DOSSIER
Simbiosis imperativa y conveniente
La evolución del capitalismo
de cuates en Puebla, 1920-1940*
Andrew Paxman
D
urante el último siglo y medio, la relación predominante entre el
Estado mexicano y la iniciativa privada ha sido una de interdependencia mutuamente satisfactoria. Mientras que dicha relación a veces ha
sufrido presiones —muy en particular durante la segunda mitad de la Revolución (1915-1920), la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940),
aquella de Luis Echeverría (1970-1976) y la nacionalización de la banca de
1982—, los lazos entre las élites política y empresarial por lo general han
perdurado. El objetivo principal y el efecto de dichos lazos ha sido el de
asegurar que un monopolio político, ya sea la dictadura de Porfirio Díaz
(1876-1911) o los 71 años de dominancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 1929 a 2000, se base en buena medida en el apoyo de industriales líderes, quienes a cambio reciben favores especiales, las más de
las veces un monopolio protegido.
Dichas relaciones, en las que las élites políticas intercambian favores
con las élites empresariales, muchas veces se denominan “capitalismo de
cuates”. Pero como se hace notar en el prefacio a este Dossier de Istor, tal
concepto presenta un par de problemas. Por un lado, puede sugerir una
dicotomía confusa entre formas limpias y corruptas de capitalismo, presentes respectivamente en economías avanzadas y economías en vías de desa-
*Este ensayo se benefició, en sus distintas etapas de escritura, de los comentarios de Mauricio
Tenorio, Jonathan Brown, José Galindo y mis colegas en la División de Historia del CIDE, muy en
particular Luis Barrón, Pablo Mijangos y Michael Bess. Profundiza un tema descrito en mi libro En
busca del señor Jenkins. Dinero, poder y gringofobia en México, México, Debate/CIDE, 2016. La traducción
al español de mi original en inglés estuvo a cargo de David Miklos, División de Historia-CIDE.
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rrollo. Por el otro, la etiqueta es nebulosa, y se ha utilizado para englobar
una variedad amplia de relaciones entre actores públicos y privados.1
Este ensayo se concentra en el último de ambos problemas, y toma como
punto de partida la aseveración de que el “capitalismo de cuates” enturbia
dimensiones distintas de los lazos entre el Estado y el capital, mismos que
pueden considerarse más provechosamente de manera separada. A éstos los
llamo un “imperativo simbiótico” entre Estado y capital a un nivel amplio
y una “conveniencia simbiótica” entre individuos políticos e industriales.
Mi concepto “imperativo simbiótico” refleja cómo en momentos de gran
incertidumbre política y económica el Estado y el capital necesitan uno del
otro. El lazo es altruista, por lo menos en su intención, ya que busca el bien
común. Después de la Revolución, por ejemplo, el gobierno mexicano
dependía de las élites empresariales para ayudar a reconstruir la economía
a través de la inversión, la creación de trabajos, el pago de impuestos y la
obtención de préstamos. Los industriales, a su vez, dependían del Estado
para restaurar el orden, construir carreteras, domesticar la mano de obra
radicalizada, reforzar los derechos de propiedad y llevar a cabo una legislación que moderara el radicalismo de la Constitución de 1917. Cuando el
presidente Cárdenas aumentó las expropiaciones (de grandes latifundios y
de la industria petrolera) y dejó que las huelgas proliferaran, perturbó el
equilibrio simbiótico. Esto trajo consigo una fuga masiva de capitales, poniendo así en jaque a la economía. Su necesidad de poner todo en la balanza lo forzó a retraerse, apoyando una legislación a favor de los negocios y
eligiendo a un sucesor moderado.2
Este imperativo simbiótico es distinto de, aunque muchas veces ligado
a, una “conveniencia simbiótica” personal (una relación más propiamente
“de cuates”). Representa un interés personal mutuo, sin tomar en cuenta
1
La naturaleza nebulosa del concepto se prolonga hasta si incluye o no comportamientos ilegales,
una categoría a la vez complicada por su anacronismo: lo que hoy es considerado como ilegal en Estados Unidos o el Reino Unido, podría ser legal e incluso una práctica normal en el México de 1900, por
ejemplo. El mismo problema incumbe a la cuestión de si cierto comportamiento es o no es percibido
como falto de ética. Para los objetivos de este artículo, me enfocaré en el capitalismo de cuates como
un arreglo económico.
2
N. Hamilton, The Limits of State Autonomy: Post-Revolutionary Mexico, Princeton, Princeton University Press, 1982; S. Haber, Industry and Underdevelopment. The Industrialization of Mexico, 1890-1940,
Stanford, Stanford University Press, 1989; N. Maurer, The Power and the Money: The Mexican Financial
System, 1876-1932, Stanford, Stanford University Press, 2002.
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a nadie más, incluso a aquellos que forman parte del mismo sector o partido
político, ya que tiende a robar fondos del gobierno y oportunidades de los
rivales económicos y, por lo general, funciona en detrimento de la sociedad.
Incluye favores tales como sociedades empresariales o arreglos de créditos
encubiertos, contratos sin competencia, la aplicación selectiva de leyes y
regulaciones, e incluso actos abiertamente criminales, como el arreglo de
veredictos judiciales a cambio de sobornos. Estas prácticas fueron muy
comunes durante la era de Porfirio Díaz, emergieron de nueva cuenta con
un casi renovado conjunto de actores en la década de 1920 y alcanzaron una
altura espectacular bajo el mandato de Miguel Alemán (1946-1952).3
Existe un área gris, o superpuesta, entre ambos tipos de simbiosis. Mis
conceptos describen tendencias más que categorías separadas. Las élites
pueden creer que los intercambios de favores son necesarios para la supervivencia de sus regímenes o sectores, o que son vitales para el bien común,
mientras que, vistos desde afuera de dichos círculos, estos intercambios
únicamente privilegian a ciertos partidos políticos o grupos empresariales
en contra de sus rivales. (El término “bien común”, por supuesto, es una
categoría en disputa; por ejemplo, un Estado que le da prioridad al producto interno bruto puede ofrecer poco desarrollo a los campesinos.) Las intenciones de los actores, por lo tanto, aclaran la distinción entre ambas
simbiosis. Pero no representan la regla principal, ya que la conveniencia
simbiótica está definida principalmente por su naturaleza interpersonal;
bajo esta, los beneficios recaen sobre actores individuales. Como tal, los
privilegios políticos (como el autoenriquecimiento) y la ineficiencia económica (como los monopolios protegidos) se hacen mucho más evidentes.
Este ensayo se basa en Puebla como su estudio de caso, y se enfoca en
las relaciones entre los gobernadores del estado y su élite empresarial, más
en particular en el industrial expatriado William Jenkins, quien vivió allí
desde 1906 hasta su muerte en 1963.4 Jenkins recurrió a ambos tipos de
3
Para la era porfiriana y la década de 1920, véase S. Haber, A. Razo y N. Maurer, The Politics of
Property Rights: Political Instability, Credible Commitments, and Economic Growth in Mexico, 1876-1929,
Cambridge, Cambridge University Press, 2003; para el mandato de Miguel Alemán, véase S. Niblo,
War, Diplomacy, and Development: The United States and Mexico, 1938-1954, Wilmington, SR Books, 1995,
pp. 221-44, y Mexico in the 1940s, Wilmington, SR Books, 1999, pp. 207-216 y 253-303.
4
Sobre Jenkins, véase A. Paxman, En busca del señor Jenkins, op. cit.
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interdependencia. En términos del imperativo simbiótico, se dedicó a una
fuerte inversión para revivir el marchito sector azucarero poblano, justo
cuando el presidente Álvaro Obregón (1920-1924) necesitaba revivir la
economía en general, lo cual lo llevo a proteger la agricultura de gran escala; arreglos similares se dieron entre Obregón y los agricultores del azúcar
en otros estados. Junto con otros industriales, Jenkins también hizo préstamos y donativos para granjearse a las autoridades insolventes de Puebla en
las décadas de 1920 y 1930. En conjunto, estos movimientos ayudan a explicar cómo un estadounidense pudo acumular y preservar grandes latifundios en una época de xenofobia creciente y confiscación de tierras.
