situación", Florencia Grimolizzi, detalla la situación socio-económica por la que actualmente atraviesan las personas travestis-trans, así como analiza la propuesta de reparación histórica respecto de la desigualdad estructural que existe en la sociedad que esta normativa propone. Para ello, la autora, indaga respecto del cumplimiento efectivo de la Ley 27.636 en todo el territorio nacional con el fin de conocer la posibilidad de igualdad real de Página | 12 oportunidades laborales que tiene las personas travestis, transexuales y transgénero a partir de la sanción de dicha ley. En el capítulo ocho "De la ley al escenario: alcances y desafíos en la construcción de evento s musicales más diversos e igualitarios" Marlene Bracht, Guadalupe Gonçalves da Costa Lima y Belén Mallaviabarren describen y analizan la ley sobre Cupo Femenino y Acceso de Artistas Mujeres y Personas de Género Autopercibido a los Escenarios Musicales. Por medio de entrevistas a las referentas e impulsoras de la Ley nos permiten reflexionar sobre la primera normativa a nivel mundial que establece un cupo femenino para eventos musicales. En el noveno capítulo "Madres, cannabis y feminismo" Déborah Jael Balero y Melina Daniela Maffeo presentan un análisis en torno a las recientes políticas que enmarcan el consumo de marihuana medicinal en Argentina. Las autoras ponen en juego el entrecruzamiento de debates acerca de la despenalización del autocultivo y consumo de cannabis, y nos muestran como los feminismos acompañan la ampliación de derechos y diversifican las miradas. Finalmente, a modo de cierre Mercedes Palumbo y Celina Vaca comparten el texto “Una reflexión metodológica en torno a los modos de intervenir/investigar en políticas públicas con perspectiva de género(s): entre el libro, la materia y el grupo de investigación”. El capítulo ofrece una reflexión metodológica sobre los modos de intervenir/investigar en torno a políticas públicas con perspectiva de género(s) que recorre los distintos capítulos que componen este libro. Así, describen una serie de contribuciones que pueden observarse en el entramado entre este libro, la materia de la cual surge, y el grupo de investigación que nutre e interviene tanto en el libro como en la materia desde distintos roles. Para finalizar, recuperan la materialización de posicionamientos metodológicos y epistemológicos críticos en las prácticas de investigación que estas instancias reflejan. Entendemos que esta compilación es un entramado que se fue tejiendo desde una epistemología feminista que desnaturaliza las desigualdades que se producen al interior del campo de las Ciencias Sociales. El sistema binario de representación identitaria que transforma la diferencia en desigualdad (Maffia s/f) reviste a la investigación con cualidades mayoritariamente masculinas. La racionalidad, la objetividad, las tareas intelectuales han sido asociadas a “lo masculino” en el devenir histórico, quedando la actividad investiga tiva en manos de los hombres. En términos generales, como mencionamos anteriormente, lo femenino ha sido relegado a tareas de cuidado y ha tenido una incorporación “tardía” al campo de las ciencias (País Andrade y González Martín y 2014). Es por ello que, desde nuestra materia, propusimos fomentar un espacio de construcción colectiva del conocimiento en torno a las políticas públicas, desde una perspectiva de géneros que dispute los sentidos hegemónicos como así también que tensione los lugares subalternos de lxs poblaciones con quienes trabajamos y del trabajo social –y las trabajadoras socialescomo disciplina capacitada para pensar, ejecutar, resignificar y problematizar las políticas públicas en diálogo permanente con las demás disciplinas del campo social. Finalmente sostenemos como posicionamiento político feminista la puesta en valor de las producciones estudiantiles producto de reflexiones y debates colectivas que se dieron en el Página | 13 aula, pero también en sus casas, en la calle, en sus trabajos. Este libro nos llena de alegría porque es el producto de un largo camino recorrido como equipo, y es a la vez cierre y apertura. Esperamos que lo disfruten y que les invite a pensar en torno a la importancia de transversalizar la perspectiva de género(s) en las políticas públicas. . Página | 14 Programa de Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad “Macachas y Remedios”: un análisis desde el Trabajo Social Nadia Magalí Arzubi. Lic. en Trabajo Social Carolina Cuffaro. Lic. en Trabajo Social Florencia García. Estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social Milagros Martin. Lic. en Trabajo Social Introducción El objetivo principal de este trabajo es analizar y reflexionar la perspectiva de género presente- o no- en el Programa de Escuelas Populares de Formación en Género, así como reponer las modificaciones sufridas a partir del contexto. Es pertinente aclarar que, al momento de escritura del trabajo, el mismo correspondía a uno de los objetivos del Plan Nacional de Acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres 2018-2020 del Instituto Nacional de las Mujeres. En la actualidad, el Programa amplía su perspectiva y es nombrado, Programa de Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad “Macachas y Remedios''. Se encuadra- del mismo modo- dentro del Plan Nacional de Acción mencionado del periodo 2020-2022, desarrollado por el actual Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Además de fuentes primarias bibliográficas teóricas, recuperamos la palabra de dos Licenciadas en Trabajo Social, Yanina Kaplan y Camila Suárez, ambas desde diferentes organizaciones, la primera llevándolo a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y la segunda en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut. A partir de lo expuesto, se espera poder problematizar cómo la perspectiva de género atraviesa a la política pública mencionada, reflexio nando de manera crítica sobre su ejecución desde el Trabajo Social. Contexto de surgimiento Realizar un recorrido histórico acerca del contexto de surgimiento del Programa Escuelas Populares de formación en Género, hoy y de Diversidad: “Macachas y Remedios” nos permitió visibilizar las luchas sociales, políticas y feministas por los derechos de las mujeres y la reivindicación de las mismas como sujetas políticas. Dichas luchas, son acompañadas por colectivas disidentes en el marco del reclamo por el reconocimiento y la igualdad de derechos. En tanto el contexto de surgimiento, Díaz, Impemba, Irizarry y Steiner (2013) realizan un breve recorrido histórico alrededor de Convenciones y Conferencias internacionales y Leyes nacionales sobre la violencia contra las mujeres. En la línea de la fundamentación del Programa Escuelas Populares de formación en Género, hoy y de Diversidad: “Macachas y Página | 15 Remedios”, las relaciones de equidad entre mujeres cis género, LGBTTQIANB+ 4 y varones cis género es condición necesaria para el desarrollo integral de todas las personas. El patriarcado, entendido como sistema cuyo entramado genera el trato desigual entre mujeres y varones, elabora las condiciones para que se ejercite la violencia contra la mujer cis género y LGBTTQIANB+. La misma ha sido incorporada a las agendas de los Estados a nivel internacional, en parte, gracias a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), firmada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Particularmente Argentina, adhirió a ella en 1980 por medio de la Ley N°23.779. Siguiendo este recorrido, en el año 1993 se realizó la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en Viena, en la cual se estableció que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos. Desde un enfoque estratégico, se realiza en Beijing, en el año 1995, la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres: Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz. A nivel regional, en la ciudad de Belém Do Pará, se acuerdan los contenidos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, en 1996. En ese mismo año fue adoptada por Argentina bajo la Ley N°24.632. Este último aborda las obligaciones que los Estados deben garantizar en lo que respecta a este convenio: “otorgar protección a las víctimas, castigos a sus agresores y educación al público para una efectiva erradicación de la violencia” (Díaz et al., 2013:94). A nivel nacional, en el año 2009 fue sancionada la Ley N°26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollan sus relaciones interpersonales. La misma es sancionada con el objetivo de garantizar los derechos establecidos en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales anteriormente mencionados. La fundamentación del Programa Escuelas Populares de formación en Género, condice con la de la Ley en tanto se sustentan bajo la idea de que “la violencia contra la mujer se basa en una relación desigual de poder que afecta la vida, libertad, dignidad e integridad de las mujeres que la padecen” (Díaz et al., 2013:95). En 1992 se creó en nuestro país el Consejo Nacional de la Mujer (en adelante, CNM) con el propósito fundamental de garantizar la construcción ciudadana de las mujeres, a partir de la promoción de “una transformación socio-cultural basada en la plena e igualitaria participación de las mujeres en la vida social, política, económica y cultural del país” (CNM). El CNM fue reemplazado por el Instituto Nacional de la Mujer (en adelante, INAM) durante el gobierno de M. Macri y una de las disposiciones planteadas por la Ley N°26.485 supone la elaboración, implementación y monitoreo del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2018-2020 (Art. 9) dentro del cual se enmarca el Programa elegido. El Plan de Acción permitirá- de acuerdo a sus lineamientos- no solo continuar construyendo estándares mínimos de actuación a partir de una perspectiva de género, sino ir trabajando en los diferentes factores que hacen a la 4 Lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, queer, intersex, asexuales, no binaries y + Página | 16 accesibilidad de una atención integral. En esta línea, la Ley establece en el Art. 10 el desarrollo de espacios educativos para informar, concientizar y prevenir la violencia a partir del debate de dicha problemática y así generar estrategias para su erradicación- tal como lo plantea el Programa que nos convoca. Asimismo, el Programa Escuelas populares de formación en género se alinea a los objetivos de la Ley Micaela N°27.499, que establece la obligatoriedad de la capacitación en género para la Administración Pública. El 10 de diciembre de 2019 se crea el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. De esta manera, los proyectos y políticas públicas desarrollados por el INAM fueron absorbidos por el nuevo Ministerio, con algunas modificaciones. En esta línea y en relación al Programa que nos convoca, el mismo fue incorporado en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, cambiando sus objetivos, lineamientos y así su nombre, tal como indicamos anteriormente. Lineamientos, experiencias y análisis del programa El Programa que nos convoca, fue relanzado en el año 2020 en el marco del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 con el objetivo de desarrollar “espacios de formación, capacitación y encuentros territoriales, llevados adelante por redes comunitarias de la sociedad, referentxs, organizaciones y grupos sociales situados en distintos lugares del país” (Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022). Este relanzamiento amplió su población destinataria en tanto organizaciones sociales, con o sin personería jurídica, cooperativas de trabajo, organizaciones sindicales, universidades nacionales e instituciones educativas terciarias. Lineamientos del Programa Escuelas de formación en Género y Diversidad El Programa elegido para analizar se construye a través de las premisas de la Educación Popular, herencia de Paulo Freire. La educación popular, como práctica emancipadora apuesta a un mundo diferente al de la opresión y su cuestión central es: “la del lenguaje como camino de invención de la ciudadanía” (Freire, 1992:59). Mediante la concientización de la participación popular, una propuesta que redefine a los actores sociales y sus funcio nes, rompiendo con la educación dominante y sus estructuras, deviniendo en una nueva distribución del poder (Zailin Brito, 2008). En este sentido, se propone propiciar encuentros basados en la deconstrucción de la subjetividad patriarcal para el ejercicio de derechos y reflexión crítica de las estructuras patriarcales de dominación/subordinación. Tal como fuera planteado anteriormente, los Tratados, Convenciones y Leyes tienen como fin- entre otros- la generación de políticas destinadas a la educación y formación de género como forma de erradicar la violencia. La formación brindada, fomenta la construcción de estrategias para la transformación de las desigualdades que se visibilizan en dichos encuentros desde una perspectiva de género. La misma es pensada por Lagarde (2001) en términos de aquella “que está basada en la teoría de género y se inscribe en el paradigma Página | 17 teórico histórico-crítico y en el paradigma cultural del feminismo” (pp.13). Siguiendo a Lamas (2007), esta perspectiva en educación es fundamental porque nos permite reconocer “la importancia de comprender que la discriminación de las mujeres se produce de manera individual y colectiva, deliberada e inconsciente pues está tejida en las costumbres y la tradición” (pp.2). Resulta pertinente mencionar que esta nueva propuesta vino acompañada de una ampliación de miradas desde una perspectiva de la diversidad. En este sentido, la propuesta previa, si bien consideraba la diversidad como un tema a abordar, no era reconocida como población receptora de esa política pública. Las temáticas abordadas por el Programa están divididas en tres ejes: violencia por motivos de género, políticas de cuidado y diversidad. Experiencias del Programa Escuelas de formación en Género y Diversidad En el marco de la presentación del Trabajo Práctico Final de la materia La transversalidad de Género(s) en las Políticas Públicas en el año 2019, realizamos entrevistas a dos Licenciadas en Trabajo Social, Yanina Kaplan y Camila Suarez, quienes formaban parte del Programa de Escuelas de formación en Género y Diversidad desde el año 2018. El contacto fue por medio de las docentes de la Cátedra Pais Andrade. El formato de las entrevistas fue semi-estructuradas, esta modalidad permitió no perder de vista los ejes que se interesaban abordar y también dio lugar a la posibilidad de descubrir nuevos temas que no habían sido tenidos en cuenta en la formulación de la entrevista. La relevancia de ambas experiencias recayó en dos aspectos. Por un lado, ambas habían transitado por varias etapas del proceso de ingreso e implementación del Programa, con lo cual, contaban con un bagaje de información sumamente enriquecedor para nuestro trabajo. Por otro lado, estas experiencias permitieron analizar esta política pública de manera situada y desde dos puntos del país distintos: en CABA con la Lic. Kaplan y en Esquel, Chubut con la Lic. Suarez. A pesar de las diferencias en la implementación a raíz de los contextos territoriales en los que trabajaban, encontramos múltiples similitudes. Por un lado, la Lic. Kaplan, expresa que el dinero adjudicado era insuficiente en relación a los objetivos planteados. Del mismo modo, agrega que el circuito burocrático para el ingreso al Programa resulta complejo e ineficie nte. En esta línea, la Lic. Suárez señala que hubo una gran demora en la adjudicación del dinero y no hubo una actualización del monto destinado, lo cual dificultó la organización de los talleres e inclusive llegó a generar dudas acerca de la implementación del Programa en el territorio, señalando la presente como la primera dificultad y falencia del Programa. En relación a los talleres, y criterios de trabajo, ambas coinciden que si bien contaron con la participación de varones cis-género, la mayoría de los encuentros estuvieron integrados por mujeres cis-género y LGBTTQIANB+. La Lic. Kaplan expresa que, al llevarse adelante bajo la modalidad de Educación Popular, los talleres estaban abordados de acuerdo a los intereses de las personas que asistían a ellos y de esta manera, se hacía más llevadero, y más enriquecedor. Para la Lic. Suárez, la modalidad de Educación Popular es muy importante, ya Página | 18 que se pudieron articular los contenidos de una manera más conceptual y teórica e incorporar metodologías de la misma de manera fluida, siendo más enriquecedora. En lo que respecta para una mejor implementación del mismo, ambas coinciden en que sería necesario un mayor financiamiento, más promoción y otras herramientas para poder poner en juego en el programa. De acuerdo a las entrevistadas, al contenido estructural del proyecto le falta transversalidad, en particular en relación a disidencias y teoría queer, cuyo contenido si bien estaba planteado, no se encontraba actualizado en el cuerpo del programa. Resulta pertinente aclarar que las entrevistas fueron realizadas en el marco de la ejecución del Programa de Escuelas Populares de Formación en Género en el 2019 bajo la coordinación del INAM en el marco del gobierno de M. Macri. Actualmente, el Programa se lleva adelante bajo el nuevo Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, lo cual implica que cuenta con un presupuesto mayor para la ejecución del mismo. Análisis del Programa Escuelas de formación en Género y Diversidad Los temas abordados hasta el momento han ganado una gran visibilidad a partir del año 2015 con la primera marcha del Ni Una Menos. Guzmán (2001), nos recuerda que no solo los problemas considerados de interés público ingresan a la agenda, esto depende también de “la manera en que son interpretados, del poder, los recursos y las estrategias de los actores que los movilizan, así como también de las especificidades del ámbito institucional al que se pretende hacer ingresar el tema” (pp. 12). Sin dudas, construir colectivamente desde una pluralidad de voces y desde diferentes espacios como estos, es generador de una mayor fuerza para ponerlo en el centro de la escena. Resulta interesante el acercamiento a la formación en género desde la Educación Popular que brinda el Programa. En ese sentido, retomamos el texto de Shore (2010) en el cual plantea que las políticas (...) reflejan maneras de pensar sobre el mundo y cómo actuar en él. Contienen modelos implícitos -y algunas veces explícitos- de una sociedad y de visiones de cómo los individuos deben relacionarse con la sociedad y los unos con los otros. De tal manera que las políticas algunas veces crean nuevos conjuntos de relaciones entre individuos, grupos o naciones (pp.31). De esta manera, los encuentros promueven reflexiones críticas sobre la realidad, con el propósito de crear nuevas relaciones sociales más igualitarias entre mujeres y varones a través de estrategias transformadoras generadas por les participantes de las reuniones de la Escuela Popular en formación en género. La modalidad de Educación Popular, bajo la que se desarrollan los talleres, permite que la actividad sea participativa, y se valore positivamente las experiencias de les participantes, que exista intercambio entre quienes asisten a estos talleres y se puedan identificar puntos de encuentro entre elles. Resulta un tanto ambicioso pensar que el Programa Escuelas Populares Página | 19 de formación en género sea la solución total y acabada para la violencia y las desigualdades de género. Sin embargo, puede ser el punto de partida donde el encuentro y el diálogo entre quienes asisten a los talleres dé lugar a nuevas formas de lucha, a la organización y a la construcción de estrategias para la concreción de objetivos que han identificado como compartidos. Recuperando las conclusiones de las profesionales en relación al Programa y las complejidades en tanto el escaso financiamiento y la gran exigencia burocrática, Guzmán (2001) expresa “en general ha sido más difícil el diseño de políticas que propician una redistribución significativa de oportunidades y poder entre hombres y mujeres y afirman el protagonismo político y social de las mujeres independientemente del sector social de procedencia” (pp. 27). Además, algo que nos parece de gran importancia tener en cuenta, es que las políticas y su implementación, son expresión de una coyuntura en particular. No es muy difícil detenernos unos instantes y pensar las grandes desarticulaciones de distintos espacios que hemos vivido durante el gobierno de M. Macri. Siguiendo esta línea interpretativa, Guzmán plantea que “el margen de acción de la institucionalidad variara sustantivamente si este tiene rango de ministerio, subsecretaría o Dirección; si está localizado en un ministerio social o político; si cuenta o no con el staff profesional y los recursos suficientes” (pp.29). Lejos de ser datos insignificantes, es de gran relevancia ver desde qué aparato institucional se están llevando a cabo las políticas, su jerarquía y los recursos asignados. Solo así podremos tener un panorama más claro de su abordaje, y comprender que estas cuestiones son parte de un entramado mayor donde se ponen en juego intereses y luchas de poder, propios de cada momento histórico. Es por ello que la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación implica para esta y otras políticas públicas un espacio de ampliación no sólo en términos presupuestarios sino también de puesta en escena y de perspectiva. Reflexiones finales Entendemos que desde la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, la ampliación del presupuesto y de la perspectiva de género y diversidad que atraviesa a dicho espacio, impulsó modificaciones importantes y necesarias en el presente Programa. De esta forma, es pertinente realizar una articulación con Guzmán (2001) en tanto entiende que las políticas públicas son el reflejo de una época y una sociedad en particular que las coloca en la agenda pública. En el caso del Programa que nos convoca y a partir de la modalidad de enseñanza que plantea, es esa sociedad, la que tiene la capacidad de trabajar con esa política con mayor libertad, atendiendo los deseos de la población sobre la cua l interviene. La modalidad de Educación Popular brinda tanto a las organizadoras de los encuentros como a les participantes de los mismos, la potestad para desarrollar los módulos de manera flexib le, atendiendo a los intereses y necesidades de la población. De esta manera, y retomando a Shore (2010), son los sujetos los que también modifican las políticas públicas, a la vez que Página | 20 son éstas las que pueden cambiar las relaciones sociales entre los individuos que son parte de ellas. En este sentido, el Programa supone pensar nuevas formas de vincularnos desde una mirada crítica hacia el patriarcado. Asimismo, no podemos pensar que la construcción de políticas públicas y las modificaciones tanto de les sujetes que las conforman como de las mismas políticas sean inocentes. La integralidad de dichas políticas y programas es fundamental para el abordaje de las situaciones de violencia y opresión, y para el goce y pleno ejercicio de los derechos. De este modo, el desafío frente al que nos encontramos es el de seguir profundizando en materia de políticas públicas, y articular con diversos sectores de la población, promoviendo una mayor participación en el diseño de las mismas y buscando su integralidad. Es en este escenario donde consideramos que el Trabajo social tiene y debe asumir un rol altamente participativo, promoviendo la creación de políticas que permitan abordar las problemáticas existentes, entendiendo la complejidad que las caracteriza y recuperando la perspectiva de les actores. Página | 21 Perspectiva de género en los tres poderes del Estado. Un análisis de la Ley Micaela Maia Ayelén Aguirre Carlevaro. Lic. Trabajo Social Jennifer Calahorrano. Lic. Ciencia Política Yamila Fantoni. Estudiante Trabajo Social Nair Lara Paoletta. Lic. Ciencia Política Resumen El 1 de abril de 2017, Micaela García, una joven de 21 años, salió de su casa para no volver nunca más. Micaela era entrerriana y militó activamente en el movimiento Evita y en el movimiento Ni una Menos. Fue secuestrada, violada y asesinada al salir de un boliche en Gualeguay por Sebastián Wagner, quien tenía antecedentes penales por abuso sexual y gozaba de libertad condicional. La lucha por parte de familiares y el impacto social que tuvo este acontecimiento expusieron la carencia conceptual que los organismos del Estado poseen en perspectiva de género para llevar a cabo sus intervenciones. Esto produjo un arduo proceso por generar una ley que fortalezca el cumplimiento de los derechos de las mujeres ante la violencia de género en todas sus formas. Introducción: Reseña Ley Nº27.499 El Estado argentino, a través de su adhesión a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) -aprobada por la Ley Nº23.1795 en 1985 y jerarquizada a rango constitucional con la reforma de la Constituc ió n Nacional de 1994-, contrajo compromisos vinculados a la educación y capacitación del personal abocado a la prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer. En el año 2010, el informe particular para la Argentina Nº6 del Comité para la Eliminac ió n de la Discriminación contra la Mujer; y, en 2012, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará6 apuntaron a la necesidad de desarrollar planes de formació n continua sobre violencia contra las mujeres, las disidencias y los derechos de las mujeres al personal que compone el Estado. Incluso, la Ley N°26.485 - “Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”7 - ya definía acciones vinculadas a la capacitación 5 Ley Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. N°23.179/19 8 5. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/26305/norma.htm 6 Organización de los Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Mujeres (CIM). Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). https://belemdopara.org/ 7 Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. N°26.485/2009. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/ 152155/norma.ht m Página | 22 permanente. Dicha ley establece que el Estado nacional deberá promover y fortalecer interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia y a las personas que la ejercen. A su vez, tiene por objeto promover y garantizar: la eliminación de la discriminación por razones de género en todos los órdenes de la vida; el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir a la sociedad; sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos; el desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre la violencia contra las mujeres; la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder; el acceso a la justicia y la asistencia integral -que atraviesan situaciones de violenc iaen las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia. En este marco, la Ley Micaela8 decreta que se deben capacitar en temas de género y violenc ia por motivos género a todas aquellas personas que desempeñen una función pública dentro de los tres poderes del Estado nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Alcanza a todo el personal, ya sean funcionarixs o empleadxs, cualquiera sea su nivel, jerarquía o tipo de contratación. La norma es obligatoria para el Estado nacional y, hacia mayo de 2020, todas las provincias y CABA adhirieron de forma voluntaria junto con aproximadamente 500 municipios, universidades y otras entidades públicas del sector privado. La autoridad de aplicación es el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) 9 que, a través de su Dirección Nacional de Formación y Capacitación en Género y Diversidad, evalúa los planes que propone cada organismo público. En la actualidad, la Ley Micaela se nos presenta como una herramienta indispensable para incorporar la perspectiva de género en los diferentes ámbitos donde se la aplique. De esta manera se propone combatir las violencias y desigualdades de género e incorporar una perspectiva de diversidad sexual e interseccional. En los términos que se la plantea, parece constituir un instrumento que nos invita a reflexionar críticamente sobre aquellas prácticas y hábitos cotidianos que producen y reproducen relaciones de violencia de género que nos permita actuar en consecuencia y poder transformarlos. Por ende, en teoría contribuiría a derribar aquellas prácticas patriarcales dentro de las instituciones, capacitando a funciona r ixs y empleadxs estatales. Si bien lo mencionado anteriormente hace referencia a los objetivos que se propone la ley, en este trabajo identificaremos las ventajas y puntos a fortalecer en la implementación de 8 Ley Micaela de capacitación obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. N°27.499/2018. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000319999/318666/norma.ht m 9 Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/generos Página | 23 dicha normativa. Para ello, planteamos como interrogante inicial: ¿Cuáles son los alcances y limitaciones principales que enfrenta la ejecución de esta ley en su praxis? Analizamos en lo que sigue los contenidos, perspectivas y paradigmas que se incluyen dentro de los siguientes cursos de capacitación: el Curso de Inducción que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados de la Nación en el año 2020; en la Capacitación en Género realizado por Iniciativa Spotlight10 ; en el Cuadernillo “Ley Micaela 2021” también perteneciente a la Cámara de Diputados; y, en el libro “Ley Micaela” que lanzó en febrero de este año, la Imprenta del Congreso de la Nación dentro de la colección “Leyes explicadas”. Dicho material, fue conseguido por una de las integrantes del grupo que participó en las capacitaciones. Para cerrar este apartado, nos parece interesante tomar las palabras de Micaela como bandera e intentar transformarlas en acción: Los grandes cambios suceden si hacemos bien (lo mucho o poco) que nos toca según nuestras responsabilidades, e influimos en el pequeño grupo de personas con las que nos relacionamos. Si muchas y muchos hacemos esto, tendremos una sociedad mejor y más inclusiva (Micaela García) ¿Qué es una política? Comenzaremos tomando a Shore (2010), quien afirma que la formulación de políticas es una actividad sociocultural profundamente inmersa en los procesos sociales cotidianos, en los “mundos de sentido” humanistas, en los protocolos lingüísticos y en las prácticas culturales que crean dichos mundos. De esta manera, el autor propone un enfoque antropológico para analizar las políticas públicas. Ello implica que las mismas pueden ser interpretadas en cuanto a sus efectos, las relaciones que crean y los sistemas de pensamiento más amplios en medio de los cuales están inmersas. Es por ello que podemos pensar a la Ley Micaela como una herramienta para modificar las relaciones de poder por diferencia de género -que se vienen reproduciendo desde hace siglosy, al mismo tiempo, interpelar a los sistemas de pensamientos hegemónicos patriarcales. Por ejemplo, los temas abordados en el Curso del año 2020 dictado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación fueron: concepto de género, diversidad sexual e identidades de género, estereotipos y roles de género, patriarcado, igualdad y equidad, desigualdades de género, interseccionalidad y desigualdades de género y dimensiones del análisis de género. Dicho curso, no se limitó a una exposición teórica, sino que puso en juego las subjetividades y las construcciones de sentidos de cada sujeto al mostrar videos y hacer preguntas que invitaban a la reflexión. 10 La Iniciativa Spotlight es una alianza global y plurinacional puesta en marcha por la Unión Europea y las Naciones Unidas orientadas a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Se puede consultar aquí: https://www.spotlightinitiative.org/es Página | 24 Este espacio, nos hizo reflexionar, retomando los aportes de Cris Shore, como las políticas reflejan maneras de pensar sobre el mundo y cómo actuar en él. Es decir, contienen modelos de una sociedad y significan cómo lxs individuos deben relacionarse con la misma y entre ellxs. En este sentido, podemos afirmar que la Ley Micaela problematiza el modelo de sociedad en el que estamos inmersxs -patriarcal, heteronormativo y misógino- e intenta servir de instrumento para su transformación, a través de la capacitación obligatoria en la temática de género para aquellas personas que se desempeñen en la función pública. Ello refleja lo que propone Shore (2010) al afirmar que las políticas son inherentemente instrumentales, en tanto constituyen herramientas de intervención y acción social para administrar, regular y cambiar la sociedad. De igual manera, se puede considerar al Cuadernillo de la Ley Micaela del año 2021 como una herramienta de intervención en la praxis, en el cual se profundizan los conceptos y amplían otros nuevos -tomando como punto de comparación el curso ya nombrado- , problematizando el modelo de sociedad hegemónico al visibilizar cuestiones relacionadas al mandato de la masculinidad, historizando los cuerpos sexuados, identificando la estructura binaria, observando la diversidad de masculinidades, desnaturalizando los estereotipos de género en la infancia, visibilizando las demandas de la comunidad LGBTIQ+, entre otros. En definitiva, dicha ley provee un “plan de acción”, siguiendo a Shore (2010) quien compara las políticas con el mito, ofreciendo narrativas retóricas que sirven para justificar -o condenar- el presente. Esto se observa en la posibilidad de proveer una zona de alianza entre lxs familiares de Micaela García y lxs diversxs ciudadanxs conmocionadxs por su femic id io junto a la gran cantidad de asesinatos de mujeres a causa de la violencia machista. Es decir, posibilitó una forma de unir a la gente en pos de una meta común: derribar el machismo de nuestra sociedad concientizando y problematizando las relaciones desiguales de poder por cuestiones de géneros. Otro punto que retomamos del autor es su sugerencia respecto a un enfoque de la política pública que provea un método de investigación útil y que permita analizar cómo está funcionando el gobierno: ¿qué hace el Estado ante la creciente cantidad de femicid ios ocurridos en nuestro país? En este sentido creemos que la ley busca concientizar sobre la diversidad y la violencia de género en el ámbito laboral y también en la trascender la vida cotidiana de cada empleadx; es decir, en la esfera de su privacidad. Se intenta hackear -desde un plano simbólico-, aquellos pilares que se encuentran internalizados y naturalizados en cada sujeto. Pone en juego la reflexión y el pensamiento crítico, tanto individual como colectivo. Entonces, podemos decir que las políticas públicas son fenómenos políticos pero su naturaleza política está oculta detrás del lenguaje objetivo y legal-racional con el cual son presentadas. Las políticas funcionan mejor cuando son percibidas como técnicas racionales y como soluciones “naturales” para los problemas públicos que enfrentamos. Página | 25 Problemas públicos Los problemas económicos y sociales que enfrentamos, recuperando a Virginia Guzmán (2001), dificultan o favorecen el desarrollo de procesos de equidad económica y social aportándonos la visión por la cual las políticas públicas deben ser consideradas como parte de un proceso más amplio del cual ellas misma son su expresión posteriormente. Los procesos a los cuales hace referencia son la legitimación y la institucionalización de una problemática que acontece tanto en el Estado como en la Sociedad. En palabras de Guzmán los procesos antes mencionados “abarcan desde la construcción de nuevas concepciones sobre las relaciones de género en distintas sociedades, pasando por la incorporación de los problemas derivados de las desigualdades a las agendas públicas hasta la institucionalizac ió n de esta problemática en el Estado (…)” (Guzmán, 2001: 5). Además, atrae la posibilidad entre otras- de convertir dichas acciones en leyes, como es el caso de la ley que analiza mos en este trabajo. Es de gran importancia el mencionar las resistencias que pueden llegar a surgir tanto dentro de la sociedad como en el Estado y la necesidad de poder revertirlas. Poner dentro del marco legislativo la necesidad de trabajar en cuestiones de género en los tres poderes del Estado de forma obligatoria, pone de manifiesto la necesidad de dar respuesta a una problemática que cada vez toma mayor relevancia y visibilidad en la sociedad civil. Representa una gran apuesta la de romper con cosmovisiones en aquellas personas que deciden el rumbo de las mayorías y que integran el Estado, ya que es crucial que el aparato gubernamental sea el que comience a quebrar con la reproducción patriarcal. Siguiendo la línea de Shore (2010), Guzmán (2001) expone que la construcción de los problemas públicos y la elaboración de las agendas son el resultado de procesos sociopolíticos complejos del cual son parte las alianzas, las relaciones de poder, la construcción de sujetos y la creación de nuevos marcos de interpretación de la realidad social, por lo que resulta de gran importancia la presión que pueda generar la sociedad para la instalación de una temática en particular en la agenda del gobierno. Como sucedió con esta ley, teniendo en cuenta que previo al femicidio de Micaela, la sociedad argentina estaba problematizando la gran cantidad de femicidios que tomaron relevancia en los medios de comunicación. El nivel de indignación que generó este hecho puso en jaque la competencia de los poderes del aparato gubernamental a la hora de accionar en cuestiones de género y de justicia social. En este sentido, Fraser (2006) sostiene que las reivindicaciones de justicia social se dividen en dos tipos: por un lado, las redistributivas que pretenden una distribución más justa de los recursos y de la riqueza y, por otro, las políticas de reconocimiento cuyo objetivo es “un mundo que acepte la diferencia, en el que la integración de la mayoría o la asimilación de las normas culturales dominantes no sea ya el precio de un respeto igual” (Fraser, 2006: 83). Mientras que las primeras suelen equipararse a la política de clase, las segundas suelen vincularse con la “política de la identidad” que, a su vez, se relaciona con las luchas acerca del género, la sexualidad, la nacionalidad, el carácter étnico y la raza. Dentro de estas últimas -políticas de reconocimiento- creemos que se enmarca la ley Micaela, en tanto busca Página | 26 transformar prácticas y paradigmas que vulneran a las mujeres y disidencias por motivos de género, intentando “reconocer” dichas identidades, promoviendo su inclusión y protección integral. En este sentido, la autora argumenta que el paradigma del reconocimiento se enfrenta a injusticias que interpreta como culturales, que supone enraizadas en patrones sociales de representación, interpretación y comunicación y la solución a esta injusticia, es el cambio cultural o simbólico. La Ley Nº27.499 propone desnaturalizar la sociedad patriarcal, heteronormativa y misógina en la que estamos inmersxs, intentando eliminar la violenc ia simbólica, psicológica y física que se ejerce sobre mujeres y disidencias, reconociéndolxs como sujetos de derechos. Sin embargo, consideramos que resulta ineficiente como política redistributiva: más allá de que se menciona la diferenciación de géneros en cuanto a oportunidades, las dificultades de inserción en el mercado laboral, la desigual participació n en la esfera pública, las complejidades en las tareas de cuidado y las domésticas lo hace en un plano simbólico, ya que en su implementación no pone en marcha herramientas o instrumentos que modifiquen las lógicas económicas dispares del sistema capitalista. Reflexiones finales La Ley Micaela nace a partir de la lucha incansable de mujeres y del colectivo LGBTIQ+ ante las situaciones de violencia de género que éstxs han sufrido históricame nte, con el fin de deconstruir las relaciones sociales patriarcales que, aún hoy, nos continúa n interpelando. Es por ello que consideramos fundamental la transversalización de las cuestiones de género, diversidad e interseccionalidad desde y en el Estado. Con esto nos referimos a adoptar la perspectiva de género para la acción que se planifiq ue, diseñe e implemente en todas las políticas públicas necesarias para el cumplimiento de la función legislativa, judicial y administrativa del Estado; y en todos sus niveles: nacional, provincia l y municipal con perspectiva de género buscando la igualdad y la justicia social. Resulta esencial destacar que, una de sus ventajas, es que se trata de una ley en constante formación, por lo que sus contenidos son actualizados periódicamente, adecuándose, de esta manera, a las realidades cambiantes; aspecto que no suele observarse con muchas de nuestras leyes vigentes, ya que tienden a mantenerse estáticas en el tiempo. Ahora, si bien la Ley Micaela implica un gran primer paso, su implementación todavía presenta algunas limitaciones; una de ellas es que no ha podido realmente impactar en la cultura de trabajo que se da dentro de las instituciones estatales respecto a realmente contener una perspectiva de género para cualquiera de las funciones que se ejercen y las relaciones inter-género que suceden dentro de éstos. Por otro lado, la falta de su implementación en el sector privado evita que se llegue a implantar, fehacientemente, en toda la sociedad civil una educación con base en la equidad. Según los textos analizados, notamos cómo el femicidio de Micaela, como el de muchas otras mujeres que han atravesado situaciones de violencia de género, desencadenaron en una lucha política que no pararía de cobrar fuerza. El movimiento social que surge promueve los ideales Página | 27 de educar a todxs quienes tienen poder en relación a las normas que rigen nuestra sociedad. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, para que estos ideales puedan verse materializados, será necesaria una reestructuración constante de su metodología para lograr adaptarse tanto a los tres poderes como también a otras instituciones del sector privado, ya que es la única manera de proliferar a todas las esferas de la sociedad, construyendo una perspectiva de género en la toma de decisiones que afectan la búsqueda de equidad. Por otro lado, consideramos indispensable fortalecer la formación y concientización en lo que respecta a la perspectiva de diversidad e interseccionalidad, promoviendo -de esta manera- el cumplimiento de los derechos de otras identidades de género -quienes forman parte de la comunidad LGBTIQ+-. Además de brindar información en torno a la violenc ia hacia la mujer, resulta fundamental trabajar en la visibilización de la violencia de la que son objeto dichas identidades, en miras de lograr una verdadera inclusión y transversalización de género en la aplicación de la ley Micaela. En este sentido, cabe destacar la importancia de esta ley N°27.63611 la cual establece que el sector público nacional debe reservar, al menos, el 1% de sus cargos y vacantes para personas travestis, transexuales y transgénero, siendo un gran paso para alcanzar un verdadero reconocimiento de sus derechos. Sería enriquecedor analizar, en un futuro, los alcances y limitaciones que tiene dicha ley en su implementación. Finalmente, consideramos importante mencionar la necesidad de seguir luchando día a día por el cumplimento de la Ley Micaela para lograr la incorporación de la perspectiva de género, diversidad e interseccionalidad en toda nuestra sociedad, ya que, siguiendo a Guzmán (2001) la institucionalidad de género no garantiza la estabilidad de los logros alcanzados. 11 Ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero Diana Sacayán - Lohana Berkins. N°27.636/2021. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=351815 Página | 28 ¿Ampliar o crear? Qué pasa con las personas transgénero en la ley 26.485 Camila Sampayo. Lic. en Trabajo Social Delfina Freidzon. Estudiante Lic. en Cs. de la Comunicación Resumen El presente artículo problematiza la sujeta destinataria de la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, desde la transversalidad de género y con un análisis cualitativo de su redacción, historicidad y aplicación. Tras indagar "mujer" como símbolo maestro, nos preguntamos qué sucede en terreno con las identidades trans no mencionadas en la normativa pero sobre quienes se ejercen los mismos tipos y modalidades de violencias que esta regula, ¿qué sucede cuando buscan asistencia o denunciar? ¿Qué ley lxs ampara? ¿Se interviene de igual modo a una persona transgénero y a una mujer? ¿Es más adecuado ampliar esta ley o crear una nueva específica como el proyecto de Ley Integral Trans propone? Elegimos esta ley porque, por un lado, como mujeres cis, nos obliga a cuestionar nuestro lugar de privilegio respecto a otras identidades y, por otro, nos interpela de manera directa, en tanto refiere a situaciones que nos son cotidianas como dan cuenta los datos del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”. En 2021 registró 256 femicidios y ocho transfemicidios en Argentina; una muerte cada 34 horas. A su vez, nuestro recorrido académico se vincula con su aplicación en áreas como salud o justicia. Realiza mos observaciones en dispositivos de intervención en casos de violencia por motivos de género y tres entrevistas de carácter informal a sus profesionales durante el año 2021. Se analizará principalmente al Centro Vivir Sin Violencia (CVSV) de Morón y, más brevemente, al Servicio de Abordaje Integral de Violencia de Género del Sanatorio “Méndez” (SAIVG) y al Centro de Justicia de la Mujer de CABA (CJM). Además, hicimos una entrevista semiestructurada y formal a una abogada con experiencia en la temática. 12 Luego, los transcribimos para contrastarlos con nuestra experiencia y la teoría seleccionada. ¿Cómo llegamos hasta acá? Para comprender la ley debemos hacer un breve racconto de los avances legislativos en relación a los intentos de erradicar la(s) violencia(s) de género(s). En 1994 la Reforma Constitucional introdujo la responsabilidad constitucional de realizar acciones positivas para grupos vulnerables (vulnerados), incluidas las mujeres; y la de cumplir acuerdos internacionales dentro de los cuales destacan la "Convención sobre la Eliminación de Todas Formó parte de la Dirección de Género, Diversidad Sexual y Derechos Humanos de 3 de febrero, asesoró en el Instituto de la Vivienda de CABA y es docente de derecho en la UBA, entre otras. 12 Página | 29 las Formas de Discriminación contra la Mujer" en 1981, 13 la "Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer" en 199314 y la "Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer" en 1994. Este mismo año, se promulgó la Ley Nº 24.417 de Protección contra la violencia familiar, 15 relegando el tema al ámbito privado, en un intento de proteger a “toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar”. No obstante, no sólo no se implementaron muchas medidas, sino que es pertinente cuestionar el abordaje de la violencia ejercida únicamente en uniones de hecho o conyugales (así se entendió “grupo familiar”), dejando por fuera múltiples relaciones de poder donde se ejercen violencias. Años después, este debate se verá ampliado y enriquecido gracias a la lucha de los feminismos. A pesar de la legislación previa en clave de derechos humanos, que debería ser aplicada a cada persona sin importar género, clase o raza, entre otras, la realidad hace imperante el surgimiento de leyes específicas que apunten a personas transgéneros, es decir, a aquellxs que “desafían las expectativas y suposiciones de otras personas acerca del género (...) transexuales, así como a personas que desobedecen la regla binaria del género” (Serano, 2009:37). La Ley Nº 26.485,16 promulgada el 1ro de abril de 2009 a nivel nacional, cuenta con modificaciones posteriores. Resaltamos, a los fines del artículo, que la mayoría tuvo lugar luego de que en mayo del 2020 se sustituyese al Consejo Nacional de la Mujer como ente regulador para tomar su lugar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, ampliando las facultades y limitaciones de la autoridad de aplicación. En adelante, aunque el título de la ley no se modificó, las resoluciones incluyen al colectivo LGTBIQ+ -sin alcanzar la perspectiva de género porque, por ejemplo, no incluye masculinidades ni acciones destinadas a trabajar con varones violentos-. Incrementa la transversalización de las políticas de género y diversidad en organismos públicos, pero señalamos que, en tanto ley, sigue vigente la original, siendo los demás decretos. La ley vigente busca “sacar” a la mujer del lugar meramente doméstico y estereotipado que ocupaba en legislaciones previas pero, aun así, se ubica más dentro del paradigma del reconocimiento que de la distribución (Fraser, 2006), en tanto no propone -aunque deberíaninguna reestructuración de los recursos económicos sino que “(...) se enfrenta a injustic ias que interpreta como culturales, que supone enraizadas en patrones sociales de representación, interpretación y comunicación” (p.5), dejando a un grupo social en desventaja frente a otro; en este caso, a las mujeres respecto de los hombres, pero ¿qué ocurre con otras identidades? Problematizamos la sujeta destinataria de esta ley, “la mujer”, entendiendo el concepto como “símbolo maestro” ya que al identificarlo deja “al descubierto toda la estructura de un sistema social y los principios subyacentes sobre los cuales se basa un orden social” (Shore, 2010:29). 13 www.ohchr.org/sites/default/files/cedaw_SP.pdf www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_12/spl_25/pdfs/15.pdf 15 Ley de Protección contra la violencia familiar. Nº 24.417/1994. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/93554/norma.ht m 16 Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. N°26.485/2009. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/ 152155/norma.ht m 14 Página | 30 Cuando sólo se persigue erradicar la violencia del hombre hacia la mujer, se está sosteniendo el binarismo de la sociedad patriarcal en la cual dicha ley se implementa, reforzando roles estereotipados que entienden que la mujer debe ser protegida a través de políticas sociales especialmente dirigidas, frente a políticas con perspectiva de género donde el Estado es responsable de proteger los derechos de todx ciudadanx (Anzorena, 2013). Podemos agregar que es una ley cisexista ya que no considera otras identidades de género que no sean las mujeres cis, dejando entrever que son consideradxs menos legítimxs e “inherentemente cuestionables, innaturales, moralmente sospechosas, y menos válidas social y legalmente que sus contrapartes cisexuales” (Serano, 2009:42). ¿Hay leyes trans? Enfatizamos en abandonar la terminología "transexual" como unívoca por ser objetivante y clasista para el activismo trans y porque se centra en la cuestión genitalbiológica. No todxs logran hacer la transición que desean debido a sus recursos, entre otros factores, y muchxs siquiera tienen interés en hacerlo. Dicho esto, en el año 2006 se sancionan internacionalmente los Principios de Yogyakarta. 17 Instauran un marco regulatorio respecto a cómo intervenir en cuestiones relacionadas a la orientación sexual e identidad de género, incluyendo en ambas categorías a las personas trans. Asimismo, el ACNUDH18 (2011) declara como una forma de violencia de género a la violencia homofóbica y transfóbica que está “impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género" (Párr. 20). En el plano nacional, contamos con la Ley de Identidad de Género sancionada en 2012.19 Significó un avance en clave de derechos, permitiendo modificar nombre, imagen y sexo registrados en los documentos e incluyendo el respeto por la elección de la identidad de género adoptada. Es necesario, entonces, reinterpretar la Ley 26.485 bajo su luz y revisar lxs sujetxs de derecho. Por otro lado, la reciente sanción de la Ley 27.636/21 de Cupo Laboral Trans20 establece que el sector público nacional debe reservar, al menos, el 1% de sus cargos y vacantes para personas travestis, transexuales y transgénero; y fomenta al sector privado mediante incentivos económicos. Pese a ser avances importantes, la aprobación del proyecto de Ley Integral Trans 21 significaría una conquista de derechos del colectivo, garantizando su acceso al trabajo, educación, vivienda digna y acceso a consumos culturales, dimensiones que les son vulneradas e imposibilitan el desarrollo de una vida plena. Además, es preciso un correlato en materia de políticas públicas que efectivicen lo conquistado. 17 http://yogyakartaprinciples.org/introduction-sp/ Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por sus siglas en español. 19 Ley de Identidad de Género. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000199999/197860/norma.ht m 20 Ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero Diana Sacayán - Lohana Berkins. N°27.636/2021. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=351815 21 Para ampliar sobre el proyecto de ley ingresar a https://ahoraquesinosven.com.ar/reports/ley-integral-trans 18 Página | 31 ¿Cómo se aplica la ley? Para comprender una política pública hay que encuadrarla dentro de la realidad compleja en que existe y de la cual surge. En términos de Shore (2010), se trata de ver el sentido que las personas le dan a una política y analizar los procesos de disputas y negociaciones en que se formula y aplica, es decir, adoptar una perspectiva antropológica. De otro modo, el resultado es un análisis simplista y abstracto que no puede ver más allá de su propia configuración discursiva. Presentamos tres dispositivos como experiencias del campo de intervención, para entender cómo funciona “en terreno” esta ley. Tras la entrevista con una trabajadora social del SAIVG22 , sostenemos que este hace una intervención igualitaria con todas las identidades, aun así, el equipo plantea la necesidad de que la ley continúe siendo dirigida expresamente a mujeres ya que les parece el grupo más violentado y vulnerado de la historia. Si bien coincidimos con la distinción de las leyes, nos resulta necesario problematizar la comparación que se hace entre dos grupos en una suerte de “competencia” por quién fue y es más vulnerado, cuando ambos son violentados y dejados por fuera del sistema, con el agravante de que las identidades LGBTQI+ son aún más invisibilizadas. La diferencia reside en que las mujeres cis, luego de mucha lucha, logramos ponernos en agenda, mientras que las disidencias siguen sin poder atravesar completame nte este umbral. Es necesario alcanzar un mayor nivel de sensibilización para formular una demanda explícita y se acerquen a los dispositivos de asistencia ya que, según la entrevistada, a lo largo de los años son muy pocas las intervenciones que se hicieron con ellxs. En este último punto coinciden con el CJM,23 creado en 2018 a partir de la Resolución 173 y la ley que nos convoca. En la práctica, lxs trabajadorxs del centro contemplan la atención a disidencias, pero dado que el nombre del espacio (derivado de la legislación) sólo refiere a mujeres cis, son muy pocas las personas de otro género que realizan algún tipo de consulta. De hecho, recién un año después de su creación se acercó una persona trans y, como notaron que todo el equipo tenía dificultades para el abordaje, realizaron capacitaciones sobre perspectiva de género y, luego, crearon un Programa de Acceso a Derechos de las personas travesti trans a cargo de Florencia Guimaraes. 24 Por último, en la entrevista a una profesional del CVSV25 dimos cuenta de que la inclusió n formal de nuevxs destinatarixs en 2020, consecuencia de las luchas de lxs trabajadorxs quienes creían imprescindible no solo escuchar a mujeres cis y trans, sino a todxs quienes 22 Servicio de abordaje integral en violencias de género (SAIVG) se ocupa de tareas de asistencia, capacitación, investigación y prevención, pero dado que la pandemia generó alta demanda del equipo para la intervención virtual, se acotó a tareas de asistencia. Brinda tratamiento a través de entrevistas de admisión donde, según el diagnóstico, se decide el grupo de acompañamiento: madres, primer nivel de víctimas de violencia, entre otros. 23 Su objetivo es abordar de forma integral e interdisciplinaria los casos de violencia contra mujeres y personas LGTBIQ+ por cuestiones de género brindando asesoramiento, asistencia y/o intervención judicial. 24 Activista travesti, integrante de Furia Trava y Presidenta de la Casa de Lohana y Diana a cargo del Programa de Acceso a Derechos de las personas travesti-trans en el CJM. Se define como sobreviviente de la prostitución y escribió el libro La Roy, revolución de una trava. 25 Destinado al acompañamiento, asesoramiento, contención, derivación y seguimiento de la situación de mujeres cis y disidencias en relación a situaciones de violencia de género (quedan exentos varones cis heterosexuales cuyo ingreso está prohibido). Página | 32 sean violentadxs por su identidad u orientación sexual-, es sólo retórica. En la intervenc ió n se dan múltiples trabas y discriminaciones. Para el abordaje con disidencias se debe programar una entrevista con profesionales del área de Diversidad y Géneros del partido e intervenir en duplas, exceptuando casos de alto riesgo. Esta diferenciación en la atención, asienta una barrera al acceso, ralentiza los tiempos y violenta otra vez a quienes están en esa situación, pero ahora por parte del Estado. Lo mismo sucede con mujeres trans, hecho cuestionable ya que identificarse con pronombres femeninos debería ser razón suficiente para intervenir, más aún con el cambio de DNI, pero incluso sin este, como indica la Ley de Identidad de Género. Aquí es cuando nos preguntamos, ¿no es discriminatorio decir “mujeres y disidencias” y que las mujeres trans estén dentro del último? Este es un debate no saldado de los feminismos y, aunque no tenemos el espacio para desarrollarlo, no sobra mencionarlo. A pesar de esto, las entrevistadas coincidieron en que las demandas de mujeres trans son abordadas, pero la situación se complejiza cuando hablamos de un varón trans o, como menciona la abogada entrevistada, de “personas no binarias o que dicen ‘soy travesti’, ‘soy trans’, sin la concepción de mujer”. Siguiendo esta línea, las entrevistadas sostienen que donde hay mayores limitaciones es en el aparato judicial y de control social, dado que al regirse según lo que dice expresamente la Ley N°26.485, no deberían intervenir en situaciones de varones trans o masculinidades subordinadas. Se lxs revictimiza obligándolxs a “probar” que son quienes dicen ser. Además de esto, cuentan que para inscribirse en programas o hacer denuncias es una barrera el nombre registrado en el documento de identidad: si no se realizó el cambio legalmente, a veces se rechaza el acceso a una política pública, mientras que otras veces deben decir una identidad de género que no es con la que se perciben. Lo mismo viven en relación al sistema de salud. El vacío de inclusión explícita de personas transgénero a la ley deja en manos de cada dispositivo (y a su interior, de cada trabajador) la potestad de optar por líneas de acción muy variadas, que en muchos casos excluyen, discriminan y revictimizan. Si bien la modificac ió n de la ley no resuelve los problemas a los que se enfrentan diariamente las personas trans, sería una herramienta fundamental para contar con insumos legales a la hora de luchar por una vida digna. ¿Cómo seguimos? A lo largo del trabajo problematizamos a “la mujer(cis)” cómo única destinataria de la ley en sentido literal, pero pudimos señalar que, en la práctica, gracias a lxs profesiona lxs de los dispositivos de intervención, las personas transgénero no siempre son dejadxs de lado. Sin embargo, lo son en algunos casos, trasluciendo la necesidad de ampliar la ley vigente o generar una de la mano del proyecto de Ley Integral Trans. Consideramos necesario redactar una nueva, pero como la tarea puede llevar años, provisoriamente debe ampliarse la Ley N°26.485 a fin de que se lxs reconozca sujetxs de derecho. No hay que desplazar a las mujeres cis de su reconocimiento como grupo históricamente vulnerado para dar cuenta la importancia histórica de otrxs. Es hora de que se reconozcan los derechos de todxs, brindando herramientas de defensa y empoderamiento para toda la comunidad LGBTIQ+. Página | 33 Si bien nos centramos en la aplicación de la ley, es deuda pendiente abrir los espacios de debate y producción teórica a las identidades trans, excluídxs y privadxs de representación y voz en estos ámbitos y en la sociedad en general. No perdemos de vista que en este trabajo hablamos exclusivamente mujeres cis blancas de clase media, obstaculizando un anális is interseccional. Asimismo, en el abordaje no pudimos incluir a no binaries, posible línea de investigación a futuro. Otra línea de investigación debería revisar qué ocurre con las masculinidades hegemónicas y cómplices y los distintos tipos y modalidades de violenc ia, incluso en torno a la Ley 26.485 que sanciona o tipifica la violencia, en vez de prevenir y generar espacios o teoría para que los hombres dejen de ejercerla. Página | 34 Las tareas de cuidado en la agenda institucional actual Paula R. Gallinoti. Estudiante avanzada Lic. en Trabajo Social Daniela Maresca. Técnica en Psicología Social, Primera Escuela Privada de Psicología Social. Estudiante avanzada Lic. en Trabajo Social Daiana B. Riquelme Riveros. Estudiante avanzada Lic. en Trabajo Social Agustina A. Rojas. Lic. en Ciencia Política Introducción El presente trabajo aborda el Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Aportes por Tareas de Cuidado, con el fin de realizar un análisis teórico reflexivo de esta política pública. Los objetivos que guiaron el trabajo consistieron en analizar el Programa transversaliza ndo la perspectiva de género(s), con la intención de dar cuenta el lugar que ocupan las problemáticas de género(s) en la agenda pública. Asimismo, nos propusimos identificar cuál es la concepción de sujete/ “población problema” /población destinataria de la política pública, y problematizar la mirada que tiene este Programa en torno al cuidado y las tensiones que se presentan en tanto política de redistribución y/o de reconocimiento. Breve reseña del Programa El Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Aportes por Tareas de Cuidado está destinado a mujeres y/o personas gestantes en edad jubilatoria (60 años o más) que no tengan los años de aportes requeridos para jubilarse y tengan hijes. Este Programa, les reconoce un año de aporte por cada hije que haya nacido con vida y dos años por cada hije adoptade. Además, se suma un año en caso de hije con discapacidad, y dos años en caso de que haya percibido la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH) 26 durante un año como mínimo. Así como también se les reconocen los plazos de las licencias por maternidad y excedencia, en caso de que hayan hecho uso de las mismas. Surge a partir del Decreto N°475/2021 que modifica la Ley N°24.241 y es ejecutado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 27 Asimismo, tanto el Minister io de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como la Secretaría de Seguridad Social (SSS) tienen también competencia en la implementación de esta política. Cabe resaltar que este Programa es compatible y puede complementarse con las moratorias vigentes. 26 Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH). Disponible en: https://www.anses.gob.ar/asignacion-universalpor-hija-e-hijo 27 Decreto de necesidad de Urgencia Sistema integrado de jubilaciones y pensiones. DNU N°475/2021. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/352106/norma.htm Página | 35 Fundamentación La categoría de “cuidados” constituye una categoría central en la política pública abordada. Se trata de una actividad que está históricamente destinada, en el marco de la división sexual del trabajo, principalmente a las mujeres y que no suele ser remunerada. Anzorena, en esta línea, afirma que el modelo neoliberal [...] promueve la optimización del rol reproductivo de las mujeres. Es decir que la asignación histórica de las mujeres al trabajo reproductivo les exige enmendar las carencias de los servicios públicos y los efectos destructivos del mercado laboral. En definitiva, la responsabilidad del trabajo no remunerado de cuidado y doméstico es de los hogares y, dentro de ellos, de las mujeres (2013: 86). Al interior de estas prácticas de cuidados, se reproducen las desigualdades de género que asocian a las mujeres al ámbito privado y a los varones al ámbito público. Esta forma inequitativa de distribución de roles de género limita la autonomía, la independenc ia económica y el desarrollo de las mujeres y personas gestantes. En este sentido, el análisis del Programa elegido resulta fundamental en tanto reconocimie nto de las tareas de cuidado como desigualdad de género desde la política pública, entendiendo al género como una diferenciación social bidimensional, y a las mujeres y personas gestantes , como grupos bidimensionalmente subordinados. En este marco, el abordaje de la injustic ia de género en materia de políticas públicas debe atender tanto a la redistribución económica como al reconocimiento del lugar que ocupan y ocuparon las mujeres y personas gestantes en la sociedad. Asimismo, cabe resaltar que desde dicha política se postula que una política integral de cuidados debe concebirse en el marco de un enfoque de derechos, el que debe contemplar las desigualdades de género en la producción y distribución del cuidado, a través de políticas que tiendan a su redistribució n, con el fin de alivianar la carga que aquel representa para las mujeres y para las personas gestantes, y que condiciona sus posibilidades de desarrollo personal y profesional (Decreto 475/2021, Boletín Oficial de la República Argentina). En este sentido, el trabajo reproductivo se pone en relieve al igual que el trabajo productivo, como acciones igualmente necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana y el sostenimiento de la sociedad. Desde este marco, se reconoce el rol fundamental de las tareas domésticas y de cuidado, históricamente invisibilizadas. El feminismo como herramie nta para el análisis crítico del capitalismo, sostienen Alegre, Del Valle y Vicente (2018), ha permitido superar la dicotomía entre la producción de mercancías y la reproducción de la vida. Página | 36 A su vez, se destaca desde el Programa que las tareas de cuidado pueden representar una doble jornada laboral a las mujeres y personas gestantes que participan del mercado de trabajo. Al respecto, se identifica que las mujeres enfrentan mayores dificultades en comparación a los varones para insertarse en el mercado de trabajo registrado, sufriendo peores niveles de desocupación, precarización e informalidad laboral. En concordancia, perciben menos aportes jubilatorios, lo que representa una desigualdad de género al interior mismo del Sistema Previsional, desfavorable a las mujeres. Contexto de surgimiento y definición del problema Como menciona Anzorena, en los distintos contextos históricos “las políticas públicas construyen determinadas identidades colectivas -las madres, las jefas de hogar, los niños- y al mismo tiempo legitiman ciertas demandas de ciertos colectivos como cuestiones de interés público y no otras” (2013: 40). A raíz de la pandemia del COVID-19, se visibilizó la importancia y centralidad de las tareas de cuidado realizadas en los hogares. Tareas que, históricamente, en el marco de la división sexual del trabajo característico de una sociedad patriarcal y machista, fueron relegadas a las mujeres y sujetes feminizades, tal como mencionamos en el apartado anterior. Se produce entonces una tensión entre trabajo formal o informal y las tareas de cuidado en el hogar o en redes comunitarias. Según la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INDEC – (2013), son las mujeres las que principalme nte realizan las tareas de cuidado y crianza. En este sentido, las mujeres realizan el 76% de las tareas del hogar y dedican a ellas casi el doble del tiempo por día en comparación con los varones. Esta brecha se amplía a mayor cantidad de niñes que haya en el hogar. Estas tareas constituyen un trabajo no remunerado, tal como lo señalan hace ya muchos años diversos movimientos y agrupaciones feministas, que reclamaban que debía ser reconocido por el Estado. Cabe destacar que esta Encuesta en particular no incorpora datos ni realiza distinciones en estas categorías sobre personas gestantes que no se perciban como mujeres cis, lo cual implica una dificultad para la correcta aplicación de la política pública por falta de información sobre esta población que también es destinataria de la misma. Viveros Vigoya (2016), desde una perspectiva interseccional, sostiene que no es posible analizar por separado los múltiples entrecruzamientos (género(s), raza, etnia, clase social, edad) que hacen a las fuentes de desigualdades sociales. En relación a esto, no podemos dejar de lado el hecho de que las mujeres tienen más trabas para acceder al empleo formal y registrado, en comparación con sus pares varones, lo cual se suma a la brecha salarial de género. En este sentido, el decreto plantea que son las mujeres las que sufren los peores niveles de desocupación, precarización e informalidad laboral, y que es este uno de los principales elementos explicativos de la feminización de la pobreza, que les impide a las mujeres la acumulación de capital social para enfrentar las contingencias en las edades avanzadas, situación que se agravó, aún más, en el contexto de la pandemia. En consecuencia, al llegar a los 60 años, en Argentina sólo 1 de cada 10 mujeres cumple con los 30 años de aportes requeridos para poder acceder a la jubilación. Página | 37 Es dentro de este marco que ingresa este problema a la agenda institucional. Entendemos que la misma “está constituida por el conjunto de problemas, demandas y asuntos, explícitame nte aceptados, ordenados y seleccionados por parte de los encargados de tomar decisiones, como objetos de su acción” (Cobb y Elder, 1986; Cobb y Ross, 1976; citados por Guzmán, 2001: 11). Dentro de la justificación sobre la cual se erige esta política, en el decreto se afirma que el Estado tiene el compromiso de la protección de les ciudadanes, garantizándoles las prestaciones de la seguridad social y priorizando la inclusión de grupos atravesados por condiciones de vulnerabilidad como las mujeres, como se encuentra expresado en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales con jerarquía constitucio nal. Siguiendo a Fraser (2006), consideramos que este Programa es una política bidimensio na l, ya que reconoce una injusticia y la toma como un problema social, se reconoce a las tareas de cuidado como un trabajo no remunerado. A su vez, es una política redistributiva ya que, mediante el reconocimiento de años de aportes, permite el acceso a mujeres y personas gestantes a una jubilación. También podemos clasificarlo como una política pública de afirmación, ya que se propone corregir una desigualdad, pero sin modificar la estructura social vigente. Esta política pública, por lo tanto, busca dar respuesta a este problema y garantizar el derecho a la jubilación a estas sujetas que han dedicado gran parte de su vida a realizar trabajos no remunerados ni reconocidos como tales y de esta forma reducir las desigualdades de género. Siguiendo las categorías introducidas por Anzorena (2013), podemos clasificar al Programa como una política de género. La autora distingue dentro de las políticas sociales a las políticas de género, las cuales buscan de manera explícita reducir la desigualdad y discriminac ió n entre los géneros, o atender alguna situación que afecta de manera específica a las mujeres en su condición de género. Esta problemática refleja con claridad el sentido de la consigna del feminismo radical de la década del sesenta y setenta “lo personal es político”. 28 Esta corriente tenía el objetivo de “realizar cambios profundos en las instituciones, las normas, los roles, las relaciones sociales y culturales de varones y mujeres, desde actos considerados políticos” (Alegre, Del Valle y Vicente, 2018: 14). De modo que, este lema da cuenta del carácter político y, por ende, público de lo relegado históricamente al “ámbito privado” de la familia y reproducción. Concepción de cuidado subyacente de la política pública Coincidimos con Shore (2010) para plantear que las políticas públicas, dan forma y organizan la manera en que nos comportamos, incluso en los espacios más íntimos y privados de nuestra vida cotidiana. En este sentido, la relación entre Estado y políticas públicas, según Anzorena (2013), constituye un campo de tensiones en torno a las modalidades de intervención, les sujetes y su alcance. Es por ello que resulta necesario problematizar qué alcance tiene la concepción de cuidado que subyace a la política. Este Programa problematiza el cuidado focalizándose exclusivamente en el cuidado de les hijes, sin tener en cuenta (de forma deliberada o no) que las mujeres cuidan también a sus hermanes, personas mayores u 28 Proveniente de la obra de la feminista radical Carol Hanisch titulada “Lo personal es político” . Página | 38 otres, ya que todes en alguna etapa de nuestra vida requerimos de cuidados, no sólo en la infancia y niñez. En esta línea, Shore trae a colación que “las políticas públicas nos proveen de lentes para estudiar y explorar profundamente los mundos de los mismos formuladores de políticas, y no simplemente estudiar a las personas a quienes están dirigidas” (2010:33). Por lo tanto, el análisis de la política nos permite no sólo ver la población problema sino también los intereses de les decisores de política pública. Reflexiones finales Tal como plantea Guzmán (2001), la participación de las mujeres en la elaboración e implementación de políticas públicas tiene gran importancia, fundamentalmente para las mujeres que cuentan con menores recursos y tienen un acceso limitado a los círculos de decisión. De esta manera, se puede discutir sobre el sentido de las políticas públicas y el quehacer de la institucionalidad pública. Por consiguiente, el lugar del Estado se torna fundamental en términos de equidad de género. En concordancia con Shore, “las políticas construyen nuevas categorías de subjetividad y nuevos tipos de sujetos políticos” (2010: 36). En este sentido, consideramos necesario incorporar una mirada que trascienda la maternidad y la concepción binaria del género. Las mujeres y la población LGTBIQ+ no sólo cuidan hijes, sino también otras personas con las que se vinculan más allá de la maternidad y que necesitan de cuidados, como, por ejemplo, les adultes mayores. Incluso, podemos pensar en la jubilación de la población travesti trans, que no sólo carece de aportes por el nivel de informalidad laboral, sino que ni siquiera puede llegar a la edad jubilatoria, ya que su expectativa de vida no supera los cuarenta años. Además, si bien el Programa analizado incluye algunas dimensiones que aluden a las categorías de género(s), edad y clase social, aun así, creemos que esta problemática debe ser abordada y replanteada desde una perspectiva interseccional, que abarque no sólo la categoría de género, sino también la etnia y la clase social en sentido estructural, dada su importanc ia política. Por último, consideramos que el desafío es desfeminizar las tareas de cuidado, se presenta la necesidad de redistribuirlas y no relegarlas a las sujetas feminizadas. Para ello, es necesario un cambio cultural que permita derribar los estereotipos y roles de género que son el pilar del sistema machista imperante en nuestra sociedad. Página | 39 El alcance del Ingreso Familiar de Emergencia: una política pública con vistas a cerrar brechas de género Florencia Alberto. Lic. en Ciencia Política Nahir Agustina Caamaño. Estudiante en Ciencia Política Sol Morales. Lic. en Ciencia Política María Sol Pupo. Lic. en Ciencia Política Presentación En el presente trabajo nos proponemos analizar el alcance del primer pago del “Ingreso Familiar de Emergencia” (en adelante IFE)29 como política pública para dar respuesta a un contexto de crisis sanitaria y económica, que evidencia y agudiza la desigualdad estructural a nivel social, cultural y económico. En primer lugar, detallamos cómo el contexto profundizó la desigualdad de género, desplegando la importancia de los trabajos de cuidado, su incremento durante el “Aislamie nto Social Preventivo y Obligatorio” (en adelante ASPO) y cómo estos recaen mayormente sobre las mujeres. Luego, analizaremos el rol de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género en el diseño de esta política en miras de dar una respuesta que permita cerrar las brechas de desigualdad. Finalmente, a partir de encuestas destinadas a mujeres beneficiarias del IFE buscamos generar e incluir nuevos datos, para realizar un análisis etnográfico -tomando como referencia a Cris Shore (2010)- para abordar con una mirada subjetiva cómo fue la recepción de la política. Sobre los aspectos metodológicos, dichas encuestas son semi-estructuradas y online, por lo que son autoadministradas. Además, incluimos una entrevista escrita online a Mercedes D’Alessandro, directora de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. A modo de conclusión, nos proponemos detectar si efectivamente esta política pública logró paliar las dificultades que se vieron incrementadas para las mujeres por el actual contexto de crisis y cerrar brechas de género. Las tareas de cuidado como elemento clave para el diseño del IFE En el marco de la Emergencia Sanitaria, en marzo del 2020, el Gobierno Nacional presenta el Decreto 310/2020 IFE,30 cuyo objetivo fue la creación de un ingreso económico para aquellos hogares donde las medidas de ASPO impactaron considerablemente. La 29 $10.000 mensuales. Abonado entre marzo y abril. 30Ingreso familiar de emergencia. Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227113/20200324 Página | 40 ejecución de este bono depende de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social). La primera etapa del ASPO merece un análisis diferencial ya que tuvo un fuerte impacto en la cotidianeidad de las mujeres en relación a las dificultades para conciliar la vida familiar y el trabajo. Las mujeres son las que mayor tiempo le dedican al trabajo doméstico no remunerado, los quehaceres domésticos, el apoyo escolar a las infancias y el cuidado de personas representando el 5,3 hs./día -más del doble- con respecto a los varones (Calero, 2019).31 Frente al cierre de escuelas y espacios de cuidado, estas tareas se volvieron un factor aún más relevante en los hogares. Con el trabajo de cuidado nos referimos a la preocupación por la vida ajena.32 Esta preocupación está implícita en tres tipos de tareas: aquellas asociadas al trabajo doméstico; cuidados directos de interacción concreta con personas y tareas de gestión mental (Pérez Orozco, 2014). Sin duda, estas tareas hacen a la sostenibilidad de la vida. Precisamente, como explica Claudia Anzorena (2013), las políticas públicas son un medio por el cual se distribuyen recursos económicos y simbólicos, determinando la forma en que serán asignados los recursos con vistas a satisfacer las necesidades e intereses de la población. Y en cada momento histórico, las políticas públicas construyen determinadas identidades colectivas y al mismo tiempo legitiman ciertas demandas de ciertos colectivos como cuestiones de interés público. Dentro del amplio universo de políticas públicas, podemos diferenciar las políticas de género que hacen referencia a las intervenciones del Estado buscando de manera explícita reducir la desigualdad y discriminación entre los géneros, o atender de manera específica a las mujeres en su condición de género subalterno. Se suele atribuir una transferencia directa de recursos a una noción de “empoderamiento”, que de por sí, no lo es. El poder no es transferible en términos concretos, sino que se trata de un proceso de agenciamiento, de habilitación para que la población beneficiaria de la política pública sea artífice de la solución a su propia demanda. En este caso particular, son las beneficia r ias del IFE las que han de alcanzar una capacidad de agencia; una creencia en su propia agencia como forma de transformar su realidad. La crisis económica por el COVID-19, afecta principalmente a las mujeres ya que tienen, por un lado, menores tasas de actividad y de empleo;33 y, por otro lado, mayores tasas de desocupación y de subocupación, esto a causa de que el mercado de trabajo argentino está altamente masculinizado. Respecto de ello, las mujeres están sobrerrepresentadas en términos de desocupación, informalidad y subocupación. 