La Cultura de la Muerte Adriana Martínez Traslaviña. En Colombia las víctimas del conflicto armado, los pobres, los campesinos, los afrocolombianos, los indígenas y los jóvenes son quienes conforman esa zona de vacío entre la vida y la muerte, entre la existencia y la desaparición y entre el poder y la abyección. Juan Carlos Amador Profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas El conflicto armado en Colombia sigue vivo desde hace más de 60 años, en primera instancia aparece con la desigual repartición de la tierra y la falta de espacios de participación política, las cuales dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada; luego por resentimientos y agravios, se expande en las pugnas de los recursos saqueables y el acceso a las finanzas públicas, reforzado con la irrupción del narcotráfico y la presencia de nuevos actores políticos armados, como las guerrillas y sus disidencias, los paramilitares y bandas criminales, los narcotraficantes, el gobierno, las fuerzas armadas y la sociedad civil; grandes perpetradores de una eterna violencia en un contexto de lucha revolucionaría, una guerra fria, y una guerra contra el terrorismo que transformo el conflicto en una razón de ser y método de subsistencia. Las consecuencias que ha dejado el conflicto armado es infinita, la violación a derechos humanos y la desigualdad e injusticia social y económica se ven reflejadas en la calidad de vida de las personas, la salud, la educación y el acceso a servicios y derechos básicos, fueron restringidos o negados definitivamente. La guerra ha traído consigo consecuencias incuantificables e intangibles, afectaciones emocionales y psicológicas, rupturas en los proyectos de vida, en los vínculos y relaciones con los otros y con los territorios e impactos políticos. El conflicto armado colombiano y sus lógicas han afectado la dignidad de miles de personas, la integridad se ha visto herida en ellos, sus proyectos se han truncado y sus cotidianidades y relaciones con sus territorios y personas cercanas se han fragmentado. Las acciones legítimas, permitidas y que en complicidad causaron tal daño, en muchas y variadas formas, han sido en consentimiento y/o complicidad de miembros del gobierno de turno y altos mandos de las fuerzas armadas que en su administración, ordenan aún de manera sistemática, muchas de las causas y los efectos de las políticas de la muerte. A partir del 2006 se revelan los vínculos de los políticos con paramilitares, llamados de ese modo a los grupos armados ilegales de extrema derecha que se autodeterminan como autodefensas y que están generalmente ligados al narcotráfico. Estas alianzas por medio de la intimidación y la acción de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos habrían presuntamente alcanzado cargos en alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales hasta posesionarse en la Presidencia de la República. A su vez algunos de los políticos desde sus cargos habrían desviado dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales y habrían filtrado información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos forzado entre otras acciones criminales con el objetivo de extender su poder en el territorio nacional.1 Del mismo modo, los efectos de estas rentas públicas y los recursos naturales hurtados y repartidos han jugado un papel fundamental en desencadenar y sostener la violencia política. Las raíces de los conflictos armados en Colombia se crean a través de intereses económicos de algunos grupos en conflicto, manejado por reclutas que en su mayoría son provenientes de poblaciones muy pobres abandonadas por el Estado, que en su afán de oportunidad de sobrevivir y mantener a su familia, llegan a las filas de la guerra. El poder es poder matar, y quien puede hacerlo, tiene el poder2 Mbembe menciona en su libro de Necropolítica conceptos que describen mecanismos de control sobre quién puede vivir y quién debe morir, como lo son el necropoder, la necropolítica y el necrocapitalismo. Estos conceptos representan un rol esencial en la gubernamentalidad neoliberal de los estados capitalistas. Los dispositivos, técnicas, prácticas y estrategias en las relaciones de dominación tienen efectos muy radicales; la cosificación del ser humano las fuerzas económicas e ideológicas del mundo moderno mercantilizan y reifican el cuerpo, disponiéndose a ser mercantilizado y desechado aniquilando su integridad moral reducida a un conjunto de fuerzas de producción fácilmente sustituibles. En Colombia la cultura de la muerte es latente, ha estado siempre presente en los presupuestos guerreristas de la política del país. El conflicto armado es antiguo, sus raíces Tal como se encuentran en investigación en el momento en los procesos adelantados por la JEPkj “Jurisdicción Especial para la Paz” en función de los acuerdos de paz firmados. 1 Santiago López Petit. 2010, prólogo, De la Necropolítica Neoliberal a la Empatía Radical.Clara Valverde Gefaell. pg 11. 