En términos de conveniencia simbiótica, Jenkins ayudó a los políticos
pro negocios a ser elegidos, consolidar su popularidad y enriquecerse, mientras producía alcohol de contrabando sin la interferencia del gobierno de
Puebla, gozaba de la protección en contra de la mano de obra sindicalizada
y forjaba un monopolio local legalmente dudoso en la proyección de películas (que luego se extendió a escala nacional). Fueron especialmente
notables los favores en la relación entre Jenkins y el gobernador Maximino
Ávila Camacho (1937-1941).
UN PRECEDENTE PORFIRIANO: EL GOBERNADOR MUCIO P. MARTÍNEZ
Durante la mayoría de la era porfiriana, Puebla estuvo gobernada por el
general Mucio P. Martínez, un aliado cercano de Porfirio Díaz. En su forma
habitual, Díaz consolidó la lealtad de largo plazo de Martínez al permitirle
tomar pedazos del pastel poblano. Martínez solía llevarse tajadas de los
fondos de proyectos públicos, controlaba una docena de casas de juego
ilícitas y mantenía un monopolio en el abastecimiento de carne a los carniceros. Una de las fuentes principales de recolección de impuestos en
Puebla era la distribución de pulque, y Martínez y dos de sus socios se
embolsaban la mayor parte de la recaudación. Un miembro del círculo
interior de Díaz calculó que Martínez amasó dos millones de dólares durante su mandato.5
5
E. Gruening, Mexico and its Heritage, Nueva York, The Century Co., 1928, pp. 59 y 468; D. LaFrance, The Mexican Revolution in Puebla, 1908-1913, Wilmington, SR Books, 1989, pp. xxxii-xxxxiv y 68.
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En ocasiones, la avaricia de Martínez bordeaba lo empresarial. Sus intereses incluían varias sociedades mercantiles, una de las cuales era dueña de
la plantación azucarera de Calipam. En 1904, cuando Calipam necesitaba
capital fresco, cuatro de las familias principales de Puebla invirtieron la
mayoría de los 220 mil dólares necesarios. Durante la mayor parte de esa
década, Calipam fue el productor estatal líder de azúcar. Otra compañía de
Martínez producía cemento, un negocio promisorio ya que los contratos de
construcción municipal se multiplicaban. Como socios de dichas empresas,
el gobernador reclutaba a una mezcla de mexicanos patricios y barones
textiles de la inmigración española, algunos de los cuales se sumaron a su
círculo cercano de asesores.6
Tales relaciones de conveniencia simbiótica fueron típicas de la era
porfiriana. Presentaban prácticas que no eran ilegales y, para las normas de
la época, ni siquiera eran particularmente carentes de ética. Lo que importa a este análisis es que eran nocivas en términos económicos. Básicamente,
estos lazos permitían a los ricos enriquecerse aún más, en detrimento de
rivales menos conectados (cuyos negocios bien podrían haber sido más
eficientes), en beneficio dudoso del consumidor y a costa del erario público.
Esta clase de interdependencia fue distinta (por lo menos conceptualmente) del imperativo simbiótico, que era un principio rector de los años
tempranos de Díaz, cuando al sobreponerse a un legado de desorden político y estancamiento económico necesitaba el apoyo mutuo entre ambas
élites. Con su historial de falta de pago de préstamos, el gobierno mexicano tenía dificultades para hacerse de fondos tanto del interior como del
exterior, así que dependía de la iniciativa privada para prestar e invertir. El
presidente Díaz le dio la confianza de hacerlo al otorgar concesiones monopólicas y tarifas protectoras y al permitirle participar en redactar las políticas. Estos privilegios, junto con garantías de orden público y una mano
de obra metida en cintura, hizo que los banqueros y los industriales en
6
T. Henderson, The Worm in the Wheat: Rosalie Evans and Agrarian Struggle in the Puebla-Tlaxcala
Valley of Mexico, Durham, Duke University Press, 1998, pp. 17 y ss.; L. Gamboa Ojeda, Los empresarios
de ayer. El grupo dominante en la industria textil de Puebla, 1906-1929, Puebla, Universidad Autónoma de
Puebla, 1985, pp. 153, 158, 166 y ss., y 192 y ss.; H. Crespo e I. Vega Villanueva, Estadísticas históricas
del azúcar en México, México, Azúcar S.A., 1990, pp. 132-248; Registro Público de la Propiedad, Puebla,
Libro 3 de Comercio, tomo 10, núm. 8.
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turno dependieran del Estado. Los gobernadores cultivaron una reciprocidad similar en sus estados.7
Al principio, las dos formas de simbiosis coexistieron de manera indistinguible y paralela. Hacia el principio de la década de 1900, sin embargo,
los sistemas diseñados para crear confianza mutua, incluyendo la participación accionaria y asientos en los consejos de las compañías para los miembros
del gabinete, gobernadores y otros políticos, habían contribuido a la concentración espectacular de la riqueza personal y de la posesión de negocios.8
Después de un cuarto de siglo de pax porfiriana e industrialización, la simbiosis dejó de tener una dimensión imperativa. Donde antes un acomodo
entre capitalistas y políticos —incluyendo amistades personales entre los
empresarios y Díaz mismo— se podía justificar por las necesidades del
Estado como una institución, con sus metas de “orden y progreso”, ahora
la interdependencia era meramente un asunto de mutua conveniencia.
Afirmar esto no es alegar que el capitalismo de cuates (en cualquiera de
sus formas) era la característica predominante de la economía porfiriana.
Como Paolo Riguzzi y otros argumentan, el régimen cultivó más normas
industriales formales de las que las historias de la Revolución patrocinadas
por el Estado suponen, especialmente desde mediados de la década de
1890.9 Pero la evidencia sí demuestra que las relaciones interdependientes
entre Estado y capital que prevalecieron en la era posrevolucionaria tenían
un antecedente sustancial.
LA DÉCADA DE 1920: UNA NUEVA NECESIDAD DE INTERDEPENDENCIA
Entre 1920, cuando entró al negocio azucarero, y finales de la década de
1930, William Jenkins se transformó en uno de los más conocidos empresarios de Puebla, acaso el más rico. Había amasado una fortuna de cinco
millones de dólares, fruto de una innovadora calcetería de algodón y especulaciones de bienes raíces durante la guerra. Su plantación de caña, el
7
S. Haber et. al., “Sustaining Economic Performance under Political Instability”, en S. Haber
(coord.), Crony Capitalism and Economic Growth in Latin America, Stanford, Hoover Press, 2002, pp. 3742. Veáse también S. Haber et. al., Politics of Property Rights, op. cit., pp. 42-51.
8
S. Haber, Industry and…, op. cit., p. 29; S. Haber et. al., Politics of Property Rights, op. cit., pp. 125-137.
9
P. Riguzzi, “From Globalisation to Revolution? The Porfirian Political Economy”, Journal of
Latin American Studies, 41, 2009, pp. 347-368.
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Sistema Atencingo, se convirtió en la proveedora de empleo privada más
grande del estado y albergó el molino de azúcar más productivo del país,
cuyas ganancias permitieron que Jenkins se diversificara en la banca, los
cines y proyectos de capital de riesgo.10 Más que otra cosa, lo que explica el
ascenso de Jenkins a la cumbre fue la relación que desarrolló con las autoridades. Dichos arreglos ilustraron un nuevo imperativo simbiótico —y más
adelante una nueva conveniencia simbiótica— entre el gobierno y los negocios privados, tras una revolución de diez años.
En el corazón del imperativo simbiótico se encontró el sistema bancario.11
El ministro de finanzas Alberto Pani resucitó el vínculo mutuo entre el
Ministerio y los banqueros privados de la era porfiriana. Necesitados de
revivir la economía, los presidentes Obregón y Plutarco Elías Calles (19241928) —Pani estuvo al servicio de ambos— se vieron forzados a acomodarse. Los compromisos de la Revolución serían difícilmente alcanzados si la
base imponible de impuesto permanecía exigua y los pocos bancos existentes eran incapaces de ofrecer préstamos; la política social y la estabilidad
estaban en juego. Una resucitación implicaba restaurar la confianza de los
inversionistas, muy golpeados por el saqueo de depósitos bancarios durante la guerra y la impresión desesperada de billetes. La respuesta de Pani
fue permitir a los banqueros que se beneficiaran de altas barreras de acceso
al sector, minimizando así la competencia; los dejó que escribieran su propia legislación regulatoria y los invitó a que ayudaran a la creación de un
banco central. Pani también estaba motivado por la buena relación de los
banqueros con los prestamistas internacionales, ya que los préstamos extranjeros se consideraban vitales para la recuperación.