34 Justamente, las que más abundan 31 En 2021 el INDEC realizará la primera encuesta destinada exclusivamente a estudiar el uso del tiempo y el trabajo no remunerado. En el informe de presentación, se retoma a la autora presentada en el presente trabajo como antecedente para medir estos indicadores. 32 Son tareas que buscan garantizar la reproducción biológica y social. 33 Datos recuperados del informe “Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH)”. Segundo trimestre 2020. INDEC. Tomando como referencia “Mujeres de 30 a 64 años” y “Varones de 30 a 64 años” 34 Datos recuperados del informe “Las brechas de género en Argentina. Estado de situación y desafíos” de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_brechas_de_genero_en_la_argentina_0.pdf Página | 41 en el empleo no registrado o denominado informal y a su vez, las que trabajan bajo mayores condiciones de precarización. Además, obtienen menores ingresos incluso a iguales niveles de calificación (brecha salarial de 38,6%). No es sorprendente, aunque sí alarmante, que las mujeres representan el 55,7% de los beneficiarios. De esta forma, al involucrar derechos específicos para las mujeres, no solo se incluye la necesidad de la redistribución sino también la necesidad del reconocimie nto, implicando las condiciones materiales de existencia de la población, pero también las condiciones simbólicas y la distribución social de las jerarquías entre géneros sexuales (Fraser, 1997). Como ya mencionamos, su distribución es progresiva en términos de género; dentro de su población objetivo se encuentran las trabajadoras de casas particulares; constituye un potencial reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado; y garantiza el acceso al dinero por parte de las mujeres dado que la prioridad de cobro en un grupo familiar donde distintos miembros hayan solicitado el IFE, será de la mujer. Lo que logra esta política es, de manera sutil, especificar el género de los grupos más vulnerables y sus destinatarios que en este caso son las mujeres. El origen de esta desigualdad la podemos encontrar en los estereotipos culturales acerca de lo femenino y lo masculino, que se organizan en pares dicotómicos sexualizados. Los rasgos, características y tareas que se le asignan a cada género son diferentes y excluyentes, siendo las características y tareas masculinas las más valoradas por la sociedad en su conjunto. Es importante entender que a pesar de lograr la igualdad legal o formal y que haya leyes equitativas para varones y mujeres en tanto al acceso a los mismos lugares, los varones y las mujeres no son iguales ya que no están igualadas las condiciones porque vienen de situaciones sociales diferentes. De esta forma, podemos entender como gracias a estos estereotipos de género el trabajo doméstico y de cuidado es considerado un atributo natural de la mujer en lugar de ser reconocido como un trabajo. A pesar de que las tareas de cuidado sean de vital importancia para la sostenibilidad de la vida y la reproducción del trabajo, continúan siendo hasta el día de hoy, tareas sin un valor económico reconocido para el desarrollo del sistema económico, según los postulados teóricos neolibera les imperantes (Rodríguez Enríquez, 2012). Y es justamente lo que la Economía Feminista buscó poner en el centro del debate. De esta labor, los varones, la familia y desde ya, el Estado son beneficiarios, directa o indirectamente. De aquí la importancia de politizar lo personal, colocando en el espacio público lo que ocurre en el ámbito privado para poner en evidencia lo trascendental del trabajo doméstico para el bien común y a su vez reconocer que tanto la producción material como la reproducción humana son subsistemas constitutivos del sistema socioeconómico. El IFE ha de ser una respuesta a una situación que se pone de manifiesto en este contexto de crisis: asignar un ingreso económico ante la imposibilidad de trabajar para aquellas mujeres en situación de vulnerabilidad. Porque las políticas públicas siempre han de dar cuenta del género de la población beneficiaria. No pueden ser neutrales en ningún paso del ciclo de la política pública (Maffia, s/f). Página | 42 Nancy Fraser (1997) propone distinguir analíticamente dos tipos de injusticias: una es la injusticia socioeconómica arraigada en la estructura político-económica de la sociedad y la otra es la injusticia cultural o simbólica fijada en los patrones sociales de representación, interpretación y comunicación. La autora se refiere a esta reivindicación de justicia social como ‘‘política de reconocimiento’’ dentro de la cual se inserta el reconocimiento de la desigualdad de género. Fraser resalta el hecho de que, a pesar de la creciente desigualdad económica, la lucha por el reconocimiento se ha convertido en la forma paradigmática de conflicto político, donde la identidad de grupo sustituye a los intereses de clase como principal motivo de movilización política. Para reparar la injusticia de género se requiere tanto atender a la redistribución como a el reconocimiento ya que por separado ninguno de los dos es suficiente para dar una respuesta integral y acabada a las demandas sociales (Fraser, 1997). Una respuesta que trastoque dicha bidimensionalidad ha de fundar la justicia social a la que se refiere la autora. Desde el punto de vista distributivo, el género sirve de principio organizador básico de la estructura económica de la sociedad capitalista. Por una parte, estructura la divisió n fundamental entre trabajo productivo -reconocido y remunerado- y trabajo reproductivo y doméstico -no reconocido como tal y por lo tanto no remunerado-. Este último incluye tareas de cuidado y sostenimiento de la vida que se realizan mayormente dentro del hogar, por las mujeres. Por otra parte, el género estructura la división dentro del trabajo pago, entre las ocupaciones de salarios altos con predominio masculino y las ocupaciones de salarios bajos con predominio femenino. El resultado de esto es una estructura económica que genera formas de injusticia distributiva, específicas de género; incluyendo la explotación basada en el género, la marginación económica y la privación. Vemos como la justicia de género requiere transformar la economía con el fin de eliminar su estructuración de género, pero, además, el género es también una diferenciación de estatus que codifica patrones cultura les omnipresentes de interpretación y evaluación. El género, en suma, es una diferenciac ió n social bidimensional. La reparación de la injusticia de género exige cambiar tanto la estructura económica como el orden de status de la sociedad, mediante un enfoque que englobe tanto una política de redistribución como una política de reconocimiento. Esto fue, creemos, parte del objetivo del IFE. El rol de las mujeres y la Dirección de Economía, Igualdad y Género en la creación de políticas públicas Virginia Guzmán (2001) nos habla de las ‘‘oficinas de la mujer’’ u otros tipos de comisiones nacionales que implican el establecimiento de una maquinaria interdisciplinar ia y multisectorial dentro del gobierno con un personal y recursos adecuados que sirvan como una medida efectiva y transicional para la aceleración del logro de la igualdad de oportunidades para las mujeres y su total integración en la vida nacional. La creación de esta Dirección dentro del Ministerio de Economía como también el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad son un claro ejemplo, donde se pone de manifiesto esta orientación del Página | 43 Estado en el camino de cerrar las brechas de desigualdad, siendo estos organismos el motor principal en el diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de género. La creación de instituciones como esta, debido a su carácter innovador, es posible en coyunturas políticas extraordinarias caracterizadas por una mayor receptividad de los actores políticos y de las autoridades públicas a las demandas sociales, lo que permite a los actores sociales movilizados atraer la atención hacia sus propuestas (Guzmán, 2001). La experiencia reciente de la Argentina muestra que a partir del avance de las mujeres en la política y en los gobiernos se incluyeron más temas vinculados a estas cuestiones en la agenda legislativa, se ampliaron derechos y se presentaron más proyectos con perspectiva de género en todos los ámbitos (D´Alessandro, 2016). Aspectos metodológicos Siguiendo a Shore (2010) y a su perspectiva antropológica para analizar las políticas públicas, nos resulta relevante destacar la complejidad y lo desordenado de los procesos de formulación de políticas públicas, en particular las maneras a menudo disputadas, en las que las políticas son promulgadas y recibidas por la gente. En este sentido la autora se pregunta: “(...) ¿cómo debemos estudiar el trabajo de la formulación de estas políticas?” (2010: 6). Continúa diferenciando aspectos más racionales, o lineales del desarrollo de las políticas que tienden a asociarse a la administración pública o gobierno, y finaliza argumentando que es fundamental incluir un abordaje etnográfico para validar una mirada subjetiva, para romper con cierta objetividad que le otorga la política pública con la construcción de nuevos significantes como “beneficiario” /” beneficiaria” -y automáticamente esa persona porta un nuevo adjetivo/categoría-. Es interesante pensar la importancia de la participación colectiva en la construcción de políticas públicas, sobre todo en términos de identidades feminizadas que en materia política está subrepresentada-. Para comprender si el IFE verdaderamente funcionó, necesitamos saber cómo fue recibida y experimentada esta prestación. Para esto, realizamos 30 (treinta) encuestas online semiestructuradas y autoadministradas, a través de la plataforma Google Forms. Cabe destacar también que la muestra fue seleccionada a través de la técnica bola de nieve. En cuanto a la practicidad de la técnica los formularios nos permitieron recibir respuestas de distintos lugares del AMBA. Logramos obtener respuestas positivas sobre nuestro principal objetivo, es decir, tener un acercamiento a la percepción de la política en sí, no solo del impacto en el momento -en el pago- sino también como política en general; y también generar cierta reflexión en las beneficiarias, de la importancia de instalar este tipo de dispositivos, y por qué lo recibieron mujeres en su mayoría. El primer dato a resaltar, es la situación laboral, gran parte de las encuestadas son empleadas domésticas y aproximadamente la mitad de ellas trabajan informalmente. Esto podría confirmar lo que proponemos al inicio de la investigación, sobre la tendencia a la informalidad que sufren las mujeres en el mercado de trabajo en general. Por otro lado, para adentrarnos en el impacto de la política pública, preguntamos a las beneficiarias si eran jefas Página | 44 de hogar y a su vez cuál/es era la fuente de ingreso/s al inicio del ASPO; la mayoría de ellas son jefas de hogar. Además, dependen de sus ingresos laborales, por lo que particularme nte en este contexto se vieron afectadas y podemos suponer que el IFE pudo ayudarlas considerablemente.35 Además, les consultamos por qué consideraban que las principales receptoras de este beneficio eran mujeres y casi la mitad optó por elegir la respuesta “Todas las anteriores”, las siguientes opciones más elegidas fueron “Porque su trabajo durante la cuarentena se vio 35 Más información en Gráfico 1. Página | 45 perjudicado” y “Sobrecarga de tareas en el hogar”.36 Entonces, estos datos, nos aproximan a las dos variables que analizamos hasta el momento; la preponderancia que tienen las mujeres a tener empleos informales, y la disparidad en la distribució n de tareas del hogar, y cómo ambas variables se ven incrementadas por el contexto de crisis y aislamiento. Por último, en cuanto al dato que más nos interesaba sondear, sobre la efectividad del 1° IFE, para captar la visión subjetiva de las encuestadas, indagamos si logró ser una ayuda para su situación económica durante los primeros meses de la cuarentena, y si bien más de la mitad de percepción afirmativa; a la vez, el resto se inclinó por las respuestas "poco y nada" y "mucho". Reflexiones finales Este contexto de emergencia sanitaria interpela con mayor complejidad y urgencia al Estado. Si la organización de los cuidados constituye un vector de reproducción de desigualdad para las mujeres, la pandemia profundiza esta situación, en especial para los sectores populares. La coyuntura actual pone en evidencia lo esencial y lo central de los cuidados en nuestras vidas y la necesidad de que haya políticas públicas en esta materia para lograr una organización más justa de las tareas de cuidado. El IFE implicó priorizar la vida antes que la economía. Además, se inscribe tanto en una política redistributiva como en una de reconocimiento ya que fue diseñada en el marco de la emergencia por COVID-19, en respuesta a la situación de los sectores más vulnerables de la población, pero reconociendo que dentro de estos las que se encuentran en peores condiciones son las mujeres. En su diseño se intervino desde la perspectiva de género y se incluyó dentro de su población objetivo a las 36 Más información en Gráfico 2. Página | 46 trabajadoras de casas particulares, sector donde el 96,4% de las/os trabajadores son mujeres. Esto representa un avance muy importante y demuestra la necesidad de pensar las políticas desde una mirada de género. Los resultados del IFE lo evidencian: de la cantidad de personas que cobraron el primer IFE la mayoría fueron mujeres (4,9 millones -55,7%-). 37 El lado positivo de las situaciones críticas y extremas como esta, es que nos sirven para esclarecer y comprender ciertas cuestiones en relación con la organización social del cuidado dejando al descubierto la necesidad de un cambio cultural y de raíz que modifique la asignación de los roles de género y la división sexual del trabajo. Se necesita un Estado presente y políticas públicas que atiendan a la redistribución y al reconocimiento, buscando así mejorar la responsabilidad institucional en torno a los cuidados. Se necesita un Estado realmente comprometido a dar respuesta a las demandas que el feminismo coloca en agenda, cuyos miembros entiendan la importancia de hacer grandes cambios en la manera en la que funcionamos para alcanzar una sociedad más justa y a la altura de sus desafíos. El IFE logró mermar los efectos que impuso el actual contexto, reconociendo cuán necesario es diseñar políticas públicas con perspectiva de género y así dar soluciones más acabadas a las problemáticas que atraviesan las mujeres. Si bien el IFE emerge como dispositivo de emergencia, podemos concluir que inicia un camino de reconocimiento y redistribución para futuras políticas de mediano y largo plazo, en pos de contribuir a cerrar brechas de género. Anexo Entrevista a Mercedes D’Alessandro https://docs.google.com/document/d/1svDsbqrYE9AZibPCE3x3l3YHMH55cXWFeImk3V U7frk/edit 37 Parte de la entrevista a Mercedes D’Alessandro. Ver Anexo. Página | 47 Mujeres Emprendedoras María Eva Fernández. Lic. en Ciencia Política Clarisa Marina Prusso. Lic. en Ciencia Política Rocío Soledad Villarroel. Estudiante de Lic. en Sociología Resumen La presente publicación es producto de un trabajo de investigación realizado en el año 2019. El objetivo planteado fue analizar el programa “Ciudad Mujeres Emprendedoras”38 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto con el Banco Ciudad, desde una perspectiva feminista popular y transnacional, y el marco en el que se inserta esta política pública (PP) en relación con la(s) globalización(es), no solo desde una perspectiva económica sino cultural, social y política, y las posibles resistencias a la misma. Para el estudio de la PP en cuestión realizamos un abordaje metodológico cualitativo de carácter etnográfico, donde desarrollamos el trabajo de campo interactuando con la PP para comprenderla en su complejidad y la de los actores que intervienen en la misma. En cuanto a las técnicas de recolección utilizamos la observación participante. En un primer momento del texto se procederá a describir la PP en cuestión y el trabajo de campo realizado para poder evaluar los alcances reales de la misma. Luego, detallaremo s las definiciones de PP y específicamente de las PP de género. Por último, analizaremos el enfoque del feminismo popular, que nos dará las herramientas necesarias para aproximarno s al objeto de estudio a examinar. Introducción al Programa Ciudad Mujeres emprendedoras En la Ciudad de Buenos Aires la Legislatura sancionó en el año 2000 el Plan de igualdad real de oportunidades y de trato entre mujeres y varones (Ley N° 474/00, B.O. 1030, 2000)39 y la promoción de programas para coordinar su aplicación. El programa Ciudad Mujeres Emprendedoras fue presentado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) con apoyo del Banco Ciudad en el año 2019, planteando como su objetivo favorecer la implementación de la Ley N° 474/00. El objetivo específico del programa, aún vigente al día de la fecha, es promover el acceso a préstamos a tasa diferencial y cursos de capacitación a las mujeres, que cuenten con una actividad comercial con un año de antigüedad y con certificado MiPyme. Este crédito puede 38 Disponible en: https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/mujer/equidad -de-genero/ciudadmujeres-emprendedoras 39 Plan de igualdad real de oportunidades y de trato entre mujeres y varones. Disponible en: http://www.ciudadyderechos.org.ar/derechosbasicos_a.php?id=13&id2=68&id3=957&idanexo=223 Página | 48 obtenerse con el aval de Garantizar SGR o puede ser a sola firma, para esto debe tener inscripción en la A.F.I.P. con un año de antigüedad y los respectivos pagos del impuesto de Ingresos Bruto por ese tiempo Otra alternativa es ser monotributista con la misma antigüedad en la A.F.I.P. y una antigüedad no menor a 4 meses. El monto del préstamo en el año 2019 era de $100.000 con garantía en un plazo máximo de 36 meses o hasta $250.000 a sola firma y en un plazo no mayor a 48 meses, en ambos casos con una tasa fija. Este programa afirma contribuir a la igualdad de trato entre mujeres y varones pero sólo está destinado a mujeres que se encuentran dentro de la economía formal, es decir, las que ya tienen un emprendimiento o pequeña empresa en marcha, por lo que no fomenta ni acompaña a ninguna mujer que quiera iniciar un emprendimiento. La folletería que pudimos observar mostraba la foto de una mujer simpática, blanca y posiblemente de clase media, reforzando las imágenes de las potenciales beneficiarias a la que está destinado el programa. Nos resultó interesante poder analizar el uso del programa por las beneficiarias, para así vislumbrar las negociaciones que se producen en el terreno de su aplicación y la interpretación que estas podrían tener de la PP. Con este fin, nos comunicamos por los distintos canales que ofrecían para llegar al programa como potenciales interesadas. Cargamos los datos de una de nosotras en la página del banco y luego se comunicaron por teléfono, solicitando más datos personales y del emprendimiento. Como se trataba de una trabajadora en relación de dependencia la respuesta fue negativa, presentamos el CUIT de una supuesta “socia” monotributista con más de diez años de antigüedad. Nos confirmaro n que con ese CUIT podíamos acceder al préstamo, pero solo a la suma de $230.000, a devolver en 48 cuotas. Desde el primer momento el banco siempre nos presionó con los tiempos de respuesta, porque supuestamente existía un “cupo” de préstamos a otorgar. Les explicamos que necesitábamos saber el monto exacto de la cuota como los otros gastos y cargos que acompañan al préstamo y a su vez, información de los cursos de capacitación que se ofrecían acompañando al programa, para poder decidir si nos era conveniente. No tuvimos un detalle exacto del monto final de la cuota, ni los gastos, nos contestaron que la cuota fija era “cerca” de $10.000. Con respecto a los cursos, la respuesta fue nula directamente en todos los correos desde el banco. Decidimos acudir personalmente al Banco, nos presentamos como amigas de alguie n interesada en obtener el crédito. En la primera sucursal, ubicada en Av. Córdoba al 600, no contaban con información sobre el programa ni dónde obtenerla. Luego nos dirigimos a una de las sucursales principales del banco ubicada frente a la Plaza de Mayo donde la publicidad del programa “Ciudad Mujeres Emprendedoras” se encontraba entre las más visibles. Nos atendió una representante que nos consultó sobre el emprendimiento para el cual queríamos solicitar el préstamo. Nos informó que otro requisito implicaba abrir una cuenta con el banco para registrar las operaciones del emprendimiento, la misma era gratuita por 30 meses, luego, con un mantenimiento mensual de $302,50. El banco otorgaba también un postnet gratuito por un año, para poder aceptar tarjetas como medio de pago. El mismo, según averigua mos, tenía un costo de $1200, y a su vez un gasto de comisión por operación realizada con tarjeta Página | 49 de crédito (no débito) que suele ser entre un 10% o 15%. Lo que implicaba al año, entre cuota de préstamo y servicio de posnet un gasto fijo mínimo de aproximadamente $11200. Realizamos la simulación de un préstamo personal en el Banco Provincia, teniendo en cuenta las mismas características en monto, cantidad de cuotas y requisitos, el resultado del gasto total fue similar al “Beneficio” que podían obtener las mujeres emprendedoras por medio del programa “Ciudad Mujeres Emprendedoras” Por último, buscamos por medio de la red social Instagram, cuentas que agruparan a mujeres emprendedoras. Ninguna conocía el programa, ni había escuchado de los cursos. También nos contactamos por mail con un contacto de la Secretaría para la Igualdad de Género del Ministerio de GCBA. Le solicitamos una entrevista para informarnos sobre el programa y saber si contaba con un registro de cuántas mujeres habían tenido acceso al programa y/o los cursos. La respuesta fue que no podría ayudarnos porque los créditos y los cursos correspondientes están a cargo del banco y que “su rol” era solo coordinar la Estrategia para la igualdad de Género donde se inserta el proyecto. ¿Qué entendemos por Políticas públicas de Género? Al momento de analizar una PP, es importante considerar el contexto histórico donde se inscribe, la caracterización que se realiza de la población destinataria y las relaciones de poder que entran en juego. Debemos entender la PP como un medio por el cual actores gubernamentales y no gubernamentales distribuyen recursos económicos y simbólicos con el fin de satisfacer las necesidades e intereses de la población. Dentro de las PP, debemos poder distinguir las políticas con perspectiva de género que “buscan de manera explícita reducir la desigualdad y discriminación entre los géneros, o atender alguna situación que afecta de manera específica a las mujeres en su condición de género subalterno” (Anzorena, 2013: 42). Estas apuntarán a la autonomía y al pleno ejercicio de ciudadanía, con el objetivo de equiparar las desigualdades sociales. Para poder abordar PP con perspectiva de género, es necesario tener en cuenta las injustic ias tanto de redistribución como de reconocimiento. De acuerdo a Nancy Frasser (2006) la categoría social género es una categoría híbrida que está enraizada tanto en la estructura económica como el orden de estatus de la sociedad. Una de estas dimensiones, es la de redistribución, que se puede identificar en el rol que adopta la mujer en la división sexual del trabajo. Según ésta, se les asignan principalmente a las mujeres las tareas de trabajo reproductivo no remunerado mientras que, dentro del trabajo remunerado, reciben menores salarios que los varones por iguales tareas y realizan los empleos más desvalorizados. Asimismo, las PP deben abordarse desde una perspectiva de reconocimiento que admita el androcentrismo como problemática fundamental en todas las áreas de la sociedad que genera discriminación, violencia sexual, estereotipos, negación de derechos y menosprecio, contra las mujeres en particular, y otros grupos de estatus subalterno en general. Página | 50 ¿Por qué hablamos de Feminismos populares? El análisis de una PP con perspectiva de género debe tener en cuenta las implicanc ias sistémicas del capitalismo y el patriarcado, y su relación con otros sistemas de dominació n imperantes. Los feminismos populares orientan su praxis a dilucidar estas imbricaciones: las feministas populares asumimos que en el sistema capitalista patriarcal y colonial las distintas formas de dominación y disciplinamiento de los cuerpos, los territorios, las comunidades, la naturaleza de la que somos parte se refuerzan mutuamente, y que cada logro en una perspectiva emancipatoria erosiona los pilares del sistema, en la medida en que contribuye a la creación de subjetividades –individuales y sociales– autónomas. (Korol, 2016: 2) En esta línea de análisis, es importante destacar que durante el año 2017 surgen en nuestra región, específicamente en El Salvador y Honduras, PP orientadas a la figura de mujeres emprendedoras, siguiendo lineamientos de programas implementados por el Banco Mundial en varias regiones. Al mismo tiempo, en Argentina, el gobierno de la provincia de Chubut crea Programas de Mujeres Emprendedoras los cuales se inscriben en un contexto donde el FMI había recuperado la injerencia en las políticas de Argentina a partir del endeudamie nto con dicha entidad financiera durante el gobierno de Mauricio Macri. Esto significó un aumento de la pobreza y de la brecha de desigualdad económica, donde las mujeres resultaron las más perjudicadas. La apropiación de símbolos feministas, como