la definición de corrupción es un problema que atañe no sólo a los juristas y, al día de hoy, par... more la definición de corrupción es un problema que atañe no sólo a los juristas y, al día de hoy, parece no haber encontrado solución. Debido a ello, es opinión difusa en la doctrina jurídica alemana e hispana que corrupción es un concepto ajeno al ámbito del derecho, en donde es necesario contar con nociones de alcance cierto. la realidad, sin embargo, cambia radicalmente si salimos de horizontes hispanohablantes o alemanohablantes: el propio derecho positivo de italia, Francia, Portugal o Brasil, entre otros, proporciona una definición de corrupción. así como observaba Carrara, mutatis mutandis, en todos estos contextos se entiende por corrupción una especie de“compraventa”de un acto realizada en contra de los deberes de quien lo vende. Con base en esta propuesta, la corrupción será calificable como pública si acto y sujeto-vendedor pertenecen al ámbito público, mientras que privada será aquella compra- venta que tiene lugar en ámbito no-público (típicamente empresarial). la tipificación como delito de la corrupción en el sector privado ha sido objeto de importantes instrumentos jurídicos internacionales (la Convención de Derecho Penal sobre Corrupción del Consejo de europa, la acción Común y la Decisión Marco sobre Corrupción Privada de la Unión europea, y la Convención de las naciones Unidas contra la Corrupción). la tipificación de estas conductas presenta importantes problemas entre los cuales se encuentra la individualización del objeto jurídico del delito. en efecto, si bien los instrumentos internacionales parecen apuntar a la tutela de la leal competencia, algunos legisladores nacionales han conside- rado seguir caminos distintos. la normativa italiana, por ejemplo, pretende proteger el patrimonio de la empresa, mientras que la holandesa la fidelidad del trabajador hacia el empresario; por otro lado, la legislación alemana y el proyecto de ley presentado en el 2006 por el Gobierno español parecen colocarse en una situación intermedia, privilegiando la tutela de la lealtad competencial sin olvidar completamente el interés del empresario.
RACIONALIDAD LEGISLATIVA PENAL Y CUESTIONES DE POLÍTICA CRIMINAL
La investigación de los delitos de corrupción es una tarea compleja, en
particular porque, por s... more La investigación de los delitos de corrupción es una tarea compleja, en
particular porque, por su propia naturaleza, estos permanecen ocultos a las
autoridades. Las dos partes integrantes del pactum sceleris no tienen ningún
interés en revelarlo, ya que ambas pueden tener responsabilidad penal. Amén de
ello,la corrupción reviste forma de los delitos que, en la criminología,se conocen
como delitos sin víctima, es decir, delitos en los que no hay una víctima directa o determinada, pero sí un interés digno de tutela jurídico-penal
.
Aunque dicha clasificación está actualmente superada, en tanto que las víctimas hoy se pueden identificar, lo cierto es que sirve para poner de manifiesto que la ciudadanía
no es consciente de que está siendo víctima de la corrupción y, por lo tanto, no
la denuncia. He aquí una dificultad añadida para su persecución. Así las cosas,
los delitos de corrupción llegan a conocimiento de las autoridades, bien porque
aparecen ligados a otros hechos delictivos que se están investigando, bien porque
alguien que conoce el hecho ilícito decide revelarlo.
Las TIC y la sociedad digital. Doce años después de la ley., 2021
Implementar tecnologías que permitan el uso dinámico del espectro radioeléctrico requiere un marc... more Implementar tecnologías que permitan el uso dinámico del espectro radioeléctrico requiere un marco reglamentario que rompa con los esquemas tradicionales de gestión de este recurso. En Colombia el espectro radioeléctrico se administra principalmente bajo un esquema basado en comando y control, y solo en algunas bandas se permite el acceso de uso libre. Actualmente, existen diversas tecnologías que permiten el acceso dinámico al espectro y que facilitan que, en la misma banda de frecuencia, puedan coexistir usuarios licenciados y no licenciados, de acuerdo con unas reglas de operación preestablecidas. En este artículo se revisan los diferentes marcos regulatorios que han permitido implementar esquemas de acceso dinámico al espectro, y se analizan las razones que se tuvieron en cuenta para ello algunas de las consideraciones que se tuvieron en cuenta para ello. Así́ mismo, se hacen recomendaciones, comparando, en los casos en que sea pertinente, la situación en Colombia y brindando orientaciones para una futura implementación de estas tecnologías en el país. La investigación fue teórica, su enfoque cualitativo y el proceso inductivo, se hizo uso del método hermenéutico - analítico para la comprensión de documentos y se recurrió́ a una bibliografía especializada
la definición de corrupción es un problema que atañe no sólo a los juristas y, al día de hoy, par... more la definición de corrupción es un problema que atañe no sólo a los juristas y, al día de hoy, parece no haber encontrado solución. Debido a ello, es opinión difusa en la doctrina jurídica alemana e hispana que corrupción es un concepto ajeno al ámbito del derecho, en donde es necesario contar con nociones de alcance cierto.