Así, el imperativo simbiótico de la era porfiriana temprana —ese vínculo basado en la necesidad mutua— reapareció, ya que los mayores financieros industriales y Hacienda entablaron una alianza bancaria. Este arreglo
dominaría la política económica hasta el principio de la década de 1980. El
10
A. Paxman, En busca del señor Jenkins, op. cit., caps. 3, 5 y 7.
N. Maurer, Power and…, op. cit., p. 160 y ss.; S. Maxfield, Governing Capital: International Finance and Mexican Politics, Ithaca, Cornell University Press, 1990, caps. 2 y 5; E. Zebadúa, Banqueros y revolucionarios: La soberanía financiera de México, 1914-1929, México, El Colegio de México, 1994, cap.
IV-VII; L. Anaya Merchant, Colapso y reforma: La integración del sistema bancario en el México revolucionario, 1913-1932, México, Miguel Ángel Porrúa, 2002, cap. 3. Sobre la alianza bancaria, véase Maxfield,
op. cit., p. 9.
11
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Estado hizo tratos parecidos con la élite manufacturera, ayudando así a revitalizar la producción gracias a la permisividad con los monopolios y duopolios y su protección mediante aranceles comerciales.
Las relaciones de necesidad mutua también prevalecieron en el interior.
En Puebla, Jenkins cultivó la protección de sus bienes amenazados, tanto
a través de insistir en su valor como emprendedor con el gobierno federal,
como mediante préstamos a la perennemente mal financiada tesorería estatal, lo cual hizo que una serie de gobernadores estuvieran en deuda con
él. En los años iniciales, cuando el gobierno de Puebla estaba sujeto al
cambio constante de régimen, el lazo de Jenkins con Obregón comprobó
ser el más útil. Después del mandato de Obregón, Jenkins se acercó a los
gobernadores de Puebla, especialmente a los conservadores. Debido al
apoyo de Jenkins y otros poblanos pudientes, los gobernadores a favor de
los negocios fueron capaces de mantenerse mucho más tiempo en el poder
que sus contrapartes radicales.
En enero de 1922, un mes después de la adquisición de Atencingo —la
hacienda que estaría en el corazón del Sistema Atencingo, de nueve haciendas en el valle de Matamoros, Puebla—, Jenkins le escribió a Obregón. El
pueblo de Chietla había obtenido, provisionalmente, trechos de la propiedad de Atencingo, ya que sus habitantes recurrían a la promesa de la Constitución de 1917 de que dicha tierra sería redistribuida de las haciendas para
crear o ampliar ejidos (granjas comunales indígenas). Así que Jenkins pidió
garantías para los plantíos de caña. Su carta fue el primer tiro de salva en
una batalla de dos décadas en contra de campesinos activistas en pos de
tierras, mejor conocidos como agraristas.12
Jenkins comenzó por elogiar el potencial de Atencingo. Era una hacienda que llegó a producir entre nueve y once millones de kilogramos de
azúcar al año y generar impuestos significativos. Ahora comenzaba a ofrecer
su primera cosecha desde su destrucción en 1914. A la fecha, había gastado
1.5 millones de pesos en su reconstrucción y Jenkins tenía la intención de
gastar aún más. El problema era la gente de Chietla, que había pedido
12
Jenkins a Obregón, Puebla, 24 de enero de 1922, Archivo General de la Nación (AGN) ObregónCalles, Exp. 818-J-4; F. Gómez Carpinteiro, Gente de azúcar y agua: Modernidad y posrevolución en el suroeste de Puebla, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2003, p. 162.
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Simbiosis imperativa y conveniente
tierra de Atencingo mientras no cultivaba toda aquella de su propiedad.
Además, había muchos terrenos abandonados en cualquier otro sitio de la
misma zona. Jenkins pidió la misma protección que se le había dado a El
Potrero, una plantación muy capitalizada en Veracruz, también en manos
de inversionistas de Estados Unidos.13 La propia vida de la gran industria
azucarera de México estaba en manos de Obregón.
La carta de Jenkins fue un ejercicio de exageración y cabildeo provocador. Infló la producción histórica de Atencingo. La tierra abandonada era
una referencia a las haciendas colindantes, cuyos dueños no contaban con
el capital para revivirlas; si se veían debilitados por nuevas incursiones de
los agraristas, muy probablemente optarían por vendérselas a él. Jenkins
también le pidió a su muy influyente abogado Eduardo Mestre que visitara al presidente y defendiera su caso. Luego, Jenkins mismo consiguió una
audiencia. Obregón le aseguró que Atencingo sería protegida.14 No se trataba de un favor personal, ya que el presidente Venustiano Carranza había
establecido un precedente al exentar a las haciendas azucareras de su división
varios años atrás, y porque Obregón añadió nuevas regulaciones que pronto
formalizarían los derechos de terratenientes. Sin embargo, dicha atención a
Jenkins le daría la confianza para continuar con sus inversiones. Al mismo
tiempo, mandaba un mensaje de precaución al gobernador de Puebla, José
María Sánchez, simpatizante de los agraristas, que estaba ofreciendo préstamos provisionales de tierras en otros sitios del valle de Matamoros.15
Obregón era realista y creía en la agroindustria privada. En un debate
en el Congreso, justo antes de su toma de posesión, dijo que si bien el
otorgamiento de tierras a los campesinos era una meta noble, si era llevada
al extremo proclamado por los radicales traería consigo la destrucción del
crédito agrícola, grandes pérdidas de impuestos, el riesgo de una hambruna
y la fuga del muy necesario capital extranjero. Declaró que las reformas
rurales más necesarias eran el desarrollo técnico y una mayor productividad.
13
H. Crespo (coord.), Historia del azúcar en México, México, FCE, 1988, t. I, p. 114.
Presidencia a Jenkins, Ciudad de México, 28 de enero de 1922, AGN Obregón-Calles, Exp. 818J-4; entrevista con Manuel Mestre, Ciudad de México, 22 de agosto de 2007. Las regulaciones pendientes probablemente se refieren a la Ley de Regulación Agraria de 1922.
15
D. LaFrance, Revolution in Mexico’s Heartland: Politics, War, and State Building in Puebla, 19131920, Wilmington, SR Books, 2003, p. 173; F. Lozano Cardoso a Obregón, Puebla, 6 de febrero de
1922, AGN Obregón-Calles, Exp. 818-C-43.
14
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También era consciente de que Estados Unidos se estaba reservando el
reconocimiento diplomático de su gobierno, mientras se resolvían las garantías para los inversionistas estadounidenses.16
Aquí se ejecutaba el imperativo simbiótico. Si bien no era un vínculo
entre iguales, Jenkins representaba el tipo de inversionista que Obregón
necesitaba, igual que los dueños de los ingenios azucareros de El Potrero y
San Cristóbal en Veracruz. Era un emprendedor de clase media, presto a
arriesgar su capital, y proponía un esquema ambicioso para ayudar a la revitalización de un sector vital de la industria y a la creación de muchos
puestos de trabajo. Al mismo tiempo, no representaba una gran fortuna
políticamente incómoda.17
Jenkins era entonces un hombre útil. Durante su presidencia, Obregón
le mostró su aprecio al atender sus necesidades. En diciembre de 1922, se
hizo público que el Comité Agrario Local de Puebla recomendaría la expropiación de ciertas tierras de Atencingo que incluían campos de caña.18
Entonces Jenkins le dijo a Obregón de su petición ante la Comisión Nacional Agraria (CNA): que Atencingo fuera declarada una Unidad Agrícola Industrial, que estaría exenta de la expropiación de plantaciones de caña. Con
el deseo de dedicarse al desarrollo de la hacienda, le pidió al presidente que
la CNA acelerara dicha certificación. Obregón le envió un telegrama al director de la CNA al día siguiente. En pocas semanas, los agraristas se quejaron
del nuevo estatus de exención de Atencingo: ignoraba el requerimiento
legal de otorgar tierras a los mexicanos “antes que a los gringos”. Obregón
respondió que la ley respetaba los derechos, más allá de la nacionalidad.19
La segunda parte de la estrategia de búsqueda de protección de Jenkins
tenía que ver con los gobernadores de Puebla. (Este elemento fue más
importante después de que Calles entrara en funciones en 1924, ya que
16
J.W.F. Dulles, Yesterday in Mexico: A Chronicle of the Revolution, 1919-1936, Austin, University of
Texas Press, 1972, pp. 94-98 y 158-172.
