Protección Denunciantes

RESUMEN La irrupción del debate sobre la necesaria protección de los denunciantes de corrupción en España, propició la rápida elaboración y aprobación de numerosas normas a nivel autonómico que amparan según el caso al trabajador, al funcionario o al particular que se encuentre en posición de alertar sobre la comisión de actos ilícitos o irregulares. El estudio pormenorizado de dichas normas, junto con el análisis de las propuestas y recomendaciones vertidas por diversas organizaciones especializadas en la materia, nos permiten identificar una serie de elementos que resultan de imprescindible inclusión en cualquier sistema de protección de denunciantes que pretenda ser completo y eficaz. No obstante, persisten aún hoy ciertas polémicas sobre la conveniencia de algunos de los elementos considerados esenciales, tales como el anonimato o los incentivos. Ello nos sugiere prolongar el debate para asegurarnos de seleccionar, para el futuro sistema estatal de protección de denunciantes, los elementos que mejor se adapten a nuestro sistema jurídico. El presente artículo parte del estudio de normativa y doctrina específica para enumerar los elementos considerados esenciales, aportar argumentos a favor y en contra de algunos de los aspectos controversiales y, por último, emitir recomendaciones sobre ciertas cuestiones relevantes que podrían aportar rigor y credibilidad a un futuro sistema de protección de denunciantes de implementación estatal. ABSTRACT The sudden onset of the debate about a necessary whistleblower´s protection in Spain, fostered the rapid development and approval of legislation at regional level that protects according to each case, the worker, the public servant or the individual who may be in position of reporting any wrongdoing. The detailed study of these legal regulations along with the analysis of the recommendations and proposals performed by specialized organizations, allow us to identify a series of elements considered essential for any whistleblowing system that intends to be complete and successful. However, to this day, certain disputes persist about the convenience of some of the elements considered essential, like the anonymity or the rewards. That suggests to extend the debate to be sure about the selection of the elements that are better adapted to our legal system. The present article emanates from the study of specific regulation and doctrine, in order to list the elements considered essential, contribute with arguments for and against the controversial aspects and, in the end, issue recommendations about certain relevant issues that could contribute with rigour and credibility to a future whistleblowing system to be implemented at state level.

En México, durante largo tiempo la estrategia anticorrupción ha dejado
de lado a los denunciantes de actos de corrupción. Su progresiva inclusión en el marco de políticas públicas conlleva la necesidad de que el Estado cumpla con ciertas obligaciones establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos. De ahí que, en el presente texto, se estudian tres programas de política pública anticorrupción correspondientes al periodo 2013-2019, con el objeto de
comprobar si en su diseño se contemplaron medidas de protección de
denunciantes, conforme a los estándares internacionales. Nos
centraremos en aquellas establecidas en el marco del Sistema Universal de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a los cuales pertenece México, y cuyos tratados y convenios internacionales le sujetan a un marco específico de
responsabilidades internacionales.

La investigación de los delitos de corrupción es una tarea compleja, en
particular porque, por su propia naturaleza, estos permanecen ocultos a las
autoridades. Las dos partes integrantes del pactum sceleris no tienen ningún
interés en revelarlo, ya que ambas pueden tener responsabilidad penal. Amén de
ello,la corrupción reviste forma de los delitos que, en la criminología,se conocen
como delitos sin víctima, es decir, delitos en los que no hay una víctima directa o determinada, pero sí un interés digno de tutela jurídico-penal
.
Aunque dicha clasificación está actualmente superada, en tanto que las víctimas hoy se pueden identificar, lo cierto es que sirve para poner de manifiesto que la ciudadanía
no es consciente de que está siendo víctima de la corrupción y, por lo tanto, no
la denuncia. He aquí una dificultad añadida para su persecución. Así las cosas,
los delitos de corrupción llegan a conocimiento de las autoridades, bien porque
aparecen ligados a otros hechos delictivos que se están investigando, bien porque
alguien que conoce el hecho ilícito decide revelarlo.

Desde hace mucho, la denuncia ha demostrado ser un instrumento útil
para la transparencia, para la lucha contra los delitos, especialmente los referidos a la corrupción y para la autoprotección de los denunciantes. Sin duda alguna, la sociedad en general, y en particular cada uno de los que formamos parte de ella, hemos contraído una deuda con quienes valientemente, asumiendo temerosos el riesgo de las más que previsibles represalias, se atreven a denunciar los ilícitos que conocen. La protección de los denunciantes, la garantía de la confidencialidad y especialmente la preservación del anonimato, constituyen medidas eficaces para empezar a saldar aquella deuda. El miedo a las represalias a las que se ven expuestos los denunciantes podría ser superado cuando se facilita el anonimato, siendo la denuncia anónima una de las vías que más anima al denunciante a dar el paso.
En este trabajo vamos a hacer una defensa de la denuncia anónima, compilando aquellos aspectos que desde distintas instancias han ido pergeñándose, y que aunque de forma breve y de seguro insuficiente, trataremos de reflejar aquí.

Discorre-se sobre o programa de whistleblowing como técnica de investigação dos crimes empresariais, procurando apresentar os limites das demandas político-criminais em torno da institucionalização dos canais de denúncia à luz da defesa dos direitos humanos e do regime democrático de direito.