el empoderamiento, por parte del Banco Mundial, puede ser pensado como "mecanismos de regulación social en un contexto de transnacionalización" (Betancor, 2011). El FMI, el Banco Mundial, la AID y la ONU presentan políticas de microcréditos como soluciones eficaces a los problemas económicos de las mujeres, pero en realidad enmascaran intereses privados y contribuyen al desarrollo de la circulación global del capital financiero, profundizando el empobrecimiento de la población que pretenden ayudar. La problemática de la feminización de la pobreza no es analizada como un proceso resultado de la condición de género en un mundo capitalista neoliberal, sino como una cuestión que requiere una acción “asistencialista” que de una forma paternalista busca cuidar y guiar a las mujeres, a una mejor calidad de vida. Por lo tanto, las medidas dictadas por los organismos internacionales enfocadas en el empoderamiento son formas de imponer ideología dominante a los países que se encuentran bajo su esfera de influencia y no buscan desarticular los mecanismos que estructuran las desigualdades de género, sino que favorecen a mantener las y su reproducción. Es necesario así realizar un análisis transnacional en clave feminista, concibiendo a la globalización(es) como un conjunto de relaciones específicas no solo económicas, sino políticas, sociales y culturales. Podemos identificar una “globalización desde arriba”, representada por la intervención de los organismos internacionales en la región en línea con Página | 51 el feminismo liberal, meritocrático e individualista, y una “globalización desde abajo” relacionada con los movimientos feministas desde abajo y a la izquie rda, conformada por la cooperación de comunidades transnacional formando redes de resistencia ante las violenc ias ejercidas por los gobiernos neoliberales, uniendo a mujeres de diferentes espacios geográficos, pero comparten condiciones de existencia y lucha. (Marcos, 2011) Para estos feminismos, como el popular, la diferencia es enriquecedora desde la praxis, ya que permite articular estrategias en conjunto, en contraste con el feminismo hegemónico que se encuentra saturado de sentido y no puede replantearse a sí mismo. Reflexiones finales Las PP aplicadas por un gobierno refieren a una interpretación de la realidad, reflejan el marco teórico con el que analizan las problemáticas, como en el caso de las PP que apuntan a resolver problemáticas de género. En la PP de género del GCABA, en la cual se enmarca el programa analizado, se puede identificar que para resolver los problemas de “vulnerabilidad que afectan al género” se proponen PP que apuntan a subsanar los problemas de desigualdad sin proponer una redistribución significativa de oportunidades. Entendemos que esta PP falla en su análisis como una política de género, subordinándola al resto de sus políticas económicas y sociales de corte neoliberal, reforzando la meritocracia como medio de mejora del bienestar social. El programa analizado responde a la lógica de medidas neoliberales que funcionan en detrimento de la equidad de género teóricamente buscada por la Dirección General de la Mujer, por lo que no podemos considerar este programa como una política pública con perspectiva de género. Entendemos que podría dar una solución a un determinado grupo o población, pero no rompe la estructura, sólo genera una redistribución parcial sin reconocimiento, por lo tanto, esta política sería más bien un programa social destinado a un determinado grupo de mujeres. Consideramos que es fundamental un rol activo del Estado para desarticular los mecanis mos que reproducen las desigualdades de género, a partir de políticas integrales que tengan en cuenta las diferentes dimensiones que abarca la problemática. Sin embargo, en un sistema capitalista patriarcal globalizado, se presentan políticas públicas “con maquillaje” de políticas con perspectiva de género, pero en realidad son formas asistencialistas de intervención estatal sobre la pobreza feminizada que además reproducen estereotipos de género y clase, dejando intactos los mecanismos de desigualdad real. De todas formas, pudimos observar que las mujeres emprendedoras (o que se consideran como tales) generaron, desde abajo, distintas redes que traspasan fronteras, interactúan, se apoyan y comunican de una forma mucho más amplia, ágil y eficaz que la que por medio de este programa intenta llevar a cabo el GCBA. En este contexto el rol del feminismo popular tejiendo redes transnacionales es fundamental para generar una resistencia que propicie la hermandad entre mujeres, que aun siendo de distintas clases o nacionalidades, están atravesadas por las mismas condiciones de opresión. Página | 52 Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán Lohana Berkins”. Estado de situación Florencia Grimolizzi. Licenciada en Sociología Resumen Lohana Berkins, activista travesti y pionera en la lucha por la identidad de género creó en el año 1994 la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT). Fue parte del frente que puso en marcha la Ley de Identidad de Género en el año 2012. En el 2001 fue la primera travesti en postularse como candidata a diputada y la primera en acceder a un empleo estatal. Conformó la primera escuela y cooperativa de trabajo para las personas travesti-trans de Latinoamérica. Murió el 5 de febrero de 2016. Por su parte, Diana Sacayán fue una luchadora por los derechos humanos en general y del colectivo de personas travestis, transexuales y transgénero en particular. Creó el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, organización no gubernamental de lucha contra toda forma de discriminac ió n, con especial acento en las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ que promovió el derecho a la ciudadanía plena. Fue asesinada el 11 de octubre de 2015. En un fallo histórico para nuestro país, su asesinato fue el primero en ser calificado como travesticidio al identificar lo como un crimen de odio a la identidad de género. Junto a Lohana, trabajaron incansableme nte por el acceso al cupo nacional trans de trabajo que dio origen a la Ley Nº27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero "Diana Sacayán- Lohana Berkins" la cual lleva sus nombres en honor a estas luchadoras.40 Introducción El 8 de junio de 2021, tras largos años de luchas, movilizaciones e instancias de acción colectiva, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Promoción al Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros “Diana Sacayán-Lohana Berkins” Nº27.636. Aquí se establece que el Estado debe promover medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexua les y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio nacional. El 1% del total de la planta estatal debe ser ocupada por personas travestis, Ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero Diana Sacayán - Lohana Berkins. N°27.636/2021. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=351815 40 Página | 53 transexuales y transgénero. Su antecedente inmediato fue el decreto 721/2020, 41 se estableció el Cupo Laboral Travesti-Trans en el sector público. La normativa, busca reparar una desigualdad estructural que existe en la sociedad respecto a la población travesti-trans. A pesar de los distintos avances en materia de derechos humanos, con la Ley de Identidad de Género N°26.743 42 como mayor exponente, los niveles de desocupación de las personas travesti-trans son alarmantes y llegan a alcanzar al 90%. Las diferentes organizaciones de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Travestis, Transgéneros, Intersexuales impulsaron a lo largo de su militancia histórica la necesidad de un cupo travesti-trans para hacer frente a esta situación. En el presente texto me propongo indagar cuál es el estado de situación de la Ley N°27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, es decir, su nivel de cumplimiento en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto en los niveles ejecutivo nacional y ejecutivo y legislativo municipal. Un poco de historia Una de las características que destaca a la Argentina es su tradición movimientista. El colectivo travesti-trans no es ajeno a ello. En un principio, la militancia travesti-trans estuvo enfocada en la descriminalización de sus identidades y del ejercicio del trabajo sexual frente a la vigencia de los Edictos Policiales y los Códigos Contravencionales en todo el país. Más adelante, la demanda se trasladó al acceso efectivo a los derechos sociales -salud, trabajo, educación y vivienda- y el reconocimiento de la propia identidad por parte de las institucio nes estatales. En base a la activa presencia de las organizaciones travesti-trans en el espacio público-político, las demandas fueron paulatinamente incorporadas a las políticas públicas, con tensiones y matices, a partir de la década del 2000 (Farji Neer, 2020). En la línea de las demandas laborales, en junio de 2008, fue inaugurada formalmente la primera cooperativa de trabajo textil de travestis y transexuales, presidida por Lohana Berkins. En el año 2015, la provincia de Buenos Aires sancionó la Ley N°14.783 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, reglamentada recién en 2019.43 El 24 de junio de 2021, en el contexto de una pandemia sin precedentes, el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para las Personas Travestis, Transexuales y Transgénero "Diana Sacayán-Lohana Berkins". 41 Decreto. Cupo Laboral. N° 721/2020. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto -721-2020-341808 42 Ley de Identidad de Género. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000199999/197860/norma.ht m 43 Ley que establece reservas de puestos de trabajo a personas traves tis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. N°14.783/2015. Disponible en https://normas.gba.gob.ar/arb/ley/2015/14783/2606 Página | 54 Las políticas públicas, el Estado y las subjetividades Oszlak define a las políticas públicas como “conjunto de sucesivas tomas de posición del estado frente a cuestiones socialmente problematizadas”, cuestiones que ingresan en la agenda pública (Oszlak 1980: 5). Esa toma de posición intenta (o dice intentar) alguna forma de resolución de la cuestión que, por lo general, incluye decisiones de una o más organizaciones estatales, simultáneas o sucesivas a lo largo del tiempo, que constituyen el modo de intervención del Estado frente a la cuestión (O'Donnell, 1984: 112). Shore (2010) menciona que las políticas públicas sostienen un rol dominante a la hora de regular y organizar las sociedades contemporáneas, tanto al dar forma a las identidades de las personas y en cuanto a su sentido sobre sí mismas. Las políticas están profundamente implicadas en la manera como nos construimos como individuos y como sujetos. Construyen nuevas categorías de subjetividad y nuevos tipos de sujetos políticos, particularmente conceptos modernos del individuo. Entonces, las políticas no simplemente asignan identidades particulares a individuos y grupos específicos; sino que construyen activamente esas identidades (Shore, 2010: 36). Sin embargo, esto no nos constituye como sujetos pasivos, sino que continuamente se presentan resistencias e interpelaciones a dichas formulaciones. Identidades La existencia de la población travesti-trans rompe el sistema binario sexual aceptado como “lo normal”. Esa ruptura del orden presentado como “natural” (niño=pene; niña=vagina) causa una serie de discriminaciones y violencias anteriormente descritas. En “Deshacer el género”, J. Butler establece que el deseo transexual de convertirse en hombre o mujer no debe ser descartado como un mero deseo de conformarse a las categorías identitar ias establecidas y que “[...] los riesgos de discriminación, pérdida de empleo, acoso público y violencia aumentan para aquellos que viven abiertamente como persona transgénero.” (2017: 26). En el prólogo a La Roy. Revolución de una trava, la filósofa feminista Diana Maffía sostiene que “El feminismo ha aprendido y ha enseñado a no aceptar que la biología sea un destino, y por eso dialoga intensamente con la construcción de identidades no hegemónicas. Y las travestis son “quienes confrontan de modo más directo esa hegemonía” (Guimaraes García, 2017: 9). Florencia Guimaraes García realiza una diferencia entre el término travesti (modismo local a la vez que identidad política) y lo trans (como término académico, eurocentrista y colonizador, como aquello que responde al estereotipo hegemónico e invisibiliza su travesticidad). Si bien no invalida la identidad trans, reivindica el “ser travesti” como identidad política que no debe ser englobado/invisibilizado bajo el término “trans”: las travas/travestis son sudacas, son negras. Página | 55 Estado de situación En el presente apartado, se volcará información sobre la aplicación de la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros en todo el país. Se hará eje en el estado de situación del cumplimiento en el poder ejecutivo nacional y en los poderes ejecutivos provinciales y municipios, con mención del poder judicial en casos excepcionales. Este recorte se funda en una mayor accesibilidad a los datos en dichos poderes. Se revisaron las noticias publicadas en medios digitales como también las publicaciones web y legislación de los distintos poderes nacionales y provinciales. Poder Ejecutivo Nacional: Según un pedido de información realizado en 2021 por “La Izquierda Diario” al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la nación, sólo se contabilizaron doscientas treinta y cinco (235) travestis y trans trabajando en el Sector Público Nacional. Sólo 12 organismos de los 135 llegan a cumplir el mínimo establecido por el cupo (1 %), 74 no lo cumplen y 49 figuran “sin información”. Buenos Aires: La Izquierda Diario (2021) relevó que hasta mayo de 2021 ingresaron 176 personas trans en la administración pública y municipios de la provincia de Buenos Aires. El cupo mínimo debería alcanzar al menos 1790 personas. Ciudad de Buenos Aires: Informa que desde 2017 puso en marcha “Plan Integral de Acceso al Trabajo para Personas Trans”, que contempla el proceso de inserción laboral desde el armado de CV hasta el acompañamiento en las contrataciones. (Buenos Aires Ciudad, 2022) Catamarca: Cuentan con leyes u ordenanzas de Cupo las localidades de Fray Mamerto Esquiú (AnRed, 2018), Valle Viejo (Radio Nacional, 2020) y San Fernando del Valle de Catamarca (/Expte.-081-A-2022). Chaco: Aprobó la ley provincial Nº 2934-L, de inclusión laboral trans-travestitransgénero. Diferentes organizaciones LGBTI+ denunciaron que la ley no se estaba cumpliendo (Diario Norte, 2021) Chubut: En marzo de 2022 se firmó el decreto de reglamentación de la Ley N° I 62, cuatro años después de su aprobación. Días después, Vialidad Nacional formalizó el ingreso del primer trabajador trans en el 13° Distrito Chubut, en el marco de la Ley N° 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para las Personas Travestis, Transexuales y Transgénero (Diario La Portada, 2022). Página | 56 Córdoba: Sólo Bell Ville cuenta con cupo laboral travesti-trans (2016). Corrientes: El municipio de Goya cuenta con una ordenanza que lo obliga a ocupar un porcentaje no inferior a 3% de personas LGBTI+ (TN Goya, 2017). Paso de los Libres incorporó a tres personas trans mediante la ordenanza N°1.444/20. El municipio de Santa Lucía incorporó a dos jóvenes del colectivo trans al equipo administrativo municipal (LT7, 2021). Entre Ríos: Cuenta con la ley de” Promoción y protección de los derechos de las personas travestis, transexuales y transgénero en el ámbito laboral”, sancionada en septiembre de 2020. Las ciudades de Paraná y Victoria cuentan con leyes de Promoción del Trabajo con cupo para personas trans (Agencia Presentes, 2020). Formosa: Clorinda y la ciudad de Formosa incorporaron trabajadoras trans en 2020 (NEA, 2021) Jujuy: San Pedro y Libertador General San Martín cuentan con el "cupo laboral trans" (Agencia Presentes, 2020) La Pampa: Aprobó la ley 3320 en 2021 que garantiza la inserción y estabilidad laboral de personas travestis, transexuales y transgénero, alentando su contratación y empleo a los fines de garantizar el trabajo. En Santa Rosa, la ordenanza de cupo laboral trans se aprobó en junio de 2017. Organizaciones denuncian que no se reglamentó (Agencia Presentes, 2020). La Rioja: La provincia fue la primera en firmar una adhesión a la Ley Nacional N° 27.636. En 2021, se entregaron decretos de designación en planta permanente a trabajadoras de la comunidad trans, en el marco de las actividades por el Día Internacional del Orgullo (Minuto Uno, 2021). En la Ciudad de La Rioja, se estableció que el Municipio de la Capital y otros organismos deben tener un proporcional no inferior al 1% de cupo laboral para personas transexuales, transgénero y travestis. Mendoza: No cuenta con una ley de cupo travesti trans a nivel provincial. Sólo el Ministerio Público Fiscal adhiere a la legislación nacional y abrió un registro de aspirantes en agosto de 2021 (8 digital, 2021) Las Heras y Luján de Cuyo cuentan con ordenanzas en este sentido. En este último nunca se reglamentó. (Agencia Presentes, 2020) Misiones: No se avanzó con legislación. Neuquén: A nivel provincial, no hay más de diez personas LGBTI+ trabajando en el Página | 57 área pública (Agencia Presentes, 2020). La ordenanza de cupo laboral travesti trans se aprobó en Neuquén, Centenario, Plottier, Cuartel Co, Chos Malal y Aluminé, con implementación de ingreso de personas trans bajo la vigencia de esta norma en Centenario, Chos Malal y Aluminé. (Río Negro, 2021) Río Negro: Se aprobó la Ley de Cupo en 2018, pero no se cumple. A nivel munic ipa l hay cupo en Cinco Saltos, Bariloche, San Antonio Oeste, Cipolletti, Luis Beltrán, Río Colorado, Viedma. Se ha implementado en Bariloche y Viedma. (Agencia Presentes, 2020) Salta: Sólo el Ministerio Público Fiscal contrató a una mujer trans en la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (Página 12, 2021). Son 6 las municipalidades que aprobaron el cupo: Orán, Cerrillos, El Carril, Joaquín V. González, Metán y Vaqueros. Referentes de Mujeres Trans Argentina afirmaron que "hoy por hoy no se avanzó" en su cumplimiento (Página 12, 2021). San Luis: En 2021, comenzó el proceso de aplicación de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans. En una primera etapa, 33 menores de 40 años se integrarán a diferentes dependencias públicas provinciales (Agencia San Luis, 2021). Santa Fe: El marco regulatorio provincial es la ley n° 13902, reglamentada en 2020. En 2021 se incorporaron más de 20 personas travestis y trans al poder ejecutivo (Gob. de Santa Fe, 2021). En febrero de 2022 se incorporó la primera empleada trans en el poder legislativo provincial (Portal web Senadores, 2022). San Juan: La Ciudad de San Juan cuenta con ley de cupo desde 2019. Según informa ATTTA sólo el 5 personas trans se desempeñan en un trabajo del estado (Tiempo de San Juan, 2021) Santa Cruz: Según informa la coordinadora de ATTTA provincial, en la actualidad el universo de personas travesti trans en la provincia está integrado por 100 personas y alrededor del 60% se ha insertado laboralmente gracias a programas provincia les (La opinión Austral, 2021) La provincia cuenta con una Ley Integral de Reconocimiento y Reparación Histórica a las Personas Trans. Santiago del Estero: En marzo de 2018 se presentó nuevamente el proyecto de Cupo Laboral, sin avances (Agencia Presentes, 2020) Tierra del Fuego: La provincia no adhirió al Cupo laboral trans (Tiempo Fueguino, 2022). Página | 58 Tucumán: Tucumán cuenta con una ley provincial sancionada hace más de un año. Aún no está reglamentada (La Nota Tucumán, 2021). Sólo Tafí Viejo cuenta con una ordenanza para la incorporación de personas travesti-trans (Agencia Presentes, 2020) Reflexiones finales En el año 2012, la organización del colectivo LGBTI+ generó los consensos necesarios para el tratamiento y sanción de la Ley de Identidad de Género (N° 26.743), ley que produjo un cambio de paradigma a nivel internacional y nacional. La Argentina se constituyó como el primer país del mundo en garantizar a toda persona el reconocimiento de su identidad de género autopercibida, a su libre desarrollo conforme su identidad de género y al acceso a la salud integral de acuerdo con su expresión de género, sin someterla a ningún diagnóstico y/o peritaje médico, psicológico y/o psiquiátrico. Al reconocer por ley la existencia de las personas trans, el Estado instituye un cambio de patrón represivo hacia uno de ampliación y reconocimiento de derechos. Sin embargo, el camino no es lineal, sino sinuoso, plagado de marchas y contramarchas y nunca exento al contexto político nacional. El trabajo se constituye como el único medio de subsistencia posible. El cambio de paradigma del Estado con respecto al acceso al trabajo para personas travestis y trans es un cambio significativo. Ante la histórica ausencia y persecución, las organizaciones de travestis y trans han sabido resistir y construir al margen de muchas instituciones. La militancia política y la visibilización fueron estrategias fundamentales, con la incidencia política necesaria para la conquista de la ley de Promoción de Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero. Una nueva conquista de derechos para un sector de la población históricamente marginalizado, que en su avance amplía los horizontes de bienestar e igualdad para todos, todas y todes. Al momento de este escrito ha pasado poco menos de un año desde la sanción de la Ley 27.636. El ingreso de personas travestis y trans al empleo público es lento. Son muchas las provincias y municipios que han ensayado reglamentaciones, pero por trabas burocráticas y desidia de funcionarios y funcionarias, en muy pocas de ellas se logra una implementac ió n plena. En términos históricos, la irrupción de la población travesti-trans en la escena política nacional es reciente. El territorio y las formas de disputa que se abren son múltiples. En este sentido, el presente relevamiento trajo consigo más preguntas que respuestas: ¿Se encuentra preparada la Administración Pública para recibir a travestis trans mediante el cupo?, ¿qué acciones se están llevando adelante para la implementación del cupo desde el estado, los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil? ¿Podrá el 1% constituirse como piso y no como techo? Todos ellos serán resueltos mediante la implementación y la continua lucha del colectivo, en alianza con otras organizaciones y espacios de la política y la sociedad civil. Página | 59 De la ley al escenario: alcances y desafíos en la construcción de eventos musicales más diversos e igualitarios Marlene Bracht. Lic. en Sociología Guadalupe Gonçalves da Costa Lima. Estudiante de Sociología Belén Mallaviabarrena. Estudiante de Sociología Resumen A comienzos de 2020 entró en vigencia la Ley 27.539 sobre Cupo Femenino y Acceso de Artistas Mujeres y Personas de Género Autopercibido a los Escenarios Musicales. El objetivo de la ley consiste en garantizar el cupo de artistas femeninas en eventos de música en vivo y establece un piso de 30% de artistas y/o agrupaciones de mujeres en shows que convoquen al menos a tres grupos o artistas solistas, ya sea de organización privada o estatal. Las artistas deben estar registradas en el Registro Único de Músicos Nacionales y Agrupaciones Nacionales Musicales y la Autoridad de Aplicación de la misma es el Instituto Nacional de la Música (INAMU). Esta es la primera ley a nivel mundial que establece un cupo femenino para eventos musicales. El cumplimiento de esta normativa apunta a construir un escenario equilibrado en torno a los derechos de las personas trabajadoras de la música argentina. Introducción: la antesala El impulso de esta ley comenzó en 2017 cuando más de 700 músicas de todo el país empezaron a organizarse, investigar, debatir y redactar la letra de esta normativa. Al ritmo de la marea feminista que inundó las calles en 2015 después del primer Ni Una Menos -y con una agenda social tomada por las demandas de los colectivos de mujeres y diversidades- el puntapié inicial fue la difusión de una publicación chilena que mostraba que la participació n femenina en escenarios argentinos era menor al 13%. Desde la Campaña “Más Músicas en Vivo” decidieron profundizar este análisis y estudiar detalladamente la composición de 46 festivales de diversos géneros musicales en todo el territorio del país. Este trabajo las enfrentó con estadísticas todavía más preocupantes: en líneas generales el porcentaje caía a un 9,96%. El movimiento iniciado por estas artistas militantes llegó a manos de Anabel Fernández Sagasti, senadora por la provincia de Mendoza dentro del bloque del Partido Justicialista, quien le dio ingreso a la ley para su tratamiento legislativo. La ley se inició en un escenario de oportunidades para su promulgación a través del proceso de institucionalización del género en las agendas políticas (Guzmán, 2001). En materia de ampliación de derechos ciudadanos con mirada de género, podemos enumerar la Ley N° 26.618 de Matrimonio Igualitario (2010),44 la Ley N° 26.743 de Identidad de Género Modificación a la ley Matrimonio Civil. Nº 26.618/2010. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/ 169608/norma.ht m 44 Disponible en: Página | 60 (2012),45 la Ley N° 27.610 de Acceso al IVE (2020)46 y el decreto presidencial N°476/21 que reconoce identidades por fuera del binomio masculino y femenino al incorporar la nomenclatura “X” en el Documento Nacional de Identidad (DNI). 