17
H. Crespo, Historia del azúcar…, op. cit., t. I, pp. 110, 114-116, t. II, pp. 815-817.
18
Excélsior, 5 de julio de 1922, p. 1; 7 de julio, II-7; Lozano a Obregón, Puebla, 18 de diciembre de
1922, AGN Obregón-Calles, Exp. 818-J-4.
19
Jenkins a Obregón, Puebla, 19 de febrero de 1923, Obregón a la Presidencia de la CNA, Ciudad
de México, 20 de febrero de 1923, F. Rivera et al., Lagunillas, Puebla, a Obregón, 8 de abril de 1923,
Obregón a Rivera et al., abril de 1923, AGN Obregón-Calles, Exp. 818-J-4.
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Simbiosis imperativa y conveniente
Jenkins carecía del acceso y el entendimiento con el nuevo presidente, así
como lo había tenido con Obregón.) En mayo de 1920, después de la fuga
del gobernador Alfonso Cabrera, aliado acérrimo del recién destituido presidente Carranza, la prensa reveló que las arcas del estado se encontraban
prácticamente vacías. La noticia fue una bienvenida ominosa para Rafael
Rojas, que entró como gobernante interino el día del reporte. Sin embargo,
después de siete semanas, Rojas reportó un superávit de 70 mil pesos. Lo
que hizo posible dicho balance positivo fue su llamado exitoso a que los
negocios adelantaran sus pagos de impuestos. Éstos incluían sumas de
William Jenkins.20 El breve mandato de Rojas marcó un precedente: los
titulares del cargo podrían asegurar cierto grado de estabilidad a través de
la obtención de créditos de la élite empresarial.
Los gobernadores de Puebla se acercaban con mucha frecuencia a los
industriales, ya que la recaudación fiscal irrisoria se encontraba con demandas fuera de proporción. La burocracia consumía la mayor parte del presupuesto, y otras cantidades debían destinarse al mantenimiento de las tropas
federales. Esto dejaba muy poco para satisfacer el mantra de la modernización: trazar carreteras, pavimentar las calles de las ciudades, ofrecer
drenaje y agua potable, y construir escuelas. Por ejemplo, Puebla tenía el
reto de una tasa de analfabetismo de 82 por ciento.21 Como respuesta, los
empresarios ofrecieron apoyo financiero a los candidatos conservadores,
establecieron compromisos con los moderados y retuvieron su ayuda a los
radicales. Así, reforzaron de manera selectiva el mandato gubernamental.
Los gobernadores conservadores y acomodaticios demostraron cada vez
más su habilidad para resolver las necesidades de Puebla y resistir la presión
de renunciar.
Los tratos entre políticos y empresarios eran casi siempre encubiertos,
sin ser investigados por una prensa tímida que, muy seguido, dependía de
subsidios estatales. La evidencia es, entonces, fragmentaria, y sólo vio la
20
Jenkins a G. Summerlin, Puebla, 10 de mayo de 1920, Record Group (en adelante RDS),
812.00/24101; W. Hardaker a N. King, Puebla, 20 de mayo de 1920, registros de la Foreign Office,
National Archives, Londres, Series 371, doc. 4494:50f; El Monitor, 8 de mayo de 1920, p. 1; El Universal, 18 de junio 1920, p. 4; Excélsior, 4 de agosto de 1920, p. 5.
21
Periódico Oficial, 24 de diciembre de 1927, pp. 53-74; M. Barrientos, reporte, 31 de diciembre de
1922, Archivo del Congreso del Estado de Puebla (ACEP), Libro 224-1, Exp. 452.
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luz décadas más tarde. Los préstamos a Rojas se hicieron evidentes porque
Jenkins los mencionó en un comunicado a la Embajada de Estados Unidos,
mucho tiempo después desclasificado. En sus últimos años, el líder obrero
veterano Vicente Lombardo Toledano hizo un recuento de cómo, durante
su breve mandato como gobernador en 1924, estaba determinado a darle el
pitazo a la reforma agraria, pero vio su camino obstruido por Jenkins. El
problema era que Puebla estaba endeudado con el estadounidense, ya que
había estado prestándole dinero al gobierno del estado.22
El apoyo de la iniciativa privada a la tesorería a veces se asomaba en los
periódicos. En 1925, el gobernador Claudio Tirado aseguró un adelanto de
300 mil pesos de los industriales, equivalente a 12 por ciento del presupuesto. Cuatro meses después, Jenkins salvó a la universidad del estado de su
clausura al llevar uno de sus negocios a Puebla: los impuestos anuales recaudados de dicha empresa permitieron que el estado cubriera la nómina
del profesorado. En los últimos años de la década de 1920, el gobernador
Donato Bravo solicitó que los productores de azúcar y alcohol, de los cuales
Jenkins era el indiscutible líder, depositaran la mitad de su pago anual de
impuestos cada otoño anterior a la recaudación. Para el estándar de una
década que vio a quince hombres en la cabeza de la gubernatura, Tirado y
Bravo, ambos conservadores, duraron mucho tiempo en el poder: 22 y 19
meses, respectivamente, tres veces más que el promedio de dicha época.23
Ya desde entonces, el imperativo simbiótico le estaba permitiendo a los
empresarios darle forma a la política en su provecho.
La construcción de caminos y carreteras era nodal para el programa de
modernización del Estado mexicano, con el fin de unir a la nación fragmentada, y los gobernadores requerían ayuda para saldar tan costosa meta. En
1927, con el objetivo de ponerle un alto al mal uso del fondo público para
tapar las bacheadas calles de la ciudad de Puebla, Bravo creó un comité de
“ciudadanos distinguidos”. La así llamada Junta de Pavimentación incluía
a Jenkins, en su capacidad de agente consular, junto con otros cónsules
extranjeros y varios jefes de cámaras de comercio. Juntos, propusieron la
22
J. Wilkie y E. Monzón de Wilkie, México visto en el siglo XX, México, Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas, 1969, 266-9.
23
El Universal, 5 de abril de 1925, II-1, 16 de abril de 1925, p. 10; Excélsior, 11 de agosto de 1925,
II-7; La Opinión, 13 de septiembre de 1929, p. 1.
40
Simbiosis imperativa y conveniente
creación de un impuesto especial a las empresas para apoyar este trabajo.
Un año más tarde, los líderes empresariales celebraron a Bravo por la creación de la Junta y por mantener su presupuesto, ahora uno muy sano de
cien mil pesos, lejos del alcance de los oficiales del estado. Mientras tanto,
Jenkins y otros industriales subsidiaron carreteras nuevas, incluidas aquellas
que llevaban de la ciudad de Puebla a Matamoros y a Tehuacán, la segunda ciudad más grande del estado.24
Al realizar estos favores, es dudoso que Jenkins y sus pares se beneficiaran de un quid pro quo directo, aunque había un ejemplo discutible en el
acuerdo con Tirado, de quien se reportó que había prometido edictos en
contra de los agraristas a cambio de los adelantos recaudatorios. (De cualquier modo, como moderado, Tirado seguramente tenía reservas sobre el
reparto agrario.) En muchos casos, los tratos probablemente contribuían al
entendimiento común de que cuando el estado dictaba leyes o ponía reglamentos en acción, los intereses de los empresarios estarían a la cabeza. Dado
el nuevo sentido de mérito revolucionario entre campesinos y obreros, los
industriales y terratenientes de Puebla necesitaban menos tener las garantías
de un gobernador en relación con la solución de una huelga o una expropiación específica —después de todo, el funcionario podría ser destituido
en pocos meses—, que en el desarrollo de un clima de reciprocidad de
obligaciones que trascendía los cambios de régimen.
Como prestamista, terrateniente y, después, multiindustrial, Jenkins
necesitaba la protección judicial y burocrática de Puebla, y los funcionarios
involucrados estaban típicamente controlados por el gobernador. Jenkins
necesitaba el refuerzo de los términos de sus préstamos cuando los deudores
fallaban, para así adueñarse de sus propiedades —y ampliar el tamaño y la
viabilidad del Sistema Atencingo— sin un juicio largo. Necesitaba la salvaguardia de sus empresas de los izquierdistas que gravitaban alrededor de la
Comisión Agraria de Puebla; con un gobierno federal lento en su control
sobre el interior, los funcionarios locales tendían a una influencia mayor
24
Excélsior, 23 de agosto de 1927, p. 8; La Opinión, 17 de julio de 1928, p. 1; A. Manjarrez, Puebla:
El rostro olvidado, Puebla, Imagen Pública y Corporativa, 1991, p. 107; F. Lozano Cardoso a la Legislatura, 18 de julio de 1921, ACEP, Libro 225, Exp. 478; entrevista con Sergio Guzmán Ramos, Puebla,
16 de mayo de 2005.
