RECIBIDO: OCTUBRE 2007
Ciudadanía y autonomía en las organizaciones
ACEPTADO: DICIEMBRE 2007
sociales bolivarianas: los Comités de Tierra
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TERCERA ÉPOCA
Urbana como movimientos sociales
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Ciudadanía y autonomía en las organizaciones
sociales bolivarianas: los Comités de Tierra
Urbana como movimientos sociales*
MARÍA PILAR GARCÍA-GUADILLA
Resumen
Este trabajo analiza los Comités de Tierra Urbana
como nuevas formas de organización de los sectores
populares que suponen el surgimiento de
subjetividades sociales vinculadas a dimensiones
nuevas de la ciudadanía, tales como la inclusión,
diversidad cultural, equidad y democratización de la
toma de decisiones. Se estudió su grado de
autonomía, la capacidad para enriquecer las
identidades sociales y culturales y su contribución a
la transformación social. Se encontró que los CTU se
comportan como movimientos sociales; no obstante,
dada su afinidad ideológica con el «Proyecto
Bolivariano» del presidente Chávez enfrentan
tensiones en su autonomía, ya que en situaciones
de amenaza al Proyecto o a su líder se desdibujan
coyuntural y temporalmente para actuar bajo la
dirección de las organizaciones y los partidos
políticos bolivarianos.
Abstract
This article analyzes the emergence of social
subjectivities associated with new dimensions of
citizenship such as inclusion, cultural diversity,
equity and the democratization of decision making
processes. It focuses on the Committees of Urban
Land, new social organizations existing in the
popular sectors. Given their ideological affinity with
the Bolivarian Project promoted from President
Chavez, we studied their degree of autonomy from
the State, their capability to enrich social and
cultural identities and their contribution to social
transformations. We found that the CTU can
properly be defined as social movements,
nevertheless, when the President or its political
project are questioned, they face pressure to
abandon their collective identity and to mobilize
under the leadership of bolivarian political parties
and organizations.
Palabras clave
Organizaciones sociales bolivarianas / Movimientos
sociales / Nuevas formas de autonomía
Key words
Bolivarian social organizations / Social movements /
New forms of autonomy
* Este trabajo representa una revisión de la ponencia presentada en la XXVI Conferencia Internacional de la Latin American Studies
Association (LASA), San Juan de Puerto Rico, 15-18 de marzo de 2006.
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Punto de partida: premisas y enfoques1
Los Comités de Tierra Urbana (CTU) constituyen una de las organizaciones sociales de
base popular con mayor número de miembros y con más amplia trayectoria, enmarcadas
en la propuesta de democracia participativa sancionada en la Constitución de 1999 a
través de las defensa del derecho a la ciudad y a una vivienda digna. Según información de
la Oficina Técnica Nacional para la Regularización de la Tierra,2 para el año 2006 existían
casi seis mil CTU, con presencia en la mayor parte de los barrios pobres del país y con una
cobertura cercana al millón de familias; es decir, cuatro o cinco millones de personas.
En la acepción gramsciana de sociedad civil, la locución «movimiento social» se entiende
como el espacio donde se construyen las nuevas subjetividades detrás de las cuales se
encuentran sujetos sociales que promueven ciudadanías y proyectos de sociedad divergentes.
Dentro de esta interpretación, uno de los objetivos de este trabajo es analizar si los
CTU, una de las nuevas y más importantes formas de organización de los sectores populares promovidas directamente por el presidente Hugo Chávez, implican el surgimiento de
nuevas subjetividades y pueden definirse como un nuevo movimiento social. Es decir, si
son capaces de trascender el carácter reivindicativo de las demandas de regularización de
la tenencia de la tierra y mejoramiento del hábitat, y construir una identidad colectiva
alrededor de la inclusión, la equidad, la diversidad cultural y la democratización de los
procesos de toma de decisiones.
Dentro de este contexto, se estudiara si tales organizaciones tienen la capacidad de
movilizarse a favor de nuevas formas de ciudadanía o derechos basados en la democracia
participativa que fuera sancionada en la Constitución de 1999; también si pueden generar
un proyecto de sociedad alternativo y divergente del Estado que trascienda los meros intereses reivindicativos y que permita la construcción de hegemonía para la transformación
social sin perder su capacidad movilizadora; es decir «sin tomar el poder» (Holloway, 2002).
Para que las organizaciones sociales puedan construir un proyecto social alternativo
a partir de sus identidades se requiere de autonomía entendida como la capacidad de
1
El enfoque teórico utilizado se ha nutrido de la discusiones sobre los movimientos sociales, el sujeto popular, la identidad y la ciudadanía,
mantenidas con distintos colegas que participaron en calidad de asistentes de investigación del proyecto titulado «La constitucionalización
de nuevas ciudadanías y racionalidades: actores sociales y gestión de conflictos sociopolíticos», bajo nuestra coordinación y financiado
por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (Fonacit) del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Deseamos mencionar de manera especial
a Carolina Salazar, quien en la actualidad realiza la tesis de Maestría en Ciencias Políticas sobre este tema bajo nuestra tutoría y cuyas
ideas a lo largo de las múltiples discusiones han nutrido de manera especial este texto. Además de la información documental y
hemerográfica, el diagnóstico sobre los Comités de Tierra se basa en la información empírica sobre los tres CTU del sector o barrio Toro
Muerto de Ciudad Guayana, estado Bolívar, que fue levantada por Verónica Contreras durante su trabajo de pasantía y de tesis en
Urbanismo realizada en la Alcaldía del Municipio Caroni en el 2005 y 2006 para la Universidad Simón Bolívar. También se basa en los
datos sobre nueve CTU adicionales de diferentes barrios populares de la ciudad de Caracas, los cuales fueron recogidos expresamente
para este trabajo por los estudiantes de Urbanismo bajo nuestra dirección. A todos ellos, vaya nuestro agradecimiento y reconocimiento.
2
La OTN se encuentra adscrita a la Vicepresidencia de la República y una de sus funciones es el registro de los CTU.
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tomar decisiones de manera independiente del Gobierno y/o de otra forma institucional u
organizativa como los partidos políticos, los sindicatos y otras organizaciones sociales.3
Partimos de la premisa de que ni la afinidad ideológica de los CTU con el proyecto político
promovido por el Gobierno, ni el que fuera tal proyecto el que les dio origen, necesariamente atentan contra su autonomía. El Gobierno puede relacionarse con estas organizaciones de múltiples formas: 1) promoviendo y salvaguardando las nuevas identidades; 2)
cooptándolas hacia objetivos políticos alejados de sus identidades estratégicas;4 3) unas
veces promoviendo las identidades colectivas y otras cooptándolas. Las organizaciones
sociales, por otro lado, también pueden responder de diferentes formas a cada tipo de
relación propuesta.
Dado que las subjetividades e identidades que estudiamos forman parte de un proceso en construcción, el análisis de los CTU como movimiento social y la definición de su
nivel de autonomía partirán de la evaluación de sus praxis y se circunscribirán a algunos
momentos coyunturales de este proceso donde hayan debido posicionarse políticamente
en defensa del liderazgo del presidente Chávez, por formar parte del proyecto y del tejido
social bolivariano. En estas situaciones, se analizará si los CTU se circunscribieron a la
promoción y defensa de los valores y principios que constituyen el núcleo su identidad
colectiva y si permanecieron al margen de la aguda polarización social y de las confrontaciones políticas que desde el año 2001 han marcado la relación entre el Estado y la sociedad civil organizada.
Segregación, exclusión y asistencialismo: política de vivienda de 1958 a 1999
Una de las características del patrón de urbanización en Venezuela ha sido la configuración de un espacio altamente segregado socialmente como consecuencia del modelo rentista petrolero, que generó fuertes desequilibrios sociales, económicos y territoriales. Más
del 50 por ciento de la población vive en los denominados asentamientos informales o
barrios pobres, sin acceso a la propiedad legal del suelo que ocupan y sin redes de articulación con la ciudad formal. Para 1990, según M. Negrón (1990), la población venezolana
de los sectores populares había construido con su esfuerzo entre un tercio y la mitad de las
ciudades en Venezuela.5
3
Katsiaficas (2007) define autonomía como la «toma de decisiones independientes de lideres centrales e implementadas de acuerdo a
su propia autodisciplina»; en este sentido, los procesos de decisión autónomos implican el ejercicio de la democracia directa. Dentro de
esta concepción de autonomía, las organizaciones sociales pueden coincidir con el proyecto sociopolítico de un Gobierno o un partido
político determinado, sin que por ello supediten sus objetivos, intereses o valores a estas instancias.
4
Se entiende por identidad «estratégica» el conjunto de valores, principios y demandas que no son negociables porque constituyen el
núcleo de tal identidad .
5
Se habla de ciudades porque los habitantes de estos sectores no solo han autoconstruido sus viviendas, sino que con frecuencia
también se han autodotado de servicios como el agua, la luz y las vías de acceso.
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Además de espacios segregados, los barrios pobres son espacios de exclusión, ya que
tienen las mayores deficiencias en cuanto a viviendas dignas, servicios básicos como el
agua, y equipamientos como escuelas y centros de salud. Sus habitantes tienen las tasas
más bajas de escolaridad y las más altas de desempleo, de morbilidad y mortalidad infantil
y de homicidios. En fin, son espacios de negación de los derechos humanos fundamentales
inscritos en la Constitución bolivariana de 1999.