47 Específicamente, nos preguntamos ¿la Ley N° 26.801 Nacional de la Música y la Creación del INAMU (2012)48 constituye el marco de referencia que posibilita la Ley N° 27.539 de cupo y acceso de artistas mujeres y personas de género femenino autopercibido en eventos musicales49 ? Para poder dar una respuesta, en este trabajo nos proponemos explorar y describir los alcances y desafíos en la aplicación de la Ley N° 27.539 de Cupo Femenino y Acceso de Artistas Mujeres a los Escenarios Musicales en Argentina durante el periodo 2020-2021. Para esto reconstruimos los antecedentes de la ley junto con otras leyes y sucesos que fueron claves para su construcción, debate y posterior efectivización. También conocimos las demandas de las principales impulsoras de la ley, indagamos el real cumplimiento de la normativa y su regulación hasta la fecha y principalmente la analizamos desde una perspectiva transversal y de género. Utilizamos registros de prensa para reconstruir los antecedentes de la ley. Además, tuvimos en cuenta los informes y relevamientos realizados por el INAMU como autoridad de aplicación de esta ley. Finalmente, contamos con datos primarios de entrevistas en profundidad a informantes claves como herramienta para conocer la voz de las impulsoras de esta ley y obtener una mirada desde la óptica de las personas destinatarias de esta política pública. Los desafíos del diseño y su implementación Entrevistamos a Celsa Mel Gowland -ideóloga de la ley- quien reunió a grupos y organizaciones de mujeres músicas para promover el proyecto y se convirtió en su principal propulsora. Durante 4 años fue vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música (INAMU). Otra de las entrevistadas fue Ferni De Gyldenfeldt, una artista no binaria que accedió como finalista del Pre Cosquín CABA 2021 y a raíz de su denuncia ante el INADI la organizac ió n del Festival debió cambiar categorías de voz femenina y voz masculina para crear un rubro único: voz solistas, sin distinción genérica. En principio, podríamos considerar que la ley, así como se encuentra escrita, presenta al género como una categoría directamente ligada al sexo teniendo en cuenta que no se 45 Ley de Identidad de Género. Nº26.743/2012. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm 46 Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), obligatoriedad de brindar cobertura integral y gratuita. Nº27.610/2021. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=346231 47 Decreto 476/2021. Incorpora la nomenclatura “X” en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=352187 48 Ley de creación del Instituto Nacional de la Música. Nº26.801/2012. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/ 207201/norma.ht m 49 Ley de Cupo Femenino en la música: otro ejemplo del poder de la lucha por la igualdad de género”. N°27.539/2019. Disponible en: https://inamu.musica.ar/leydecupo Página | 61 profundiza sobre su concepto y para determinar que una persona es mujer sólo debe presentar su documento único (DU), el cual al momento de aprobarse la ley las opciones de sexo eran sólo femenino-masculino. La ley reconoce la existencia histórica de relaciones de poder que se construyen de modo tal que los varones, biológicamente determinados, se encuentran en condiciones de superioridad frente a la mujer (De Beauvoir, 1972). La desigualdad de género y con ella la segregación horizontal (López, 2006) se expresan en la imposibilidad de acceder a ciertos tipos de trabajo, con lo cual, las mujeres músicas tienen menos posibilidad de realizar espectáculos musica les que los varones. De ahí, la búsqueda por remarcar la necesidad de una política pública con respecto al cupo femenino. En este sentido, Celsa denuncia que las artistas mujeres muchas veces son reconocidas a nivel internacional pero los organizadores de grandes festivales en nuestro país no las conocen. Así es cómo muchas triunfan en el mercado internacional, pero al encontrarse con un “techo de cristal” no tienen la posibilidad de seguir expandiendo su música en Argentina. Por otro lado, la heterosexualidad institucionalizada (Wittig, 2006) es la que insiste en categorías biologicistas y totalitarias, es la que promulga leyes y diseña políticas públicas donde los únicos sujetos posibles son varones o mujeres. Ferni nos cuenta que: Cuando gano el 26 de septiembre pasado (concurso PreCosquín) y me dicen: ‘Ferni, sos la artista mejor calificada, pero acogiéndonos al reglamento no puedes participar’. Por anotarme en el grupo femenino y tener barba (...) se nos cierra la posibilidad de mostrarnos, de ser y estar (...). Yo creo que de esa forma establece que pueden quedar como si fuera el cupo femenino, solamente femenino, excluyendo a identidades diversas. (Ferni, Buenos Aires, octubre, 2021) A pesar de presentar este sujeto como feminizado, así representado en la ley, nos encontramos con otros aspectos que surgen de los intersticios de su diseño y su implementación. Y es que las mujeres y disidencias que la pensaron tuvieron en cuenta que, si de géneros se habla, la subordinación es compartida entre ambas. La ley no dice expresamente que el cupo incluya otras identidades que también son subalternizadas como las trans, lesbianas, no binarias, pero fue una decisión estratégica, Celsa nos decía en entrevista: Cuando nosotras hicimos el proyecto en el borrador (...) habíamos puesto 30% de mujeres y comunidad LGBT, quisimos englobar en ese borrador para estar todas (…) en ese momento cuando nosotros creamos ese registro, el registro era binario, vos podías inscribirte como femenino/masculino (…) sumado a lo que iba a pasar en el momento de la fiscalización de la ley. Ustedes imagínense sacamos la ley, entonces en una provincia se hace un festival de rock importantísimo (…) va al inspector (…) y entonces el organizador del festival dice: ‘yo cumplo con la ley, yo cumplo con la grilla porque tengo 100 bandas acá y estas 40 me dijeron que se autoperciben Página | 62 mujeres’. Entonces hecha la ley iba a estar hecha la trampa. (Celsa, Buenos Aires, octubre, 2021) En el relato podemos observar cómo aparecen las dificultades de la dicotomización de los géneros en el diseño de la ley y en cómo se registraba el sexo de las personas antes del decreto presidencial N°476/21. La exhaustividad y la exclusión (Maffía, s/f) que mantienen el par dicotómico femenino-masculino se presentan claramente en este caso, en el que de manera determinante no permite a otras identidades de género aparecer en la ley. Si indagamos sobre los desafíos que presenta la ley, ambas entrevistadas mencionan que son fundamentales acciones y programas que complementen y apuntalen esta política pública desde una dimensión educativa, formativa y de difusión dentro de la industria musical comercial. Celsa menciona la necesidad de una ley de jurados que regule el acceso a becas y subsidios implementando un criterio de equidad, incluyendo el cupo femenino en la conformación de las mesas que definen los resultados de los concursos musicales. Agrega la importancia de fomentar que haya directoras de orquestas y directoras de coro, pensando una forma de romper con las posiciones complementarias o secundarias que se le asignan a las mujeres tanto en el ámbito público, como en el laboral (Anzorena, 2013). Es necesario, a su vez, la presencia de más mujeres en el empleo público de las orquestas estables. En relación a esto, Celsa destaca, el escenario como un espacio de construcción de ciudadanía y sentidos, poniendo el ejemplo de la elección de algunos instrumentos, la masculinización o feminización de algunos roles dentro de las formaciones: “Es muy difícil encontrar compañeras timbalistas, bandoneonistas, en el contrabajo, en el bombo, en el sikus”, mientras que sí se encuentran mujeres en los violines, en la voz o en los coros. Esto marca que sigue pendiente una transformación cultural que desande la identificación de algunos instrumentos con roles masculinos o femeninos: “Son todas luchas que tenemos que ir dando de a poco”, reflexiona. “¿Cómo hacemos para que lleguen más mujeres y más personas no binarias en el mundo del arte que es un espacio súper meritócrata para acceder a poder vivir el día de mañana de la música?”, se pregunta Ferni, que además de intérprete, es docente de música en una escuela media estatal: “el laburo en el aula me parece una catapulta necesaria para construir la nueva humanidad”, remarca. De su recorrido como estudiante, ella señala que el mundo de la enseñanza considera a la voz humana de una forma binaria: “Yo realizo un cambio medio vocal al mismo tiempo que hago un cambio en mi identidad de género” y que durante mucho tiempo vivió “en carne propia esto de seguir a un registro antes de que un registro forme parte de mi identidad” forzando su voz, existiendo del mismo modo que en otros campos, estereotipos de género (Butler, 2007). Ferni hoy rescata que, gracias a la lucha colectiva en espacios académicos, se lograron algunos avances importantes, como la creación de la primera cátedra de canto lírico con perspectiva de género que se dicta en la Univers idad Nacional de las Artes, cuya titular es justamente su hermana, Luchi De Gyldenfeldt. En cuanto al cumplimiento de la ley, Celsa explica que tiene que pasar un año de normal funcionamiento de las actividades culturales para poder sacar conclusiones. Página | 63 El uso del relato para describir los dispositivos de poder/saber (Foucault, 2008) que penetran en los cuerpos puede vislumbrarse en estos hechos. En la relación con las políticas públicas, el cuerpo se presenta dicotomizado en ellas a la vez que sus cuerpos no entran en tal dicotomía, por lo cual, se presentan como recurso de esas otras identidades de género que buscan la reivindicación de un derecho y su reconocimiento (Fraser y Honneth, 2006). Su camino de subjetivación lo es en relación a las políticas públicas que los incluyen o excluyen. Cuerpos no binarios, con barbas, sin ellas, con implantes, piercings y colores que -como construcción, objeto social y representación cultural- buscan representatividad en los distintos escenarios de la realidad social (Fassin, 2003). Todas las voces, todas La transversalidad de género(s) se encuentra en todo el trayecto de nuestro anális is de la Ley de cupo y acceso de artistas mujeres y personas de género autopercibido en eventos. En el análisis se ha mostrado cómo la definición de género que utiliza la normativa está estructurada bajo una dimensión dicotómica/binaria como sucede en la mayoría de las políticas públicas en Argentina. A la vez que los cuerpos hablan y expresan sus injusticias, sus padecimientos y sus orgullos. Así es como se dan las relaciones de subjetivación y sujeción frente a las políticas estatales, pero esa biolegitimidad (Fassin, 2003) que se le otorga al Estado no implica que no tengamos capacidad de resistirlas y transformarlas. Por esto, como enuncia Fraser (2006) son necesarias políticas públicas de redistribución, pero también de reconocimiento para acercarnos a la justicia social. De esta forma, se intenta redistribuir las posibilidades laborales y se busca favorecer a las mujeres músicas. Se precisa de una perspectiva de géneros y diversidad sexual que reconozca otras identidades para hacer frente a la pobreza y la precarización laboral en la que se encuentran sumidas. Las políticas públicas son fenómenos políticos cuyo lenguaje nos permite detectar decisiones políticas que ejercen poder. Como dice Shore (2010) son presentadas en un lenguaje objetivo y legal-racional. Colocarnos por fuera de ese saber hegemónico y partir de una filosofía de la escucha Maffía (s/f) nos permitió elaborar otros análisis sobre la ley. ¿Cuáles son las nuevas categorías de subjetividad que quiere construir la ley? ¿Hay lugar en los espacios musicales para que estas puedan penetrar? Las políticas públicas tienen la capacidad de imponer formas de vivir y pensar la sociedad. En la ley nos encontramos con dos aspectos a destacar. El primero es que, si bien la misma mantiene una visión binaria de género, en su implementación encuentra formas de incluir otras identidades. La segunda, es que reconoce la falta de acceso al trabajo de músicas mujeres y personas con identidad autopercibida, y propone que, además de las resistencias existentes, es la sociedad la que debe registrar esa desigualdad, en este sentido el reconocimiento debe venir también de los varones que sí tienen lugar en los escenarios musicales nacionales. Página | 64 A partir de la intervención, el Estado otorga legitimidad a las demandas que vienen de les mismes sujetes que padecen de los efectos de las desigualdades de género. El desafío que propone el Estado es que a partir de esta ley (como con otras como las de cupos y de identid ad de género) se comience a gestar un cambio en la sociedad. En el campo de la industria musical podemos hacer un paralelismo con Anzorena (2003), en cuanto a que las mujeres están destinadas al ámbito doméstico y/o posiciones secundarias en el ámbito público y productivo. En este sentido, la industria sigue aún hoy privilegiando a la figura masculina para el escenario, la radio; y decreta que sólo el varón tiene derecho a ganar dinero a través de la música. Finalizando, creemos que es necesario que se realicen más leyes para la igualdad de oportunidades en el ámbito musical. Si bien esta ley es un buen inicio, falta mucho camino por transitar para que se escuchen todas las voces. Página | 65 Madres, cannabis y feminismo Déborah Jael Balero. Lic. en Trabajo Social Melina Daniela Maffeo. Lic. en Trabajo Social Resumen El consumo, la comercialización y el autocultivo de Cannabis están penalizados por la Ley 23.737 de Estupefacientes en Argentina que, indirecta y directamente, afecta a miles de personas que padecen patologías cuyos tratamientos podrían mejorar con el consumo de cannabis medicinal. Por otra parte, en el año 2017 se sanciona la Ley 27.350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados. El objetivo de este trabajo es analizar esta política pública que aún hoy genera tensiones en la sociedad, debido a que interaccio na n problemáticas de salud, de acceso a medicación alternativa y que a su vez el consumo de cannabis se asocia a prácticas ilegales y recreativas o nocivas para las personas, implica ndo una criminalización de quienes cultivan. Iniciaremos con una breve caracterización de los conceptos utilizados en este análisis; la categoría de género(s) e interseccionalidad (Crenshaw, 2012), políticas públicas, y poder. Luego profundizaremos sobre las violencias ejercidas sobre los cuerpos de familiares que cultivan por parte del Estado y del modelo médico hegemónico a partir de dichas categorías. Por último, pondremos en tensión el concepto de “empoderamiento” a partir de la experiencia de Valeria Salech, fundadora de Mamá Cultiva Argentina. Introducción a un posible análisis de la ley El disparador de este análisis es un artículo periodístico: una entrevista a Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina e impulsora de la Ley 27.350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y derivados:50 (...) una ONG autogestiva (...) con perspectiva de género y diversidad. Nuestro objetivo es conseguir un marco legal para el cultivo de cannabis para la salud – entendiendo salud en un sentido integral según lo determina la Organización Mundial de la Salud – y abrir espacios de formación y construcción ciudadana y comunitar ia que difundan los beneficios de esta terapia en la calidad de vida. (Organización Mamá Cultiva: 2022, s/p) Comenzamos este análisis caracterizando las Políticas Públicas (en adelante PPSS usado para singular y plural) como procesos complejos a partir de su conflictividad, ambigüedad y no 50 Ley de uso medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados. N° 27350/2017. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/ 273801/norma.ht m Página | 66 linealidad: “(...) una actividad sociocultural inmersa en los proyectos de vida cotidianos, en los mundos de sentido humanista, en los protocolos lingüísticos y en las prácticas sociales que crean y sostienen estos mundos”. (Shore, 2010:24). Recuperamos a Foucault (1978) para analizar técnicas de gobierno orientadas a conducir y encuadrar comportamie ntos poblacionales y el disciplinamiento corporal que organiza el “poder sobre la vida, el biopoder.” (Del Rio Fortuna; González Marti y País Andrade, 2013:57), por ejemplo, la prohibición del uso/consumo de sustancias como el Cannabis. Identificamos, en este sentido, que la “población problema” de esta PPSS es toda persona que padezca alguna patología (epilepsia refractaria, cáncer, etcétera) cuyo tratamiento con esta sustancia podría mejorar su calidad de vida. La Ley 27.350, sancionada en el año 2017, resultó del accionar político de diversas organizaciones y movimientos sociales. El proyecto original incluía la posibilidad de regular y permitir el autocultivo, pero se eliminó en una posterior modificación impulsada por el partido conservador Cambiemos. Así, familias y cultivadorxs continuaron sufriendo denuncias, allanamientos, sustracción de plantas y derivados, detenciones y prisión. Continuando con este análisis, podemos mencionar que la ley de cannabis no se trataría de una PPSS orientada por una perspectiva de género ni destinada específicamente “hacia mujeres” (Anzorena, 2013), sin embargo, desde la categoría de género(s) es posible complejizar el análisis de las PPSS y sus efectos concretos en las vidas de las personas involucradas. En la década de 1980 la noción de género se afianza en las producciones teóricas que explican los procesos históricos, políticos, sociales y económicos que origina n y reproducen desigualdades de géneros (Scott, 1996). No encontramos de forma aislada ésta categoría, sino entrecruzada con otras como: clase, etnia, raza, que interaccionan entre sí (Crenshaw, 2012) y articulan relaciones de poder (Moore en Del Río Fortuna: 2013). El relato de Valeria da cuenta de algunas luces y sombras alrededor de la sanción y reglamentación de la Ley 27.350. No resulta casual que la organización tenga como nombre Mamá Cultiva, dando cuenta que son las madres -en su mayoría- las encargadas de ejercer las tareas de cuidado de lxs hijxs. Podríamos plantear que en la práctica también existen padres que cultivan, aunque prima el rol social del cuidado asignado a las mujeres. Felitti (2011) nos plantea un interrogante respecto de las políticas de estatización de crianza de lxs niñxs, en relación a la responsabilidad del Estado en los procesos de cuidado: ¿es la Ley de Autocultivo un ejemplo? ¿Puede conllevar a una política meramente pro-maternalista, aunque en términos concretos la ley no sea estipulada así? Siguiendo la nota, ésta historia se enmarca en una lucha “feminista y de empoderamiento cannábico” y nos interroga mos : ¿Es posible una reivindicación feminista, “empoderante” desde el rol de “madre” en el sentido específico de “cuidadora”? ¿Se trata de una alternativa a la medicina hegemónica alineada a una lógica patriarcal y capitalista? Reflexionamos sobre estas políticas a partir de su impacto en la cotidianeidad de las personas, de sus testimonios e interpretaciones situadas en el contexto de un sistema heteropatriarcal y capitalista. Por motivos de extensión no podremos profundizar en el aspecto de clase, pero consideramos importante plantear que no todas las familias y personas, que necesitan acceder Página | 67 a este derecho, cuentan con los recursos económicos, simbólicos y/o el conocimiento para acceder a tratamientos alternativos, e incluso, para disputar las modalidades de atención de diversas patologías ante el sistema médico hegemónico y el Estado. Nos preguntamos, por ejemplo, qué ocurre con aquellas personas que han sido arrestadas por cultivar y no poseen los medios para defenderse (desde contratar abogadxs hasta contactos en medios masivos de comunicación para hacer visible esa situación). De esta manera, nuestra perspectiva comprende las problemáticas sociales transversalizadas, no fragmentadas ni aisladas en su tratamiento. Maternidades cannábicas, violencias patriarcales y políticas públicas Las PPSS conforman nuevas relaciones sociales que transforman la vida diaria de lxs sujetos y vemos cómo esto se materializa en las palabras de Valeria: (...) trato de acompañar con amor a aquellas madres que todavía están enchufadas a la Matrix. Hay mujeres que dejan de dar el tratamiento de cannabis a sus hijos porque sus esposos se lo impiden. Una madre me dijo una vez: ‘No le cuento a mi médico que uso el aceite ni loca, me va a matar’. ¿Cómo llega una mujer a decir ‘no le dije porque me mata’? (Ceijas, 2018: s/p) Desde una postura feminista que reivindica derechos de mujeres y personas LGBTIQ+ y tiene en cuenta las desigualdades de género inherentes a la estructura social-económicapolítica, sus palabras podrían referir a las violencias de género (machistas) que padecen muchas mujeres, consecuencia de las relaciones de poder, opresión y trato desigual y jerarquizado de los roles masculinos y femeninos en el sistema hetero-patriarcal en el que nos encontramos, en todas sus dimensiones: social, económica, política (Díaz et., 2013). Estas desigualdades estructurales producen las condiciones que originan y reproducen violencias físicas, psicológicas, simbólicas, sexuales y reproductivas sobre las mujeres y diversidades. Se expresan en una amenaza concreta sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres que buscan alternativas de tratamiento no alopáticas para sus hijxs o familiares. Estas relaciones de poder son parte del orden establecido en la estructura social, económica y política cuyas instituciones de control configuran dispositivos de disciplinamiento sobre los cuerpos, la vida y la muerte (¿qué tratamientos son legítimos - o no - para sanar o mejorar nuestras dolencias?), en términos de Biopolítica de Foucault (2008). Todo ello, se encuentra atravesado por el modelo médico hegemónico, cuyas principales características son: (...) biologismo, a-sociabilidad, a-historicidad, aculturalismo, individualis mo, eficacia pragmática, orientación curativa, relación médica/paciente asimétrica y subordinada, exclusión del saber del paciente, profesionalización formalizada, identificación ideológica con la racionalidad científica, la salud/enfermedad como Página | 68 mercancía, tendencia a la medicalización de los problemas, tendencia a la escisión entre teoría y práctica. (Menéndez, 2003:19) Así, el Estado patriarcal en conjunción con este modelo médico hegemónico generan desinformación y prejuicios alrededor del Cannabis y ejercen violencias vinculadas a la “desobediencia” del rol tradicional de cuidado asociado a lo “femenino”. Nos preguntamos, entonces, ¿quién es la población destinataria de esta PPSS? ¿Niñxs/adultxs usuarixs de cannabis medicinal o las madres-cuidadoras que se dedicarán al autocultivo o se registrarán en el programa para obtener el aceite? ¿Qué obstáculos existen en el acceso a esta PPSS? Anzorena postula la necesidad de redefinir las PPSS (2013), ya que no alcanza con explicitar la población destinataria si no se tienen en cuenta las relaciones desiguales de poder en su implementación. Podemos afirmar que siempre existen tensiones entre la formulac ió n, ejecución y efectivo alcance de las PPSS, y la Ley de Cannabis no está exenta: el cultivo casero continúa siendo penado, criminalizando a cultivadorxs e implica una lucha permanente entre el Estado, lxs familiares y las organizacio nes, dando cuenta de las disputas de las políticas y cómo son interpeladas por lxs actores sociales. Es interesante el rol de los medios de comunicación en la difusión de la historia de Emiliano (hijo de Valeria): (...) cuando Emiliano (...) tenía 9 años, ella probó administrarle unas gotas de aceite cannábico, para ver si servía para controlar sus convulsiones de esa forma. (...) tomaba cuatro medicaciones diferentes todos los días y convivían con el estado de ánimo cambiante e irritable al consumir a diario Risperidona, un medicame nto antipsicótico. Se cerraba, no se comunicaba con nadie y hasta se dañaba a sí mismo de diferentes maneras. (...) había generado una dependencia por haber consumido casi toda su vida. El cannabis significó un cambio rotundo e integral en la calidad de vida de Emiliano y ayudó a disminuir los episodios de convulsiones, por lo que Valeria no dudó un segundo en implementarlo de ahí en más. (...) Tenía diez palabras en su vocabulario, hoy las tiene a todas. Se enciende un pequeño brillo en sus ojos cada vez que relata que, gracias al Cannabis, lo escuchó reír por primera vez mientras miraba dibujos animados. (Ceijas; 2018, s/p) Se vislumbra el cuerpo del niño como un cuerpo sufriente: la exposición del cuerpo atribuye derechos (Fassin, 2003) y mostrar este padecimiento infantil se traduce como una búsqueda de justicia permanente de su mamá. El cuerpo sufriente (enfatizado en que las víctimas son niñxs, aunque haya, de hecho, adultxs) otorga reconocimiento a la problemática social, expresada desde un relato individual y subjetivo. Llama la atención este recurso, ya que en otros casos donde prima la población adulta enferma, ese cuerpo padeciente no sea tan “legítimo” (¿o no genere tanta “empatía”?) para representar la lucha por el reconocimie nto de derechos. En 2018 aún existían restricciones legales en el acceso al Cannabis para patologías “de adultos” (como esclerosis múltiple, artritis, VIH, fibromialgia y Alzheimer) que en la actualidad se han incorporado. También podemos preguntarnos, si se le ofrece el Página | 69 mismo espacio en los medios de comunicación, a familias de bajos recursos con las mismas problemáticas. Consideramos, además, la existencia de estereotipos relacionados con el consumo de sustancias y la pobreza y la estigmatización a estas familias que también podrían beneficiarse por este programa, pero al no ser de clase media-alta, no serían “cuerpos sufrientes merecedores” (Fassin, 2003) y, por ende, poseen dificultades específicas relacionadas a la clase en el acceso a esta política. Otro análisis posible es acerca de los cuerpos “feminizados” como mártires de la causa: madres protectoras y sacrificadas al extremo: el cultivo asociado al riesgo de detención y prisión. Este reclamo de derechos civiles y políticos se realiza a través de un discurso maternalista (Felitti, 2011). Sería “poner el cuerpo” en forma literal para obtener legitimidad y el cumplimiento del derecho a la salud negado (Fassin, 2003). Si bien este autor habla de cuerpos enfermos, el discurso de Valeria intenta disociar la patología de su hijo de la “enfermedad” y define al autismo como una “condición neurológica”, y “una forma disímil de ver y entender el mundo” (Ceijas, 2018). Su experiencia permite relacionar la patologización y medicalización de lo diverso antagonizando la “normalidad”, con las prácticas médicas institucionales y mercantilistas. “Vamos a discutir el sistema de salud heteropatriarcal, hegemónico y mercantilista”: una postura feminista Valeria explicita múltiples relaciones de poder: de género (violencias machistas, subordinación de lo femenino a lo privado y al cuidado) e institucionales desde el sistema médico hegemónico y la desigualdad respecto de pacientes (medicalización y patologizac ió n que causan problemáticas tales como adicción y dependencia). Por ejemplo, en contexto de la sanción de la Legalización del Matrimonio Igualitario (2010) y observando las reacciones de quienes estaban en contra, relaciona directamente el patriarcado y el capitalismo: Trataban a la homosexualidad como una enfermedad, y me hacía pensar en los discursos que hay sobre el autismo, porque es eso; es tratar de enferma a una persona que simplemente no percibe el mundo de la