41
ANDREW PAXMAN
sobre el reparto agrario que sus contrapartes en la Ciudad de México.25 Mientras que la violencia y las disputas de propiedad seguían, él necesitaba que
sus tierras y sus empleados estuvieran protegidos de los invasores agraristas.
Desde finales de la década de 1920, cuando Jenkins se diversificó hacia la
producción de cemento, el ensamblaje automotriz y el sector textil, requería fallos positivos de la Junta de Conciliación y Arbitraje del estado en
momentos de inquietud obrera.
Tales protecciones siguieron ocurriendo. Cuando los campesinos invadieron los campos pertenecientes a Atencingo o a una propiedad hermana
sin el debido proceso, los gobernadores generalmente los evacuaban. Tres
gobernadores distintos, en 1922, 1924 y 1925, intervinieron mediante la
fuerza para revertir las invasiones de campesinos en las tierras de Jenkins.26
Los recuentos de las acumulaciones de propiedad de Jenkins no mencionan
batallas legales largas. Esto sugiere la complicidad de los jueces locales, que
eran designados por el gobernador.27 Los jueces también estaban muy
dispuestos a venderse.28 La probabilidad de que Jenkins pagara sobornos,
como admitía de manera privada en otros contextos, es una señal entre
muchas otras de que los empresarios no siempre estaban dispuestos a depender del imperativo simbiótico en sí mismo para proteger sus inversiones.
Después de todo, a diferencia de los jueces locales, los jueces federales de
distrito —que habrían escuchado los reclamos de terratenientes resistiéndose a las ejecuciones hipotecarias— eran oficialmente libres de la influencia gubernamental. Tales sobornos son ejemplo de un recurso simultáneo
a la conveniencia simbiótica interpersonal.
De hecho, una zona gris entre las formas de simbiosis es evidente en la
toma de siete de las haciendas azucareras vecinas, entre 1924 y 1935, por
parte de Jenkins, a costa de cinco familias distintas. Estas adquisiciones
25
Michael Ervin al autor, comunicación personal, 18 de diciembre de 2006; cf. M. Ervin, “The
1930 Agrarian Census in Mexico”, Hispanic American Historical Review, 87(3), 2007.
26
Excélsior, 5 de julio de 1922, p. 1; 7 de julio, II-6 (F. Manjarrez); 29 de junio de 1924, p. 1 (A.
Guerrero); 4 de enero de 1925, p. 1 (E. Moreno).
27
D. Ronfeldt, Atencingo: The Politics of Agrarian Struggle in a Mexican Ejido, Stanford, Stanford
Univeristy Press, 1973, pp. 8-10; F. Gómez Carpinteiro, Gente de azúcar…, op. cit., cap. IV; T. Henderson, Worm in the Wheat…, op. cit., 86; M. Torres Bautista, La familia Maurer de Atlixco, Puebla, México,
Conaculta, 1994, pp. 177-183.
28
E. Gruening, Mexico and Its Heritage…, op. cit., pp. 498-505.
42
Simbiosis imperativa y conveniente
permitirían que el Sistema Atencingo fuera responsable de más de 80 por
ciento de la zafra poblana hacia 1938.29 De acuerdo con el imperativo simbiótico, lo que llamaba al Estado posrevolucionario a pactar con los productores de azúcar como Jenkins era el crecimiento económico, la creación
de empleos, una recaudación fiscal mayor y, en el caso de los comestibles,
la producción suficiente para atender la demanda. El casi monopolio de
Jenkins del azúcar poblana permitió las economías de escala y, así, una
mayor reinversión; además, algunas de las haciendas que Jenkins adquirió
habían sido tan devastadas por los zapatistas durante la Revolución que sus
dueños, sin flujo de capital, eran incapaces de revivirlas. Por otro lado, y en
igualdad de condiciones, la competencia baja el precio de venta, genera
mayores niveles de empleo y fomenta que se eleven los salarios (y, por lo
tanto, el consumo); además, existe evidencia de que las haciendas vecinas
fueron entorpecidas en parte por la ausencia de protección militar contra
los agraristas, de la que Atencingo sí gozaba. De la mano de la probabilidad
de un favoritismo judicial, estos factores sugieren que Jenkins se hizo de
su monopolio local en parte a través de la creación de vínculos de conveniencia mutua con individuos en niveles distintos del gobierno estatal y
municipal.30
La debilidad inusual y la bancarrota crónica del gobierno poblano durante la década de 1920 —ningún otro estado atestiguó tantos cambios de
gobernador— genera la pregunta de la tipicidad. ¿También otros estados
tuvieron la experiencia de, por lo menos, cierto nivel de imperativo simbiótico, empujando al Estado y al capital a un apoyo mutuo en detrimento de
proyectos radicales? Hay evidencia de lo anterior en Chihuahua, de acuerdo con la investigación de Mark Wasserman.31 Pero ya que los analistas de
la época se han concentrado en asuntos de tenencia de tierra, trabajo y
conflictos religiosos, y al hacerlo demuestran poco interés en cómo se mantenían a sí mismos los gobiernos de los estados, el caso de Puebla es más
sugerente que concluyente.
29
H. Crespo e I. Vega Villanueva, Estadísticas históricas…op. cit., p. 30.
Desarrollo este argumento en En busca del señor Jenkins…, op. cit., cap. 5, sección “Círculos concéntricos de protección”.
31
M. Wasserman, Persistent Oligarchs: Elites and Politics in Chihuahua, Mexico 1910-1940, Durham,
Duke University Press, 1993, cap. 5.
30
43
ANDREW PAXMAN
LA DÉCADA DE 1930: CONTINUIDAD Y CAMBIO EN LA SIMBIOSIS
Durante esos años, lo que dio inicio como una relación institucional entre el
gobierno del estado de Puebla y su élite empresarial, cuya forma se la dieron
los imperativos de ambos lados, se transformó en una relación caracterizada
de manera amplia por el intercambio de favores interpersonales basados
menos en la necesidad que en la conveniencia. Esta transformación se ve
con mayor claridad en la elección de 1936 y la gubernatura de Maximino
Ávila Camacho (1937-1941), el hermano mayor del presidente Manuel (19401946). En el corto plazo, la elección de Maximino ayudó a consolidar el
mandato estable en un clima de violencia persistente en Puebla; en el largo
plazo, ayudó a establecer una dinastía de derecha que reinaría hasta 1963, y
discutiblemente más tiempo.32 En el corto plazo, protegió a los capitalistas
como Jenkins y a los barones textiles del estado de los despojamientos de
propiedades y huelgas; en el largo plazo, los dotó de privilegios frecuentes.
Vale la pena recalcar que los dos tipos de vínculo —el imperativo simbiótico y la conveniencia simbiótica— no son siempre distinguibles. Desde el
punto de vista de Maximino, no había otra vía que la suya, aquella de la mano
de hierro, a través de la cual Puebla podría acceder a la estabilidad y al crecimiento. Una vez en el poder, él continuaría pensando como imperativas
las alianzas con la élite empresarial, sosteniéndose en ellas para satisfacer
muchas necesidades, que iban desde favores del día con día, como el acceso a sus toreos y teatros para el montaje de escenarios de demagogia popular,
hasta aquellos de largo alcance temporal, como suplementos al presupuesto inadecuado de Puebla, para construir carreteras y generar trabajo.
Visto desde la izquierda revolucionaria, sin embargo, o desde el punto
de vista de la democracia electoral, la victoria de Maximino no fue imperativa en lo absoluto. Era tan sólo conveniente. Mostró el pacto entre un autócrata en ciernes y una camarilla de capitalistas ya consolidada en sus
privilegios. La paz en Puebla se habría llevado a cabo de mejor modo a través de las promesas de democracia social y electoral de la Revolución. Preguntas similares podrían haberse hecho de las alianzas entre Estado y
32
W. Pansters, Politics and Power in Puebla: The Political History of a Mexican State, 1937-1987, Ámsterdam, CEDLA, 1990.
44
Simbiosis imperativa y conveniente
capital a escala nacional, ya que, después de 1940, la amenaza de otro violento cambio de régimen casi desapareció.