Para algunos autores, el término exclusión no refleja suficientemente el modo en que
los barrios pobre y sus habitantes se relacionaron con la ciudad, y prefieren usar el término
«segregación», el cual expresa la relación subalterna entre la ciudad formal y estos habitantes:
El poblamiento de los barrios en los años cincuenta y sesenta fue resultado de la construcción de las grandes obras de infraestructura y las nuevas urbanizaciones residenciales que aparecieron en esa época, de los primeros intentos de desarrollo de una política
de sustitución de importaciones y del inicio de la democracia representativa. Los pobladores de los barrios fueron incluidos en cuanto servían como constructores de la ciudad, mano de obra barata y masa votante. Los barrios, como asentamientos baratos
que resultaron de las desigualdades en la distribución de la renta petrolera, permiten
una suerte de plusvalía para la ciudad: plusvalía urbana, plusvalía económica, plusvalía
política (Antillano, 2005:206).
En general, las políticas de vivienda del Estado se han caracterizado por una gran
desarticulación, hecho que propició altas demandas no satisfechas de vivienda y formas de
organización social que se tradujeron en un mercado informal de construcción y
comercialización de la ciudad. Desde el inicio de la democracia en 1958, e incluso durante
la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el Estado venezolano se adjudicó la responsabilidad
por la resolución o el mejoramiento de los barrios pobres y de la vivienda, como lo demuestran las urbanizaciones 23 de Enero, construida por el dictador Pérez Jiménez, y
Caricuao, construida durante la presidencia de Raúl Leoni. De hecho, muchas de las políticas de mejoramiento de barrios se centraban en la producción masiva de viviendas o el
financiamiento de desarrollos habitacionales aislados, hecho que obedece a los beneficios
de una economía petrolera en bonanza que permitía al Estado centralizar el tema de la
construcción inmobiliaria. Es así que el Estado venezolano adoptó un rol paternalista y
actuó como productor, gestor y financista, no solo de los planes y proyectos urbanos, sino
también de las viviendas de interés social (Baldó, 2002:349).
Dentro de esta orientación de las políticas públicas, durante el periodo 1958-1979 el
Estado tendió a minimizar la contribución que podían ofrecer el sector privado, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros actores comunitarios a la resolución del pro-
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blema de la vivienda que afectaba a un número cada vez mas elevado de la población.
Adicionalmente, la carencia o las deficiencias de un marco jurídico sobre participación
ciudadana que sustentara los programas de mejoramiento de barrios contribuyó al vacío
de la participación comunitaria en tales programas.
De 1958 a fines de los años setenta se conformaron instituciones dirigidas a resolver
la problemática de los barrios pobres como la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (Fundacomun)6 (1962) y el Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (Fondur)7 (1975), se crearon cooperativas de viviendas (1959-1976), se realizaron
producciones masivas de viviendas, urbanizaciones populares y equipamientos de barrios
(1969-1974) y se creó el subsidio habitacional. A pesar de estas iniciativas, la falta de
continuidad y su carácter aislado llevaron a la agudización del déficit de viviendas y al
deterioro progresivo de la calidad de vida de los pobladores de los barrios pobres.
La década de los noventa estuvo marcada por una profunda crisis económica, política y social debido a la incapacidad del Estado centralista de ofrecer soluciones a la problemática de los barrios pobres, que para entonces afectaba a mas del 50 por ciento de la
población que residía en las ciudades. (Rivas, 2004:219). De acuerdo con el Censo Nacional de Población de 2001, cerca del 90 por ciento de la población venezolana vive en
ciudades y más de la mitad de esa población urbana no ha podido acceder al mercado
formal de la vivienda y ha producido sus propias soluciones.
Durante la década de los noventa se concretó la descentralización política, la cual se
apoyó en el marco jurídico aprobado en 1989 y 1990. Como parte del proceso de descentralización se transfirieron competencias y poder del nivel central a los Gobiernos regionales, y se reglamentó la organización y participación comunitaria en el nivel local. Sin embargo,
la transferencia de poder en este nivel supuso más un traspaso de funciones y competencias que de los recursos económicos correspondientes; además, la participación comunitaria se limitó al ámbito informativo y consultivo. De tal modo, pudiera decirse que el proceso
descentralizador estuvo más dirigido a perfeccionar el modelo de democracia representativa y a hacer cambios «para que todo siguiera igual» que a incorporar instrumentos legales que dieran base a la profundización de la democracia (García-Guadilla, 2002).
A pesar de lo anterior, hubo algunos avances en materia de mejoras de los barrios
pobres, ya que en 1990 se creó el Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi) y se aprobó la
Ley de Política Habitacional, la cual fue modificada en 1993. En esta ley se institucionalizó
el Sistema Nacional de Asistencia Técnica (SNAT), que se convirtió en un «intermediario
6
El objetivo fundamental de esta institución es el financiamiento de los desarrollos habitacionales y de la infraestructura de servicios, así
como también la asistencia técnica a los Concejos Municipales.
7
Fondur se centró en un programa de adquisición de tierras.
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entre el Estado como agente facilitador y el sector comunitario», y se propició la conformación de las Organizaciones Comunitarias de Vivienda (Rivas, 2004:221). Algunos de
los aportes mas significativo de este período fueron el «Programa Nacional de Equipamientos
de Barrios»8 y el «Proyecto Cameba»,9 los cuales se centraron en el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes de los barrios pobres, estableciendo como prioridad
la incorporación de las comunidades en el proceso de habilitación de barrios (www.
fundacomun.gov.ve).
Ciudadanía, democracia participativa y derecho a la vivienda: 1999-2005
La ciudadanía es el estatuto de la persona que habita en la ciudad, donde se reconocen los
«derechos individuales y de expresión y construcción de identidades colectivas, de democracia participativa y de igualdad básica entre los habitantes» (Borja, 2003:22). Dada la
relación dialéctica que existe entre la ciudadanía y la ciudad, los valores vinculados a esta
última solo emergen cuando el estatuto de ciudadanía es «una realidad material y no solo
un reconocimiento formal» (ibíd., p. 22). Por tanto, la construcción de ciudadanía debe ser
entendida como un proceso o dinámica transformadora que permite convertir al ciudadano/a en un sujeto de derechos y deberes que puede incidir en el gobierno de la polis.
El reconocimiento formal del estatuto de ciudadanía, es decir, el reconocimiento de
los derechos individuales, entre los que se encuentran la vivienda y el derecho a participar,
fueron sancionados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV,
1999); su concreción en las políticas del Gobierno ha tenido distintas fases.
Con la llegada de Hugo Chávez Frías a la Presidencia de Venezuela en 1999, las
políticas públicas se reorientaron hacia los sectores más pobres, y bajo el lema de la inclusión de los excluidos se propusieron cambios estructurales en la concepción de los barrios
y en la forma de resolver los problemas que afectaban a la población pobre, incluyendo la
vivienda. Para lograr este objetivo, el presidente Chávez10 propuso la profundización del
modelo de la democracia participativa y la atención de «esos venezolanos excluidos» económica, social y espacialmente. Puesto que los habitantes de los barrios pobres están
doblemente excluidos (de forma material y simbólica11) del derecho a la ciudad y a la
8
Decreto 140 (20/04/1994), auspiciado por Fundacomun.
Adscrito a la Ley del Subsistema de Política Habitacional (10/1998) y enfocado en dos barrios: La Vega (UPF-10) y Petare Norte (UPF04). Las siglas UPF corresponden a Unidad de Planificación Física.
10
Se señala al presidente Chávez en vez del Gobierno porque la mayor parte de estas decisiones son de su única responsabilidad, ya que
en muchos casos se establecieron mediante decretos presidenciales.
11
Antillano (2005:206) señala lo siguiente : «A la negación material le acompaña la negación simbólica: los barrios no son representados en
las imágenes urbanas, son la ciudad fuera de la cartografía. No aparecen en los mapas, no son registrados en los catastros y censos, no se
cuentan en sus crónicas, no son considerados a la hora de inventariar su patrimonio. Los barrios no existen en la retórica de la ciudad, salvo
como peligro o anomalía… El barrio se define más por lo que carece que por lo que es, por su negación más que por su afirmación».
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ciudadanía, o de los derechos que según J. Borja (2003) debe ofrecer la ciudad, una de las
primera propuestas del presidente Chávez para la nueva Constitución fue la creación de
nuevas figuras participativas y la ampliación de los mecanismos de participación para incorporar a la población en la solución de sus problemas.12
Adicionalmente, dados los altos déficit acumulados de viviendas, la Comisión Nacional de Vivienda13 (Conavi), con base en el derecho a la vivienda sancionado en el artículo
82 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela,14 propuso una nueva
política nacional de vivienda orientada a saldar la deuda social adquirida con las personas
de bajos ingresos, quienes a pesar de haber autoconstruido gran parte de las ciudades
venezolanas por falta de ayuda del Gobierno, habitan en espacios que carecen de los
servicios básicos y de infraestructura más elementales debido al patrón de espontaneidad
con que fueron construidos.