la realidad, sin embargo, cambia radicalmente si salimos de horizontes hispanohablantes o alemanohablantes: el propio derecho positivo de italia, Francia, Portugal o Brasil, entre otros, proporciona una definición de corrupción.
así como observaba Carrara, mutatis mutandis, en todos estos contextos se entiende por corrupción una especie de“compraventa”de un acto realizada en contra de los deberes de quien lo vende. Con base en esta propuesta, la corrupción será calificable como pública si acto y sujeto-vendedor pertenecen al ámbito público, mientras que privada será aquella compra- venta que tiene lugar en ámbito no-público (típicamente empresarial).
la tipificación como delito de la corrupción en el sector privado ha sido objeto de importantes instrumentos jurídicos internacionales (la Convención de Derecho Penal sobre Corrupción del Consejo de europa, la acción Común y la Decisión Marco sobre Corrupción Privada de la Unión europea, y la Convención de las naciones Unidas contra la Corrupción). la tipificación de estas conductas presenta importantes problemas entre los cuales se encuentra la individualización del objeto jurídico del delito.
en efecto, si bien los instrumentos internacionales parecen apuntar a la tutela de la leal competencia, algunos legisladores nacionales han conside- rado seguir caminos distintos. la normativa italiana, por ejemplo, pretende proteger el patrimonio de la empresa, mientras que la holandesa la fidelidad del trabajador hacia el empresario; por otro lado, la legislación alemana y el proyecto de ley presentado en el 2006 por el Gobierno español parecen colocarse en una situación intermedia, privilegiando la tutela de la lealtad competencial sin olvidar completamente el interés del empresario.
La consagracion de la tutela judicial efectiva como derecho fundamental obligo a compatibilizar e... more La consagracion de la tutela judicial efectiva como derecho fundamental obligo a compatibilizar el privilegio de autotutela de la Administracion y sus principales efectos (la ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo) con la utilizacion, por parte del juzgador, de las medidas cautelares necesarias y adecuadas para garantizar la finalidad legitima del recurso' o la efectividad de la sentencia. Las medidas cautelares tienen una especifica funcion de proteccion de la legalidad y un alcance especial cuando se adscriben al ambito del derecho urbanistico. Este trabajo pretende constituir un acercamiento al regimen de regulacion de las medidas cautelares en materia urbanistica, haciendo particular referencia a las legislaciones autonomicas del suelo de Castilla y Leon, Madrid, Cataluna y el Pais Vasco.
Jürgen Habermas en sus obras “Acción Comunicativa” y “Facticidad y Validez” presenta
un nuevo pa... more Jürgen Habermas en sus obras “Acción Comunicativa” y “Facticidad y Validez” presenta
un nuevo paradigma discursivo-procedimental del derecho y una nueva forma de democracia llamada democracia deliberativa. En ella la ley se concibe como un medio postconvencional que ayuda a reconstruir el tejido social a partir del lenguaje y el discurso. La acción comunicativa se da en una esfera pública abierta de discursos entre actores ciudadanos en el marco del respeto de los derechos básicos constitucionales y de la deliberación.A través de éste procedimiento discursivo imparcial se llega a la solución de conflictos morales, legales y políticos, pasando así de una razón práctica – que tenía como fin orientar la acción particular- a una razón comunicativa – representada en el lenguaje.
En este sentido, en relación a la validez del derecho positivo el autor afirma que “vale
como derecho lo que conforme a procedimientos jurídicamente válidos queda establecido, es decir lo que cobra fuerza jurídica” (Habermas 2010: 91) Pero, a esto adiciona que la validez jurídica sólo se puede explicar de manera simultánea a la validez social, la que se da por la aceptación de los miembros de la comunidad jurídica. En esta línea, el derecho está formado por
todas las acciones comunicativas, por las reglas jurídicas que se dan por la reflexividad en la integración social, donde el lenguaje del derecho transforma la comunicación entre el sistema y el mundo de la vida en una sociedad. En esta misma línea “el derecho es, ante todo, una forma de comunicarnos”. (Robles 2017: 168).
