Revista Latinoamericana de
Política Comparada
ISSN: 1390-4248 • enero 2016 • Volumen Nº. 11
Esta revista se edita con la participación de:
Asociación Uruguaya de Ciencia Política
Asociación Chilena de Ciencia Política
Sociedad Argentina de Análisis Político Revista SAAP
Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política
Asociación Boliviana de Ciencia Política
Índice
Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9
Parte !:
Perspectivas teóricas
Los sistemas electorales desde una perspectiva comparada . . . . . . . . 13-35
Dieter Nohlen
Parte 2:
Sistemas electorales desde una perspectiva comparada
El sistema electoral de los Estados Unidos.
Las raíces históricas de la fórmula mayoritaria . . . . . . . . . . . . . . . . . .39-55
Javier Redondo
Chile se rediseña: breve balance de cambios
en las reglas electorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57-68
Leticia M. Ruiz Rodríguez y Nelson Alejandro Osorio Rauld
Notas sobre el rendimiento de
los sistemas electorales en España (1976-2015) . . . . . . . . . . . . . . . 69-107
Lourdes López Nieto
La búsqueda de la proporcionalidad y la gobernabilidad
en las reformas de los sistemas electorales: los caso de
Nueva Zelanda e Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109-131
Irene Delgado
La transformación de los sistemas electorales: la reforma
electoral durante la transición democrática en Sudáfrica . . . . . . . 133-156
Ainara Mancebo
Parte 3:
Reseñas bibliográficas
Dieter Nohlen - Gramática de los sistemas electorales.
Una introducción a la ingeniería de la representación
Comentario de Alfonso Myers Gallardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159-162
Alicia Lissidini, Yanina Welp & Daniel Zovatto (compiladores)
Democracias en movimiento: mecanismos
de democracia directa y participativa en América Latina
Comentario de Alejandra García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Editorial
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n sintonía con la política editorial de preparar números temáticos, el presente volumen de la Revista Latinoamericana de Política Comparada está dedicado al tema
de los sistemas electorales.
A diferencia de ediciones anteriores, en las cuales incluimos artículos teóricos y temáticos sobre América Latina, desde este número se incluyen estudios de caso de otras regiones,
permitiendo con ello potenciar el poder explicativo de la disciplina a través del análisis
comparado de otras realidades. De ahí que en este número se incluyan, a más artículo dedicado al caso de Chile, los que tratan de los sistemas electorales de España, Nueva Zelanda,
Italia y Sudáfrica.
Los sistemas electorales, al igual que las formas de gobierno o los sistemas de partidos,
juegan un papel clave dentro de los sistemas políticos. Determinan el modo en que los votos se transforman en curules y, en consecuencia, afectan la conducta del votante. Es decir,
en la manera cómo el elector vota por un partido o por una persona (Sartori, 2005: 15).
Más allá la disquisición conceptual de su papel como variable independiente o dependiente, uno de los aspectos recurrentes de los estudios acerca de los sistemas electorales es
sobre sus efectos, en particular sobre su inluencia sobre el sistema de partidos.
Uno de los aspectos que se encuentran en prácticamente la gran mayoría de los trabajos
sobre sistemas electorales tienen que ver con la distinción entre representación mayoritaria
y proporcional, algo que aparece de manera recurrente en los artículos que se incluyen en
este volumen. En los sistemas de mayoría, la agrupación política que triunfa en elecciones
se queda con todo. En los proporcionales, el triunfo es compartido. Así también, en los
mayoritarios la decisión del votante es, por lo general, canalizada hacia una alternativa
mientras que en los proporcionales no se obliga a los votantes a concentrar su voto, existiendo para ello múltiples opciones.
Buena parte de lo dicho hasta aquí se puede apreciar en los artículos que se incluyen en
este número. Veamos. En la primera parte correspondiente a Perspectivas teóricas, se incluye
un artículo del Prof. Dieter Nohlen, Los sistemas electorales desde una perspectiva comparada.
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EDITORIAL
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Este texto se divide en tres partes: el alcance de los sistemas electorales, los retos conceptuales que se derivan de este campo y la relación entre sistemas electorales y sistemas de
partidos como campo de controversias.
En cuanto al alcance, Nohlen destaca su función como variable independiente o dependiente en torno de una supuesta relación causal con factores de carácter político y de
interés cognitivo. En torno del primer aspecto, el primer supuesto se reiere a la relación
entre los sistemas electorales y los partidos políticos, especialmente con el bipartidismo,
pluripartidismo y fragmentación. Con el in de no caer en posiciones controvertidas, sugiere distinguir entre el efecto directo o derivados de los sistemas electorales. El segundo
supuesto se reiere a la incidencia que generalmente se le asigna a los sistemas electorales en
el destino de la democracia (consolidación o derrumbe). El tercer supuesto a la incidencia
en el modelo de democracia que determina un sistema político, percibido en términos de
alternativa entre democracia de competencia y democracia consociativa. Es decir, a la discusión que se ha dado a partir de Arendt Lijphart quien sostiene que la representación por
mayoría es parte deinitoria del modelo de democracia por competencia y la representación
proporcional del modelo de democracia de consenso.
En torno del segundo aspecto, al interés cognitivo de los sistemas electorales, Nohlen
menciona tres argumentos: en primer lugar, al interés de la supuesta causalidad unidireccional entre sistemas electorales y sistemas de partidos debe verse desde su génesis y los
procesos políticos que los precedieron. La tercera ola de democratización es un ejemplo de
cómo en ciertos casos se adoptó un determinado tipo de sistema. Esto puede contribuir a
llenar los vacíos que en ocasiones se encuentran cuando se analiza este tipo de relación. En
segundo lugar, al interés de determinar si los sistemas electorales cuentan con mecanismos
singulares o constituyen en su totalidad sistemas que concuerdan con los valores y normas
de la democracia que proclaman las constituciones. En tercer lugar, al interés general por la
calidad de la democracia y las elecciones. Como ejemplo están los temas relacionados con la
realización de elecciones acordes con la justicia electoral o, más recientemente, con el tema
de la “integridad electoral”.
En cuanto a los retos conceptuales que se derivan del análisis de los sistemas electorales, Nohlen considera que los estudios que se han realizado al momento en este campo no
han estado acompañados por un desarrollo teórico-conceptual que permita hablar de un
rotundo avance cientíico. Más que un avance en torno de conexiones conceptuales entre
problemas, las cuales están en la base de la labor de las disciplinas cientíicas, lo que se ha
dado es más “conexiones de hecho entre cosas”. Esto le lleva a profundizar la discusión
conceptual en torno al concepto de sistema electoral, de la clasiicación y de los tipos de los
sistemas electorales y a los criterios para evaluarlos.
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EDITORIAL
Finalmente, en cuanto a la relación entre sistemas electorales y sistemas de partidos
como campo de controversias, Nohlen hace una revisión de la problemática a partir de
la relectura de cinco prestigiosos investigadores en este campo: Maurice Duverger, Stein
Rokkan, Doeglas W. Rae, Giovanni Sartori y Arend Lijphart.
En la segunda parte de este número se incluyen varios estudios de caso sobre los sistemas electorales. Javier Recondo analiza el sistema electoral de los Estados Unidos; Leticia
María Ruiz y Nelson A. Osorio sobre Chile; Lourdes López Nieto sobre España; Irene
Delgado sobre Nueva Zelanda e Italia, y; Ainara Mancebo sobre el caso de Sudáfrica.
El en artículo de Javier Recondo, El sistema electoral de los Estados Unidos. Las raíces
históricas de la fórmula mayoritaria, indaga sobre sus orígenes pero contextualiza con el
desarrollo del sistema político hasta la actualidad. Si en un principio los constituyentes se
encargaron de darle forma, las generaciones posteriores fueron adaptándolo y completándolo sobre el molde original.
El sistema electoral norteamericano toma como modelo el sistema británico y evoluciona dentro de los parámetros que establece la Constitución de 1787. Estos son: el rechazo
de los partidos políticos, las peculiaridades de la elección presidencial, el predominio del
distrito uninominal y la celebración de primarias para la selección de candidatos presidenciales. Aquí cumple un papel fundamental el Colegio Electoral.
Otra de las características propias del sistema electoral de los Estados Unidos reside
en que es producto de las suma de subsistemas. Es decir, permite dividirse o trocearse en
tantos subsistemas como Estados que componen la Unión. De este modo, son los Estados
los que organizan cada elección, activan las maquinarias de los partidos, diseñan papeletas,
delimitan el tamaño de las circunscripciones y deinen el método de asignación de escaños.
La federación, por otro lado, es la que impone los ritmos y la periodicidad electoral, regula
el derecho al sufragio activo y pasivo, lo relativo a la inanciación de campañas y el recuento
de votos.
Todos estos factores son, de acuerdo a Recondo, las bases del sistema mayoritario y, por
extensión, del dualismo de tendencias y posteriormente de partidos.
Pese a existir en el Reino Unido una monarquía parlamentaria y en Estados Unidos
una república federal, su sistema electoral se ha mantenido prácticamente intacto desde sus
inicios. No han sufrido modiicaciones sustanciales sino adaptativas.
En el artículo de Leticia María Ruiz y Nelson A. Osorio, Chile se rediseña: breve balance
de los cambios en las reglas electorales, se hace una revisión de las recientes propuestas de
cambio que se han planteado en el ámbito electoral. Este país latinoamericano esta por
realizar un proceso constituyente que permita un cambio de la carta magna aprobada en
1980 durante la dictadura militar del general Pinochet. De ahí que hayan sido planteadas
varias reformas tendientes a eliminar la alta desproporcionalidad generada por el método
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de asignación de escaños, a romper con el desequilibrio entre zonas rurales y urbanas y a
mejorar la participación política de candidatos que no pertenecen a las dos grandes coaliciones electorales.
En suma, el artículo de Ruiz y Osorio hacen un balance de cuatro propuestas de modiicación de las reglas del juego electoral en Chile, las cuales persiguen la mejora de las dimensiones de participación y de decisión electoral. En primer lugar, se estudian las modiicaciones relativas al registro en el censo y voto obligatorio aprobadas en el 2012. En segundo
lugar, se analiza el establecimiento de la elección democrática de los consejeros regionales,
lo cual es visto como parte del proceso de descentralización. En tercer lugar, se pasa revista
del voto de los chilenos en el extranjero, reforma que fue aprobada durante el gobierno del
ex presidente Sebastián Pinera. En cuarto lugar, se aborda el cambio del sistema electoral
que regulará las elecciones de la Cámara de Diputados y de Senadores, en el 2018.
En el texto de Lourdes López Nieto, Notas sobre el rendimiento de los sistemas electorales
en España (1976-2015), pretende responder a las siguientes preguntas: ¿Qué estaba en
juego y qué objetivos se pretendían alcanzar cuando se diseñaron los elementos básicos del
sistema electoral español? ¿En qué medida dichas reglas han sido funcionales para alcanzar
dichos objetivos? Las conclusiones a las que llega López Nieto es que efectivamente esos
objetivos han sido cumplidos. Las reglas de juego electoral han facilitado que los comicios
celebrados, a más de lograr representación y dar a los gobiernos suiciente legitimidad, han
permitido la alternancia política.
A más de ello, las normas electorales, de acuerdo a Lourdes López Nieto, han podido
sortear las históricas divisiones y discontinuidad de los dirigentes políticos, la fragilidad de
las formaciones políticas y la persistencia de la política de adversarios. La evidencia empírica de los resultados y análisis presentados le llevan a López Nieto a concluir que sería un
error modiicar las reglas electorales vigentes, las cuales han permitido alcanzar satisfactoriamente con los objetivos de toda elección: representación, gobernabilidad y legitimidad.
En el artículo de Irene Delgado, La búsqueda de la proporcionalidad y la gobernabilidad
en las reformas de los sistemas electorales: los casos de Nueva Zelanda e Italia, se pasa revista de
los resultados de las reformas de los sistemas electorales.
Para ello, Delgado ofrece un análisis básico de las reformas electorales acontecidas en
épocas más lejanas para luego centrar la atención en los casos de Nueva Zelanda e Italia. Las
reformas adoptadas en ambos países han procurado combinar lo mejor de los dos modelos
(mayoritario y proporcional): distritos uninominales y listas proporcionales.
En todos los casos analizados las circunstancias particulares de cada país han sido factores determinantes para plantear reformas. Según Delgado, todas coinciden en la búsqueda
de mayor proporcionalidad que permita la representación de un mayor número de fuerzas
políticas. Sin embargo, ello no debería ser motivo para que se desestabilice el sistema sino
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que favorezca a la formación de mayorías de gobierno y así se asegure la gobernabilidad.
En suma, detrás de estos cambios en los sistemas electorales analizados por Delgado ha
habido un interés por facilitar el proceso decisional, reducir las fragmentación del sistema
de partidos y promover la alternancia en el poder.
En el artículo de Ainara Mancebo, La reforma electoral durante la transición democrática
en Sudáfrica, se pasa revista del proceso de transformación del sistema electoral. En este
caso no solo se muestran los cambios que sufrieron las reglas electorales sino incluso se
hace un intento por explicar las causas de ello. Según Mancebo, los cambios de los sistemas
electorales durante las transiciones democráticas son producto de cálculos estratégicos de
los actores políticos implicados en el proceso de diseño institucional.
En el caso de Sudáfrica, la amenaza de entrada de nuevos votantes y nuevas fuerzas
políticas en la arena electoral llevó a que los partidos en el poder lexibilicen sus posiciones.
Esto hizo que en el caso del National Party (NP), en el poder desde 1948, haya elegido un
régimen electoral que, cediendo hasta cierto punto espacios de poder, maximice sus oportunidades de representación.
La extensión del sufragio universal y la entrada de nuevos partidos políticos, así como
la incertidumbre que generan los futuros resultados electorales, inluyen en los cálculos estratégicos de los actores racionales para abogar o no por una transformación de los sistemas
electorales. De acuerdo a Mancebo, si el nivel de amenaza es bajo, no plantean cambios de
un sistema electoral. Sin embargo, si el nivel de amenaza el alto, los actores políticos abogan
por reformarlo. Los cálculos estratégicos de los partidos políticos que buscan maximizar la
representación legislativa son, de acuerdo a Mancebo, el principio motor de la transformación del sistema electoral.
Esperamos que los artículos presentados en esta edición sean de su interés. Aunque
se ha avanzado mucho en el ámbito de estudio de los sistemas electorales, a más de los
estudios puntuales que se pueden realizar a nivel de cada país, es necesario que esto vaya
acompañado de mayor debate y desarrollo teórico. Uno de los motivos fundamentales por
los cuales existe esta revista.
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Parte 1:
PERSPECTIVAS TEÓRICAS
Los sistemas electorales desde una
perspectiva comparada
Por Dieter Nohlen*
Resumen:
En este artículo se abordan varios aspectos claves del tratamiento cientíico de los sistemas
electorales: desde el alcance que pueden llegar, desde el punto de vista cognitivo, hasta su
importancia como institución política. Luego, se tratan algunos retos conceptuales que
siguen caracterizando el estudio comparativo de los sistemas electorales, difíciles de afrontar como el problema de su clasiicación, la relación entre sistemas electorales y partidos
políticos, entre otros.
Palabras clave: Sistemas electorales, clasiicación sistemas electorales, sistemas electorales y
partidos políticos.
Abstract:
his article addresses some key aspects around the scientiic treatment of the electoral
systems: since the signiicance that they could reach, from a cognitive point of view, until
their importance as a political institution. hen some conceptual challenges are treated,
those who are still characterizing the comparative study of the electoral systems, which are
diicult to face such as its classiication issue, the relationship between electoral systems
and political parties, etc.
Key words: Electoral systems, electoral systems’ classiication, electoral systems and
political parties.
*
Dr. phil., Dr. h.c. mult., profesor de Ciencia Política emérito de la Universidad de Heidelberg.
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n un principio había pensado contribuir a esta edición temática de la Revista con
un trabajo sobre sistemas electorales comparados, vinculado con la idea de relexionar sobre el estado de investigación en la materia. Me di cuenta, sin embargo, que
sería más conveniente indagar el objeto de este ensayo, los sistemas electorales, desde una
perspectiva comparada, que es la que aplico desde que empecé a estudiarles hace más de
cincuenta años. En vez de tratar de presentar una disciplina en su estado actual, difícilmente distinguible por la enorme expansión de los estudios, coincidente con una mayor
falta de coherencia conceptual entre ellos, he preferido enfocar el desarrollo histórico de la
materia en forma sistemática, o sea, apuntar algunos aspectos bien resumibles de la materia
que me parecen muy indicativos para el tratamiento cientíico de los sistemas electorales.
Me voy a referir al alcance de ellos, por un lado a su importancia como institución política, por el otro al interés cognitivo vinculado con ellos. Luego me dedicaré a algunos retos
conceptuales que siguen caracterizando el estudio comparativo de los sistemas electorales,
difíciles de afrontar. Indagaré más de cerca, como ejemplo, el problema de su clasiicación.
Me concentraré, a continuación, en la relación entre sistemas electorales y partidos políticos, dando espacio a las contribuciones a esta principal temática de cinco colegas de mayor
relieve cientíico. Se desprende, por un lado, que el avance en nuestro conocimiento de esta
relación se ha generado por intensas controversias, por el otro, que sigue siendo el núcleo
de lo que sabemos sobre sistemas electorales y sus efectos.
1. El alcance de los sistemas electorales
El alcance que atribuimos a los sistemas electorales consiste en su función como variable
independiente o dependiente en una supuesta relación causal con otros factores que le da
importancia política o interés cognitivo.
Acerca de la importancia política
Este supuesto se airma en la relación entre los sistemas electorales y los partidos políticos,
especialmente con el sistema de partidos políticos y su formato: bipartidismo, pluripartidismo, fragmentación. Se puede incluso decir que esta relación es el primordial planteamiento
cientíico en ciencia política, la relación causal más estudiada con resultados muy controvertidos, a los que me referiré más adelante. Conviene distinguir entre este efecto directo y
otros alcances más bien derivados, asignados al sistema electoral.
El segundo hipotético alcance consiste en hacer depender del sistema electoral el destino de la democracia, su consolidación o su derrumbe. Es un planteamiento tradicional,
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LOS SISTEMAS ELECTORALES DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARADA
menos frecuente hoy en el ámbito de la ciencia política (contra la corriente Owen/ Rodriguez McKey, 2013), pero sobrevive en el discurso político de reforma electoral. Recién leí
un artículo de un sociólogo, referido a España: “Una teoría de la clase política española”
(Molinas, 2012), donde el autor señala su carácter de élites extractivas para explicar el desarrollo político algo defectuoso de este país, y como remedio proponía cambiar el sistema
electoral. Sobreestima de lejos el efecto que el sistema electoral pueda ejercer sobre la democracia en cuanto a su funcionamiento y sus resultados, y el cambio que podría producir
una reforma del sistema.
El tercer hipotético alcance del sistema electoral, y el más interesante hoy, consiste en su
supuesta incidencia en el modelo de democracia que prosigue o determina un sistema político, percibido en términos de la alternativa entre democracia de competencia y democracia
consociativa. Es un planteamiento que en el gobierno comparado ha substituido otras
alternativas en la clasiicación de distintos tipos de democracia. Se sostiene que la representación por mayoría es parte deinitoria del modelo de democracia de competencia, mientras
que la representación proporcional lo es para la democracia de consenso (ver Lijphart,
2012). Sin embargo, esta relación del sistema electoral con el modelo de democracia no
es lineal. Interviene la estructura del sistema de partidos, es decir, el grado de su fragmentación, el grado de polarización y la cultura política. Importa, por ejemplo, si existe una
cultura coalicional, de pactos, o una cultura amigo-enemigo y de orden hegemonial (ver
Nohlen, 2015a: 97-105). Respecto a las tres diferentes alcances mencionados, en base a mis
experiencias acumuladas, mi conclusión es que el sistema electoral cuenta, pero no tanto.
Acerca del interés cognitivo
Como decía ya, en el centro del interés cognitivo se situó desde el incicio de la investigación
sobre sistemas electorales su relación con los sistemas de partidos políticos. Sin embargo, en
los últimos decenios los intereses cognitivos se han ampliado en varias direcciones. Pasaron,
por un lado, las fronteras de lo que se deine en general como objeto de estudio de la ciencia
política, lo que requería, por el otro, mayor interdisciplinariedad en el tratamiento de los
sistemas electorales en su ampliado entorno al igual que la defensa del planteamiento y
conocimiento politológico.
Primero, en la relación entre sistemas electorales y sistemas de partidos políticos, la
perspectiva clásica de una supuesta causalidad unidireccional ha sido ampliado por la perspectiva vice versa, contribuyendo que la cuestión de cómo nacen los sistemas electorales
y cómo y cuándo se las reforman deje de ser injustamente un desconocido. Este hecho tal
vez se originaba en la relativa estabilidad de los sistemas electorales cuando las democracias occidentales habían encontrado en la época de la implantación del sufragio universal
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cada uno su sistema electoral. A partir de la tercera ola de democratización, sin embargo,
se produjeron muchos cambios de los sistemas electorales como parte integrante de estos
procesos que llamaban a ser investigados. Me dediqué, por ejemplo, a un estudio comparativo de la génesis de los sistemas electorales en Europa Central y Oriental, llegando a la
conclusión de que los tipos de sistemas electorales acordados coincideron con los tipos de
transición a la democracia como los había diferenciado Samuel P. Huntington (1991) en su
llamativa investigación (véanse Nohlen y Kasapović, 1996; Nohlen, 1997). Esta nueva corriente de investigación iba a llamarse pronto “La política de la reforma electoral” o “de los
sistemas electorales”. Los respectivos estudios, los monográicos y comparativos, han ampliado mucho nuestro conocimiento sobre sistemas electorales en general (véanse Nohlen,
1991; Norris, 1995: Grotz, 2000; Krohn, 2003, Gallagher/Mitchell, 2008). En resumen,
sin embargo, uno de los estudios comparativos más serios de esta nueva orientación llegó a
conirmar mi tesis anterior a ella (Nohlen, 1984b) que: “...major electoral reform in established democracies is likely to occur rarely...In the quarter century since Nohlen wrote..
still it remains rare” (Renwick 2010: 245).
Segundo, el interés cognitivo en relación a los sistemas electorales puede dirigirse a averiguar, si ellos cuentan con mecanismos singulares o constituyen en su totalidad sistemas que
concuerdan con los valores y normas de la democracia que proclaman las constituciones. La
referencia obligatoria lo constituyen los derechos humanos (el principio de igualdad) y derecho electoral (los componentes del sufragio democrático que debe ser universal, igualitario,
directo y secreto). En la medida que los Tribunales Constitucionales son llamados a juzgar si
un determinado sistema electoral concuerda con los preceptos de la constitución, se abre un
nuevo campo de interés cognitivo que aún espera ser estudiado por parte de la ciencia política. Aunque los sistemas electorales no tienen el alcance político que muchos suponen, son de
tal manera importantes que no conviene cederlos a los juristas. Por ejemplo, en Alemania el
Tribunal Constitucional Federal, al defender su tesis que el princpio de proporcionalidad no
solo pide la igualdad del valor numérico, sino también la igualdad del valor de logro de los
votos, obligó a la Dieta Federal (Bundestag) a cambiar el sistema electoral y además declaró
como inconstitucional la barrera legal del cinco por ciento, así como del tres por ciento para
las elecciones del contingente alemán al Parlamento Europeo (ver Nohlen, 2014b; Bull,
2014). En El Salvador, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2009
y 2010 declaró inconstitucional a las listas cerradas y bloqueadas “por violación del carácter libre e igualitario del voto”, sentencias modiicadas parcialmente en 2013 (Rodríguez,
2015); en otros lugares, los tribunales constitucionales deienden intereses de grupos de la
sociedad civil en contra de la democracia representativa y la gobernabilidad democrática. Se
observa una mayor judicialización de la política, sin que en los debates sea tomado en cuenta
el conocimiento politológico comparativo en materia electoral.
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LOS SISTEMAS ELECTORALES DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARADA
Tercero, el interés cognitivo por los sistemas electorales puede resultar como parte del
interés general por la calidad de la democracia y de las elecciones, por ejemplo, por elecciones acordes con la justicia electoral (Oroszco Henríquez 1999; Nohlen, 2015b), o, últimamente, con la integridad electoral (Norris, 2014). Estos conceptos integran todo el proceso
electoral desde la inscripción del ciudadano en los registros electorales hasta el contencioso
electoral. Es, entonces, parte de un interés muy bienvenido por la realización de elecciones
libres y honestas, base del concepto de democracia. El concepto de integridad electoral se
deine explícitamente por dos aspectos que a veces no se distinguen bién respecto a sus
conotaciones diferentes: el aspecto “integral” o englobador de todo el proceso electoral y
el aspecto “íntegro” o honesto que se reiere al comportamiento de todos los actores involucrados en el proceso, sean instituciones o seres humanos (ver Nohlen, 2016). El sistema
electoral es entonces uno de muchos ítemes por observar, tratado en las evaluaciones país
por país por expertos que no son especialistas en la materia. Por lo demás, como criterio
máximo tiende a establecerse el grado de proporcionalidad entre votos y escaños, en general
solo un criterio entre otros (ver más adelante). Allí incide también la metodología cuantitativa, porque este concepto es fácilmente operacionable y medible, lo que le predestina para
servir como criterio para evaluar la calidad de la democracia (véase Levine / Molina, 2011:
26 ), auque resulta obviamente muy cuestionable.
2. Retos conceptuales
Esta ampliación del campo, en el que se ubican los sistemas electorales, y de su observación
no ha sido acompañado por un desarrollo teórico-conceptual de la materia que permita
hablar de un rotundo avance cientíico. Tomo como referencia para esta apreciación la
airmación de Max Weber (2001: 57) que “no las conexiones ‘de hecho’ entre ‘cosas’ sino
las conexiones conceptuales entre problemas están en la base del labor de las ciencias”. Para
un tratamiento comparativo de los sistemas electorales, la adecuada conceptualización de
los fenómenos es una condición sine qua non (ver Zilla, 2007).
Acerca del concepto de sistema electoral
El reto conceptual se presenta ya con el concepto de sistema electoral. Esta institución
deine el cómo los electores expresan sus preferencias políticas, o sea cómo se vota y cómo
los votos se convierten en escaños o en puestos de poder. El sistema electoral constituye
las reglas que gobiernan este proceso de conversión. En América Latina, sin embargo, a
menudo se aplica un concepto más amplio de sistema electoral que incluye la estructura
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institucional de todo el proceso electoral, desde el registro de electores hasta el contencioso
electoral, estudio que hemos realizado en el Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, sin abandonar el sentido estricto del concepto (ver Nohlen/Zovatto/Orozco/
hompson, 2007). En el caso de una deinición amplia de sistema electoral, el concepto
sirve para resumir en sí un sinnúmero de fenómenos, quedando discrecional su contenido
exacto. Sin embargo, el análisis y la comprensión necesitan de precisión conceptual.
En el análisis causal, por ejemplo, si no se especiica bien la variable independiente y se
reducen sus posibles dimensiones, no se pueden determinar causalidades ni se genera comprensión. En la comparación, si no se precisa conceptualmente bien lo que se compara, por
ejemplo, al no respetar la categoría o el nivel de lo observado que entra en comparación,
esta se vuelve asimétrica y no sirve como aporte al análisis causal y tampoco promueve la
comprensión.
En torno a la clasiicación de los sistemas electorales
Otro reto conceptual consiste en la clasiicación de los sistemas electorales. Hay que saber
clasiicar, es decir, no solo describir bien los diferentes sistemas electorales –cuestión que
a menudo no se logra por la falta de un conocimiento sistemático de la materia, lo que se
expresa, por ejemplo, en la omisión de sus elementos claves en intentos de su descripción o
análisis–, sino de ordenarles, según tipos y subtipos. La adecuada clasiicación es irrenunciable para enunciados generales de contenido causal, es decir, para adscribir a tipos de sistemas determinados efectos políticos, como lo hizo Maurice Duverger (1951) en su clásico
estudio sobre los partidos políticos. Clasiicar bien se ha complicado por el desarrollo de
nuevos sistemas electorales que supuestamente no encajan en las categorías tradicionales,
vale decir, no parecen ser ni sistemas de mayoría ni sistemas proporcionales, y son incluidos
en el tercer grupo de los mal llamados sistemas mixtos. Sobran los casos de clasiicación
controvertida.
Un ejemplo paradigmático al respecto es el sistema electoral alemán, citado en cualquier debate de reforma electoral como un posible modelo en el que orientarse. Los alemanes lo clasiican como sistema proporcional personalizado, es decir, como de representación
proporcional; el mundo anglosajón como sistema mixto. Conforme con la clasiicación se
supone un cierto tipo de efecto que ejerce el sistema: con deinirlo proporcional se espera
un cierto grado de proporcionalidad en la relación entre votos y escaños y efecto fragmentador del sistema de partidos, de deinirlo mixto cierto efecto desproporcional y de
concentración en el sistema de partidos. De hecho, el sistema electoral alemán es de tipo
proporcional que, por un lado, produce un alto grado de proporcionalidad entre votos y
escaños, por el otro, respecto al efecto de concentración y fragmentación mencionado, se
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LOS SISTEMAS ELECTORALES DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARADA
asocia con mayor concentración o mayor fragmentación del sistema de partidos al nivel de
la representación parlamentaria, según el propio desarrollo del sistema de partidos a nivel
del electorado (ver Nohlen, 2014a).
Para llegar a esta clasiicación conviene indagar un poco la sistemática electoral y subrayar que conviene diferenciar entre principios de representación y reglas de decisión. Los
principios de representación se reieren a la imagen que los sistemas electorales persiguen
en relación con la composición partidaria de una asamblea representativa, mayoritaria o
proporcional. Esta dicotomía es la inquebrantable base de la sistemática electoral (Nohlen,
1984a y 1984c; Da Silva, 1913), aunque permite, en su carácter de principios, adaptaciones a requisitos funcionales. Las reglas de decisión se reieren a los medios o elementos
técnicos para producir decisiones o ganadores que también pueden ser diferenciados en
mayoritarios y proporcionales, pero, en la práctica, se expanden hacia una mayor cantidad
de fórmulas electorales; por ejemplo, en el ámbito mayoritario hay que distinguir entre las
fórmulas de mayoría absoluta y relativa, en el ámbito proporcional entre muchas fórmulas
matemáticas de cómo convertir votos en escaños. A diferencia de los principios de representación de carácter adaptable, las reglas de decisión, una vez acordadas, tienen que ser
aplicadas sin más. En el caso alemán se ha introducido, en un sistema de representación
proporcional, la regla decisoria de la mayoría relativa para determinar en circunscripciones
uninominales la mitad de los miembros de la Dieta Federal, sin que la aplicación de esta
regla intervenga con fuerza en la distribución proporcional de los escaños a nivel nacional.
Para la correcta clasiicación conviene tomar en cuenta también la jurisdicción del Tribunal
Constitucional Federal al respecto, a la que ya me he referido antes. Este tribunal prácticamente ha obligado al Parlamento a legislar una reforma de completa compensación proporcional de los escaños elegidos por mayoría relativa. Su ideal implícito es la representación
proporcional pura.
La controversia sobre la clasiicación del sistema electoral alemán se mantiene sobre
todo con la ciencia política del mundo anglosajón, que casi no tiene en cuenta la ciencia
política alemana en la medida en que los alemanes escriben en su idioma (los colegas anglosajones sostienen incluso que el sistema alemán es poco estudiado) y, más seriamente,
porque no dejan de practicar la distinción entre principios de representación y reglas de decisión de forma incompleta y asimétrica. Deinen la representación por mayoría mediante
la regla de decisión –gana quien recibe la mayoría de votos– y la representación proporcional mediante el efecto que este sistema electoral ejerce sobre la composición partidista del
Parlamento (p. ej. Gallagher/Mitschell, 2008). Mi planteamiento es que hay que deinir los
sistemas electorales de forma simétrica. Giovanni Sartori (1994: 4) me ha seguido en esto.
No obstante, discrepamos respecto del criterio determinante. Para conseguir la simetría
conceptual se pueden aplicar ambos criterios. Lo controvertido será establecer cuál es el
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determinante. En tanto yo sostengo el principio de representación como criterio clave, Sartori (1994: ibid.) aplica el criterio de decisión, es decir, mientras favorezco los objetivos de
la representación, o sea, representación por mayoría o representación proporcional, Sartori
se decide por los medios, por ejemplo, por la alternativa entre circunscripción uninominal versus plurinominal, o voto uninominal versus voto plurinominal. Fundamento mi
opción en el criterio de la relevancia. Sostengo que los objetivos de la representación son
más importantes que los medios, dado que los principios de mayoría y proporcionalidad
apuntan hacia la composición política del Parlamento. Con esta opción también se hace
justicia al hecho de que desde la invención de la representación proporcional como regla
decisoria en el curso de la Ilustración francesa y como principio de representación durante
la Revolución francesa –entendido desde entonces como imagen-espejo, al relejar el voto
del electorado que debía respetarse ielmente en la Assemblé Nationale–, ambos principios
de representación, la representación por mayoría y la representación proporcional, estuvieron en el centro mismo del debate político sobre el sistema electoral. Y lo siguen estando
actualmente.
En torno a los tipos de sistemas electorales
Esto me lleva a dedicarme ahora a los tipos de sistemas electorales para elegir una asamblea
representativa. Para Duverger (1951) eran tres: en el área de representación por mayoría el
sistema de mayoría relativa y el sistema de mayoría absoluta o de dos vueltas, en el área de
la representación proporcional no diferenciaba. En relación con estos tres tipos de sistemas
electorales formuló sus “leyes sociológicas” tan citadas, criticadas y, a veces, conirmadas
(ver más adelante). Es a nivel de los tipos en que se generalizan los efectos de los sistemas
electorales sobre el sistema de partidos, su concentración y su fragmentación. Como ya se
dijo, hay que diferenciar entre una mayor cantidad de tipos, es decir, no basta abrir una
nueva clase de nombre, “sistemas mixtos”, pues los sistemas que se incluyen en este rubro se
distinguen en cuanto a sus efectos más entre ellos mismos que de los tipos clásicos con los
que trabajaba Duverger. Sin embargo, para esta necesaria diferenciación sirve la distinción
entre principios de representación y reglas de decisión, porque los nuevos sistemas –que
llamo combinados– combinan elementos que son, en un principio, contradictorios, por
ejemplo, el voto uninominal, típico y mayoritario en el ámbito de los principios de decisión, con la representación proporcional como principio de representación.
En efecto, Matthew Soberg Shugart (2001) incluye a todos los sistemas electorales que
no sean de tipo clásico en su rubro de mixed-member electoral systems sin mayor esfuerzo de
diferenciación. Ademas, declara a los tipos clásicos, los sistemas de mayoria relativa y mayoría absoluta en circunscripciones uninominales por un lado, y el sistema de representación
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proporcional pura y el sistema de representación proporcional en circunscripciones pluripersonales de variable tamaño por el otro, sistemas electorales “extremos”, denominación
muy cuestionable, porque de ubicar los sistemas clásicos en un imaginado continuum en
los puntos extremos no hace de ellos sistemas “extremos”. Dado que los conceptos inluyen
en la observación de los fenómenos, la implícita denotación distorsiona la imagen de la
realidad en los países donde se aplican los sistemas clásicos como, por ejemplo, en Inlgaterra y Francia (ver Nohlen / Stöver, 2010), por el lado de la representación por mayoría,
y de África del Sur (ver Horowitz 1991; Krennerich / de Ville, 1997; Basedau / Erdmann
/ Mehler, 2007) y España (ver Vallés / Nohlen, 2010; Nohlen, 2015a), por el lado de la
representación proporcional.
A este nivel de tipos de sistemas electorales conviene diferenciar los sistemas combinados por lo menos en tres: el sistema compensatorio, el sistema proporcional personalizado
y el sistema segmentado. Un buen ejemplo para el primer tipo lo constituye el sistema
electoral italiano de 1992 (tres cuartos de diputados uninominales, un cuarto plurinominales y de función compensatoria), con la entonces alta presencia del elemento mayoritario
uninominal, que llevaba a algunos politólogos a clasiicar este sistema como representación
por mayoría, hasta que se comprobó que producía resultados proporcionales. La clasiicación no depende, entonces, tanto de la aparecencia sino del efecto. La diferenciación
entre mixed-member proportional system y mixed-member majoritarian system no apoya
sustancialmente a resolver el problema en la medida que sigue ijándose en la estructura de
la combinación y no tanto en el efecto. El segundo tipo corresponde al sistema alemán ya
mencionado. La intencionalidad y el efecto del sistema son proporcionales. La combinación de elementos se malentiende fácilmente como mezcla de principios, que en realidad
son antitéticos (Nohlen, 1984a). El elemento mayoritario, la circunscripción uninominal,
no impide que se cumpla con el principio de represenación proporcional.
El tercer tipo es el segmentado o paralelo, que se aplicó primero en México. Es tal vez
el más representativo para estos nuevos tipos combinados de sistemas electorales. Sartori
(1984: 5 y 74) lo percibe como “truly mixed system”, porque ninguna parte del sistema
interviene en la otra. Se suman los resultados de cada una para formar el resultado inal.
La relación entre votos y escaños puede resultar bastante desproporcional, pero no necesariamente más alto que en un sistema de representación proporcional en circunscripciones
plurinominales de tamaño variable.
Más allá de los tipos de sistemas electorales mencionados hay otros, por ejemplo, el sistema binominal, aplicado hasta hace poco en Chile, que conviene mantener aparte, porque sus
efectos han sido muy complejos (ver Fernández, 2000; Auth, 2006; Nohlen, 2006). Se ha optado por un sistema de representación proporcional en circunscripciones plurinominales de
tamaño pequeño y mediano. En términos generales no se ha reformado el sistema binominal,
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sino se lo ha substituido por otro tipo de sistema electoral. En cuanto al efecto de este sistema, el esfuerzo clasiicador, incluyendo el conocimiento comparativo que regala, demuestra
su valor: permite adivinarlo. Aunque los actores y los medios de comunicación justiicaron la
reforma por su mayor efecto proporcional sobre la representación, va a producirse un alto grado de desproporcionalidad entre votos y escaños en favor de la alianza electoral más votada,
en contraste con el efecto del sistema binominal que operaba en favor de la primera minoría.
Acerca de los criterios para evaluar sistemas electorales
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En la evaluación de los sistemas electorales, se favorece a menudo a un solo criterio; en este
caso sobre todo el de la proporcionalidad. Más allá de que este valor corresponde a un general sentimiento de justicia, es fácil de operacionalizar y medir, lo que conviene a la corriente
empírica-estadística de la ciencia polític comparada. Escapan criterios menos medibles que
son igualmente relevantes y necesarios para la comprensión de lo que se observa en nuestro
campo de investigación. Quisiera resumir mi propia experiencia como teórico y consultor
en el ámbito de la política de los sistemas electorales en cinco criterios:
El primer criterio es el de la representación. Requiere observar si el sistema electoral
permite que la representación en dimensiones partidistas sea más o menos proporcional.
Cuando hay demasiada desproporcionalidad entre votos y escaños, eso muchas veces está
considerado como problemático y puede generar fuerte crítica al sistema electoral.
El segundo criterio es el de la concentración, lo que se entiende como antónimo de fragmentación. A veces se lo conecta con gobernabilidad, dado que se trata de procurar la formación de mayorías parlamentarias en apoyo a la gestión ejecutiva. Este criterio corresponde a la idea de que en unas elecciones no se miden simplemente las preferencias políticas,
sino que se conforma a través de las campañas electorales la voluntad política de la nación.
El tercer criterio es el de la participación, concepto que se reiere a la capacidad del
elector de votar no sólo por un partido político, sino de escoger entre personas, de poder
entregar un voto personal. El objetivo es establecer una relación de conocimiento y conianza entre los electores y sus representantes.
El cuarto criterio es el de la sencillez o transparencia del sistema electoral. Es importante
que el votante entienda bien la boleta electoral y que sepa más o menos lo que está pasando
con su voto en el proceso de convertir votos en escaños.
El quinto y último criterio es el de la legitimidad. Parece ser un criterio englobadizador
pues integra a los anteriores. Pero en ocasiones representa un fenómeno especíico y adicional,
por ejemplo cuando un sistema electoral cumple técnicamente bien con las cuatro funciones
ya mencionadas, es decir que el sistema merece legitimidad por sí mismo, pero se ve deslegitimado en la opinión pública por alguna razón histórica que escapa al análisis técnico-funcional.
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LOS SISTEMAS ELECTORALES DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARADA
Esta última relexión ya advierte sobre la necesidad de aplicar los criterios con prudencia.
En primer lugar, se encuentran en una relación de trade-of, o sea, son mutuamente excluyentes en la medida en que se aspira cumplir cien por ciento con cada uno de ellos. Existe un
valor límite de utilidad (Grenzwertnutzen) de los cuatro primeros criterios. Más allá de este
límite, pueden producirse efectos contraproducentes. Así, hay que saber balancear los criterios en el cumplimiento de cada uno. Para esto no existe ningún esquema ijo, como no existe
ningún sistema electoral ideal o perfecto. Hay que tomar en cuenta el contexto, por ejemplo
la estructura de la sociedad, su homogeneidad o heterogeneidad, la estructura del sistema
de partidos, pues estos factores no solo intervienen en la opción por un sistema electoral y
su diseño, sino inluyen también en el efecto que tenga un cierto sistema electoral sobre la
representación política, acorde con mi tesis: “El contexto hace la diferencia” (Nohlen, 2003).
3. Sistemas electorales y sistemas de partidos políticos como campo de controversias
En lo que sigue voy a plantear determinadas cuestiones para ver, cómo y con qué resultado
han sido tratadas en los estudios sobre sistemas electorales y sus efectos; comparativas en
términos de confrontar las respuestas a estas cuestiones encontradas entre sí. Este proceder
me facilita precisar el aporte de cada una de las respuestas al desarrollo de nuestro conocimiento sobre la relación entre sistemas electorales y sistemas de partidos políticos. La comparación se nutre de los aportes claves de cinco prestigiosos investigadores de la materia: el
francés Maurice Duverger, el noruego Stein Rokkan, el estadounidense Douglas W. Rae, el
italiano Giovanni Sartori, y el holandés Arend Lijphart. Mi tratamiento se fundamenta en
una relectura de sus aportes tan inluyentes en el estudio de nuestro objeto; sin embargo, a
menudo se cita a estos maestros no por sus propias obras, sino por otras referencias a ellas.
Por supuesto, aquí el tiempo no me permite transmitir la parte monográica que procedía a
mi comparación sistemática (ver Nohlen, 2013). Por otra parte, dado que he estudiado yo
mismo la materia, es obvio que en mis consideraciones esté presente un sexto autor.
En torno al interés cognitivo
Comparando nuestros cinco investigadores sobre los sistemas electorales, lo primero a anotar es la diferencia en cuanto a la importancia que cada autor coniere en sus investigaciones
al sistema electoral o al sistema de partidos. Así, el interés cognitivo puede dirigirse a los
efectos del sistema electoral sobre el sistema de partidos, o a los diversos factores que ejercen una inluencia sobre el sistema de partidos, entre estos, el sistema electoral. Duverger,
Rokkan y Sartori se interesan en primerísima instancia por el sistema de partidos, pero
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reconocen que el sistema electoral es un factor importante, si no (en el caso de Sartori)
incluso el más importante, para direccionarlo. Por ejemplo, el objetivo de Duverger es
presentar una teoría general de los partidos. En relación a la formación de los sistemas
de partidos, se centra en tres factores generales que inluirían en todos los países: factores socio-económicos, ideológicos y técnicos. Entre estos factores Duverger presta especial
atención a los factores técnicos, es decir, al sistema electoral. Las razones cambian según la
versión idiomática de su obra. En la edición castellana, la particular atención se entiende
porque “el régimen electoral es el más importante” entre los factores generales (Duverger,
1957: 232); en la versión alemana, no se prioriza ningún factor. Da como razón que en
relación a este factor queda “un vacío por llenar” (Duverger, 1959: 218). En contraste, Rae
(1967) y Lijphart (1994) se enfocan en el sistema electoral. Su interés cognitivo consiste en
descubrir cuál es la inluencia mesurable del sistema electoral así como más especíicamente
de algunos de sus componentes, por ejemplo el tamaño de las circunscripciones electorales
y la fórmula para convertir votos en escaños.
En estrecha relación con este interés dirigido hacia el efecto de los sistemas electorales,
también se plantea la pregunta inversa, de si (posiblemente) el sistema de partidos también
inluye sobre el sistema electoral. Esta inluencia se puede percibir por dos vías: cuando
los partidos seleccionan, diseñan o acuerdan el sistema electoral y cuando el sistema de
partidos inluye sobre los efectos que puede tener el sistema electoral sobre ellos. Solamente
Rokkan (Lipset / Rokkan, 1967; Rokkan, 1970) integra en su teoría al primer instante, o
sea observa la variable sistema de partidos en la selección de los sistemas electorales, dependiendo del desarrollo de las líneas de conlicto en relación con la extensión del sufragio universal; Duverger y Lijphart al menos consideran el segundo instante, o sea la circularidad
entre ambas variables. Con gran decisión, Sartori deiende la constelación tradicional sobre
las variables investigadas: el sistema electoral como variable independiente y el sistema de
partidos como variable dependiente.
Controversias entre y dentro de las posturas metodológicas
En segundo lugar, observamos las diferencias en el procedimiento metodológico, las que
alcanzan mayor interés en la medida que los resultados del análisis se deban a estas diferencias. Rae, un convencido del método empírico-estadístico, ajusta cuentas a partir de esta
posición con todos los estudios anteriores planteados desde el punto de vista histórico-cualitativo. Lo hace Sartori en dirección inversa, a lo que regresaremos más adelante. Resulta,
sin embargo, notable que la controversia articulada de manera más decidida haya sido
protagonizada, en cada caso, por investigadores en contra de los antecesores que tuvieran
un procedimiento metodológico similar.
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LOS SISTEMAS ELECTORALES DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARADA
Así, la crítica de Sartori con respecto a Duverger no gira tanto en torno al intento de
formular en forma de ley el efecto que podían tener los sistemas electorales; más bien la
sorpresiva “debilidad en el tratamiento que hace Duverger sigue llamando la atención [...].
La debilidad metodológica y sustantiva de las leyes de Duverger es patente y desmostrable
fácilmente” (Sartori, 1986: 44s.). Sartori explica en detalle: “En primer lugar, [...] nunca
da la impresión de percibir la diferencia entre “causa” y “asociado con”. En segundo lugar
[...] una ley (generalización causal) es veriicable si, y sólo si, la causa y el efecto están claramente especiicados, mientras que el efecto de la primera ley de Duverger (dualismo de
partidos) es tan confuso como puede serlo, y el efecto de su segunda ley (multipartidismo)
también adolece de excesiva imprecisión” (ibíd.: 44). En la obra de Duverger no quedaría
claro si sus mecanismos son deterministas o probabilistas (ibíd.: 46). En relación a la crítica
de Lijphart respecto a Rae, Lijphart aduce que su antecesor con una similar posición metodológica comete muchos errores: “De hecho, el libro sufre de un sinnúmero de debilidades
conceptuales, metodológicas y empíricas, las cuales son tan graves y numerosas que ponen
en duda todas las conclusiones de Rae” (Lijphart, 1990: 481).