El eje de acción de esta política se basa en un componente urbano y otro social. El
componente urbano está dirigido a la «atención habitacional a las familias» a través de la
dotación de obras que contribuyan a la transformación del hábitat y el mejoramiento de
sus estándares de vida, y el componente social tiene como objetivo promover nuevos
canales de «participación comunitaria activa» para la gestión colectiva de la ciudad, lo
que significa que las comunidades organizadas tienen un rol importante en la planificación y gestión urbana de las áreas de barrios, tal como lo señala la Constitución de 1999.
Luchas por la ciudadanía y la inclusión: el derecho a la vivienda
y al mejoramiento del hábitat
La intensificación de las luchas urbanas populares tiene su causa en la crisis de los años
ochenta y en las medidas de corte neoliberal que se tomaron para enfrentarla, incluyendo
políticas urbanas tales como la privatización de los servicios urbanos básicos, y en la falta
de una política integral dirigida a tales sectores (Arconada, 1999, 2005; Lacabana y Cariola,
2005; López Maya 1999). Por otro lado, la reivindicación del derecho constitucional a la
12
CBRV, art. 70: «Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, (…) en lo social y económico: las
instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero,
las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.
La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo».
13
Estudios de Conavi estiman que existe un déficit acumulado de 1.620.000 unidades habitacionales, en donde 1 millón ya existe y
requiere mejoras o remodelaciones, generando una necesidad neta de 620.000 unidades nuevas (Baldó, 2004:350).
14
CBRV, art. 82: «Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que
incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es
obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos. El Estado dará prioridad a las familias y
garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para
la construcción, adquisición o ampliación de viviendas».
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vivienda y de la propiedad de la tierra en la que se ubica no es novedosa ni se insertó en un
vacío organizativo, ya que los Gobiernos anteriores se lo habían planteado desde diferentes enfoques; además, un elevado porcentaje de la población afectada por problemas de
vivienda se movilizó en el pasado bajo formas organizativas diferentes para hacer oír sus
demandas, incluyendo aquella de regularización de la tenencia de la tierra.
Desde el punto de vista organizativo, uno de los antecedentes más importantes de
las formas organizativas de derechos fue la «Asamblea de Barrios» de Caracas, fundada
en 1991 en respuesta a la propuesta de la Mesa de Pobladores del Primer Encuentro
Internacional de Rehabilitación de Barrios, y que duró hasta 1993. Tales Asambleas reunieron a más de dos centenas de líderes de los barrios de Caracas e hicieron un aporte
significativo a la definición de un programa de luchas de los barrios de esta ciudad. Según
A. Antillano (2005:207), quien fue uno de los fundadores:
El planteamiento de regularización de la tenencia de la tierra ocupada por los pobladores de las comunidades populares, las discusiones sobre rehabilitación física de barrios,
las propuestas de cogestión del servicio de agua de la ciudad, la demanda de
autogobierno local, contribuyeron, entre otros, a enunciar y forjar el itinerario de lucha
de los barrios caraqueños.
Es así que la Asamblea de Barrios, representó un «espacio en el que se reconocieron
y se les intentó dar articulación política a las demandas anteriores, pues hasta entonces
tales demandas eran descalificadas como ‘reformistas´ por los activistas» (ibíd., p. 208).
La dinámica participativa y el enfoque de derechos inserto en la Constitución de
1999 propiciaron nuevos modelos de organización comunitaria para reclamar tales derechos. En la actualidad, la organización social popular está siendo auspiciada desde el
Gobierno y bajo el amparo de la Constitución y del modelo político que incentiva la participación en la solución de las demandas de los sectores pobres. El Gobierno ha orientado
recursos técnicos y cuantiosos recursos económicos provenientes de la bonanza petrolera
a las organizaciones populares, que constituyen, supuestamente, su base de apoyo político. Estos factores explican la explosión de formas organizativas promovidas por el Gobierno y entre las que se encuentran los «Círculos Bolivarianos» y los Comités de Tierra Urbana,
entre muchas otras figuras organizativas.
Sin embargo, a diferencia de los procesos de organización desde la base que representaron las Asambleas de Barrios descritas anteriormente y que les permitió mantener la
autonomía frente al Estado y los partidos políticos, las nuevas formas organizativas propuestas, derivadas de la concepción de democracia participativa y protagónica de la Constitución de 1999, están siendo promovidas desde arriba, es decir, desde la Presidencia de
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la República;15 tal es el caso de los Comités de Tierra Urbana que surgieron por decreto
presidencial.
Los Comités de Tierra Urbana: marco legal y praxis
A pesar de los elementos comunes que comparten los Comités de Tierra Urbana, tales
como su identificación con la comunidad organizada y la demanda de regularización de la
tenencia de la tierra donde se encuentran las viviendas, existe gran heterogeneidad en las
prácticas que desarrollan estos actores. De hecho, los CTU son altamente heterogéneos en
términos de la tradición jurídica de la tierra,16 de los actores económicos, sociales y políticos con los cuales interactúan y establecen alianzas y articulaciones, de la tradición de
lucha de sus miembros, de la etapa en el proceso de regularización en la que se encuentran e incluso de las estrategias que utilizan para lograr sus objetivos.17
Dadas estas diferencias, la evaluación sobre si los CTU tienen un potencial transformador como movimientos sociales y, por ende, la capacidad para construir nuevas subjetividades y proyectos de sociedad autónomos o si, por el contrario, pueden ser cooptados y
reorientados hacia objetivos políticos electorales o hacia prácticas neoclientelares,18 pasa
por la comprensión y comparación de sus dos caras o dimensiones: la legal-institucional y
la de la praxis
Bases legales e institucionales de los CTU: el Decreto 1.666
a. Origen y objetivos de los CTU
El texto constitucional y el ordenamiento jurídico vigente desde 1999 pretendieron canalizar las demandas de mayor participación ciudadana que surgieron a partir de las críticas
15
Una de las primeras figuras para promover la «participación comunitaria surgidas dentro del gobierno del presidente Chávez, quien
desde su campaña electoral por la Presidencia en 1998 se declaró a favor de la organización popular, fueron los Círculos Bolivarianos
(CB) los cuales se crearon mediante decreto presidencial y se fundamentaban, según el presidente Chávez, en el Art. 52 de la CBRV. Los
mismos fueron adscritos al Ministerio de Secretaria de la República y uno de sus objetivos era: la organización popular para lograr el
bienestar de la comunidad: (…) salud y vivienda» (http://derechos.org.ve/publicaciones). Sin embargo, los CB nacieron estrechamente
vinculados con la ideología bolivariana y con el partido del Presidente, el Movimiento V República (MVR). Esta asociación política así
como el perfil político de sus integrantes redujeron considerablemente la diversidad de sectores participantes, desactivándolos de los
objetivos originales y facilitando su cooptación política (El Nacional,11/06/01, www.el-nacional.com; García-Guadilla, 2003).
16
La tierra que ocupan puede pertenecer al Estado o a un particular. En el caso de la propiedad publica de la tierra, esta puede
pertenecer a la alcaldía o al Gobierno del nivel central. Por otro lado, las alcaldías pueden facilitar o dificultar el proceso de regularización
de la tenencia de la tierra según estén a favor o en contra del mismo.
17
El proceso de regularización de la tenencia de la tierra se inicia con la conformación del CTU y el levantamiento de la información
requerida por el ente rector (OTN), entre la que se encuentra el censo del barrio, el levantamiento catastral y la Carta de Barrio, entre
otros, y culmina con la adjudicación de la titularidad de la tierra.
18
Utilizamos el término« neoclientelar» para diferenciar la búsqueda de prebendas o privilegios por parte de las organizaciones sociales
en su relación con el Estado de los comportamientos más tradicionales que han existido en América Latina en la relación entre personas
o individuos y los partidos políticos, incluyendo el partido del Gobierno (García-Guadilla, 2002), en el sentido de reproducir las viejas
relaciones con las instancias de poder para recibir privilegios y respuestas puntuales a sus reivindicaciones.
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a la democracia representativa.19 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
reconoce no sólo la obligación del Estado venezolano de garantizar el derecho de toda
persona a una vivienda adecuada, sino el derecho de todos los ciudadanos a participar a
través de distintos medios en los asuntos públicos y en la formación, ejecución y control de
la gestión pública (CRBV, arts. 6, 62 y 70). A ello respondió la promulgación del Decreto
Presidencial No 1666 de fecha 4 de febrero de 2002, mediante el cual se inició el Proceso
de Regularización de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares.20
Es importante destacar que el Artículo 82 del texto constitucional reconoce el derecho a una vivienda adecuada como parte del Capitulo V «De los Derechos Sociales y de las
Familias», y recoge los elementos de este derecho definidos por el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Cdesc) en su Observación General No 4 en 1991. Son
siete los aspectos considerados: seguridad jurídica de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; gastos soportables; habitabilidad; accesibilidad; lugar, y adecuación cultural.
El objeto del Decreto 1.666 fue el de iniciar el proceso de regularización de la tenencia de la tierra en barrios y urbanizaciones populares urbanas del país, y someter a consulta pública el anteproyecto de ley que regiría la materia,21 y los CTU fueron la forma de
organización adoptada para este fin. El Artículo 1 del mencionado decreto «tiene por
objeto dar inicio a la participación protagónica de las comunidades organizadas, con el fin
de lograr regularizar la tenencia de las tierras urbanas en urbanizaciones populares, a
través de una debida coordinación interinstitucional». El numeral primero del Artículo 3
contempla la «conformación de los Comités de Tierra Urbana, para iniciar el proceso de
regularización de la tenencia de la tierra».