Un ejemplo claro de lo aquí dicho se da en las decisiones judiciales de la Corte
Constitucional Colombiana. Si bien es cierto, desde su creación esta Alta Corte ha enarbolado de la defensa del sistema democrático para la toma de la decisiones, también lo es que ha resuelto los desacuerdos -entre los distintos poderes públicos o entre la Administración y los administrados-, a través de un control judicial monológico, es decir, ella como máximo garante de la Constitución es la que establece la interpretación correcta de la Carta. Sin embargo, en los últimos 3 años ha hecho uso de las prácticas dialógicas de control judicial, adoptando medidas tendientes a mejorar los procesos decisorios, empoderando a los excluidos de las decisiones políticas, propendiendo por que las decisiones, en particular las de Administraciones Públicas, para que sean resultado de procesos democráticos deliberativos.
Este artículo de investigación tiene como objetivo, exponer la manera en la que los derechos fund... more Este artículo de investigación tiene como objetivo, exponer la manera en la que los derechos fundamentales de las personas del Área Metropolitana de Bucaramanga se ven protegidos a través del mecanismo jurídico denominado «derecho de petición de atención prioritaria», con el fin de identificar su eficacia. Para ello, se utilizó como base de análisis los casos presentados en el Consultorio Jurídico de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019. En el desarrollo de este trabajo se aplicó un método investigativo de tipo cuantitativo, el cual se vio materializado en el análisis de los diferentes documentos presentados durante el desarrollo de casos en el Consultorio Jurídico de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. En ese sentido, se realizó un estudio de derechos de petición con atención prioritaria y las acciones de tutela, en los casos en que fue necesar...
El ecosistema digital y las autoridades de regulación de los sectores audiovisual y TIC, 2017
Este artículo presenta algunos de los postulados fundamentales de la administración del
espectro... more Este artículo presenta algunos de los postulados fundamentales de la administración del
espectro radioeléctrico y su uso eficiente, describiendo el marco normativo en Colombia.
Así mismo, analiza la interrelación entre las nuevas tecnologías y la disponibilidad de
espectro y propone mecanismos para fortalecer un ciclo virtuoso que permita garantizar una adecuada gestión del espectro maximizando el beneficio para la sociedad y evitando la regulación innecesaria. Dentro del artículo se destaca la importancia de comprender las necesidades locales y las tendencias internacionales, así como la importancia de la
comunicación abierta con la industria, la academia, las entidades públicas y la ciudadanía para comprender sus expectativas en regulación de espectro de nuevas tecnologías. Este también enfatiza en la importancia de la armonización internacional de espectro que redunda en economías de escala. Finalmente, se establece que, en un entorno convergente, contar con una autoridad competente en la administración del espectro, responsable de la atribución, planeación, vigilancia y control, como es el caso en Colombia, significa un gran paso en la dirección correcta. La investigación fue teórica, su enfoque cualitativo y el proceso inductivo, se hizo uso del método hermenéutico-analítico para la comprensión de
documentos y bibliografía especializada.
La Constitución Colombiana de 1991 (CN) consagró, en su Art. 29- con rango de derecho fundamental... more La Constitución Colombiana de 1991 (CN) consagró, en su Art. 29- con rango de derecho fundamental-, el derecho al debido proceso y en el Art. 229 el derecho de acceso a la administración de justicia. La Corte Constitucional colombiana mediante un fallo de constitucionalidad (con efectos erga omnes) dedujo que: toda vulneración al derecho de acceso a la administración de justicia menoscababa per se el derecho fundamental al debido proceso y también el principio fundamental de prevalencia del interés general (Art. 1CN). La anterior interpretación incorporó automáticamente al lenguaje jurisprudencial de las Altas cortes y de la doctrina administrativa colombiana la definición, estructura y contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (acceso a la administración de justicia - debido proceso - efectividad de los pronunciamientos judiciales). Este planteamiento, aunque de manera tardía, despegó sus efectos sobre la reforma de la ley de procedimiento administrativo y de la jurisdicción contencioso administrativa colombiana, no sin antes influenciar, aunque de un modo poco significativo, algunos criterios interpretativos con apoyo en los cuales el Consejo de Estado resolvía los incidentes de suspensión cautelar.