Las controversias, sin embargo, no pueden reducirse únicamente a las contradicciones
formuladas. No siempre nuestros investigadores se tomaron en cuenta entre sí. Es, por
ejemplo, el caso de Rokkan, que no considera a Duverger. Los investigadores comentados
tampoco exteriorizan la controversia objetiva. En relación con Sartori, Lijphart preiere
presentar las coincidencias. Conforme a esto, el estudio comparativo de los investigadores
debe incluir similitudes y diferencias, se hayan articulado o no.
El alcance político y cientíico del objeto de estudio
Veamos entonces tercero el alcance de la relación que es el objeto de estudio según sus
programas de investigación. El alcance es muy amplio en Duverger, Rokkan y Sartori.
Integra el desarrollo democrático como tal, a ratos también en relación con el supuesto de
una enorme envergadura política en el momento de decidir sobre el sistema electoral. Se
observa este alcance incluso en Rokkan, a pesar de que este autor considera que el sistema
electoral es más bien una variable dependiente. En cambio, en los casos de Rae y Lijphart,
el alcance de los sistemas electorales dentro de sus programas de investigación es más bien
reducido. Tratan única y exclusivamente los efectos que tiene un sistema electoral en los
parámetros mesurables sobre la representación. El hecho de que Lijphart en otros estudios
expanda de forma decidida su enfoque y lo amplíe integrando aspectos normativos (véase
Lijphart, 2012), no forma parte de este debate
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El tratamiento de la variable independiente sistema electoral
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A continuación, nos interesa, cuarto, el tratamiento que se da a lo que se considera la variable independiente. En Duverger y Rokkan, el sistema electoral en sí aparece como una
unidad poco o nada descifrada. Se hace la diferenciación –de forma, por cierto, muy clásica– entre sistemas electorales de mayoría absoluta, de mayoría relativa y de representación
proporcional. En Rae y Lijphart, en cambio, se desglosa el sistema electoral en diversos
componentes, estudiados cada uno según sus efectos. En sus estudios, sin embargo, se
realizan dudosas operacionalizaciones a in de llegar a resultados que sean mesurables y
valorables, tomando como máxima su validez estadística. En el caso de Lijphart, entre lo
mucho que queda por cuestionar se encuentra el novedoso concepto de sistema electoral,
integrando el tamaño del parlamento, ampliación conceptual que en realidad no tiene
sentido, ni en sistemas electorales mayoritarios en circunscripciones uninominales ni en
grandes parlamentos con más de 100 escaños; o la conjunción de la barrera legal y natural,
cuando cada cual presenta un efecto diferente de desproporción; en el primer caso de la barrera legal, la desventaja se da solamente para partidos que no alcanzan el número requerido
de votos; en el segundo caso de la barrera natural, afecta por lo general (dependiendo del
tamaño de la circunscripción) a todos los partidos, menos al que logra la mayoría de votos.
Vale cuestionar también la identiicación que hace Lijphart de los efectos mecánicos de
Duverger con los efectos próximos de Rae así como de los efectos psicológicos de Duverger
con los efectos distantes de Rae (Lijphart, 1990: 483; Lijphart, 1994: 70 y 82), cuando
Duverger solamente tiene en mente las causas o los orígenes y Rae las consecuencias o los
efectos de ambos fenómenos.
El tratamiento de la variable dependiente sistema de partidos
Acto seguido, quinto, observamos el tratamiento dado a la variable dependiente, que se
modiica también con relevantes consecuencias para el alcance y la relevancia de los resultados del análisis. Duverger y Rokkan observan los sistemas de partidos como un todo y
los diferencian al clasiicarlos por el número de partidos. Sartori amplía el espectro tipológicamente, al considerar algunas características adicionales. Pone mayor énfasis en las
características cualitativas del sistema de partidos, se pregunta por la “relevancia sistémica”
(systemic relevance) de los partidos políticos. Rae y Lijphart, en cambio, se quedan con la
deinición matemático-cuantitativa del sistema de partidos. Por otra parte, clasiican la
variable dependiente por áreas de impacto y profundidad del efecto. Ambos autores diferencian entre proporcionalidad o desproporcionalidad de votos y escaños por una parte, y
el número de partidos o, en su caso, la fragmentación del sistema de partidos, por la otra.
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Con sus medios metodológicos se acercan primero a la cuestión de la desproporción, pues
así pueden fácilmente calcular matemáticamente y presentar a nivel numérico los efectos
del sistema electoral y sus diversos componentes. En segunda instancia apenas aparece la
clásica pregunta sobre el sistema de partidos en términos de sus posibles estructuras (bipartidismo, pluripartidismo, multipartidismo), para cuya resolución no existen las mismas
entradas metodológicas.
No habría que seguir cuestionando esta traslación de la perspectiva del investigador si
los resultados solamente llegaran a una mayor exactitud, sin por ello perder relevancia. Rae,
por lo demás, diferencia de manera orientadora entre efectos próximos y distantes en los sistemas electorales. El resultado cientíico es entonces que se podrán determinar con facilidad
los efectos inmediatos del sistema electoral, pues algunos elementos técnicos, por ejemplo
el tamaño de las circunscripciones, están en estrecha correlación con el grado de proporcionalidad de los resultados electorales. Pero los efectos lejanos que se reieren al sistema de
partidos, son poco predecibles. Rae además constata que la desproporcionalidad no es un
buen indicador para la estructura del sistema de partidos. Aunque cada uno de los efectos
ejercidos por los componentes del sistema electoral son detallados precisamente por Lijphart
en su controversia con Rae, esto no cambia en nada el hecho de que el hallazgo cientíico-cognitivo principal se logra en un campo que no aporta mucho a la pregunta clásica de
los sistemas electorales, es decir, la posible relación causal existente entre sistema electoral y
sistema de partidos. Por cierto, se relativiza la importancia del sistema electoral en el sistema
de partidos, pero esto ya resultó de las fuertes críticas a Duverger y las famosas leyes sociológicas por parte de sus oponentes cientíicos. Rae resalta a todos los factores que inluyen en la
estructura del sistema de partidos y Lijphart les menciona alguna vez, pero no forman parte
de su programa de investigación. Se puede, por tanto, llegar a la conclusión que la precisión
empírico-estadística se logra a costa del alcance y la relevancia de los enunciados.
En torno a la cuestión de la causalidad
Ahora pasamos, sexto, a ver, cuál es, entonces, la posición asumida por nuestros autores con
respecto a la cuestión de la causalidad. ¿Ciertos sistemas electorales realmente impactan en
las características de los diferentes sistemas de partidos? Se impone la idea que es Duverger
quien con sus “leyes sociológicas” es el que enfatiza una decidida relación causal entre ciertos tipos de sistemas electorales y determinadas estructuras de sistemas de partidos. En la
versión más divulgada, las tres fórmulas que se han integrado como “leyes de Duverger” al
estudio de los sistemas electorales, son las siguientes: “(1): La representación proporcional
tiende a un sistema de partidos múltiples, independientes y estables (con excepción de
los movimientos que surgen repentinamente). (2) El sistema mayoritario con dos vueltas,
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tiende a un sistema multipartidista, con partidos elásticos, dependientes y relativamente
estables (en todos los casos). (3) El sistema de mayoría relativa (con una sola vuelta) tiende
a un sistema dualista con partidos grandes e independientes, que se alternan entre sí. Sin
embargo, estos enunciados muy generales solamente demuestran tendencias básicas […]”
(1950: 13) que interactúan con factores nacionales y sociales. Duverger constata de forma
casi apodíctica: “La relevancia del sistema electoral tiene sus límites” (Duverger, 1959:
308, 1957: 324). Está muy lejos de rendir tributo a la causa, con un monocausalismo. Al
ponderar el peso de diversos factores, él niega que la inluencia del sistema electoral “sea
mayor al de otros factores”. Más bien subraya: “[…] el sistema electoral nunca (es) el verdadero motivo, más bien son las especiicidades nacionales, las ideologías, pero sobre todo la
estructura económica de la sociedad la que inluye decisivamente” (Duverger, 1959: 219).
Al inal, Duverger mismo se adelanta al enorme margen de maniobra interpretativo de sus
fórmulas, llevándolo desde una relación cuasi causal hasta una interrelación de múltiples
causas y efectos. Como sus críticos lo perciben principalmente como un representante de
rígidas “leyes sociológicas”, puede por in presentarse casi como testigo principal en contra
de la “errada interpretación” (Duverger, 1986: 69 ss.) de sus observaciones. Así, solamente
Sartori se mantiene en la posibilidad de la existencia de leyes sociológicas, pero integrando
condiciones adicionales al enunciado de una ley que por lógica no permiten llegar a otro
resultado que ya no sea falsable. Cuando, por ejemplo, una de sus leyes parafraseando dice
que el sistema de mayoría relativa produce bipartidismo, cuando en ningún distrito electoral ningún tercer partido puede ganar una mayoría relativa de votos, se da por sentado que
el enunciado es lógicamente irrefutable, pero trivial, cientíicamente sin valor.
A pesar de todas las relativizaciones, prevalecen los supuestos monocausales del estudio, respaldados por un lado en el “supuesto Duverger” y en Sartori, por el otro en Rae
y Lijphart condicionados por el diseño de su análisis. Estos dos investigadores solamente
tematizan variables que pertenecen ya sea al sistema electoral o al sistema de partidos y estudian la correlación entre ambos fenómenos solamente en una dirección. Incluso Rokkan y
Sartori rinden tributo a un cierto monocausalismo. Sartori se enfoca en el sistema electoral
como la causa exclusiva para defender la utilidad del electoral engineering en ciencia política.
En el caso de Rokkan, aunque su argumentación sea multicausal, en realidad todo depende
de las líneas de conlicto; en su caso, el sistema electoral juega principalmente el papel de
variable dependiente. Pero el monocausalismo en el tratamiento del objeto de estudio, justiicado de diversas formas, simplemente no es idéntico a una airmación de contenidos del
mismo tipo. Al contrario, las investigaciones empírico-cuantitativas, por ejemplo, aunque
trabajen con correlaciones, también indican que no se puede probar una relación unívoca
de efecto entre sistema electoral y sistema de partidos. Estos resultados coinciden con mis
estudios histórico-empíricos de los sistemas electorales en todo el mundo (véase la biblio-
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grafía). Esto no signiica, de modo alguno, que la ciencia política no pudiera pronunciarse
sobre la relación analizada y que, por ello, tal como temía Sartori, sea incapaz de presentar
resultados políticos de relevancia directa en sus conclusiones. En vez de recomendaciones
abstractas habrá más bien que elaborar recomendaciones a la medida para situaciones concretas de factores para diversos países y épocas.
En torno al electoral engineering
Respecto, séptimo, a la consultoría electoral y si de esta manera se debe conocer el contexto
social y político de un país para poder dar recomendaciones normativas de utilidad, entonces se plantea obviamente la pregunta de si todavía se puede optar en general por un tipo
de sistema electoral, al estilo de la antigua controversia entre representación por mayoría
y representación proporcional de los clásicos. Duverger deinitivamente erigió los sistemas
de mayoría (relativa y absoluta) como los best systems. Rokkan y Rae no se expresan en
relación a la mejor opción; se mantienen dentro del análisis. Rokkan lo hace seguramente
porque considera que la opción por un sistema electoral depende de los actores políticos, las
alianzas y los acuerdos, y porque considera además que ya ha sido decidida con el congelamiento del sistema de partidos en sus países estudiados. Tanto Rae como Lijphart excluyen
la pregunta sobre la opción en sus estudios clásicos; las relexiones normativas no caben en
su enfoque de análisis empírico-estadístico. Lijphart, evidentemente, no dejó de hacerlo
en otro momento relacionado con su teoría de la concordancia (Lijphart, 1999 y 2012) y
en sus recomendaciones para las democracias jóvenes (Lijphart, 1990 y 2008) expresando
su preferencia por la representación proporcional. Sartori se opone decididamente a la
recomendación de Lijphart; en general, se opone a su sesgo normativo (Sartori, 1994:
69ss.) y, en la teoría, Sartori es de la opinión de que el mejor sistema electoral sería aquel
que mejor funciona. Simultáneamente, sin embargo, expresa su apego por el sistema de
mayoría absoluta y en la práctica interviene en algunos países para que ésta sea introducida.
Yo abogo deinitivamente por aceptar la posición relativa mostrada por Sartori en la teoría.
La pregunta sobre la opción que se plantea en ciencia política en la actualidad no es de tipo
ilosóico-teórico sobre el Estado, sino una cuestión histórico-empírica con un trasfondo de
teoría del Estado o, de ser el caso, constitucional.
Controversias sobre el estado actual de la investigación sobre sistemas electorales
Estas relexiones conducen, octavo, a la pregunta inal sobre el estado actual de los avances
cientíicos dentro del estudio de los sistemas electorales. Los representantes de un enfoque
comparativo-cuantitativo más nuevo recalcan que recién desde su aparición, el estudio de
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los sistemas electorales ha evolucionado de un estado cualitativo-rudimentario a una ciencia madura (Shugart, 2008: 25s.). Sin embargo, que un enfoque se eleve sobre los demás,
dogmatizando su propio parámetro cuantitativo de forma nada crítica, no es algo que se
acepte sin réplica. Sartori plantea lacónicamente la pregunta que da en el blanco: “¿Cómo
puede ser que los enfoques cuantitativos posteriores puedan decir que sacan del ruedo a los
anteriores, de tipo cualitativo, cuando el desarrollo defectuoso posterior causado por éstos
resulta evidente y se expresa al reemplazar la relevancia por la precisión?: “[…] la masiva
pérdida de concreteness que provocan las fórmulas matemáticas es una gran desventaja. Es
cierto, mi concreteness es a veces lexible e impresionista, pero no puede ser tan desorientador como una precisión matemática que a menudo solo es una falsa precisión fabricada por
la medición” (Sartori, 1994: 36).
Los avances al interior de los diversos enfoques hablan el mismo idioma, pues en cada
caso fuerzan la manera de obtener avances cientíicos dentro de su metodología. Para aquellos empíricos-estadísticos se puede determinar que es la precisión matemático-estadística
y no la mayor relevancia la que alimenta la creencia en el progreso. Esto se demuestra en
el intento de Lijphart, sin lugar a dudas exitoso, de sobrepasar a Rae en lo referente a la
precisión. En cambio, el desarrollo del estudio empírico-cualitativo de los sistemas electorales se ha mantenido dentro de la pregunta sobre la relevancia. Esto también rige para
las airmaciones que por su parte desencadenaron fuertes críticas, como por ejemplo, el
intento de Sartori de reformular las leyes sociológicas de Duverger. Pues, al in y al cabo,
Sartori menciona dos factores inherentes al contexto que también deinen los efectos de los
sistemas electorales, aun cuando los haya incluido en las leyes como marco de condiciones
al decir “si pasa…, entonces”: la dispersión regional del electorado y el grado de institucionalización de los partidos o del sistema de partidos.
En realidad, Sartori reconoce así el poder de los factores sociales y políticos concretos en
la interdependencia de acción o circularidad entre sistemas electorales y sistema de partidos
que yo, por mi parte, recalco aún más entre otros factores, a la vista de la selección del sistema
electoral que considero dependiente del sistema de partidos, o en su caso, de las estructuras
más profundas y dinámicas sociales y políticas, à la Rokkan. Aquí coincido con Richard Rose
que subraya igualmente “la gran fuerza del contexto nacional frente a las propiedades del
sistema electoral” (Rose, 1984: 78). Aunque acepto con ello la posibilidad de que los enunciados que conducen a abstracciones sobre los efectos de los sistemas electorales sean aún más
limitados de lo que plantea Sartori, esto no implica negar la posibilidad de que conociendo las
condiciones concretas del contexto se puedan hacer airmaciones sobre los presuntos efectos
de los diferentes sistemas electorales. Pues la cuestión de los sistemas electorales no se reiere
solamente a su auto impacto abstracto, sino a sus efectos en contextos sistémicos, combinados
con otros factores, tomando en cuenta también la inversión de la supuesta relación causal.
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LOS SISTEMAS ELECTORALES DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARADA
En otra oportunidad ya recomendé, por tanto – y conforme a mi tesis, el contexto hce la
diferencia – (Nohlen 2003), no dedicar la mayor atención al sistema electoral en el momento
de realizar el estudio de sistemas electorales, sino dedicarse con igual intensidad a revisar los
factores del contexto que refuerzan, distorsionan o socavan los efectos lógico-abstractos inherentes en los sistemas electorales, y a trabajar en su sistematización.
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Parte 2:
SISTEMAS ELECTORALES DESDE
UNA PERSPECTIVA COMPARADA
El sistema electoral de los
Estados Unidos. Las raíces históricas
de la fórmula mayoritaria.
Javier Redondo*
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Resumen:
El sistema electoral estadounidense se deine fundamentalmente por la aplicación de la
fórmula mayoritaria en la totalidad de las elecciones estatales y federales. Sin embargo,
ninguna norma obliga a ello. El sistema electoral se conigura por tanto como producto de
la historia, hunde sus raíces en el modelo británico y evoluciona dentro de los parámetros
que establece la Constitución de 1787. Estos condicionantes son: el rechazo de los partidos
políticos, las peculiaridades de la elección presidencial, el predominio del distrito uninominal y la celebración de primarias para la selección de candidatos presidenciales. Todos
estos factores sientan las bases del sistema mayoritario y, por extensión, del dualismo de
tendencias y posteriormente de partidos.
Palabras clave: Estados Unidos, fórmula mayoritaria, bipartidismo, Constitución, elecciones.
Abstract:
he US electoral system is essentially deined, in almost all states and federal elections, by
the application of single-member plurality. However, the law does not require it. he electoral system is a result of the history, as it is rooted in the British model and evolved within
the parameters established by the Constitution of 1787. herefore the electoral system is
conditioned by the political parties rejection, the peculiarities of the presidential election,
the predominance of single-member districts and the primary election holding to select
presidential candidates. All these factors stablish the foundation of SMP and encourage the
dualism of trends that inally encourages the bipartisanship.
Key words: US, single-member plurality, bipartisanship, Constitution, elections.
*
Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid
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JAVIER REDONDO
Tres rasgos distintivos del sistema electoral estadounidense
E
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l sistema electoral estadounidense tiene tres elementos propios que inluyen sobre
su análisis. El primero de ellos lo comparte con el modelo británico, los otros dos
son exclusivos y deinen su naturaleza. En primer lugar, el origen del sistema se
remonta y coincide con el de la nación (en el caso británico con la consolidación del parlamentarismo). No han sufrido modiicaciones sustanciales sino adaptativas. Son producto
de la dilatada progresión de una idea germinal que, en el caso americano, está incluida en la
Constitución. En segundo lugar, el sistema electoral estadounidense se vertebra sobre unos
pocos elementos federales –que lo pergeñan– y resulta fundamentalmente de la suma de
los subsistemas estatales. Y, en tercer lugar, los padres fundadores del constitucionalismo
americano idearon una institución peculiar: el Colegio Electoral, sobre el que pivotó la
articulación posterior del proceso electoral, sobre todo porque con el tiempo, la elección
presidencial se convirtió en el proceso electoral por excelencia.
Puede parecer una cuestión secundaria pero no lo es: ni Reino Unido ni Estados Unidos
han alterado las bases de sus sistemas políticos desde el alumbramiento de sus respectivos modelos: monarquía parlamentaria el uno (comenzamos a contar a partir de 1688) y republica
federal el otro –el presidencialismo es resultado de una evolución paulatina del modelo inicialmente propuesto–. El sistema electoral, por tanto, es producto del propio desarrollo del
sistema político desde su concepción: ningún sistema electoral ha durado tanto tiempo como
estos dos. Dicho de otro modo, el sistema electoral no es en absoluto accidental, aunque tampoco completamente deliberado ni responde a un ejercicio de planiicación concienzuda de
los padres fundadores, es decir, diseñado en su totalidad a la par que el sistema institucional
para satisfacer su estabilidad. Los constituyentes se ocuparon de las cuestiones de su tiempo.
Las generaciones posteriores fueron adaptándolo y completándolo sobre el molde original.
Los cambios sociales, institucionales y de mentalidad dotan siempre a los sistemas de
elección de un poder legitimador del conjunto del sistema político. No obstante, en el caso
del Reino Unido y Estados Unidos, sus sistemas políticos precedieron a sus respectivos
sistemas electorales, que, apenas esbozados, se acomodaron progresivamente a aquellos. No
queremos decir, ni mucho menos, que los constituyentes americanos soslayaran la cuestión
de cómo elegir, al contrario, el principio electivo se hallaba en la médula del nacimiento del
parlamentarismo y de la nueva nación (la elección imperaba en cualquier órgano e institución colonial1), sino que la evolución del sistema electoral se ajusta a la inercia de la historia
1
La Asamblea colonial de Pensilvania recoge desde 1776 el derecho al sufragio de todos los hombres libres al
corriente del pago de sus impuestos y con al menos un año de residencia en su circunscripción. Por el contrario, la Cámara de Burgueses de Virginia exige en esos mismos años el requisito de la propiedad. De cualquier
modo, la elección ya es el procedimiento habitual para la elección de representantes, sólo está en cuestión
la extensión del derecho al voto. Asimismo, Carolina del Norte, Georgia, Vermont, Pensilvania y algunos
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EL SISTEMA ELECTORAL DE LOS ESTADOS UNIDOS. LAS RAÍCES HISTÓRICAS DE LA FÓRMULA MAYORITARIA
y de la demanda de los tiempos durante un periodo amplio: este es el rasgo distintivo al
que nos referimos. Y más allá de los hitos históricos que determinan la ampliación del
sufragio (hombres libres, negros –1870–, mujeres –1920– y mayores de 18 años –1971),
la composición del sistema electoral sigue una extensa secuencia de adaptación al sistema
político no siempre prevista por este. En conclusión: el sistema electoral estadounidense no
nace completamente subordinado al sistema político, si bien, el sistema político condiciona
su trayectoria y ija sus cimientos. Todo esto diiculta su estudio, básicamente porque no
hay un único contexto en el que ubicarlo sino varios. Nosotros optamos por hacerlo con la
proclamación de la Constitución.
En segundo lugar, y esta es la primera de las características exclusivas de Estados Unidos, el sistema electoral es fundamentalmente resultado de la suma de subsistemas. O para
ser más precisos: el sistema electoral consiente trocearse en tantos subsistemas como estados
componen la Unión. Más claramente: son los estados los que organizan la elección. La
federación impone los ritmos y la periodicidad electoral, regula el derecho al sufragio activo y pasivo y otros aspectos generales sobre todo relativos a la inanciación de campañas2
y el recuento de votos. Los estados, por su parte, activan las maquinarias de los partidos,
organizan las campañas, diseñan las papeletas y fundamentalmente delimitan el tamaño de
las circunscripciones y deinen el método por el que los votos se convierten y traducen en
cargos y representación.
Por tanto, al sistema electoral norteamericano se le clasiica como mayoritario porque
casi todos los estados a excepción de dos emplean esta fórmula para designar a los miembros
del Colegio Electoral y sus respectivas asambleas (Maine, con cuatro votos en el Colegio, y
Nebraska, con cinco, aplican un sistema proporcional). De lo cual colegimos que el sistema
crece por irradiación, pues se extendió desde los estados que primero introdujeron el sufragio
amplio para la elección de las asambleas o el principio electivo en la selección de los miembros
del Colegio Electoral hasta los que adoptaron posteriormente los mismos métodos.
En todo caso debemos introducir dos matices: uno, el principio de elección por mayoría gozaba del prestigio que le dotaba su procedencia británica. Así las cosas, podemos
considerarlo en la raíz del sistema. Y dos: el hecho de que los constituyentes diseñaran un
poder Ejecutivo completamente independiente del Legislativo, uninominal y no colegiado
promovía, dirigía y encarrilaba el sistema hacia la fórmula mayoritaria. Por eso hemos di-
2
condados o distritos de Nueva Jersey ya habían introducido el sufragio secreto. Ver Pole (1969:206-295) y
Gordon (1998:169-170 y 383-389).
La Comisión Electoral Federal es una agencia reguladora independiente que se encarga de administrar y hacer
cumplir la Ley para las Campañas en las elecciones de ámbito federal. Tiene jurisdicción sobre la inanciación
de campañas federales para los candidatos a Presidente, Vicepresidente, Cámara de Representantes y Senado
de los Estados Unidos. heodore Roosevelt reformó el sistema de inanciación privada. Muchos años después,
en 1971 se aprobó la primera Ley Federal de Campaña Electoral, revisada en varias ocasiones. Consultar:
http://www.fec.gov/law/feca/feca.shtml#legislation
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JAVIER REDONDO
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cho un poco más arriba que el sistema no surge accidentalmente. Sus cimientos los pone el
sistema institucional, en el que encaja el electoral.
El tercer rasgo y segundo de carácter exclusivo estadounidense es la existencia de una
institución sin parangón en las democracias occidentales: el Colegio Electoral. Hoy carece
de atribuciones, sin embargo, fue el pivote sobre el que se erigió el conjunto del modelo (si
bien hemos de tener presente que antes de que se aprobara la Constitución de 1787, incluso antes de que se convocaran los congresos continentales para centralizar las decisiones
sobre la Guerra de Independencia de las colonias, las respectivas asambleas legislativas ya
habían adoptado, insistimos, el principio electivo).
El Colegio Electoral es una institución atípica. Durante algún tiempo, algunos expertos
siempre críticos con el sistema político norteamericano, pretendiendo identiicarlo como
elitista, han mantenido la misma consideración acerca de las elecciones presidenciales y las
denominan indirectas; como si el espíritu de las mismas no hubiera cambiado desde muy
pronto, principios de siglo XIX, aun sobreviviendo la institución. No es una apreciación
acertada. Efectivamente, los representantes de cada Estado que conforman el Colegio Electoral tienen competencia, otorgada por la propia Constitución (artículo II, sección 1), para
votar por los candidatos a la Presidencia que consideren oportunos independientemente de
la expresión de la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, este análisis ignora dos cosas.
En primer lugar, cuando se regula la institución del Colegio Electoral, el constituyente
no está pensando en que el presidente sea elegido por voto popular, al menos en todos los
estados. El principio electivo rige desde el principio para las Asambleas, no necesariamente
para la más alta Magistratura de la Unión. En los debates constituyentes se habla, invocando el idealizado republicanismo romano, de primer magistrado para referirse a la igura que
inalmente se denominó presidente. Ese primer magistrado sería una igura independiente,
un árbitro de la política, libre de la contaminación partidista y, por tanto, ajena a la refriega
electoral, no expuesta a ella.
Muy pronto, la realidad de los hechos trastocaría este propósito inicial. Washington
concitó el consenso de los miembros del Colegio. Fue el único presidente elegido por unanimidad de los electores: 69 de 103 estados en 1789 y 132 de 154 estados en 1792. John
Adams le disputó la Presidencia a homas Jeferson: se la ganó una vez, en 1796 –ya habían
cuajado las facciones federalista y antifederalista, los tan temidos partidos–, y perdió en la
3
4
Ni Carolina del Norte ni Rhode Island habían ratiicado la Constitución en esa fecha, lo hicieron cuando se
incluyeron las 10 primeras enmiendas, el llamado Bill of Rights; a Nueva York no le dio tiempo a formalizar
la elección de compromisarios.
En esta fecha se habían incorporado a la Unión y al proceso electoral los tres estados mencionados en la
nota anterior además de Kentucky y Vermont, que desde 1777 se mantuvo como república sin vinculación
ni con los congresos continentales ni con la Confederación de 1781. Tampoco participó en la Convención
constituyente celebrada en Filadelia.
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EL SISTEMA ELECTORAL DE LOS ESTADOS UNIDOS. LAS RAÍCES HISTÓRICAS DE LA FÓRMULA MAYORITARIA
siguiente, en 1800. La elección de 1800 constituyó el in del consenso presidencial, según
el cual, al candidato con más votos del Colegio Electoral se le adjudicaba la Presidencia
y al segundo, la Vicepresidencia. La elección de 1800 se ventiló en la Cámara de Representantes, pues dos candidatos, homas Jeferson y Aaron Burr –un atrabiliario y oscuro
personaje– empataron a votos en el Colegio. A partir de la siguiente convocatoria, los
candidatos concurrirán para la Presidencia o para la Vicepresidencia5. Con el tiempo, este
procedimiento daría lugar al nacimiento de la fórmula del ticket: los candidatos a presidente y vicepresidente de un mismo partido concurrirán juntos a la elección.
En segundo lugar, y como acabamos de apuntar, la institución no pudo frenar el surgimiento de los partidos políticos. El Colegio Electoral estaba pensado precisamente para
evitar que la lucha partidista se trasladara a la elección presidencial, pero no lo consiguió.
Por eso hemos dicho al principio del epígrafe que el sistema electoral no nace accidentalmente. Sin embargo, los constituyentes tampoco pueden teledirigir los procesos políticos.
El bipartidismo inglés se traslada a América, pero, como recuerda Duverger (1996:23) “los
partidos norteamericanos no descansan en ninguna base ideológica o social” propiamente
dicha, sino que son manifestaciones, esto lo añadimos ahora, de una distinta manera de
concebir la división vertical del poder, nacen, por emplear las categorías de Lipset y Rokkan
(1967) de la manifestación del conlicto entre centro y periferia.
Si las disputas entre federalistas –Plan de Virginia– y antifederalistas –Plan de Nueva
Jersey– habían surgido durante los debates constituyentes y se habían trasladado a las cámaras –Cámara de Representantes y Senado–, no había razón para pensar que tarde o temprano los ejes de división política que propiciaron la creación de los primeros partidos en
Estados Unidos se trasladaría a la elección presidencial. Máxime porque a los dos primeros
y principales contendientes en la arena electoral para la Presidencia no sólo les separaba una
diferente concepción del reparto de poderes entre los estados y las instituciones federales
–y en consecuencia la política monetaria: cómo afrontar el pago de las deudas contraídas
durante la Guerra de Independencia y el debate en torno a la necesidad de crear un Banco
Nacional, hoy Reserva Federal–, sino también la política exterior: los federalistas se declararon anglóilos –partidarios de rehacer y estrechar lazos con la madre patria– y los antifederalistas, francóilos, partidarios de mantener la coalición con el país que había contribuido
a la independencia de las colonias, Francia, máxime cuando su revolución representaba los
valores por los que habían luchado los colonos americanos.
En este sentido, para moderar la participación del pueblo en la elección presidencial,
los padres fundadores crearon el Colegio Electoral, una institución que no se reúne como
cuerpo6, integrada por un número de compromisarios igual a la suma de representantes de
5
6
Enmienda 12 de la Constitución, ratiicada en 1804.
La Constitución establece claramente que los “electores se reunirán en sus respectivos estados, y mediante
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la Cámara y senadores (hoy son 538: 435 representantes, 100 senadores y tres delegados del
Distrito de Columbia). La elección de compromisarios se realiza de acuerdo a las normas de
cada Estado. Es importante recordar este aspecto, pues refuerza el punto anterior en el que
hablábamos de la suma de subsistemas. En principio, correspondía a las asambleas de los
estados designar a los electores. Ya sabemos que no todos los estados introdujeron al mismo
tiempo el voto popular, pero la expansión fue muy rápida: las elecciones de 1824 fueron las
primeras en las que se celebraron comicios en la totalidad de la nación7.
Dado que el número de compromisarios coincide con el de representantes y senadores,
es fácil deducir que a cada Estado le corresponde un número de compromisarios coincidente con el de representantes que tiene en el Capitolio. Hoy, el Colegio Electoral es sólo
una mera reminiscencia que muestra el respeto de los americanos por sus tradiciones, nada
más. No han considerado enmendar la Constitución para suprimirlo porque la práctica
política se ha encargado de neutralizar sus posibles disfuncionalidades. En este sentido, 29
estados más el distrito de Columbia solicitan lealtad a sus compromisarios, aunque únicamente cinco han previsto mecanismos de sanción a los compromisarios desleales8. En todo
caso, se cuentan con los dedos de las dos manos los casos en los que se ha producido esa
deslealtad en más de 200 años de Historia constitucional. En 1876, el Colegio Electoral
asumió un papel destacado por última vez. Entre acusaciones de fraude, Rutherfod Hayes
fue inalmente proclamado presidente por una Comisión del Congreso9. Desde entonces,
7
8
9
votación secreta elegirán a dos personas, de las cuales por lo menos una no será residente del mismo Estado
que ellos”. Los votos de cada Estado son remitidos al presidente del Senado –vicepresidente de los Estados
Unidos– que procederá, en sesión conjunta de ambas cámaras, a la apertura de los sobres.
Andrew Jackson obtuvo 152.933 votos (42%); John Quincy Adams –hijo del segundo presidente de los
Estados Unidos, 115.696 (32%); John Clay, 47.136 (13%) y William H. Crawford, 46.979 (13%). Esta
elección resultó singular por dos aspectos. Primero: por segunda vez, la elección del presidente recaía en la
Cámara de Representantes. Los votos en el Colegio se repartieron del siguiente modo: Jackson, 99; Adams,
84; Crawford, 42 y el sempiterno candidato, John Clay, 37. Dado que ningún candidato obtuvo la mayoría
absoluta de los votos electorales, la elección pasó a la Cámara de Representantes, de acuerdo con la Décimo
Segunda Enmienda de la Constitución, que establece que la decisión se tomará por estados –uno por cada
Estado–, no por representantes. Este procedimiento se introdujo para satisfacción de los estados del Sur y
consecuentemente de los antifederalistas. Curiosamente, en este caso perjudicó al candidato demócrata, Andrew Jackson. En segundo lugar, como acabamos de avanzar, los estados votaron por Adams, de manera que
por primera vez, el candidato con más votos populares perdía la Presidencia de la nación. Por último, hay un
hecho que no debemos pasar de largo. Jackson se impondría también en los comicios siguientes, en 1828. Y
entonces sí ocuparía el sillón presidencial. Se inauguraba la era conocida como la “democracia jacksoniana”,
caracterizada, entre otras muchas cosas, por el hecho de que los candidatos no rehúyen el discurso populista.
El nacimiento del populismo como rasgo de la cultura política norteamericana coincide con la extensión del
sufragio.
Ver: Guía práctica de las elecciones de Estados Unidos, editada por Mas Consulting en agosto de 2012, p. 25:
http://www.masconsulting.es/wp-content/uploads/2012/08/Guia_MASConsulting_USA2012.pdf
El Partido Republicano de Hayes denunció los resultados en Carolina del Sur, Luisiana y Florida, además
de un voto electoral en Oregón. Aquí se había impuesto el propio Hayes, pero uno de los tres electores del
Colegio fue sospechosamente inhabilitado y el gobernador, a la sazón demócrata, lo sustituyó por uno de su
partido. Sin contar estos tres estados ni el elector de Oregón, Samuel J. Tilden, candidato demócrata, ganaba
a Hayes en votos electorales por 184 a 166. Apenas un voto le separaba de la Casa Blanca. El resultado inal
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el Colegio Electoral es una fórmula que ilustra y facilita el recuento, un protocolo de carácter puramente formal y nominal.
Los tres rasgos distintivos analizados ponen de maniiesto que el análisis del sistema
electoral americano requiere de un enfoque y perspectiva histórica e, insistimos, impide
asociarlo a un único contexto. Por eso conviene insistir en los elementos originales. Conociéndolos, nos será mucho más fácil insertar las innovaciones.
El gobierno de la república: los caminos que conducen
a la adopción de la fórmula mayoritaria
Los federalistas impusieron su visión sobre el modelo de República y en consecuencia su
patrón institucional, que incluye las bases del sistema electoral. ¿Qué principios o ideas
guiaron el plan federalista?: i) la consideración de los partidos como “vicio” del sistema
político; ii) la consecución del “gobierno mixto”10, iii) la imposición de un férreo sistema
de controles y equilibrios entre las distintas instituciones, poderes y territorios y, iv) la sistematización de los ritmos y periodicidad electoral. Este último requisito está íntimamente
vinculado con la noción de cheks and balances: el sistema de controles no puede funcionar
como un reloj suizo si los ritmos de renovación de las instituciones se rompen. Cada uno de
estos elementos condiciona de un modo u otro la adopción del sistema electoral. Veamos.
La obra de Hamilton y otros (2012), El Federalista es la que mejor explica las bases del
constitucionalismo americano (casi medio siglo más tarde, La democracia en América, del
diplomático francés Alexis de Tocqueville será la que mejor explique cómo funciona y que
características culturales, sociales y económicos que deinen su democracia). Alexander Hamilton, James Madison y John Jay exponen las razones de su propuesta para la Unión. Sus
argumentos se vieron relejados en la redacción inal del texto constitucional. En el Artículo
X de El Federalista, escrito por Madison y publicado en el Correo de Nueva York el 23 de
noviembre de 1787, dos meses después de que la Convención aprobara la Constitución,
leemos: “Entre las numerosas ventajas que ofrece una Unión bien estructurada, ninguna
merece ser desarrollada con más precisión que su tendencia a suavizar y dominar la violenfue de 185 a 184 a favor de Hayes. El nuevo recuento en los estados “confusos”–que fueron precisamente
aquellos que fueron rebeldes y que todavía estaban bajo “control” militar y administrativo republicano durante el periodo de postguerra conocido como la reconstrucción– favoreció a Hayes en Carolina del Sur. En
los otros dos estados no hubo resultado oiciales: si el Senado contaba los votos, la mayoría republicana daría
la Presidencia a Hayes; si lo hacía la Cámara de Representantes sería al revés. En Oregón, el Colegio envió
también dos recuentos distintos al Congreso, uno demócrata y otro republicano. La solución de que decidiera
una Comisión fue propuesta por el futuro presidente, James A. Garield. Ver: Redondo ( 2015: 281-284).
10 Como muy bien resume Neustadt (1960:33) “los padres fundadores crearon “un gobierno de instituciones
separadas que comparten el poder”.
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cia del espíritu de partido (…) peligroso vicio” de los gobiernos populares. La obsesión de
los federalistas era evitar las facciones, deinidas como “cierto número de ciudadanos, estén
en mayoría o minoría, que actúan movidos por el impulso de una pasión común, o por un
interés adverso a los derechos de los demás ciudadanos o a los intereses permanentes de la
comunidad considerada en su conjunto”11.
El rechazo de la idea de partido tiene un objetivo similar al de la división territorial (vertical) e institucional (horizontal) de poderes: evitar la tiranía de la mayoría. En este caso, si
la representación se ejerce a título individual, se refuerza la independencia de los representantes respecto de facciones y grupos. Los ciudadanos escogen entre candidatos y no entre
listas (en seguida haremos una apreciación sobre esto). Los constituyentes mantienen así la
concepción natural de la representación (que vincula al representado con el representante
y no con el partido). A priori, de este modo se consiguen cámaras y asambleas dinámicas
de mayorías variables en cada votación. Si bien, Madison reconoce que la tentación y por
tanto la tendencia a formar grupos en torno a intereses comunes es inevitable. Por el momento, a efectos de nuestro análisis, esto da igual, pues la conclusión a la que pretendemos
llegar es que el rechazo, digamos ilosóico, a los partidos impulsa la elección por mayoría.
Eso sí, la fórmula mayoritaria (el ganador se lo lleva todo o SMP, Single-member plurality)
se mantuvo y mantiene independientemente de que los partidos se hayan consolidado.
En cierto modo, el Artículo XLIX12 va por el mismo camino: establecer los mecanismos
adecuados para evitar la tiranía de la mayoría, limitar la formación de partidos y promover
el equilibro entre los poderes. El gobierno reside en el pueblo, pero el tipo de representación y el procedimiento de elección es distinto para cada una de las instituciones sobre
las que se fundamenta el sistema: las asambleas estatales y la Cámara de Representantes
son elegidas directamente por los ciudadanos, los senadores son designados inicialmente
por las asambleas estatales y, como ya sabemos, el presidente es nombrado por el Colegio
Electoral13.
11
12
13
El Federalista, X, pp. 35-41.
El Federalista, XLIX, pp. 214-217.
Nos resta por decir que el sistema político estadounidense deviene en presidencial en virtud de la independencia que adquiere el presidente respecto del Congreso (el objetivo inicial de los constituyentes era el
gobierno mixto), no en función de sus atribuciones iniciales. El hecho de que el presidente fuera elegido
por un procedimiento distinto y no necesite el refrendo de las cámaras impulsa el presidencialismo y pues
permite al presidente adquirir protagonismo, autonomía, relevancia y peril propios con el paso del tiempo.
En Redondo (2015: 53-68), exponemos las variables que inluyen sobre el refuerzo del poder presidencial y
el proceso de construcción del presidencialismo. Por otra parte, nos resulta más oportuno señalar las fórmulas
que contemplaron y inalmente desecharon los padres fundadores para elegir al presidente: i) La elección del
presidente en el Congreso. Los constituyentes eran partidarios de que el Primer Magistrado rindiera cuentas
al Congreso, no de que la administración de los asuntos de su gobierno dependiera de las cámaras, lo cual era
fundamental para apuntalar la división de poderes y el sistema de checks and balances; ii) La propuesta para
su designación por parte de las asambleas estatales, pues hubiera puesto en riesgo el delicado equilibro entre
los poderes de los estados y de la Unión: los estados hubieran cobrado un protagonismo desproporcionado
y hubieran surgido rencillas o enjuagues entre ellos; iii) También se desestimó la elección directa, tanto por
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La fórmula del Colegio se aprobó el 8 de septiembre de 1787. El sistema mayoritario,
según el cual el candidato que se impone en un Estado obtiene todos los votos de los
compromisarios de ese estado, se introdujo progresivamente por puro pragmatismo: para
simpliicar el proceso y evitar que el mismo Estado presentase varios candidatos. En el Artículo LXVIII de El Federalista, Hamilton admitió que “si el método no era perfecto, es al
menos excelente. Reúne en alto grado todas las ventajas a las que se podía aspirar” y gozó
del beneplácito de hasta los detractores de la institución presidencial14. Para los delegados
de la Convención, el Colegio sabría escoger a los hombres adecuados en virtud de sus
excepcionales cualidades. El presidente sería pues un hombre común y a la vez honorable.
A estas alturas ya sabemos que el principio mayoritario es el que mejor deine el sistema
electoral de Estados Unidos. Nos interesa detenernos en la elección de los senadores, sobre
todo porque nos permite insistir en una de las tesis de este artículo: los fundamentos del sistema se hallan en el origen de la nación, su desarrollo abarca toda su Historia. El 13 de mayo
de 1912 se propone y presenta la Décimo Séptima Enmienda sobre la elección directa de
senadores. Se aprueba el 8 de abril de 1913. A partir de ese momento, el Senado será elegido
por voto popular. Teniendo en cuenta que ya ha arraigado el sistema mayoritario en la Cámara
de Representantes –con estados divididos en condados o distritos al modo británico– y en
la elección presidencial, no ha de extrañarnos que se aplique igualmente al Senado. Estados
Unidos se consolida como democracia de candidatos, no de partidos. No debemos pasar por
alto que aparte de las muchas elecciones de carácter local en la que se elige un candidato para
un cargo –no cabe el sistema de lista– (sherif, alcalde o iscal) hay otra elección de rango estatal
igualmente unipersonal: la de gobernador del Estado. Con todo lo dicho, parece lógico que el
sistema mayoritario, en su versión más pura, SMP, haya hecho fortuna en los Estados Unidos.
En el Artículo LIX, Hamilton sostiene retóricamente que el artículo de la Constitución
que otorga a cada Estado la potestad de organizar las elecciones bajo la vigilancia del Congreso, que puede alterar esas disposiciones, es el “más cabalmente defendible” de todo el
texto constitucional. Dando por hecho que era preferible no cerrar el sistema electoral en la
Constitución, por no perpetuarlo o blindarlo a los cambios futuros, argumenta que cabían
tres posibilidades: que el Congreso desarrollara la legislación, que lo hicieran las legislaturas
de los estados o bien éstas en primera instancia y aquellas la supervisaran.
“La Convención, con mucha razón, ha preferido el tercer sistema. Ha sometido la regulación de las elecciones para el gobierno federal, en primera instancia a las administraciones
locales, lo que en casos ordinarios y cuando no prevalezcan miras indebidas, ha de resultar
razones expuestas –voluntad de iltrar las pulsiones populares– como por otras relacionadas con el punto
anterior: evitar que los ciudadanos se decantaran por candidatos de sus estados y convertir la elección presidencial en una disputa entre estados.
14 El Federalista, LXVIII, pp. 288-291.
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más conveniente y satisfactorio; pero reservó a la autoridad nacional el derecho a interponerse, siempre que circunstancias extraordinarias haga que esa interposición sea necesaria
a su seguridad”15. Tengamos en cuenta que no iba a pasar mucho tiempo hasta que efectivamente el Congreso tuvo que atar en corto a los estados. Tras la Guerra Civil, algunos
estados ex esclavistas se opusieron a la reconstrucción y trataron de eludir por recovecos
legales las Décimo Cuarta y Décimo Quinta enmiendas sobre derechos civiles y derecho al
sufragio de los negros, ratiicadas respectivamente en 1868 y 1870. Lo hicieron mediante
el desarrollo de los Blacks Codes, leyes segregacionistas. A los negros se les desposeyó de
muchos derechos, pero no pudieron quitarles el derecho al voto.
Hemos dejado para el inal los artículos LIII y LX –pasaremos por alto el siguiente, que
justiica los requisitos para el sufragio pasivo tanto en la Cámara de Representantes como
en el Senado–. El Artículo LIII16 se centra en la periodicidad de las elecciones. Los ingleses
tenían su Triennial Act desde 1641 y renovada tras la Gloriosa, en 1694. Los colonos partieron de una premisa mucho más exigente: “donde acaban las elecciones anuales empieza
la tiranía”. En Connecticut y Rhode Island, las legislaturas duraban seis meses a inales del
siglo XVIII, lo cual permitía al pueblo estar encima de los representantes, pero sometidos
a la asixia del escrutinio casi permanente, lo que les impedía desarrollar pausadamente sus
funciones y les obligaba emplear sus energías en la reelección. Todos los demás Estados tenían en 1787 legislaturas anuales, excepto Carolina del Sur, que tenía carácter bianual. Los
autores de El Federalista siguen los presupuestos de John Locke: las elecciones periódicas
son un requisito esencial para el buen funcionamiento de los regímenes parlamentarios.
Los periodos deben estar perfectamente delimitados por ley.