De acuerdo con lo establecido en el mismo decreto, la Oficina Técnica Nacional (OTN),
instancia adscrita a la Vicepresidencia de la República, tiene entre sus funciones estimular
la participación ciudadana mediante la conformación de los Comités de Tierra Urbana,
realizar la inscripción y registro de información que fuesen necesarios sobre los CTU, adelantar procedimientos de coordinación interinstitucional y social necesarios para la regu-
19
Algunas de las criticas a la democracia representativa han sido el cuestionamiento de la capacidad de los partidos políticos para
mediar entre el Estado y los ciudadanos (García-Guadilla 2003, 2005; Ellner y Hellinger, 2003; López Maya, 2005), y la desconfianza
ante la idea misma de delegación de poder, que ha conducido a la delegación de la voluntad y a abusos de poder (Restrepo, 2000).
20
El 31 de enero de 2002, el Partido Primero Justicia presentó a la Asamblea Nacional el «Proyecto de Ley de regularización de las
propiedad de la tierra urbana y urbanización de los barrios populares», el cual tenia semejanzas y también diferencias con el Decreto
1666, presentado un poco después por el presidente Chávez (Provea, 2002).
21
Se han producido tres proyectos de ley: el primero, de Primero Justicia, titulado «Ley de regularización de la propiedad de la tierra
urbana y urbanización de los barrios populares», entrado en cuenta de la Asamblea Nacional el 30 de abril de 2002 (aprobado en
primera discusión); el segundo propuesto por los diputados de la bancada oficialista de la Asamblea Nacional Nicolás Maduro, Carlos
Khan, Ángel Rodríguez y Luis Franceschi, titulado «Ley de regularización de la tenencia de la tierra en los asentamientos populares»,
entrado en cuenta el 21 de mayo de 2002; y el tercero introducido por los propios Comités de Tierra Urbana en noviembre de 2005.
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larización de la tenencia de la tierra, acoplar y estudiar la información sobre la situación de
la propiedad y tenencia de la tierra en barrios y urbanizaciones populares, así como llevar
a cabo el proceso de consulta pública del anteproyecto de Ley de Regularización de la
Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Populares.22
Este proceso de regularización de la tenencia de la tierra urbana está asociado a la
legislación que regula la tenencia tanto de los terrenos públicos como de las tierras de
propiedad privada. Si bien el Decreto 1666 abrió la posibilidad de iniciar el proceso de
regulación de la tierra de los asentamientos populares ubicados en terrenos propiedad del
Estado, las negociaciones hechas sobre tierras privadas se rigen por el Código Civil y para
participar en el proceso de regulación de la tenencia de la tierra requieren de la promulgación
de una ley especial. Estos límites legales hacen complejo el proceso de regularización,
puesto que para solventar las dificultades que encierran el estatus legal de las tierras se
requiere de la intervención de múltiples actores, así como también de alianzas e interrelaciones entre ellos. Por otro lado, es importante mencionar que además de que la situación jurídica de la tierra puede variar de un municipio a otro, las opciones para superar las
dificultades jurídicas también varían entre ellos de acuerdo con las ordenanzas que hayan
aprobado para regular los procesos.23
En agosto de 2004, el Presidente de la República anunció la creación de la Misión
Vivienda, y en noviembre de ese año los CTU presentaron su propuesta a esta nueva
Misión social del Gobierno. Dicha propuesta fue producto de un debate nacional que también sirvió para fortalecer los espacios de articulación de los CTU con las parroquias, los
municipios, las regiones y el país en general. El elemento fundamental de esta propuesta
fue la comprensión del proceso de regularización de la tenencia de la tierra como un
proceso integral que implica la regularización jurídica, urbanística y física. La regularización jurídica implica la propiedad de la tierra. La regularización urbanística está referida al
establecimiento por consenso de normas de convivencia que respetan las particularidades,
la idiosincrasia de cada comunidad y cada barrio «… sin que ello signifique dejar de tomar
en cuenta su relación con el resto de la ciudad, apuntando a un proceso constituyente
y al auto-gobierno comunitario. El instrumento fundamental de este proceso es la Carta
del Barrio».
En síntesis, el marco legal existente está orientado a desmantelar las dinámicas de
segregación espacial que sufre más de la mitad de la población urbana venezolana, a
22
Artículo 3, Decreto 1.666.
Un ejemplo es el caso del municipio Baruta. Se trata de un municipio cuyo gobierno local es de la oposición política, y las ordenanzas que
regulan los procesos de transferencia de la tierra no coinciden con las propuestas del Decreto Presidencial. Ello ha planteado un conflictos de
competencias y de formas de ejercer la democracia dentro de figuras descentralizadas políticamente como lo son los municipios.
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ampliar las demandas de una sociedad mas democrática y equitativa, y a satisfacer las
demandas de inclusión, de democratización y de equidad.
b. Estructura y funcionamiento
La lectura legal institucional de los CTU lleva a la conclusión de que formalmente deben
ser democráticos en su estructura y funcionamiento. De acuerdo con los estatutos, los CTU
son espacios privilegiados de la democracia participativa ya que las decisiones importantes, incluyendo su propia constitución, deben tomarse en asambleas de ciudadanos. La
Oficina Técnica del municipio Caroní (2004) los define como: «Modelos de organización
horizontales y autónomos que tiene como objetivo realizar todas las actividades para lograr la adquisición de título de tierra de un sector o comunidad y buscar soluciones a
problemas de tipo urbano» (s/p).
Cada CTU trabaja con el propósito de lograr la regularización de la tenencia de la
tierra, así como en los procesos de toma de decisiones sobre el mejoramiento integral del
barrio o urbanización popular. Según las directrices de la Oficina Técnica de los CTU, el
ámbito de acción espacial no debe ser mayor de doscientas familias, su estructura debe ser
democrática y sus integrantes deben ser elegidos a través de elecciones en asambleas de
ciudadanos y ciudadanas llevadas a cabo en los sectores populares. Los CTU pueden definir la estructura de comisiones tales como: la de censo, catastro, Carta del Barrio, propaganda, recursos, acción comunitaria, relaciones institucionales u otras que considere
conveniente formar para su efectivo funcionamiento. Esta estructura debe funcionar de
forma horizontal y flexible, rindiendo cuenta de sus actividades a la respectiva Oficina
Técnica Nacional. Por otro lado, el proceso de toma de decisiones y el cronograma de
actividades debe ser discutido y aprobado en asamblea de ciudadanos y ciudadanas; las
asambleas deben realizarse periódicamente y su convocatoria debe ser divulgada con cinco días de anticipación a través de los medios de comunicación que disponga la comunidad (Giuffrida y otros, 2005:62-63).
Para cumplir con las funciones establecidas en el decreto, los CTU se organizan en las
comisiones que consideran necesarias.24 Según el decreto, sus funciones son fomentar la
discusión y formulación de observaciones y propuestas al anteproyecto de ley; recopilar
información o inventariar las viviendas en los barrios; levantar planos provisionales que
permitan identificar los limites geográficos de la comunidad e identificar el ordenamiento
urbanístico espontáneo e histórico de los barrios, el parcelamiento y sus usos; hacer lista-
24
Es importante mencionar que aún cuando los CTU nacen como forma de organización de las comunidades para iniciar el proceso de
la regularización de la tenencia de la tierra urbana, generalmente sus miembros tienen experiencia de participación en otras formas de
organización vinculadas al tema de la vivienda; por ejemplo, Asamblea de Barrios, juntas pro mejoras, asociaciones civiles, entre otras.
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dos de los miembros de la comunidad a los fines de elaborar colectivamente un documento de reconocimiento del barrio; y participar en el diseño, ejecución y seguimiento de las
políticas publicas para la rehabilitación integral de los barrios.
Para constituir los CTU se delimita, en primer lugar, el espacio geográfico o el territorio conocido como «la poligonal», la cual se define a partir de los usos, costumbres, historia y tradición de esa comunidad y no a partir de criterios técnicos. Puesto que los CTU son
el grupo social que tiene en su haber el conocimiento de su comunidad, pueden validar las
informaciones levantadas sobre esta y ejercer la contraloría social sobre el proceso de
regularización de la tierra. Además, el conocimiento que tienen los miembros del CTU de
su poligonal es fundamental para el levantamiento de información requerido para completar el proceso de regularización de la tenencia de la tierra. Esta referencia a un espacio
territorial concreto permite ordenar la participación ciudadana en torno al proceso de
regularización de la tenencia de la tierra y las actividades asociadas a cada poligonal.
Además, estas reivindicaciones asociadas al territorio hacen que el espacio se convierta en
uno de los elementos que proporciona identidad a la pluralidad de habitantes.
Dentro de esa poligonal se conforma un CTU por cada doscientas familias, lo que
define el ámbito de trabajo de los CTU como el espacio geográfico que contiene a las
doscientas familias correspondientes, pudiendo cooperar o coordinar esfuerzos con otros
CTU, sectores y subsectores, barrios o urbanizaciones populares. La legitimidad de los CTU
viene dada por su conformación en asamblea de ciudadanos con la participación del 50
por ciento de las familias que forman la poligonal respectiva.