Mientras que ambos términos no son totalmente distintos, el imperativo
simbiótico y la conveniencia simbiótica describen tendencias separadas. Se
distinguen entre intercambios realizados en buena fe, con cierto grado de
apertura, con la esperanza del beneficio de la sociedad (no obstante con una
preferencia evidente hacia modos capitalistas de desarrollo), y aquellos diseñados, desde la sombra, con un interés explotador para ventaja de muy pocos.
La elección gubernamental interna de Puebla en 1936 ofrece un instructivo
caso de estudio de la alianza del poder y la élite.33 En su toma de posesión
de 1934, el presidente Cárdenas había prometido que la intervención del
Estado en la economía sería “cada vez mayor, cada vez más frecuente y cada
vez más a fondo”. La actividad huelguística se incrementó. Los líderes
empresariales se preocupaban por un advenimiento comunista.34 Para la
élite poblana, la elección de 1936 permitiría la continuidad del conservadurismo de José Mijares Palencia y una defensa contra los socialistas de la
Ciudad de México, o bien significaría un viraje a la izquierda, ofreciéndole
libre rienda a los radicales y poniendo en jaque la recuperación económica
del estado. Por supuesto, el apoyo paradójico de Cárdenas al brutal pero útil
Maximino, más que a su alma gemela ideológica, el contendiente de izquierda Gilberto Bosques, fue un gran factor en el resultado, pero también lo fue
el imperativo simbiótico que impulsó a Jenkins y sus pares a abrir las chequeras. Más adelante, en una conversación con el cónsul general de Estados
Unidos, Jenkins admitiría haber hecho un gran (e ilegal) donativo: no los 500
pesos por cabeza con que contribuían los miembros de la paupérrima fraternidad textil de Puebla, sino 40 mil pesos, hoy equivalentes a 200 mil dólares.
Maximino le diría a Sergio Guzmán, quien estaba a su servicio como alcalde
de Puebla, que Jenkins había sido el líder de sus donadores de campaña.35
33
Para un recuento de la elección gubernamental primaria, que fue mucho más importante que la
elección gubernamental en sí, véase En busca del señor Jenkins…, op. cit., cap. 7, sección “Se compra una
elección”.
34
A. Knight, “Cardenismo: Juggernaut or Jalopy”, Journal of Latin American Studies, 26(1), 1994,
pp. 73-107, esp. pp. 84-86.
35
Entrevista a Guzmán Ramos, 16 de mayo de 2005; J. Stewart al State Department, Ciudad de
México, 7 de diciembre de 1938, RDS, 812.114 Narcóticos/873.
45
ANDREW PAXMAN
La necesidad de dinero también caracterizaría los años de Maximino en
el poder. Pese a su ideología pro negocios, la pésima condición de la tesorería del estado significó que uno de sus primeros decretos fuera el alza de
impuestos. Durante sus primeros dos años de mandato, el presupuesto
estatal se incrementó en 25 por ciento.36 Pero el éxito de recaudación fue
insuficiente para las necesidades de Maximino. En primer lugar, el estado
presentaba retos mayúsculos. El censo de 1930 mostraba que los poblanos
aún seguían rezagados en la educación, con 68 por ciento de analfabetismo,
contra un promedio nacional de 59 por ciento. Desde la Revolución, la ciudad de Puebla había crecido mucho más lentamente que sus rivales. Su
población apenas había aumentado en 25 por ciento, contra 200 por ciento
en la Ciudad de México y cien por ciento en las de Guadalajara y Monterrey.
En el curso de una generación, Puebla había caído de la segunda ciudad más
habitada de México a la cuarta.37 Para revertir la caída relativa de la ciudad
y el estado, el gobernador necesitaba la ayuda de la iniciativa privada.
Maximino también requería ayuda dado que su visión de liderazgo estaba relacionada con el enriquecimiento propio. En parte, se trataba de
avaricia pura, en parte, era un asunto de preservar el aura necesaria para
encajar en su mandato, de allí sus trajes caros, coches de lujo y hospedaje
de mandatarios extranjeros. De allí el esplendor de sus celebraciones anuales el día de su santo, cuando el pueblo era invitado al toreo de la ciudad y
entretenido sin costo.38 Para financiar la satisfacción de dichos gustos, el
imperativo que motivó su alianza con los empresarios y que persistió durante su reinado se complementó con alianzas de conveniencia. Industriales
como Jenkins no sólo hicieron donativos de campaña, préstamos y adelantos de pago de impuestos, sino que subsidiaron el suntuoso estilo de vida
del gobernador y se asociaron con él en negocios diversos.
Aquí enfrentamos un problema: la mayor parte de la evidencia de dichas
relaciones se ha perdido. Al final de su mandato, Maximino vendió casi la
integridad de su archivo ejecutivo a una compañía papelera, que lo guillo36
La Opinión, 16 de abril de 1937, p. 1; 16 de enero de 1939, p. 1; cf. 13 de enero de 1941, p. 1.
G. Bautista, Los problemas de 1,300,000 mexicanos, Puebla, s.e., 1940, p. 15; La Opinión, 20 de
enero de 1936, p. 3; R. Boyer y K. Davies, Urbanization in 19th-Century Latin America, Los Ángeles,
Latin America Center-UCLA, 1973, pp. 37 y 47.
38
S. Niblo, Mexico in the 1940s. Modernity, Politics, and Corruption, Lanham, Rowman and Littlefield,
1999, pp. 281-289; La Opinión, 24 de agosto de 1938, p. 1; 24 de agosto de 1939, p. 1.
37
46
Simbiosis imperativa y conveniente
tinó.39 Lo que queda son las conjeturas de los historiadores, la narrativa de
los cronistas, la memoria de los vivos y fragmentos documentales: estos
recuentos encuentran un alto consenso.
Los historiadores están de acuerdo en que Maximino usaba su cargo público para llenarse los bolsillos, primero en Puebla y después como cabeza de
la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas a partir de 1941. Stephen
Niblo escribe que en los años 1940 “el dinero y la protección política conformaban una unión simbiótica” que se ilustra bien con los vínculos de negocios entre Maximino y Jenkins.40 La evidencia testimonial es escasa pero
procedente de fuentes confiables. El cónsul general de Estados Unidos
escribió que Maximino era “sin duda un socio secreto de Jenkins”, implicando así que el gobernador tenía parte de la Compañía de Atencingo.
Décadas más tarde, en una cena realizada para los cronistas de Puebla, los
invitados ofrecieron su conocimiento de las propiedades y prestanombres
de Maximino. Jenkins fue el primero en ser nombrado, seguido de su secretario privado y sus dos socios más cercanos. Uno de los invitados asentó
que Maximino tenía parte de Atencingo y en los cines de Puebla. También
dijo que Jenkins y Maximino compraron 20 mil hectáreas de tierra a precios
risibles en las afueras de la ciudad de Puebla, para anticiparse a la construcción de una presa. La tierra que habría de inundarse se vendió al gobierno
en un precio inflado, mientras que el resto se convirtió en campos de siembra bien irrigados, cuando la presa comenzó a funcionar en 1944.41
El último hijo sobreviviente de Maximino juró que Jenkins fue uno de
los hombres con los cuales su padre colaboró de manera encubierta. Dijo
tener documentos para probarlo, pero murió antes de recuperarlos. El nieto
mayor de Jenkins, si bien silencioso en el asunto de las colaboraciones, aceptó que su abuelo hizo favores para facilitar la liquidez de Maximino, en muchos casos a través de la compra de propiedades que éste tenía en la Ciudad
39
Entrevista con Pilar Pacheco, directora, Archivo General del Estado de Puebla, Puebla, 27 de
abril de 2006.
40
S. Niblo, Mexico in the 1940s…, op. cit., p. 266. Véanse también L. Medina, Historia de la Revolución Mexicana, v. 20: Civilismo y modernización del autoritarismo, México, El Colegio de México, 1979,
p. 15; S. Valencia Castrejón, Poder regional y política nacional en México: El gobierno de Maximino Ávila
Camacho en Puebla, México, INEHRM, 1996, pp. 76 y 80.
41
J. Stewart al Departamento de Estado, Ciudad de México, 25 de mayo de 1939, RDS ,
812.00/30744, 6; R. Cordero y Bernal, Maximino Ávila Camacho: El ejercicio absoluto… del poder, Puebla,
s.e., 2012, pp. 104-106, 128-131, 139.