Mediante un razonamiento sencillo que hoy nos puede parecer peregrino –aunque el
método haya resultado del todo funcional–, los federalistas concluyen que dos años es el
ritmo adecuado para las convocatorias de las asambleas y la renovación de las instituciones.
Si la mayoría de los Estados habían establecido un periodo de un año, no era descabellado
ijar un periodo de dos años para las legislaturas federales, pues éstas requieren un conocimiento más amplio de los problemas y las leyes de todos los estados que conforman la
Unión, además de desplazamientos más largos. Como digo, no nos distraemos con la calidad del argumento sino que nos detenemos en la discusión y conclusión: ¿cuál es el tiempo
de vigencia de una asamblea? ¿Cuánto hay que aproximarla a la opinión pública? ¿Cuál es
su fecha de caducidad? Los constituyentes no piensan tanto –que también– en limitar las
tentaciones de los representantes de perpetuarse como en la idea de renovación, exigencia
asociada al gobierno del pueblo: lo más cerca que puede estar el pueblo de ejercer gobierno
es eligiendo cada poco tiempo a sus representantes. Dado que el mandato imperativo forma
15
16
El Federalista, LIX, pp. 250-254, la cita corresponde a la pág. 251.
El Federalista, LIII, pp. 227-231.
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parte del mundo antiguo –idealizado por el republicanismo americano–, lo más próximo
a ello es la agilidad en la renovación. La Cámara de Representantes se renueva por tanto
cada dos años en su totalidad (artículo 1, sección 2 de la Constitución). Sin embargo, para
dotar de estabilidad a la cámara de representación territorial, el Senado, cuyas atribuciones
exigen más tiempo para la deliberación, la renovación se realiza por tercios cada dos años,
de modo que las legislaturas duran seis años aunque los mandatos duren dos (artículo 1,
sección 3 de la Constitución).
Por otro lado, Hamilton dedica el Artículo LXI17al tamaño de la circunscripción. El
texto nos resulta interesante por dos razones: porque nos devuelve a uno de los rasgos distintivos expuestos en el primer epígrafe: el sistema se perila a partir de los estados. Además,
como ya advierte Hamilton, es un poder en absoluto baladí diseñar los distritos. Y, en
segundo lugar, porque carga de razón a los constituyentes que depositaron en los poderes
de la Unión la revisión del sistema. Los padres fundadores tenían muy recientes las causas
de la independencia de las colonias, entre ellas, la defensa que el Parlamento británico hizo
de la representación virtual y, por extensión, de los burgos podridos. De tal modo que los
estados diseñan las circunscripciones y el Congreso iscaliza su idoneidad. La cuestión que
plantea este artículo es: con qué criterios se han de diseñar distritos teniendo en cuenta las
distintas elecciones que alberga cada estado18. Los federalistas abogan, en la medida de lo
posible, por la homogeneidad.
Sistema mayoritario y bipartidismo
La primera de las reglas de Duverger (1996:251) sobre los efectos de los sistemas electorales
dice: “El escrutinio mayoritario de una sola vuelta tiende al dualismo de partidos”. Y continúa el prestigioso autor francés: “De todos los esquemas que hemos deinido en este libro,
este último es, sin duda, el más próximo a una verdadera ley sociológica”, pues los países
mayoritarios son dualistas y los dualistas mayoritarios. Ciertamente, es así, aunque la experiencia no permite establecer una relación causa-efecto. Quiero decir que la Convención
de Filadelia ya mostró una disposición hacia el dualismo antes de que se generalizara el
17
18
El Federalista, LXI, pp. 258-261.
El más conocido caso de manipulación electoral vía delimitación de distritos es el gerrymandering: la prensa
acuñó este término para referirse a las aviesas intenciones del gobernador de Massachusetts, Elbridge Gerry,
quien, en 1812, manipuló las fronteras de los distritos y unió algunos de ellos donde su partido, el demócrata, tenía menos representación. De esta forma esparcía los votos de su oponente, el Partido Republicano
y concentraba los suyos. El término se popularizó porque el distrito creado artiicialmente tenía forma de
salamandra (salamander, en inglés). La ilustración del dibujante Stuart, publicada en marzo de 1812 en el
Boston Gazette bajo el título “El Gerrymander: una nueva especie de monstruo apareció en el distrito sur de
Essex”. Como recoge Sartori (2010:35), la práctica no ha caído en desuso en Estados Unidos.
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sistema mayoritario de elección. El dualismo tiene más que ver con la manera de entender
el gobierno y las legislaturas que con el propio sistema, que no excluye por sí sólo a terceras
fuerzas. Como también señala este autor (1996:312) en un sistema dualista, en el que los
dos partidos tienen vocación mayoritaria, las posibilidades de alternancia limitan la demagogia, pues ambas formaciones tienen vocación de gobierno.
El sistema estadounidense siempre fue bipartidista, al margen de la denominación,
isonomía, programa, ideario y evolución de los partidos en liza: federalistas y antifederalistas, federalistas y republicano-demócratas, whigs y demócratas, nacional-republicanos y
demócratas, republicanos y liberal-republicano-demócratas y, inalmente, republicanos y
demócratas.
Por otra parte, la elección presidencial refuerza el dualismo por dos razones: porque
fomenta la concentración del voto y porque el propio sistema de selección de candidatos
depura las posiciones extremas. En el primer tercio del siglo XIX se introdujo el sistema
de primarias para elegir a los candidatos de los partidos. En cierto modo, las distintas corrientes –a izquierda y derecha– iltran cada una por su lado las opciones para presentar al
candidato que más posibilidades tiene de ganar a su adversario. En este sentido, el dualismo
de partidos aglutina en el centro a los electores. El bipartidismo es pues una garantía de
estabilidad del sistema político.
El partido que no es capaz de resolver las diferencias entre candidatos antes de las
elecciones primarias lo paga en las elecciones del primer martes después del primer lunes de noviembre19: así ocurrió en dos ocasiones durante el siglo XX: en 1912, heodore
Roosevelt había abandonado el Partido Republicano y fundó el Partido Progresista, con el
que obtuvo el 27% de los votos. El candidato republicano, el presidente saliente y antiguo
colaborador de Roosevelt, William Howard Taft, alcanzó el 23% de los sufragios, mientras
que el demócrata Woodrow Wilson, con el 42% de los votos, consiguió la Presidencia. A
esa atípica elección –pues el partido nuevo quedó segundo– también se presentó Eugene V.
Debs como candidato socialista. Cosechó el 6% de apoyos. Más recientemente, en 1992,
el candidato independiente Ross Perot arañó 19.741.048 votos supuestamente de las ilas
republicanas. Suponían el 19% de los votos. Bill Clinton derrotó a George Bush sr. por
casi seis millones de votos20. Por el contrario, Ronald Reagan ganó las elecciones de 1980
19
Un martes para que a los ciudadanos les diera tiempo a llegar a la votación tras su día de descanso semanal
y oicio religioso. El primer martes después del primer lunes para que nunca coincidiera con el Día de Todos
los Santos y porque los comerciantes ponían en orden sus cuentas el primer día de cada mes. Las elecciones
se celebran en noviembre, terminada la recogida de la cosecha y antes de la llegada de los fríos.
20 Otras elecciones presidenciales en las que se ha presentado un candidato de un tercer partido (no incluimos las
elecciones en las que se presentan varios candidatos de sólo dos partidos: ya hemos citado anteriormente las de
1824; y, por ejemplo, destacamos las de 1836, en las que el candidato demócrata y delfín de Andrew Jackson,
Martin Van Buren se impuso a tres candidatos whigs que, de todas formas, no sumaban juntos los votos de su
adversario): 1844, James G. Birnay, Partido de la Libertad, (2%); 1848, Martin Van Buren, Free Soil (10%);
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pese a que compitió, además de contra el candidato demócrata, el presidente Jimmy Carter,
contra John B. Anderson, ex republicano, que se presentó como independiente formando
ticket con el ex demócrata Patrick J. Lucey. Obtuvo 5,7 millones de votos (7%).
La idea que queremos transmitir es que la elección uninominal preserva el bipartidismo
pues, como subraya Sartori (2010:17), el sistema busca –en este caso necesita– un “vencedor indiscutible”, ya que no caben coaliciones. Sin embargo, insistimos, no lo blinda,
igual que el parlamentarismo británico no está cerrado a dos fuerzas aunque sean dos las
que dominen.
En suma, hay una tendencia natural, una inercia bipartidista en las elecciones unipersonales o en las parlamentarias con distritos uninominales. En todo caso, subrayamos, el
sistema electoral y sus efectos, tanto materiales como psicológicos –relacionados con la
explotación del voto estratégico–, son en parte importados de la tradición británica e interiorizados como parte de la cultura electoral. No es que el sistema no permita la admisión
de más de dos candidatos, es que los somete a una suerte de selección natural mientras los
empuja hacia el centro.
Antes de desarrollar esta idea, tomemos nota de lo que nos recuerda Farrell (2011:1718) cuando muestra cómo se diseñan las papeletas electorales: Estados Unidos importa el
modelo de elección y el formato parlamentario y de gobierno británico. En el Reino Unido
se escoge un candidato de un partido entre una papeleta que contiene el nombre de todos
los candidatos de todos los partidos que se presentan en cada circunscripción. Una papeleta
en Estados Unidos, independientemente del tipo de elección, es mucho más compleja: no
sólo contiene los nombres de los candidatos unidos a sus respectivos partidos sino que puede incluir cuestiones sobre las que ha de pronunciarse los ciudadanos. La cultura electoral
norteamericana a la que nos acabamos de referir permite recurrir con frecuencia al referéndum sobre cuestiones relacionadas con las competencias de los Estados. Es evidente la
inluencia de los mecanismos de democracia directa empleados durante el periodo colonial.
Dicho esto, retomemos el asunto de la selección natural. En 1831, el pequeño Partido
Antimasónico celebró una convención nacional para elegir a su candidato a la Casa Blanca.
Fue una reunión informal en una cervecería de Baltimore cuyo objeto era sólo pergeñar el
programa electoral, pero sentaron precedente. Al año siguiente, los miembros del Partido
1856, Millard Fillmore, Partido Americano, Know-nothing y Whig (22%); 1860, John C. Breckinridge, Partido Nacional Demócrata (18%) y John Bell, Partido Constitucional de la Unión (13%); 1892, James B.
Weaver, Partido del Pueblo o Partido Populista (9%); 1904, 1908 y 1920, Eugene V. Debs, Partido Socialista
(3% en los tres comicios); 1912 (citadas en el cuerpo del texto); 1924, Robert M. LaFollette, Partido Progresista (17%); 1948, Strom hurmond, Partido por los Derechos de los Estados o Dixiecrat (2%) y Henry A.
Wallace, Partido Progresista (2%); 1968, George Wallace, Partido Independiente Americano (13,5%); 1980
y 1992 (citadas en el cuerpo del texto); 1996, Ross Perot, Independiente (8,4%); 2000, Ralph Nader, Partido
Verde (2,7%), Patrick Buchanan, Partido Reformista (0,4%) y Harry Browne, Partido Libertario (0,4%);
2004, Raph Nader, Independiente (1%). Ver, Redondo (2015) y DeGregorio y Sturart (2013).
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Demócrata se citaron en la misma taberna para escoger sus candidatos. Desde entonces, los
dos grandes partidos incorporaron, con mayor o menor entusiasmo, el procedimiento. Así
nacieron las convenciones, reuniones de delegados de los partidos en las que se nomina al
candidato presidencial, que a su vez, suscribe un programa de gobierno. Los delegados son
representantes de los distintos estados.
Desde principios del siglo XX los partidos elegían, en algunos Estados, a sus delegados mediante primarias. Las primarias para la Presidencia son elecciones entre candidatos
del mismo partido que compiten por la nominación presidencial. El candidato que suma
mayor número de delgados en la Convención obtiene la nominación. A más de los delegados, a las convenciones acuden superdelegados, delegados de pleno derecho en razón de su
prestigio, trayectoria o del cargo que desempeñen en el partido o en una alta institución del
Estado. Los superdelegados acuden a la convención sin pasar por las primarias. Los candidatos, a la vez que resuelven las primarias, tratan de ganarse el apoyo de los superdelegados, ya
no porque suponga una inyección de votos en las convenciones, donde se llega, desde los
años 60, con la contienda interna decidida, sino porque les dota de un plus de legitimidad
en el proceso de celebración de primarias. Durante un tiempo, las primarias chocaron
contra la voluntad de los jefes de los partidos, que perdían el control sobre los candidatos.
En 1936, sólo 12 estados celebraban primarias. Tras la II Guerra Mundial, la tercera ola
democratizadora revitalizó el proceso de primarias. Hoy, las primarias, que se desarrollan
durante todo el año electoral, son un fenómeno político de primera magnitud. Evalúan la
consistencia de los candidatos, ponen a prueba su grado de aceptación entre los electores de
su propio partido y constituyen un soisticado ejercicio de estrategia política: los candidatos
miden sus fuerzas y gestionan sus recursos en función de sus posibilidades en cada Estado.
En el proceso de primarias destaca el supermartes, fecha en la coinciden primarias en varios
Estados y decantan considerablemente la carrera por la nominación.
Junto con las primarias y en algunos casos en su sustitución, algunos estados celebran
caucus. Son reuniones de militantes, simpatizantes e inscritos en cada uno de los partidos
que deliberan y eligen en locales públicos a sus delegados mediante un procedimiento
asambleario. Tienen un carácter local, más informal y menos reglado que las primarias; a
cambio, gozan de mayor tradición –pues se remontan a los orígenes de la revolución– y
permite a los ciudadanos participar de la discusión sobre propuestas.
Finalizado el proceso de primarias, los partidos celebran sus respectivas convenciones
en el verano del año electoral. La Convención es la gran iesta de puesta de largo de la candidatura y el comienzo de la campaña. El candidato a la Presidencia concurre junto con el
candidato designado para la Vicepresidencia. Ambos integran el llamado ticket electoral.
Durante los siguientes dos meses, los candidatos recorren el país de Este a Oeste y de Norte
a Sur y se encuentran cara a cara en tres debates televisados. La carrera por la Presidencia
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EL SISTEMA ELECTORAL DE LOS ESTADOS UNIDOS. LAS RAÍCES HISTÓRICAS DE LA FÓRMULA MAYORITARIA
dura un año entero. La extensión del proceso electoral permite someter a muchas pruebas
a los candidatos. El candidato que ocupa la Casa Blanca no se presenta a primarias, automáticamente se convierte en candidato de su partido a la reelección. Si ya ha sido reelegido
una vez, según la Vigésimo Segunda Enmienda, ratiicada en 1951, no puede volver a optar
a la Presidencia.
Nos hemos detenido a explicar someramente el proceso de primarias para reincidir sobre
las ideas apuntadas al principio: el sistema electoral evoluciona junto con el sistema político;
el sistema político pone las bases y condiciona el sistema electoral y, por último, el sistema
electoral, acomodándose al sistema político e institucional, promueve el bipartidismo. No lo
determina, pero concluimos que el bipartidismo está presente, igual que el sistema electoral,
en las raíces del modelo político. El método empleado para elegir a los representantes en
las asambleas coloniales se extrapoló a la Cámara de Representantes. Aianzado el dualismo
desde muy temprano, la elección presidencial lo incorporó de forma natural. Hemos visto
que nada impide a terceros candidatos competir y disputar la elección a los candidatos de los
partidos principales. No obstante, la inercia centrípeta del sistema provocó que se extendiera
y generalizara la fórmula de las convenciones y posteriormente de las primarias. La primera
constata uno de los pocos fracasos de los padres fundadores: los partidos adquirieron protagonismo, limitando la inluencia de los outsiders; la segunda permite canalizar o encauzar
la elección por la vía del bipartidismo. En deinitiva, el sistema electoral ha evolucionado
durante los más de dos siglos de Historia de la nación, sin embargo, en todo este tiempo se
ha mantenido iel a las directrices y parámetros establecidos por los constituyentes en 1787.
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Chile se rediseña: breve balance de
cambios en las reglas electorales
Leticia M. Ruiz Rodríguez*
Nelson Alejandro Osorio Rauld**
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Resumen:
Ante el proceso constituyente al que Chile se enfrenta, el artículo propone una actualización de las últimas modiicaciones que se han llevado a cabo en el ámbito electoral. Se
presentan cuatro reformas de distinta índole, que recogen reivindicaciones históricas de la
sociedad chilena y también de la literatura especializada en efectos de la normativa electoral. Además de describir su contenido, se valorará brevemente la contribución desigual a
la mejora de las dimensiones de participación y de decisión electoral, a la vez que son una
señal del aumento de la responsiveness de la democracia chilena.
Palabras clave: Sistema electoral, calidad de la democracia, Chile
Abstract:
Considering the constitutional process that Chile is facing, this article proposes an update
of the latest changes that have been taken place in the electoral ield. Four reforms of diferent kinds are presented, they gather historic recognitions of the Chilean society as well as
the specialized literature in the efects of the electoral rules. Besides describing its content,
it will briely evaluate the unequal contribution towards the improvement of the aspects of
participation and electoral decision, while they are a sign of the increase of responsiveness
in the Chilean democracy.
Key words: Electoral system, quality of democracy, Chile.
* Profesora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)
** Profesor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)
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LETICIA M. RUIZ RODRÍGUEZ
Y
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Introducción
E
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l informe del PNUD sobre Chile para el año 2015 recoge un creciente malestar de
los sectores populares y medios de la sociedad que requieren cambios profundos de
tipo social, político y económico (PNUD 2015). La desatención a estas demandas
ha impulsado la adhesión a formas de participación política fuera de los canales institucionales, tales como los movimientos sociales y las acciones colectivas de diversa naturaleza, en
detrimento de la participación política formal en citas tales como la elección de diputados
y senadores, o las elecciones presidenciales y de alcaldes. Se habría producido una (re)politización de la sociedad chilena que no pudiera ser encauzada por las instituciones políticas
democráticas vigentes y que se habría gestado, progresivamente, desde la restauración de la
democracia (Ruiz, 2014 y 2015; Garretón, 2015; Mayol, 2011)1.
Como reacción, aunque tardía a este proceso, una parte importante de la élite político-partidista ha interiorizado la necesidad de reformar el funcionamiento de las instituciones y de los mecanismos de participación. La Presidenta Michelle Bachelet ha asumido
que el cometido más relevante de su segundo mandato es la aprobación de una nueva
Constitución que reemplace al texto de 1980 que se gestó durante el período autoritario de
Pinochet. La nueva Constitución supondrá la culminación real, pero también simbólica,
de las transformaciones de tipo institucional que desde la vuelta a la democracia en 1989 se
han producido en Chile. Con dichas reformas se han suprimido los denominados “enclaves
autoritarios”2; sin embargo, la ciudadanía reclama el avance en la profundización democrática. En este punto conviene relexionar sobre las transformaciones de la arquitectura
institucional heredada del período autoritario.
En estas páginas se centra la atención en las modiicaciones del diseño institucional que
se han llevado a cabo en el ámbito electoral. Dicho ámbito contenía algunos de los elementos más palpables de la ingeniería política del régimen autoritario. Las reglas electorales que
regulan las elecciones desde 1989 han producido una alta desproporcionalidad en la traducción de votos a escaños, un desequilibrio entre zonas rurales y urbanas, han penalizado
a las candidaturas que competían fuera de las dos grandes coaliciones electorales, a la vez
que se ha promovido una dinámica pactista-clientelar de reparto de puestos entre la élite
partidista. Además, toda esta disfuncionalidad en la representación ha agravado la espiral
1
2
La repolitización tiene su antecedente en el fenómeno de politización que tuvo la sociedad chilena desde
la década del 60’ hasta 1973, que en opinión crítica de muchos cientíicos sociales, fue uno de los grandes
factores de desestabilización del sistema de partidos que nace en 1932 y termina el 73 con el golpe de Estado.
En esa discusión, se argumentaba que el sistema institucional se hacía incapaz de absorber las fuerzas políticas
de la sociedad, las que sobre-ideologizadas, no contemplaban los marcos institucionales de la democracia para
realizar los cambios sociales (Garretón y Moulian, 1985; Moulian, 1994).
Sobre enclaves autoritarios ver Garretón (2007) y (2015).
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CHILE SE REDISEÑA: BREVE BALANCE DE CAMBIOS EN LAS REGLAS ELECTORALES
abstencionista, así como la desidentiicación partidista en una combinación de efectos mecánicos y psicológicos.
En concreto, el artículo hace un breve balance de cuatro modiicaciones de las reglas del
juego electoral que persiguen la mejora de las dimensiones de participación y de decisión
electoral, a la vez que son una señal del aumento de la responsiveness de la democracia chilena3. Se trata de reformas de distinta índole que recogen reivindicaciones históricas de la
sociedad chilena y también de la literatura especializada en efectos de la normativa electoral.
En primer lugar, se estudian las modiicaciones relativas al registro en el censo y voto obligatorio aprobadas en 2012 y que ya se han puesto en práctica en las elecciones municipales
de 2012 y en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2013. En segundo lugar, se
analiza el establecimiento de la elección democrática de los consejeros regionales como parte
del proceso de descentralización que, de forma lenta, está produciéndose en Chile. En tercer
lugar, se centra la atención en el reconocimiento de voto de los chilenos en el extranjero que
será posible desde 2017. Estas tres reformas se llevaron a cabo durante el durante el mandato
presidencial de Sebastián Piñera (2010-2014). Después de lo cual se atenderá a una cuarta
reforma, aprobada durante el segundo mandato en curso de Michelle Bachelet (2014-2018
y anteriormente 2006-2010) y que tampoco ha sido aún implementada. Se trata del cambio
de sistema electoral que regulará las próximas las elecciones a la Cámara de Diputados y al
Senado de 2018. Con esta modiicación se pone in a un legado intacto del período autoritario que ha regido durante dos décadas. Como se muestra en el texto estas cuatro medidas
tienen un impacto desigual sobre la calidad de la democracia de Chile.
Inscripción automática y voto voluntario
El cese de la obligatoriedad en el voto y la introducción de la inscripción automática en el
registro electoral se aprobó en el año 2012 (Ley número 20.568 de inscripción automática y
voto voluntario)4. Hasta entonces el voto en Chile era obligatorio siempre que se estuviera
inscrito en el censo, siendo la inscripción un trámite voluntario. Por lo tanto, existía población que nunca se había inscrito y que, de facto, eran abstencionistas. Es ilustrativo un
dato del 2001, representativo de elecciones anteriores y posteriores, en que sólo el 76,9%
de la población en edad de votar estaba inscrita en el padrón (Navia 2004). Desde entonces
esta tendencia no ha mejorado y una porción importante de las nuevas generaciones de
chilenos han sido reticentes a inscribirse en el censo electoral. A esta cifra se puede sumar
3
4
Estas tres dimensiones, junto con la de soberanía y la de accountability son las cinco dimensiones que distinguen Levine y Molina (2011) en su propuesta de medición de la calidad de la democracia.
Esta ley modiica la anterior ley número 18.556 Orgánica Constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral.
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la de quienes votan nulo/blanco y el balance, según Navia (2004), alcanzaba el 41,8% de
los chilenos mayores de 18 años que preirió no inscribirse en los registros electorales o,
estando inscritos, optó por no votar o votar nulo/blanco en las parlamentarias del 2001.
La modiicación de la normativa intentaba aumentar los niveles de participación electoral, sobre todo de los electores más jóvenes que eran los más desmovilizados. A la vez,
esta reforma era un guiño a quienes habían protagonizado marchas y movilizaciones estudiantiles, así como a la ciudadanía en su conjunto. Los ciudadanos, a más de desconiar de
las instituciones (ICSO, 2013), realizaban una valoración muy baja del mandato de Piñera
que en el 2011 a un histórico 70% de tasa de desaprobación.
La aprobación de esta ley que permitía el voto voluntario estuvo precedida de controversia: ¿es el voto un derecho o un deber? Desde el entorno de la derecha se argumentaba
que el voto voluntario permitía que los ciudadanos tomaran sus propias decisiones en forma
libre y democrática sin la amenaza de sanciones por no asistir a votar (LyD, 2013; Fundación Jaime Guzmán, 2009). Este fundamento liberal también lo compartía gran parte del
conglomerado de la Concertación, había voces vinculadas a los sectores más progresistas del
centro izquierda que consideraban que votar era un derecho y un deber al mismo tiempo y
que era fundamental que los ciudadanos ejercieran su derecho a voto en forma obligatoria.
Junto a estas consideraciones emergía la preocupación por el impacto de la medida sobre los niveles de participación en un sistema político con tradición de voto obligatorio. Por
una parte, la aprobación de esta reforma ampliaba el padrón electoral que podría aumentar
potencialmente en casi 5.000.000 millones de personas, pasando de 8,3 millones de votantes a 13,3 millones de personas5. Pero, por otra parte, en un contexto de desafección
y descontento, existía una clara amenaza de elecciones con bajos niveles de participación.
Además cuando en Chile ha existido una tendencia histórica a la baja participación desde
la recuperación de la democracia que permitía la inscripción voluntaria.
Las dos elecciones que se han celebrado desde esta reforma han sido las elecciones
municipales de 2012 y las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2013, procesos
electorales que han conirmado estos temores sobre la baja participación electoral. La participación del electorado ha caído a niveles históricos, evidenciando que las consecuencias
del voto voluntario son políticamente complejas y profundas. El gráico 1 muestra que la
tendencia a la baja participación se ha acentuado. Según Morales y Díaz (2014) desde que
se promulgara la reforma de voto voluntario, muchos de los que asistían regularmente a
votar han dejado de hacerlo, ello en un breve período de tiempo, agudizando la tendencia
a la baja participación electoral. Por otra parte, la tendencia a la baja participación tendría
5
Si bien ya entonces, de acuerdo a los datos de la Encuesta ICSO de la UDP 2011-2012 y algunos datos del padrón electoral, había una estimación de que 1,7 millones de inscritos en los registros electorales ya no asistirían
a votar si el voto fuera voluntario, mientras que 2,1 millones de personas no inscritas comenzarían a votar.
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CHILE SE REDISEÑA: BREVE BALANCE DE CAMBIOS EN LAS REGLAS ELECTORALES
un sesgo de clase (Corvalán y Cox, 2013). Así, en las elecciones municipales del año 2012,
la concurrencia a votar fue menor en las comunas con menores ingresos económicos. Este
gap no se produjo en las elecciones municipales del año 2008 donde el voto era obligatorio
y no voluntario (Corvalán, Zahler y Cox, 2012).
Gráfico 1. Evolución del porcentaje de participación
de población en edad de votar (PEV)
61
Fuente: Morales y Díaz (2014) con datos de www.servel.cl
La eliminación del voto obligatorio y la introducción del registro automático no han sido
eicientes en la consecución de su objetivo que era promover la participación por los canales
institucionalizados. En una tendencia histórica al abstencionismo (que fue fundamentalmente posible por la vía de la no inscripción que era voluntaria), la supresión del voto obligatorio ha reforzado un patrón de conducta abstencionista que no ha podido compensar la
facilidad que genera la introducción del registro automático. No obstante, la introducción
del registro automático puede que favorezca, a medio plazo, una cierta recuperación de los
niveles de participación. Por otra parte, sería oportuno esperar al abandono del sistema
binominal para valorar, en conjunto, la situación en lo relativo a la participación electoral.
Si el nuevo sistema electoral se percibe más inclusivo y que permite una competencia real
entre opciones, a la vez que aumenta la representatividad, es probable que incrementen
ligeramente los niveles de participación bajo la forma de inscripción automática. Si bien la
experiencia de otros países muestra que aunque se frene el desencanto, los niveles de participación nunca llegarán a los de una situación de voto obligatorio6.
6
Así mismo, en Chile se mencionan otras medidas complementarias que podrían ayudar a superar la baja
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La reforma constitucional para la elección de Consejeros Regionales
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La segunda de las reformas electorales orientada hacia una mayor participación de la ciudadanía en Chile ha sido la introducción de un sistema de elección directa de los Consejeros
Regionales (CORES). Así con la modiicación de la Ley Orgánica de Gobierno y Administración (Ley número 20.678), promulgada en 2013, se sustituye al sistema previo de
elección indirecta. Todo ello entra dentro de un proceso de descentralización que se viene
realizando desde comienzos de los años noventa hasta la fecha (Mardones, 2006). A la vez,
se cumplía uno de los compromisos del Presidente Piñera para lo que contó con el apoyo
del oicialismo y de la oposición (Concertación).
La creación de los CORES mediante reforma constitucional en 1991 durante el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) ha fomentado la participación política y social de
las regiones. Entre otras cuestiones estos organismos elaboran planes de desarrollo regional
en colaboración con la comunidad local en un nivel técnico y político. En este sentido, los
Consejeros Regionales cumplen la función de ser intermediarios directos entre los ciudadanos y las instituciones políticas locales (Morales y Navia, 2008; Mardones, 2006). Sin embargo el órgano tenía un déicit en lo que se reiere a la legitimidad de sus integrantes. Los
CORES eran designados por los concejales de cada región constituidos para estos efectos
en Colegio Electoral por cada una de las provincias respectivas, de acuerdo con la siguiente
distribución: 1) Dos consejeros por cada provincia, independientemente del número de sus
habitantes,y 2) Diez consejeros en las regiones de hasta un millón de habitantes y catorce
consejeros en aquéllas que superen esa cifra, los que se distribuyen entre las provincias de
la región estando sujetos a su población consignada en el último censo nacional oicial.
Esta forma de elección producía malapportionment en la distribución de los escaños asignados a una determinada unidad geográica, puesto que no estaban proporcionalmente
distribuidos de acuerdo a su tamaño poblacional (Morales y Navia, 2008; Altman, 2011).
Ello sobrerepresentaba a unas zonas en detrimento de otras violentándose el principio de la
igualdad electoral (Morales y Navia, 2008: 171).
Para paliar el problema de la legitimidad indirecta, así como de la desigualdad en el
peso del voto en la adjudicación de escaños a los distritos, se introduce la elección directa
de Consejeros Regionales con un único candidato en una lista abierta. La fórmula de asignación de puestos es con el método D’hondt. Con ello se intenta perfeccionar el criterio
de representación en las divisiones territoriales de Chile (Altman, 2011). Los consejeros
regionales se elegirán a través de circunscripciones provinciales, donde cada provincia constituirá al menos una circunscripción. Cinco provincias se subdividirán en un mayor núabstención, algunas de tipo logístico como el transporte público gratuito el día de las elecciones y otras relacionadas con la cultura política como la recuperación de la asignatura de educación cívica (Garretón 2015).
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mero de circunscripciones, existiendo en total 64 circunscripciones provinciales. De este
modo, cambia drásticamente el criterio de representatividad por región. Si antes el máximo
de consejeros era de 14 en aquellas regiones que superaban el millón de habitantes, después
de la reforma, el aumento de consejeros por región es signiicativo: 14 consejeros en las
regiones de hasta 400.000 habitantes; 16 consejeros en aquellas regiones que tengan entre
400.000 y 800.000; 20 en las que posean entre 800.000, y 1.500.000 habitantes; veintiocho en las que tengan entre 1.500.000 y 4 000 000; y treinta y cuatro en las regiones que
posean más de cuatro millones de habitantes (Ley 20.678).
Esta reforma se estrenó 2013 con la simultaneidad de elecciones de los CORES con las
elecciones presidenciales y parlamentarias. Esta concurrencia de citas electorales perdurará
en el futuro. El cambio ha supuesto que los CORES adquieran mayor representatividad
y legitimidad. En esa misma dirección, un desafío político pendiente para avanzar en aras
una democratización más profunda es la elección de los intendentes, que son las máximas
autoridades regionales, los cuales son designados por el ejecutivo. Ello replica el modelo
presidencialista en las regiones (Altman, 2011), además de que mina la legitimidad de las
autoridades al no permitir su elección, ni directa ni indirecta por parte de los votantes.
El voto para los chilenos en el extranjero
La tercera de las medidas de cambio en las reglas electorales es la facilidad para el sufragio
de los chilenos residentes en el extranjero. Se trataba de un anhelo político del centro-izquierda que no se había visto satisfecho. Entre los sectores conservadores de Chile existía
la idea de que la mayoría de los chilenos que vivía en el extranjero eran exiliados políticos,
simpatizantes y muchos militantes de los partidos de la Unidad Popular que luego habían
pasado a ser simpatizantes con la Concertación. De este modo, el reconocimiento de su
derecho de voto aumentaría los apoyos a favor del centro-izquierda. Así las cosas, este proyecto había sido rechazado anteriormente en 1991 y en 2011. Finalmente, la presidenta
Bachelet irmó el día 16 de octubre de 2015 el proyecto de ley que regula el voto de los
ciudadanos chilenos en el extranjero, moción que habilita esta posibilidad7.
Con esta reforma se aumenta el padrón electoral potencialmente en casi 900.000 votantes,
de los cuales 450.000 cumplen las condiciones legales para ejercer el derecho a votar en el extranjero8. Su aplicación comenzará en las elecciones de 2017 y desde entonces regirá para ple7
8
La moción parlamentaria contó con el apoyo de políticos de ambas coaliciones, y contó con un signiicativo
apoyo en la Cámara Alta, donde existieron 28 votos a favor, 5 votos en contra y 3 abstenciones.
Según las fuentes oiciales de gobierno, el 92% de los chilenos que residen en el extranjero se encuentran residiendo en países Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Bolivia, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Italia, México, Noruega, Suecia, Suiza y Venezuela. Argentina representa más del 40% de nuestra comunidad en el exterior.
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biscitos, elecciones presidenciales, así como primarias presidenciales. Se deja fuera del sufragio
de residentes en el extranjero las elecciones de senadores, diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales con el argumento de que se trata ésta de una representación política de tipo
territorial que no tendría razón de ser para los ciudadanos chilenos que residen fuera del país.
Con esta ley se avanza hacia una mayor inclusión política, no sólo por la posibilidad
de agrandar su patrón electoral en casi un millón de personas, sino por cuanto el Estado
reconoce la posibilidad de que los emigrantes chilenos decidan en los asuntos públicos de
su país. Ello mejorará la dimensión de participación política de la democracia de Chile si
bien es cierto que, a diferencia de otros países, el rango de elecciones en que se aplica es
menor al no incluir las elecciones a diputados y senadores, como es habitual en otros países.
Del Sistema Binominal al Sistema Proporcional inclusivo
La cuarta de las reformas de este breve balance es la más reciente al ser aprobada en 2015 y
es la más trascendente ya que modiica muchos de los elementos del sistema electoral que
ha regido las elecciones al Parlamento (Cámara de Diputados y Senado) desde 1989.
Tras la derrota en el Referéndum de 1988, el régimen autoritario diseñó un sistema
electoral de tipo binominal sin la posibilidad de debate político entre los actores sociales
y políticos. Este sistema era parte de un paquete de medidas a modo de amarres que caracterizaron los acuerdos de transición y habría de regir los primeros comicios parlamentarios (Garretón, 2007 y 2015; Joignant y Menéndez-Carrión, 1999). Los dos principales
objetivos del sistema electoral eran sobre-representar a los partidos de derecha y promover
la reducción del número de partidos al incentivar la competición en coaliciones a modo
bipolar. El resultado fue uno de los sistemas más desproporcionales de América Latina.
El territorio chileno está dividido en sesenta circunscripciones que eligen a dos diputados en cada una de ellas (un total de 120 diputados) y en diecinueve regiones que eligen a
dos senadores (un total de treinta y ocho senadores). En estas circunscripciones el primer
diputado o senador es asignado a la lista (de partido o de pacto) que más votos haya obtenido. Pero esa misma lista no podrá conseguir el segundo diputado a no ser que obtenga
más del 66,66 % de los votos válidos emitidos en dicho distrito (denominado “doblaje”).
En caso contrario, el segundo escaño será para la segunda lista más votada.
Esta combinación de pequeño tamaño de los distritos y alto umbral electoral signiica
un reparto poco proporcional de los votos en escaños y además hace que los partidos aúnen
esfuerzos presentándose en pactos. Por otra parte, esta alta barrera electoral favorece el
empate político entre la mayoría de gobierno y la minoría opositora a costa de perder en
representatividad y desincentivar la aparición de nuevas etiquetas partidistas que concurran
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al margen de los pactos electorales (Corvalán, 2012; Navia y Contreras, 2013). Entre 1989
y 2013, los votos obtenidos por la Concertación y por Alianza por Chile, en las elecciones
de diputados y senadores concentraron un promedio de 89,4% de votos para el caso de la
Cámara Baja y 90,6% para la Cámara Alta, mientras el porcentaje de escaños promedio
obtenido por las dos coaliciones sumadas es del 97,8% para la Cámara de Diputados y del
99,3% en el caso del Senado. Las fuerzas políticas menores se han visto subrepresentadas al
punto de que sus parlamentarios no han sido elegidos pese a haber obtenido un porcentaje
de votos cercano al 7% o 10% nacional y alcanzar, además, cerca del 30% en algunas zonas
geográicas (PNUD, 2014).
La falta de quórum en el Parlamento había impedido la modiicación de estas reglas
electorales que presentan notables distorsiones sobre la representatividad y la proporcionalidad. En 2015 inalmente se aprobó el reemplazo de estas reglas de juego por un Sistema
Proporcional Inclusivo (Ley 20.840 que sustituye el Sistema Binominal amparado en la Ley
Orgánica Constitucional 18.700). Entre los elementos del sistema electoral que se modiican
está el aumento del tamaño de las cámaras, la reorganización de los distritos, así como de
las magnitudes de los mismos. Así en las elecciones a la Cámara Baja disminuye el número
de distritos (de 60 a 28 distritos), aumenta el número de diputados (de 120 a 155). En las
elecciones a la Cámara Alta aumenta el número de senadores (de 38 a 50 senadores) y se
reducen las circunscripciones a una única por región. El número de candidatos que pueden
ser electos está directamente relacionado con la población de cada distrito y circunscripción
(Ley 20.840, 2015)9.
Además, el nuevo sistema proporcional tiene menos restricciones para aquellos candidatos independientes. Con el antiguo sistema binominal los candidatos independientes
no adheridos a un pacto electoral necesitaban cerca del 30% de los votos para ganar la
elección. Sin embargo, con este cambio del sistema electoral este número desciende a 25%
en los distritos de tres diputados, baja a 20% en los de cuatro, a 17% en los de cinco, a
15% en los de seis, a 13% en los de siete y a 11% en los que se escojan ocho diputados
(Ley 20.840, 2015). Junto a estos cambios se introduce la fórmula D´hondt con base en
las circunscripciones para el reparto de los votos dejando atrás el principio mayoritario.
Con esta fórmula los votos que obtenga una lista se repartirán proporcionalmente entre las
candidaturas que la conforman.
Así mismo, se implementará una Ley de Cuotas para asegurar que las mujeres puedan
incidir decisivamente en los asuntos públicos, pues a partir del 2017, y en las elecciones
9
Las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Atacama, Aysén y Magallanes contarán con dos senadores por
circunscripción, mientras que las regiones de Antofagasta, Coquimbo, O’Higgins, Los Ríos y Los Lagos,
que tienen mayor cantidad de población que las anteriores, tendrán 3 senadores. Las regiones con mayor
población, que son la Metropolitana, Valparaíso, Maule, el Biobío y la Araucanía, tendrán 5 senadores por
circunscripción
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posteriores del 2021, 2025 y 2029, los partidos políticos estarán obligados a llevar un 40%
de candidatas.
Las elecciones de 2018 serán las primeras en que se aplique este sistema cuya modiicación era demandada desde muchos sectores de la sociedad. Es probable que este paquete de
medidas garantice mayor proporcionalidad en la traducción de votos a escaños al abandonarse el principio mayoritario. Además es previsible que aumente la competitividad electoral al eliminar la sobrerepresentación de la segunda fuerza por la existencia de una elevada
barrera legal que ahora desaparece. Así mismo, aumentará la representatividad al disminuir
las barreras para candidaturas fuera de los pactos, también por el incremento de la representación de las regiones y por el aumento de la ratio de mujeres en las listas. Finalmente,
las estrategias de los partidos variarán al no incentivarse la competición en coaliciones
como mejor mecanismo para obtener escaños y quizá ello contribuya a paliar el elitismo
del funcionamiento de los partidos. Todo ello es probable que mejore las percepciones de
los individuos sobre el sistema político en su conjunto y que aumente ligeramente la participación. No obstante, al ser muchos los elementos del sistema electoral que esta medida
ha modiicado habrá que esperar a ver los efectos que la combinación de todos ellos genera.
Conclusiones
El impacto de las cuatro modiicaciones en materia electoral sobre la calidad de la democracia chilena es desigual. Por una parte, con la introducción del voto voluntario no se ha
producido una mejora en la dimensión de participación, en este caso participación electoral. Sin embargo, la inscripción automática constituye un elemento positivo para la calidad
de la democracia al ser un mecanismo potencialmente facilitador de la participación que
reduce las barreras técnicas de la misma. En conjunto la medida habría tenido, hasta la
fecha, un impacto negativo sobre la calidad de la democracia a la espera de que sus efectos
se maticen ligeramente al combinarse con un cambio en el sistema electoral.
Por su parte, la elección directa de los CORES ha mejorado el ámbito de la decisión
electoral en Chile al ampliarse el número de instancias en las que los ciudadanos pueden
expresar sus preferencias. A la vez, esta reforma de los CORES consolida el proceso de descentralización y es una muestra de receptividad a las demandas ciudadanas. En contraste
con la medida de voto voluntario, esta reforma profundiza en la calidad de la democracia.
Respecto al reconocimiento del sufragio de los chilenos en el extranjero y el abandono
del sistema binominal sólo se puede hacer un pronóstico de su impacto. En principio son
dos medidas con efectos positivos sobre la calidad de la democracia. La primera porque
aumenta el ámbito de la decisión al ampliar el cuerpo de ciudadanos con derecho a voto,
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aumenta también la responsiveness o receptividad puesto que se lleva a cabo una reivindicación histórica. La segunda medida es positiva porque aumentaría potencialmente la participación ya que más chilenos se inclinarían por votar con un sistema más proporcional y
representativo, a la vez que es también un indicador de aumento de la receptividad respecto
a las demandas de los ciudadanos.
En este contexto la elaboración de la nueva Constitución deberá tener en cuenta los
efectos de las reformas acometidas en el ámbito electoral si el objetivo es conseguir una
arquitectura institucional que logre aumentar la participación de los ciudadanos en la elección de sus representantes y en los mecanismos para controlar el desempeño de éstos. La
sensibilidad a este reclamo de los ciudadanos se traduciría en una mejora en la valoración y
satisfacción de los chilenos con las instituciones que integran el sistema político.
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Normativa consultada
Ley 20.840 Sustituye el Sistema Electoral Binominal por uno de carácter Proporcional
Inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional
Ley número 18.556 Orgánica Constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y
Servicio Electoral.
Ley número 20.568 de inscripción automática y voto voluntario
Ley 20.678 Orgánica de Gobierno y Administración, de elección directa de CORES.
Fuentes electrónicas consultadas
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nuestra democracia”, en http://lyd.org/centro-de-prensa/noticias/2013/11/4-razones-de-por-que-el-voto-voluntario-es-beneicioso-para-nuestra-democracia/, visitado
el 16 de noviembre 2015
Fundación Jaime Guzmán (2009) “Facilitar la inscripción” en http://www.jaimeguzman.
cl/facilitar-la-inscripcion/
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Notas sobre el rendimiento de
los sistemas electorales en España
(1976-2015)
Lourdes López Nieto*
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Resumen:
Esta descripción y análisis del rendimiento del sistema electoral español pretende responder a sencillas preguntas ¿Qué estaba en juego y qué objetivos se pretendían alcanzar y evitar cuando se diseñaron
los elementos básicos del sistema electoral español? Y, ¿en qué medida dichas reglas han sido funcionales para alcanzar dichos objetivos? Se pretende mostrar que el diseño básico del sistema electoral,
aprobado por las Cortes del régimen autoritario, han cumplido las funciones básicas de las elecciones
y los ines perseguidos. Las reglas de juego electoral han facilitado que los comicios celebrados, además de lograr representación y forjar diversos tipos de gobierno con suiciente legitimidad, permitan
la alternancia política. La continuidad de dichas reglas ha canalizado los lógicos cambios del comportamiento electoral de las casi 200 elecciones celebradas durante casi cuarenta años en contextos
muy diversos. Además las normas han podido sortear las históricas divisiones y discontinuidad de los
dirigentes políticos, la fragilidad de las formaciones políticas y la persistencia de la política de adversarios (adversary polítics) que habitualmente han diicultado la gobernabilidad.
Palabras clave: Sistema electoral, Votos y escaños, Proporcionalidad, Tipo de voto, Gober-
nabilidad
Abstract:
his description and analysis on the eiciency of the Spanish electoral system pursue to answer to
simple questions: Which goals were pursued by those who design the main elements of the electoral
system? And to what extent these electoral rules have been useful to reach to those goals? I will try to
show that the main design of the electoral system, that were approved by the last Legislature of the
Francoist regime, have played the main roles of the elections and the pursued goals. he electoral rules have contributed to reach representation, diferent and legitimated types of governments and their
partisan rotation. he stability of the aforementioned electoral rules has channeled the logic changes
of the electoral behavior in nearly the 200 elections during the last forty years in quite diferent scenarios. In addition, the electoral rules could channeled also the historical divisions and discontinuity
of the political elites, the fragility of the political organizations and the persistence of the adversary
politics, that frequently had make diicult the governability.
Key words: Electoral System - Votes and seats - Proportionality - Type of vote- Governability
*
Profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
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LOURDES LÓPEZ NIETO
Introducción
L
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os políticos que consensuaron el sistema electoral vigente tuvieron presente la persistencia de las inercias políticas manifestadas de forma reiterada en la historia española. En efecto, el diseño del sistema electoral español aprobado en la Transición
tuvo en cuenta las disfunciones y problemas del funcionamiento y representación de los
partidos en la historia política española. Entre ellos la ausencia de cultura partidaria entre
ciudadanos y especialmente entre los políticos, su discontinuidad y rotación de las élites
políticas, la debilidad de los partidos, la fragmentación política. También la persistencia de
la política de adversarios, es decir la diicultad para establecer consensos y apoyo de parte de
la sociedad a los gobiernos mayoritarios. Como disfunción la solución frentista vinculado
al rasgo anterior y utilizado por las fuerzas extremistas para forjar coaliciones de gobierno
inestables. Desde el comienzo del siglo XIX las divisiones de los partidos, la polarización,
la política adversarios y la inestabilidad gubernamental solo su pudo soslayar parcialmente
durante la Restauración con el protagonismo y arbitraje del rey.