la definición de corrupción es un problema que atañe no sólo a los juristas y, al día de hoy, par... more la definición de corrupción es un problema que atañe no sólo a los juristas y, al día de hoy, parece no haber encontrado solución. Debido a ello, es opinión difusa en la doctrina jurídica alemana e hispana que corrupción es un concepto ajeno al ámbito del derecho, en donde es necesario contar con nociones de alcance cierto. la realidad, sin embargo, cambia radicalmente si salimos de horizontes hispanohablantes o alemanohablantes: el propio derecho positivo de italia, Francia, Portugal o Brasil, entre otros, proporciona una definición de corrupción. así como observaba Carrara, mutatis mutandis, en todos estos contextos se entiende por corrupción una especie de“compraventa”de un acto realizada en contra de los deberes de quien lo vende. Con base en esta propuesta, la corrupción será calificable como pública si acto y sujeto-vendedor pertenecen al ámbito público, mientras que privada será aquella compra- venta que tiene lugar en ámbito no-público (típicamente empresarial). la tipificación como delito de la corrupción en el sector privado ha sido objeto de importantes instrumentos jurídicos internacionales (la Convención de Derecho Penal sobre Corrupción del Consejo de europa, la acción Común y la Decisión Marco sobre Corrupción Privada de la Unión europea, y la Convención de las naciones Unidas contra la Corrupción). la tipificación de estas conductas presenta importantes problemas entre los cuales se encuentra la individualización del objeto jurídico del delito. en efecto, si bien los instrumentos internacionales parecen apuntar a la tutela de la leal competencia, algunos legisladores nacionales han conside- rado seguir caminos distintos. la normativa italiana, por ejemplo, pretende proteger el patrimonio de la empresa, mientras que la holandesa la fidelidad del trabajador hacia el empresario; por otro lado, la legislación alemana y el proyecto de ley presentado en el 2006 por el Gobierno español parecen colocarse en una situación intermedia, privilegiando la tutela de la lealtad competencial sin olvidar completamente el interés del empresario.
RACIONALIDAD LEGISLATIVA PENAL Y CUESTIONES DE POLÍTICA CRIMINAL
La investigación de los delitos de corrupción es una tarea compleja, en
particular porque, por s... more La investigación de los delitos de corrupción es una tarea compleja, en
particular porque, por su propia naturaleza, estos permanecen ocultos a las
autoridades. Las dos partes integrantes del pactum sceleris no tienen ningún
interés en revelarlo, ya que ambas pueden tener responsabilidad penal. Amén de
ello,la corrupción reviste forma de los delitos que, en la criminología,se conocen
como delitos sin víctima, es decir, delitos en los que no hay una víctima directa o determinada, pero sí un interés digno de tutela jurídico-penal
.
Aunque dicha clasificación está actualmente superada, en tanto que las víctimas hoy se pueden identificar, lo cierto es que sirve para poner de manifiesto que la ciudadanía
no es consciente de que está siendo víctima de la corrupción y, por lo tanto, no
la denuncia. He aquí una dificultad añadida para su persecución. Así las cosas,
los delitos de corrupción llegan a conocimiento de las autoridades, bien porque
aparecen ligados a otros hechos delictivos que se están investigando, bien porque
alguien que conoce el hecho ilícito decide revelarlo.
Las TIC y la sociedad digital. Doce años después de la ley., 2021
Implementar tecnologías que permitan el uso dinámico del espectro radioeléctrico requiere un marc... more Implementar tecnologías que permitan el uso dinámico del espectro radioeléctrico requiere un marco reglamentario que rompa con los esquemas tradicionales de gestión de este recurso. En Colombia el espectro radioeléctrico se administra principalmente bajo un esquema basado en comando y control, y solo en algunas bandas se permite el acceso de uso libre. Actualmente, existen diversas tecnologías que permiten el acceso dinámico al espectro y que facilitan que, en la misma banda de frecuencia, puedan coexistir usuarios licenciados y no licenciados, de acuerdo con unas reglas de operación preestablecidas. En este artículo se revisan los diferentes marcos regulatorios que han permitido implementar esquemas de acceso dinámico al espectro, y se analizan las razones que se tuvieron en cuenta para ello algunas de las consideraciones que se tuvieron en cuenta para ello. Así́ mismo, se hacen recomendaciones, comparando, en los casos en que sea pertinente, la situación en Colombia y brindando orientaciones para una futura implementación de estas tecnologías en el país. La investigación fue teórica, su enfoque cualitativo y el proceso inductivo, se hizo uso del método hermenéutico - analítico para la comprensión de documentos y se recurrió́ a una bibliografía especializada
la definición de corrupción es un problema que atañe no sólo a los juristas y, al día de hoy, par... more la definición de corrupción es un problema que atañe no sólo a los juristas y, al día de hoy, parece no haber encontrado solución. Debido a ello, es opinión difusa en la doctrina jurídica alemana e hispana que corrupción es un concepto ajeno al ámbito del derecho, en donde es necesario contar con nociones de alcance cierto.
la realidad, sin embargo, cambia radicalmente si salimos de horizontes hispanohablantes o alemanohablantes: el propio derecho positivo de italia, Francia, Portugal o Brasil, entre otros, proporciona una definición de corrupción.
así como observaba Carrara, mutatis mutandis, en todos estos contextos se entiende por corrupción una especie de“compraventa”de un acto realizada en contra de los deberes de quien lo vende. Con base en esta propuesta, la corrupción será calificable como pública si acto y sujeto-vendedor pertenecen al ámbito público, mientras que privada será aquella compra- venta que tiene lugar en ámbito no-público (típicamente empresarial).