Adicionalmente a la identidad territorial, la «Carta del Barrio» que debe elaborar el
CTU expresa la identidad sociocultural de los CTU, pues en ella se recoge la historia del
barrio desde su fundación y la de la comunidad que allí se estableció, su idiosincrasia y
tradiciones, así como las normas de convivencia acordadas colectivamente por esa comunidad. El valor político de la Carta del Barrio radica en que, además de dotarlos de una
identidad común, el acuerdo que establece la comunidad en torno a estas normas mínimas
de convivencia compromete a todos los miembros en un proyecto colectivo.25
25
Un ejemplo es el caso del barrio León Droz Blanco de Caracas, ubicado en las cercanías de la Universidad Central de Venezuela sobre
terrenos codiciados por la compañía Metro de Caracas. Frente al hecho de haber enfrentado varias amenazas de desalojo, esta comunidad
decidió optar por la titularidad colectiva de la tierra. Las formas de transferencia y venta de las bienhechurías en el marco de la
propiedad colectiva de la tierra, así como su lucha contra los desalojos, quedaron establecidas en la Carta del Barrio de esta comunidad.
«Sin contar con leyes que regularan la materia, ni con precedentes jurídicos, los vecinos construyeron una fórmula en que, si bien cada
familia puede disponer de su inmueble y del suelo que ocupa, la propiedad de éste es de una asociación constituida por la totalidad de
las familias del barrio, que entre otras cosas se encargan de regular el uso del espacio (común y familiar), autorizar las ventas o
arrendamientos, establecer y velar por las normas de convivencia, decidir sobre litigios y sobre acciones de incumbencia colectiva, etc.»
(Antillano 2005:214).
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Praxis y dimensión política de los CTU: identidades de clase y derecho a la ciudad
En la actualidad, las demandas de regularización de la tenencia de la tierra y de una
vivienda digna o adecuada expresan el reclamo de los sectores populares del derecho a
«vivir en la ciudad». Es así que la lucha por la tierra no es tan sólo una demanda de
carácter reivindicativo, sino de un derecho, lo que la transforma en una demanda política.26 A su vez, este contenido político guarda relación con el hecho de que los sectores
populares son y se consideran «los excluidos de la ciudad»27 y, por tanto, construyen su
identidad alrededor del derecho a la ciudadanía. Dado que el estatuto de ciudadanía fue
plasmado en la CRBV, sus demandas se dirigen a hacer realidad los preceptos constitucionales. Sin embargo, estas demandas van mas allá de la inclusión en la ciudad, pues reivindican la diversidad cultural y el derecho a ser reconocidos y a construir la ciudad
colectivamente dentro de una visión plural donde todos quepan; es decir, reivindican el
derecho al «hábitat» y al «habitar» bajo nuevas formas o modelos de ciudad que requieren de una construcción colectiva y plural (Antillano, 2005).
En las luchas de los CTU se expresa también una identidad de clase, pues es justamente en su condición de clase excluida donde reside el elemento identitario del sujeto
popular denominado CTU, que al haber sido excluido de la ciudad formal ha tenido que
construir su propio hábitat.28 La lucha por la tierra no es tan sólo una demanda de carácter
reivindicativo, sino que expresa el reclamo del derecho a vivir en la ciudad y encierra un
contenido político.
Por tanto, el análisis sociopolítico de los CTU debe contemplar el estudio de los
actores o sectores populares que a través del conflicto por la tierra expresan la lucha
contra la exclusión social, política y económica; es decir, la lucha por dejar de ser invisibles
y por participar en el juego político o procesos de toma de decisiones. También debe tomar
en cuenta las conexiones entre las demandas «aparentemente» de carácter reivindicativo
y el análisis político de los conflictos en los que participan, pues estos expresan una «objetividad subjetiva», una acción con sentido ligada a la historicidad. Los Comités de Tierra
Urbana encuentran en su horizonte la dominación y la explotación que dan forma a las
posiciones de los agentes como clases populares (Múnera, 1989). De este modo, el reclamo del derecho a una vivienda digna (que encierra el derecho a la propiedad de la tierra)
26
La concepción de la vivienda como un «derecho básico» no fue incorporada en el pasado ni por los Gobiernos formalmente democráticos
ni en los proyectos de los partidos políticos que precedieron al presidente Chávez.
27
Si bien los barrios pobres se encuentran segregados, no se trata propiamente de que sus habitantes hayan sido excluidos como parte
de las políticas del Estado, sino de que al insertarse en la ciudad de una manera subalterna (Antillano, 2005) se producen las dos
ciudades: la informal o autoconstruida por los pobladores y la formal.
28
Desde los años cincuenta hasta comienzos de este siglo, la denominación de «marginales» dada por la teorías que intentaban explicar
la pobreza, y dentro de los programas diseñados para enfrentarla, para referirse a estos sectores, a pesar de que constituyen más de la
mitad de la población, conlleva un enfoque integracionista y no plural.
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pasa por la participación en los procesos de diseño de políticas y de planificación de la
ciudad. Es decir, la lucha por una vivienda digna se transforma en la lucha por el ejercicio
de un derecho político como lo es el derecho a la participación y, en ultima instancia, el
derecho a incidir en los asuntos de la polis.29
Cabe destacar que este tipo de participación pretende rescatar la forma de vida
propia de los sectores populares, lo que significa que:
… distinto a la premisa según la cual nuestros barrios deben ser urbanizados, y no
cuentan con ordenación urbanística, se reconoce que expresan un esquema básico y
primario de ordenación del espacio y de urbanismo, así como una idiosincrasia propia,
que deben ser respetados y considerados, e incluso deben ser el punto de partida en
toda intervención urbanística (Asamblea Metropolitana de los CTU de Caracas, 2004:8).
Los CTU reivindican el barrio como una forma legitima de vida social y de ocupación
del espacio. La regularización integral que proponen cuestiona el modelo de consolidación
de barrios, puesto que sus intervenciones son parciales, no responden a diagnósticos integrales y la participación de las comunidades depende de las instituciones. También se
cuestiona el modelo de habilitación física de barrios (política contemplada en la Ley del
Subsistema de Vivienda y Política Habitacional de 2000), pues conforme a la Propuesta de
los CTU a la Misión Vivienda, este:
hace énfasis en los aspectos financieros y privilegia los aspectos constructivos sobre las
otras dimensiones propia de la vida y necesidades de los barrios, no reconoce el acerbo
e identidad de los asentamientos urbanos populares, imponiendo una visión tecnocrática
y ajena al barrio, favorece la intermediación administrativa, política y técnica, relegando
en la practica las comunidades a convalidar las decisiones de otros… (Asamblea Metropolitana de los CTU de Caracas, 2004:7).30
A través de la reivindicación cultural del modo de vida del barrio, los CTU, junto con
otros sectores populares, abogan por una democracia de la diferencia o de la igualdad
29
«Luchas que antes parecían reducirse a la esfera meramente reivindicativa (tradicionalmente vista con desprecio por los activistas
políticos) ahora adoptan prontamente contenidos y modos de expresión políticos. La lucha por el agua se ha convertido en lucha por
cómo se distribuyen los servicios y cuál es el papel del Estado en su prestación, las peleas salariales devienen en movilizaciones por el
trabajo y contra el modelo económico, etc. (…) En el caso de los Comités de Tierra, sus objetivos se inscriben en lo que en sus propios
debates han llamado la ´regularización integral‘ de los barrios, lo que podría definir un programa por la democratización de la ciudad y
contra la segregación urbana» (Antillano, 2005:212).
30
Los programas definidos en la Propuesta de los CTU a la Misión Vivienda son tres: democratización del suelo; transformación integral
de barrios, y urbanizaciones populares y nuevos asentamientos. Este último programa propone la creación de nuevos asentamientos
populares cuyo modelo sea la creación y formación de los barrios con viviendas progresivas e integrales.
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compleja; es decir, por la «… igualdad de oportunidades para afirmar la diferencia y protegerse contra mecanismos de exclusión social y discriminación cultural» (Hopenhayn,
2000:116) independientemente de las causas de tal exclusión.
Construcción de ciudadanía y autonomía: límites y alcance
Los Comités de Tierra Urbana se proponen incidir en la legislación, en políticas públicas en
materia de vivienda y hábitat; en suma, en los espacios de decisión y por tanto de poder.31
Ello es una expresión del carácter antagónico de sus demandas: la lucha por la tierra y por
una vivienda adecuada expresa la resistencia al discurso dominante sobre ambos temas,
así como la posición de los habitantes de los barrios pobres respecto a la ciudad y la
relación de subordinación que mantienen con ella.
Pero los CTU no sólo participan en el juego político por esta vía, ya que se relacionan
con las instituciones del Estado en el marco de una gestión de gobierno que reconoce el
derecho a la vivienda digna y a la propiedad de la tierra, al tiempo que estimula la participación ciudadana de los sectores populares. Si bien pudiera pensarse que esta relación
atenta contra su autonomía organizacional, el tratamiento de las necesidades históricas
de los sectores populares desde una perspectiva de derechos permite explorar la participación popular como un ejercicio de construcción de ciudadanía.