Las premisas antedichas sobre el diseño del sistema electoral, de otras normas y decisiones adoptadas durante la Transición, se sustentan en investigaciones históricas y sistemáticas de diversos estudiosos. En contraste con lo ocurrido en la toma de decisiones políticas
adoptadas durante décadas precedentes, que tuvieron poco en cuenta experiencias, prácticas e inercias políticas precedentes, los principales artíices de la Transición como Suarez,
Fernández Miranda, el Rey (Powell, 2011, Fernández-Miranda, 2015)1 no ignoraron el
pasado, como tampoco los constituyentes. Con independencia de las fuentes que utilizaran
dichos actores, es menester destacar de entre los múltiples y numerosos estudios sobre los
partidos, el relativo a los partidos y sus programas (Artola 1977). Esta investigación describe y analiza la complejidad de la vida de los partidos y las vicisitudes de estos actores desde
el inicio de la historia constitucional española en 1808 hasta el comienzo de la guerra civil
en 1936. Por otra parte, contamos con unas investigaciones sistemáticas sobre las élites
españolas desde la Restauración hasta la democracia, que incluyen los periles socio-demográicos, pero también rasgos esenciales de sus trayectorias políticas (discontinuidad,
personalismos, reacomodos…) (Linz, 2013).
No es posible desarrollar aquí ni la institucionalización de los partidos ni la de sus
dirigentes, como tampoco el comportamiento electoral en un contexto de desafección partidista acontecidos en las democracias europeas en las últimas décadas del siglo XX (López
Nieto, 2016 a). Estas son una nueva manifestación de las diicultades que tuvieron los
partidos para consolidarse y las complejidades de los procesos electorales en el siglo XIX
1
Sin ánimo exhaustivo sirvan estas 2 publicaciones, entre las numerosas existentes sobre esta cuestión.
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NOTAS SOBRE EL RENDIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTORALES EN ESPAÑA (1976-2015)
y en los comienzos del siglo XX (Varela Ortega, 2013). Sin embargo, me reiero a estas
cuestiones, por cuanto considero que todo análisis de los sistemas electorales ha de tener
en cuenta las vicisitudes que atraviesan sus principales actores, especialmente los partidos
y élites políticas, habida cuenta las inercias y complejidades de cada época. En el caso que
nos ocupa y pese a que el diseño del vigente sistema electoral tuvo en cuenta dichos precedentes, se han vuelto a manifestar algunos problemas de reacomodos y transfugismo de las
élites políticas (Blanco Valdés, 2013, López Nieto, 2016b).
Como ejemplo concreto de las premisas antedichas, el alcalde desde el siglo XIX en España ha sido una igura política relevante y discutida, lo que explicaría que la decisión sobre
sus poderes (fuerte, con grandes poderes o meramente gestor) y sobre su elección (directa,
presidente pero aislado, o indirecta, como miembro de una corporación), hayan sido objeto
de innumerables debates. A principios del siglo XIX surge la distinción entre órgano unipersonal (el alcalde) y el colegiado (el pleno, presidido por el alcalde), junto a la distinción
competencial ya que el alcalde era además de presidente de la corporación, delegado del poder ejecutivo del Estado centralizado, frente a los representantes electos de la población. La
historia política española muestra que cuando los sectores progresistas han tenido oportunidad de optar por la elección directa e indirecta, llegaban a la conclusión de que por sí solo
el sistema electoral no era determinante. La Constitución mantuvo la ambigüedad sobre
el sistema de elección del alcalde y su regulación en la Ley Orgánica de Régimen Electoral
General (LOREG) se basó en una enmienda “in voce” aprobada durante su tramitación
inal. Por ello, en la Transición hubo consenso sobre cualquiera de las dos opciones no sería
un factor suiciente para alcanzar la democracia y autonomía local. Pesaron más la inhibición y subordinación en torno a los diversos aspectos de la cuestión local y se mantuvo la
inercia histórico política sin que se modiicase el esquema de funciones y relaciones entre
ambos órganos en la Constitución. Ello explica las sucesivas reformas que el tema local ha
sufrido tanto en la LOREG como en la Ley de Bases de Régimen Local y cuyas soluciones
siguen demandando cambios. En claro contraste con la citada ambigüedad política adoptada sobre la cuestión local, los constituyentes construyeron una sólida ingeniería normativa
sobre las elecciones y los partidos, que en conjunción con otros instrumentos del sistema
constitucional parlamentario, como la moción de censura constructiva, han contribuido a
solventar históricos problemas de gobernabilidad política.
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LOURDES LÓPEZ NIETO
Breve descripción y análisis de algunos elementos
del sistema electoral español (1976-2015)
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Los elementos básicos del sistema electoral español, distritos y tipo de representación para
la elección de las Cortes, hunde sus raíces en la Ley de Reforma Política (LRP) aprobada
por los procuradores de la última legislatura del régimen autoritario franquista y refrendada
por los ciudadanos españoles a inales de 1976. En ambos casos la LRP logró la aprobación
mayoritaria y su primer desarrollo normativo2, regulaba la organización y procedimiento
de todo el proceso electoral (censo, juntas, mesas, campaña, gastos, votación, escrutinio
y reclamaciones). Además, establecía los elementos básicos de los sistemas electorales de
ambas cámaras: el tamaño (350 diputados y 208 senadores), los tipos de voto (lista cerrada
y bloqueada para el Congreso y lista abierta con voto limitado para el Senado), identiicaba
el número de los representantes de cada distrito (dos mínimo por provincia) y la utilización
del principio mayoritario para la elección del Senado y el proporcional, con la fórmula
D´Hont para el Congreso. Los mencionados elementos aprobados para las elecciones constituyentes (junio 1977) se constitucionalizaron (1978) y después, la organización de todas
las fases del proceso electoral contenida en dicho decreto, ha conformado el cuerpo central
de la (LOREG, 1985). Esta ley orgánica fue aprobada casi por unanimidad y también reguló los sistemas electorales de los comicios municipales3. Cuando España accedió a la Unión
Europea en 1986, incluyó las normas para la elección de los eurodiputados al amparo del
mismo tipo de voto y fórmula proporcional. Es menester destacar además, que el consenso,
pragmatismo e inercia política que predominaron durante la Transición, explicaría que los
sistemas electorales para la elección de los parlamentos autonómicos optaran por incorporar el mismo principio proporcional y la fórmula, así como el tipo de voto, lista cerrada y
bloqueada. En estas cuatro décadas la LOREG ha sido reformada puntualmente sin que se
hayan modiicado sus elementos básicos4. Los cambios introducidos han ido encaminados
a dar respuesta a cuestiones políticas, en ocasiones partidistas, a disfunciones de la práctica
electoral5 o a todo tipo de demandas de regeneración política que habitualmente se incrementan durante las crisis económicas6.
2
3
4
5
6
Decreto –Ley 20/1977 de 18 de marzo.
La elección de los concejales de los municipios más pequeños utiliza la lista abierta con voto limitado y el
sistema mayoritario.
Por 14 leyes orgánicas y por una sentencia del Tribunal Constitucional.
Entre las primeras el reconocimiento del derecho de voto a los ciudadanos europeos residentes para las elecciones al Parlamento Europeo; entre las segundas, la composición de la papeleta de las candidaturas para el
Senado o las sucesivas reformas de la inanciación en las campañas debido a casos de corrupción o por crisis
económica (López Nieto, 2011).
La ley 3/2015 modiica además de la LOREG, otras leyes orgánicas (partidos, inanciación…) vinculadas a
los partidos y los representantes.
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NOTAS SOBRE EL RENDIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTORALES EN ESPAÑA (1976-2015)
El sistema electoral español pactado y refrendado pretendía sortear las disfunciones que
las reglas de juego históricas habían producido sobre la gobernabilidad habida cuenta la
polarización y vigencia de la cultura de adversarios. También se pretendía limitar los efectos
de las divisiones, discontinuidad y reacomodos de las élites políticas en las frágiles organizaciones partidistas. Por ello cabe preguntar ¿Cuáles son las razones que explican la continuidad de los principios informadores del sistema electoral? Una primera respuesta es que se
han alcanzado los tres objetivos políticos de toda elección: representación, legitimación y
gobierno en los 189 procesos electorales celebrados en España. En concreto, el número de
candidaturas ha aumentado en todas las elecciones. El sistema de partidos predominante ha
sido bipartidista, en ocasiones perfecto y en otros momentos y ámbitos ha tenido un carácter imperfecto. Los votos sin representar han sido pocos. Ha habido alternancia política en
los gobiernos nacionales y en la práctica totalidad de los autonómicos7. En el 45,5% de las
11 elecciones legislativas y en 65 casos (41%) de las 159 autonómicas ha habido gobiernos
sustentados por mayorías absolutas. En los demás, ha predominado la estabilidad de los gobiernos nacionales, autonómicos y municipales con diversos modelos de ejecutivo, incluso
cuando no se alcanzaron mayorías absolutas. En el ámbito nacional, siempre ha gobernado
el partido más votado y en el autonómico ha ocurrido lo mismo salvo en 24 ocasiones
(31%) como veremos al inal. No es posible todavía conocer las cifras concretas de los tipos
de gobiernos municipales en las diez elecciones celebradas en los 8.000 municipios, aunque
como mostraremos más adelante es posible conocer que en los municipios más poblados se
han alternado los gobiernos mayoritarios con otros diversos.
Este balance inicial positivo entre los objetivos perseguidos y la estabilidad de los elementos básicos de los sistemas electorales, explicaría como ocurre con la mayoría de las
reglas de juego electoral de los países democráticos, que los resultados hayan ido acompañados de lógicas disfunciones. Los defectos que han concitado mayor acuerdo son: desproporcionalidad, reducción del número efectivo de partidos y la rigidez del voto.
La desproporcionalidad y el tamaño de los distritos
La combinación de dos elementos básicos del sistema electoral español, como la presencia
distritos “pequeños”, (inferiores a siete escaños), en el caso del Congreso de los Diputados,
con un mínimo inicial de escaños y la utilización de la fórmula proporcional D`Hont,
genera efectos desproporcionales (Delgado, 2012), pero contribuye a obtener gobernabilidad. Sin embargo, la mayoría de la población reside en distritos donde la proporcionalidad
7
Hasta diciembre de 2015 la única excepción es Andalucía
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LOURDES LÓPEZ NIETO
es alta y también en distritos pequeños donde la competencia entre partidos ha sido en
ocasiones alta. Solo se utiliza la fórmula mayoritaria para la elección de una parte de los
senadores, de dos diputados nacionales. En el caso de los distritos autonómicos carecen de
mínimo inicial y la mayoría son medianos y grandes. La mayoría de los distritos para elegir
a los concejales son pequeños, pero en ellos reside un número pequeño de la población.
Reducción del número de partidos y votos no aprovechados
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El sistema electoral español excluye el aprovechamiento de los restos, opción que reforzaría
la histórica fragmentación de los partidos y también la gobernabilidad, si bien los votos sin
representación son siempre pocos aunque pertenecen a numerosas candidaturas. En efecto,
el número de listas que concurren a los diversos comicios son muy numerosas debido a los
incentivos y facilidades que ofrece el sistema electoral para concurrir8. Además los votos
residuales de las formaciones mayoritarias superan los votos de aquellas candidaturas que
no alcanzan representación.
Rigidez del tipo de voto
El tipo de voto que se utiliza para la elección de la mayoría de los representantes es la
lista cerrada y bloqueada, que refuerza el papel de los partidos en el reclutamiento de los
candidatos para tratar de limitar la histórica práctica de discontinuidades, transfugismo y
reacomodos. Pese a lo cual estas prácticas han continuado incluso en el caso de los electos.
La lista abierta con voto limitado para elegir a los 208 senadores y a los concejales de los
municipios más pequeños, apenas se utiliza por los electores pese a las reiteradas demandas
de desbloqueo de la lista o de voto único.
En suma, la práctica totalidad de los representantes políticos españoles se elige por
medio de dos elementos comunes: la lista cerrada y bloqueada y la fórmula D´Hont. Por el
contrario, el tamaño de las cámaras y de los distritos, que inluyen en la traducción de votos
en escaños, son diversos. De manera recurrente y coincidiendo con periodos de crisis económica que suele ir acompañada de manifestaciones de desafección política, desde diversos
sectores minoritarios de la sociedad y desde algunas formaciones políticas, surgen críticas
hacia los sistemas electorales vigentes acompañadas de propuestas reforma de uno o de sus
8
Los requisitos para concurrir son escasos, como también lo son para acceder a diversos recursos de la campaña electoral (acceso a recursos materiales o propaganda en medios de comunicación públicos) y no se exige
ningún tipo de ianza.
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tres elementos básicos. Dichos reproches se centran en las limitaciones de la proporcionalidad, en los votos que no se aprovechan y en el protagonismo de los partidos en la formación
de las candidaturas. Dado que dichos juicos suelen ser deicientes y parciales, pasamos a
matizarlos y concretarlos con datos de la práctica política-electoral para los diversos tipos
de procesos habidos en estas casi cuatro décadas: elección de los diputados al Congreso, de
los parlamentarios autonómicos, de los europarlamentarios y de los concejales.
La desproporcionalidad y el tamaño de los distritos
Congreso de los Diputados
El Decreto-ley 20/1977 que reguló las primeras elecciones estableció el tamaño inicial de
esta cámara (350 diputados) que se ha mantenido invariable desde entonces pese a que la
Constitución (1978) estableció la posibilidad de que esta cifra llegara a 400 miembros9. La
LRP establecía que los distritos serían las provincias a las que se asignaría un número mínimo inicial, que se concretó en el citado Decreto ley para las elecciones constituyentes en
dos. Sin embargo, la mayoría de la población reside en distritos donde la proporcionalidad
es alta y también en distritos pequeños donde la competencia entre partidos ha sido en ocasiones alta. En todo caso, un tercio de los distritos han sido “pequeños” ya que eligen menos
de siete escaños (33, 66,7%). Como antes de cada elección se redistribuyen los escaños en
función de los cambios de población la situación para las elecciones de 2015 es de 35 distritos “pequeños”10. La proporcionalidad en dichos distritos es limitada, si bien la competencia de varias candidaturas en algunos de ellos, de forma ocasional o en todas las elecciones
ha permitido la representación proporcional de dichas listas. Tal es el caso de varios distritos
”pequeños” (inferiores a 7 escaños): en los más pequeños (tres escaños) en cinco casos hubo
tres partidos parlamentarios, en Avila donde en las dos primeras elecciones Unión de Centro Democático (UCD) fue partido predominante, el Centro Democrático y Social (CDS)
logró después suicientes votos para mantener un escaño en los tres siguientes comicios.
En Zamora ocurre en una de las eleciones en las que aumentó el número de escaños y en
Segovia se produjo una alta competitividad entre los tres partidos11 (ver tablas en López
9
Las simulaciones que se han hecho sobre 400 diputados, fórmulas diversas y asignación de un solo escaño
mínimo por distrito no modiican sustancialmente los resultados (Montero y Riera, 2008)
10 Tres provincias que elegían 7 escaños han perdido población y habrían incrementado a 36 los distritos
“pequeños”, si bien uno pequeño ha aumentado en 2, Baleares. El distrito de Soria en 2015 solo tiene los dos
escaños mínimos.
11 Como ejemplo para futuros estudios cabe indicar que en estos casos los partidos estuvieron sustentados por
porcentajes de voto superiores al 15% aunque la distancia entre el segundo y tercer partido fue diversa.
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Nieto, 2016a). En el tramo de las provincias de cuatro escaños, dos de ellas han tenido un
sistema tripartidista, caso de Alava en todas las elecciones, donde el primer partido siempre
obtuvo dos escaños, menos en 2011 cuando se forjó un sistema cuatripartidista. Ha habido
tripàrtidismo en Lérida en diez elecciones. El sistema electoral ha podido traducir en escaños los votos hacia los dos grandes partidos de ámbito nacional12 y uno nacionalista, cuyos
apoyos han ido cambiando dando lugar a cuatro casos de alternancia. En los otros cuatro
distritos de este tramo, solo en dos casos (La Rioja y Salamanca) un tercer partido logró
representación, aunque en ambas circunscripciones solo ha habido dos casos de alternancia.
Los sistemas de partido en los distritos de cinco y seis escaños refuerzan el cuestionamiento del peso del tamaño distrito sobre la representación, aunque es positiva la asociación
entre pluripartidismo cuando hay competencia entre varios partidos, que con frecuencia
han sido formaciones nacionalistas o regionalistas. Ciertamente en todas las elecciones en
Tarragona, en 9 casos en Las Palmas, en 6 casos en Navarra y en 7 ocasiones en Gerona se
ha producido un pluripartidismo, de nuevo integrado por las dos grandes formaciones de
ámbito nacional (UCD-Alianza Popular (AP) –Partido Popular (PP) y Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) y alguna formación nacionalista13. Pero en otros once casos hubo
tripartidismo sin la presencia de formaciones nacionalistas, lo que exige profundizar en el
estudio de la competitividad entre los partidos parlamentarios y la distancia de votos entre
ellos, especialmente en estos pequeños distritos que presumiblemente impiden la presencia
de terceros partidos. En efecto, es menester examinar de forma sistemática la distancia
en votos entre el tercer partido con representación parlamentaria y los siguientes (cuarto,
quinto…) y también cuantos partidos superaron la barrera y no alcanzaron representación,
(López Nieto, 2016ª, asunto que sigue en estudio.
Otra forma de aproximarse al análisis electoral consiste en analizar el efecto que tiene el
sistema electoral cuando traduce los votos en escaños. En la tabla nº 1 se recoge de forma
agregada la prima positiva que obtienen los dos primeros partidos de la relación entre porcentaje de escaños y votos. Teóricamente en un sistema proporcional puro todos los partidos tendrían carecerían de dicha ventaja, si bien en ese tipo de sistemas (Holanda o Israel)
la gobernabilidad es mucho más compleja y difícil y además esto no ocurre siempre para
la totalidad de los votos. La ventaja fue mayor en las dos primeras elecciones y en general
cuando hay menor competitividad. También se advierte que el primer partido tiene una
prima mayor que el segundo.
12
13
Si aceptamos que AP –PP heredaron buena parte del electorado de Unión de Centro Democrático.
En Gerona de dos partidos nacionalistas en las tres últimas elecciones. Incluimos el caso de este distrito
canario, pese a que es sabido que Coalición Canaria (CC) en buena medida es heredero de la UCD y CDS;
algo parecido ocurre en ocasiones en Navarra, no así en 1986 cuando Herri Batasuna (HB) logró un escaño
y en las tres últimas elecciones cuando hasta dos formaciones nacionalistas lograron representación.
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NOTAS SOBRE EL RENDIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTORALES EN ESPAÑA (1976-2015)
Tabla 1. Algunos efectos agregados del sistema electoral sobre los dos primeros
partidos: elecciones legislativas y las primas negativas de los 3º (PCE-IU) y 4º partidos
(AP-UCD-CDS, UPYD ) 1977-2011
Año
1º
partido
Nº y %
votos
Nº y
% esc
Prima
(+)
2º
partido
Nº y %
votos
Nº y
% esc
Prima
(+)
%Vot
prima(-) 3º
%Votprima
(-) 4º *
1977
UCD
6.337.288
34,6%
166
47,4%
+12,8
PSOE
5.358.781
29,3%
118
33,7%
+4,4
9,3% -5,7
8,2% -4,6
1979
UCD
6.268.890
34,9%
168
48,0%
+13,1
PSOE
5.469.813
30,5%
121
34,6%
+4,1
10,8% -6,1
6,6% -2,9
1982
PSOE
10.127.392
8,4%
202
57,7%
+ 9,3
AP
5.548.377
26,5%
107
26,5%
+4,1
4,0% -1,1
9,5%* -3,4
1986
PSOE
7.601.985
44,6%
184
52,6%
+ 8,0
AP
5.247.677
26,3%
105
30,0%
+3,7
4,6% -2,0
9,2% -5,4
1989
PSOE
8.115.568
39,9%
175
50,0%
+10,1
PP
5.285.972
25,9%
107
30,6%
+4,7
9,1% -4,8
7,9% -4,0
1993
PSOE
9.150.083
38,8%
159
45,4%
+ 6,7
PP
8.201.463
34,8%
141
40.3%
+5,5
9,6% -5,1
-------
1996
PP
9.716.006
38,8%
156
44,6%
+ 5,8
PSOE
9.425.678
37,6%
141
40,3%
+ 2,7
10,5% -6,0
------
2000
PP
10.321.178
44,5%
183
52,3%
+ 7,8
PSOE
7918.752
34,2%
125
35,7%
+1,5
5,8% -2,6
-------
2004
PSOE
11.026.163
42,6%
164
46,8%
+ 4,2
PP
9.763.144
37,7%
148
42,3%
+ 4,6
4,9% -1,4
-------
2008
PSOE
11.288.698
43,9%
169
48,3%
+ 4,4
PP
10.277.809
39,9%
154
44,0%
+4,0
3,8% -0,6
1,2% -0,3
2011
PP
10.866.566
44,1%
186
53,1%
+9,0
PSOE
7.003.511
28,4%
110
31,4%
+3,0
6,9% -3,1
4,7% -1,4
(*) La ausencia de los diputados de HB en el hemiciclo, permite que el PSOE tenga la mayoría absoluta con 175 escaños. Fuente:
López Nieto, L. Actualización sobre 2012 *: en 1982 UCD obtuvo 6,7% y prima negativa -3,1, se ha sumado a lo que obtuvo
el CDS, 2,8% y -0,6
Obviamente el dato relativo a la distorsión o desproporcionalidad que produce el sistema
electoral se obtiene del número de votos obtenidos por los dos primeros partidos en todas
las elecciones legislativas, así como el número de escaños logrados en el Congreso. Y junto a la prima positiva, la tabla recoge las primas negativas agregadas (-) que en este caso
afecta a las formaciones tercera y cuarta que concurren en todo el ámbito nacional. Estas
candidaturas han estado penalizadas cuando no han podido competir con las dos fuerzas
mayoritarias en los distritos pequeños. En la mayoría de estas circunscripciones, la distancia entre los dos primeros partidos y el tercero, es muy grande, lo que no ocurre como he
señalado antes, cuando la competencia entre los formaciones es alta, es decir cuando obtienen similar número de votos. Las primas negativas han afectado especialmente al Partido
Comunista de España (PCE), luego denominado Izquierda Unida (IU), especialmente en
las elecciones constituyentes (1979) y en los competidos comicios de 1996, en los que esta
formación logró la mayor cantidad de votos 2.639.774 de este periodo.
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LOURDES LÓPEZ NIETO
La desproporcionalidad y el tamaño de los distritos en los parlamentos autonómicos
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Todas las Comunidades Autónomas (CCAA) tienen recogidos aspectos de sus sistemas
electorales en los Estatutos de Autonomía y todas menos Cataluña han aprobado leyes
electorales en las que forma sistemática se recoge las normas de los comicios. Los sistemas
electorales autonómicos comparten los rasgos básicos de los restantes procesos españoles,
en los que se ha socializado la ciudadanía, cuestión sin duda a tener en cuenta, cuando se
plantean iniciativas de reforma de las normas electorales. Los elementos del sistema electoral que comparten y son comunes a todos los sistemas electorales en todo tipo de comicios
que se celebran en España son: el tipo de voto, que es la lista cerrada y bloqueada y la fórmula para la atribución de votos en escaños, que es la D¨Hondt.
Los otros tres elementos de todos los sistemas electorales, el tamaño del parlamento,
es decir el número de diputados a elegir, el tipo y tamaño del distrito, así como la barrera
electoral, varían en mayor o menor medida entre los diversos sistemas electorales autonómicos, e incluso en algunos casos pueden cambiarse como de hecho ha ocurrido en algún
caso. Esta diversidad y casuística responde en cada CCAA a diversas lógicas con las que los
dirigentes políticos hubieron de enfrentarse al legislar y deinir estos importantes elementos
del sistema electoral. Las razones y fundamentos de estas cuestiones se pueden encontrar en
limitaciones de carácter jurídico, pero también en argumentos que abarcan muchas otras
ramas de las ciencias sociales (geográicos, demográicos, históricos, sociales y políticos),
que además suelen combinarse o acumularse. En todo caso, el resultado es complejo y fruto de los consensos alcanzados en la transición política. Las explicaciones y fundamentos
de las decisiones adoptadas se pueden encontrar en los debates parlamentarios (diarios de
sesiones de las Cortes o de los parlamentos autonómicos) producidos con ocasión de la
discusión de estas normas electorales o en algunos análisis concretos .
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NOTAS SOBRE EL RENDIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTORALES EN ESPAÑA (1976-2015)
Tabla 2. Elementos diferentes de los sistemas electorales autonómicos, 1980-2015
Nombre de las
cámaras autonómicas
Nº
escaños
Distritos:
tipo y
número
Tamaño distritos
Nº
esc /
distrito
11
12
13
15
17
18
3% distrito
Barreras
Parlamento de
Andalucía
109
Provinciales
8
Huelva y Jaén
Almería y Córdoba
Granada
Cádiz
Málaga
Sevilla
Cortes de Aragón *
67
Provinciales
3
Huesca
Teruel
Zaragoza
18
14
35
3% distrito
Junta General del
Principado de Asturias
45
Zonas
3
Oriente
Occidente
Centro
5
6
34
3% distrito
59
Insulares
4
Formentera
Ibiza
Menorca
Mallorca
1
12
13
33
Insulares
7
Fuerteventura
Lanzarote
Gran Canaria
Hierro
La Gomera
La Palma
Tenerife
7
8
15
3
4
8
15
Parlamento de las Islas
Baleares *
Parlamento de
Canarias
Parlamento de
Cantabria *
60
35
Unico
35
79
5% distrito
3%CA
o
20 distrito
5% CA
Provinciales
5
Cuenca y
Guadalajara
Albacete
C. Real
Toledo
84
Provinciales
9
Soria
Segovia
Avila, Palencia,
Zamora
Burgos y Salamanca
León
Valladolid
7
11
14
15
Parlamento de
Cataluña
135
Provinciales
4
Lérida
Gerona
Tarragona
Barcelona
15
17
18
85
3% distrito
Asamblea de
Extremadura*
65
Provinciales
2
Cáceres
Badajoz
29
36
3% distrito
Cortes de Castilla
Mancha *
Cortes de Castilla
León*
33
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5
6
8
9
3% distrito
5
7
3% distrito
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Parlamento de
Galicia *
75
Provinciales
4
Asamblea de
Madrid ***
129
Distrito
único
Asamblea Regional
de Murcia *
45
Zonas
5
Parlamento de Navarra
50
Distrito
único
Parlamento del
País Vasco *
75
Provinciales
3
Parlamento de la
Rioja *
33
Distrito
único
Cortes Valencianas
99
Provinciales
3
80
Orense
Lugo
Pontevedra
La Coruña
Quinta
Cuarta
Primera
Segunda
Tercera
Alava
Guipúzcoa
Vizcaya
Castellón
Alicante
Valencia
14
15
22
24
3% distrito
129
5% CA
2
4
7
11
21
5% CA
50
3% CA
25
25
25
3% distrito
33
5% CA
24
35
40
5% CA
Fuente: López Nieto, L. actualización sobre 2012 ; elaboración propia sobre fuentes oiciales.(*) El número total de escaños en las
siguientes CCAA se modiicó por diversos motivos en las elecciones de 1983 Aragón tuvo inicialmente 66 escaños, Baleares 54;
Cantabria 44, Castilla la Mancha tuvo 44, Murcia 43 y la Rioja 35; en las elecciones de 1981 y de 1985 Galicia tuvo 71 y desde
entonces 75; Castilla León ha perdido dos escaños desde 1983, aunque en 2011 aumentó uno en Segovia. En los primeros comicios vascos (1980) cada distrito tuvo 20 escaños y desde entonces cada uno 25. (***) En la Comunidad de Madrid su Asamblea
tuvo 94 escaños en las elecciones de 1983; 96 en las de 1987; 101 en las de 1991, 103 en las de 1995, 102 en las de 1999, 111
en las de 2003, 9 más en 2008 y 129 en 2011 y 2015. En la Comunidad .Valenciana ha aumentado 10 en 2008 y Castilla León
1// Castilla la Mancha reformó su ley electoral en 2008 y la cámara aumentó 2 escaños en las elecciones de 2011. En la siguiente
legislatura se aprobó una reforma estatutaria que establece el máximo de escaños en 35 y el mínimo en 25 (2013) y la ley electoral
los redistribuye tal como consta en el cuadro; Cantabria disminuyó en tres escaños el tamaño de su cámara también en la VIII
Legislatura. Por su parte, Extremadura ha redistribuido los escaños entre ambas provincias por los cambios de población, como
también en la Región de Murcia: la quinta ha perdido uno que ha pasado a la tercera.
El tamaño de los parlamentos es diverso y así va desde el catalán, que es el más grande
(135 escaños) al de la Rioja con 33, en todo caso todos tienen un gran tamaño lo que favorece en principio el funcionamiento proporcional de los mismos. Pero la relación entre
los electores y los diputados es diversa porque el tamaño de la cámara y la distribución de
escaños por distritos, se debe a factores complejos y ha cambiado en algunas CCAA a lo
largo del tiempo. Por ejemplo, en 2003 el número total de parlamentarios autonómicos
fue de 1.186, veintidós más que en las primeras elecciones autonómicas. En 12 CCAA
ha cambiado el número de escaños al menos una vez: a veces aumentan, como ocurrió en
2008 en Castilla León y Comunidad Valenciana mientras que en La Rioja disminuyeron
(toda la casuística está recogida en las fuentes en la Tabla nº2). El caso más paradigmático
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de alteración del número de escaños se produce en la Asamblea de Madrid, ya que tal como
establece su Estatuto de Autonomía el número de diputados se deine en función de la población y por ello en cada elección ha variado, casi siempre ampliándose, especialmente en
las de 2003 y solo en las de 1999 disminuyó al haber perdido población. Como veremos,
esta decisión tiene diversas consecuencias, ya que por una parte permite que se mantenga el
mismo coeiciente electoral, es decir la relación electores diputados y la proporcionalidad.
Pero al mismo tiempo, y como ocurrió en las elecciones de 2003, alcanzar la mayoría absoluta exige conseguir un mayor porcentaje de votos, lo que en este caso ha perjudicado al
primer partido en favor del tercero. Por su parte, las Cortes de Castilla León han perdido
dos escaños desde las primeras elecciones autonómicas y han ido redistribuyendo escaños
en función de los cambios de población, aunque en las últimas aumentó un escaño en Valladolid14. En otras CCAA estas alteraciones afectan solo a la redistribución de los escaños
entre los distritos, sin que se modiique el tamaño del parlamento; este sería el caso de CA
de Aragón en 2003, donde Zaragoza habría incrementado un escaño en detrimento de
Teruel y también en la Comunidad Valenciana donde los diputados de Castellón sumaron
un diputado y Valencia lo perdió. Así mismo, en 2008 Asturias y Murcia han redistribuido
los escaños entre sus distritos15. En otras siete CCAA (Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla
la Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja) por razones diferentes, también se altera el número
inicial de parlamentarios, aumentando el tamaño de la cámara, menos en Cantabria y la
Rioja, que reducen cinco y dos escaños respectivamente. En estos casos no se han producido modiicaciones después. En suma, la mayoría de las CCAA ha cambiado el tamaño de
la cámara en algún momento.
Además hay tres tipos diferentes de distritos, uni-provinciales, provinciales e insulares.
Entre los primeros hay dos modelos. En dos de ellos Asturias y Murcia han establecido distritos electorales en sus territorios de tamaño diverso, ya que en el primer caso una de las
circunscripciones engloba las dos ciudades más pobladas de la CCAA (Oviedo y Gijón) y en
el otro Murcia y Cartagena forman parte de distintos distritos. Este tipo de distribución de
escaños podría basarse en criterios objetivos, como la población, o por el contrario beneiciar
a un tipo de municipios en detrimento de otros16. Las cuatro restantes CCAA uniprovinciales
(Cantabria, Madrid, Navarra y La Rioja) utilizan todo el territorio como distrito único. Las
demás CCAA peninsulares tienen las provincias como circunscripción electoral, por lo que
este tipo de distrito es el mayoritario. En las dos CCAA insulares cada isla constituye un
14
Por ejemplo Zamora llegó a tener 8 procuradores y hoy tiene un menos y por su parte Burgos hoy tiene 11,
uno más.
15 En Asturias la zona Occidente perdió un escaño a favor de la zona Centro y en la Región de Murcia la zona
segunda aumentó un escaño en detrimento de la zona tercera y recientemente la quinta ha perdido uno que
ha pasado también a la 3ª
16 Por ejemplo, los núcleos urbanos en detrimento de los rurales o al contrario.
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distrito y por lo tanto en Canarias hay 7 distritos y en Baleares cuatro. Otra variable a tener
en cuenta por su inluencia en los posibles efectos proporcionales de la fórmula D´Hondt y
en consecuencia en el sistema electoral es el tamaño de los distritos. Conviene recordar que
en aquellos que eligen menos de seis diputados, producirían efectos mayoritarios, generando
primas positivas a los dos primeros partidos. Solo once distritos el (17%) de los 64 que son
pequeños, cifra muy inferior a la de sus equivalentes en las elecciones generales, cuestión que
en teoría explicaría que los sistemas electorales autonómicos fueran más proporcionales que
los de las elecciones generales. El 40% de los distritos son grandes (más de 15 escaños) y en
ellos y en los intermedios los partidos parlamentarios conseguirían un porcentaje de escaños
equivalente al de los votos. Sin embargo, esta premisa en la práctica puede verse afectada por
otras variables, que también inluyen en el rendimiento y efectos del sistema electoral en su
conjunto. Entre ellos, estaría el coeiciente electoral, esto es el cociente entre el censo electoral
y los escaños a repartir en cada distrito. En la mayoría de los casos, los escaños se atribuyen
en función de la población, pero como hemos visto, la mayoría de los distritos no se ha modiicado, aunque en algunos de ellos después de más de veinte años se han podido producir
cambios en la población. Pero además algunos distritos no tuvieron en cuenta la población
cuando se diseñaron. El caso más paradigmático de inadecuación entre el censo y los escaños
lo constituye el País Vasco, donde aduciendo razones históricas, cada provincia está representada por el mismo número de diputados con independencia de las diferencias de población.
En las CCAA insulares, cada isla, por pequeña que sea tiene representación en su respectivo
parlamento, cuestión que tiene importantes efectos en el funcionamiento del sistema electoral ya que en las islas pequeñas, el coste del escaño es menor que en las grandes, especialmente
en el caso de Formentera, en el Hierro y en la Gomera. El problema es que la alternativa, es
decir si los electores de esas islas carecieran de diputados, se generarían desigualdades.
Independientemente de las razones, incluidas las jurídicas, que se hayan utilizado para
mantener o alterar el tamaño de los parlamentos y de los distritos autonómicos, lo cierto es
que cualquiera que hubiese sido la decisión adoptada habría tenido inluencia en la representación. ¿En qué aspectos habría podido inluir?. Por una parte en el cociente electoral,
esto es el número de electores por escaño. De acuerdo con los datos de 1991 las cuatro
CCAA más pobladas tenían los cocientes electorales mayores, mientras que en Baleares,
Navarra y La Rioja, estos eran muy pequeños, es decir cada diputado representaba a un
número pequeño de electores17. Desde entonces los cambios en la población pueden haber
alterado estos cocientes18, aunque no siempre la ampliación del número de escaños dismi17 Andalucía, 45. 941; Cataluña, 35.842; Madrid, 37.937 y la Comunidad Valenciana 32. 676; por el contrario
el cociente electoral en Baleares era de 9.585, en Navarra de 8.242 (Montero, Llera, y Torcal, 1993 )
18 Por ejemplo el cociente en Cataluña en las celebradas en 1999 se incrementó en casi 4.000 electores por
diputado, fue de 39.212; en el caso de la CA de Madrid el nuevo cociente en 2003 fue de 40.149, es decir a
pesar del aumento de escaños el cociente ha crecido, lo mismo que en Navarra que fue de 9. 626, aunque en
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NOTAS SOBRE EL RENDIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTORALES EN ESPAÑA (1976-2015)
nuye los citados cocientes. Por ello lo importante es determinar este indicador al inicio del
nuevo sistema electoral, porque luego la inercia política se establece y es difícil cambiarla.
No obstante, ya hemos señalado que en cada CCAA determinados factores explican que no
se haya alterado el tamaño de la cámara, aunque en algunas se ha redistribuido los escaños.
Como es sabido todos los elementos de los sistemas electorales producen efectos políticos y
a veces los promotores de un determinado cambio en los mismos, por ejemplo en el tamaño
de la cámara, pueden verse perjudicados. Otras veces, las modiicaciones son beneiciosas,
para unas o para todas candidaturas. Por ejemplo casi todos los parlamentos tienen un
número impar de escaños aunque no fue así en las primeras elecciones19 ni en las Cortes de
Castilla León hasta la ampliación del escaño por Valladolid en 2008, lo que puede signiicar
que los cambios pretendían entre otras cosas obviar empates en las decisiones que allí se
adoptan cuando no hay un partido mayoritario. En otros casos las alteraciones, por ejemplo
la redistribución entre distritos podría afectar a la gobernabilidad.
El alcance de la barrera electoral es otro de los elementos de los sistemas electorales autonómicos que son diferentes y que solo en un caso se ha modiicado. Todas las CCAA han
introducido una barrera mínima de votos para acceder al reparto de escaños, aunque esta es
diversa, (Tabla nº 2). La barrera excluye del reparto de escaños a las formaciones que no hayan
alcanzado el 3% de los votos válidos del distrito o el 5% de la CA, en el caso de las uni-provinciales. Las excepciones la presenta el País Vasco y en las CCAA insulares. En el primer caso,
que establecía hasta las elecciones de 2001 un 5% por distrito y lo rebajó al 3% para conseguir
el acceso al reparto de escaños de IU, quién entró de esta forma en el necesario gobierno de
coalición. En la CA de las Islas Baleares, cada isla constituye un distrito y en cada uno se exige
un 5% desde la modiicación de la ley electoral en 1995 que lo subió del 3% anterior. Sin
embargo, esta alteración no impidió que las fuerzas parlamentarias preexistentes accedieran al
reparto. La Comunidad Canaria exige un 20% en cada distrito o un 3% en la CA. El objetivo
de esta barrera es compartido con el resto del sistema electoral español, evitar una excesiva fragmentación parlamentaria. Sin embargo, su inluencia es diversa, ya que como hemos señalado,
los distritos y parlamentos son grandes lo que en principio favorece la proporcionalidad del
sistema, que existan más partidos parlamentarios y que pocos votos queden sin representación.
La desproporcionalidad y el tamaño de los distritos en los Entes locales (EELL)
¿En qué medida el tamaño de los distritos en las elecciones locales favorecen o perjudican
la proporcionalidad de este sistema electoral?. Para responder a esta cuestión, se analiza un
19
este último caso no se haya ampliado el número de escaños.
Aragón, Baleares y Cantabria.
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indicador que permite veriicar la representatividad del sistema electoral a partir del análisis
de la proporcionalidad del sistema local. Utilizamos como referencia la distribución de la
magnitud de los distritos para las elecciones de 1995, que son las intermedias del periodo
analizado. Como se muestra (tabla nº 3) el sistema electoral se asienta mayoritariamente en
circunscripciones cuyo tamaño es superior a 7 y por tanto, distritos en los que la fórmula
D´Hondt puede funcionar proporcionalmente.
Las variaciones de estas cifras en las elecciones anteriores y sobre todo las posteriores,
que mostrarían el aumento de la población en los municipios más grandes, no modiica
el reparto esencial que se recoge en esta tabla. La mayoría de las circunscripciones (71%)
eligen casi todos los concejales (86%) en distritos grandes , de más de siete escaños, en los
que reside la práctica totalidad de la población española. Estos datos permiten plantear la
hipótesis del carácter representativo del sistema electoral local español.
Tabla 3. Magnitud de las circunscripciones en elecciones locales en 1995
Tamaño
distrito
Nº y de
municipios
Nº y % de
concejales
Nº y %
de Habitantes
Hasta 5 concejales
2.329
29%
9.187
13,9%
608.096
1,1%
De 7,9 y 11 concejales
4.599
57%
37.323
56,8%
6.260.598
15,2%
De 13 a 17 concejales
848
10%
12.224
18,6%
8.065.835
20,1%
De 21 concejales
171
2%
3.660
5,6%
De 25 y más concejales
120
2%
3.219
5,1%
25.897.405
64,1%
Total
8.067
65.613
40.831.934
Fuente: López Nieto, 2015 (elaboración sobre datos de Delgado, 2012 y para la población dato del INE 1991)
Los municipios menores de 250 habitantes han utilizado un sistema electoral distinto y
representa casi un tercio de los municipios y un 14% de concejales, pero en ellos solo residen 600.000 habitantes. Se trata de un sistema mayoritario con voto de lista limitado, que
genera unas primas positivas especialmente para el primer partido en votos, que ha sido el
PP y en menor medida para el PSOE (tabla nº 4 ). Sin embargo, las primas negativas para el
tercer partido (IU), que no se ha presentado en la mayoría de estos municipios, son pequeñas. Además, este sistema electoral mayoritario ha permitido que numerosas candidaturas
independientes de ámbito local concreto hayan conseguido representación con muy pocos
votos. En las primeras elecciones locales de 1979, Alianza Popular (AP) que concurrió solo
en un número muy pequeño de municipios, obtuvo en los municipios menores de 10.000
habitantes el 24% de los votos, el 10% en los intermedios y porcentajes superiores en las
urbes más grandes. Estos porcentajes se mantuvieron estables en las siguientes elecciones
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hasta las de 1995, momento a partir del cual se maniiesta una notable competitividad
entre las dos principales fuerzas políticas, si bien con notables rasgos de continuidad por
tramos de población.
Los resultados reales agregados de las tres elecciones celebradas en la década de los noventa de las tres principales formaciones políticas PSOE, PP e IU en los cinco principales
tramos o tamaños de municipios. En concreto, se presenta agregado en el ámbito nacional
el porcentaje de los votos así como la prima que resulta de la diferencia de estos y el de los
escaños. Si el sistema electoral tuviera una proporcionalidad pura, la prima sería cero para
todos los partidos, circunstancia que no suele ocurrir en la práctica política. Con frecuencia
los partidos con más votos suelen tener una prima positiva, es decir tienen un porcentaje
superior de escaños al de votos, están sobrerrepresentados en mayor o menor medida. Ello
implica que otras formaciones tienen un porcentaje de escaños inferior al de votos, es decir
están infrarrepresentados.
El conocimiento de estos datos agregados por tramos, el tamaño de las primas, el carácter positivo o negativo de estas, a quién y cómo afectan, permite analizar los resultados y
ofrecer una información esencial antes de plantear cualquier tipo de reforma electoral. Para
evaluar el grado de representatividad y legitimidad del vigente sistema electoral es menester
conocer tanto los efectos de los elementos básicos de mismo como los debidos al sistema
de partidos de cada municipio y la competitividad o distancia entre ellos (Tabla No. 4).
La presentación de los datos reales de las tres elecciones de los años noventa aporta
respuestas evidentes sobre las singularidades del comportamiento en las elecciones municipales dependiendo del tamaño de los municipios. Entre ellas que cuando el PP consigue
superar en porcentaje de votos al PSOE en las elecciones de 1995 y 1999, obtiene mejores
resultados en los municipios menores de 20.000 especialmente en los más pequeños (hasta
250 habitantes). La prima electoral o ventaja electoral en términos de escaños (diferencia
entre el porcentaje de escaños menos el porcentaje de votos datos en negro) solo beneicia
al PP en los municipios inferiores a 20.000 habitantes. En las elecciones de 1995 y 1999 el
PP también obtuvo mejores resultados en las ciudades de más de 50.000 habitantes.
El PSOE obtiene mejores resultados que el PP en los municipios de entre 20.000 a
50.000 habitantes en las elecciones de 1991, cuando ganó dichas elecciones, pero también
en las dos siguientes. La prima o ventaja en escaños del PSOE en los municipios medianos
y en los grandes siempre le beneicia y supera la prima del PP, incluso cuando este último
consigue más votos. La tercera formación, IU, ha estado penalizada en todos los tramos de
población en las tres elecciones, aunque las primas negativas han sido pequeñas. Ello se explica tanto porque el sistema electoral es bastante proporcional, pero también porque esta
formación selecciona la presentación de candidaturas en municipios donde puede obtener
representación. Recordemos que en las elecciones locales de 1995 (y en las legislativas de
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1996) esta coalición obtuvo el mayor número de votos, casi 2.600.000 de todas las elecciones celebradas.
Tabla 4. Distribución del voto en elecciones municipales de los años noventa
por tramos de población.
Tramos municipios
86
PP
PSOE
IU
Años electorales
1991
1995
1999
1991
1995
1999
1991
1995
1999
Hasta 250 habitantes
3 o 5 concejales
23,4
+4,6
44,4
+8,8
43,6
+7,9
18,0
+2,9
24,4
-2,5
26,2
-3,3
0,2
+0,2
0,4
-0,5
1,0
-0,6
251 a 5.000 habitantes
7, 9 u 11 concejales
26,7
+2,5
33,9
+2,9
33,7
+2,9
37,7
+0,2
33,3
-0,5
33,8
-0,2
4,6
-1,7
4,8
-2,1
4,6
-1,7
5.001 a 20.000habitantes
13 o 17 concejales
22,4
+0,5
29,9
+2,2
29,5
+0,8
38,6
+2,7
30,0
+1,2
33,7
+2,3
8,0
-1,0
8,5
-1,3
6,8
-1,0
20.001 a 50.000 habitantes
21 concejales
19,9
+0,5
30,7
+2,5
29,9
+1,7
41,8
+4,9
32,2
+1,8
34,1
+3,3
9,5
-1,0
10,6
-0,6
7,9
-1,3
+ 50.001 habitantes
25 y más concejales
27,2
+0,5
38,6
-0,7
37,2
- 0,8
37,8
+4,7
28,9
+2,5
34,2
+3,6
10,0
-0,3
11,8
-0,5
6,8
-1,6
Fuente, López Nieto, 2015 (con colaboración del Centro Cálculo de UCM, 1999) La 1ª ila de cada tramo recoge el porcentaje
de votos y la 2ª ila la, diferencia entre el % de escaños y % de votos (en negrita), es decir la prima (diferencia entre porcentaje de
escaños y de votos) o ventaja en escaños que le otorga el sistema electoral.
El comportamiento en las tres primeras elecciones municipales del siglo XXI mantiene los
mismos rasgos en todos los aspectos: alta competitividad entre los dos partidos grandes
en todos los tramos de población y funcionamiento proporcional para ambos, con primas
pequeñas, salvo en los municipios más pequeños y en los más grandes (López Nieto, 2015).
Las diferencias medias de votos entre los dos partidos mayoritarios son pequeñas tanto en
los datos nacionales agregados y desagregados por tramos, salvo en 201120.