2 se hunden en la década de los años treinta. Por su génesis y las primeras tensiones que encarna grandes acontecimientos que sirvieron de plataforma y base, para una revolución que desencadenaría en la pluralidad de actores que han alimentado y transformado el conflicto armado en el país. En Principio los partidos políticos tradicionales y movimientos de guerrilleros, luego el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios, paramilitares y la influencia del narcotráfico han tenido en predominancia según el periodo que se quiera investigar. Además de las grandes brechas sociales entre la élite política con una fuerte presencia regional, latifundista y monopolizador por un lado, luego grupos minoritarios como los indígenas, campesinos y afrodescendientes por el otro, que no cuentan con el mismo acceso a derechos básicos. Historia Reciente En los últimos 60 años, la tendencia de la violencia ha mostrado tres períodos históricos fundamentales del país. El primero comprende el Frente Nacional desde 1958 hasta 1974, un periodo en que se da origen y se fortalece la formación y consolidación de los grupos de guerrilla. En segundo lugar, el periodo comprendido entre el fin del Frente hasta la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que culminó con la reforma de la Constitución Política de Colombia en 1991. Finalmente, un tercer periodo comprendido entre 1991 hasta el 2006, cuando existe un compromiso de responsabilidad compartida por parte del Gobierno Nacional y la Comunidad Internacional en la lucha contra el narcotráfico. Las últimas administraciones desde comienzos del siglo XXI, entre Andrés Pastrana Arango (1998 - 2002), Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018), construyeron metodologías y tratamientos divergentes a la hora de enfrentar el conflicto armado. Aportando cada uno a diferentes rimas de la historia colombiana. Andres Pastarana, con el fracaso de las negociaciones en la Cáguan con las guerrillas de las FARC Y ELN marcaron un legado político de conciliación. Luego viene Uribe que por el contrario implementa políticas de seguridad democrática introduciendo modalidades necropolíticas relacionadas directamente con las guerrillas de las FARC y ELN especialmente, pero matizadas en la población ciudadana; hay que recordar que también realizó un acuerdo de paz con los grupos paramilitares, el cual fue muy criticado debido a la ausencia de las víctimas, observándose solo prebendas para los victimarios. La llamada Ley de Justicia y Paz anunciaba una garantía de no repetición de las atrocidades cometidas en el pasado por los grupos alzados en armas, en especial aquellos perpetrados por los paramilitares. Los derechos de justicia, reparación y verdad eran la fórmula adecuada para el desarrollo de la protección a las víctimas. Sin embargo y por el contrario, además de beneficiar ampliamente a los perpetradores de la violencia, permitieron que la voz de las víctimas estuvieran ausentes de los procesos de reparación. Su participación fue prevista de manera marginal, sin mecanismos necesarios de representación y protección ni garantía de un equilibro de fuerzas entre ellas y los victimarios procesados. Finalmente Juan Manuel Santos, es quien traza en su gobierno los acuerdos de paz con las FARC, y logra mitigar de algún modo la violencia y la diferencia política y social del país. Se sometieron diferentes puntos esenciales del país, como el final del conflicto armado, el desarrollo agrario integral, la participación política, el narcotráfico y consumos de drogas ilícitas y las víctimas. A pesar de los altibajos y críticas, principalmente provenientes del hecho de que los combates continuaron durante las negociaciones, 4 años después de iniciadas las conversaciones se firmó la paz. Hay que mencionar que fue un hecho casi que imposible de cumplir, teniendo en cuenta que Santos decide someter a plebiscito el acuerdo de paz, el cual fue derrotado en las urnas por un rotundo No, dejando en el limbo la paz, el gobierno y los estados inversionistas, los cuales deciden pasar por alto el resultado nefasto y disfrazar un nobel de paz , con la idea firme de continuar con el desarrollo de los acuerdos firmados, y así finalmente, el 24 de agosto de 2016 se logra firmar la tan anhelada paz. De este modo entra un acuerdo que parte con la idea de que la negociación es para lograr el abandono de las armas y el fin del conflicto armado, y que la transformación del país requiere del resultado de la confrontación política pacífica dentro de las reglas democráticas. Así mismo, aborda dos temas especiales por la relación muy estrecha que han tenido con el conflicto armado en las últimas décadas: el problema de la tierra y el del tráfico de drogas. La Necropolítica. "El uribismo regresó porque mantuvo cautivo a un electorado que criticaba los acuerdos de paz, logró mantener una estrategia enorme de polarización y puso a la izquierda en la contraparte con el rostro de Gustavo Petro", León Valencia. Ahora con el regreso del uribismo en 2018, en cabeza de Iván Duque y con un acuerdo de paz firmado y una nueva realidad social, aparece el uribismo y con él de nuevo la muerte y violencia regresan a los