Es preciso destacar que la perspectiva de derechos no descarta la existencia de algún
tipo de vinculación con el Estado y de participación de los ciudadanos, ya que tal relación
no contradice el rol del Estado como garante de los derechos, sino que reconoce la responsabilidad de este y de la sociedad en la gestión de las políticas sobre derechos humanos en
general, y sobre el derecho a la vivienda en particular.32 Concebida así la participación, los
CTU demandan además del derecho a una vivienda adecuada, ser corresponsables con el
Estado en la gestión de esta política y no meros beneficiarios de un programa. Por esta
razón, los CTU no se definen como autónomos por el simple hecho de ser «no guberna-
31
Esta incidencia significa, por ejemplo, materializar la corresponsabilidad en la definición de las políticas de gobierno haciendo que
este incorpore las prioridades de los CTU y adopte la propuesta de transformación integral como una política coherente de Estado que
transcienda las políticas «viviendistas» de los Gobiernos anteriores.
32
En este sentido considérese la tipología de los niveles de participación en las relaciones con el Estado desarrollada por Guillén (2002):
«Niveles de participación en las relaciones con el Estado: Denuncia e información: se refiere a aquellas organizaciones que utilizan los
mecanismos del gobierno diseñados para la canalización de denuncias como el Poder Judicial o el Poder Ciudadano. También elaboran
informes sobre temas específicos que hacen llegar a la opinión pública y a las autoridades responsables. Elaboración de propuestas: son
organizaciones que diseñan propuestas de políticas públicas para dar solución a problemas sociales y políticos y se presentan a las
autoridades correspondientes. Negociación para la toma de decisiones: son organizaciones que además de elaborar propuestas realizan
actividades de presión al Estado para participar en la toma de decisiones. Implementación: se trata de organizaciones que se encargan
de ejecutar programas de políticas públicas en beneficio de la sociedad. Evaluación y seguimiento: son organizaciones que se encargan
de definir indicadores de ejecución, hacer monitoreo del desarrollo de las políticas públicas y plantear evaluaciones. Mixtas: puede
combinarse cualquiera de las anteriores, especificar cuáles».
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mentales», a diferencia de la definición que de sí mismas hacen las organizaciones de la
sociedad civil de la oposición.
Los CTU se consideran autónomos por sus demandas y visiones alternativas de sociedad más que por la relación que mantienen con el Estado. Demandan la valoración de la
titularidad de la tenencia de la tierra que está asociada a la protección de los individuos y
de las comunidades contra el desalojo, y no tan sólo al valor mercantil de la misma; también demandan el derecho a su cultura y modo de vida y la democratización del suelo, que
consideran «un requisito fundamental no sólo para hacer viable una política de vivienda
de alcance masivo, sino que es un instrumento esencial para lograr el equilibrio territorial»
(Asamblea Metropolitana de los CTU de Caracas, 2004:7).
Si bien los Comités de Tierra Urbana son y se definen como autónomos a partir de su
participación e impacto en las políticas del Estado y de la posibilidad de plasmar su proyecto
de sociedad alternativo en dichas políticas, la construcción de estas nuevas subjetividades
incorpora nuevas y viejas formas de autonomía que se expresan en el uso de estrategias
múltiples que producen, a su vez, tensiones y contradicciones coyunturales. Los estudios
realizados en dos municipios del Área Metropolitana de Caracas (Baruta y Sucre) y en el
municipio Caroní de Ciudad Guayana indican que no siempre las decisiones de los CTU se
toman de forma autogestionada: el organigrama de relaciones informales mostró que en
algunos casos los CTU dependían en su estructura jerárquica de los Círculos Bolivarianos o
de otras instancias como las Misiones, y que en situaciones coyunturales tales como las
elecciones políticas de nivel estadal, local o nacional se activaban mecanismos de presión
por parte de los partidos políticos en el Gobierno o de las instancias jerárquicas, para que
estas organizaciones activaran sus redes a favor de los candidatos del Gobierno.
Puesto que los movimientos sociales se definen por sus praxis cotidianas alrededor
de las demandas estratégicas que se vinculan con el núcleo de sus identidades, el abandono temporal del espacio de los CTU y su movilización como parte de otra instancia
organizativa política no necesariamente implica que estos dejen de ser autónomos, sino
que se desactivan coyuntural y temporalmente como CTU frente a las visiones contradictorias de sus miembros.
En el interior de las organizaciones sociales que han surgido al amparo del proyecto
sociopolítico del presidente Chávez se enfrentan visiones distintas acerca de cuál debe ser
la estrategia más adecuada en momentos en que se ve amenazado el proyecto sociopolítico
en el cual se inscriben: ¿mantenerse alejados de la lucha política o incorporarse a ella?
Ambas visiones y estrategias se observan entre los CTU de manera secuencial y sin solaparse:
ante la amenaza a la continuidad del proyecto que les dio origen, la figura del CTU tiende
a desdibujarse y a dar paso a otra figura o instancia que se moviliza como parte de la
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maquinaria política; no obstante, pasada la amenaza, se regresa a los espacios originarios
de los CTU y a la defensa de las identidades que fueron construidas colectivamente.
Tal como se ha señalado, las relaciones de los CTU con las otras organizaciones
sociales que existen en los sectores populares, con las cuales deben interactuar para incidir
en la transformación urbana, deben ser horizontales y de apoyo. Es decir, cada organización debe definir sus atribuciones y desarrollar un trabajo en paralelo a fin de lograr el
objetivo primordial, que es el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de los
barrios. Sin embargo, no siempre es así, ya que la necesidad del «chavismo» de contar con
una base social y organizativa que sirva de sustento al presidente Chávez ha llevado frecuentemente a los partidos a intervenir políticamente los CTU en busca de clientela política para movilizarla electoralmente en apoyo al Presidente. La estructura organizativa política
pro Chávez del Movimiento V República (MVR) ha tendido a penetrar a los CTU en busca
de adeptos que pudieran movilizarse políticamente en la misma forma que lo hicieron en
el pasado los partidos políticos Acción Democrática (AD), el socialcristiano Copei, el Movimiento al Socialismo (MAS) o La Causa R con las figuras de participación comunitaria.33
Un ejemplo de ello fue la movilización de los CTU a instancias del MVR en las Unidades de Batalla Electoral (UBE) para promover el «No» en el referéndum revocatorio contra
el presidente Chávez de agosto de 2004 que fuera propulsado por la oposición política.34
De la misma forma, los CTU junto con otras formas organizativas sociales pro Chávez
existentes en los sectores populares fueron movilizados políticamente en las ultimas elecciones para elegir gobernadores, alcaldes y concejales.35
El presidente Chávez reconoció la relevancia de estas y otras organizaciones similares al pedir desempolvar las UBE,36 que fueron utilizadas en el referéndum revocatorio, y
articular todos los componentes populares: «debemos trabajar con las Unidades de Batalla Electoral (UBE) o crear una figura nueva, pero necesitamos una instancia articuladora
que integre a los comités de salud, los comités de tierra urbana, los comités campesinos…
los comités de vivienda….» (Aporrea, 15.08.2005). Si bien de acuerdo con William Izarra
(www.Venezuela-alemania.com/cfi8.html) las UBE «facilitan la convergencia de todas las
33
El discurso del presidente Chávez basado en el pueblo, el soberano y la participación comunitaria, y el hecho de que el partido MVR
fuera creado como plataforma electoral de apoyo al Presidente, pero que este último se apoye más en el pueblo que en el partido, han
llevado a movilizar los CTU y otras figuras organizativas políticamente, tal como lo demuestran la mayoría de los casos estudiados.
34
Debe destacarse que lo mismo ocurrió con las organizaciones sociales de la oposición, las cuales no solo se articularon alrededor del
«Sí» en el referéndum revocatorio sino que fueron sus promotoras.
35
En el caso de las organizaciones sociales de la oposición que estaban contra Chávez y los candidatos chavistas, no existieron lineamientos
claros, dejándose la opción a cada individuo, con el resultado de que unos apoyaron a los partidos políticos de oposición y otros
decidieron abstenerse.
36
Para la fecha de esta cita, las UBE eran consideradas las estructuras orgánicas de la nueva fase del proceso o el instrumento popular
para materializar el poder popular.
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instancia populares que tienen responsabilidad social», las mismas «… se deben exclusivamente al proceso y a las instrucciones que emita su líder».
Los intentos del MVR y sus brazos políticos, como el Comando Maisanta, para penetrar las organizaciones sociales de base, entre las que se encuentran los CTU, contribuyeron a desmovilizar temporalmente a tales organizaciones en lo que se refiere a sus
identidades primarias. Por ejemplo, en el frustrado golpe de Estado de abril de 2002 y a lo
largo de la huelga petrolera de diciembre 2002 a febrero 2003, las estrategias políticas de
red que se generaron desde la estructura vertical del MVR lograron penetrar el tejido
organizativo social de los CTU,37 trayendo como consecuencia el desdibujamiento, aunque
fuera temporal, de sus objetivos originales e identidad.