El PP ganó la mayoría de votos y escaños en las elecciones municipales de 2011, resultado que como ocurrió en 1995 pre-anunció la posterior alternancia política también
el ámbito nacional. En los municipios menores de 250 habitantes en las tres primeras
elecciones del siglo XXI ganó el PP y logrado primas mayores, tanto históricamente como
en las últimas tres elecciones. El PP ganó en votos y escaños en los municipios entre 251 a
1000 habitantes en 2003 y 2011 y empató con el PSOE en escaños en las de 2007, aunque
obtuvo un 1,3 % más de votos. El Partido Popular obtuvo las primas mayores en los municipios más pequeños y en 2011 en los ayuntamientos mayores y en menor medida en los
municipios mayores de 20.000 habitantes. En el caso del PSOE obtuvo las primas mayores
20 Los datos agregados de voto en el ámbito nacional indican que las diferencias en las elecciones de 2003 y 2007
fueron de un 1%, primero a favor del PSOE y luego del PP, mientras que en 2011 el PP obtuvo un 10% más.
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tanto en los municipios más pequeños, como en los más grandes con independencia del
diferente sistema electoral.
Los resultados evidencian que en las tres primeras elecciones locales de este siglo XXI, se
ha producido un sistema bipartidista en todos los tramos de población, ya que la suma de
votos y escaños de los dos partidos mayoritarios ha sido superior al 60% en las tres últimas
elecciones locales. El bipartidismo fue más débil en las elecciones locales de 2011 en los
municipios superiores a 10.000 habitantes. En los municipios más pequeños siempre han
presentado los porcentajes de bipartidismo más alto en los tres comicios. El bipartidismo
ha tenido menos relevancia en los municipios intermedios (de 10.000 a 20.000), donde
ambos partidos han obtenido los porcentajes de voto más reducidos.
Tabla 5. Suma de los porcentajes de voto y escaños de los dos grandes partidos por tramos o tamaños de municipios con datos electorales reales (2003-2011)
Tramos
2003
2007
2011
%Votos
%escaños
%Votos
%escaños
%Votos
%escaños
< 250
85
92
85
85
81
86
251 a 1.000
82
85
81
84
83
84
1.001 a 2.000
75
76
74
75
75
76
2.001 a 5.000
71
73
71
72
71
72
5.001 a 10.000
66
67
65
67
70
65
10.001 a 20.000
65
67
66
68
63
65
20.001 a 50.000
65
70
67
72
64
68
50.001 a 100.000
72
76
72
76
68
74
> 100.000
75
78
78
83
69
82
Fuente: López Nieto, 2015,
Los mayores apoyos, con más del 80% de votos y escaños, los obtienen PP y PSOE en
los dos primeros tramos, municipios más pequeños (menores de 1.000 habitantes). Esta
ventaja disminuye en los siguientes tramos, especialmente en los de 10.000 a 50.000. La
ventaja de ambos partidos se incrementa en las ciudades más pobladas a partir de 50.000
habitantes. Mientras analizo con detenimiento los resultados de las elecciones municipales
de 2015, cabe avanzar que el sistema electoral local ha sido funcional al favorecer la representación de nuevas formaciones políticas como Ciudadanos (Cs) y Podemos (POD).
Además, parece que de nuevo, las elecciones locales estarían pre-anunciando el comienzo
de una nueva fase política y electoral, al menos en este ámbito como ocurriera en 1987,
caracterizado por una mayor competitividad entre diversas fuerzas tras las mayorías abso-
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lutas, logradas por el PP en todas las elecciones celebradas en 2011. También los resultados
logrados por las nuevas formaciones, reforzarían la tesis defendida en esta investigación,
sobre la virtualidad y proporcionalidad del sistema electoral español para traducir los votos
en escaños de las formaciones que consiguen apoyos suicientes.
Reducción del número de partidos y votos sin representar
El Congreso de los Diputados
88
El número de candidaturas ha sufrido oscilaciones en las distintas convocatorias, pero lo
más signiicativo es su elevado número. Esta circunstancia obedece en gran medida a las
facilidades dadas por las normas electorales: los requisitos para la presentación de las mismas son mínimos. Pero también porque indirectamente se incentiva la numerosa presentación gracias a los mecanismos de inanciación electoral contemplados por las normas: se
les facilita el censo electoral, cuyo uso en ocasiones se aprovecha para ines no electorales,
como terroristas o comerciales lo que ha producido algunas intervenciones judiciales. Pero
además si las candidaturas cumplen unos requisitos mínimos (por ejemplo, presentarse
en un número determinado de distritos), tienen derecho a beneiciarse de mecanismos
adicionales de inanciación pública, como espacios gratuitos de televisión o envío de propaganda electoral. Esta práctica realizada normalmente por peculiares y minoritarios grupos
sociales, contrasta con el comportamiento electoral que desde los albores de la democracia
ha optado por dirigir su voto hacia un número limitado de candidaturas, en parte, como
resultado de los hipotéticos efectos sicológicos del sistema electoral, pero quizá también
porque los políticos no han querido limitar la libertad de presentación de candidatura. Esta
decisión política tiene aspectos positivos ya que incentiva la pluralidad política, aunque
cuando se plantean los costes materiales de los procesos electorales y a la vista de la imagen
de despilfarro que supone ver (en los colegios electorales al cierre de las jornadas electorales)
miles de papeletas inutilizadas, convendría quizá recurrir a prácticas políticas comparadas
europeas, como la introducción y regulación de la denominada “ianza electoral”, que exige
a toda candidatura el depósito de una suma de dinero, que le será devuelta en caso de alcanzar un determinado porcentaje de votos. Sin embargo, la reducción de las candidaturas
en las elecciones de 2011, podría obedecer a la eicacia de los cambios introducidos en la
reforma de la L.O.R.E.G (artículo 169,2) que perseguía disminuir el número de listas,
aumentando el número de irmas, alternativa distinta a la mencionada de la ianza. Esta
solución no parece que haya resultado eicaz para los alcanzar el principal objetivo perseguido, que lógicamente provocó la crítica de más de quince formaciones que no pudieron
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lograr las irmas requeridas de acuerdo con el texto reformado. Sin embargo, el número
de candidaturas ha vuelto a aumentar para las elecciones de 201521, especialmente las del
Senado, pese a lo cual de nuevo un 2,5% de candidaturas no han sido proclamadas. Solo
en las primeras elecciones de 1977, en las competidas de 1996 y en las de 2011 el número
de candidaturas fue inferior a 600, alcanzó más de 1.100 en los también competidas de
2008 (López Nieto, 2015).
Las relexiones antedichas permiten mostrar que el sistema electoral del Congreso de
los Diputados cuenta con garantías de pluralismo democrático para la presentación de
candidaturas y para la campaña electoral. Trataré ahora de veriicar como traduce el sistema electoral la presencia de estas numerosas candidaturas a partir de unos datos básicos
agregados de las elecciones al Congreso celebradas (Tabla nº 6). Incluye primero el censo
electoral, que ha aumentado en 10 millones de electores y que hasta este momento no se
ha visto afectado por la caída de la población en España, no así el aumento de la población
de mayor edad. A continuación incluye el porcentaje de participación, que ha oscilado
como máximo en 11%, entre los comicios con mayor participación (1982) y los de menor
(1979). Cabe señalar que ha habido cuatro elecciones con más del 75% de participación y
otras cuatro en torno al 70%. El número de candidaturas que han alcanzado representación
parlamentaria ha sido similar en todas las elecciones y el número de votos de las formaciones parlamentarias, que legitiman todos los procesos por la alta representación, por la alta
participación y también por la alta proporcionalidad que en términos agregados produce el
sistema electoral ya que son muy pocos los votos que quedan sin representar. Estos resultados son rotundos al demostrar que la gran mayoría de los votos consiguen representación
parlamentaria, ya que las que no consiguen escaño son muchas, pero con escasos apoyos
electorales. El máximo fue un 7,1% en las elecciones constituyentes y muy pocos en las
elecciones más competidas.
21
Han superado las 600 en ambas cámaras.
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Tabla 6. Candidaturas (cad) y votos Representados (R) y No Representados (NR)
en las elecciones generales de 1977-2011: Congreso de los Diputados.
Año E
90
Censo
% part
N ºcad R
Nº voto R.
Nº cad NR
Nº v .N. R.
%voto NR
1977
23.543.414
78,6
10
16.939.685
575
338.400
7,7
1979
26.836.500
68,1
13
16.728.461
739
1.205.187
7,1
1982
26.847.240
79,9
10
20.168.843
768
782.757
4,3
1986
29.117.613
70,9
12
18.892.497
672
1.189.236
6,8
1989
29.604.055
69,7
13
19.118.350
799
1.233.537
7,0
1993
31.030.511
76,4
11
24.248.988
784
1.350.223
6,4
1996
32.531.833
77,4
11
22.156.499
519
553.943
3,9
2000
33.038.726
68,7
12
22.078.234
761
736.217
5,0
2004
34.571.831
75,6
11
24.538.287
790
945.217
3,7
2008
35.073.179
73,9
10
24.669.111
1.114
779.570
3,1
2011
35.779.491
68,9
13
23.146.989
580
792.587
3,2
Fuente: López Nieto, L. 2012; ( elaboración propia sobre resultados oiciales).
Para complementar este balance del sistema electoral se aportan otros datos relativos a otra
hipotética disfuncionalidad del vigente sistema electoral, en parte vinculado a los datos y
problemática anterior. Con frecuencia las propuestas de reforma electoral presumen que
muchos votos de la tercera y cuarta fuerza política de ámbito nacional quedan sin representación. Este argumento obvia que el sistema electoral español optó por no aprovechar
los restos y en consecuencia no todos los votos de las candidaturas que obtienen escaños
se aprovechan. Dicho de otra forma, cuando se aplican las diversas fórmulas de divisor o
cociente para el reparto de escaños quedan restos de votos que no se traducen en escaños,
tal como se recoge en la tabla nº 7. En algunos distritos quedan votos de las terceras formaciones que no se utilizan (VNU) básicamente porque los que han recibido son muy
escasos. De hecho en la mayoría de los casos son inferiores a los restos de los partidos que
han obtenido representantes. Por ejemplo en las elecciones legislativas de 1996 una vez
aplicada la fórmula D´Hont en el distrito de la provincia de Madrid, los restos o votos sobrantes después de asignar el último escaño de cada partido, fueron en el caso del PP y los
del PSOE fueron 86.212 y los de IU, 77.888. En esas mismas elecciones en el distrito de
Zamora, los restos del PP fueron 24.880 y los del PSOE 25.193 y los votos no aprovechados
de IU, porque no obtuvo escaño fueron 7.763 (López Nieto, 2012).
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Tabla 7. Votos que sobran (restos) tras la atribución de escaños de los cuatro partidos y
votos no utilizados (VNU en negrita) por IU y UPyD y el PP en Gerona en 1996, en
los distritos que no obtuvieron representación.
Elecciones legislativas 1996
Restos
PSOE
Restos PP
Álava
Albacete
Alicante
Almería
Asturias
Ávila
Badajoz
Baleares
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Cantabria
Castellón
C.Real
Córdoba
La Coruña
Cuenca
Gerona
Granada
Guadalajara
Guipúzcoa
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lérida
La Rioja
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Orense
Palencia
Las Palmas
Pontevedra
Salamanca
S.C.Tenerife
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Vizcaya
Zamora
Zaragoza
Total
15.177
35.055
63.585
38.505
58.962
22.716
41.638
38.840
77.916
31.524
38.350
43.459
43.717
35.092
47.122
54.244
52.860
23.371
39.347
48.861
17.856
28.124
29.923
20.555
38.938
40.381
20.110
29.189
31.835
90.605
52.639
58.289
39.036
36.036
20.960
48.647
50.847
32.491
45.104
18.068
65.269
10.777
35.000
15.004
40.995
75.835
41.154
42.705
24.880
52.625
2.004.218
2
2
5
2
4
2
3
4
6
3
2
4
3
3
2
2
5
2
3
2
1
2
2
3
3
1
2
3
17
4
5
2
2
2
3
4
3
2
2
4
2
1
2
3
7
3
2
2
4
21.146
34.242
55.402
33.306
56.467
17.476
51.816
38.811
85.367
35.549
32.608
53.565
40.821
40.226
35.412
43.642
55.950
29.496
39.702
58.552
17.977
29.545
34.436
27.516
51.194
41.348
36.804
21.586
37.426
86.212
47.390
66.112
32.650
26.259
23.155
39.405
42.679
41.436
35.579
15.880
64.852
10.018
33.036
18.694
47.152
75.897
40.154
54.852
25.193
43.310
2.027.303
VNR/Restos IU
1
2
5
3
4
1
3
3
13
1
3
4
2
2
3
4
3
1
2
3
1
2
3
1
3
2
1
2
1
11
5
3
2
2
1
2
3
1
3
1
7
1
3
1
6
2
2
1
3
19.503
22.581
44.282
28.450
55.887
8.888
42.299
33.169
86.745
25.785
19.957
40.456
39.399
22.947
25.627
45.696
29.483
7.796
11.038
30.466
11.032
28.521
27.004
10.142
49.448
25.455
7.508
15.485
6.292
77.888
51.726
36.860
20.275
3.915
9.740
26.308
22.136
19.356
21.833
8.796
46.466
4.639
17.582
5.462
27.770
57.980
42.726
33.890
7.763
54.832
1.419.284
1
1
2
1
1
1
6
1
1
1
2
2
1
Elecciones legislativas 2011
VNR/
Restos
Restos PP
Restos
PSOE
UPyD
22.945
1
19.789
1
4.649
31.970
3
34.881
1
11.600
54.366
8
47.765
4
49.566
35.976
4
30.912
2
12.180
55.544
3
45.792
3
24.583
21.823
2
12.082
1
8.208
41.419
4
51.113
2
14.155
36.134
5
31.586
3
18.489
68.395
7
65.969
10 33.013
28.912
3
29.785
1
16.012
43.994
2
30.783
2
8.707
48.612
5
50.757
3
29.725
36.530
4
44.052
1
12.547
39.136
3
29.153
2
11.980
41.171
3
31.745
2
13.075
57.172
3
42.508
3
17.973
56.701
5
59.837
2
8.751
23.305
2
20.588
1
4.454
24.751
1
32.735
1
1.787
47.396
4
46.223
3
26.180
23.760
2
18.247
1
9.933
25.544
1
39.050
1
5.686
28.874
3
35.575
2
9.026
19.419
2
20.211
1
5.387
45.630
3
41.273
3
13.703
37.943
3
33.031
2
13.609
18.649
1
19.488
1
1.064
23.643
3
26.848
1
10.328
29.971
3
30.081
1
1.986
85.428
19
79.549
10 69.244
51.014
6
56.668
3
40.315
52.372
8
51.224
2
45.909
42.033
2
36.328
1
6.827
28.493
3
28.102
1
1.760
19.526
2
16.601
1
4.674
40.110
5
41.052
2
13.178
56.333
4
51.784
2
7.499
32.089
3
27.822
1
13.203
40.995
4
35.772
2
11.293
17.366
2
12.355
1
6.877
63.093
5
68.257
6
45.684
14.029
1
8.029
1
2.192
27.278
2
30.068
2
3.655
13.363
2
12.601
1
2.786
44.062
4
37.460
2
19.071
72.462
9
73.880
4
42.138
43.081
3
31.416
2
23.482
56.510
1
45.475
2
10.830
22.624
2
17.345
1
4.618
48.112
4
52.538
2
32.849
1.940.058
1.836.185
806.440
91
4
1
Fuente, López Nieto, 2016a. (Diez Nicolás, J. “Predicción de escaños electorales mediante encuestas”, REIS, nº 74, 272-282 para 1996. Para las de
2011, López Nieto, sobre fuentes del Ministerio del Interior)
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LOURDES LÓPEZ NIETO
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La respuesta en la tabla adjunta expresa los votos de PSOE y PP que no se aprovechan
en cada provincia, una vez asignados los escaños correspondientes en dos elecciones. Para el
caso de IU en las elecciones de 1996 y de Unión Progreso y Democracia (UPYD) en las de
2011 y PP en Gerona en 1996, aparecen los votos que no se aprovechan en los distritos en los
que obtuvieron escaños, así como los votos que lograron en las circunscripciones que no les
sirvieron para alcanzar escaño. La suma de los votos que sobran o no aprovechados del PP
y del PSOE son más numerosos que los de las otras dos formaciones. Cuando estas terceras
formaciones obtienen escaños, tampoco se aprovechan un alto número de votos. En este
caso, como la mayoría de los sistemas electorales no aprovechan todos los votos emitidos.
Algunos sistemas electorales que utilizan fórmulas para redistribuir los restos (Grecia)
o los considerados puros (Holanda o Israel) tienen las cifras más reducidas de votos sin
representar, pero nunca se utilizan todos. Por ejemplo, en las dos elecciones legislativas de
Grecia en 2012, que tiene un sistema electoral que aprovecha los restos, aunque introduce
barreras para lograr el acceso a los mismos, pero al tiempo atribuye un premio de escaños al
primer partido, no se aprovecharon 350.0000 votos (5,5%) en las celebradas en mayo, cifra
que se redujo a un 2% en las segundas. En las elecciones legislativas de Holanda de 2012,
los 88.655 votos (0,9%) pertenecientes a dos listas quedaron sin representación (Political
Data Yearbook, 2012). En los últimos comicios en Israel (marzo 2015,) quedó un 5,1% de
votos sin representar pertenecientes a 15 candidaturas.
Votos sin representar en los parlamentos autonómicos
Todo análisis de los efectos del sistema electoral sería parcial sino contara con la información sobre los votos que quedan sin representar (tabla nº 8) ya que permite observar que
en algunas CCAA las variaciones son enormes, como también ocurre si analizamos los
datos en términos comparados entre ellas. Solo en Cantabria esta cifra es muy signiicativa
en tres elecciones. En otros casos tiende a disminuir (Galicia) y en otras ocasionalmente
presentan un alto porcentaje22 . De nuevo, la explicación de estas cuestiones exige buscar en
los indicadores habituales (proporcionalidad, competitividad, primas) de cada proceso y de
cada CCAA. Entre los casos mencionados como singulares, encontramos por ejemplo el de
Madrid en 1991 debido a que el CDS se quedó a muy pocos votos de conseguir el escaño o
en la Comunidad Valenciana en las quintas y sextas elecciones, donde le ocurrió lo mismo
al Bloque-Izquierda Valenciana. Estos casos diferenciados ocurren tanto en CCAA con
distrito único, como con varios de desigual tamaño. El coeiciente electoral de los mismos
22
En la Rioja, Extremadura y Murcia una ocasión, en Asturias y C. Mancha en las primeras elecciones y en
Murcia y Valencia en las terceras, quintas y sextas.
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NOTAS SOBRE EL RENDIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTORALES EN ESPAÑA (1976-2015)
también es muy variado. Es sabido que estos elementos del sistema electoral suelen inluir
en la proporcionalidad, como también ocurre con el número y tipo de sistema de partidos, sobre todo cuando una candidatura queda a muy pocos votos para acceder al escaño.
Este sería uno de los factores con mayor carácter explicativo, ya que apenas hay elementos
comunes entre los casos excepcionales citados, por lo que habría que seguir investigando,
teniendo en cuenta que la competitividad electoral y parlamentaria también son diversas.
Tabla 8. Porcentajes de votos sin representación en las elecciones autonómicas,
1980-2015
CC.AA
1983
1987
1991
1995
Andalucía *
3,5
6,4
4,8
1,9
Aragón
2,8
5,6
7,6
2,4
1999
2003
2007
2011
2012-15
2,0
2,3
2,6
6,1
7,4
0,8
3,4
3,5
4,6
3,5
Asturias
6,9
4,3
3,2
4,6
5,6
9,2
6,8
7,6
2,7
Baleares
5,4
5,6
9,9
3,5
4,7
4,7
5,3
15,6
6,3
Canarias
3,9
7,5
3,2
9,8
7,2
6,2
17,2
10,3
15,8
Cantabria
11,0
9,6
11,0
3,8
8,6
8,2
5,3
8,7
6,1
C.la Mancha
11,8
8,2
4,8
1,4
1,8
5,5
5,6
6,9
16,6
6,5
7,3
5,2
5,9
3,3
10,8
10,4
12,3
6,1
C. León
Cataluña *
9,3
5,7
3,0
6,3
1,9
2,8
2,5
4,3
6,3
Extremadura
1,7
3,0
10,8
2,2
4,4
3,4
8,3
3,7
8,7
Galicia *
9,6
7,0
7,9
2,2
3,5
4,0
2,9
4,6
9,6
Madrid
6,0
4,3
7,5
3,4
2,7
5,7
2,3
4,3
3,7
Murcia
4,4
5,4
11,0
3,3
2,9
3,5
3,5
7,1
14,9
Navarra
9,1
5,1
9,9
6,1
4,2
5,8
3,3
5,5
6,0
País Vasco *
4,1
2,5
2,1
4,5
1,9
2,0
1,3
1,4
1,2
Rioja, la
5,3
8,4
10,5
2,6
5,6
4,5
5,1
9,8
13,0
C. Valenciana
9,2
6,8
11,5
4,7
10,9
11,1
5,0
9,5
11,7
20155,5
3,8
6,7/3,6**
10,8
4,8
Fuente: López Nieto, Actualización sobre 2012, sobre datos oiciales de las J.E. CCAA. Las fechas de las elecciones en estas CCAA,
anteriores y más próximas a las de las 13 restantes fueron: Andalucía: 1982, 1986, 1990, 1994, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012,
2015. En Cataluña 1980, 1984, 1988, 1992, 1995, 1999, 2003, 2006, 2010, 2012 y 2015. En Galicia: 1981, 1985, 1989, 1993,
1997, 2001, 2005, 2009, 2012 . En el País Vasco: 1980, 1984, 1986, 1990, 1994, 1998, 2001, 2005, 2009, 2012; Madrid: 1983,
1987, 1991, 1995, 1999, 2003 Mayo, 2003 octubre, 2007, 2011, 2015. En Asturias: 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003 Mayo,
2007, 2011, 2012**m 2015. En 2009 el PNV va solo.///** Elecciones de septiembre 2015
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LOURDES LÓPEZ NIETO
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El aumento de voto sin representar en algunas CCAA ocasionalmente permite airmar
que pese a la diversidad de los elementos básicos de los sistemas electorales autonómicos, no
es posible atribuir a estos las consecuencias sobre los votos sin representar. Solo en 16 casos,
que representan el 10% de las elecciones celebradas en el ámbito autonómico, han superado el 10% de los votos no representados y en otras ocho CCAA nunca se ha alcanzado
dicha cifra. Las oscilaciones y los bajos porcentajes de votos no representados que ha habido
en todos los casos, permite plantear que la disfuncionalidad o desproporcionalidad es relativa y circunstancial. En todo caso, ha aumentado el número de formaciones parlamentarias,
debido a la volatilidad y modiicación del comportamiento electoral y el inicio de una
hipotética nueva etapa o ciclo electoral, que requiere un estudio más concreto en curso.
Votos sin representar en los Entes locales
¿Cuántos votos quedan sin obtener concejales? Los resultados de las elecciones municipales, tanto los de su fuente oicial, de la Junta Electoral Central como los oiciosos del Ministerio del Interior, no agregan los votos sin representar. Para cuantiicarlos hay que hacerlo
manualmente, municipio a municipio, estudio que en este momento no es posible realizar
para todos los entes locales españoles.
Sin embargo, con objeto de aportar resultados sobre el positivo funcionamiento del
sistema electoral local, presentamos los resultados de los casi doscientos municipios de la
Comunidad de Madrid en las elecciones de 2011 a partir de los datos desagregados por
municipios del Ministerio de Interior. En 29 municipios no hubo votos sin representar, o
dicho de otra forma, todas las candidaturas que se presentaron obtuvieron concejales. Por el
contrario, el total de listas que no consiguieron ningún electo fueron 281, cifra que incluye
candidaturas que no obtuvieron ningún voto en varios municipios (ie, Izquierda Unida).
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NOTAS SOBRE EL RENDIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTORALES EN ESPAÑA (1976-2015)
Tabla 9. Número de candidaturas sin representar y Nº de Votos
No Representados en las elecciones municipales de 2011 en los municipios
de la Comunidad de Madrid por tramos
Tramos
2011
Nº Candidaturas
no representadas
Censo
Nº de votos no representados
< 250
26
120
251 a 1.000
53
1.082
1.001 a 2.000
35
1.405
2.001 a 5.000
32
2.825
5.001 a 10.000
22
4.304
10.001 a 20.000
7
1.962
20.001 a 50.000
30
14.476
50.001 a 100.000
13
9.472
> 100.000
43
97.352
Fuente: López Nieto, 2015
Sin embargo, los votos sin representar en los municipios de esta Comunidad fueron
132.998, que suponen un 4,5% sobre el total de votos a candidaturas mientras que los
representados fueron casi tres millones. En el caso de la capital, las cuatro candidaturas que
obtuvieron los concejales sumaron 1.404.859 votos, mientras que los votos sin representar
fueron 75.223 repartidos entre veinte candidaturas cuyo respaldo electoral fue muy inferior al de las candidaturas que obtuvieron concejales. La última candidatura que obtuvo
concejales fue UPyD que logró 119.601 votos mientras que ECOLO fue la primera de las
21 listas que no obtuvieron concejales que consiguió 13.425 votos. Pese a que el análisis
presentado no permite extender conclusiones al resto de casos, se trata de un indicador
claro que posibilita apoyar la hipótesis del carácter proporcional del sistema electoral local
en todos los tramos, ya que permite una traducción iel de la voluntad de los electores.
En suma, los sistemas electorales del Congreso, de los parlamentos autonómicos y de
los entes locales han garantizado un alto grado de representatividad y legitimidad ya que
la mayoría de las candidaturas concurrentes han logrado acceder al reparto de escaños a lo
largo del periodo con un grado alto de proporcionalidad en relación a los votos obtenidos.
Las primas en todos los tramos de población han sido reducidas, es decir que la traducción
de votos en escaños ha sido justa para la mayoría de las candidaturas concurrentes.
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CELAEP • ISSN: 1390-4248 • Vol. No. 11 • Enero 2016
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95
LOURDES LÓPEZ NIETO
Rigidez del tipo de voto
96
Como indicamos al comienzo, la lista cerrada y bloqueada que se utiliza para la práctica
totalidad de los comicios, salvo para la elección de algunos senadores, pretendía solventar
problemas históricos relativos a las históricas debilidades mostradas por los partidos y políticos. La discontinuidad, circulación y reacomodo de los políticos se ha mantenido en este
periodo democrático, tal como han demostrado numerosos estudios (Linz, 2013, López
Nieto, 2010, 2012b). En síntesis, la mitad de los representantes solo está un mandato en el
cargo, cifra que aumenta en el caso de los concejales y de los senadores, y las sustituciones incluso en el Congreso de los Diputados siempre ha superado el 10% en todas las legislaturas.
La LRP estableció que el sistema electoral del Senado se inspiraría en criterios de representación mayoritaria. El decreto ley que reguló las primeras elecciones recuperó el voto de
lista abierta limitado, que se había utilizado ya en las elecciones de la Restauración en las
grandes urbes con objeto de lograr la representación de las minorías. Se ha modiicado en
varias ocasiones el orden de las candidaturas en la papeleta incluso el orden de los candidatos de cada partido. En la actualidad, se ha sustituido el orden alfabético, por el que decidan
los partidos y el orden de las candidaturas se establece en función de los votos obtenidos en
las elecciones previas. Salvo estas cuestiones, se ha mantenido este tipo de voto en todo tipo
de elecciones aunque pocos electores hacen hecho uso del mismo.
El análisis comparado de los datos básicos para ambas cámaras (tabla nº10), muestra
que la mayoría de los electores depositan dos votos en las respectivas urnas del Congreso
y del Senado. Las diferencias en la participación son muy pequeñas, aunque de las siete
elecciones seleccionadas, en tres ocasiones ha habido más participación en el Senado y en
la excepcional de 2004 el único caso en que hubo igual porcentaje. Los resultados de 2011
muestran las escasas singularidades del comportamiento en el Senado: la participación es
inferior como también son diversos los otros datos porque las diferencias de votos nulos,
blancos y candidaturas han sido mayores que en las del Congreso, que se celebran conjuntamente. Siempre ha habido menos votos a candidaturas en las elecciones al Senado que a
las del Congreso, sencillamente porque los votos nulos en la Cámara Alta han doblado a
los de la Cámara Baja. Cabe pensar que este hecho obedece en parte a los errores que quizá
involuntariamente realizan los electores cuando señalan sus preferencias en la normalmente extensa papeleta del Senado. Como se puede advertir en las elecciones 2004, lo más
destacado de estos datos es la ligera diferencia entre los resultados entre ambas Cámaras,
porque hay más votos nulos en el Senado, por lo que el número y porcentaje de voto válido
es menor en esta Cámara23. El voto en blanco, que como se contabiliza como válido junto
con los votos a candidaturas, también es superior en el Senado.
23
Los votos válidos del Congreso fueron 25.891.299 y 465.192 menos en el Senado.
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NOTAS SOBRE EL RENDIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTORALES EN ESPAÑA (1976-2015)
Tabla 10. Comparación de algunos resultados entre Congreso y Senado (**)
Fecha
Participación***
v. nulos
v. candidatura*
v. blanco*
1979
18.256.140
18.454.010
68,0%
68,7%
268.227
513.445
1,5%
2,8%
17.667.150
17.667.150
99,7%
98,5%
57.267
263.415
0,3%
1,5%
1986
20.524.858
20.474.119
70,5%
70,3%
321.939
678.993
1,6%
3,3%
20.081.733
19.483.821
99,4%
98,4%
121.186
311.305
0,6%
1,6%
1993
23.718.816
23.735.995
76,4%
76,8%
126.952
546.821
0,5%
2,3%
23.403.185
22.812.345
98,7%
98,4%
188.679
376.829
0,8%
1,6%
2000
23.339.490
23.382.667
68,7%
68,8%
158.200
583.192
0,7%
2,5%
22.814.451
22.156.793
98,4%
97,2%
366.823
642.682
1,6%
2,8%
2004
26.155.436
26.187.162
75,7%
75,7%
264.137
761.055
1,0%
2,9%
25.483.504
24.746.291
98,4%
97,3%
407.795
679.816
1,6%
2,7%
2008
25.514.671
25.752.839
75,3%
76,0%
162.416
580.989
0,6%
2,3%
25.448.681
25.003.190
98,9%
97,9%
284.868
519.409
1,1%
2,2%
2011
24.666.392
24.483.672
68,9%
68,4%
317.555
904.722
1,3%
3,7%
24.015.376
22.314.003
98,6%
94,6%
333.461
1.264.947
1,4%
5,4%
Fuente, López Nieto, 2012, (sobre datos oiciosos del Ministerio de Interior y por tanto no siempre coinciden con los de otros
cuadros cuya fuente son los datos oiciales de la Junta Electoral Central. El signiicado de los diversos asteriscos (*) ver en el cuadro
nº1., (**) la segunda ila y en negrita los datos del Senado. La suma de votos a candidatura y blancos, constituyen los votos válidos,
que a su vez junto a los nulos, son los votantes, dicho de otra forma la participación).
Las diferencias en la participación son muy pequeñas, aunque de las siete elecciones seleccionadas, en tres ocasiones ha habido más participación en el Senado y en la excepcional de
2004 el único caso en que hubo igual porcentaje. Los resultados de 2011 muestran la singularidad del comportamiento en el Senado: la participación es inferior como también son
singulares los otros datos porque las diferencias de votos nulos, blancos y candidaturas han
sido mayores que en anteriores comicios. Siempre ha habido menos votos a candidaturas
en las elecciones al Senado que a las del Congreso, sencillamente porque los votos nulos en
la Cámara Alta, han doblado a los de la Cámara Baja. Cabe pensar que este hecho obedece
en parte a los errores que quizá involuntariamente realizan los electores cuando señalan sus
preferencias en la normalmente extensa papeleta del Senado. Como se puede advertir en las
elecciones 2004, lo más destacado de estos datos es la ligera diferencia entre los resultados
entre ambas Cámaras, porque hay más votos nulos en el Senado, por lo que el número y
porcentaje de voto válido es menor en esta Cámara. El voto en blanco, que como se contabiliza como válido junto con los votos a candidaturas, también es superior en el Senado.
La escisión de voto, que es realizado solo por un porcentaje pequeño de electores, obedece en parte a la mayor complejidad del voto limitado sobre todo cuando hay muchos
candidatos, o quizá también a la menor importancia atribuida por los políticos y ciudadanos
al Senado. Sin embargo, cuando no hay mayoría absoluta, la composición partidista de
esta Cámara puede ser esencial, como ocurriera durante los últimos periodos de sesiones
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de la V legislatura. Pero después de once comicios de práctica electoral, también es posible
pensar que algunos electores voluntariamente realizan este voto nulo expresamente. Hasta
ahora hay pocos estudios sobre los resultados del Senado, que sin duda responderían a estos
interrogantes. Mientras tanto, solo cabe señalar que este segundo componente del comportamiento electoral del Senado, de alguna manera crítico con este tipo de voto, se refuerza
cuando analizamos los datos de los votos en blanco. Se advierte que estos han ido aumentando con el paso del tiempo, aunque en los cuatro casos analizados han doblado el porcentaje
de los que se emitieron al Congreso de los diputados. En todo caso este tipo de comportamiento, aunque sea minoritario, produce la denominada escisión de voto, cuando en elecciones simultáneas. Ocurre cuando ciertos electores votan por distintas opciones, bien como
voto nulo o blanco en el Senado y a una candidatura en el Congreso, como hemos analizado,
o porque apoyan a distintas candidaturas en cada cámara. Con objeto de mostrar algún de
estos comportamientos diferenciados, hemos seleccionado algunos distritos en los se han
producido tanto escisión de voto, como comportamientos similares para ambas Cámaras.
Tabla 11. Comparación del total de votos de de lista cerrada y bloqueada
(Congreso) y Senadores electos con lista abierta y voto limitado en 7 distritos
en elecciones 1989 y 2000
Elecciones Congreso y Senado 1989
Distrito
Nº votos Congreso 1º
Nº votos Congreso 2º
Nº votos
senadores
elegidos (*)
Elecciones Congreso y Senado 2000
Nº votos
senadores
elegidos (*)
Nº votos Congreso 1º
Nº votos Congreso 2º
Cádiz
PS 243.410
PP 76.688
PS 227.764
PS 218.893
PS 215.826
PP 69.297
PP 226 612
PS 216.014
PP 213.900
PS 207.382
PP 205.542
PP 204.422
Córdoba
PS 207.503
IU
77.106
PS 196.123
PS 192.132
PS 189.972
IU
76.451
PP 187.955
PS 185.359
PS 181.277
PP 178.372
PS 177.470
PS 176.258
Ciudad Real
PS 143.416
PP
82.074
PS 136.470
PS 134.792
PS 135.016
PP 76.238**
PP 150.558
PS 123.717
PP
PP
PP
PS
141.944
141.241
140.199
120.292
PS 108.132
PS 105.282
PS 105.434
PP 100.712+++
PP 149.957
PS
97.248
PP
PP
PP
PS
139.856
137.238
135.936
99.210
PS 949.110****
PP 946.079
PP 887.249
PP 877.904
PP 1.612.662
PS 1.009.776
PP
PP
PP
PS
1.459.876
1.415.415
1.394.888
1.101.165
León
Madrid
PS 114.046
PP 109.792
PP 919.357
PS 899.723
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PSC 903.546
CIU 741.682
PSC 855.828
PSC 827.333
PSC 807.863
CIU 720.765
Las Palmas
++++
PS 113.675
PP
73.443
PS
PS
PP
IND
A.M.
Baleares*
PP 140.163
PS 118.833
Barcelona
97.117
85.921
68.392
17.768
5.268
PP 108.832
PP 101.188
PS 89.004
PP 11.625
PP 14.606
PSC 903.792
CIU 669.539
PSC 978.269 +
PSC 945.957
PSC 937.054
CIU 673.173
PP 210.146
CC 112.467
PP
PP
CC
PIL
CC
PP 213.389
PS 116.121
PP
PP
PS
PP
PP
180.830
176.001
93.523
13.498
9.101
158.362
151.062
90.347
16.810
22.173
López Nieto; Actualización de 2012, elaboración propia sobre fuentes oiciales. (*). Ordenados de acuerdo con el número de votos
recibidos, que en todos los casos respetan el orden que el partido les asigna en cada candidatura. ** Era el 2º de los candidatos,
la 1ª era una mujer;+++ era el 2º de los candidatos; ****: el que obtiene más votos del PS y tiene más votos que la lista del PS al
Congreso; ++++: Independientes de Lanzarote; A.M. Asamblea Majorera 2000 ; (+) en coalición con ERC e IC; * en Baleares se
consignan los 5 senadores, 3 por Mallorca, 1 por Menorca y 1 por Ibiza-Formentera en este orden.
La mayoría de los electores otorga al mismo partido sus dos votos para elegir las dos cámaras de las Cortes) comportamiento representado en los casos de Ciudad Real y Jaén. En
consecuencia el partido que obtiene más votos en el Congreso, consigue tres senadores y
ello a pesar de que como se comprueba en el mencionado cuadro, todos los elegidos obtienen menos votos que la lista del Congreso; además los que están situados por su partido
como segundo y tercer candidato tienen menos votos que el primero. El senador elegido,
en representación de la minoría, gracias al voto limitado, también recibe menos votos que
la candidatura de su partido al Congreso. Esto se puede explicar porque algunos electores
solo hacen una cruz en el primer candidato, o porque votan en el Senado a candidatos de
partido distinto al que votaron en el Congreso, escindiendo su voto.
En las elecciones de 1989 se formuló un pacto PS e IU que funcionó parcialmente en
algunos distritos como en Madrid, Alicante, todas las provincias de Castilla León, Murcia
o La Rioja: en ellos los senadores de la coalición progresista elegidos, obtuvieron más votos
que el PS en el Congreso, aunque en ningún caso la coalición obtuvo los votos de todos los
electores de PS e IU. Este pacto también funcionó en Cádiz, ya que el senador progresista
elegido, obtuvo más votos que el segundo y tercer senador del PP; pero sobre todo este
acuerdo fue eicaz en Córdoba: el partido más votado en el Congreso (PP) solo obtuvo un
senador; en todo caso este tipo de resultados es excepcional y también se explica porque allí
se produjo una alta competitividad. Otra situación excepcional se produjo en la provincia
de Valencia en las elecciones de 1993: el PP aventajó al PS en 10.000 votos en el Congreso;
los senadores elegidos fueron dos de cada partido (el 1º y 3º del PP y el 2º y 4º del PS) y
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en Córdoba en 2000 cuando se eligieron dos senadores de cada uno de los partidos mayoritarios, se mantuvo la competitividad entre ambas formaciones en ambas Cámaras. El
pacto en Cataluña entre PSC, ERC e IC funcionó mejor en Barcelona y en menor medida
en Tarragona, ya que en ambas esta coalición obtuvo tres senadores; en Barcelona logró
más votos que en el Congreso, pero muy lejos de la suma de votos del PSC y de las otras
formaciones de la coalición.
Las provincias insulares eligen un número diferente de senadores. Así en Gran Canaria
y en Tenerife eligen tres y en cada una de las islas restantes eligen otro, al margen de la
desigual población de las islas pequeñas: en la tabla adjunta el senador del es del Partido
Independiente de Lanzarote (PIL) y el último de las Palmas de Coalición Canaria, fue
elegido en Fuerteventura. En Mallorca eligen tres senadores y uno en Menorca y otro en
Ibiza-Formentera. Ello explica las diferencias y singularidades del voto en ambos distritos
insulares.
Los sistemas electorales y la gobernabilidad
Con objeto de aportar datos sobre el carácter mayoritario o de consenso del sistema político
español y sobre la contribución del sistema electoral a la gobernabilidad, uno de los objetivos prioritarios del diseño del sistema electoral, se presentan algunos datos básicos. En el
ámbito nacional ha habido alternancia de gobierno en cinco ocasiones y el 45% han sido
ejecutivos con mayoría absoluta que han agotado la legislatura, como también ha ocurrido
en tres ocasiones de los gobiernos minoritarios. En términos agregados el sistema de partidos de la primera etapa electoral (1977-1989) se identiicó primero con un bipartidismo
imperfecto por la presencia de cuatro partidos parlamentarios de ámbito nacional, pero
también con sistema de partidos predominante (1982-89). Después se inició una etapa
de alta competitividad entre PSOE y PP (1989-1996), con un tercer partido IU que fue
creciendo especialmente en 1996. Tras la primera crisis sucesoria en el PSOE, se recuperó
la competencia bipartidista desde 2004 que culminó en las elecciones de 2008, donde el
bipartidismo alcanzó la cota más alta en votos y escaños. En las siguientes elecciones (2011)
la nueva crisis sucesoria en el PSOE, el PP consiguió su segunda mayoría absoluta al tiempo
que volvieron a crecer dos formaciones de ámbito nacional (IU y UPyD).
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Tabla 12. Mayorías absolutas (MA) en los gobiernos nacionales y autonómicos
por años y partidos (1977-2012)
Años en los que se obtuvo MA en
elecciones legislativas y de CCAA
Gobiernos
Nº y % Total
Mayoría Absolutas
PSOE
PP
otros
Nacional
1982, 1986, 1989*,2000,2011
5
45%
3
2
0
Andalucía
1986, 1990,2004, 2008
4
57%
4
0
0
0
0%
0
0
0
Aragón
–
Asturias
1999
1
13%
1
0
0
Baleares ,I.
1991,1995,2011
3
44%
0
3
0
0
0%
0
0
0
1
14%
0
1
0
Canarias
Cantabria
–
2011
Castilla León
1991,1995,1999,2003, 2007, 2011
6
86%
0
6
0
Castilla Mancha
1987, 1991,1995,1999,2003, 2007, 2011
7
87%
6
1
0
Cataluña
1988,1992
2
29%
0
0
CiU
Extremadura
1987, 1991,1995,1999,2003, 2007,
6
86%
6
0
0
Galicia
1989, 1993,1997, 2001, 2009, 2012
6
86%
0
6
0
C. Madrid
1995,1999,2003( nov.),2007,2011
5
63%
0
5
0
R. Murcia
1987,1991, 1995,1999,2003,2007,2011
7
100%
0
7
0
0
0%
0
0
0
5
71%
0
5
0
0
0%
0
0
0
5
71%
0
5
0
C. F. Navarra
Rioja, La
País Vasco
C. Valenciana
–
1995,1999,2003,2007,2011
–
1991,1999,2003,2007,2011
Fuente: López Nieto, 2015 (sobre datos oiciales)
*M.A. por la ausencia de los diputados de H.B.
En el caso de los ejecutivos autonómicos, casi la mitad (46%) han sido gobiernos de mayoría
absoluta, pero han sido más los gobiernos de coalición o con pactos de legislatura que han
agotado la legislatura. Murcia ha sido la única comunidad que siempre ha tenido gobiernos
de mayoría absoluta. En Aragón, Canarias, Navarra y País Vasco, no la ha habido nunca. Estos territorios representarían tanto en elecciones autonómicas como municipales (López Nieto,
2015) el modelo de consenso. En otras tres comunidades (Asturias, Cantabria y Cataluña) solo
ha habido dos gobiernos con mayoría absoluta y los demás se han forjado gobiernos de coalición
o minoritarios y también cabría asimilarlas al citado modelo consensual. Solo ha habido cinco
mociones de censura y veinte casos cuyos presidentes han dimitido o han disuelto el parlamento.
Otro tipo de soluciones políticas más excepcionales y más difíciles de entender por la
opinión pública y también en términos políticos, han tenido lugar cuando al inicio de la
legislatura, el primer partido parlamentario no consigue ni la presidencia de la mesa ni la del
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gobierno, sino que queda relegado. Esta situación ha producido rechazo y desafección hacia
los políticos, especialmente cuando el porcentaje de escaños está muy próximo al 50 % (Madrid en III Legislatura, Baleares en la V y VII, Cantabria en la VI y Galicia en la VII) y el segundo o tercer partido en votos y escaños gracias a pactos, ocupa la presidencia del gobierno.
Tabla 13. Casos en los que la lista más votada se ve relegada
en las instituciones representativas
% esc. Primer
Partido
102
II
PS
40,3
PAR + PP
CDS
Canarias
II
PS
35,0
AIC+PP + CDS
Rioja
II
PS
42,3
PP + PR
Aragón
Partidos pactan
% escaños
partido
presidente
gobierno
% escaños
partido del
presidente mesa
L
CCAA
8,9
PAR
28,4
AIC
3,3
CDS 10,0
CDS
12,1
PP
SI / NO
agota
legislatura.
Causas
SI
NO, dimite
39,5
NO, M.C
Aragón
III
PS
44,8
PAR + PP
PP
25,4
PAR 25,4
NO, M.C
Cantabria
III
PS
41,0
UPC + PP
PP
15,4
UPCA 38,5
SI
PS
Madrid
III
PP
46,5
PS + IU
IU
12,9
40,6
SI
Navarra
IV
UPN
34,0
PS+CDN+EA
PS
22,0
PS
22,0
NO, dimite
Aragón
V
PP
41,8
PS+PAR+IU+CH
PAR
14,9
PS
34,3
SI
G.MIXTO 11,8
PS
22,0
SI
Baleares
V
PP
47,5
PS+UM+PSM+IU
Cantabria
VI
PP
46,2
PS+ PRC
PS
33,3
PRC
20,5
Si
Cataluña
VII
CiU
34,1
PS+ERC+IU
ERC
17,0
PS
31,1
Si
Galicia
VII
PP
49,3
PS + BNG
BNG
17,3
PS
33,3
¿?
Cataluña
VIII
CiU
35,6
PSC+ERC+IU
ERC
15,6
PSC
27,4
¿¿
Baleares
VII
PP
47,4
PS+ BLOQ+ UM
UM
5,1
PS
27,1
¿?
Canarias
VII
PS
43,3
CC+ PP
CC
Cantabria
VII
PP
43,6
PRC +PS
PS
País Vasco
IX
PNV
Canarias
VIII
PP
40,0
35,0
31,6
25,6
PSOE+ PP
PP
17,3
CC+PSOE+NC
NC
5,0
CC
31,6
¿?
PRC
30,8
¿?
PSOE 33,3
¿?
CC
SI
33,3
Andalucía
IX
PP
46,0
PSOE+IU
PS
39,6
PS
39,6
NO
Aragón
IX
PP
27,5
PSOE+POD+CHA
PS
21,4
PS
21,4
¿?
Baleares
IX
PP
28,5
PSOE+POD+MES
POD
PSOE
18,9
¿?
Cantabria
IX
PP
32,6
PRC+PSOE
PSOE
14,0
PRC
30,0
¿?
C. Mancha
IX
PP
37,5
PSOE+POD
PSOE
36,0
PSOE
36,0
¿?
C. Valenciana
IX
PP
26,3
PSOE+COMP+POD
COMP*
PSOE
20,3
¿?
Navarra
IX
UPN
GBAI+POD+BILDU
POD
GBAI
15,9
¿?