la tipificación como delito de la corrupción en el sector privado ha sido objeto de importantes instrumentos jurídicos internacionales (la Convención de Derecho Penal sobre Corrupción del Consejo de europa, la acción Común y la Decisión Marco sobre Corrupción Privada de la Unión europea, y la Convención de las naciones Unidas contra la Corrupción). la tipificación de estas conductas presenta importantes problemas entre los cuales se encuentra la individualización del objeto jurídico del delito.
en efecto, si bien los instrumentos internacionales parecen apuntar a la tutela de la leal competencia, algunos legisladores nacionales han conside- rado seguir caminos distintos. la normativa italiana, por ejemplo, pretende proteger el patrimonio de la empresa, mientras que la holandesa la fidelidad del trabajador hacia el empresario; por otro lado, la legislación alemana y el proyecto de ley presentado en el 2006 por el Gobierno español parecen colocarse en una situación intermedia, privilegiando la tutela de la lealtad competencial sin olvidar completamente el interés del empresario.
La consagracion de la tutela judicial efectiva como derecho fundamental obligo a compatibilizar e... more La consagracion de la tutela judicial efectiva como derecho fundamental obligo a compatibilizar el privilegio de autotutela de la Administracion y sus principales efectos (la ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo) con la utilizacion, por parte del juzgador, de las medidas cautelares necesarias y adecuadas para garantizar la finalidad legitima del recurso' o la efectividad de la sentencia. Las medidas cautelares tienen una especifica funcion de proteccion de la legalidad y un alcance especial cuando se adscriben al ambito del derecho urbanistico. Este trabajo pretende constituir un acercamiento al regimen de regulacion de las medidas cautelares en materia urbanistica, haciendo particular referencia a las legislaciones autonomicas del suelo de Castilla y Leon, Madrid, Cataluna y el Pais Vasco.
Jürgen Habermas en sus obras “Acción Comunicativa” y “Facticidad y Validez” presenta
un nuevo pa... more Jürgen Habermas en sus obras “Acción Comunicativa” y “Facticidad y Validez” presenta
un nuevo paradigma discursivo-procedimental del derecho y una nueva forma de democracia llamada democracia deliberativa. En ella la ley se concibe como un medio postconvencional que ayuda a reconstruir el tejido social a partir del lenguaje y el discurso. La acción comunicativa se da en una esfera pública abierta de discursos entre actores ciudadanos en el marco del respeto de los derechos básicos constitucionales y de la deliberación.A través de éste procedimiento discursivo imparcial se llega a la solución de conflictos morales, legales y políticos, pasando así de una razón práctica – que tenía como fin orientar la acción particular- a una razón comunicativa – representada en el lenguaje.
En este sentido, en relación a la validez del derecho positivo el autor afirma que “vale
como derecho lo que conforme a procedimientos jurídicamente válidos queda establecido, es decir lo que cobra fuerza jurídica” (Habermas 2010: 91) Pero, a esto adiciona que la validez jurídica sólo se puede explicar de manera simultánea a la validez social, la que se da por la aceptación de los miembros de la comunidad jurídica. En esta línea, el derecho está formado por
todas las acciones comunicativas, por las reglas jurídicas que se dan por la reflexividad en la integración social, donde el lenguaje del derecho transforma la comunicación entre el sistema y el mundo de la vida en una sociedad. En esta misma línea “el derecho es, ante todo, una forma de comunicarnos”. (Robles 2017: 168).
Un ejemplo claro de lo aquí dicho se da en las decisiones judiciales de la Corte
Constitucional Colombiana. Si bien es cierto, desde su creación esta Alta Corte ha enarbolado de la defensa del sistema democrático para la toma de la decisiones, también lo es que ha resuelto los desacuerdos -entre los distintos poderes públicos o entre la Administración y los administrados-, a través de un control judicial monológico, es decir, ella como máximo garante de la Constitución es la que establece la interpretación correcta de la Carta. Sin embargo, en los últimos 3 años ha hecho uso de las prácticas dialógicas de control judicial, adoptando medidas tendientes a mejorar los procesos decisorios, empoderando a los excluidos de las decisiones políticas, propendiendo por que las decisiones, en particular las de Administraciones Públicas, para que sean resultado de procesos democráticos deliberativos.
Este artículo de investigación tiene como objetivo, exponer la manera en la que los derechos fund... more Este artículo de investigación tiene como objetivo, exponer la manera en la que los derechos fundamentales de las personas del Área Metropolitana de Bucaramanga se ven protegidos a través del mecanismo jurídico denominado «derecho de petición de atención prioritaria», con el fin de identificar su eficacia. Para ello, se utilizó como base de análisis los casos presentados en el Consultorio Jurídico de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019. En el desarrollo de este trabajo se aplicó un método investigativo de tipo cuantitativo, el cual se vio materializado en el análisis de los diferentes documentos presentados durante el desarrollo de casos en el Consultorio Jurídico de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. En ese sentido, se realizó un estudio de derechos de petición con atención prioritaria y las acciones de tutela, en los casos en que fue necesar...