misma manera que la mayoría. (Ceijas; 2018, s/p). Las drogas legales recetadas a Emiliano son funcionales al sistema que busca moldearlo en un estereotipo de varón útil al mismo sistema heterocis-patriarcal y capitalista que lo rechaza por ser diferente, lo patologiza y busca “sanarlo” con medicación adictiva que no mejora sus síntomas sino que los agrava. La relación de poder se instituye a través de la violenc ia institucional ejercida por el sistema médico hegemónico y el Estado que cuestiona y prohíbe tratamientos alternativos. Partimos de la detallada caracterización histórica de Maffia (s/f) sobre las olas y su definic ió n del feminismo basándose en la aceptación de tres principios: uno descriptivo (en todas las sociedades las mujeres están peor que los varones); prescriptivo (es injusta la desigualdad), Página | 70 y uno práctico (un compromiso político de transformación de esa realidad). Por eso, acordamos que la postura de Valeria es feminista ya que, en sus palabras: “Hay que cuestionarse todo. Hay que entender que pensar en igualdad es también pensar la desiguald ad. El feminismo, por suerte, viene con eso” (Ceijas; 2018, s/p), dando cuenta así del principio práctico que expone Maffia. La organización Mamá Cultiva Argentina plantea que su lucha es también contra el patriarcado y la fragmentación de las problemática s sociales, inherente al modo en que las PPSS son elaboradas. Valeria, en tanto feminista, reconoce las desigualdades de poder entre los géneros y los roles y estereotipos que construyen. La categoría de género(s) atraviesa transversalmente las PPSS aunque no sean específicame nte “de género”. Un ejemplo de ello son las prácticas clanedestinas e ilegales que conforman la realidad de Mamá Cultiva podrían relacionarse a la lucha por la despenalización del aborto. En su página de Facebook el día 12 de junio de 2018 subieron esta publicación: La organización -siendo criticada por ello-, tomó postura frente a este debate como mujeres, madres y cultivadoras que “conocemos en carne propia el daño que hace la clandestinidad ”. Las corporalidades no sólo son violentadas en lo que respecta a tratamientos con cannabis sino también mediante violencias ginecológicas, obstétricas y prohibición de la interrupc ió n del embarazo. Relatan haber recibido agresiones como “son asesinas” tensionando las significaciones morales y sociales atribuidas al rol materno y el cuidado. La supuesta contradicción puede ser subsanada a través de una lupa feminista: ambas causas padecen las violencias sociales, políticas y económicas de la clandestinidad que ejerce el Estado sobre las corporalidades de lxs sujetxs y sus vidas (especialmente atravesadas por la pobreza y la vulneración social). Página | 71 ¿Empoderamiento? la transformación es colectiva Mamá Cultiva Argentina demuestra cómo se pueden generar formas colectivas de transformación. El estudio propuesto por Gargallo Celentani presenta un tipo de sujetx distintx al individuo moderno occidental: que sólo puede constituirse como libre, cuando se reconoce en lxs otrxs y lxs identifica como iguales (2014). Esta definición es útil para repensar la construcción de nuevas identidades colectivas, disidentes a la lógica capitalista y heterocis-patriarcal y organizadas por una demanda común: reivindicar el derecho a la salud y a mejorar la calidad de vida de sus familiares. A partir de un reclamo inicial, pudieron construir una identidad colectiva (y feminista) que lxs nucleó y permitió seguir movilizándose y demandando diversas respuestas al Estado, posicionadxs ya como sujetxs colectixs y articulando con otras causas sociales. El término empoderamiento atraviesa la entrevista constantemente, como concepción politizada donde un colectivo se organiza y moviliza por una “lucha definitivame nte feminista”. Betancor nos permite analizar la ambigüedad del término (2011) y los conflictos inherentes a la “pérdida” de poder de los grupos sociales: ¿quiénes “ganan” y quiénes “pierden” el poder? Si entendemos el poder como relación social y no como algo que se tiene o se pierde, complejizamos el análisis con sus diversas variables. Reflexiones finales Este análisis se centró en la creación de una PPSS desde el relato de una mujer, madre y feminista cuya organización Mamá Cultiva Argentina deja entrever las necesidades, críticas y propuestas de una organización social sobre la necesidad de regulación del cannabis medicinal. Problematizamos, en clave feminista, bajo un enfoque de derechos humanos y transversalizado por múltiples categorías (clase, etnia, género, entre otras) las violenc ias hetero-cispatriarcales y capitalistas ejercidas sobre los cuerpos de la población destino de esta PPSS. Nuestras sociedades legitiman prácticas y condenan otras, regulando los procesos de vida y muerte, sexualidad, corporalidad, y saberes contrahegemónicos que son expuestos a estrictos controles y violencias estatales. Observamos una necesidad de elección sobre los tratamientos médicos para diversas patologías y la relación entre problemáticas de salud y violencias machistas que oprimen sexual y físicamente a las mujeres y disidencias, a la vez que imponen estereotipos de género, mandatos y roles sociales. Reivindicamos la potencia de la organización social y colectiva que posibilitan cambios legislativos y nuevas PPSS, así como disputas simbólicas y éticas sobre prácticas sociales contrahegemónicas que son arrojadas a la clandestinidad. La reglamentación de la Ley implica un avance (respecto de los últimos años), sobre esta situación. El relato de Valeria denunciaba las violencias institucionales mediante las cuales lxs jueces decidían sobre las vidas y tratamientos y/o condenaban a prisión por cultivar. El Programa REPROCANN garantiza la obtención del permiso de autocultivo con fines medicinales para toda persona Página | 72 que complete los requisitos (mucho menos restrictivos que al aprobarse la Ley). Esto no significa ni un acceso irrestricto, ni la eliminación de las prohibiciones en el uso del Cannabis, o las detenciones por cultivar y/o utilizar esta planta. Sabemos que los procesos y transformaciones sociales llevan tiempo y no están exentos de tensiones, contradicciones y retrocesos relacionados a coyunturas políticas-económicas. Valeria utiliza la palabra “empoderamiento”, en tanto feminista y como madre que toma las riendas del tratamiento de su hijo, sembrando semillas en su casa. Creemos necesario revisar este término, problematizando los usos del lenguaje (¿qué significado tiene, a qué intereses sirve?) y comprender que no se trata de “tener”, “ganar” o “quitar” poder; sino de relaciones de poder interaccionando entre sí. Dejamos algunos interrogantes expuestos: ¿es empoderamie nto feminista un discurso de “madre” como cuidadora? ¿Implica un empoderamiento si depende del Estado la regulación y/o si se permite únicamente a ciertos laboratorios la producción de Cannabis? Para concluir, vislumbramos la potencia transformadora que tiene la organizac ió n colectiva y contrahegemónica del sistema patriarcal y capitalista y creemos que seguir avanzando en la restitución y/o conquista de derechos va de la mano con llevar a los feminismos a todos los espacios: problematizándolo todo y a todxs. Página | 73 Una reflexión metodológica en torno a los modos de intervenir/investigar en políticas públicas con perspectiva de género(s): entre el libro, la materia y el grupo de investigación María Mercedes Palumbo. Docente de los Profesorados Celina Vacca. Docente de los Profesorados Resumen Este capítulo se propone ofrecer una reflexión metodológica sobre los modos de intervenir/investigar en torno a políticas públicas con perspectiva de género(s), aspecto que recorre los distintos capítulos que componen este libro. Partimos de una preocupación por las epistemologías y metodologías críticas en ciencias sociales en América Latina, que discuten ciertos cánones positivistas sobre la “neutralidad” en la producción de conocimie nto y la distancia entre sujeto y objeto. Con este marco, describimos a continuación una serie de contribuciones que este modo particular de intervenir/investigar aporta a la tradición investigativa de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA a partir de la construcción de un entramado articulado entre este libro, la materia de la cual surge, y el grupo de investigac ió n que nutre e interviene tanto en el libro como en la materia desde distintos roles. Allí enfatizamos ciertos tránsitos referidos a la circulación de sujetos entre estas tres instanc ias, así como su cariz pedagógico en tanto se aprenden formas de ser, estar y vincularse con otrxs en la academia. En consonancia, aquí recuperamos la materialización de posicionamie ntos metodológicos y epistemológicos críticos en las prácticas de investigación que estas instancias reflejan. Puntos de partida de este escrito Los nueve capítulos que conforman este libro tienen varios puntos en común en cuanto a cómo concebir el trabajo de investigación. Producidos por estudiantes de la materia “La transversalidad de Género(s) en las Políticas Públicas” de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, expresan una apropiación de prácticas metodológicas y posicionamientos epistemológicos planteados en la cátedra País Andrade. El espacio pedagógico del aula se tradujo en esta compilación, que da cuenta de una postura comprometida con lxs sujetos sociales y sus luchas, y de una mirada crítica sobre las políticas públicas. En función de ello, en este escrito de cierre ofrecemos una serie de reflexio nes metodológicas sobre los modos de intervenir/investigar en torno a políticas públicas con perspectiva de género(s), que es el eje común que atraviesa los capítulos que componen este libro. Quienes escribimos este texto, somos docentes del Seminario de investigación sobre la práctica docente correspondiente a los profesorados de Ciencia Política, Trabajo Social y Relaciones del Trabajo de la misma Facultad. Ambas compartimos una preocupación por las Página | 74 epistemologías y metodologías que guían el quehacer investigativo en la producción de conocimiento social en América Latina. Más específicamente, nuestro interés reside en estudiar las formas de investigar que se posicionan desde perspectivas críticas, entendidas como aquellas que cuestionan los cánones positivistas que postulan una ciencia “neutral” marcada por la distancia entre lxs sujetos que conocen y los “objetos” investigados. En contraposición a estos supuestos tradicionales, otras perspectivas ‒como la investigac ió n acción participativa, la investigación militante, las metodologías decoloniales o descolonizadoras, las investigaciones en colabor, la extensión crítica‒, otorgan centralidad al compromiso de quienes investigan, estableciendo relaciones de proximidad, retroalimentación y de coproducción con lxs sujetxs de estudio. En función de esta relación, los objetivos de conocimiento se entrelazan con otros que buscan producir transformacio nes sociales sobre la realidad estudiada desde posturas político- ideológicas (Palumbo y Vacca, 2020). Ahora bien, a partir de la reflexión teórica y de nuestro recorrido como investigadoras entendemos que estos posicionamientos críticos conllevan una serie de desafíos metodológicos a la hora de su concreción práctica. Es por ello que propusimos un Proyecto de Reconocimiento Institucional (PRI) titulado “Implicancias y desafíos del uso de perspectivas epistemológicas y metodológicas críticas en Ciencias Sociales” (2020-2022), con la intención de profundizar en los modos de investigar existentes en nuestra Facultad y problematizar en torno a cómo llevar adelante proyectos de investigación desde lógicas de trabajo participativas, situadas, interdisciplinarias y comprometidas, entre otros aspectos críticos. Este interés parte del supuesto de que las perspectivas metodológicas y epistemológicas críticas requieren ser analizadas y pensadas en acto y en continua construcción; esto es, en el cotidiano del trabajo académico donde se despliegan presupuestos, estrategias y vínculos entre sujetos. Esta búsqueda nos llevó a vincularnos desde marzo de 2021 con el equipo de trabajo de la cátedra País Andrade, más específicamente con el proyecto UBACyT “Discursos y prácticas en/desde las Políticas Públicas en la Argentina reciente. Estudios de intervención/investigación con perspectiva de género(s) y feminismo(s)”. Desde una postura sorora, amorosa y generosa, nos abrieron las puertas a participar como observadoras de sus reuniones grupales, compartir reflexiones y escritos, y conocer la “cocina” de sus prácticas de investigación y decisiones epistémico- metodológicas (Palumbo y Vacca, 2021a). Este vínculo nutrió nuestro PRI, porque nos permitió analizar en acto y en proceso aquello que, muchas veces, se postula desde la teoría: ¿qué significa investigar desde perspectivas críticas? ¿qué aportan los feminismos y la perspectiva de género(s) a la producción de conocimiento crítico en América Latina? ¿qué potencialidad supone la relación entre investigación e intervención? ¿qué tipo de vínculos se construyen con lxs sujetxs de estudio y con lxs compañerxs de trabajo?, entre muchas otras preguntas que nos interpelaron. Así, luego de haber transitado espacios comunes durante un año y medio, llegamos a participar de esta compilación. Uno de los aspectos salientes que observamos desde el comienzo, y este libro también lo demuestra, es la importancia que este equipo de trabajo le Página | 75 otorga a los espacios formativos. En efecto, la primera presentación a la convocatoria de proyectos UBACyT fue concebido de esa manera, a partir de la inquietud de un grupo de estudiantes de la carrera de Trabajo Social, que quería seguir profundizando sobre temas vinculados a la perspectiva de género. Asimismo, la propia lógica a partir de la que está construido este libro, refiere directamente a ciertas prácticas de investigación interpeladas desde una mirada pedagógica y política, que valida, resalta y acompaña las producciones de estudiantes creadas al calor de las discusiones que tuvieron lugar en la materia y de las experiencias e intereses de quienes escriben. Bajo esta línea de indagación, a continuac ió n, enmarcamos esta compilación en la tradición investigativa de la Facultad de Ciencias Sociales, para luego proceder a analizar las distintas instancias formativas que se entraman en este libro, y cerrar con una serie de reflexiones finales. Irrupciones críticas en la Facultad de Ciencias Sociales Sobra decir que la tradición en investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA es enormemente vasta y diversa, expresada en el trabajo de cátedras, grupos de investigación acreditados (proyectos Ubacyt, de Reconocimiento Institucional o grupos motorizados por las distintas carreras) y/o en equipos de los Institutos de Investigación. Las influencias teórico-metodológicas que informan estos espacios son múltiples y han tenido distintas improntas a lo largo del tiempo, de acuerdo a coyunturas, historias instituciona les, trayectorias académicas de sus miembros, entre muchos otros aspectos. En el marco del PRI, analizamos una base de datos de los proyectos de investigación Ubacyt del período 20162019 para relevar de forma cuantitativa los planteos epistemológicos y metodológicos implicados en los mismos. Allí observamos el despliegue de una variedad de enfoques y perspectivas, con un predominio de estrategias cualitativas en el desarrollo de anális is teórico-conceptuales. Algunos de los hallazgos que consideramos más significativos remiten a una presencia limitada de trabajos de investigación que se proponen vincularse con sujetos determinados (individuales o colectivos) para la producción de conocimiento; así como a una muy escasa presencia de proyectos que abrevan de epistemologías críticas latinoamerica nas para enmarcar sus trabajos (Palumbo y Vacca, 2021b). En función de este marco general sobre las prácticas de investigación de mayor peso en la Facultad, la investigación/intervención con perspectiva de género(s) para analizar políticas públicas emerge como una posibilidad crítica que precisamente recupera dos de los aspectos que identificamos con menor presencia en el relevamiento: la centralidad del vínculo con sujetos sociales en el trabajo de investigación, y la influencia de perspectivas como las epistemologías del sur y las feministas. No es casual que la materia optativa de donde surge este libro se inscriba en el marco del Trabajo Social, una carrera de menor tradición investigativa en la Facultad en comparación de otras, como Sociología, pero que favorece la reflexión desde contornos concretos ligados a espacios de intervención territorial. Es así como en este libro nos encontramos con una variedad de técnicas de investigación basadas en ciertas instancias en terreno, como son entrevistas a informantes clave de experienc ias Página | 76 significativas, encuestas online para sistematizar percepciones de actores sociales, anális is de bibliografía y documentación crítica (principalmente normativas), y observaciones participantes. Si bien su desarrollo es acotado en función del alcance de cada escrito, se evidencia un fuerte anclaje en la realidad empírica que atraviesa e interpela a lxs autorxs de cada trabajo. En definitiva, los capítulos que conforman esta compilación van más allá de la revisión bibliográfica de los textos nodales de la materia, ya que proponen un pensar situado -de carácter teórico-empírico- en torno a casos de estudio específicos que interpelan a los feminismos en la actualidad. Así, políticas públicas expresadas en normativas y/o programas estatales son interrogados en tanto producen ciertas subjetividades y formas de identificac ió n social que se encuentran en continua disputa. La mirada crítica sobre esta operatoria reconoce actores activos en la resignificación de estas construcciones, y la importancia de correr los márgenes de lo posible a partir de las experiencias de los sujetos subalternizados desde los territorios. En consonancia, algunos trabajos recuperan una mirada federal, nacional y/o local, de gran importancia para discutir el alcance de las políticas y de ciertos debates públicos. Las metodologías y epistemologías críticas en el entramado entre libro, materia y grupo de investigación La lectura atenta de los capítulos de este libro y nuestro tránsito como observadorasparticipantes en los encuentros mensuales de trabajo durante el año 2021 del grupo de investigación asociado al equipo docente ya mencionado nos permite sostener la existenc ia de un interesante entramado entre libro, materia y grupo de investigación que amerita su lectura como la puesta en acto de metodologías y epistemologías críticas en Ciencias Sociales. Encontramos que, en estas tres instancias, se anudan metodología de trabajo áulico con metodología de investigación, así como propuestas pedagógicas en su sentido más tradicional junto con la pedagogización de una forma particular de ser, estar y relacionarse con otrxs en la academia. En el caso de la materia optativa, observamos la presencia de las epistemologías y metodologías críticas en la propuesta de trabajo con lxs estudiantxs. A este respecto, destacamos el cariz interdisciplinario de la bibliografía seleccionada para integrar el programa, que se replica también en las disciplinas de base del equipo docente y del estudiantado destinatario que proviene de distintas carreras de nuestra Facultad. Esta composición variopinta se observa en este libro en las presentaciones de lxs autorxs de sus capítulos que actualmente son estudiantes o recientes graduadxs en Ciencia Política, Trabajo Social, Ciencias de la Comunicación y Sociología, e inclusive Psicología. Al mismo tiempo, las epistemologías feministas aparecen enfatizadas como contenido, posicionamie nto epistémico-metodológico de partida y como lógica que se transversaliza en la dinámica de trabajo de la materia. Esta presencia de las epistemologías feministas es posible rastrearla Página | 77 como uno de los núcleos comunes a los textos que integran este libro y que hacen a la especificidad de un modo de aproximación a las políticas públicas con perspectiva de género(s). Nos interesa señalar que estas epistemologías son parte del amplio arco de abordajes críticos en Ciencias Sociales, en este caso al: (a) cuestionar la producción de conocimiento androcéntrico desde una supuesta neutralidad y universalidad (Maffía, 2019); (b) recuperar la condición situada del conocimiento (Haraway, 1991) en tanto el punto de vista desde el cual se parte para aproximarse a una porción de la realidad se configura en relación al contexto, la subjetividad y los posicionamientos ético-políticos de quien investiga; y (c) desafiar una racionalidad científica dominante que otorga centralidad a la razón en detrimento de la emoción, la sensibilidad y la experiencia. En relación a estos aportes de las epistemologías feministas, la propuesta del trabajo en clase en el marco de la materia se abordó como un “laboratorio” de experimentación pedagógica. En su dictado anterior a la pandemia, dicha propuesta comprendió el uso de técnicas de educación popular para la recuperación de saberes previos y la socialización de lo trabajado, así como la salida de los muros universitarios para situar la clase en el cabildeo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). De este modo, algo del orden de lo participativo, la acción y el tándem intervención/investigación que caracteriza las prácticas del grupo de investigación emergen en la materia, el espacio áulico y las relaciones entre equipo docente y estudiantes. En este sentido, este libro compuesto por artículos escritos por estudiantes que cursaron la materia en los distintos años en los que fue parte de la oferta de la carrera de Trabajo Social conforma una continuación de esa búsqueda intensa por reversionar ámbitos que se presentan, a menudo, como solidificados: el aula universitaria, la academia, el formato libro. De allí que comprendemos el libro como una apuesta donde se juegan dos movimie ntos implicados en esa reversión: por un lado, el alejamiento de las propuestas pedagógicas tradicionales que fijan un oficio del estudiante universitario y un rol que ocupan en los procesos de enseñanza y aprendizaje; por otro lado, la búsqueda por pedagogizar las lógicas metodológicas de la academia en el sentido de difundirlas y hacerlas más accesibles para un mayor número de personas. En cuanto al primer aspecto, el libro conforma una propuesta que desplaza a lxs estudiantes de su rol de oyentes, receptores y procesadores de información -aportada por sus docentes y por la lectura de la bibliografía obligatoria-, y aprobadores de exámenes. A contramano, la experiencia de participación en esta compilación les permite explorar un lugar de estudiante autorx mediante la producción escrita de un trabajo final, como instancia de evaluación de la materia, y luego la posibilidad de volver sobre ese escrito presentado de un modo acompañado -a partir de comentarios y sugerencias del equipo docente - para jerarquizar esa producción en la forma capítulo de libro. De igual modo, también abre a explorar un lugar de estudiante- investigadorx. Todos los capítulos explicitan la realización de trabajos de campo empíricos que evidencian primeras experiencias de investigación como prerrequisito para la elaboración de un escrito. Aunque con distinta profundidad, muestran una preocupación común -en línea con los planteos de las perspectivas metodológicas y Página | 78 epistemológicas críticas- por los sujetos; en este caso, por los sujetos con los que las políticas públicas seleccionadas se entraman (sea desde sus promotores en territorio o desde lxs destinatarixs de las mismas). No es casual entonces la constante alusión a un abordaje subjetivo de las políticas públicas, basado en las referencias a Shore (2010). Por lo tanto, el descentramiento del oficio clásico de estudiante universitario tiene lugar en la intersecció n entre producción escrita y familiarización con la investigación en una materia de grado a partir de una construcción colectiva entre pares estudiantes con acompañamiento docente. En cuanto al segundo aspecto relativo a la pedagogización de las lógicas metodológicas de la academia, el relato de la cocina de la investigación del libro por parte de quienes participaron activamente en su planeación aporta otras pistas respecto a la presencia de las perspectivas críticas. Allí hallamos elementos como la articulación entre docencia e investigación, que podemos leer en la clave de avanzar hacia la integralidad de las funcio nes universitarias que plantea la extensión crítica (Tommasino, 2010; Tommasino y Rodríguez, 2010). Un aspecto adicional reside en la incorporación de estudiantes a la investigación y a los espacios de publicación de resultados (capítulos de libro, artículos académicos, ponencias) que entendemos conlleva darle voz y legitimidad a la mirada de quienes se encuentran iniciando su formación en investigación. Por último, destacamos la familiarización de investigadores en formación con mayor trayectoria académica (con título de magíster o estudiantes de doctorado) que integran el grupo de investigación a la tarea de evaluación de los capítulos de este libro que no solo es una muestra más de la integralidad de las funciones sino también una apuesta por socializar a estxs investigadores en acciones que luego se les serán exigidas como parte de sus carreras académicas, tal como volveremos a continuación. La tercera instancia que nutre y se entrama con la materia y el libro es el grupo de investigación que se viene desarrollando desde el año 2013 en la órbita de la carrera de Trabajo Social, y desde 2018 a partir de su presentación a sucesivas convocatorias de acreditación y financiamiento de proyectos Ubacyt. En el libro Perspectiva de géneros. Experiencias interdisciplinarias de intervención/investigación (País Andrade, 2018), que reúne una serie de artículos en torno al modo de intervención/investigación con perspectiva de género(s), se menciona explícitamente los puntos de partida epistémico- metodológicos : la opción interdisciplinaria, expresada en los abordajes y la conformación del equipo, la inscripción en los enfoques socio-antropológicos que traen el interés por la recuperación de lxs sujetxs sociales, así como la mención a la Investigación-acción participativa en clave latinoamericana. Ahora bien, en nuestras observaciones-participaciones en las reuniones del grupo de investigación, hemos podido documentar la puesta en acto de perspectivas metodológicas y epistemológicas críticas. Entre los hallazgos