Derecho Regulatorio

Esta obra es fruto de una perplejidad. En Chile se vivió con pasión el debate en torno a la libertad de expresión al retornar la democracia. Debate que estuvo alimentado por formas de limitación de la libertad de expresión que se arrastraban desde la época de la dictadura militar y, aún antes, como de cierta interpretación que dominaba los tribunales superiores de justicia en la relación de esta libertad con otros derechos, como la honra o la privacidad.

Con la dictación de las Leyes Nº 19.733 –Ley sobre Ejercicio del Periodismo– y Nº 20.285 –sobre Acceso a la Información Pública–, lo que estuvo acompañado a la vez de un cambio de espíritu de la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia en torno a su aproximación del derecho a la libertad de expresión, gran parte del debate amainó y la preocupación intelectual de los años 90 tendió a ceder lugar en favor de otro orden de intereses.

La reflexión en torno a la libertad de expresión quedo así postergada, si no olvidada.

Las nuevas tecnologías de la información, unidas a la nueva legislación en materia de medios de comunicación como en materia de derecho a la información, hacen imperativo volver a reflexionar acerca del problema de la libertad de expresión al tenor de los desafíos de la época, adoptando una aproximación que intenta distanciarse de una apreciación puramente liberal de esta garantía constitucional.

En este contexto, el libro se propone ser sencillo como complejo, al intentar entregar las herramientas pedagógicas necesarias para entender –en concreto y en abstracto– la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y el acceso a la información. Al mismo tiempo, los autores no dudan en asumir el desafío crítico de profundizar en cuestiones de derecho que el jurista sabrá apreciar, y que dan cuenta de las tareas que aún están pendientes en Chile en materia de libertad de expresión.

Expondremos sucintamente sobre la Ley 20.999 que modificó el D.F.L. Nº 323 “Ley General de Servicios de Gas”, en especial en lo concerniente a la determinación de las tarifas y la rentabilidad. Lo anterior, en el marco del Orden Público Económico actualmente imperante en la Constitución chilena.

The regulatory improvements in the field of public law constitute a tool that strengthens the institutional framework of regulatory processes. With this purpose, it is based on na administrative simplification instrument, composed of a series of elements and recommendations that all State dependencies must implement to achieve quality standards in their actions. In the same way, it representes an innovative concept that must be incorporated in the legislations of the diferente countries in na orderly and unified way to give greater understanding to its purpose.

SUMARIO: Introducción.-I. La sistematización de la teoría: A) Los presupuestos del sistema jurídico y de la técnica jurisprudencial del Consejo de Estado. B) La formulación expresa de los principios generales.-II. El desarrollo de la teoría: A) Los principios y el poder reglamentario autónomo. B) La segunda generación de principios. C) La trascendencia de la jurisprudencia constitucional. INTRODUCCIÓN 1. Los principios generales del Derecho constituyen la más impor-tante fuente de la legalidad en el Derecho administrativo francés (1). Son aquellas reglas formuladas por el juez a partir de un análisis de los fundamentos del Derecho público, tal como se reflejan especialmente en la Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano de 1789 o en los preámbulos constitucionales. Su «reconocimiento como norma ju-rídica es indispensable para completar el marco jurídico en el que debe evolucionar la nación» (2) y es realizado por una «obra constructiva de la jurisprudencia, orientada por motivos superiores de equidad, a fin de asegurar los derechos individuales de los ciudadanos» (3). 2. Deducidos por el Consejo de Estado, los principios generales son también reconocidos por el Consejo Constitucional y su número y ám-bito de aplicación va progresivamente creciendo. En cuanto construc-ción jurisprudencial, en la que ha desempeñado también un papel im-portante la doctrina, se hace necesario para su comprensión un análisis del proceso de elaboración y desarrollo, que ha permitido a la teoría llegar a desempeñar el papel decisivo que en la actualidad cumple entre las fuentes de la legalidad administrativa. (*) El presente estudio fue preparado durante mi estancia en la Universidad de Aix-Marsella III. Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a los profesores del Departamento de Derecho Público y, especialmente, a los profesores C. DEBBASCH, L. FAVOREU y J. M. PONTIER.