El ecosistema digital y las autoridades de regulación de los sectores audiovisual y TIC, 2017
Este artículo presenta algunos de los postulados fundamentales de la administración del
espectro... more Este artículo presenta algunos de los postulados fundamentales de la administración del
espectro radioeléctrico y su uso eficiente, describiendo el marco normativo en Colombia.
Así mismo, analiza la interrelación entre las nuevas tecnologías y la disponibilidad de
espectro y propone mecanismos para fortalecer un ciclo virtuoso que permita garantizar una adecuada gestión del espectro maximizando el beneficio para la sociedad y evitando la regulación innecesaria. Dentro del artículo se destaca la importancia de comprender las necesidades locales y las tendencias internacionales, así como la importancia de la
comunicación abierta con la industria, la academia, las entidades públicas y la ciudadanía para comprender sus expectativas en regulación de espectro de nuevas tecnologías. Este también enfatiza en la importancia de la armonización internacional de espectro que redunda en economías de escala. Finalmente, se establece que, en un entorno convergente, contar con una autoridad competente en la administración del espectro, responsable de la atribución, planeación, vigilancia y control, como es el caso en Colombia, significa un gran paso en la dirección correcta. La investigación fue teórica, su enfoque cualitativo y el proceso inductivo, se hizo uso del método hermenéutico-analítico para la comprensión de
documentos y bibliografía especializada.
La Constitución Colombiana de 1991 (CN) consagró, en su Art. 29- con rango de derecho fundamental... more La Constitución Colombiana de 1991 (CN) consagró, en su Art. 29- con rango de derecho fundamental-, el derecho al debido proceso y en el Art. 229 el derecho de acceso a la administración de justicia. La Corte Constitucional colombiana mediante un fallo de constitucionalidad (con efectos erga omnes) dedujo que: toda vulneración al derecho de acceso a la administración de justicia menoscababa per se el derecho fundamental al debido proceso y también el principio fundamental de prevalencia del interés general (Art. 1CN). La anterior interpretación incorporó automáticamente al lenguaje jurisprudencial de las Altas cortes y de la doctrina administrativa colombiana la definición, estructura y contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (acceso a la administración de justicia - debido proceso - efectividad de los pronunciamientos judiciales). Este planteamiento, aunque de manera tardía, despegó sus efectos sobre la reforma de la ley de procedimiento administrativo y de la jurisdicción contencioso administrativa colombiana, no sin antes influenciar, aunque de un modo poco significativo, algunos criterios interpretativos con apoyo en los cuales el Consejo de Estado resolvía los incidentes de suspensión cautelar.
Uploads
Papers by Carolina Bravo Vesga
particular porque, por su propia naturaleza, estos permanecen ocultos a las
autoridades. Las dos partes integrantes del pactum sceleris no tienen ningún
interés en revelarlo, ya que ambas pueden tener responsabilidad penal. Amén de
ello,la corrupción reviste forma de los delitos que, en la criminología,se conocen
como delitos sin víctima, es decir, delitos en los que no hay una víctima directa o determinada, pero sí un interés digno de tutela jurídico-penal
.
Aunque dicha clasificación está actualmente superada, en tanto que las víctimas hoy se pueden identificar, lo cierto es que sirve para poner de manifiesto que la ciudadanía
no es consciente de que está siendo víctima de la corrupción y, por lo tanto, no
la denuncia. He aquí una dificultad añadida para su persecución. Así las cosas,
los delitos de corrupción llegan a conocimiento de las autoridades, bien porque
aparecen ligados a otros hechos delictivos que se están investigando, bien porque
alguien que conoce el hecho ilícito decide revelarlo.
la realidad, sin embargo, cambia radicalmente si salimos de horizontes hispanohablantes o alemanohablantes: el propio derecho positivo de italia, Francia, Portugal o Brasil, entre otros, proporciona una definición de corrupción.
así como observaba Carrara, mutatis mutandis, en todos estos contextos se entiende por corrupción una especie de“compraventa”de un acto realizada en contra de los deberes de quien lo vende. Con base en esta propuesta, la corrupción será calificable como pública si acto y sujeto-vendedor pertenecen al ámbito público, mientras que privada será aquella compra- venta que tiene lugar en ámbito no-público (típicamente empresarial).