De esta manera, los CTU han tendido a integrarse a una red política sumergida e
invisible a favor de Chávez, que aflora o se visibiliza en momentos de crisis o en momentos
electorales cuando está en juego el poder político. Cuando los CTU se movilizan como
parte de esta red que busca la continuidad del poder, abandonan sus espacios organizativos
y se mimetizan temporalmente con las UBE, los Círculos Bolivarianos, el MVR u otra instancia política. Sin embargo, una vez que los procesos electorales concluyen y la crisis
política se desactiva, los CTU regresan a sus espacios organizativos más permanentes y a
sus identidades primarias; es decir, a la defensa de los derechos constitucionales al hábitat,
a la ciudad y a la ciudadanía, y se comportan como un movimiento social con autonomía.38
Para comprender cómo se articulan los CTU es necesario analizar el ámbito donde se
dan las relaciones (nacional, regional o local) y el tipo de relación (con las instituciones del
Estado, con otras organizaciones sociales y políticas o entre sí). Además de la relación
formal con la Vicepresidencia de la República a la cual están adscritos, y más recientemente con el Ministerio del Hábitat, los análisis de los CTU de Caracas y Ciudad Guayana
indican que algunos de estos se vinculan informalmente con las Misiones que han sido
promovidas por el Gobierno, con el partido MVR y con los Círculos Bolivarianos (Contreras,
2005, 2006; Giufrida, 2005).
Un factor a destacar es el hecho de que debido a la gran multiplicidad de figuras
organizativas que existen en los sectores populares, es común que los coordinadores y
miembros de los CTU sean miembros de múltiples organizaciones, ya que por lo general
los integrantes de estos comités tienen una historia de participación organizacional más
rica. Si bien la membresía simultánea en otras organizaciones sociales per se no reviste
37
También penetraron las otras formas organizativas, como los Comités de Salud o las organizaciones de mujeres, entre otras.
La recurrente desmovilización temporal a favor de objetivos políticos pudiera convertirse en permanente si se abandona el espacio
organizativo propio de los CTU. La penetración por parte de organizaciones o partidos políticos, llámense Comando Maisanta, Círculos
Bolivarianos o Unidades de Batalla Electoral, pudieran llevar a redefinir las identidades sociales en términos políticos.
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peligro para la autonomía, pues las identidades pudieran complementarse, la participación
activa en organizaciones políticas tales como los Círculos Bolivarianos o el partido MVR
puede crear tensiones en su ejercicio, sobre todo si entran en conflicto las identidades
políticas y las sociales. En el caso de los CTU, estas membresías múltiples no han entrado
en conflicto, puesto que se han expresado de forma paralela y complementaria sin llegar a
afectar el núcleo identitario de los CTU. No obstante, a medida que la crisis política se
agudiza y crece la polarización, existe el riesgo de que estas identidades y «lealtades»
políticas que hasta el momento han prevalecido temporalmente tiendan a convertirse en
permanentes y desplacen a las identidades colectivas de los CTU.
Sin embargo, la experiencia de articulación y formación de redes de la Asamblea
Metropolitana augura un futuro más optimista. En lo que se refiere a la articulación, en
algunas parroquias se han construido espacios de relación entre los CTU a través de la
figura de las asambleas parroquiales, cuyo objeto es intercambiar las experiencias de las
comunidades en lo que se refiere a su participación en el proceso de regularización de la
tenencia de la tierra, aclarar las dudas que se derivan de la ausencia de una ley que rija la
materia, coordinar apoyo mutuo y articularse con las instituciones y con los otros actores
del proceso de regularización de la tenencia de la tierra.39 Uno de estos espacios es la
Asamblea Metropolitana, que ha hecho efectivo el Artículo 52 de la Constitución de 1999
que establece la obligatoriedad de los funcionarios públicos de rendir cuentas de sus actuaciones a las comunidades.40 Existe una Asamblea Metropolitana de los CTU de Caracas
que se reúne desde principios del 2002 y que constituye un espacio de debate y articulación; en sus comienzos, urbanistas, arquitectos, activistas de derechos humanos y pobladores urbanos debatieron algunos aspectos del documento de trabajo que luego sería
aprobado como Decreto Presidencial No 1.666. Este primer espacio de encuentro semanal
comenzó a atraer a un creciente número de pobladores urbanos, y al mantenerse su dinámica, con el tiempo se transformó en la Asamblea Metropolitana de los CTU. Debe destacarse que la participación en la Asamblea Metropolitana varía según los temas que se
debaten, y que los CTU participantes también varían según las necesidades de cada uno y el
tipo de trabajo que desarrollen con sus comunidades. Por ello, no todos los CTU que participan en la Asamblea Metropolitana forman parte de las asambleas parroquiales ni todos
los CTU de la ciudad asisten a esa Asamblea Metropolitana. Otro espacio de articulación de
39
El Decreto 1.666 faculta a la OTN para regularizar la tenencia de la tierra de los asentamientos populares que se han consolidado
sobre terrenos del Estado, y cuando la propiedad de la tierra la tiene un particular, entran en juego otros actores; a ello es necesario
sumar la diversidad de institutos de vivienda que existen en el ámbito nacional y las competencias de cada uno.
40
Funcionarios de la Oficina de Catastro de la Alcaldía de Libertador y de la Oficina Técnica Nacional asisten con frecuencia a esta
Asamblea para rendir cuentas respecto al avance y las dificultades del proceso de regularización de la tenencia de la tierra para algunas
comunidades.
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los CTU son los encuentros nacionales para evaluar la política del Estado en materia de
regularización de la tenencia y hacer propuestas en materia de diseño, implementación y
evaluación de políticas.41
Los CTU demandan la participación en la distribución equitativa de los recursos –la
tierra– así como en la planificación de las políticas públicas. Los CTU no perciben recursos
monetarios del Estado, y son las propias comunidades quienes ofrecer contribuciones voluntarias para el funcionamiento de los Comités, e incluso ponen a disposición sus viviendas como espacios de reunión. No obstante, la carencia de recursos para el levantamiento
y difusión de la información y las limitaciones de espacios para las asambleas y reuniones
pudieran tentar a los CTU a caer en las extensas redes clientelares que ha desarrollado el
Gobierno. Otro aspecto que pudiera favorecer la cooptación en estas redes es la posibilidad, mencionada en los discursos presidenciales, de trasladar recursos económicos directamente a los CTU, pues ello pudiera crear competencia entre los miembros o bien lealtades
políticas por encima de las lealtades a la identidad de los CTU.42
A diferencia de los Consejos Comunales (García-Guadilla, 2007), el que los CTU no
tengan personería jurídica para recibir recursos ha hecho posible que, hasta el momento, no
hayan caído en prácticas neoclientelares, y ha favorecido su autonomía con respecto a su
interlocutor, el Estado. Además, el enfoque de derechos que tienen los CTU les ha permitido
mantener una mirada crítica, o pedir la rendición de cuentas, frente al uso de los recursos
que utiliza el Estado para atender sus demandas.43 A raíz del discurso del presidente Chávez
en agosto de 2005 en el Poliedro de Caracas referido a otorgar financiamiento directo a las
organizaciones sociales, algunos CTU crearon asociaciones civiles paralelas, lo que podría
crear conflictos entre las dos instancias y entre los miembros.
Finalmente y aún cuando no se haya hecho efectivo, un factor potencial de clientelismo
es la posible asalarización de la labor organizativa. En el Gobierno y en las propias comunidades existen dos tendencias: una que destaca que este tipo de participación debe ser
voluntaria, y otra, como en el caso de algunos de los CTU del Municipio Caroní, que señalan la necesidad de otorgar salarios a aquellas personas que participen activamente en los
CTU, sobre todo al coordinador, para que pueda dedicarse a tiempo completo. De ganar
41
Un ejemplo de este tipo fue el Encuentro Nacional de CTU realizado en noviembre de 2004 en la Universidad Bolivariana de Venezuela,
donde previamente, los CTU habían discutido la problemática y designado una comisión de la Asamblea Metropolitana para que
sistematizara las inquietudes y elaborara un papel de trabajo sobre las propuestas de los CTU a la Misión Vivienda.
42
Otro aspecto que pudiera contribuir a la cooptación es la posible asalarización de los miembros coordinadores de los CTU, tema sobre
el que no existe consenso entre los miembros.
43
En este sentido existe una gran diferencia con los Consejos Comunales, donde han surgido prácticas clientelares y hay un gran
potencial de corrupción por ser receptores de los recursos económicos otorgados por el Estado, y donde no están claros los mecanismos
de rendición de cuentas (García-Guadilla, 2007).
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esta ultima orientación, se abrirían las puertas de la cooptación y el clientelismo, con la
consiguiente pérdida de autonomía.
Tensiones, desafíos e interrogantes
El proceso bolivariano está atravesado por las contradicciones que implica una propuesta
de transformación social dentro de una sociedad profundamente polarizada. Ello se refleja
en la praxis de los CTU, donde se observa una tensión entre dos tipos de factores que
pueden llevar a la autonomía o a la cooptación, dependiendo en última instancia de cuál
de los dos enfoques se adopte: mantenerse fuera del poder o formar parte constitutiva del
mismo.