que encontramos en la exploración por parte de este grupo de otros modos de habitar la academia, nos resulta relevante mencionar la configuración propuesta de la relación entre quienes investigan y sus sujetos de estudio en términos de la producción de conocimiento que atienda a la situaciona lidad de todos los sujetos involucrados y de la apuesta interdisciplinaria e intertextual que involucra el diálogo entre Página | 79 disciplinas académicas, tanto como la pluralización de las fuentes de producción del conocimiento y la reinvención de formatos de comunicación, divulgación y escritura científica. De igual modo, consideramos que esta puesta en acto refiere a una forma de grupalidad académica signada por el trabajo con otrxs definido como una lógica democrática y de cuidado de los vínculos a partir de un posicionamiento que reconoce a la afectividad y las emociones de quienes investigan. Las dinámicas grupales en la formación de investigadores operan como un escenario privilegiado para la construcción de formas democráticas que interpelen las jerarquías académicas y las formas del ser investigadores. Entendemos que los procesos de investigación también se ponen en juego en los vínculos y decisiones del quehacer cotidiano con pares, colegas y también directorxs. Si retornamos al entramado libro, materia y proyecto, la participación de integrantes del grupo de investigación en la materia como parte del equipo docente, así como del libro como evaluadorxs de los capítulos, favorece la socialización de un saber-hacer vinculado a la preparación y dictado de clases, a la evaluación de trabajos científicos y a la tramitación del ISBN de un libro. Este saber-hacer redunda, al mismo tiempo, en capital académico del que se dispone y hace uso. Lo particular de este proceso radica en que ese protagonismo se adquiere junto con otrxs y se asume explícitamente como un proceso formativo que es parte de una metodología de investigación. A modo de ejemplo, la evaluación de los capítulos del libro por parte de investigadores/as en formación se trabajó a partir de la confección y socialización de una grilla que contenía los ítems a considerar en la lectura de los capítulos y funcionaba como referencia en la asunción de la tarea. Así, esta articulación entre libro y grupo permite la mencionada articulación entre docencia e investigación: de una parte, llevar la impronta de los posicionamientos en torno a la investigación al armado de la propuesta docente; de otra parte, en dirección inversa, utilizar estrategias de trabajo áulico para abordar las tareas que el trabajo de investigación comprende. Para finalizar, en el entramado entre estas tres instancias -libro, materia y grupo de investigación- observamos una búsqueda activa por pedagogizar las metodologías y epistemologías críticas. La producción de un equipo de docencia e investigación, y que también transmuta en colectivo organizador de un libro, se transita desde y en la pertenencia a una grupalidad que impulsa intencionalmente su cariz formativo y donde se construyen relaciones que posibilitan compartir procesos, generar aprendizajes cuidados y aportarse entre todxs. Es desde aquí que se moldean prácticas de investigación de estudiantes de la materia, investigadores/as en formación del grupo de investigación y docentes con distinta trayectoria. Las posibilidades de esta pedagogización se basan, además, en los tránsitos de sujetos entre libro, materia y grupo de investigación. Identificamos el tránsito de estudiante de una materia optativa de grado a autorx de un libro, de estudiante de una materia a integrante del grupo de investigación dado que algunxs de lxs autorxs de este libro actualmente son parte del proyecto UBACyT, de integrante de grupo de investigación a docente de una materia de grado, y de integrante de grupo de investigación a par ciego de un libro promovido en el marco de una materia. En efecto, estos tránsitos son de sujetos que van circulando entre libro, Página | 80 materia y grupo de investigación, pero también involucran la asunción de las tareas específicas que cada una de estas instancias compromete y que requieren procesos de aprendizaje de nuevos saberes y roles que forjan el capital académico desde lógicas que buscan reversionar el aula universitaria, la academia positivista y el libro de especialistas consagrados. Reflexiones finales En este escrito de cierre sintetizamos una serie de aportes expresados en esta compilación sobre las prácticas de investigación/intervención con perspectiva de género(s). La lectura de los capítulos nos permitió inscribirlos en una reflexión más amplia que venimos sosteniendo desde hace unos años con respecto a la actualidad y la potencia de las perspectivas epistemológicas y metodológicas críticas en ciencias sociales. Uno de los aspectos salientes que hemos identificado a partir del vínculo establecido con el equipo de investigación vinculado a la cátedra País Andrade, es una concepción amplia de la metodología que no sólo considera las estrategias de vinculación con lxs sujetxs de estudio para la producción de datos, sino también el trabajo cotidiano del quehacer investigativo signado por vínculos entre compañerxs y directorxs. En esa cotidianidad se ponen en juego los espacios formativos de aquellos que se inician en la investigación. En función de esa concepción, observamos que este libro se entrama articuladamente con las prácticas del equipo de trabajo de la materia y del grupo de investigación. Desde una lógica democrática y cuidadosa de los vínculos entre estudiantes, docentes, autorxs, evaluadorxs, editorxs, etc. se habilitó la posibilidad de que un trabajo final se traduzca en un capítulo de libro. Esa operación no es sólo un aprendizaje en sí mismo, sino también un acto generoso y político que valida y jerarquiza los saberes de quienes se encuentran en procesos de formación. Esta forma de transitar el devenir académico supone una irrupción crítica en contextos en los cuales priman, a menudo, las producciones individuales de quienes ya se encuentran insertos en ciertos resortes institucionales dedicados a la investigac ió n, presuponiendo que la producción de conocimiento es un trabajo sólo de “expertos”. En suma, la lectura de este libro nos permitió entramar sus aportes con prácticas que identificamos en el marco del grupo de investigación y de la materia como una puesta en acto de metodologías y epistemologías críticas. Así, el tránsito por estas instancias torna el espacio áulico en un espacio de aprendizaje metodológico sobre cómo investigar; y, a la vez, resalta una pedagogización de las lógicas metodológicas acercando a estudiantes en formac ión prácticas académicas que no suelen estar a su alcance inmediato, como ser la publicación de un capítulo de libro luego de un proceso de evaluación. Estas reflexiones nos permiten reafirmar que el compromiso con la investigación crítica no sólo reside en la forma en que se plantea el trabajo de campo con relación a lxs sujetos de estudio, sino que supone un posicionamiento integral a la hora de tramitar un estar, un ser y un hacer en la academia en vínculo con otrxs, que comprende estudiantes, compañerxs del grupo de investigac ió n, Página | 81 directorxs, y todxs aquellos que forman parte del trabajo de investigación, entendido como una práctica eminentemente colectiva. Página | 82 CONOCIENDO A LAS AUTORAS Agustina A. Rojas Soy Licenciada en Ciencia Política y militante peronista. Hice la orientación en Administración y Políticas Públicas y elegí cursar esta materia en mi último cuatrimestre de carrera porque consideraba (y no me equivoqué) que podía brindarme más herramientas para analizar y abordar las políticas públicas desde una perspectiva de género(s), así como también enriquecerme de los aportes de les compañeres provenientes de otras disciplinas. agus.a.rojas@gmail.com Ig @aagus.rojas Belén Mallaviabarrena Soy estudiante de sociología y trabajadora estatal. Siempre estuve interesada en el abordaje y diseño de las políticas públicas. Elegí esta asignatura para pensar políticas más inclusivas y con perspectiva de género(s). Sin dudas este espacio me formó y me hizo conocer compañeras y educadoras muy valiosas para mi formación. belenmallavia@gmail.com Twitter: @BelenMallavia Camila Sampayo Soy trabajadora social, astróloga y terapeuta menstrual, entre otras formaciones. Elegí cursar la materia porque soy militante eco transfeminista desde mis espacios de trabajo y acompañamiento a otrxs y sentí que al cursa iba a tener muchas más herramientas para poner en práctica y enriquecer la mirada que tengo sobre los eco-transfeminismos, políticas públicas e ideología en general. camilabsampayo@hotmail.com @camisampaa @brujitadelmundo Carolina Cuffaro Licenciada en Trabajo Social y estudiante del profesorado de enseñanza media y superior en Trabajo Social. La elección por cursar la materia parte por el interés de analizar y comprender las políticas públicas, no solo desde un sentido económico, social y cultural, sino que también desde su perspectiva de género(s). La comprensión integral de las políticas públicas es fundamental para el trabajo social; permitirá llevar a cabo una intervención que aborde la realidad social desde sus múltiples dimensiones y poner en cuestión lo construido alrededor de una situación dada. cuffarocarolina@gmail.com https://www.facebook.com/Caro.cuffaro/ Página | 83 Celina Vacca Soy egresada de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), de la Carrera de Ciencia Política. Luego de recibida realicé una maestría en Sociología de la Cultura y Anális is Cultural en la UNSAM. En ese marco también me doctoré en Sociología con una beca de CONICET, con una investigación sobre las trayectorias y representaciones de la población indígena ranquel en la provincia de San Luis. Ese tránsito implicó un desafío metodológico que me dejó múltiples aprendizajes e intereses sobre la importancia de producir conocimie nto desde, con y para actores históricamente invisibilizados y subalternizados. Años después de recibida, volví a la Facultad de Ciencias Sociales como docente del Profesorado, espacio que me permite seguir formándome como docente-investigadora. celinavacca@yahoo.com.ar Clarisa Marina Prusso Soy politóloga y desde muy chica he sido miembro de la Asociación Guías Argentinas, un movimiento de mujeres para mujeres que me dio un primer espacio para comenzar a preguntarme por el rol de las mismas en la sociedad. Encontré en mi carrera y en esta materia en particular, distintas perspectivas teóricas para abordar la problemática de género y herramientas para hacer tangible, a partir de la intervención con políticas públicas, soluciones específicas que generen un cambio real. claprusso@hotmail.com Daiana B. Riquelme Riveros Soy estudiante avanzada de Trabajo Social. Elegí cursar la materia considerando la necesidad de reflexionar, repensar e incluir nuevos aportes en torno al análisis de las políticas públicas a partir de la transversalización de la perspectiva de género(s), con el fin de desplegar intervenciones sociales más inclusivas, igualitarias e integrales como parte del ejercicio profesional. riquelmedaiana97@gmail.com @Daibriquelme Daniela Maresca Soy Psicóloga Social y estudiante avanzada de Trabajo Social. Elegí cursar la materia ya que considero que la misma aporta herramientas fundamentales para la comprensión crítica de las políticas públicas desde una perspectiva de género(s), lo cual es primordia l para la intervención en lo social. Déborah Jael Balero Soy Lic. en Trabajo Social desde 2020. Actualmente trabajo en el área de Género, Sociedad y Políticas Públicas de FLACSO Argentina y estudio allí la Maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas. Durante mi último año de cursado, en 2018, encontré esta materia dentro de las opciones electivas y no lo dudé. Cuando analizamos "género" en otras Página | 84 materias (en las pocas que lo toman) generalmente es en términos de violencias o identidades, mientras que aquí el enfoque fue más allá: transversalizar el análisis a diversos campos y problemáticas (no solo de y para mujeres y/o personas LGBTIQ+) y problematizar la concepción e implementación de Políticas Públicas desde un enfoque de igualdad de géneros. Creo que ha sido un aporte fundamental a mi carrera, a mi trabajo y a mi vida personal. deborah.balero@gmail.com @debb.j Delfina Freidzon Soy estudiante de Comunicación Social y transfeminista. Elegí esta materia por mi interés personal por los estudios feministas, para enriquecer mi formación en políticas y planificación con teorías que transversalicen la perspectiva de género(s). La cursada me brindó herramientas para pensar y repensar las políticas públicas de manera crítica, así como la práctica de lxs profesionalxs, aspectos fundamentales para ampliar derechos y mejorar la de vida de todxs. delfifreidzon@gmail.com Instagram: @delfifreidzon Florencia Alberto Soy Licenciada en Ciencia Política y esta materia fue una de las primeras que cursé del tramo de orientación. Cuando se habilitó el Circuito de Formación Feminista en nuestra Facultad me pareció una excelente oportunidad para poder profundizar mi formación en una de las áreas que más me interesa: los estudios de género. Esta materia fue clave para poder entender cómo se aplica la perspectiva de género en la confección de políticas públicas y la transversalización de esta perspectiva dentro del Estado. Quiero agradecer a la cátedra y a todas las docentes por esta hermosa materia que disfruté muchísimo. florencialber@gmail.com Florencia García Soy estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Buenos Aires. Elegí cursar la materia para profundizar mis conocimientos sobre la temática y adquirir herramientas para construir intervenciones profesionales desde un abordaje integral y con perspectiva de género (s). Desde la materia se brindó un espacio que permitió la reflexió n crítica, el intercambio y el debate sobre las políticas públicas y la importancia de pensarlas desde la transversalidad de los géneros, desde el transfeminismo y la interseccionalidad, como aspectos fundamentales para ampliar y garantizar los derechos de todxs. Florenciagar1993@gmail.com Instagram: @floruflorr Página | 85 Florencia Grimolizzi Socióloga, lesbiana y militante peronista. Elegí cursar esta materia porque quería profundizar mi conocimiento sobre políticas públicas transversalizadas por la perspectiva de género. Entiendo que desde la gestión estatal pueden realizarse transformacio nes fundamentales que impactan en la calidad de vida de todos, todas y todes. flor.grimolizzi@gmail.com @FlorGrimo Guadalupe Gonçalves da Costa Lima Trabajo en programas socioeducativos desde hace más de diez años y estoy finalizando la licenciatura en sociología-UBA. La materia interpeló mi propia intervenc ió n como trabajadora estatal y me dio herramientas para repensar la implementación de políticas públicas con perspectiva de género(s). Al formar parte del CIRFFEM contribuyó a mi formación académica y profesional desde un feminismo crítico. guadalupedacostalima@gmail.com FB e IG @guadalupegonçalves Jennifer Calahorrano Soy Licenciada en Ciencia Política, elegí la materia para comprender mejor cómo la perspectiva de género en diferentes campos socio-políticos puede generar grandes cambios en términos de inclusión y diversidad. Gracias a la cátedra por acompañarnos en este proceso que llevo conmigo a todos los ámbitos posibles. jenn_calahorrano@outlook.com Maia Ayelén Aguirre Carlevaro Soy Licenciada en Trabajo Social. Elegí cursar esta materia con el objetivo de poder interiorizarme en la perspectiva de género(s) y, así, poder implementarla en mis futuras intervenciones. Agradezco profundamente a la cátedra por acompañarme en la reflexió n constante no solo a nivel profesional, sino también personal. maiacarlevaro@hotmail.com Instagram: @maicarlevaro María Eva Fernández Soy politóloga, actualmente me encuentro cursando el último año de la maestría en Gobierno de la Universidad de Buenos Aires. Elegí cursar la materia porque me parecía sumamente importante poder analizar las políticas públicas desde una perspectiva de género, sería un aporte fundamental para la formación profesional que más materias de la carrera tengan este tipo de abordajes que encontramos en esta cátedra. ceciyeva@hotmail.com @mariaevafernandez_ Página | 86 María Mercedes Palumbo Soy Doctora de la Universidad de Buenos Aires, del área de Ciencias de la Educación. Magíster en Educación. Pedagogías críticas y Problemáticas socioeducativas (UBA). Licenciada y Profesora en Ciencia Política (UBA). Como docente de materias metodológicas en grado y posgrado e investigadora asistente del CONICET en vinculación con organizaciones y movimientos del campo popular, me interpela la posibilidad de llevar adelante y sistematizar desarrollos epistemológicos y metodológicos críticos en Ciencias Sociales. Considero que estos modos otros de hacer ciencia social habilitan la producción de un conocimiento pertinente y significativo para los actores sociales, además de conformar un aporte a la investigación, docencia y extensión universitarias. mer.palumbo@gmail.com María Sol Pupo Soy Licenciada en Ciencia Política (UBA). La coyuntura actual y el paso por FSOC me abrieron camino en la militancia feminista, y a los fines y metas que el movimie nto feminista tiene, creo fundamentales las herramientas teóricas y metodológicas que la materia ofrecía. La materia permite repensar políticas públicas actuales y futuras con perspectiva de género(s) que habilita la irrupción en la escena política de colectivos fundamentales. mariasolpupo@gmail.com @msolpupo Marlene Bracht Soy socióloga y periodista. Mi trabajo dentro del área de servicios públicos en barrios populares y mi militancia feminista encontraron un correlato académico en la propuesta de esta cátedra, en la que pude sumar herramientas teóricas y prácticas para pensar y re pensar las políticas públicas desde una perspectiva de género(s) transversal. La experiencia de cursada fue muy enriquecedora y estuvo guiada por un equipo docente que acompañó cada paso en la construcción de este trabajo. Melina Daniela Maffeo Soy Licenciada en Trabajo Social y actualmente me desempeño como residente de primer año en el subsistema público de salud de CABA. Cómo militante feminista, considero que el transfeminismo y la interseccionalidad fueron, son y serán herramientas política teórico-metodológicas fundamentales para (re)pensarnos cómo profesionales y principalmente cómo personas. Con este espíritu, elegí cursar esta materia, que sin lugar a dudas brindó aportes de suma relevancia para transversalizar la perspectiva de los géneros a mis prácticas cotidianas. Mail m.danielamaffeo@gmail.com Instagram: maffeomel_ Página | 87 Milagros Martin Licenciada en Trabajo Social y estudiante de la Maestría en Estudios y Políticas de Género de la UNTREF. Analista profesional en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Elegí cursar esta materia con el fin de incorporar herramientas y conocimientos sobre el diseño e implementación de políticas públicas desde una perspectiva de géneros, transfeminista e interseccional y así enriquecer mis intervenciones profesionales. mili.martin94@gmail.com Instagram: mili_martin Nadia Magalí Arzubi Soy Licenciada en Trabajo Social y desde hace 9 años trabajo en el ámbito público con la población en situación de calle. Al momento de inscribirme en mi última materia, mi intención fue profundizar y adquirir nuevo conocimiento acerca de la temática de género(s), que me permitiera analizar las políticas públicas desde una nueva perspectiva. Elegí la materia pensando principalmente en adquirir nuevas herramientas, que me permitiera n abordar desde esta nueva perspectiva mi trabajo diario, para profundizar la intervención y las discusiones que se dan al interior de las instituciones. Consideré que la cursada podría ser muy enriquecedora, dada la participación de las cinco carreras de FSOC. Sin dudas, los debates en torno al material propuesto por la cátedra aportaron mucho a mi formación. arzubi.nm@gmail.com Ig: @maga.arzubi Nahir Agustina Caamaño Soy estudiante de Ciencia Política. A lo largo de la carrera orienté mis estudios en las siguientes líneas de investigación: el Estado y las Políticas Públicas; datos/macrodatos y la variable de género; violencias. Esta propuesta me pareció increíble, no solo porque nos permitió profundizar temáticas que difícilmente se encuentran en la oferta de Ciencia Política, sino por un enfoque de enseñanza completamente distinto al que estamos acostumbradas en el marco universitario: la cercanía y el involucramiento, algo que, a su vez, me retrotrae a las experiencias de la militancia feminista. nahircaamano@gmail.com Ig: @nahircaamano Nair Lara Paoletta Luego de ver la oferta académica elegí, sin duda alguna, cursar esta materia por lo que ofrecía como objetivos en su programa y lo interesante que me parecía la bibliografía de la misma. Muchas veces uno cree saber cosas, pero al interiorizarse resulta ser que nos falta mucho por saber y siempre es un poco más. Con esta materia aprendí eso, temas que uno piensa tener incorporados cuando nos ponemos a reflexionar y leer todavía falta mucho por Página | 88 aprender. Me llevo un gran recuerdo de toda la cursada, la calidez de quienes nos enseñaron y reflexionaron junto a nosotrxs cómo sus textos y temas. laranpaoletta@gmail.com https://www.instagram.com/laranpaoletta/ Paula R. Gallinoti Estudiante avanzada de la Lic. en Trabajo Social. Elegí la materia porque buscaba incorporar a mi formación herramientas que me permitan realizar una aproximación a las políticas públicas y las situaciones problemáticas desde un enfoque de géneros, en un espacio que resultó muy enriquecedor en la constante reflexión entre docentes y compañerxs de las diversas Carreras de Grado. gallinotipaula@gmail.com Instagram: pau_rocio Rocío Soledad Villarroel Soy estudiante avanzada de Lic. en Sociología (UBA) y trabajadora estatal. Elegí cursar la materia porque conjugaba dos temáticas que me interesaban, la perspectiva de género y el estudio de las políticas públicas. Considero que la materia fue fundamental para direccionar mi trayectoria académica y apropiarme de la carrera, y así mismo me brindó herramientas para desempeñarme como investigadora en el ámbito estatal desde la perspectiva de los feminismos populares. villarroelrs@gmail.com ig: rochivillarroel Sol Morales Soy politóloga y docente en formación. Siempre me sentí interpelada por el movimiento feminista y las distintas corrientes de pensamiento que se desprenden del mismo, es por ello que esta materia me convocó y potenció mi motivación de seguir formándome en la temática. Estoy convencida de que sus objetivos y mirada transversal hicieron eco en cada una de las estudiantes. Profundamente agradecida. solmorales810@gmail.com Yamila Fantoni Soy estudiante de Lic. En Trabajo Social y me desempeño laboralmente en el ámbito estatal. Decidí cursar esta materia para poder problematizar las políticas públicas desde una perspectiva de género, con el fin de poder repensar las problemáticas sociales que interpela n a la sociedad y la manera en que se le dan respuesta. Es fundamental incorporar la transversalidad de género(s) a la intervención profesional y esta materia contribuyó a esa construcción. yamilafantoni@gmail.com Instagram: @yamifantoni Página | 89 Equipo docente que dictó la Materia Optativa Carolina Del Valle Licenciada en Trabajo Social (FSOCUBA). Docente en la Carrera de Trabajo Social (UBA). Investigadora en proyectos UBACyT y PIG (FSOC-UBA). Residente de Trabajo Social en Salud (CABA, 20152018). Trabajadora Social en el Centro de Salud Nivel 1: CeSAC N°7 (CABA, 20192022). Asesora de la Dirección de atención primaria de la salud (Municipio Tres de Febrero, PBA.). Correo electrónico: carodelvalle.-@hotmail.com Página | 90 Julieta Nebra N. Elizabeth Vicente Trabajadora Social por la Universidad de Buenos Aires y Magister en Género, Sociedad y Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Doctora por la Facultad de Filosofía y Letras en el área de Antropología y becaria posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Forma parte de la colectiva de recreación y educación feminista Chispa Indómita creadora del primer juego a favor de la legalización del aborto. Sus principales líneas de trabajo son: Juventudes y conflicto con la ley penal, Políticas Sociales y Penales, Género y Masculinidades y Cuestiones TeóricoMetodológicas del Trabajo Social. Correo electrónico: julinebra@hotmail.com Es feminista. Licenciada y Profesora en Trabajo Social por la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se desempeña laboralmente en el Servicio Social de un Hospital General de Agudos al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Fundadora del Consultorio de salud integral para personas de la comunidad LGBTTTIQ+ del Hospital Argerich. Es docente adhonorem en la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales (FCSUBA) e investigadora UBACyT. Sus principales líneas de trabajo son: intervención profesional del trabajo social, las políticas públicas en el campo de la salud desde una perspectiva de géneros, diversidad sexual e interculturalidad. Correo electrónico: lizvicente2014@gmail.com Página | 91 Nazarena Alegre Licenciada y profesora en enseñanza Media y Superior de Trabajo Social (UBA). Trabajadora en hospital público de la Ciudad de Buenos Aires y ex residente de salud. Líneas de trabajo: infancias, salud y género(s). Correo electrónico: nazarenalegre@gmail.com Marcela A. País Andrade Técnica Nacional en Recreación por el Instituto de Tiempo Libre y Recreación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Licenciada y Profesora en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales (FSOC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA); Doctora en Filosofía y Letras, UBA, (Área Antropología) y Posdoctora en Ciencias Sociales de la FSOC-UBA. Trabaja como investigadora adjunta en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y en el Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras (ICA-FFyL.). Es profesora regular e investigadora en la Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales (FSOC), UBA donde dirige diversos proyectos de investigación. Da clase de grado y posgrado en diferentes Universidades. Sus temas de interés son: Política Pública, Gestión, Cultura, Géneros/feminismos, juventudes. Correo electrónico: maky2007@gmail.com Página | 92 BIBLIOGRAFÍA ALEGRE, N., DEL VALLE, C. y VICENTE, N. E. (2018). 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