territorios. Teniendo en cuenta que en su campaña estuvo presente la intención de “hacer trizas los acuerdos de paz”, el plan de acción no ha parado hasta el día de hoy. El sabotaje a los acuerdos es constante, junto al incremento de violencia y creación de grupos armados y la persecución y asesinatos a líderes sociales. A los partidarios del uribismo de ultraderecha colmbiana, nunca les gustó la paz. Nunca aceptaron que la paz debía llegar al país por medio de una solución negociada y que, entre otras cuestiones, ello obligaba a repensar los límites de la democracia colombiana y de su Estado de Derecho. En consecuencia, la calidad democrática del país ha ido en notable decaída. Al grupo desarmado y firmante de paz FARC solo les han cumplido con las obligaciones normativas, y los recursos llegan de manera parcial. Hoy el país presenta una visible violencia mucho mayor a los años anteriores. Las guerrillas, disidencias, bandas criminales, paramilitares y demás grupos armados ocupan el escenario de las antiguas FARC. En esos lugares donde la presencia del Estado es inexistente, se disputan los enclaves mineros, los espacios cocaleros y sus rutas de procesamientos y distribución. A cambio, el regreso de los asesinatos sistemáticos, los desplazamientos masivos, las torturas y desaparecimientos están a la orden del día en nuestros territorios. Y el gobierno en total indiferencia, complicidad y omisión. Rigiendo una constante frustración y miedo estas organizaciones, individuos y movimientos que defiende el acuerdo de paz, como son el Sistema Integral de Verdad, la Justicia de Reparación y No Repetición, a la Justicia Especial para la Paz JEP, a las Juntas de Acción Comunal, a los Líderes Sociales, los Colectivos Cocaleros, los Defensores del Medio Ambiente, Jóvenes, Estudiantes, Trabajadores, Mujeres y Niñas y Niños. Los asesinatos sistemáticos contra los líderes y lideresas sociales en el país, van más allá de las estadísticas y cifras, la vinculación entre sí por el tipo de liderazgo que ostentan las víctimas en sus territorios. Las fuentes comparten entre sí, que quienes han sido asesinados, muchos de ellos hacían parte de procesos de restitución de tierras luego de terminado el conflicto armado, o abogaban por los acuerdos de paz en lo referente a la reforma rural integral y solución a problemas ilícitas. O simplemente tenían gran capacidad de organización y liderazgo comunitario. Convirtiéndose en un problema para el poder violento. Diversos estudios e investigaciones, registran que las decenas de miles de personas asesinados/as fueron víctimas de terrorismo de estado, de las bandas paramilitares, de narcotraficantes y de las guerrillas. Las responsabilidades de estos crímenes de lesa humanidad, en muchas ocasiones fueron y siguen siendo de manera directa acciones criminales de las fuerzas armadas, en otras compartidas pero siempre en promoción de las bandas paramilitares y financiadas por bandas narcotraficantes. Este espectáculo de violencia militar, política, paramilitar y de todo signo, denota la presencia del pensamiento político de seguridad democrática. Así el Estado criminal usando estrategias que ficcionaliza al enemigo, convirtiéndolo en sujetos sacrificables, objetos de subhumanización que se introducen en el reino del cálculo político de desinformación y estigmatizaciones tales como guerrillero, izquierdista, mamerto, terrorista, castrochavista. Todo esto con el objetivo de debilitar un modelo de justicia restauradora y así evitar que la sociedad conozca la verdad de los hechos del conflicto armado, obstruyendo el derecho a la verdad por medio actos simples y nada acertados a la grave situación, afectando no solo la manera como se entiende el conflicto armado sino que condiciona la concepción de las soluciones que se ofrecen, centrando la atención sobre la protección física de las personas y no sobre la generación de garantías más fuertes que permitan el ejercicio de libertades en las diferentes zonas del país. Estos ataques además de anular a la población y personas en particular, buscan dominar voluntades y ejercer el control social sobre sectores, por medio de constreñir libertades y desincentivar la reinvindicación de derechos en el espacio público, generando el miedo a que la gente ejerza su derecho a la defensa, haciendo que la censura termine interiorizandolos. El Narcotráfico El impacto de las drogas ilícitas exacerbó todos los problemas de Colombia, catapultó los comportamientos corruptos y abrió espacio para el crimen organizado, siendo financiador directo del conflicto armado, ostentando ser el negocio más lucrativo que ha tenido el país en todos sus tiempos. El cual en el ámbito político mal regulado y peor controlada se ha convertido en un factor que afecta la confianza de los ciudadanos en sus autoridades y en las instituciones. Tanto en la estructura del Estado como en el sector privado los carteles infiltran, controlan y debilitan entidades. El narcotráfico ha sido un fenómeno que ha tenido un desarrollo denso y oscuro, que lentamente ha tomado auge en nuestro país y que