la tipificación como delito de la corrupción en el sector privado ha sido objeto de importantes instrumentos jurídicos internacionales (la Convención de Derecho Penal sobre Corrupción del Consejo de europa, la acción Común y la Decisión Marco sobre Corrupción Privada de la Unión europea, y la Convención de las naciones Unidas contra la Corrupción). la tipificación de estas conductas presenta importantes problemas entre los cuales se encuentra la individualización del objeto jurídico del delito.
en efecto, si bien los instrumentos internacionales parecen apuntar a la tutela de la leal competencia, algunos legisladores nacionales han conside- rado seguir caminos distintos. la normativa italiana, por ejemplo, pretende proteger el patrimonio de la empresa, mientras que la holandesa la fidelidad del trabajador hacia el empresario; por otro lado, la legislación alemana y el proyecto de ley presentado en el 2006 por el Gobierno español parecen colocarse en una situación intermedia, privilegiando la tutela de la lealtad competencial sin olvidar completamente el interés del empresario.
un nuevo paradigma discursivo-procedimental del derecho y una nueva forma de democracia llamada democracia deliberativa. En ella la ley se concibe como un medio postconvencional que ayuda a reconstruir el tejido social a partir del lenguaje y el discurso. La acción comunicativa se da en una esfera pública abierta de discursos entre actores ciudadanos en el marco del respeto de los derechos básicos constitucionales y de la deliberación.A través de éste procedimiento discursivo imparcial se llega a la solución de conflictos morales, legales y políticos, pasando así de una razón práctica – que tenía como fin orientar la acción particular- a una razón comunicativa – representada en el lenguaje.
En este sentido, en relación a la validez del derecho positivo el autor afirma que “vale
como derecho lo que conforme a procedimientos jurídicamente válidos queda establecido, es decir lo que cobra fuerza jurídica” (Habermas 2010: 91) Pero, a esto adiciona que la validez jurídica sólo se puede explicar de manera simultánea a la validez social, la que se da por la aceptación de los miembros de la comunidad jurídica. En esta línea, el derecho está formado por
todas las acciones comunicativas, por las reglas jurídicas que se dan por la reflexividad en la integración social, donde el lenguaje del derecho transforma la comunicación entre el sistema y el mundo de la vida en una sociedad. En esta misma línea “el derecho es, ante todo, una forma de comunicarnos”. (Robles 2017: 168).
Un ejemplo claro de lo aquí dicho se da en las decisiones judiciales de la Corte
Constitucional Colombiana. Si bien es cierto, desde su creación esta Alta Corte ha enarbolado de la defensa del sistema democrático para la toma de la decisiones, también lo es que ha resuelto los desacuerdos -entre los distintos poderes públicos o entre la Administración y los administrados-, a través de un control judicial monológico, es decir, ella como máximo garante de la Constitución es la que establece la interpretación correcta de la Carta. Sin embargo, en los últimos 3 años ha hecho uso de las prácticas dialógicas de control judicial, adoptando medidas tendientes a mejorar los procesos decisorios, empoderando a los excluidos de las decisiones políticas, propendiendo por que las decisiones, en particular las de Administraciones Públicas, para que sean resultado de procesos democráticos deliberativos.
espectro radioeléctrico y su uso eficiente, describiendo el marco normativo en Colombia.
Así mismo, analiza la interrelación entre las nuevas tecnologías y la disponibilidad de
espectro y propone mecanismos para fortalecer un ciclo virtuoso que permita garantizar una adecuada gestión del espectro maximizando el beneficio para la sociedad y evitando la regulación innecesaria. Dentro del artículo se destaca la importancia de comprender las necesidades locales y las tendencias internacionales, así como la importancia de la
comunicación abierta con la industria, la academia, las entidades públicas y la ciudadanía para comprender sus expectativas en regulación de espectro de nuevas tecnologías. Este también enfatiza en la importancia de la armonización internacional de espectro que redunda en economías de escala. Finalmente, se establece que, en un entorno convergente, contar con una autoridad competente en la administración del espectro, responsable de la atribución, planeación, vigilancia y control, como es el caso en Colombia, significa un gran paso en la dirección correcta. La investigación fue teórica, su enfoque cualitativo y el proceso inductivo, se hizo uso del método hermenéutico-analítico para la comprensión de
documentos y bibliografía especializada.
de prevalencia del interés general (Art. 1CN). La anterior interpretación incorporó automáticamente al lenguaje jurisprudencial de las Altas cortes y de la doctrina administrativa colombiana la definición, estructura y contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (acceso a la administración de justicia - debido proceso - efectividad de los pronunciamientos judiciales). Este planteamiento, aunque de manera tardía, despegó sus efectos sobre la reforma
de la ley de procedimiento administrativo y de la jurisdicción contencioso administrativa colombiana, no sin antes influenciar, aunque de un modo poco significativo, algunos criterios interpretativos con apoyo en los cuales el Consejo de Estado resolvía los incidentes de suspensión cautelar.
particular porque, por su propia naturaleza, estos permanecen ocultos a las
autoridades. Las dos partes integrantes del pactum sceleris no tienen ningún
interés en revelarlo, ya que ambas pueden tener responsabilidad penal. Amén de
ello,la corrupción reviste forma de los delitos que, en la criminología,se conocen
como delitos sin víctima, es decir, delitos en los que no hay una víctima directa o determinada, pero sí un interés digno de tutela jurídico-penal
.