47
ANDREW PAXMAN
de México. Jenkins admitió que esta clase de favores funcionaba de ida y
vuelta, y cuando éstos eran requeridos. Le dijo al cónsul general que Maximino le había hecho préstamos personales de hasta cien mil pesos.42
Los favores de Maximino a la iniciativa privada de Puebla incluyeron un
tratamiento de mano dura a los obreros, que no sólo suprimió huelgas sino
que debilitó a la filial local de la Confederación de Trabajadores de México
(CTM) y reforzó la presencia de la más sumisa Confederación Regional
Obrera Mexicana (CROM). En el caso de Jenkins, la política laboral de Maximino le permitió mantener un sindicato blanco en Atencingo.43 Pero el
mayor servicio a Jenkins fue la intervención del gobernador para que el
presidente Cárdenas no llevara a cabo su clara intención de expropiar la
integridad de su negocio azucarero.
En una ceremonia en diciembre de 1937, Maximino les otorgó a los 2 043
peones acasillados de Atencingo la propiedad provisional de un ejido comunal de 8 500 hectáreas, de acuerdo con un decreto expropiatorio del
presidente Cárdenas de mayo de ese mismo año. Al verano siguiente, Cárdenas confirmaría la resolución del gobernador y les concedería la propiedad
definitiva de dicha tierra. Pero más allá de los encabezados que proclamaban
“el cumplimiento de las promesas de la Revolución”, Maximino le dio una
victoria a Jenkins al darle forma a los términos de dicha expropiación.44
Estos términos ataron a los trabajadores de Atencingo a una amplia serie
de obligaciones: debían trabajar de forma colectiva, producir exclusivamente caña de azúcar y vendérsela al ingenio de Atencingo; sólo los cañeros y
empleados del ingenio de la Compañía de Atencingo, los campesinos y
obreros menos radicalizados de la localidad, podían ser nombrados miembros
del ejido; los fondos para la siembra debía otorgarlos a crédito, con interés,
Jenkins, y no el Banco Nacional de Crédito Ejidal, y el gerente de la Compañía de Atencingo tenía derecho de elegir al gerente de la Sociedad Coo42
Entrevistas con Manuel Ávila Camacho López, Ciudad de México, 16 de agosto de 2006; William
A. Jenkins, Ciudad de México, 29 de marzo de 2001; Stewart a State, 7 de diciembre de 1938, RDS,
812.114 Narcóticos/873.
43
G. Crider, “Material Struggles: Workers’ Strategies during the ‘Institutionalization of the Revolution’ in Atlixco, Puebla, Mexico, 1930-1942”, tesis doctoral, University of Wisconsin, 1996, cap.
5; D. Ronfeldt, op. cit., p. 48.
44
La Opinión, 21 de diciembre de 1937, p. 1; 20 de junio de 1938, p. 1; D. Ronfeldt, op. cit., p. 72.
48
Simbiosis imperativa y conveniente
perativa Ejidal, el órgano administrativo del ejido, que supervisaba las
jornadas laborales, la nómina, la venta de la cosecha y demás. En la práctica,
Jenkins llegó a controlar la designación de todos los puestos del ejido. El
cambio de operación más grande fue que ahora Jenkins debía pagar por su
caña, pero como comprador único tenía la capacidad de fijar en mayor o
menor medida el precio. Mejor aún para él, la constitución legal del ejido
le servía como defensa ante las intenciones que los agraristas podrían llegar
a tener sobre la plantación.45
Los intercambios de favores relacionados con Atencingo no terminaban
ahí. Durante el debate sobre el futuro del latifundio, el Departamento de
Estado de Estados Unidos entró en contacto con el gobierno mexicano para
mostrar su preocupación de que una propiedad tan grande en manos de un
estadounidense pudiera ser expropiada. De inmediato, Maximino mandó
llamar a Jenkins y le confesó su preocupación de que el gobierno de Estados
Unidos pudiera tomar represalias y confiscar depósitos mexicanos en bancos
estadounidenses; de ese modo, tenía la intención de transferir sus ahorros
en Estados Unidos a la cuenta de Jenkins. Durante varios meses, Jenkins
se sintió obligado de albergar 250 mil dólares de la riqueza de Maximino.46
Este favor personal encontró reciprocidad pronto, cuando Maximino les
propuso a los legisladores poblanos que retiraran los fondos de la Beneficencia Pública de su cuenta bancaria y los invirtieran en la Compañía de
Atencingo. Arguyó que dichos fondos traerían un rendimiento mucho más
alto. La propuesta fue aceptada pero la prensa no la cubrió.47
Hasta después de la Segunda Guerra Mundial, Jenkins continuaría cosechando utilidades de Atencingo. La producción de caña en toneladas por
hectárea era alta aún. Los trabajadores del ingenio y los campesinos se mantuvieron sumisos. El Estado mantuvo un precio tope sobre el azúcar, pero
la demanda de los tiempos de guerra pronto rebasó el abasto, y como otros
dueños de ingenios, Jenkins sorteó el precio tope con ventas masivas en el
mercado negro. Jenkins también envió cargamentos encubiertos de grandes
cantidades de alcohol de contrabando. El gobierno de Puebla se hizo de la
45
D. Ronfeldt, op. cit., pp. 37-48.
Stewart a Estado, 7 de diciembre de 1938, RDS, 812.114 Narcóticos/873.
47
Maximino a la Legislatura, Puebla, 7 de mayo de 1940; J. Pérez Moyano y P. Briones a Maximino, Puebla, 25 de julio de 1940, ACEP, Libro 321, Exp. 2336.
46
49
ANDREW PAXMAN
vista gorda frente a ambas formas de actividad ilícita. En referencia a la expropiación, tiempo después Jenkins le dijo a un amigo: “Salí victorioso”.48
Maximino salió victorioso también. Sumó puntos políticos al negociar,
para la satisfacción del presidente, un espinoso problema agrario en Atencingo, marcado por tres décadas de forcejeos violentos. Le aseguró un futuro productivo a la más grande unidad privada de la economía del estado,
empleadora de cinco mil personas, una fuente importante de impuestos y
una opción de inversión para el dinero controlado por el estado. Este resultado lo hizo parecer “revolucionario”, ya que pareció más hábil en brindar
beneficios tangibles al pueblo.
Su relación de conveniencia simbiótica con los industriales líderes del
estado benefició también su propia riqueza. Le dio un lugar seguro en donde
guardar su botín y aparentemente le permitió hacerse de una lucrativa tajada
encubierta de la Compañía de Atencingo. También pudo hacer bastantes
negocios alternativos, al igual que amistades con otros industriales de Puebla,
como Gabriel Alarcón y Miguel Abed. Estas relaciones de cuates resonaban
a la era porfiriana, pero también ofrecieron un prototipo en bruto de un abuso de la autoridad más emprendedora que pronto se esparció a nivel federal,
notablemente bajo el mando de Miguel Alemán, el “presidente empresario”.49
CONCLUSIONES
En la Puebla de después de 1940, la maquinaria política de Maximino era
tan dominante que no tuvo rival durante décadas. Así, con una estabilidad
institucional asegurada y con pocos contendientes, rebeldes o radicales, de
los cuales preocuparse, la alianza estado-capital dio pie a una serie de simbiosis de mera conveniencia. Para los líderes empresariales, los asuntos de
necesidad devinieron asuntos de privilegio. Se permitieron y se mimaron
los monopolios, como la Compañía de Atencingo de Jenkins (que vendió
48
D. Ronfeldt, op. cit., pp. 45-48; Crespo, Historia del azúcar…, op. cit., t. I, p. 258; Time, 26 de diciembre de 1960, p. 25; entrevista de Gustavo del Ángel con Manuel Senderos Irigoyen, antiguo accionista de Bancomer, Ciudad de México, 7 de diciembre de 2006; entrevista con un antiguo chofer
de camión de Atencingo, Ciudad de México, 7 de abril de 2002.
49
A. Manjarrez, Crónicas sin censura, Cholula, Imagen Pública y Corporativa, 1995, pp. 369f, 375f;
R. Cordero y Bernal, op. cit., pp. 70, 77, 139-43; E. Krauze, Mexico: Biography of Power, Nueva York,
HarperCollins, 1997, cap. 18.