27,3
14,6
18,2
13,7
Fuente, López Nieto, Actualización de 2012, (sobre fuentes oiciales).
* La mesa la presidió un miembro del PSOE hasta la investidura del presidente y luego la cedió a un miembro de Compromis);
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NOTAS SOBRE EL RENDIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTORALES EN ESPAÑA (1976-2015)
Estas situaciones paradigmáticas se producen cuando algunos partidos se alían frente al
primer partido parlamentario y forjan soluciones de gobierno alternativas a la mayoritaria.
En el periodo objeto de estudio esto ha ocurrido en veinticinco ocasiones y ha afectado en
15 ocasiones al PP, una de ellas a UPN con quién iba coaligado, en seis al PSOE, en dos a
CiU y una a UPN. Otro tipo de prácticas ha tenido lugar cuando la lista más votada obtuvo
la presidencia del gobierno, pero no la de la mesa y con ello el presidente del parlamento
pudo bloquear determinadas decisiones del gobierno, e incluso le hizo caer24.
La intrahistoria entre las diversas facciones de los partidos y las relaciones entre sus
dirigentes, explicará este tipo de soluciones políticas que no beneician al primer partido
y en las que suelen que intervenir las demás fuerzas parlamentarias, aunque sean muy minoritarias. Sin embargo, estas soluciones políticas han provocado críticas en parte de los
políticos y de la opinión pública y publicada acompañadas de propuestas de reforma del
sistema electoral que evite estas prácticas, legales pero con déicit de legitimidad para una
parte de los ciudadanos.
En los ejecutivos locales durante el periodo analizado, ha aumentado la población gobernada con mayorías absolutas, al incrementarse el número de municipios grandes en
los hubo alcaldes que han regido con dicha mayoría. La población presidida con la citada
garantía de estabilidad en ciudades grandes ha pasado de 3.500.000 en 1987 a casi quince
millones de personas en 2011. Las elecciones de 1995 son paradigmáticas, porque casi se
duplica el número de personas gobernadas con mayorías absolutas cifra que ha ido aumentado hasta 2011.En 1995 inaliza la hegemonía de las mayorías absolutas socialistas
que desde entonces compite con las que obtiene el PP, aunque siempre representado a
un número de personas inferior. Tras las elecciones de 1991 los alcaldes que gobernaban
con mayoría representaban a 23.000 habitantes y en las elecciones de 1995 alcanzaron los
6.500.000. Después las mayorías del PP han ido creciendo desde entonces hasta alcanzar
los casi 15 millones de habitantes gobernados con mayorías absolutas en 2011 en grandes
ciudades. El creciente bipartidismo que se ha producido en dos últimas elecciones locales
se ha traducido en la ausencia de mayorías absolutas de las otras candidaturas.
24
Esto ocurre en la IV legislatura en Andalucía: el primer partido (PS) obtiene el gobierno, pero PP e IU
pactan y obtienen la presidencia y la mayoría en la mesa. Dos años después, el presidente socialista disuelve
el parlamento.
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Municipios del tramo + 20.000 Habitantes
Municipios del tramo de 5.000 A 19.999 Habitantes
Poblacion con mayorias absolutas
Elecc.
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1987
1991
1995
1999
2003
2007
Nº y %
población
total del
tramo
24.279.195
PS
PP
Otros
32.067.841
Nº
Nº y %
633.087
2.943.624
Nº Y %
3.542.348
7.729.051
15,0%
20,1%
4.759.360
7.943.300
19,0%
19,9%
8.017.314
8.065.835
31,0%
20,1%
10.579.539
8.072.966
41,0%
20,3%
10.061.810
8.241.982
4.204.974
23.192
915.476
6.600.891
2.761.691
7.218.580
2.735.548
7.140.075
2.572.742
10.846.831
67,1%
2011
Nº
501.071
Nº
238.653
65,7%
30.005.570
Nº
1.809.466
Nº
531.194
500.947
599.268
64,3%
27.486.320
PS
65.738
64,4%
25.630.453
Nº y %
población
total del
tramo
Nº
63,9%
25.897.405
SUMA
3.237.957
63,1%
25.480.855
Poblacion con mayorias absolutas
559.226
14.947.927
186.187
37,0%
19,7%
13.419.573
8.692.664
45,0%
19,4%
15.507.153
48,0%
8.964.981
68,2%
Fuente: López Nieto, 2015 (elaboración sobre datos oiciosos del Ministerio de Interior).
19,1%
PP
Otros
SUMA
38,0%
2.321.961
726.803
483.502
3.532.266
44,0%
1.129.676
1.138.319
431.435
2.669.430
33,0%
1.708.744
1.351.395
374.261
3.434.400
43,0%
1.588.581
1.178.334
476.098
3.243.013
1.409.542
1.422.589
205.470
3.037.601
39,0%
35,0%
558.269
2.157.967
51.275
2.794.719
31,0%
LOURDES LÓPEZ NIETO
Tabla 14. Distribución de la población representada por mayorías absolutas identificando los partidos que las logran
en ayuntamientos grandes y medianos en elecciones locales 1987-2011
NOTAS SOBRE EL RENDIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTORALES EN ESPAÑA (1976-2015)
En los municipios medianos disminuyó ligeramente el número de municipios con mayorías absolutas, pero la población representada fue similar en todo el periodo, sobre tres
millones de habitantes. Los habitantes regidos al amparo de las citadas mayorías por gobiernos socialistas en municipios medianos, ha oscilado entre casi dos millones de personas
(1999 y 1987) y 500.000 y un millón respectivamente en las elecciones de 2011 y 1995. En
este tipo de municipios intermedios, los habitantes gobernados por las mayorías absolutas
del PP han ido creciendo progresivamente desde los 500.000 en 1987 a los más de dos millones (2011). La población representada con este tipo de mayorías de las otras candidaturas
ha ido disminuyendo de 600.000 habitantes a cincuenta mil en 2011.
En suma, la gobernabilidad en los ámbitos nacional, autonómico y local ha sido alta
durante todo el periodo, en gran medida debido al papel de los sistemas electorales y en
algunos casos al liderazgo de los presidentes de gobierno. Ha habido alternancia en los
ejecutivos y los mecanismos adicionales de estabilidad, como las mociones de censura constructiva, apenas han jugado un papel relevante en la gobernabilidad.
Reflexiones finales
El sistema político español vigente ha sufrido varias crisis y cambios políticos y sociales
importantes a lo largo de casi cuatro décadas y en todas ellas las instituciones han sabido
responder, resistir y garantizar la representación. Por ello el análisis realizado de los sistemas
electorales de las Cortes, parlamentos autonómicos y de los entes locales ofrece muchos
elementos de análisis en una perspectiva dinámica. Formalmente habría sido durante la
Transición y en algunos periodos y territorios un sistema de consenso, que ha convivido
después con otros mayoritarios en distintos momentos y zonas, con independencia de los
tipos de gobierno. Las reglas de juego electoral son difíciles de modiicar debido al peso que
sobre ellas tiene la inercia de la práctica, tal como se recoge en el preámbulo de la LOREG.
Hay que recordar brevemente que en su origen estuvieron condicionadas tanto por la negociación con los representantes del régimen autoritario, como con las fuerzas democráticas.
Y entre estas últimas, pesó más el objetivo de integrar en el sistema político a las fuerzas
nacionalistas. Por otra parte las reglas han permitido tanto la alternancia, como los gobiernos estables y fuertes y otros minoritarios o de coalición. Por ello parece más razonable
exigir primero el cumplimiento de las reglas del juego vigentes, que incluye la democrática
lealtad constitucional, a todas las fuerzas políticas que participan en el juego democrático,
que la modiicación de las reglas. Conviene recordar en este punto, que las modiicaciones
sustantivas de las reglas de juego exige el apoyo de unas mayorías reforzadas.
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LOURDES LÓPEZ NIETO
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Periódicamente se cuestiona la vigencia del sistema electoral en España. A veces se trataría de dar respuesta a la creciente desafección y perplejidad ciudadanas ante el aumento
de “soluciones” de gobierno contrarias al sentido de los resultados electorales: por ejemplo,
la multiplicación de los gobiernos locales y autonómicos presididos por el partido perdedor
y también la presentación de mociones de censura a la semana de constituirse un consistorio. Quizá las que generan más rechazo son las coaliciones de gobierno postelectorales
no anunciadas antes y forjadas contra el partido mayoritario, que en algunos casos estaba
a escasos votos y solo un escaño de la mayoría absoluta (varias CCAA y ayuntamientos).
El imaginario político y mediático atribuye un carácter taumatúrgico al sistema electoral y
propone su reforma de forma recurrente, sobre todo en periodos de crisis, pero desconoce
que las reglas de juego nunca resuelven todos los problemas que pretenden resolver. Los
datos y análisis aportados muestran el continuado rendimiento positivo que han tenido los
sistemas electorales en España en todo tipo de elecciones y en las sucesivas crisis del sistema
político, que contrastan con las sucesivas reformas electorales en Italia. La evidencia empírica de los resultados y análisis presentados, permite concluir que sería un error modiicar las
reglas electorales vigentes, que han permitido alcanzar satisfactoriamente los objetivos de
toda elección: representación, gobernabilidad y legitimidad. A lo largo de estas casi cuatro
décadas, la mitad del electorado que reside en las ciudades medianas y grandes, ha optado
y apoyado en ocasiones, gobiernos estables de mayoría absoluta. Al tiempo y en buena
lógica democrática, en algunos territorios españoles ha habido gobiernos minoritarios o de
coalición, motivado por la presencia continuada de sistemas de partidos más fragmentados,
relejo de un tipo de opción política más dividida y capaz de alcanzar consensos de gobierno. Los sistemas electorales han servido a ambos tipos de representación, de gobierno y han
gozado de similar legitimidad.
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La búsqueda de la proporcionalidad
y la gobernabilidad en las reformas
de los sistemas electorales:
los caso de Nueva Zelanda e Italia
Irene Delgado*
109
Resumen:
En este artículo pretendemos llevar a cabo una aproximación a las reformas electorales más
recientes acontecidas en las sociedades democráticas. Entre nuestros objetivos destaca el de
contribuir a identiicar los aspectos principales que han guiado los debates electorales sobre
la base de un mejor conocimiento de los efectos y consecuencias de las normativas vigentes.
Para ello, ofrecemos un análisis básico de las reformas electorales acontecidas en épocas más
lejanas para, seguidamente, centrar el foco de atención en los dos sistemas políticos que han
evidenciado los mayores cambios en sus sistemas electorales: Nueva Zelanda e Italia. Con
ello, se evidencian los distintos logros y problemas que plantea la institucionalización de
determinados elementos de los sistemas electorales en contextos democráticos diferentes.
Palabras clave: Sistema electoral, proporcionalidad, gobernabilidad, reformas sistemas electorales, Nueva Zelanda, Italia
Abstract:
his article pretends to carry out an approach to the most recent electoral reforms occurred
in the democratic societies. Among its main goals, it highlights to identify the main aspects
that have guided the election debates on the basis of a better knowledge of the efects and
consequences of the current rules. Consequently, it is ofered a basic analysis of the electoral
reform that occurred decades ago, so it could focus on the two political systems that have
showed the most signiicant changes within their electoral systems: New Zealand and Italy.
hus it is shown the diferent achievements and problems that come with the institutionalization of certain elements of the electoral systems in diferent democratic scenarios.
Key words: Electoral system, proportionality, governability, electoral systems’ reforms,
New Zealand, Italy.
*
Profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
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IRENE DELGADO
Introducción
L
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as reformas de los sistemas electorales acontecidas en los años noventa del siglo
pasado se han adoptado en países con larga tradición democrática. Han acontecido
tanto en países que tenían instaurados sistemas proporcionales como en aquellos
que habían adoptado sistemas mayoritarios: Nueva Zelanda en 1993, Italia en 1993 y
en 2005, y Japón en 1994. La elevada fragmentación partidista generada por el sistema
proporcional italiano contrasta con las críticas surgidas hacia el modelo Westminster neozelandés del que resaltan la desproporcionalidad de sus resultados electorales, la penalización
del sistema hacia los partidos menores y la infrarrepresentación de los grupos sociales en las
cámaras legislativas. A su vez, en Japón, el dominio de un único partido y los escándalos y
la corrupción política que genera este monopolio político son objeto de controversias que
enfocan como causante los efectos del sistema electoral. Los nuevos sistemas electorales
que se adoptan en estos sistemas políticos intenta combinar lo mejor de los dos modelos:
distritos uninominales y listas proporcionales. En todos los casos, las circunstancias particulares de cada país han sido factores determinantes para plantear las reformas, pero todas
coinciden en la búsqueda de una mayor proporcionalidad que permita la representación
de un mayor número de fuerzas políticas, pero que a su vez que no desestabilice el sistema, que favorezca por tanto la formación de mayorías de gobierno y con ello asegure la
gobernabilidad. Subyace, en consecuencia, el interés por facilitar el proceso decisional, por
reducir la fragmentación del sistema de partidos y por promover la alternancia en el poder
(Caciagli, 1998:149).
En este artículo pretendemos llevar a cabo una aproximación a las reformas electorales
más recientes acontecidas en las sociedades democráticas. Entre nuestros objetivos destaca
el de contribuir a identiicar los aspectos principales que han guiado los debates electorales
sobre la base de un mejor conocimiento de los efectos y consecuencias de las normativas
vigentes. Para ello, ofrecemos un análisis básico de las reformas electorales acontecidas en
épocas más lejanas para, seguidamente, centrar el foco de atención en los dos sistemas políticos que han evidenciado los mayores cambios en sus sistemas electorales: Nueva Zelanda
que adopta un cambio de envergadura al adoptar un sistema proporcional, e Italia donde
el debate de los efectos que generan las normas electorales precisa de continuas revisiones
y modiicaciones. Con ello se evidencian los distintos logros y problemas que plantea la
institucionalización de determinados elementos de los sistemas electorales en contextos
democráticos diferentes.
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LA BÚSQUEDA DE LA PROPORCIONALIDAD Y LA GOBERNABILIDAD EN LAS REFORMAS DE LOS SISTEMAS ELECTORALES
Las reformas de los sistemas electorales: una análisis comparado
Una comparación de las reformas electorales adoptadas en algunos países europeos demuestra que aquellas que implicaban cambios fundamentales se produjeron hace ya más de cincuenta años. Desde entonces, en el mayor número de los casos no se ha alterado el tipo de
sistema electoral y casi todos estos países utilizan el principio de representación (mayoría o
proporcional) que se impuso durante el primer cuarto del siglo XX. Los pocos casos divergentes pueden explicarse por cuestiones de cambios políticos traumáticos. Así, los países en
los que el fascismo alcanzó el poder o en los que se abolió temporalmente el sistema democrático y por tanto tuvieron que decidir “sus” sistemas electorales en una época posterior,
aunque por lo general, volvieron al sistema por el que habían optado en el pasado. Así fue
como tras la II Guerra Mundial, Italia, Austria y la República Federal de Alemania reimplantaron la representación proporcional que había estado en vigor desde 1919; sin embargo, en
el caso alemán, se optó por un subtipo de representación proporcional. Por el contrario, tras
largos decenios de régimen autoritario, España y Portugal, abandonaron sus sistemas electorales tradicionales (sistemas de mayoría relativa con voto limitado) e implantaron durante la
transición al gobierno democrático, en la década de los 70, sistemas de representación proporcional. Hasta hace poco, el único caso realmente particular era Francia que adoptó profundas reformas electorales: en 1958 con la reimplantación del sistema de mayoría absoluta;
la reforma de 1985 con la reimplantación de la representación proporcional; y la reforma de
1986 que reintrodujo de nuevo el sistema de mayoría absoluta. En todos los demás países
las reformas electorales se mantuvieron dentro del ámbito de los dos tipos básicos existentes.
Si observamos la información aportada en la tabla 1, se desprende que en cinco países
(Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo y Suiza), desde principios del siglo pasado no han adoptado ninguna reforma en el sistema electoral vigente. Los países que modiicaron alguno
de los elementos del sistema electoral tenían como objetivo conseguir un grado mayor de
proporcionalidad. Tal fue el caso de Finlandia, que introdujo una modiicación que afectaba a las candidaturas, o Islandia que reformó la distribución de las circunscripciones. Otras
medidas de mayor calado pero con el mismo objetivo cambiaron el procedimiento de conversión de votos en escaños (por ejemplo, aplicando el método igualado en vez del método
d’Hondt, o cambiando el divisor en el procedimiento del cociente electoral, o modiicando
la fórmula para adjudicar los votos restantes). Se dieron cambios de este tipo en Grecia en
1977 y en 1985; en Islandia en 1959; en Italia en 1959; en Noruega en 1953; y, en Suecia
en 1949. Reformas orientadas a reducir la presencia de partidos pequeños se aplicaron con
éxito en Alemania (RFA) en 1953 y en 1956, en Grecia en 1974, en Irlanda en 1936, 1947
y 1969, en los Países Bajos en 1921 y 1923, en Suecia en 1971, y más recientemente en
Italia en 1994. Estos efectos se obtuvieron fundamentalmente, mediante la redistribución
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IRENE DELGADO
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de las circunscripciones, o mediante cambios en los procedimientos de adjudicación de los
votos restantes o, sobre todo, mediante la introducción de barreras legales (en Alemania,
Suecia y España en 1977, Francia en 1985 e Italia en 1994).
La actitud reservada de los partidos políticos respecto a las reformas electorales fundamentales tiene que ver por un lado, con la inserción constitucional del principio de representación. Una reforma necesita una mayoría cualiicada y también exige un acuerdo entre
el gobierno y la oposición. Ya que las mayorías partidistas en los parlamentos se producen,
por lo general, mediante el efecto de desproporción del sistema electoral, los partidos gubernamentales que han logrado la mayoría parlamentaria suelen estar poco interesados en
abordar reformas electorales. Por otro lado, el comportamiento de los partidos políticos
parece haber cambiado respecto a las ventajas y desventajas de los sistemas electorales. Las
desventajas son sin duda vigorosamente señaladas por los partidos afectados. Ellas constituyen el estímulo para el debate público sobre los sistemas electorales. Sin embargo, las
ventajas y desventajas no son, estructuralmente, atribuibles a determinados partidos sino
después del cómputo de los votos, pues ellas pueden cambiar, y los partidos antes perjudicados reciben las ventajas coyunturales, sin hacer realidad los planes de reforma propagados
en la oposición política. Ejemplos adecuados de este argumento son Grecia y España: las
reformas electorales de 1985 conirmaron las características fundamentales y el subtipo del
sistema de representación proporcional existente.
Tabla 1. Reformas en los sistemas electorales de algunos países europeos
Reformas en los sistemas electorales
País
Ultimo
cambio
Sistema
en vigor
Reforma dentro del principio
de representación establecido
Propósito de la reforma
Alemania
1919/1949
RP
1953, 1956, 1985
Menos proporcionalidad,
elevación de la barrera legal,
cambio de procedimiento de
cómputo
Austria
1919/1945
RP
1971
Nueva distribución de
circunscripciones
Bélgica
1919
RP
Ninguna
-
Dinamarca
1920
RP
Ninguna
-
España
1977
RP
1931, 1933
Evitar la fragmentación
Finlandia
1906
RP
1935, 1955
Sólo afectan a candidaturas
1966
Contra los partidos menores
(10% de participación en
segunda vuelta)
Francia
1958
1985
1986
RM
RP
RM
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LA BÚSQUEDA DE LA PROPORCIONALIDAD Y LA GOBERNABILIDAD EN LAS REFORMAS DE LOS SISTEMAS ELECTORALES
Gran
Bretaña
-
RM
1832, 1884-1885, 1918, 1948
Aplicación del sistema
de mayoría relativa
en circunscripciones
uninominales
Grecia
1951
RP
1974, 1977, entre otras
Reducción de la
desproporcionalidad
Irlanda
1923
RP
1936, 1947, 1969
Menos proporcionalidad
al aumentar el número de
circunscripciones
Islandia
1942
RP
1959
Mayor proporcionalidad,
nueva distribución de las
circunscripciones
Mayor proporcionalidad al
reformar el divisor.
Evitar la
desproporcionalidad;
implementar listas
uninominales.
Premio de mayoría
Italia
Luxemburgo
1919/1946
RP
1956
1993
2006
1919
RP
Ninguna
-
Noruega
1919
RP
1953
Más proporcionalidad,
reforma del procedimiento
del divisor
Países Bajos
1917
RP
1921, 1923
Menor proporcionalidad,
reformar la asignación de los
escaños sobrantes.
Portugal
1975
RP
Ninguna
-
Suecia
1909
RP
1949, 1971
1949: más proporcionalidad
1971: barrera legal contra los
partidos menores
Suiza
1919
RP
Ninguna
-
Fuente: Adaptado de Nohlen (1994). Actualización con datos del Political Data Yearbook.
En general se puede comprobar que las normas institucionales de los procesos electorales
en los países europeos (excepto Francia) se han consolidado a lo largo del tiempo, y en los
últimos 50 años el principio de representación se mantiene inalterado en la mayoría de los
sistemas políticos. Los cambios fundamentales son poco frecuentes y sólo acontecen en
situaciones históricas extraordinarias. No obstante, existen posibilidades de reforma dentro
del marco de los dos tipos básicos establecidos de sistemas electorales y de hecho ilustran los
cambios más recientes sobre los que nos detendremos en páginas siguientes.
Otra cuestión respecto a las reformas electorales se reiere a la relación entre electores y
elegidos en términos de su mayor o menor vinculación. Dentro del principio de represen-
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tación proporcional, los sistemas electorales emplean, en su gran mayoría, la lista cerrada
y bloqueada, lo cual es motivo de críticas dirigidas al carácter anónimo de las candidaturas
y a la falta de inluencia del elector en la selección de sus representantes políticos. En este
sentido, algunas propuestas de reformas pretenden abrir las listas electorales para permitir
que el elector seleccione a sus representantes. También con objeto de estrechar los vínculos
representativos, los sistemas han valorado reformar el sistema electoral para impulsar la
personalización del voto, combinando a tal efecto el voto uninominal con la representación proporcional. El sistema electoral que sirve de modelo para este tipo de reforma es
el sistema electoral alemán, presente prácticamente en todos los debates sobre reformas
electorales.
Cuando se consideran las reformas de los sistemas electorales, existe un número ininito
de posibilidades entre las que elegir. Pero cuando se trata de situaciones en concreto, las
posibilidades se limitan considerablemente. Las presiones para reformar el sistema electoral
parecen ser más acusadas en sistemas mayoritarios que en los sistemas proporcionales. Si
los actuales sistemas mayoritarios se plantean un cambio, adoptarán mayormente representación proporcional sin lista con voto único transferible, como el utilizado en Irlanda
y en Malta; o bien, optarán por la representación proporcional personalizada. Por razones
diferentes Nueva Zelanda, Italia y Japón constituyen ejemplos recientes de combinación de
uninominalidad y proporcionalidad. Una cuestión diferente es la valoración que de estos
cambios se pueda realizar en función de los objetivos propuestos.
En el nuevo sistema electoral japonés no opera ningún mecanismo de compensación
para asegurar que el número total de escaños obtenidos por cada partido se ajuste a la proporción de votos que haya recibido. La superioridad numérica de los escaños uninominales
sobre los de representación proporcional le otorga ventajas a los partidos más grandes, que
pueden obtener más fácilmente escaños de mayoría simple. Sin embargo, los dos principios
de elección del sistema japonés están relacionados en una manera inusual. Las leyes electorales de Japón les permiten a los contendientes presentar “candidaturas duales”, es decir,
presentar candidatos que iguran tanto en una lista de representación proporcional como
en un distrito uninominal. Si bien técnicamente se trata de un sistema de proporcional de
listas cerradas, hay una disposición legal que coniere a los electores cierto grado de inluencia sobre el orden inal de los candidatos en las listas. A los partidos se les permite colocar
en el mismo lugar de preferencia de una lista de representación proporcional a algunos o a
todos los candidatos a los que también haya postulado en distritos uninominales. Para determinar el orden inal de los candidatos en las listas a efectos de la asignación de los escaños
por representación proporcional, primero se elimina de la lista a aquellos que resultaron
ganadores en los distritos uninominales y luego se ordena a los candidatos que perdieron
en los distritos uninominales de acuerdo con la votación que obtuvieron en comparación
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LA BÚSQUEDA DE LA PROPORCIONALIDAD Y LA GOBERNABILIDAD EN LAS REFORMAS DE LOS SISTEMAS ELECTORALES
con el ganador en su distrito. Esta disposición legal tiene varios beneicios para los partidos.
En primer lugar, les permite eludir la difícil tarea de determinar el orden de los candidatos
en la listas. En segundo lugar, alienta a los candidatos situados en el mismo lugar en las
listas a desarrollar campañas para conseguir más votos en sus distritos. Aunque los partidos
recurren a menudo a la fórmula que les permite ordenar a sus candidatos en condiciones
de igualdad, también suelen hacer uso de la opción que les permite ubicar a algunos en
posiciones preferentes. Esta opción es útil, pues colocar a un candidato en un lugar prioritario o “seguro” en las listas puede incentivar a que compita en un distrito uninominal en
el cual tiene escasas oportunidades de ganar. El nuevo sistema electoral enfrentó su primera
prueba en las elecciones de 1996 y los resultados no fueron los deseados. La inestabilidad
contribuyó a la persistencia de viejos esquemas y se vio acompañado de escasas señales de
que el sistema se dirigiera hacia el anhelado modelo bipartidista.
Tabla 2. Principales características de los nuevos sistemas electorales
de Italia, Japón y Nueva Zelanda
Italia 1993
Japón
Nueva Zelanda
Dos
Dos
Dos
% y nº de escaños asignados
mediante criterio uninominal
75% (475)
60% (300)
50% (60)
% y nº de escaños adicionales
25% (155)
40% (200)
50% (60)
Criterio de distribución de los
escaños adicionales
Proporcional en listas
cerradas y bloqueadas
Proporcional en
listas cerradas
Proporcional en listas
cerradas y bloqueadas
Regional
Nacional
Nacional
4%
3%
4%
Número de votos
Nivel de reparto escaños
adicionales
Barrera de acceso al reparto
escaños
Fuente: Datos procedentes de Dunleavy y Margetts (1995)
En todo caso, las reformas implican problemas en lo referente a la clasiicación de sus sistemas electorales resultantes. A menudo, se considera como criterio el número de circunscripciones uninominales en relación con la cifra total de escaños, o con la cifra de escaños
atribuidos de manera proporcional. Así, según esta relación, sería posible clasiicar un sistema con mayor número de circunscripciones uninominales como un sistema prevalecientemente proporcional. Sin lugar a duda, la relación cuantitativa tiene importancia, pero sólo
de forma secundaria o auxiliar. El criterio decisivo es la forma de interrelación de los escaños
uninominales y los escaños proporcionales. A este respecto, hay que distinguir tres formas
y efectos distintos: a) el sistema proporcional personalizado; b) el sistema personalizado
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compensatorio; y c) el sistema segmentado (en parte uninominal y en parte proporcional).
Estos tres tipos que operan combinando uninominalidad y proporcionalidad se diferencian
sobre todo por el alcance de la proporcionalidad en términos técnicos y en términos de su
efecto. Así, el primero, el sistema personal personalizado es proporcional en el origen mismo
de la adjudicación de los escaños, no dejando ningún espacio para que la uninominalidad
distorsione la relación proporcional entre votos y escaños. El segundo, el sistema personalizado compensatorio, es proporcional sólo en la medida en que los escaños de representación
proporcional pueden igualar, en el proceso de compensación, las distorsiones en la relación
votos-escaños producto de la adjudicación de una parte de los escaños por mayoría (relativa
o absoluta); y, el efecto proporcional del sistema puede variar según determinadas circunstancias, en relación de los escaños uninominales frente a los proporcionales, según la estructura del sistema de partidos, o incluso dependiendo de determinados comportamientos electorales. Por último, el sistema segmentado se aleja de la representación proporcional, dado
que el margen de efecto proporcional del sistema se restringe exclusivamente a la parte de
los escaños que se adjudican de forma proporcional, dejando totalmente fuera de inluencia
la parte de los escaños para cuya adjudicación rige el criterio de la mayoría. Para componer
el parlamento, se juntan únicamente los resultados parciales, es decir, uninominales y proporcionales. Aquí podría ser útil el criterio de la relación cuantitativa entre los dos tipos de
escaños para determinar el tipo o subtipo de sistema electoral.
Las reformas electorales llevadas a cabo en algunos países muestran cómo los sistemas
electorales son, al menos, potencialmente variables y no son completamente constantes.
Ello no quiere decir tampoco que sea una tarea fácil de manejar ni sea adecuado llegar a
manipularlos. Algunos cambios menores se realizan sin muchas diicultades, pero un cambio de un sistema mayoritario a uno proporcional o viceversa son modiicaciones extremadamente difíciles (Nohlen, 1989:222).
Los ejemplos de Nueva Zelanda y de Italia ilustran los casos más signiicativos de reformas. El primero por signiicar un cambio sustantivo de sistema, al pasar de un sistema
mayoritario a uno proporcional; y el segundo por representar modiicaciones sucesivas que
cuestionar los efectos que los elementos del sistema generan sobre el sistema político.
Nueva Zelanda: del sistema de mayoría a la representación proporcional personalizada
La reforma electoral en Nueva Zelanda adquirió gran importancia ya que signiicaba un
cambio de tipo fundamental de sistema electoral. De tal manera, la representación proporcional irrumpió en el marco constitucional anglosajón, caracterizado por el predominio del
sistema de mayoría relativa. El sistema electoral de Nueva Zelanda era considerado como
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un ejemplo clásico de sistema mayoritario de mayoría simple sin embargo, después de dos
referéndums celebrados a principios de la década de los años noventa adoptó un sistema
de representación proporcional personalizada para elegir su Parlamento unicameral conformado por 120 miembros.
¿Cuáles fueron los motivos que condujeron a efectuar cambios tan marcadamente inusuales para una democracia establecida bajo la lógica de la tradición anglosajona? Para empezar, el sistema de mayoría simple produjo resultados muy distorsionados en las elecciones
de 1978 y de 1981. En ambas ocasiones el Partido Nacional conservó el poder al obtener la
mayoría absoluta de los escaños en la Cámara de Representantes a pesar de haber recibido
una menor cantidad de votos a nivel nacional que el opositor Partido Laborista. Además,
en ambas elecciones la tercera fuerza política obtuvo un porcentaje de votos que no se
tradujo en escaños1. El descontento provocado por estos resultados conllevó el nombramiento de una “Comisión Real” independiente compuesta de cinco miembros que debían
evaluar la vigencia del sistema electoral imperante. En su informe recomendó la adopción
de un sistema electoral similar al utilizado en Alemania. Como resultado en su informe la
Comisión puso en duda el supuesto básico de la concepción de la democracia y de la representación bajo el sistema electoral mayoritario. El documento evalúa las experiencias de
países europeos y llega a la recomendación unánime de introducir el sistema proporcional
personalizado.
Tras la convocatoria de dos referéndums, se adopta el nuevo sistema electoral. La propuesta que se implementó para la Cámara de los Diputados compuesta de 120 miembros
fue la siguiente: 60 diputados son elegidos a nivel nacional por lista cerrada y bloqueada,
los otros 60 en circunscripciones uninominales. Cada elector tiene dos votos, con el primer
voto elige una lista nacional de partidos, con el segundo voto un candidato del partido en
la circunscripción. La distribución de los escaños se efectúa según el método modiicado
Saint Lagüe, y se hace el cómputo sobre la base de los 120 escaños vacantes. Los escaños
uninominales (directos) son imputados a los escaños distribuidos proporcionalmente (es
decir, sustraídos de ellos). En caso de producirse escaños excedentes, se mantendrán sin
compensación. En la distribución de los escaños participan todos los partidos que hayan
alcanzado un mínimo del 4% de los votos en todo el país o que hayan ganado un escaño
uninominal. La barrera legal no se aplica a las minorías étnicas, especialmente a la minoría
maorí, cuyas posibilidades de representación debían ser mejoradas, justamente mediante
la reforma.
1
El resultado de las elecciones legislativas de 1978 muestra cómo esta tercera fuerza sólo obtiene un escaño con
16% de los votos; y, en 1981 logra dos escaños con el 21% de los votos (http://www.electionresults.govt.nz/).
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Tabla 3. Resultados de las elecciones generales en Nueva Zelanda en 1996
Votos
Partidos
Nacional
Laborista
Nueva Zelanda Primero
118
Alianza
ACT
Unido
Coalición Cristiana
Legalizar mariguana
Mana Maorí
Otros
Nº
Escaños
%
Partido
701.176
33,8
Electores
698.920
33,9
Partido
584.159
28,2
Electores
640.796
31,1
Partido
276.591
13,4
Electores
278.021
13,5
Partido
209.347
10,1
Electores
231.913
11,3
Partido
126.442
6,1
Electores
77.334
3,8
Partido
18.245
0,9
Electores
42.666
2,1
Partido
89.716
4,3
Electores
31.989
1,6
Partido
34.398
1,7
Electores
3.407
0,2
Partido
4.070
0,2
Electores
4.793
0,2
Partido
32.449
1,6
Electores
56.190
2,7
Nº
%
Cambio
desde 1993
44
36,7
- 13,8
37
30,8
- 14,6
17
14,2
+ 12,2
13
10,8
+ 8,8
8
6,7
+ 6,7
1
0,8
+ 0,8
0
0,0
—
0
0,0
—
0
0,0
—
0
0,0
—
Fuente: Elaboración propia. Datos procedentes de Vowles (1997:451)
El sistema electoral alemán es evidentemente el modelo del proyecto de Nueva Zelanda.
No obstante, se han efectuado algunos cambios dignos de atención, a la vez que se le ha
dado un nuevo nombre al sistema mixed member proportional (MMP). Realmente lo que
los neozelandeses pretendían precisar con esta rúbrica era los elementos que se mezclaban:
a saber, la elección de members (diputados uninominales o directos, frente a diputados de
lista) con el principio proporcional como principio de representación. La Comisión destacó las ventajas del sistema proporcional personalizado frente al sistema de mayoría relativa
que había imperado en Nueva Zelanda durante más de 100 años. Y, como se pretendía,
el resultado de las elecciones generales convocadas el 12 de octubre de 1996 demostró un
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cambio signiicativo en la composición del Parlamento neozelandés. A diferencia de situaciones anteriores, cinco partidos logran acceder al reparto de escaños y ninguno de estos
partidos obtiene la mayoría, por lo que las coaliciones entre las fuerzas políticas fue uno de
los primeros cambios a los que debió hacer frente un sistema político que se había caracterizado por el predominio de un único partido.
No es de sorprender, por tanto, que Nueva Zelanda haya pasado de ser un país acostumbrado a gobiernos de mayoría, a uno gobernado por coaliciones. Después de la primera
elección con el nuevo sistema electoral dos partidos formaron una coalición de gobierno
que signiicó 61 de los 120 escaños, mayoría necesaria para gobernar. Desde que se desintegró esa coalición en agosto de 1998, Nueva Zelanda ha tenido gobiernos de coalición minoritarios que han tenido que apoyarse en acuerdos formales o informales (negociados con
otros partidos, o incluso, con parlamentarios independientes) para asegurar que las leyes
cuenten con el respaldo necesario para su aprobación. Criterio éste último enfatizado por la
Comisión real. El sistema electoral debía asegurar un “gobierno efectivo”. En este sentido,
vale la pena destacar que los gobiernos neozelandeses han tenido pocos problemas para
gobernar: se han aprobado los presupuestos de todos ellos sin mayor diicultad y ninguno
se ha enfrentado a la posibilidad de perder una votación donde esté en juego la conianza
del Parlamento. Al mismo tiempo, el Parlamento ha cumplido con otro de los criterios
establecidos por la Comisión real: ha incrementado su efectividad. Los gobiernos ya no
pueden contar con mayorías en los comités parlamentarios por lo que existe un proceso de
consulta y negociación mucho más amplio e intenso entre los representantes del gobierno
y de los partidos de oposición en el Parlamento. La Comisión también previó que bajo el
sistema de representación proporcional los maoríes podrían estar representados de manera
más efectiva, al igual que otros grupos de especial interés como las mujeres, las comunidades asiáticas y los isleños, lo que efectivamente ha ocurrido. En el último Parlamento
elegido por el sistema de mayoría simple, los parlamentarios maoríes representaron 7% del
total. En la actualidad, constituyen 16%. La proporción de mujeres ha crecido de 21% en
1991 a un promedio de 29% en las tres primeras elecciones con el sistema proporcional.
Durante el periodo comprendido entre 1993 y 2002, la proporción de parlamentarios de
las islas del Pacíico pasó de 1% a 3% y la de asiáticos de 0% a 2%. Desde un punto de vista
político, nunca es fácil deshacerse de un sistema de elección que ha perdurado por mucho
tiempo, ni convencer del cambio. No obstante, existe una creciente evidencia de que los
parlamentarios neozelandeses, y la sociedad en general, se ha adaptado al nuevo sistema,
aunque también es cierto que no sin algunas reticencias.
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La reforma del sistema electoral italiano de 1993:
del sistema proporcional al sistema personalizado
120
En los primeros años de la década de los noventa se presentó en Italia la necesidad de impulsar reformas institucionales principalmente por la creciente serie de críticas al sistema
político italiano que habían aparecido a inales de la década de los ochenta. No solo los
partidos estaban desacreditados; en un nivel más amplio, este contexto además se caracterizó por una crisis en las inanzas del gobierno, un elevado déicit público, una reducción
del gasto gubernamental, lo que convertía a Italia en un actor débil dentro del conjunto de
países europeos. La creciente desconianza social hacia el sistema político fue agravándose
cuando el sistema judicial comenzó a someter a los principales jefes de las fuerzas políticas
en un proceso conocido como Manos Limpias.
Para superar la crisis en el sistema político italiano, la forma más lógica fue inluir en el sistema de partidos y por lo tanto modiicar el sistema electoral. La permanente crisis del sistema
político, que se describió como un bloqueo del sistema, ante la falta de una alternativa frente
a las respectivas coaliciones de gobierno, que habían sido formadas alrededor del partido más
grande, la Democracia Cristiana, y que desde 1976 tomaron la forma de una coalición de
cinco partidos (Pentapartito), condujo a la imposibilidad de alternancia en el ejercicio del
gobierno. El “pentapartito” se caracterizó por su heterogeneidad interna y su debilidad, lo que
resultó en una menor capacidad decisional y un bajo rendimiento legislativo. En deinitiva,
en el centro de la crítica hacia los efectos del sistema electoral se encontraba el sistema de
partidos italiano, que debido a este pluralismo polarizado (en 1987 llegaron al parlamento
14 partidos) no cumplía con sus funciones especíicas. De hecho, cada reforma institucional
acontecida en Italia debía tener por objetivo un cambio estructural del sistema de partidos.
Las propuestas de reforma electoral realizadas en el seno de la Comisión bicameral y en la
discusión general relejaban criterios contrapuestos relativos por un lado a la gobernabilidad
(logro de mayoría de gobierno eiciente y estable) y por otro a asegurar la representatividad.
Las propuestas que se orientaban en el primer polo buscaban reformas tendentes a fomentar
la constitución de mayorías y a aumentar la inluencia del elector en la selección de los candidatos; las propuestas que se encontraban más próximas al segundo polo, defendían el principio proporcional existente o querían introducir una “forma mixta” semejante al sistema
electoral alemán. El espectro de las propuestas abarcó desde la circunscripción uninominal
introducida en la representación proporcional, pasando por el mecanismo del “voto transferible” o la forma del sistema proporcional personalizado, hasta la circunscripción uninominal en el marco de la representación por mayoría; se abarcó desde el mínimo hasta el máximo
respecto a la inluencia del sistema electoral sobre el resultado electoral, tanto respecto al
grado de desproporcionalidad entre votos y escaños como respecto al efecto del sistema en el
número de partido que tiene posibilidad de acceder a representación en el parlamento. No
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LA BÚSQUEDA DE LA PROPORCIONALIDAD Y LA GOBERNABILIDAD EN LAS REFORMAS DE LOS SISTEMAS ELECTORALES
fue posible entonces, llegar a un acuerdo parlamentario en unas circunstancias en las que
todos los partidos sufrirían el riesgo de la innovación y solicitaban ciertas garantías de su
existencia representativa. Al inal, la reforma electoral sólo prosperó gracias a una iniciativa
popular y el voto de los participantes en la consulta a favor de la uninominalidad.
El nuevo sistema electoral italiano de 1993 introdujo la uninominalidad y la combina con la desproporcionalidad a través de una distribución compensatoria de los escaños
proporcionales. Para la Cámara de los Diputados, el número de circunscripciones uninominales se sitúa en 475 –que equivale al 75% de los escaños– y donde tiene vigencia
la fórmula de mayoría simple o relativa, esto es, gana el candidato que reúna más votos
independientemente del número de sufragios conseguidos; el número de los escaños de
lista, de tipo cerrado y bloqueado, era de 155 o el 25% del total de los escaños atribuidos
mediante reparto con criterio proporcional. Desde el punto de vista de la estructura del
voto, el elector disponía para la Cámara de dos votos que expresa con papeletas diferentes
y que podía atribuir a candidatos y listas de color político diferente.
Si la atribución de los escaños uninominales es obvia e inmediata, la atribución de los
escaños proporcionales era muy compleja, con tendencia a penalizar a los ganadores en los
colegios para favorecer a los candidatos de las listas o partidos perdedores o de los de menor
tamaño que no logran conseguir el primer tipo de escaños. En el proceso de adjudicación de
los escaños proporcionales que se efectúa en el ámbito nacional se suman los votos de las listas
de partidos presentados en el nivel de las agrupaciones de circunscripciones. En el caso de los
partidos que apoyaron una candidatura exitosa en el nivel de la circunscripción, a esta suma
se le sustrae tanto votos como hubieran conseguido los candidatos que llegaron en segundo
lugar en las respectivas circunscripciones más uno, por lo menos 25% de los votos válidos.
Al reparto de estos escaños en ámbito regional son admitidas solamente las listas que hayan
conseguido, en el conjunto nacional, al menos el 4% de los votos expresados. El método de
la división es el de Hare, cociente natural y de los restos más altos. Cada candidato en los
colegios uninominales tiene que ser coaligado con una o más listas de la parte proporcional.
El sistema electoral para el Senado combinaba la uninominalidad y la proporcionalidad
de forma diferente. El elector tenía un voto. El 75% de los escaños se adjudicaban en 232
circunscripciones uninominales y el 25% de los escaños restantes (83 senadores) se distribuían en el nivel regional (agrupaciones de circunscripciones) de entre los candidatos que
no resultaron electos, es decir, que no recibieron la mayoría relativa de los votos –ya que no
hay listas– aplicando el sistema de fórmula proporcional D’Hondt. La cuota proporcional
fue introducida, evidentemente, para garantizar una representación a los partidos de medio
y pequeño tamaño en ambas cámaras. Mientras que para el Senado, la barrera real era bastante alta (10%), el sistema utilizado para la Cámara, gracias a la fórmula Hare y al criterio
de distribución a nacional, favorecía a los partidos menores, aunque tuvieran que superar
la barrera del 4% (Katz, 1996).
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En 1994 la oferta partidista era integralmente diferente respecto a la de dos años anteriores y respecto a la de más de 45 años de competición electoral. Los cambios en las candidaturas, los nuevos líderes nacionales, las nuevas listas y la gran novedad de las coaliciones,
todos estos elementos fueron deinidos por el sistema electoral pero estaban ya determinados
por la transformación del sistema de partidos que interactuó con las nuevas reglas aplicadas.
Uno de los cambios más importantes en el sistema político fue la mutación del PCI en
PDS. Pero además se coniguraron fuerzas políticas de tipo antisistema que posteriormente
y en parte por el descontento, se convirtieron en partidos catch-all: Verdes, la Liga Norte,
ex-DC y Forza Italia, que encabezada por Silvio Berlusconi es quizá el más representativo
de estos casos. Por otro lado, salieron de la escena otros partidos como el PSI, DC, PSDI,
PLI y PRI. Con este escenario de actores compitiendo por los votos y frente a la perspectiva
de una inluencia decisiva de la cuota uninominal/mayoritaria se formaron tres grandes
coaliciones: la de centro-izquierda, los Progresistas, donde se uniicaron alrededor del PDS,
Refundación Comunista, Verdes Alianza Democrática, Rete y algunos socialistas. La de
centro-derecha resultó de una doble composición: en los colegios del norte, Forza Italia
formó una coalición con la Liga Norte, llamada Polo de la Libertad; en los colegios del sur
la misma Forza Italia formó una coalición con Alianza Nacional, llamada Polo del Buen
Gobierno. Si algunos ex demócratas cristianos se presentaron en las listas de Forza Italia y
otros con los Progresistas, la mayoría de los herederos de la DC, PPI y Pacto Segni, constituyeron una tercera coalición Pacto por la Libertad (Patto Italia) que, colocándose en el
centro, pretendía hacerse con el papel de eje del futuro sistema parlamentario.
Los líderes de las coaliciones de centro-derecha y de centro-izquierda, y en especial
Forza Italia, supieron leer la necesidad de formar coaliciones bajo las condiciones que imponía el nuevo sistema electoral. La bipolarización de la competencia electoral se debió en
buena medida a la estrategia de las fuerzas políticas, dirigida a “nacionalizar” en términos
territoriales las elecciones, especialmente Forza Italia que logró unir, por citar un ejemplo,
a las derechas localizadas sobre base territorial. Mientras que las coaliciones presentaron
candidatos comunes en casi todos los colegios uninominales, en la cuota proporcional de la
Cámara todos los partidos presentaron listas distintas en una competición múltiple.
Este sistema puesto en práctica en los comicios de 1994, 1996 y 2001 han producido
resultados muy dispares. En su primera aplicación en las elecciones de 1994, no simpliicó
el marco político y los resultados electorales fueron sorprendentes. En primer lugar por
el triunfo de Forza Italia y de las coaliciones de centro-derecha, que se vieron favorecidas
claramente por el efecto mayoritario del sistema electoral. Y en segundo lugar por el colapso
de la coalición de centro, que obtuvo solamente cuatro escaños en la cuota mayoritaria.
Desde el punto de vista del rendimiento del sistema electoral, la desproporcionalidad entre
votos y escaños penalizó a los miembros de esta coalición que, con el 15,7% de los votos
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LA BÚSQUEDA DE LA PROPORCIONALIDAD Y LA GOBERNABILIDAD EN LAS REFORMAS DE LOS SISTEMAS ELECTORALES
logró solamente 46 escaños, el 7,3% del total. La barrera del 4% fue formalmente eicaz,
repartiendo los escaños proporcionales de la Cámara en siete listas solamente. Esto no
impidió que en el Parlamento se formaran una docena de grupos parlamentarios por libre
decisión de los elegidos en los colegios uninominales que no pertenecían a los partidos
mayores aunque habían sido elegidos con la aportación de éstos.