Entre los factores que apuntarían en la primera dirección se encuentran aquellos que
pugnan por la autogestión y la democracia directa implícitas en la noción de autonomía
que detentan los CTU. La afinidad ideológica y programática que la mayoría de las organizaciones sociales bolivarianas tienen con el Gobierno las hará coincidir frecuentemente
con este, pero su decisión de mantenerse fuera del poder y de los mecanismos clientelares
que se construyen mediante el financiamiento directo y la traslación de funciones las llevará a exigir la participación en el proceso de toma de decisiones y la rendición de cuentas de
los funcionarios responsables de garantizar los derechos y, sobre todo, las mantendrá
movilizadas para hacer realidad tales derechos constitucionales.
Pudiera pensarse que la creación de los CTU por decreto presidencial y su adscripción
institucional a la Vicepresidencia de la República son factores que tensionan su autonomía; no obstante, las experiencias analizadas indican que no hay relación entre ellos. En
contraste, un factor importante para garantizar la autonomía de estas organizaciones es la
existencia de un marco constitucional y legal que las define como organizaciones democráticas y autogestionarias, que deben contar con una estructura horizontal que permita
procesos de toma de decisiones democráticos. Este marco constitucional que forma parte
de la identidad de los CTU contiene un enfoque de derechos donde se reivindica un proyecto de ciudadanía alternativo e incluyente que se asocia con la praxis de los movimientos sociales.
Si bien las demandas de ciudadanía, así como también el derecho a construir un
modelo de hábitat propio, son demandas netamente políticas que encuentran su fundamento en la defensa de una «ciudadanía de la diferencia», el hecho de que tales derechos
estén amparados por la Constitución y las leyes introduce una nueva dimensión o interpretación de la autonomía de las organizaciones sociales. Independientemente de sus afinidades ideológicas o programáticas, su autonomía se basa en la capacidad de tomar decisiones
de acuerdo con las demandas y la defensa de los derechos que conforman el núcleo de sus
identidades colectivas; dado que tales organizaciones construyeron sus identidades con
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base en los derechos constitucionales, resulta mas difícil su cooptación por parte del Estado o de los partidos políticos. Finalmente, la larga trayectoria organizativa autónoma de
los sectores populares que hoy conforman los CTU es un factor importante en pro de la
continuidad de tal autonomía.
Entre los factores que apuntan en la segunda dirección, es decir, incorporarse al
poder y exponerse a la posibilidad de ser cooptados, se encuentran «la lealtad política»
con un líder de tan alto valor carismático como lo es Chávez, y la posibilidad de recibir
prebendas tales como recursos y financiamiento preferencial, que se derivan de estas lealtades. En ocasiones se confunde la participación en los procesos de toma de decisiones
que es un derecho constitucional y una demanda genuina de los nuevos actores sociales,
con sustituir al Gobierno en los trabajos de dotación de infraestructura y en la ejecución de
programas puntuales. Si bien la ejecución de estas actividades resulta imprescindible para
resolver necesidades básicas de la comunidad como lo son el agua, la luz, la vivienda o las
calles entre otros, tales actividades requieren frecuentemente de experticia técnica asalariada y no pueden basarse exclusivamente en el voluntarismo de la comunidad. Además de
la falta de eficiencia, la asignación directa de recursos a las comunidades sin los correspondientes cambios en la cultura cívica y política puede traer la fragmentación de la organización, estimular las prácticas de corrupción y, sobre todo, dificultar la rendición interna
de cuentas.
Si desean mantenerse como movimiento social, los CTU deben afincarse en exigir la
transparencia y la rendición de cuentas de los recursos que el Estado asigne; su participación debería orientarse hacia los procesos de toma de decisiones, que si bien se inician en
la escala microlocal, deben ir ascendiendo hacia los niveles superiores. De esta manera, la
organización estará menos expuesta a la cooptación política y podrá mantenerse movilizada, pues un peligro de la focalización de la participación en la ejecución de tareas técnicas
y puntuales puede ser la desmovilización una vez que se han ejecutado los recursos económicos, cuando estos no se obtienen en un plazo determinado o cuando su obtención pasa
por la prueba de la lealtad política.
Hasta el momento, esta segunda posibilidad ha estado minimizada por la estructura
y forma de funcionamiento de los CTU, que en el pasado se negaron a recibir financiamiento
directo. No obstante, en la medida en que los Comités se adscriban a los Consejos Comunales, como está planteado en la conformación de estos, y puesto que los Consejos son
mas vulnerables a la ineficiencia, cooptación y corrupción debido a su lógica organizativa
y a que reciben financiamiento directo del Gobierno para la ejecución de obras a través de
los Bancos Comunales, podría abrirse esta compuerta para los CTU.
Dentro del contexto, uno de los retos es el fortalecimiento de los espacios organizativos
y de articulación de estas organizaciones. Para ello se requiere imponer su propia agenda y
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no dejarse llevar por la del Gobierno, mantener los espacios de autonomía y continuar
defendiéndolos mediante las movilizaciones y el uso de estrategias como movimiento social.
Otro de los desafíos implícitos es cómo articularse con las otras figuras organizativas
creadas por decreto presidencial, algunas de las cuales comparten los mismos espacios
geográficos e incluso demandas, pero responden a lógicas diferentes y tienen un potencial
de autonomía44 distinto. Por las razones que se han explicado a lo largo del trabajo, los
CTU parecen más inmunes a la cooptación que las figuras creadas por decreto presidencial
que los antecedieron, tales como los Círculos Bolivarianos. Sin embargo, la creación de los
Consejos Comunales podría afectar a los CTU. Los Consejos Comunales fueron creados
por iniciativa del presidente Chávez en la etapa de «profundización y radicalización de la
revolución» iniciada en el año 2007 con su reelección, fueron designados como los
recipiendarios del Poder Popular o Comunal, considerado como el «sexto Poder», y sus
espacios y funciones tienden a superponerse con los de los CTU en el caso de los sectores
populares. Esta superposición geográfico-organizativa y funcional de los Consejos Comunales, los cuales responden a una lógica política, pudiera contribuir a debilitar a los CTU y/
o a desplazarlos como espacios autónomos. Significa que los CTU podrían verse presionados a adoptar la lógica política de «transformar el mundo desde el poder» y por tanto
perderían sus espacios de autonomía. Si a pesar de las presiones lograran mantener sus
espacios organizativos autónomos, podrían desdibujarse y perder su condición de actores
sociopolíticos estratégicos45 al verse desplazados por los Consejos Comunales. Ello llevaría
a un retroceso en el proceso de construcción de las ciudadanías diferenciadas y al empobrecimiento de los espacios de autonomía.
En síntesis, la tensión entre autonomía y cooptación tiene que ver con el dilema que
enfrentan las organizaciones sociales que han asumido como propio el proyecto bolivariano
planteado por el presidente Chávez, donde se plantean dos visiones y dos posiciones frente al poder político. Estas posiciones son la de permanecer como movimiento social «transformando el mundo sin tomar el poder» o la de desdibujarse como organización social
«adscribiéndose al poder para cambiar el mundo». De acuerdo con el marco legal, la
autodefinición de su identidad y las praxis alrededor de sus demandas estratégicas, los
CTU han defendido el espacio de los movimientos sociales ubicándose en la primera posición. Además, contribuyeron a la emergencia de subjetividades territoriales que dieron pie
a identidades basadas en la diversidad cultural y en la democratización de la sociedad,
44
La profusión de formas e instancias organizativas se inició con la creación de los Círculos Bolivarianos, los cuales terminaron respondiendo
a una lógica política electoral más que a la necesidad de organizarse como comunidad con el fin de enfrentar las deficiencias en la
vivienda, servicios de infraestructura y otros equipamientos urbanos, como eran sus objetivos. A continuación, se decretaron los Comités
de Tierra Urbana, que convivieron en los mismos espacios y en ocasiones se solaparon con los Círculos Bolivarianos en algunas funciones.
45
Es decir, de actores con capacidad de incidir en los procesos de toma de decisiones vinculadas con sus demandas e identidades.
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enriqueciendo así el concepto de ciudadanía. Todo ello dentro de las tensiones y contradicciones que significan los procesos de construcción de nuevas subjetividades, y quedando
abiertos múltiples interrogantes que deben ser profundizados con base en las praxis de las
nuevas organizaciones sociales bolivarianas, pues es en las praxis donde reside el movimiento social y, por ende, la capacidad de transformación. Quizás el principal interrogante
sea cómo resolver el problema de la inclusión y cómo construir ciudadanías más incluyentes
desde fuera del poder para no arriesgar la autonomía de las organizaciones sociales: ¿es
necesario para estas organizaciones «tener y estar adentro del poder» para transformar la
condición de exclusión de los habitantes de los sectores populares o es suficiente el que
compartan con el Estado un proyecto ideológico-político que promueva y estimule las
nuevas subjetividades e identidades colectivas?, ¿las luchas por la inclusión pueden darse
desde identidades sociales no contaminadas por las organizaciones o partidos políticos o
requieren de organizaciones sociales capaces de actuar en las dos esferas, la social y la
política según sea la coyuntura en la que se insertan?, y finalmente, ¿qué papel desempeña la cultura política en la construcción de estas nuevas identidades y subjetividades que
permitan avanzar un proyecto de cambio, como supuestamente se denomina el proyecto
bolivariano del presidente Chávez? De nuevo estamos frente a dos caminos, tal como lo ha
planteado J. Holloway (2002), cuyos resultados deben ser refrendados con el enriquecimiento de un número más diverso de praxis.
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