50
Simbiosis imperativa y conveniente
intacto a otros líderes empresariales en 1946) y su control para principios de
1941 de todos los cines de Puebla. Una proporción decreciente de huelgas
fue adjudicada legal. Un auge de bienes raíces favoreció a los mejor conectados. Para los gobernadores, hacer dinero se volvió una usanza común,
muchas veces a través de asociaciones de negocios con cuates.50
Tales relaciones se mantuvieron ignoradas por la prensa mientras duró
la maquinaria de Ávila Camacho. Pero en 1963, el gobierno federal comenzó a imponer su propia selección de gobernador, y el primero de ellos,
Antonio Nava Castillo, fue expulsado de su mandato tras un escándalo
público. Mientras proponía una ley de pasteurización de leche, salió a la luz
que tenía parte de una firma que se beneficiaría como la única distribuidora autorizada de leche pasteurizada.51 Desde entonces, los líderes de Pueblan
han sido usualmente más cautelosos en encubrir sus asociaciones, pero es
del conocimiento público en el estado que casi todos los gobernadores han
utilizado su poder para involucrarse en inversiones veladas, con los bienes
raíces a la cabeza.
Después de 1940 la alianza Estado-capital también se convirtió de manera creciente en un matrimonio de conveniencia a nivel nacional. El imperativo financiero que había llevado al Estado a un pacto simbiótico con
las élites empresariales disminuyó. También lo hizo la necesidad de Jenkins
y sus pares de la protección del radicalismo revolucionario, ya que los sindicatos se volvieron más sumisos, notablemente después de la cooptación
del sindicato de ferrocarrileros por parte de Alemán en 1948, misma que
sentó un precedente. Incluso en los tiempos de la campaña presidencial de
1939-1940 de Manuel Ávila Camacho, el partido dominante podía sentir
que su continuidad en el poder era necesaria, para así sortear las rebeliones
lideradas por generales descontentos, más recientemente la de Saturnino
Cedillo en 1938. Pero a partir de 1940, ni Almazán ni cualquier otro general
se rebelarían, y la economía estaba a punto de recibir un estímulo a través
de la inversión de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El
PRI disfrutaría otros 60 años de poder ininterrumpido.
50
W. Pansters, op. cit., pp. 63, 100-102, 118-20; Entrevista con Guzmán Ramos, 28 de noviembre
de 2005; entrevista con Pedro Ángel Palou, Puebla, 11 de agosto de 2009.
51
L. Lomelí Vanegas, Breve historia de Puebla, México, FCE/El Colegio de México, 2001, pp. 381383; W. Pansters, op. cit., pp. 117-122; El Sol de Puebla, 15-31 de octubre de 1964.
51
ANDREW PAXMAN
El partido, ciertamente, enfrentó retos, sobre todo cuando las masas
dejaron el campo por las ciudades y se mostraron dispuestas a la huelga en
pos de mejores salarios. Como argumento en otros textos, el Estado enrolaría a la iniciativa privada para que lo auxiliara a contenerlas, sobre todo
mediante el cine, el radio y la televisión. En cada caso, el Estado hablaba
de la necesidad de los medios masivos para fomentar lazos de cohesión
nacional en lo que aún era un país muy fragmentado. En cada caso, hombres
ricos como Jenkins y el magnate de las comunicaciones Emilio Azcárraga
Vidaurreta tenían permiso de desarrollar amplios monopolios sectoriales
—rebasando o suprimiendo a su competencia— a cambio de su lealtad al
PRI, tanto como propagandistas del partido, como abastecedores de entretenimiento impregnado de conservadurismo social.52 Visto objetivamente,
sin embargo, los viejos imperativos simbióticos habían reculado. Los monopolios industriales le convenían al Estado, así como para los empresarios
que los poseían eran la garantía de una gran riqueza. Poco antes de su
muerte, la revista Time etiquetaría a Jenkins como el hombre más rico de
México.53
En general, la historia del México posrevolucionario pone en evidencia
una plétora de relaciones simbióticas a nivel local y federal. Pero no todas
ellas fueron política o económicamente dañinas para la nación. Algunas
relaciones fueron necesarias tanto para el Estado como para el capital,
proveyendo al primero mayor estabilidad económica tras una época de
destrucción por la guerra y el estancamiento del mercado, y al último con
razones para rehacer su confianza e invertir de nueva cuenta. He descrito
cómo estas relaciones, institucionales y más o menos públicas, exhiben un
“imperativo simbiótico” entre ambas partes. Mientras que los asuntos
éticos son secundarios a los económicos en la mayoría de las discusiones
sobre el capitalismo de cuates, el imperativo simbiótico es además característico en su búsqueda del bien común, no obstante definido en términos
que ignoran consideraciones intangibles como la dignidad de aquellos que
trabajan la tierra.
52
A. Paxman, “Cooling to Cinema and Warming to Television: State Mass Media Policy from 1940 to
1964”, en P. Gillingham y B. Smith (coords.), Dictablanda: Politics, Work, and Culture in Mexico, 1938-1968,
Durham, Duke University Press, 2014. Véase también A. Paxman, En busca del señor Jenkins, op. cit., cap. 8.
53
Time, 26 de diciembre de 1960, p. 25.
52
Simbiosis imperativa y conveniente
Por otro lado, emergieron relaciones distintas que no eran del todo necesarias, sino que meramente privilegiaban a ciertos industriales y las carreras y los bolsillos de aquellos políticos que los favorecían. Estas relaciones,
interpersonales y tras bambalinas, las he descrito como ilustrativas de una
“conveniencia simbiótica”. Tales relaciones a menudo emergieron cuando
ya se había establecido un imperativo simbiótico, trayendo estabilidad y
rendimiento tanto al Estado como al capital. Pueden entonces describirse
como un dividendo para sus participantes clave; ciertamente, políticos como
Maximino y empresarios como Jenkins se sentían merecedores de bienestar, en su colusión para domesticar al tigre radical desencadenado por la
Revolución de 1910. Tal merecimiento ayuda a explicar porqué tales arreglos de cuates proliferaron, pero trajeron consigo cierto costo: en este caso,
la evolución de una cultura política democrática y el bienestar de miles de
trabajadores de la industria azucarera.
Luego están las relaciones ubicadas en una zona gris. Éstas se produjeron de dos formas: como arreglos llevados a cabo cuando los imperativos las
demandaban, pero dentro de las cuales los individuos protegidos se beneficiaban adicionalmente —como hiciera Jenkins en el sector azucarero de
Puebla en la década de 1920—, y como arreglos que eran imperativos en
las cabezas de las partes que se involucraban en ellos, pero que desde una
perspectiva histórica estaban caracterizados tanto por mera conveniencia,
como en el caso del pacto entre Maximino y Jenkins, o aquellos entre Jenkins y Manuel, el hermano de Maximino que permitió la creación de un
cuasi monopolio de exhibición fílmica a escala nacional. De nueva cuenta,
el efecto servía para debilitar la democracia a favor del autoritarismo (ya
fuera duro o suave), y para provocar que los menos conectados políticamente perdieran, dejando así a los productores y distribuidores de cine a merced
de los monopolistas.
Finalmente, la disgregación de las simbiosis descritas aquí ofrece material para el debate sobre el primero de los asuntos relacionados con el capitalismo de cuates mencionado al comienzo: si es o no es analíticamente útil
el término dada su existencia en todas las sociedades. La experiencia mexicana sugiere que el término sí es útil, ya que insinúa que no todos los capitalismos son igualmente de cuates. Las condiciones marcadas por la guerra
que dieron pie a la emergencia porfiriana y al resurgimiento posrevolucio53
ANDREW PAXMAN
nario del imperativo simbiótico en México no tienen símil, por ejemplo, en
Estados Unidos.54 Dada la tendencia de dichos vínculos entre Estado y
capital a promover la conveniencia simbiótica, un fenómeno que crece con
el tiempo, ya que las partes involucradas toman su dividendo de privilegios
y enriquecimiento propio, tiene sentido que tales excesos fueran más comunes en México. El punto decisivo aquí no es la presencia o ausencia del
capitalismo de cuates, sino un asunto de grado.
54
Durante la Guerra Civil de 1861-1865, el más grande conflicto interno de Estados Unidos, el
crecimiento en los estados del norte más o menos compensó la destrucción sufrida por el sur. S. Engerman y R. Gallman (coords.), Cambridge Economic History of the United States, Cambridge, Cambridge
University Press, 2000, II:9, p. 724.
54