Tabla 4. Resultados de las elecciones generales italianas de 27-28 de marzo de 1994
Escaños
Partidos
Votos (PR)
PR
Mayoritarios
Nº
Total
Nº
Cambio
desde
1992
Nº
%
Nº
8.119.287
5.202.698
3.327.026
1.355.739
-
21,0
13,5
8,4
3,5
-
32
22
10
0
-
102
87
107
6
35
99
109
117
6
35
15,7
17,3
18,6
1,0
5,5
17.914.750
46,6
64
302
366
58,1
Pacto por Italia
- Partido Popular
- Pacto Segni
4.268.940
1.795.270
11,1
4,6
29
13
4
0
33
13
5,2
2,1
Total
6.064.210
15,7
42
4
46
7,3
7.855.610
20,4
37
72
109
17,3
+0,4
2.334.029
1.024.496
841.739
6,0
2,7
2,2
12
0
0
27
11
14
39
11
14
6,2
1,7
2,2
+0,7
-0,8
-12,4
718.403
452.396
-
1,9
1,2
-
0
0
-
6
18
18
6
18
18
1,0
2,9
2,9
+1,0
+2,9
+2,9
13.224.673
34,3
49
164
213
33,8
231.826
0,6
0
3
3
0,5
-
Lista Valle de Aosta
43.700
0,1
0
1
1
0,2
-
Liga de Acción
Meridional
59.853
0,2
0
1
1
0,2
+0,2
Polo de la Libertad/Polo
del Buen Gobierno:
- Forza Italia
- Alianza Nacional
- Liga Norte
- Lista Pannella
- Otros
Total
Alianza Progresiva:
- Partido Democrático
de la Izquierd
- Refundación
Comunista
- Verdes
- Partido Socialista
Italiano
- La Red
- Alianza Democrática
- Otros
Total
Partido Popular del sur
del Tirol
123
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ignazi (1995:393)
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+15,7
+11,9
+9,9
+5,5
-27,5
+2,1
IRENE DELGADO
124
Pero los efectos mayoritarios no fueron completos. El centro-derecha ganó la mayoría
de los escaños de la Cámara, pero no los escaños del Senado. En la cuota uninominal en la
Cámara, el Polo obtuvo un claro premio electoral: el 63,6% de los escaños tan sólo el 47,2%
de los votos; en el Senado, con el 42,7% de los votos obtuvo un poco menos del 50% de los
escaños. En un sistema de bicameralismo perfecto, como era el sistema italiano, este efecto mayoritario no completo en el Senado tuvo consecuencias políticas importantes. Otra
cuestión resultante de singular importancia para el sistema italiano fue el papel desempeñado por los líderes políticos nacionales: Berlusconi dio por seguro el “tirón electoral”, Bossi
jugó un papel importante y Fini logró mejorar su imagen. Mientras, en la izquierda faltó
un verdadero líder. Pero la izquierda aprendió la lección, como se verá dos años después.
Los comicios de 1996 y de 2001 han mostrado la tendencia a un funcionamiento bipolar del sistema político y a una creciente personalización de la competición electoral. El
contexto de 1996 se caracterizó por la interacción de varios elementos del sistema electoral
y por una diferente estructura de la competición partidista en la que estuvieron presentes
dos coaliciones más equilibradas, una de centro-izquierda (El Olivo) liderada por Romano
Prodi, y una de centro-derecha (La Casa de la Libertad) con Berlusconi al frente. No obstante, el centro-derecha tuvo mayores diicultades para controlar sus fronteras electorales
(en el norte en particular) consecuencia de una defección mayoritaria de sus electores. Desde el punto de vista del sistema político, los resultados de 1996 permitieron, por primera
vez en la historia de Italia, la alternancia en el poder. El líder designado por la coalición
ganadora, Romano Prodi, formó el gobierno 24 horas después de la atribución del cargo
por el Jefe del Estado. En cuanto a la representación, la coalición vencedora gozó sólo de la
mayoría de escaños en el Senado. En la Cámara el Gobierno necesitó del apoyo de los 35
diputados de Refundación Comunista. Por tanto, la mayoría electoral como la del gobierno
eran de nuevo muy frágiles.
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Tabla 5. Resultados de las elecciones generales italianas de 21de Abril de 1996
Votos
Partidos
Escaños
Total
Nº
%
Proporcionales
Mayoritarios
N
%
7.715.342
21,0
37
86
123
19,5
Alianza Nacional
5.875.391
15,7
28
65
93
14,8
Centro Cristiano Democrático
2.109.019
5,8
12
18
30
4,7
701.033
1,9
0
0
0
0
Liga Norte
3.777.786
10,1
20
39
59
9,4
El Olivo
7.897.044
21,1
26
145
171
27,2
937.684
2,3
0
16
16
2,5
Pop-SVP-PRI-UD-Prodi
2.555.082
6,8
4
71
75
11,7
Lista Dini-Renovación Italiana
1.627.191
4,3
8
18
26
4,3
Polo de la Libertad
Lista Pannella-Sgarbi
Verdes
Partido Sardo de Acción
37.974
0,1
0
0
0
0,0
Refundación Comunista
3.215.960
8,6
20
15
35
5,6
Lista Valle de Aosta
37.428
-
-
1
1
0,2
Liga Meridional
72.152
0,2
0
1
1
0,2
338.721
0,9
0
0
0
0,0
Movimiento Social – Llama
Tricolor
Socialistas
149.576
0,4
0
0
0
0,0
Otros
404.010
1,1
0
0
0
0,0
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ignazi (1997:417)
El sistema italiano seguía manteniendo sus rasgos distintivos: un ejecutivo que sufría una
debilidad estructural; un protagonismo de coaliciones políticas, pero estas fueron más
alianzas electorales que mayorías gubernamentales cohesionadas; partidos políticos con
reducida presencia en términos de escaños pero que seguían teniendo un poder político
desproporcionado. El objetivo prioritario de la reforma de 1993, la estabilidad de los gobiernos, apenas se logró en la práctica. A pesar de la esperanza de los “reformistas” no hubo
gobiernos fuertes. El efecto más llamativo que se logró fue la alternancia de dos bloques en
el poder, en un marco en el que no se alcanzaron las expectativas de reducir los niveles de
fragmentación partidista. A resultas, el sistema electoral italiano no sólo no obtuvo las ventajas imaginadas, sino que exhibió por el contrario, serias desventajas (Nohlen, 1994:316).
A lo largo de la legislatura se evidenciaron problemas que no resueltos en el nuevo marco
institucional. El fenómeno del transfuguismo que junto a la extremada fragmentación de
las coaliciones tendía a escindirse en el Parlamento en numerosos grupos parlamentarios
con gran poder de “chantaje” sobre el Gobierno (Gropi, 2008:164).
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Las elecciones del 2001 conirmaron la competencia entre grandes coaliciones con un
líder a la cabeza como candidato natural a ocupar el puesto de Primer Ministro. La Liga,
apartada del extremismo, se integró de nuevo a la coalición de centro-derecha la cual se
ve favorecida por los votos que ésta le ofreció. Pero la fragmentación partidista fue mucho
más elevada, una coalición de ocho (DS, Margarita, Girasol, CI, y cuatro más), y otra de
cinco (FI, Lega, AN, CDD y CDU). Ésta última, de centro-derecha, airmó su capacidad
de formar una coalición más determinante por el papel de un líder que las uniicó. Mientras
que la fragmentación en la centro-izquierda fue más clara al integrarse dos nuevas fuerzas
(Margarita y Girasol). De allí que, venciera la coalición más simple, con el líder más consolidado y con el partido mayoritario al interior (Cotta, 2002).
La nueva reforma del sistema electoral italiano y las elecciones de 2006
Fruto del ambiente político de confrontación y desencuentro que caracterizó la XIV Legislatura (2001-2006), poco antes de las elecciones de 2006 se modiica la ley electoral de
1993. El sistema electoral elegido fue similar para las dos Cámaras, con la única diferencia
de que, mientras en la Cámara de Diputados los premios y la barrera electoral se calculan a nivel nacional, en el Senado se adopta el criterio regional. Se trata de un sistema
proporcional, con escrutinio de lista y listas bloqueadas. Para la Cámara se diseñan 26
circunscripciones plurinominales, a las que se suma la de la región del Valle de Aosta; en
el Senado las circunscripciones son regionales. Además, es preciso tener en cuenta que, en
virtud de dos reformas constitucionales operadas en 2000 y 2001, respectivamente, doce
diputados y seis senadores son elegidos en una “circunscripción exterior” de los ciudadanos
italianos residentes fuera del territorio nacional. En este caso se aplica el sistema de elección
proporcional.
De entre las novedades que se introducen para corregir el sistema proporcional igura
un premio de mayoría, variable que se activa sólo si ninguna lista o coalición consigue
más de 340 escaños en la Cámara, o bien más del 55 por 100 de los escaños asignados a la
circunscripción del Senado). Se introduce una barrera electoral para las coaliciones y para
las listas que se calcula sobre una base nacional para la Cámara, y una base regional para
el Senado. De hecho, está previsto que los partidos y los grupos políticos puedan aliarse
en una coalición o bien concurrir individualmente. En cualquier caso, en el momento de
registrarse depositan el programa electoral en el que se indica el líder de la coalición, o
bien el del grupo o partido político; al mismo tiempo, cada lista que esté o no en coalición
deposita una lista bloqueada de candidatos. El elector, en el momento del voto, tiene una
sola papeleta para la Cámara y una para el Senado, y podrá expresar su preferencia única-
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mente por el partido, sin preferencia alguna de candidato. De esta forma son elegidos en
cada circunscripción los candidatos indicados por cada uno de los partidos, en el orden
establecido en la lista.
Uno de los aspectos más complejo de la ley son las disposiciones relativas a las barreras
electorales. En la Cámara de Diputados acceden al reparto de escaños sólo: a) las listas
que, no estando en coalición, hayan conseguido al menos el 4 por 100 de los votos válidos
a nivel nacional; b) las coaliciones que hayan conseguido, sumando todos los votos de las
listas que la componen, al menos el 10 por 100 de los votos sobre una base nacional, y que
estén integradas al menos por una lista que haya conseguido como mínimo el 2 por 100 de
los votos válidos a nivel nacional; para las coaliciones que cumplan tales requisitos, acceden
al reparto de escaños sólo aquellas listas que hayan conseguido al menos el 2 por 100 de los
votos válidos a nivel nacional. Entre todas las listas excluidas del reparto, accede de todos
modos al reparto la lista miglior perdente (mejor perdedora), es decir, aquella que, entre las
listas que han conseguido menos del 2 por 100 de los votos, ha resultado ser la más votada.
Respecto a las coaliciones que no han cumplido los requisitos recién indicados, acceden de
todos modos al reparto de escaños las listas que, individualmente, hayan obtenido al menos
el 4 por 100 de los votos a nivel nacional.
De cualquier forma, son admitidas al reparto las listas de minorías lingüísticas que
hayan obtenido en la circunscripción al menos el 20 por 100 de los votos. En el Senado,
acceden al reparto sólo: a) las listas que no se integran en una coalición, que hayan conseguido al menos el 1,8 por 100 de los votos válidos a nivel regional; b) las coaliciones que
hayan conseguido, sumando los votos de todas las listas que las componen, al menos el 20
por 100 de los votos a nivel regional y que estén integradas por, al menos, una lista que
haya conseguido un mínimo del 3 por 100 de los votos válidos a nivel regional. Respecto a
las coaliciones que cumplen tales requisitos, acceden al reparto de los escaños sólo aquellas
listas que hayan alcanzado al menos el 3 por 100 de los votos válidos a nivel regional. No
están previstos, sin embargo, mecanismos similares a los de la Cámara, como el del miglior
perdente (mejor perdedor). De todas formas las coaliciones que no cumplen los requisitos
indicados, pero que individualmente, hayan obtenido al menos el 1,8 por 100 de los votos
a nivel regional, acceden al reparto.
Respecto al reparto de los escaños, en el caso de la Cámara, si una lista o una coalición
alcanza el 55 por 100 de los votos, el reparto entre las listas independientes y las coaliciones se realiza de acuerdo con criterios proporcionales, a través del cálculo de los cocientes
naturales enteros (igual a los votos válidos dividido entre los escaños totales) y de los restos
mayores. En caso contrario, cuando nadie lo alcance, entra en juego el premio di maggioranza (premio de mayoría): a la lista independiente o a la coalición que haya conseguido
la mayoría relativa de los votos válidos a nivel nacional se le asigna un premio que es igual
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a la diferencia entre los escaños que ha conseguido y 340. La norma pretende asignar a la
coalición o a la lista que haya alcanzado la mayoría relativa de los votos la mayoría absoluta
de los 630 escaños de la Cámara, que equivale al 53,9 por 100 de éstos.
En el Senado, los escaños se reparten de acuerdo con el método proporcional en base a
los cocientes enteros y el reparto de los restos mayores, excepto si ninguna lista o coalición
consigue, en una primera atribución, el 55 por 100 de los escaños previstos para la región
respectiva. En tal caso se atribuirá el premio equivalente al 55 por 100 de los escaños disponibles para la región a aquella lista o coalición que haya conseguido, en un reparto provisional
de los escaños, menos del 55 por 100 de los escaños disponibles, y sea mayoritaria respecto a
otras listas o a otras coaliciones presentes a nivel regional. No obstante, a diferencia de lo que
ocurre para la Cámara, este sistema de premios de coaliciones regionales no garantiza, por sí
mismo, la mayoría absoluta en el Senado para la lista o la coalición que haya conseguido, en
términos absolutos, el mayor número de votos a nivel nacional (Tabla 6).
La primera aplicación de este sistema, en las elecciones de abril de 2006, ha puesto en
evidencia tanto sus virtudes como también sus defectos. Por un lado, la tendencia a la bipolarización del sistema político italiano se ha visto destacada, no obstante, con la fórmula
proporcional aplicada prevalecen los elementos de corrección del sistema proporcional,
que premia a las coaliciones. Esto explica la desaparición en casi todas las circunscripciones de terceros partidos, a diferencia de lo ocurrido en anteriores elecciones (Groppi,
2008:174). Atendiendo a los resultados electorales se mantiene la fragmentación de las
fuerzas políticas, como lo evidencian las dos coaliciones que aparecen conformadas, la de
centro-izquierda (Unión) y la de centro-derecha (Casa de la Libertad). A ello se añade el
hecho de que en la Cámara de Diputados el premio de mayoría ha demostrado su capacidad para producir una amplia mayoría: la coalición de centro-izquierda, con el 49,8% de
los votos (frente al 49,7% del centro-derecha), se ha adjudicado por completo el premio
y ha obtenido 340 escaños. En el Senado, por el contrario, el premio de mayoría a nivel
regional ha tenido resultados imprevistos. La suma de los premios regionales ha producido
un resultado de 155 escaños para la Casa de la Libertad, frente a los 154 de la Unión. En tal
sentido, ha sido decisiva la atribución de los escaños en la circunscripción exterior, donde
la Unión ha obtenido cuatro senadores, la Casa de la Libertad uno, y ha resultado electo un
independiente. Ha de considerarse de todas formas que, si la atribución del premio hubiese
tenido lugar con criterios nacionales, como en la Cámara, la situación hubiera sido todavía
más complicada, ya que, como consecuencia de la diferencia de electorado (la edad para el
ejercicio del sufragio activo es de 25 años, mientras que en la Cámara es de 18), la mayoría
la habría obtenido el centro-derecha y, en consecuencia, se hubiera conseguido una (sólida)
mayoría opuesta en las dos Cámaras. Por lo tanto, la nueva Ley electoral no ha demostrado
su capacidad para producir una mayoría clara: el primer año de mandato del nuevo Go-
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Tabla 6. Resultados de las elecciones legislativas de 9-10 Abril 2006
Circunscripción
exterior
Circunscripción Italia
Partido
El Olivo
Nº y % votos
Nº y %
escaños
11.930.983 (31,1)
Nº
votos
Nº
escaños
Total
Nº votos
Nº y %
escaños
220 (35,7)
11.930.983
220 (34,9)
2.229.464 (5,8)
41 (6,6)
2.229.464
41 (6,5)
Rosa en el Puño
990.694 (2,6)
18 (2,9)
990.694
18 (2,9)
Partido de los
Comunistas Italianos
884.127 (2,3)
16 (2,6)
884.127
16 (2,5)
Lista de Pietro/Italia de
Valores
877.052 (2,3)
16 (2,6)
904.484
17 (2,7)
Verdes
784.803 (2,1)
15 (2,4)
784.803
15 (2,4)
Unión por la
Democracia Europea
534.088 (1,4)
10 (1,6)
543.780
10 (1,6)
Partido Popular del Sur
del Tirol
182.704 (0,5)
4 (0,6)
182.704
4 (0,6)
Otras listas-Prodi
588.683 (1,6)
0 (0,0)
588.683
0 (0,0)
-
-
422.330
6
422.330
6 (1,0)
19.002.598 (49,8)
340 (55,1)
459.454
7
19.496.219
348 (55,1)
Forza Italia
9.048.976 (23,7)
137 (22,2)
202.407
3
9.251.383
140 (22,2)
Alianza Nacional
4.707.126 (12,3)
71 (11,5)
-
-
4.707.126
71 (11,3)
Unión Democrática de
Centro
2.580.190 (6,8)
39 (6,3)
65.794
0
2.648.266
39 (6,2)
Liga Norte
1.747.730 (4,6)
26 (4,2)
20.227
0
1.769.523
26 (4,1)
Democracia Cristiana/
Nuevo Partido Socialista
285.474 (0,8)
4 (0,6)
-
-
285.474
4 (0,6)
Otras listas Berlusconi
608.347 (1,7)
0 (0,0)
8.235
0
618.599
0 (0,0)
-
-
73289
1
73.289
1 (0,2)
18.977.843 (49,7)
277 (44,9)
369.952
4
19.367.122
281 (44,6)
172.902 (0,5)
0 (0,0)
146.008
1
343.028
1 (0,2)
Refundación Comunista
Unión Prodi
Votos totales Coalición
La Unión
Italia en el Mundo
Votos totales Coalición
Casa de la Libertad
Otros
27.432
9.692
1
0
Fuente: Ignazi (2007:994)
bierno de centro-izquierda, presidido por Romano Prodi, ha dependido en el Senado del
oscilante voto de un parlamentario independiente elegido en Argentina y de los senadores
vitalicios; personas de notable autoridad y muy respetadas en la sociedad italiana, aunque
desprovistas de legitimación electoral.
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Respecto al objetivo de asegurar la estabilidad gubernamental, ésta no se demuestra
garantizada por el sistema electoral, pues depende de los resultados electorales. Cualquier
coalición que obtenga el premio de mayoría puede romperse tras las elecciones, sin que ello
implique la celebración de nuevas elecciones.
Conclusiones
130
Los sistemas electorales juegan un papel decisivo en el sistema político. Además de afectar
al sistema de partidos y a la amplitud de la representación, es uno de los instrumentos políticos más fáciles de manipular. Contribuyen al manejo de las divisiones políticas, sociales,
económicas y étnicas. La valoración de los sistemas electorales, así como las propuestas de
reforma, se enfrentan a la necesidad equilibrio en torno al doble objetivo de garantizar
la eicacia gubernamental e impedir el bloqueo en los procesos de toma de decisiones, al
tiempo que debe garantizar una representación equilibrada de intereses.
El referéndum italiano de 1993, que desembocó en la adopción de un sistema de representación proporcional personalizada para las elecciones del año siguiente, marcó el inicio de
una serie de cambios importantes en los sistemas electorales en todo el mundo. Hasta entonces, en casi todos los casos los cambios que se habían introducido eran marginales, relacionados con una nueva fórmula para distribuir los escaños o cambio en el número de distritos
electorales, pero desde el referéndum italiano, otros países han seguido su ejemplo y han
desarrollado procesos de reforma que han modiicado drásticamente sus sistemas electorales.
La mayoría de los países que han cambiado su sistema electoral lo han hecho en dirección de una mayor proporcionalidad, ya sea agregando algún componente de representación proporcional a un sistema de pluralidad o sustituyendo por completo. El balance
de los resultados ha de realizarse tomando en consideración los objetivos que proponía
la reforma. En el caso de Nueva Zelanda, se ha logrado una mayor representación de las
minorías y gobernabilidad apoyada en más de un partido político. Por otro lado en Italia,
las diversas reformas han evidenciado que los logros no son automáticos. Los cambios no
generan de forma automática un resultado determinado. El nuevo sistema no ha demostrado su capacidad para producir mayorías de gobierno: el primer año de mandato del nuevo
Gobierno de centro-izquierda, presidido por Romano Prodi, ha dependido en el Senado
del voto de un parlamentario independiente. Ello constata que no es idóneo utilizar el
sistema electoral como único instrumento para modiicar la forma de gobierno, ya que se
corre el riesgo de hacer inoperante la función representativa del Parlamento.
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La transformación de los sistemas
electorales: la reforma electoral
durante la transición democrática
en Sudáfrica
Ainara Mancebo*
133
Resumen
A inicios de los años 90 Sudáfrica inició su transición política donde la transformación del sistema
electoral fue una de los puntos clave en la agenda de negociación. Este artículo deiende que el
cambio de los sistemas electorales durante las transiciones democráticas es producto de los cálculos
estratégicos de los actores políticos implicados en el proceso de diseño institucional. En este caso de
estudio, la inminente amenaza de la entrada de nuevos votantes y partidos políticos en la nueva arena
electoral moldeará los cálculos estratégicos de cada actor implicado en el proceso. Como resultado,
Sudáfrica transformó un sistema electoral pluralista poco inclusivo, utilizado durante el régimen oligárquico colonial, a un sistema electoral proporcional altamente inclusivo en la nueva dispensación
democrática.
Palabras clave: Sistemas electorales, cambio institucional, partidos políticos, transiciones políticas,
Sudáfrica,
Abstract
At the beginning of the 90s, South Africa initiated its political transition where the transformation of
the electoral system was one of the key items on the negotiation agenda. his paper argues that the
change of the electoral systems during democratic transitions is a product of the strategic calculations
of the political actors engaged in the process of institutional design. In the case of study, the threat
of new voters and political parties entrance in the electoral arena shaped the strategic calculus of
each actor involved in the process. As a result, South Africa moved from a low inclusive majoritarian
electoral system under the settler oligarchy to a high inclusive proportional electoral system in the
new democracy.
Keywords: Electoral Systems, institutional change, political parties, political transition, South Africa
*
Candidata a Doctora por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
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AINARA MANCEBO
Introducción
L
134
a emergencia de nuevas democracias, tras la tercera ola democratizadora de Huntington (1993), ha hecho resurgir un interés sobre los factores detrás del cambio
institucional. En el marco de la reestructuración institucional que se gesta en un
proceso de transición democrática, cuáles son los factores determinantes para la transformación de los sistemas electorales han sido objeto de estudio en la reciente literatura sobre
cambio institucional1. Los sistemas electorales tienen una gran trascendencia política en
su traducción de los votos de los ciudadanos en representación, al reconocer la voluntad
popular en el quehacer político y abrir el acceso en libertad al poder institucional y a su
ejercicio (Lijphart, 1995).
Sudáfrica experimentó una de las transiciones democráticas negociadas entre gobiernos
autoritarios y movimientos de liberalización durante la tercera ola democratizadora de Huntington2. En estos procesos de transición democrática no violentos donde se negocia una
nueva dispensación aceptable para todas las partes en conlicto, la naturaleza de los sistemas
electorales es clave para los actores políticos (Luong, 2000:564). Siguiendo un enfoque de
elección racional, se deiende en este artículo que el principal factor que explica la transformación del sistema electoral durante la transición política son los cálculos estratégicos de los
actores implicados en el diseño institucional. Los partidos políticos, anticipando los distintos efectos de los distintos sistemas electorales, eligen el régimen electoral que maximice sus
oportunidades de mantenerse en el poder o sus escaños legislativos (Boix, 1999:611).
De acuerdo con este planteamiento, se espera que los actores políticos evalúen las alternativas posibles de tipologías de sistemas electorales, valorando el número de escaños
que conseguirían en un escenario electoral especíico. El modelo predice que el nivel de
amenaza de los partidos políticos a ser eliminados del escenario político, ante una extensión
del sufragio universal y entrada de nuevos partidos políticos, junto a la incertidumbre de
los resultados electorales en la futura arena electoral, inluyen en los cálculos estratégicos de
actores racionales para abogar o no por una transformación de los sistemas electorales. Si
en este contexto, el nivel de amenaza que perciben es bajo, no plantean una transformación
del sistema electoral. Por el contrario, si el nivel de la amenaza es alto entonces abogan
por reformar el sistema electoral. Los cálculos estratégicos de los partidos políticos buscan
maximizar la representación legislativa siendo el principio motor de la transformación del
sistema electoral. Mientras los resultados electorales no cambien el nombre del ganador, el
1
2
Literatura sobre la reforma electoral como variable dependiente: Pippa Norris (1997: 297-312); Carles Boix
(1999:609-24); Lehoucq (1995:23-45); Dunleavy y Margetts (1995:9-29); Lundberg (2007:471–490); Marian y King (2010:7-18).
Tercera ola democratizadora desde 1974 a 1990 (Huntington, 1993).
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133-156
LA REFORMA ELECTORAL DURANTE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN SUDÁFRICA
sistema electoral no es reformado, pero si esos resultados cambian el nombre del ganador,
entonces es reformado el régimen electoral. A través de este caso de estudio, analizo la
cadena de eventos y el proceso de decisión con una metodología de rastreo de procesos
y la técnica Delphy para recoger los testimonios de los principales actores3 envueltos en el
cambio institucional del sistema electoral para contrastar las hipótesis presentadas.
El enfoque de cambio institucional
Para entender y explicar las reformas institucionales en medio de procesos en el que se
negocia el paso de un régimen autoritario a un régimen democrático y donde los actores,
con proyección política en el nuevo sistema, deciden sobre esas reformas necesarias para la
transformación, es útil el enfoque economicista que centra su análisis en el comportamiento humano maximizador4. A diferencia del enfoque institucional histórico, la estructura y
legado institucional modelan las percepciones de los actores como parte de la información
a su disposición. Así, el contexto es fuente de información exacta o perfecta que modela las
percepciones de los actores y sus estrategias a la hora de hacer frente un proceso de negociación de diseño institucional.
Los detractores del enfoque de la elección racional aducen una simpliicación de la
realidad política defendiendo el autointerés de la acción racional como fuerza motora de
los cambios institucionales. Nuevos estudios bajo el prisma de la elección racional han
reconocido la debilidad de este enfoque para explicar decisiones no racionales. Kitschelt
(1992) recomienda complementar el enfoque de la elección racional con modelos de variables explicativas sociológicas y culturales, defendiendo que la asunción de maximizar
la representación legislativa no puede explicar por qué los políticos en Bulgaria, Hungría y España adoptaron sistemas de representación proporcional. Rahat (2004) alerta que
3
4
Los entrevistados: Roelf Meyer (jefe negociador del Gobierno del NP en CODESA y MPNP); Valli Moosa
(Delegado del ANC en el Grupo de Trabajo 2 de CODESA); Richard Rosenthal (coordinador del Comité
Técnico sobre la Comisión Electoral Independiente del MPNP); y François Venter (coordinador del Comité
Técnico sobre Asuntos Constitucionales del MPNP) han dado su autorización para la transcripción de sus
entrevistas.
Este enfoque contrasta con otros enfoques como el neo-institucionalismo histórico, donde las elecciones
realizadas cuando se diseña una institución, o cuando se inicia una política, tendrán una inluencia duradera sobre esa política o institución. Las instituciones, se dice, siguen una “lógica de la secuencia o de la
dependencia”: los pasos dados en un momento dado determinan los pasos futuros. De este modo los actores
involucrados en diseños institucionales perciben sólo aquellas alternativas que son cercanas a su área histórica, cultural, y geográica y que por lo tanto son compatibles con el legado institucional. Por otro lado, el
neo-institucionalismo normativo se centra en los valores y las normas (formales e informales) para explicar
el comportamiento de los actores. En este caso, los actores no actúan conforme a tendencias históricas o a
pasos dados en momentos determinados. La “lógica de lo apropiado”, lo que se adapta mejor a los valores y lo
“normal” en una institución es el motor de la acción y del cambio sobre las instituciones (Peters, 1999); Ver
Downs (1957); Colomer (1987).
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aunque la elección racional es un paradigma útil para el estudio de la estabilidad de los
sistemas electorales, no es válida para su reforma. Para Rahat, la aplicación de la teoría es
dependiente de la naturaleza de la arena en la cual se desarrollan las reformas. Mientras
un modelo de elección racional puede ser diseñado para acomodar algunas de las complejidades originadas por la naturaleza de esas arenas y propuestas (inestables preferencias y
comportamientos, actores no unitarios, información imperfecta y partidaria), es incapaz de
incorporar todas ellas.
Otros críticos que se incluyen dentro de la literatura de las motivaciones de los partidos,
se inclinan por incluir explicaciones normativas sobre las motivaciones que se esconden tras
los actos de decisión de los individuos. Mientras el enfoque de elección racional sobre el
cambio institucional establece un único objetivo perseguido, la maximización de la utilidad, los analistas del comportamiento partidista, particularmente de formación de coaliciones, han adoptado perspectivas de multi-objetivos. Strom y Müller (1999), Bawn (1993) y
Benoit (2004, 2007), han sistematizado tres tipos de comportamiento de los actores políticos para explicar el origen de los sistemas electorales, en el que se distinguen explicaciones
derivadas de preferencias partidistas de los actores políticos (oice-seeking; policy seeking;
personal gain), y explicaciones derivadas de preferencias de interés general (representación;
gobernabilidad; ingeniería social y política; y otras motivaciones generales).
Siguiendo en la línea crítica anterior se ha construido un modelo teórico basado en motivaciones múltiples5, incorporando mayor complejidad al primer enfoque del que critican
su simplicidad. Para los autores que asumen un marco teórico de motivaciones múltiples,
el enfoque de la elección racional de objetivo único ha predicho acertadamente muchos de
los diseños constitucionales realizados, pero no todos. Por ejemplo no ha podido explicar
las elecciones del sistema electoral de los partidos liberales en Hungría o el foro cívico de
Checoslovaquia. Renwick (2005) asume que los actores buscan maximizar la satisfacción
de sus objetivos y, crucialmente, que el único objetivo de los actores políticos es maximizar
su propio poder (sea como objetivo mismo o como medio para conseguir sus objetivos).
Así mismo, autores como Luong (2000) y Lehoucq (1995) han expuesto la debilidad y
la fortaleza del enfoque de la elección racional como paradigma en el origen del cambio
institucional a través del análisis del caso de estudio de la antiguas repúblicas asiáticas de la
antigua Unión Soviética y Costa Rica.
5
Strom y Müler (1999) han sistematizado tres tipo de comportamiento: oice-seeking; policy seeking y vote-seeking; Ver Bawn (1993); Donovan y Bowler (2015).
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El régimen autoritario sudafricano
El régimen autoritario6 en Sudáfrica se inició con la victoria electoral de D.F. Malan que
desembocó en la llegada de los nacionalistas afrikáner7 al poder en 1948. Desde ese momento, los Gobiernos del National Party (NP) implementaron una política de segregación
racial instaurando el sistema Apartheid8 con una imposición institucional y territorial de
la división racial del país9. La legislación de Population Registration Act de 1950, el Group
Areas Act de 1950, y Natives Act de 1952 impusieron la compilación de un registro de
toda la población, diseñada con el objetivo de adjudicar a cada persona en Sudáfrica a
un particular grupo racial en áreas de residencia segregadas, y restringiendo la libertad
de movimiento. Entre los objetivos de los Gobiernos del NP también se encontraba la
eliminación de la oposición política al régimen Apartheid. La ley Supression of Communism
Act10 de 1950 ilegalizó a un número de organizaciones e individuos listados por promover
el “comunismo”, que la Ley deinía generalmente como ideologías y actividades opuestas
al sistema del Apartheid.
En 1952 el African National Congress (ANC)11 y otras organizaciones opositoras convocaron una campaña de desafío civil a larga escala nacional, un programa de desobediencia
civil resultado del fracaso judicial para revocar las principal legislación segregacionista que
estableció el sistema Apartheid. La reacción del Gobierno fue contundente. En 1953 fue
aprobada la Public Safety Act, que permitía al Gobierno declarar el Estado de Emergencia
en todas las partes del país; y la Criminal Law Amendment Act que convertía la desobediencia civil en un crimen penado con tres años de cárcel. El punto de inlexión del régimen
contra los movimientos de resistencia al Apartheid, llegó con la marcha anti-pases12 en
6
La naturaleza del sistema Apartheid es un factor crucial que distingue a Sudáfrica y Namibia (antigua colonia
sudafricana) de otros países en África. Bratton y Walle (1994: 473-474) describen a los citados países africanos como colonias oligárquicas que no comparten el principal conjunto de características de los regímenes
neopatrimoniales del resto del continente africano. Éstos son sistemas democráticos excluyentes a la mayoría
indígena, donde la competición política es alta pero la participación baja.
7
Dos partidos nacionalistas afrikáner: Reunited National Party (dirigido por Malan) y Afrikaner Party (dirigido por J.B.M. Hertzog), alcanzaron un acuerdo electoral en orden a establecer una coalición para alcanzar
mayoría absoluta en el Parlamento, en 1951 uniicaron el nombre bajo el National Party.
8
Palabra afrikáner que signiica separación.
9
Organización territorial bajo el sistema de Apartheid: el territorio estaba organizado administrativamente en
diez Bantustans o Homelands, entes territoriales tribales adscritos a una etnia “negra” con un cierto grado de
autonomía administrativa del gobierno central (algunas de ellas consiguieron una amplia independencia del
Gobierno nacional aunque nunca completa). Más de la mitad de la población africana (etnias negras) vivían
en las 10 Homelands establecidas.
10 En 1976 se cambió el nombre de la ley por: Internal Security Act.
11 La respuesta a la disposición que negaba el derecho de sufragio a la población africana negra tras la establecimiento de la Union of South Africa (1910), fue el lanzamiento de una organización que representara los
intereses de esta comunidad, el African National Congress fundado en enero del 1912.
12 La intervención de las fuerzas de seguridad resultó en la muerte violenta de 69 manifestantes por disparos de
la policía.
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Sharpeville del 21 de marzo de 1960, impulsada por el Pan-Africanist Party13 (PAC), que
resultó en la instauración del Estado de Emergencia y la ilegalización del ANC y el PAC.
En 1956 el Gobierno restringió el derecho de sufragio a la población coloured de la
provincia del Cabo14, y con ello eliminó el último vestigio de participación política de
la población no europea. No será hasta la Constitución de 1983 y el establecimiento del
Parlamento Tricameral15 cuando las comunidades coloured e india vuelvan a recuperar su
derecho al sufragio. La comunidad africana negra se mantuvo excluida del derecho al sufragio y participación política en esta dispensación constitucional. Los principios del sistema
electoral adoptado con el establecimiento de la Unión de Sudáfrica en 1910 quedaron
esencialmente inalterados16 bajo la instauración del régimen autoritario y hasta las primeras
elecciones democráticas en el país.
La transición hacia la democracia en Sudáfrica
Tras 42 años de Gobierno oligárquico colonial, Sudáfrica inició una transición democrática
negociada entre el partido gubernamental y organizaciones opositoras al régimen autoritario. Las transiciones democráticas, en este tipo de regímenes, no son una lucha por el derecho de los actores políticos a mantener diversas ideologías políticas sino sobre la extensión
del sufragio a las secciones de la población previamente excluidas. La transición política
sudafricana ocurrió por el pacto entre líderes moderados del Gobierno y de la oposición
(Bratton y Walle,1994:487).
En febrero de 1990, durante la inauguración de la nueva legislatura en el Parlamento,
el último Presidente del Gobierno oligárquico colonial, F.W. de Klerk, anunció el levan13
En 1958, Robert Sobukwe, Zephania Mothopeng, y un grupo minoritario del ANC, abandonaron el partido para formar el PAC. El principal objetivo para ello era establecer un orden socialista democrático africanista.
14 Cuando la Union of South Africa fue establecido el 31 de mayo de 1910, su Constitución retuvo el sufragio
a la población africana negra y coloured que residía en la colonia del Cape y Natal (Sección 35 of the South
Africa Act, 1909).
15 El Parlamento Tricameral estaba compuesto por una cámara de representación blanca, una cámara de representación coloured y una cámara de representación india.
16 La Constitución de la Union of South Africa consolidó los sistemas electorales existentes en las diferentes
colonias en un único sistema de elección para el Parlamento de la Union. El sistema electoral adoptado fue
el irst past the post (Secciones: 32,33,34, South Africa Act, 1909), y que se retuvo hasta el advenimiento de
la Sudáfrica democrática. La utilización del sistema electoral de forma partidista se evidencia en las palabras
de F.W. de Klerk sobre la ampliación al sufragio de la comunidad coloured e india en 1983, que conllevó un
diseño de la fórmula electoral para el Parlamento Tricameral descrito como: “La fórmula electoral fue cuidadosamente concebida, sobre la base del número de votantes por cada comunidad, resultando de tal manera
que era imposible para un partido mayoritario coloured o indio desaiar con sus votos al partido mayoritario
en la cámara blanca, y así prevenir a la mayoría blanca elegir a su candidato para Presidente ejecutivo” (De
Klerk, 1999:94).
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tamiento de la ilegalización del ANC, PAC y el South African Communist Party (SACP), y
anunció la intención del Gobierno del NP de crear una nueva Sudáfrica no racial fundada
en los principios de la democracia y el sufragio universal. Fueron necesarios casi dos años
de conversaciones17 entre el ANC y el Gobierno del NP sobre cómo hacer factible unas negociaciones multipartidistas. Desde este primer periodo de reuniones bilaterales, en el que
se eliminaron los obstáculos para abrir formalmente un proceso de negociación multipartidista, los principales actores políticos empezaron a preparar sus estrategias negociadoras, y
a posicionarse para obtener un resultado institucional que les conviniera mejor.
Durante este periodo, en una atmosfera de continua escalada de la violencia18, las propuestas de ingeniería constitucional en sociedades divididas estuvieron profundamente debatidas por políticos y académicos en el país. El debate, dentro de la literatura de ingeniería
constitucional, de cuál eran las mejores estructuras de gobierno para atenuar el conlicto
racial y étnico en sociedades divididas estaba liderada por dos visiones competidoras19, y
tuvo su relejo en las negociaciones políticas traducidos en dos enfoques competitivos. La
literatura sobre las divisiones étnicas encontró una resonancia muy positiva entre el partido
del NP y el Gobierno y su idea de utilizar mecanismos constitucionales para proteger a las
minorías y a los grupos étnicos en una sociedad dividida como la sudafricana. En contraste, el ANC estaba comprometido con la construcción de una sociedad no racial desde la
Freedom Charter20, y entendió que la perseverada aspiración del NP de retener la identidad
racial, como una característica organizativa del sistema parlamentario y electoral, así como
la noción de poder compartido, era simplemente una vía para preservar el privilegio blanco
(Asmal, 1988).
Al ser preguntado por la teoría de Horowitz sobre divisiones étnicas, el Ministro de
Desarrollo Constitucional, Viljoen Gerrit, admitía que el NP abandonó su inicial posición
de proteger constitucionalmente a los grupos deinidos racialmente, o en términos de color,
a una de proteger a los grupos deinidos en términos de procedimientos constitucionales,
para inalmente llegar a la conclusión de proteger a las minorías a través de especiales acomodaciones de los grupos políticos minoritarios.21
17
18
19
20
21
La eliminación de los obstáculos hasta el lanzamiento de la negociación multipartidista fue extremadamente
lenta que entre la literatura sobre el proceso de transición democrática identiican este periodo como “talking
about talking about talks” (Spitz y Chaskalson, 2000:18).
La violencia política estaba principalmente protagonizada por seguidores del ANC y el Inkatha Freedom Party (IFP), partido nacionalista zulú que competía en la misma circunscripción de la población africana negra
que el ANC, y cuyo líder Buthelezi había sido un popular aliado de los Gobiernos del NP como líder de la
Homeland de KwaZulu; Ver Herbert M. Howe (1994).
Ver Arend Lijphart, (1977; 1985; 1987; 1990); Donald Horowitz, (1985; 1991).
Resolución emanada del Congress of the People en 1955.
Padraig O’Malley, Entrevista a Gerrit Viljoen, 26 Julio 1991.
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En claro contraste, el pensamiento detrás de las directrices constitucionales del ANC,
para una sociedad post-Apartheid, estaba fundada en la promoción de “hábitos de pensamiento no racial, inculcando la práctica de un comportamiento anti-racista” (Asmal,
1988). Y para conseguir estos valores básicos “el sistema electoral debe promover cohesión
antes que estrechez mental; tendencias centrífugas antes que separatistas; unidad sobre
partición en el comportamiento.” (Asmal, 1988)
Durante las negociaciones bilaterales conocidas como talks about talks se hicieron públicas las propuestas constitucionales de los principales actores. Esto supuso un importante
salto en el proceso, marcando un cambio en el escenario político que pasó de ser un conlicto entre fuerzas rivales en guerra a un conlicto entre visiones constitucionales rivales. El
líder del NP dejó claro que el sistema electoral utilizado bajo la oligarquía colonial, y que
les había permitido rentabilizar los votos en escaños durante el sistema Apartheid, no sería
aceptado en la nueva dispensación constitucional. Justo dos meses después del discurso
anunciando el in del régimen autoritario, el Presidente de la República declaraba:
“El NP está a favor del sufragio universal dentro de una dispensación constitucional, basada
en el principio de no dominación, en el que los siguientes mecanismos de protección, entre otros, serán desarrollados: poder descentralizado; devolución de la autoridad, equilibrio
de poderes constitucionales, decisiones por consenso y sistema judicial independiente. Un
sistema electoral de irst past the post (FPTP) no es aceptable para el NP. No provee protección adecuada para las minorías, no de las diferencias religiosas, culturales, y lingüísticas de
Sudáfrica. Sin embargo, un sistema electoral de representación proporcional, dentro de los
mecanismos constitucionales de protección mencionados, es efectivamente una posibilidad
alcanzable”. 22
El Ministros de Desarrollo Constitucional, Viljoen, fue el encargado de presentar, en todos
los Congresos Provinciales del NP del año 1990, las propuestas constitucionales de la ejecutiva del partido. Un conglomerado de mecanismos inluenciados por la literatura sobre
conlicto en sociedades divididas étnicamente de Horowitz, y el modelo de democracia
consociacional de Lijphart. Entre los que se proponía: (a) un parlamento bicameral de 300
representantes elegidos por sufragio universal con sistema de representación proporcional;
(b) y un senado de 130 senadores, compuesto por 10 senadores por cada una de las 10
regiones federales o Estados (coincidiendo con las Homelands tribales bajo el Apartheid),
más 10 senadores por cada uno de los tres grupos históricos: ingleses, afrikáner y asiáticos23.
22
23
Discurso de F.W. de Klerk, 19 de abril de 1990.
El NP quiso reconocer al grupo de los coloured de habla afrikaans, proponiendo una cohesión racial dentro
del grupo afrikáner.
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En este momento del proceso de negociación el NP introdujo cinco mecanismos en
la agenda de las conversaciones bilaterales: (a) una carta de derechos; (b) la evolución del
poder a niveles de gobierno regionales y locales”; (c) descentralización del poder; (d) equilibrio de poderes “división del poder a nivel horizontal”; (f ) y inalmente, representación
proporcional, “para actuar como vehículo para las minorías”24. Como observamos, para el
Gobierno del NP el sistema de representación proporcional era un mecanismo a introducir en la nueva dispensación en un temprano momento del primer estadio del proceso de
transición.
Durante un discurso para la universidad de Rand Afrikaans, el Presidente, F.W. de
Klerk, dio una detallada visión de la idea de la nueva Sudáfrica del NP, desechando el modelo parlamentario que había funcionado muy bien para el partido del NP bajo el régimen
autoritario, alegando que nunca podría funcionar en una sociedad multirracial, y que el
sistema FPTP debía ser reemplazado por un sistema más “justo” como el sistema de representación proporcional. 25
Por su parte, el ANC había aceptado la inviabilidad de abogar por un sistema que,
aunque le beneiciara y encajara en su idea del tipo de representación electoral como era
el FPTP, éste nunca iba a ser aceptado por el Gobierno del NP. Entre algunos miembros
del Gobierno y académicos se habían realizado apreciaciones reiteradas sobre que el ANC
quería mantener el sistema electoral utilizado bajo la oligarquía colonial (Gouws y Mitchell, 2005), a pesar de que el ANC ya había debatido internamente, en los años en el exilio,
sobre las posibilidades de un cambio de sistema electoral a uno proporcional. Durante un
seminario sobre asuntos constitucionales de una futura Sudáfrica democrática, celebrado
en la sede en el exilio del ANC en Lusaka, el experto de derecho constitucional del ANC,
Kader Asmal, presentó un análisis comparado sobre los principales tipos de sistemas electorales, en el que se comparaban las diferentes alternativas posibles teniendo en cuenta
la realidad social y política de Sudáfrica, así como los desafíos a los que se enfrentaría la
organización, en el caso de que la reforma electoral se realizara dentro de un proceso de
transición democrática negociada, para inalmente debatir sobre cuáles de ellos se ajustaban
mejor a los requerimientos del movimiento de liberación. En este trabajo de investigación
se sugiere que el sistema electoral que más ventajas ofrecía al ANC era un tipo de sistema
electoral pluralista, pero al mismo tiempo se reconocía que las condiciones en las que pudiese devenir una transición democrática en el país, un sistema electoral proporcional era
más apropiado “pragmáticamente”:
24
25
Padraig O’Malley, Entrevista a Roelf Meyer, 17 de diciembre de 1990.
Business Day, 25 de septiembre de 1991, p.4.
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“Las ventajas principales del sistema FPTP son: primero este sistema generalmente releja el
cambio de humor de la sociedad al apoyar gobiernos efectivos al asegurar que el humor del
pueblo es relejado en el número de escaños obtenidos; segundo, minimiza el rol de los partidos basados en la raza, casta, o etnicidad (al menos que estén regionalmente organizados) y
enfatiza la política y la ideología; tercero, promueve y asiste partidos nacionales con políticas
nacionales; cuatro, fomenta un enfoque nacional sobre los temas y provee un vínculo uniicador y de lealtad; Finalmente, permite relejar un cambio mayor de la opinión pública en el
número de escaños conseguidos.” (Asmal, 1988)
142
El documento realizaba un análisis exhaustivo sobre las ventajas y desventajas de implementar este tipo de sistema electoral para el ANC durante el proceso de transición. Entre
las desventajas señaladas estaba la preocupación de que “depende fuertemente de la imparcialidad de quienes delimitan las circunscripciones y quienes organizan el registro de
los votantes” (Asmal, 1988). Al valorar el sistema de representación proporcional, Kader
Asmal, reparaba en que un sistema de representación proporcional de lista nacional no necesitaba una delimitación de circunscripciones o incluso un registro de votantes, y los “partidos minoritarios podían continuar siendo representados, que es una reclamación hecha
desde muchos frentes” (Asmal, 1988). Un asunto de vital importancia, como veremos más
adelante, cuando se debata y negocie la ley electoral para la convocatoria de las primeras
elecciones democráticas en Sudáfrica.