nació como la solución al eterno conflicto socioeconómico, al permitir dentro de su estructura la rápida abolición de las brechas económicas que separan a la población de Colombia. Al narcotráfico se tribuyen, en diversas medidas y con grados variables de exactitud, efectos de todo orden. Para algunos, la exitosa marcha de la economía durante los últimos veinte años tiene en los recursos generados por la venta de drogas una de sus causas principales. Para otros, la violencia ha afectado gravemente al país, además de la destrucción del sistema judicial, la impunidad habitual, la corrupción creciente. Todo esto con dinero del narcotráfico. Dineros y recursos que a su vez entraron en los hábitos del consumo habitual, la cultura diaria, manejo de medios de comunicación, las campañas políticas, los partidos y en general sobre la distribución del poder. A medida que la sociedad ha venido evolucionando, el delito del tráfico de estupefacientes a su vez, ha mutado en diferentes actores y se ha extendido en tales proporciones que en sus inicios habrían sido inimaginables. Además de los nexos con la política que no son recientes ni tampoco agotan el amplio espectro de articulación con la sociedad. Desde comienzos de los años setenta, los dineros provenientes del negocio de la marihuana y de la coca, han irrigado tanto la economía como el sistema político colombiano. Los jugosos capitales derivados del negocio de las drogas, dieron cabida no sólo a la irrupción de un nuevo actor socio económico, sino también a la articulación de importantes sectores de la élite empresarial y política del país con el narcotráfico financiando campañas electorales, comprando tierras, irrumpiendo leyes y ajustando todo lo posible a su modo. Y el gobierno colombiano, siempre optó por políticas represivas y de prohibición a los consumidores para demostrar la lucha contra las drogas con ayuda de los medios, mientras sus principios siempre fueron permisivos con los narcotraficantes, abriendo la puerta a los mafiosos, permitiendo así legitimar sus fortunas de origen ilegal. En lugar de optar por un camino de sensatez por medio de políticas de disminución de conductas punibles por medio de programas de prevención del consumo de drogas, de los trabajadores sociales con las comunidades para que la población reflexione sobre el uso de estupefacientes en la salud, como con sus relaciones sociales y personales. Así mismo el gobierno tiene como respuesta la represión, la erradicación forzada y el uso del glifosato para los campesino e indígenas que tiene un vínculo con las plantas medicinales, como aquellos que obligados usan el cultivo como único modo de subsistencia, pues no es posible conseguir otro modo legal para hacerlo. Siendo métodos que no solo ponen en peligro la vida de animales, plantas y la vida humana, como también pone en peligro a las comunidades frente a los grupos narcotraficantes dueños de las tierras. En colombia las víctimas del conflicto armado, los pobres, los indígenas, los campesinos, los afrocolombianos, los jóvenes, mujeres y niñas y niños son quienes conforman esa zona de desdibujada entre la vida y la muerte, entre la dignidad y la abyección y que hacen parte del conglomerado social sacrificable para que el negocio sea sustentable en la élite del poder. Conclusiones. La defensa de los derechos humanos en Colombia sigue bajo asedio. Es tan grave esta situación que el riesgo y el miedo son elementos normales e interiorizados en el defensa de los derechos, generando un impacto social en cadena que intimidan las voluntades. En un Estado Neoliberal como el nuestro que controla el comportamiento individual a través de la disciplina, además de regular y administrar el crecimiento y la mortandad de la población para la producción de sí misma, con técnicas donde desplazan al individuo la responsabilidad sobre su propia salud, educación y todo aquello que incide en la reproducción del capital humano que cada individuo posee para lograr desplazar sus obligaciones sociales a cada persona, por medio de técnicas de poder como son la norma y la política pública que se hacen tangibles por medio de subjetividades y tecnologías paralegales y extralegales como los policías y militares sicarios, las disponibilidad indiscriminada de armas, la existencia de casas de seguridad clandestina, el uso de instituciones del Estado por parte de la delincuencia organizada, y los sujetos misóginos violentos protegidos por el pacto misógino o patriarcal como son las leyes discriminatorias y autoridades judiciales violentas. Referencias Necropolítica - Sobre el Gobierno Privado Directo. Achille Mbembe https://aphuuruguay.files.wordpress.com/2014/08/achille-mbembe-necropolc3adtica-seguido -de-sobre-el-gobierno-privado-indirecto.pdf La Era de la Necropolítica en el Gobierno Uribe – Duque- Juan Carlos Amador http://viva.org.co/cajavirtual/svc0628/pdfs/2_La_era_de_la_necropolitica_en_el_gobierno_Ur ibe_Duque.pdf. Muertos Buenos y Malos o la Necropolítica en Colombia - Juan Ricardo Aparicio. https://cerosetenta.uniandes.edu.co/necropolitica-colombiana/