Tres años más tarde, en abril de 1991, un documento de debate del ANC, para su 48
Conferencia Nacional, sobre la estructura de una constitución para una Sudáfrica libre,
detallaba una propuesta de reforma electoral para la nueva dispensación democrática. En
el que la cámara baja fuese electa con un sistema electoral de representación proporcional
para: (a) promover la participación de los partidos políticos que alcancen un apoyo suiciente, y así evitar actividades políticas o subversivas fuera del parlamento. Los partidos
marginales serían excluidos con la imposición de un umbral del 3.5% de votos; (b) conducir a un más exacto relejo político de la popularidad de los partidos; (c) evitar el tiempo, el
dinero y acusaciones de manipulación en el proceso de delimitar las circunscripciones. Un
proceso que puede alargarse meses o años.
Tras eliminar los principales obstáculos, bilateralmente, se inauguró la plataforma de
negociación multipartidista. Las convenciones multipartidistas fueron los pilares en que se
apoyó el proceso formal de la transición política hacia un futuro democrático en Sudáfrica.
La Convención para una Sudáfrica Democrática (CODESA) fue el foro constitucional más
importante desde la Convención celebrada en 1909 para constituir la Unión de Sudáfrica.
19 delegaciones con cerca de 300 delegados participaron en la primera sesión de CODESA
1. El trabajo de CODESA se asignó a cinco grupos de trabajo, especializados temáticamente, con el mandato de presentar sus recomendaciones a la segunda sesión plenaria de
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CODESA 2, a no más tardar de mayo de 1992. Se decidió que las decisiones dentro de
este foro fuesen alcanzadas por un generalista concepto de “suiciente consenso”, el cual
nunca fue deinido, pero en la práctica signiicaba que ante la imposibilidad de alcanzar
consenso, el acuerdo entre el Gobierno y el ANC, y la mayoría de los partidos, comportaba
un “suiciente consenso”.
La Declaration of Intent surgida de CODESA 1, fue el primer compromiso multilateral,
entre la mayor parte de los partidos políticos, para construir una Sudáfrica no dividida, a
un cambio constitucional pacíico, a la instauración del sufragio universal, de una democracia multipartidista con separación de poderes, y a una carta de derechos fundamentales.
Y en el que se blindó la reforma del sistema electoral que pasaría a ser de representación
proporcional en el proceso de negociación de la nueva dispensación.
“Que habrá una democracia multipartidista con el derecho a formar e introducir partidos
políticos y con elecciones regulares sobre la base del sufragio universal adulto en un registro
común de votantes; en general el sistema electoral básico será representación proporcional”.26
Dentro del foro de CODESA 1 y CODESA 2 se formalizaron propuestas de los distintos
partidos políticos participantes en la mesa de negociación multipartidista. El Gobierno
de Sudáfrica propuso que la constitución transicional debería de hacer provisión, entre
otros, de una legislatura electa: “constituida de una cámara basada sobre representación
proporcional y una segunda cámara basada sobre una representación regional y de partidos
políticos minoritarios”. Por su parte, en la propuesta27 del ANC se reconoce la importancia
de acordar un umbral electoral apropiado, que garantice el carácter inclusivo de la asamblea
constituyente, mientras que se evita una excesiva proliferación de los partidos políticos pequeños. Sobre el tamaño de la asamblea constituyente, el ANC defendía que fuese “grande”
antes que “pequeña”. El ANC presentó una propuesta sobre la composición de la asamblea
constituyente en el Grupo de Trabajo de CODESA mucho más detallada que su contraparte, el Gobierno del NP.
Los progresos no fueron signiicativos en las negociaciones dentro de CODESA 2,
evidenciado por el fracaso28 del Grupo de Trabajo 2 para alcanzar un acuerdo sobre la mayoría requerida para aprobar la nueva constitución en el órgano constituyente. Al mismo
tiempo, la intensidad de la violencia política en las zonas de residencia exclusivas para afri26
27
28
Declaration of Intent 21 de diciembre de 1991.
31 de marzo de 1992, sumisión del ANC al Grupo de Trabajo 2.
CODESA 2 fracasó en cinco temas fundamentales: (a) el porcentaje necesario para adoptar la constitución
inal en la asamblea constituyente; (b) los futuros poderes regionales incluidos en la futura constitución; (c)
el poder de veto del Senado sobre la legislación de la cámara baja; (d) la determinación a redactar una constitución interina diseñada y adoptada por la convención hasta que la constitución permanente fuese adoptada;
(e) y los tiempos en el proceso constituyente.
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canos negros, coloured e indios en las ciudades se hacía insostenible desembocando en una
ruptura de las negociaciones por parte de los dos principales actores. La reanudación de las
negociaciones se esceniicó con la irma del acuerdo entre el Gobierno y el ANC, el Record
of Understanding29, tras el cual se acordó que el órgano constituyente iba a tener la forma de
una asamblea constituyente electa. Desde ese momento, la composición de ésta se convirtió
en el tema nuclear del proceso del diseño institucional dentro de la nueva plataforma de
negociación multilateral Multiparty Negotiating Process30 (MPNP).
Los documentos, debates, propuestas y acuerdos de CODESA fueron incorporados a
la renovada mesa de negociación multipartidista del MPNP. La novedad tuvo que ver con
la nueva dinámica incorporada en el foro negociador, por el que los dos principales actores
políticos, el Gobierno del NP y el ANC, allanaban el camino del acuerdo a través de un canal de comunicación bilateral, cerrando pre-acuerdos, agilizando el debate y el método de
decisión dentro del MPNP. Este dinamismo bilateral culminó con el pre-acuerdo de los seis
puntos-temas propuestos conjuntamente, a sólo unas horas de la convocatoria del pleno
inal del MPNP, en el que se adoptaría la nueva Constitución Interina, en donde se incluía
la propuesta inal conjunta para el diseño de la ley electoral deseado por los dos principales
jugadores: el Gobierno del NP y el ANC.
El blindaje de la reforma del sistema electoral en los principios generales constitucionales ya se había decidido en la Declaration of Intent de CODESA, y desde el momento en que
se llegó al acuerdo de que el órgano encargado del proceso constituyente iba a ser electo, se
tuvo que debatir los detalles del sistema electoral a utilizar para la elección del órgano constituyente. El Consejo Negociador del MPNP instruyó el 22 de junio de 1993 al Comité
Técnico a revisar la actual ley Electoral31 con la visión de redactar una nueva ley, o sugerir
enmiendas apropiadas. No será hasta el tercer borrador del Proyecto Ley de la Constitución
cuando se introduzca una propuesta detallada del tipo del sistema electoral. Este proyecto
de ley electoral planteaba una asamblea de tamaño grande con 400 miembros electa bajo
un sistema de representación proporcional puro, con una fórmula proporcional de cuota
Hare. Esta propuesta fue adoptada sin variaciones por el pleno del MPNP32.
Este sistema de representación proporcional para la Asamblea Nacional también se
aplicaba a las legislaturas provinciales. La distribución de escaños entre las distintos provincias se proponía sin cuota ija de escaños, sino basada en el tamaño de la población en esas
provincias, dividiendo el número de votos emitidos en la provincia por el total de votos
emitidos nacionalmente, y multiplicado por 200. Este borrador de la ley electoral adoptado
29
30
31
32
27 de septiembre de 1992.
Reunió a 26 organizaciones políticas, siete organizaciones políticas más que en la precedente CODESA.
La ley Electoral de 1979.
17 de noviembre de 1993.
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durante el pleno del MPNP fue enmendado tras la presentación de un paquete conjunto
de seis soluciones propuestas por los dos principales partidos políticos, el Gobierno del NP
y el ANC, tras un “entendimiento bilateral”33.
Tras una intensa sesión bilateral entre los líderes de ambas partes, NP y ANC, para
dirimir los últimos aspectos constitucionales que obstaculizaban el acuerdo inal dentro del
MPNP, se introdujo un paquete con seis propuestas sobre asuntos constitucionales con una
completa y detallada propuesta de ley electoral que difería de la surgida de las propuestas
del MPNP en: la fórmula electoral para obtener las cuotas de votos por escaños de ámbito
nacional desde una fórmula proporcional Hare a una Droop; y el sistema de distribución de
escaños de ámbito regional por provincia, aplicando ahora cuotas ijas de distribución de
escaños entre las distintas provincias.
Las amenazas en la nueva dispensación
Como parte del inicio de la transición hacia la democracia sudafricana, el Gobierno autoritario legalizó las organizaciones políticas ANC, PAC y el SACP y con ello se incorporaron nuevos jugadores en la arena electoral. La extensión del sufragio se evidenció con
el censo poblacional llevado a cabo en 1991, con el registro de las comunidades excluidas
previamente de los derechos políticos. En la tabla 1 observamos como la población africana negra se convertía en la absoluta mayoría del país, representando más del 76% de la
población total.
Tabla 1: Censo de marzo de 1991
Porcentaje
Censo
Africanos negros
División racial
76.4
27,400,000
Blancos
11.8
4,238,000
Coloured
9
3,254,000
Indios
2.7
960,000
Total
100
35,852,000
Fuente: Statistics of South Africa
33
Bilateral Understanding on Outstanding Constitutional Issues between the South Africa Government and the
ANC”, 17 de Noviembre 1993.
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Ante este nuevo escenario social, la perpetuación del antiguo régimen electoral signiicaba
la perdida casi total del poder político del partido que había ganado, holgadamente, todas
las elecciones celebradas desde la instauración del régimen oligárquico colonial. El NP fue
fundado ideológicamente sobre un nacionalismo afrikáner, y tras las elecciones de 1948
había obtenido amplias mayorías legislativas bajo el sistema de FPTP, sin embargo el nuevo
escenario emplazaba a este partido como abanderado de los derechos de las minorías, abogando por mecanismos que protegieran a éstas, y entre ellos se encontraba la reforma del
sistema electoral para maximizar la representación legislativa de los partidos minoritarios.
En general, la idea de proporcionalidad fue vista como vital para apaciguar las sospechas de
que el sistema electoral favoreciese injustamente un partido sobre otro, como notoriamente
había ocurrido en las demarcaciones de las fronteras de las circunscripciones bajo el régimen autoritario en el país. (Faure, 1999).
Las expectaciones e incertidumbres sobre la futura arena electoral fueron evidenciadas
por las encuestas de opinión realizadas durante el periodo de negociación. Entre dichas
encuestas publicadas en la prensa local encontramos una fuerte incertidumbre entre las
preferencias de partidos de las nuevas comunidades minoritarias: blanca, coloured e india. Y
el NP había construido su estrategia electoral en una extensión de su apoyo electoral sobre
estas comunidades.
La interpretación de los resultados de analistas de datos sugerían que si unas elecciones
se celebrasen en 1991, el ANC obtendría alrededor del 55% de los votos, y el NP cerca
del 20%. Otros sugerían que si se celebrara unas elecciones bajo una representación proporcional (con una barrera electoral del 3% de los votos) el ANC obtendría un 50% y el
NP 20%34. Fatima Meer, a cargo de la encuesta de opinión más amplia efectuada en ese
periodo, analizaba los resultados con estas palabras:
“El ANC se está dando cuenta del hecho que existen problemas raciales o étnicos, y ello está
enfatizado por el hecho de que el ANC ha conseguido alcanzar el apoyo de la mayoría de los
africanos (negros), pero no de la mayoría de los indios y los coloured, y un mínimo apoyo
entre los blancos.”35
34
35
Weekly Mail, 22 a 27 March 1991, p1-2.
Padraig O’Malley, Entrevista a Fatima Meer, 2 de agosto de 1991.
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Tabla 2: Apoyo electoral en porcentaje de los partidos políticos
en unas elecciones generales*.
Partido Político
Africanos negros
Blancos
Coloured
Asiáticos
Total
ANC
79
7.1
28.4
35
53
NP
2.6
50.9
24.9
24.5
17
DP
1.3
23.7
11.8
8.9
8
PAC
4.6
0.2
0.9
0
3
Total
100
100
100
100
100
*Datos procedentes de las respuestas a la pregunta ¿A qué partido apoyarían en unas elecciones generales? Fuente: Weekly Mail36.
En la tabla 2 observamos como el ANC obtenía un amplio porcentaje de apoyo entre el
grupo poblacional de africanos negros, cerca del 80%. Al mismo tiempo, las comunidades
coloured e indias mostraban una reducida tendencia a apoyar al ANC, sólo un 30%, seguido de cerca por el NP con un 25% de apoyo. La diferencia en el apoyo electoral de los dos
principales partidos políticos dentro de estas comunidades era mínimo. El NP también
estaba bajo una fuerte presión entre su circunscripción natural, sólo el 51% del grupo poblacional blanco apoyaba al NP. Estos resultados indicaban la inevitabilidad para el NP de
formar alianzas para establecer una eiciente y viable oposición al ANC, el partido con una
amplio apoyo electoral entre los nuevos votantes en la futura arena electoral.
El líder del ANC, Nelson Mandela, reconocía en un temprano estadio del proceso de
negociación que: “Estamos preocupados por los resultados de las encuestas (de opinión)
que muestran que F.W. de Klerk está sacando ventaja entre los sectores de la población
coloured e india.”37. El delegado del ANC en CODESA y el MPNP, Valli Moosa, recuerda
sobre la inluencia de las encuestas de opinión durante ese periodo:
“Nadie era capaz de realizar encuestas de opinión precisas hasta la víspera de las elecciones,
a principios de 1994. En 1992, las predicciones eran que el ANC obtendría una mayoría
cerca del 50%, y el NP incluso creía que el ANC obtendría un resultado inferior al 50%.”38
Por su parte, Roelf Meyer recuerda que las encuestas de opinión sí inluenciaron en los
cálculos estratégicos del NP:
“Hubo encuestas de opinión que inluenciaron la decisión de que había una general aceptación de que el NP se convertiría en la segundo partido más votado en las elecciones, y que el
PR beneiciaría a todos los partidos antes que un sistema de circunscripciones.”39
36
37
38
39
Weekly Mail 22 a 27 marzo de1991, pp.1-2.
Minutes of the Conference between leadership delegations of the ANC and DP, 19 Septiembre de 1991, p.9.
Entrevista a Valli Moosa, 17 octubre de 2014.
Entrevista a Roelf Meyer, 12 agosto de 2014.
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A pesar del carácter inclusivo que tomó el proceso formal de negociación de CODESA y
el MPNP, no fue así el método seguido para alcanzar acuerdos sobre los temas constitucionales referidos a transferencia y distribución de poder entre los dos principales actores políticos. El diseño del sistema electoral no se dejó en las exclusivas manos de las plataformas
de negociación multipartidista, sino dentro del canal de comunicación bilateral establecido
por el Gobierno del NP y el ANC.
Roelf Meyer describe como se desarrollaron las negociaciones para la reforma política
y su carácter bilateral:
“La última parte de 1992, una gran cantidad de cosas salieron de esas discusiones por un
proceso bilateral, la primera el Record of Understanding en septiembre de 1992. Entonces
seguimos con las discusiones bilaterales entre el Gobierno del NP y el ANC, en una amplia
serie de temas para buscar llegar al mayor número posible de acuerdos que eran puestos sobre
la mesa de conversaciones multilaterales. Por un largo periodo de tiempo, desde junio de
1992, tuvimos conversaciones bilaterales con el ANC, y no fue hasta marzo de 1993 que las
conversaciones multilaterales se reanudaron y muchos de los acuerdos alcanzados durante
esa etapa de conversaciones, exclusivamente bilaterales, fueron presentados en el MPNP.
Imagino que los acuerdos sobre el sistema electoral alcanzados fue dentro de este proceso
(bilateral)”.40
148
Valli Moosa reairma lo anterior:
“Eso es verdad, pero fue mucho más complicado que eso. En muchos momentos el ANC y
el NP se reunieron bilateralmente y llegaron a acuerdos sobre un tema difícil y después se
presentaba en el proceso de negociación multilateral. […]Mi memoria no es bastante buena,
pero es bastante probable que llegáramos a un acuerdo sobre el sistema electoral al inal del
día entre el régimen y el ANC.”41
Sobre las preferencias por los sistemas electorales de los partidos políticos, y las dinámicas
implícitas del proceso de negociación multipartidista, Richard Rosenthal, coordinador del
Comité Técnico de la Comisión Electoral Independiente (CEI) del MPNP, recuerda que
nunca se plantearon diseñar una ley electoral deinitiva. La premisa era, en un corto plazo
de tiempo, diseñar una ley electoral interina para celebrar las primeras elecciones democráticas en el país y dejar a la Asamblea Constituyente la reforma electoral deinitiva para la
nueva Sudáfrica. Los desafíos apremiaban, y la falta de tiempo y complicaciones logísticos
presionaron a los delegados miembros de los comités técnicos para realizar propuestas que
40
41
Entrevista a Roelf Meyer, 12 de agosto de 2014.
Entrevista a Valli Moosa, 7 octubre de 2014.
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fueran factibles para alcanzar un acuerdo lo antes posible y un resultado inal que fuera
viable para la realidad social sudafricana.42
Junto al Comité Técnico sobre el CEI, el Comité Técnico sobre Asuntos Constitucionales del MPNP fueron donde se dirimieron los aspectos de la ley electoral interina. El
coordinador de dicho Comité, François Venter43, recuerda que:
“En general, creo que era evidente, desde la experiencia pasada de Sudáfrica donde las elecciones celebradas habían marginalizado a los partidos minoritarios por el sistema de circunscripciones, que este sistema había conllevado “perdidas” de votos y que el sistema de representación proporcional permitiría a todas las relevantes voces políticas ser escuchadas. Lo que
recuerdo (aunque vagamente), simple proporcionalidad no fue vista como un enfoque inal
o permanente. El sistema mixto establecido en los gobiernos locales es la indicación de que la
idea de rendición de cuentas de los representantes no fue abandonada”44.
Tabla 3: Comparativa de los resultados electorales de la Asamblea Nacional de 1994
bajo una fórmula distributiva Droop con los resultados electorales de las legislaturas
provinciales aplicando una fórmula de mayoría simple.
Partidos
Votos
266 (66.7%)
Votos
Escaños
cuota mayoría simple
12.237.655 (63.7%)
139 (69.5%)
NP
3.492.467 (17.92%)
82
(20.5%)
3.983.690 (20.7%)
21 (10.5%)
IFP
2.047.083 (10.5%)
44
(11%)
2.058.294 (10.7%)
40 (20%)
Total
17.676.857 (90.7%)
18.279.639 (95.1%)
200 (100%)
ANC
12.137.307 (62.29%)
Escaños
cuota Droop
392 (98.2%)
Fuente: elaboración propia con los resultados de las elecciones a la Asamblea Nacional y a las legislaturas provinciales de 1994.
Si comparamos el uso de la fórmula distributiva Droop de la ley Electoral de 1993 con la
aplicación de una fórmula de mayoría simple sobre los votos válidos recogidos en la elección de las legislaturas provinciales, observamos la diferencia en votos obtenidos (tabla 3), y
su traducción a escaños, por los tres principales partidos políticos en la contienda electoral
futura, el NP, el ANC y el IFP. Claramente identiicamos qué partidos políticos obtuvieron una mayor maximización de su representación legislativa con la reforma del sistema
político durante la transición. Para el ANC, la permanencia del antiguo sistema electoral
pluralista, aplicado durante el régimen autoritario, no se traducía en una amplia diferencia
en su representación legislativa frente a los partidos en la oposición. Como vemos en la
tabla 3, sólo suponía un aumento de 3 puntos respecto al sistema electoral de representa42
43
44
Idem
François Venter fue coordinador del Comité Técnico sobre Asuntos Constitucionales a propuesta del NP.
Entrevista a François Venter, 17 de diciembre de 2014.
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ción proporcional de la ley Electoral de 1993. Y la diferencia entre el número de escaños
obtenidos bajo los dos sistemas electorales, respecto al partido en la oposición con más peso
electoral, tampoco. Tanto bajo un sistema electoral con formula de mayoría simple como
bajo un sistema electoral con fórmula distributiva, el partido mayoritario en la oposición
alcanzaba sólo un 20% de los escaños.
Por otro lado, para el NP mantener el legado institucional electoral del régimen del
Apartheid suponía un impacto considerable en su representación legislativa y participación
en el proceso de decisión. A pesar de obtener casi un 21% de los votos, su concentración de
voto en una única circunscripción provincial (Western Cape) producía que la traducción
de votos a escaños, bajo una fórmula de mayoría simple, le castigara con una asignación
de representantes legislativos de sólo un 10,5%. Y con ello, quedaría relegado a una tercera posición tanto en la Asamblea Constituyente como en la cámara baja, no siendo, ni
siquiera el primer partido en la oposición, que pasaría a ser el IFP. El gran perdedor en el
acuerdo inal del diseño electoral entre los principales jugadores en campo electoral, fue el
IFP. Su dominio y concentración electoral en la provincia de KwaZulu Natal, con el doble
de población y peso legislativo que la provincia de Western Cape, le hubiese convertido en
la primera fuerza opositora en el Parlamento y en la Asamblea Constituyente, si se hubiese
mantenido un sistema pluralista de circunscripciones. En cambio, la reforma del sistema
electoral a una representación proporcional lo abocó a una tercera posición electoral.
Es relevante que las modiicaciones inales de la ley Electoral interina de 1993 se realizaron tras un acuerdo bilateral entre el ANC y el Gobierno del NP, que hizo enmendar el
borrador de la ley electoral surgida dentro del foro negociador multipartidista del MPNP.
Con esa ley Electoral, El ANC ganó las primeras elecciones generales democráticas con el
62.6% de los votos y obtuvo 252 escaños de los 400 totales. El NP llegó a la barrera del
20.4% de los votos y consiguió 82 escaños. La fórmula electoral escogida con una baja barrera electoral abrió la puerta legislativa a siete partidos políticos de los 19 partidos totales
que concurrieron a éstas.
La nueva democrática Asamblea Constituyente45, a cargo de la redacción de la constitución inal, fue la encargada de la revisión de la ley Electoral interina de 1993. Durante
los debates parlamentarios sobre el sistema electoral, todos los partidos políticos expresaron su preocupación sobre el hecho de que los representantes legislativos estaban un “un
poco distantes”46 de los votantes, y por lo tanto la rendición de cuentas de representantes
a votantes era demasiado baja. La necesidad de encontrar una forma en ligar el sistema
de representación proporcional, diseñado en la ley Electoral de 1993, con algún tipo de
representación por circunscripciones que comportara una mayor rendición de cuentas de
45
46
La Asamblea Constituyente era el pleno conjunto de la Asamblea Nacional y el Senado.
Hansard, (Asamblea Constituyente), 25 de agosto de 1995, Vol 2, 1-364, pp. 9-10.
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lo miembros electos ante sus electores fue enfatizada por todos los partidos en la Asamblea
Constituyente. A pesar de ello, el resultado inal de la Asamblea Constituyente no resultó
en ningún signiicativo cambio de la ley Electoral de 1993, debido a que no se encontró
suiciente consenso para ello. No hubo unanimidad entre las sumisiones de los partidos
políticos a los comités de la asamblea constituyente.47
Roelf Meyer contesta a la pregunta del por qué no se llevó a cabo ninguna modiicación
en la ley Electoral de 1993 durante la Asamblea Constituyente:
“Sobre la introducción de las circunscripciones, creo que era demasiado pronto para hablar
sobre ello. Cuando redactamos la Constitución inal, todavía estábamos inmersos en el espíritu de llegar a acuerdos, y seguía siendo el objetivo encontrar una máxima reconciliación,
y el Gobierno de Unidad Nacional seguía operativo, así que creo que fue un sentimiento
general que no deberíamos de meternos en algo que podía cambiar el acuerdo dispuesto drásticamente, por ello la Asamblea Constituyente no tocó el tema y lo dejó pasar. Era demasiado
pronto para tocarlo.”48
El ANC dejó claro durante el periodo de enmiendas a la Constitución inal que: “las próximas elecciones serían basadas en el sistema utilizado en 1994”49. En septiembre de 1996 la ley
Electoral de 1993 fue ratiicada con menores enmiendas, y desde ese instante dejó de ser
una dispensación interina para convertirse en la ley Electoral de Sudáfrica hasta la fecha.
Desde entonces no ha existido voluntad por parte del Gobierno del ANC, ni de la oposición parlamentaria, de reformar el sistema electoral diseñado durante la transición hacia
la democracia. Casi diez años más tarde, el Gobierno del ANC estableció una comisión,
el Electoral Task Team50 (ETT), para revisar el sistema electoral y realizar recomendaciones
sobre si era, o no, necesario realizar cambios en el actual sistema electoral. La recomendación51 presentada por el ETT fue rechazada por el Gabinete del ANC porque el país sigue
necesitando “el arnés de nuestro sistema político inclusivo en interés de la construcción nacional
y de la unidad nacional”52. Desde entonces, los llamamientos a una reforma electoral han
surgido desde asociaciones civiles, académicos y analistas políticos que critican la falta de
rendición de cuentas en el sistema electoral actual sudafricano y la disciplina de partido
47 Debates of the Constitutional Assembly, 1995, pp. 301-302.
48 Entrevista a Roelf Meyer, 12 de agosto de 2014.
49 Transcripción de la reunión del Comité Constitucional del 6 de septiembre de 1995.
50 El ETT fue instituido en el año 2002.
51 La recomendación que realizó el ETT es el siguiente: Mantener el sistema mixto de representación proporcional pero expandiendo el número de circunscripciones a aproximadamente. 300 miembros de la asamblea
nacional serían elegidos a través de aproximadamente 69 circunscripciones plurinominales y el resto de los
100 miembros a través de listas nacionales a través de listas de candidatos cerradas.
52 Argumento defendido por el Gobierno del ANC tras una reunión de la ejecutiva del partido en julio de 2002
(Piombo y Nijzink , 2005:76).
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impuesta por la lista de candidatos cerradas. Preguntado por la ausencia de iniciativas gubernamentales o parlamentarias de revisión del sistema electoral, Valli Moosa valora:
“No ha habido propuestas en el Parlamento de ningún partido pidiendo un cambio del
sistema electoral, sólo hay propuestas de gente de fuera del Parlamento, de la sociedad en general. Mi predicción es que la actual ley Electoral no va a ser reformada por un largo periodo,
simplemente porque funciona muy bien para nosotros”.53
Conclusiones
152
En los escenarios donde la ampliación del sufragio y la entrada de nuevos partidos políticos ponen in al monopolio electoral de los grupos sociales en el poder, la exigencia de
representatividad, expresada en proporcionalidad parlamentaria, emerge como una prioridad entre los cálculos estratégicos de los actores políticos. Por consiguiente, las formas
distributivas electorales son vistas como mecanismos para la protección de las minorías. Es
la garantía de que los grupos minoritarios, hasta entonces en el poder, no sean eliminados
del escenario político por la misma lógica de decisión que ellos mismos habían sostenido,
mientras ejercieron un monopolio de la acción del gobierno bajo un sistema político donde se establecieron tradiciones políticas pluralistas, elecciones competitivas, oposición leal,
pero restricciones raciales de participación política.
El modelo ha mostrado que dependiendo del nivel de amenaza, los partidos políticos se
inclinan por el cambio institucional o no. Es decir, según sea el nivel de la amenaza de los
partidos políticos, ante la entrada de nuevos partidos políticos en la arena electoral junto
a la ampliación de la extensión del sufragio, éstos reforman los sistemas electorales o no.
El rechazo categórico del sistema electoral pluralista, por parte del partido en el Gobierno
de la oligarquía colonial, es resultado de la alta amenaza que supuso para ellos la entrada
de nuevos votantes no pertenecientes a su base electoral; así como la aparición de nuevos
partidos políticos en la competición electoral que sí podían representar las preferencias electorales de los nuevos electores y ganar con amplias mayorías las futuras elecciones generales
en el país. Un sistema electoral con fórmula de mayoría simple reduce drásticamente la
representación de las minorías y el partido del NP representaba electoralmente a una minoría étnica, blanca y fundamentalmente de lengua afrikáner, y difícilmente podía aspirar
a alcanzar más de la mitad de los votos totales, en una hipotética elección democrática con
el mismo sistema electoral utilizado en el país bajo el sistema Apartheid.
La temprana reforma del sistema electoral impuesta como principio constitucional sin
53
Entrevista a Valli Moosa, 7 octubre de 2014.
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posible revocación en la Declaration of Intent, como la forma en que se resolvió el diseño
deinitivo de la ley Electoral interina de 1993, a través de un acuerdo bilateral entre el
Gobierno del NP y el ANC, evidencia la importancia de los sistemas electorales en una
transformación institucional democrática, y como los actores siguen cálculos estratégicos
de maximización de la utilidad. Aunque el órgano encargado de la redacción de la ley electoral estaba dentro de la estructura del foro negociador multipartidista, el resultado inal
fue impuesto sin modiicaciones por el acuerdo bilateral sellado por los dos principales partidos. Y a pesar de que la ley Electoral interina de 1993 fue diseñada para la celebración de
las primeras elecciones democráticas en el país, y con vistas a ser revisada por la Asamblea
Constituyente, inalmente tras unos resultados electorales más positivos de lo esperado en
las encuestas de opinión realizadas en su momento, el ANC no abogó por su reforma y
desde entonces se ha convertido en la ley Electoral sudafricana sin que se introduzca ningún
cambio que pueda trastocar la maximización de la representación legislativa del partido
gubernamental. El ANC disfruta de un holgado apoyo electoral que nunca ha descendido
del 63% del total de los votos, acentuado por la fragmentación del voto en los partidos en
la oposición. Corroborando que los sistemas electorales dejan de ser reformados, una vez
que el partido en el gobierno o grupos de partidos con mayoría parlamentaria para poder
cambiar las leyes electorales, no perciben un beneicio traducido en escaños con ello (Benoit, 2004:379).
Si los actores políticos sudafricanos hubiesen tenido el deseo de diseñar instituciones
justas y envestir al sistema electoral con mayor grado de legitimidad, la introducción de circunscripciones se habría llevado a cabo en el diseño inal del sistema electoral o en revisiones posteriores. Pero la desconianza de los principales protagonistas al uso partidista de las
nuevas demarcaciones de los distritos en el país, así como el resultado electoral favorable al
partido en el Gobierno, han sido fundamentales para abandonar este aspecto de la reforma
del sistema electoral, tanto durante el diseño de la Ley Electoral interina de 1993, como en
su posterior revisión dentro de la Asamblea Constituyente, y que inalmente fue ratiicado
como ley Electoral sudafricana sin variaciones mayores.
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AINARA MANCEBO
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Fuentes de Archivos: material no publicado
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O’Malley, Padraig (1991): Entrevista a Gerrit Viljoen, 26 julio, https://www.nelsonmandela.org/omalley/index.php/site/q/03lv00017/04lv00344/05lv00511/06lv00521.htm
O’Malley, Padraig (1990): Entrevista a Roelf Meyer, 17 diciembre. https://www.nelsonmandela.org/omalley/index.php/site/q/03lv00017/04lv00344/05lv00389/06lv00503.htm
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Parte 3:
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
Dieter Nohlen
Gramática de los sistemas electorales. Una introducción
a la ingeniería de la representación.
Madrid, Editorial Tecnos, 2015, 174 pp.
Comentario de: Alfonso Myers Gallardo.
Candidato a Doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global
por la Universidad de Salamanca, España.
L
159
a clave de un sistema democrático lo
constituye la participación electoral, y el
objetivo es convertir los votos en escaños
o en puestos de gobierno. Esta conversión está
dotada de reglas y principios de carácter técnico-instrumental que permiten la construcción
de su arquetipo a través de una ingeniería electoral, a la cual el Profesor alemán Dieter Nohlen
denomina convenientemente gramática. Con
cerca de medio siglo dedicado a la investigación
de los sistemas electorales del mundo, considerado junto a Sartori, Duverger y Lijphart como
uno de los máximos expertos sobre sistemas
electorales, Dieter Nohlen nos trae la segunda
edición de Gramática de los Sistemas Electorales,
en la cual trata sistemáticamente y con erudición
los elementos y debates sobre sistemas electorales
y representación política, de manera ampliada y
revisada.
La obra está compuesta de 8 capítulos, los
cuales recogen la amplia obra cientíica de Nohlen que son los ejes que guían este análisis: la
deinición e importancia de los sistemas electorales; descripción de elementos internos de un
sistema electoral; clasiicación de los principios
de representación; recorrido del debate histórico
entre sistema electoral y sistema de partidos; las
particularidades del sistema electoral en casos individuales, ofreciendo un abanico de soluciones
institucionales que inspira el debate actual sobre
reformas electorales a nivel internacional.
A partir de esto, en el capítulo I de esta obra:
“Concepto e importancia de los Sistemas Electorales”, Nohlen presenta brevemente las deiniciones –amplia y restringida– del sistema electoral,
así como la importancia de los sistemas electorales. En este sentido, enfrenta las dos posiciones
de debate en la actualidad: los que asocian la calidad de la democracia con la cuestión del sistema
electoral y los que atribuyen al sistema electoral
una importancia menor, las cuales, para él son
insostenibles, ya que no se puede maximizar o
minimizar la importancia del sistema electoral,
sino que se debe ser prudente y mantener un
enfoque institucionalista de cambio político que
fortalezca la democracia en el sentido del Estado de Derecho y de participación efectiva de los
ciudadanos.
En el segundo capítulo, “Elementos particulares de los sistemas electorales”, describe los elementos técnicos de los sistemas electorales: (1) la
distribución de circunscripciones electorales, (2)
formas de candidaturas y de votación, (3) conversión de votos en escaños y (4) umbrales legales. Aborda los posibles efectos y la combinación
de elementos presentando, en diseños concretos,
formas de reforzar, atenuar o neutralizar dichos
elementos.
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En el capítulo III, “Clasiicación de los sistemas electorales”, realiza precisiones conceptuales
y clasiicatorias. En primer lugar presenta los
principios de representación: representación por
mayoría y representación proporcional, introduciendo el debate entre los sistemas electorales
clásicos y combinados, presentando sus contrastes y sus diferencias, dejando en blanco sobre
negro que ningún principio se puede mezclar
entre sí. Más adelante se enfoca a sugerir el ordenamiento de los sistemas de mayoría y proporcional a través de la descripción de los distintos
elementos técnicos citando ejemplos en diversos
países a través de tipologías: sistemas electorales
de mayoría; sistemas electorales proporcionales
y; sistemas electorales combinados.
En el cuarto capítulo, “Sistemas electorales y
sistemas de partidos”, partiendo de las precisiones
del capítulo III, recorre el entramado del debate
sobre la relación entre el sistema electoral y el
sistema de partidos. Este recorrido parte de tres
enfoques con dos criterios de diferenciación: lo
normativo vs. empírico y lo estadístico vs. histórico. El primer enfoque es el normativo (John
Stuart Mill y Walter Bagehot) el cual se reiere a
valores e ideales, el segundo enfoque es el empírico (comparativo-cuantitativo y de orientación
estadística) el cual trata estadísticamente los
componentes del sistema electoral como variables lo que implica, en ocasiones, cambios conceptuales y reduccionismo, además de descuidar
lo politológico. El tercer enfoque también es empírico, pero con criterio comparativo-cualitativo
y de operación histórica, en el que se centra a
estudiar los sistemas electorales de manera concreta, así como el análisis del contexto sociopolítico, reconociendo que es el enfoque que más se
presta a la consultoría política por no renunciar
al estudio detallado de los factores que inciden
en el contexto. Posterior a este enfrentamiento,
detalla los estudios de varios expertos en siste-
mas electorales: Maurice Duverger (leyes sociológicas); Stein Rokkan (sistema electoral como
variable dependiente); Douglas W. Rae (enfoque
comparativo-cuantitativo); Giovanni Sartori
(enfoque comparativo-cuantitativo para clasiicar) y; Arendt Lijphart (enfoque cuantitativo).
Al inal, en la misma línea de Sartori, se decanta
por enfocar la atención del estudio en los factores contextuales de manera individual, para sistematizar a los sistemas electorales.
El capítulo V, “La valoración de los sistemas
electorales”, presenta una visión amplia y conjunta de la teoría y la praxis en orden para valorar
adecuadamente los sistemas electorales y poder
introducirlos, haciendo énfasis en la complicación que se puede presentar en las demandas de
funcionalidad de cada sistema electoral (simplicidad y complejidad). En este sentido, para valorarlos, ahonda en los diversos criterios que tanto
se debaten a nivel internacional: representación,
concentración y efectividad, participación, simplicidad y legitimidad. Todos éstos como parámetros que permiten comprender y observar
con más herramientas a los sistemas electorales,
proponiendo esquemas de evaluación por tipos,
funciones y por cumplimiento de demandas.
Finaliza con una evaluación comparativa de los
sistemas electorales en América Latina en torno
a sus elementos técnicos y las tendencias reformistas en la región.
En el sexto capítulo, “Sistemas electorales y
su contexto”, siguiendo su enfoque mostrado en
el capítulo IV, sobre los factores contextuales,
analiza los problemas de la mayoría relativa en
sociedades étnicamente heterogéneas donde la
representación adquiere una relevancia mayor
al mismo tiempo que presenta un catálogo de
criterios e instancias para valorar el sistema electoral (legitimidad, representación, integración
política, partidos políticos, gobierno representativo y oposición política), las cuales son variables
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políticas que dependerán de los actores políticos
si juegan o no un papel en la construcción del
sistema electoral. En este sentido, partiendo de
que no hay sistema electoral ideal (best system);
no hay solución institucional general y tampoco
forma de imponerla, por lo que presenta algunos
requisitos estratégicos de un debate de reforma
(análisis-diagnóstico, objetivos exactos, selección
de mecanismos de alteración y alternativas de
reforma).
Después de presentar las relexiones teóricas
y normativas, compartiendo con los demás especialistas que los sistemas electorales son elementos constitucionales de la política normativa,
procedimental y orientada a resultados, da un
paso hacia el análisis por región de los sistemas
electorales en el mundo en los capítulos VII y
VIII. Por su parte, en el séptimo capítulo, “Reformas electorales en el mundo a nivel de los tipos
de sistemas electorales”, ofrece brevemente una
visión en la cual delinea las tendencias reformistas de los sistemas electorales en las elecciones
parlamentarias/legislativas a través de un estudio
aislado por región, tomando en consideración
las diversas tradiciones electorales de cada país.
La observación comienza con los países industrializados occidentales haciendo énfasis en Italia,
Japón y Nueva Zelanda, utilizando a Alemania
como modelo comparativo. Continúa con Europa Central y Europa del Este, volteando a las
reformas en Rusia, Bulgaria, Hungría y República Checa. En tercer lugar, presenta el desarrollo
reformista en América Latina donde sobresalen
las numerosas reformas “más pequeñas” de los
sistemas establecidos, tales como: la participación electoral, el voto obligatorio y el aumento
de los umbrales legales. Así mismo, enfatiza el
problema de legitimidad, sobrerrepresentación
(Colombia y Ecuador) y las prácticas fraudulentas que han hecho que las elecciones pierdan el
carácter libre y honesto (Bolivia y Venezuela), al
inal de este subtítulo subraya las reformas del
sistema electoral para la elección de presidentes
en esta región. En cuarto lugar, pone al continente Africano, no como una tendencia reformista, sino como un modelo de investigación
para países étnicamente heterogéneos que obliga
a analizar a cada país de manera individual debido a su contexto. Continúa con un subtítulo dedicado a Mundo Árabe-Islámico, siendo la región
con más procesos de reformas en los últimos
años poniendo especial atención en lo ocurrido
en la “Primavera Árabe” y el proceso de apertura
política especialmente en Túnez, Libia, Egipto y Marruecos, donde, según el debate actual,
estas reformas responden más hacia el rechazo
del comportamiento del mundo occidental por
parte de las sociedades árabe-islámicas y no un
proceso hacia la importación de un modelo occidental. Finaliza con Asia, región que se ha visto
afectada en menor proporción con la tercera ola
de la democratización y que tiene democracias
altamente estables (Japón, Israel e India) y regímenes autoritarios (Irak, Irán, Siria, Corea del
Norte, Laos y Vietnam), puntúa que en esta
región los sistemas electorales presentan mayor
heterogeneidad, aunque, al igual que África, predominan los sistemas de mayoría.
Finalmente, Nohlen introduce un inédito
octavo capítulo en el cual antepone al sistema
alemán como modelo analizándolo frente al
sistema español, como paradigma para trazar
algunas fronteras y posibles consecuencias de la
potencial exportación del sistema proporcional
personalizado alemán a otros países. La razón
de esta comparación se basa en que en el caso
Alemán es percibido a nivel internacional como
un modelo de “inspiración” reformista y, en el
caso de España, por tener un sistema electoral
que al ser muy común, permite una comparación con varios países, incluso a nivel sub-nacional. Detalla al sistema alemán antes y después
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de la reforma del 9 de mayo de 2013 y continua
analizando el problema de la no compensación
de escaños excedentes que motivaron la reforma,
así como la injerencia del Tribunal Constitucional Federal en la aplicación de los principios del
sufragio, pero sobretodo, criticando la pérdida
de sencillez en el cálculo de proporcionalidad.
Con respecto al análisis del caso español, aborda
el contexto que proyecta el debate en gran parte
del libro: listas semi-abiertas y voto uninominal;
competencia intra partidista; listas bloqueadas y
uninominalidad; los efectos y alcances del voto
uninominal.
La obra, en conjunto, trae consigo una nutrida actualización de las reformas electorales en
toda la geografía global y continua con un manejo exquisito, preciso y elegante de conceptos que
permiten sistematizar, abstraer, analizar y comparar los sistemas electorales, poniendo de relieve en cada capítulo la necesidad de continuar
indagando en las variables contextuales como
elementos de la gramática en las propuestas de
reformas electorales.
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(Coords.) (2013): Elecciones y política en
América Latina (2009-2011). México: Miguel Ángel Porrúa.
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Sartori, Giovanni (1986): “he inluence of
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(Eds.), Electoral laws and their political consequences, Nueva York: Agathon Press, pp.
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Alicia Lissidini, Yanina Welp & Daniel Zovatto (compiladores)
Democracias en Movimiento: Mecanismos de Democracia Directa
y Participativa en América Latina
México: Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM), 2014, 339pp.
Comentario de: Alejandra García
Estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
Universidad de la Américas (UDLA)
E
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l libro “Democracias en Movimiento” trata de hacer un recorrido por los
últimos treinta años de democracia en
América Latina, y de analizar su sostenibilidad
durante este periodo en los diferentes países de
la región. A pesar de que la democracia es la forma de gobierno preferida por la misma, existe
una parte de la población que se muestra poco
participativa en espacios institucionales, como
la actividad partidaria. Sin embargo, los espacios
preferidos de participación son los canales informales, como las movilizaciones, las cuales han
aumentado en los últimos años. Junto con este
aumento de las protestas, el signo político de los
gobiernos latinoamericanos cambió, dando un
giro hacia la izquierda política.
Los ciudadanos eligieron a estos nuevos gobiernos de izquierda a través de su voto, dejando atrás a los distintos discursos neoliberales y
volviendo a establecer al Estado en el centro del
debate. Con ello nuevas manifestaciones sociales surgieron, dirigidas principalmente a mejorar los niveles de servicios públicos y dinámicas
interculturales. Al mismo tiempo, se observa la
introducción de nuevas Constituciones, con sus
respectivas reformas sobre los espacios de participación en una democracia directa, participativa
o comunitaria. A su vez, se evidencia una ampliación de las competencias presidenciales, en
ciertos casos, donde sus poderes han aumentado. Asimismo se observa la inclusión de nuevos
instrumentos de participación, como consultas
populares, revocatoria del mandato, silla vacía;
todo con el afán de aumentar la conianza
democrática, pero en realidad ¿lo hacen?
Este libro lo que hace es un análisis de estos
nuevos procesos que viven los países de la región,
y tratar de responder a ciertas interrogantes que
giran alrededor de la calidad de democracia
que viven los mismos. A través del estudio de
académicos como Daniel Zovatto, Alicia Lissidni, Yanina Welp et.al., Miriam Kornblith,
Ciska Raventós, David Altman et.al., Franklin
Ramírez, López, y Alberto Ford; se muestran
una serie de casos de estudio (como Ecuador,
Venezuela, Bolivia, Costa Rica, Perú, Chile) en
donde se visualiza el manejo de la democracia en
cada uno de ellos, la situación actual de dichos
países tras grandes procesos de transformación
política y los posibles escenarios que estos deberán afrontar en un futuro.
El libro es un buen marco de referencia para
captar las dimensiones nacionales y locales, en
los niveles de participación ciudadana, y contribuye a responder interrogantes sobre la calidad de la democracia en América Latina.
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Política Editorial
164
La “Revista Latinoamericana de Política Comparada” es una publicación semestral del
Centro Latinoamericano de Estudios Políticos – CELAEP. Sus meses de publicación son
julio y enero de cada año.
En colaboración con académicos destacados de varios países, esta revista fue fundada
en abril del 2008 con el in de promover la investigación, análisis y discusión cientíica de
temas centrales de la ciencia política.
Esta publicación está dirigida a cientíicos, investigadores, estudiantes, así como a todas
aquellas personas que tienen interés en el análisis y conocimiento profundo de la realidad
política de América Latina.
Las opiniones vertidas en sus páginas son de exclusiva responsabilidad de sus autores. El
CELAEP, la revista como tal, así como las instituciones de la cual forman parte los autores
no asumen responsabilidad por los criterios vertidos en la misma.
La revista recibe durante todo el año artículos que se ajusten a la política editorial y
a las normas de presentación establecidas. Por esta misma razón, los artículos publicados
deberán ser de carácter inédito y estar dentro del área de especialidad de la ciencia política.
Cada edición responde a la estructura que ha adoptado la revista. La primera sección
ha sido deinida para el debate y confrontación de teorías y conceptos en ciencia política.
Por lo general se presenta un artículo, el cual es comentado por al menos 4 especialistas.
La segunda sección esta destinada a la presentación y análisis de un tema en especial.
Sus artículos –por lo general, en un número de 3 a 5– aunque se enmarcan dentro de una
temática especíica, los autores tienen plena libertad para proponer nuevas perspectivas de
análisis y el uso abierto de teorías y metodologías.
Si la primera parte está dedicada a aspectos más teóricos, la tercera se enfoca en cuestiones de método, técnicas y estrategias de investigación.
Finalmente, la cuarta parte se centra en la presentación y crítica de publicaciones. Ponemos énfasis al tratamiento de bibliografía politológica reciente y relevante.
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