Aunque dicha clasificación está actualmente superada, en tanto que las víctimas hoy se pueden identificar, lo cierto es que sirve para poner de manifiesto que la ciudadanía
no es consciente de que está siendo víctima de la corrupción y, por lo tanto, no
la denuncia. He aquí una dificultad añadida para su persecución. Así las cosas,
los delitos de corrupción llegan a conocimiento de las autoridades, bien porque
aparecen ligados a otros hechos delictivos que se están investigando, bien porque
alguien que conoce el hecho ilícito decide revelarlo.
la realidad, sin embargo, cambia radicalmente si salimos de horizontes hispanohablantes o alemanohablantes: el propio derecho positivo de italia, Francia, Portugal o Brasil, entre otros, proporciona una definición de corrupción.
así como observaba Carrara, mutatis mutandis, en todos estos contextos se entiende por corrupción una especie de“compraventa”de un acto realizada en contra de los deberes de quien lo vende. Con base en esta propuesta, la corrupción será calificable como pública si acto y sujeto-vendedor pertenecen al ámbito público, mientras que privada será aquella compra- venta que tiene lugar en ámbito no-público (típicamente empresarial).
la tipificación como delito de la corrupción en el sector privado ha sido objeto de importantes instrumentos jurídicos internacionales (la Convención de Derecho Penal sobre Corrupción del Consejo de europa, la acción Común y la Decisión Marco sobre Corrupción Privada de la Unión europea, y la Convención de las naciones Unidas contra la Corrupción). la tipificación de estas conductas presenta importantes problemas entre los cuales se encuentra la individualización del objeto jurídico del delito.
en efecto, si bien los instrumentos internacionales parecen apuntar a la tutela de la leal competencia, algunos legisladores nacionales han conside- rado seguir caminos distintos. la normativa italiana, por ejemplo, pretende proteger el patrimonio de la empresa, mientras que la holandesa la fidelidad del trabajador hacia el empresario; por otro lado, la legislación alemana y el proyecto de ley presentado en el 2006 por el Gobierno español parecen colocarse en una situación intermedia, privilegiando la tutela de la lealtad competencial sin olvidar completamente el interés del empresario.
un nuevo paradigma discursivo-procedimental del derecho y una nueva forma de democracia llamada democracia deliberativa. En ella la ley se concibe como un medio postconvencional que ayuda a reconstruir el tejido social a partir del lenguaje y el discurso. La acción comunicativa se da en una esfera pública abierta de discursos entre actores ciudadanos en el marco del respeto de los derechos básicos constitucionales y de la deliberación.A través de éste procedimiento discursivo imparcial se llega a la solución de conflictos morales, legales y políticos, pasando así de una razón práctica – que tenía como fin orientar la acción particular- a una razón comunicativa – representada en el lenguaje.
En este sentido, en relación a la validez del derecho positivo el autor afirma que “vale
como derecho lo que conforme a procedimientos jurídicamente válidos queda establecido, es decir lo que cobra fuerza jurídica” (Habermas 2010: 91) Pero, a esto adiciona que la validez jurídica sólo se puede explicar de manera simultánea a la validez social, la que se da por la aceptación de los miembros de la comunidad jurídica. En esta línea, el derecho está formado por
todas las acciones comunicativas, por las reglas jurídicas que se dan por la reflexividad en la integración social, donde el lenguaje del derecho transforma la comunicación entre el sistema y el mundo de la vida en una sociedad. En esta misma línea “el derecho es, ante todo, una forma de comunicarnos”. (Robles 2017: 168).
Un ejemplo claro de lo aquí dicho se da en las decisiones judiciales de la Corte
Constitucional Colombiana. Si bien es cierto, desde su creación esta Alta Corte ha enarbolado de la defensa del sistema democrático para la toma de la decisiones, también lo es que ha resuelto los desacuerdos -entre los distintos poderes públicos o entre la Administración y los administrados-, a través de un control judicial monológico, es decir, ella como máximo garante de la Constitución es la que establece la interpretación correcta de la Carta. Sin embargo, en los últimos 3 años ha hecho uso de las prácticas dialógicas de control judicial, adoptando medidas tendientes a mejorar los procesos decisorios, empoderando a los excluidos de las decisiones políticas, propendiendo por que las decisiones, en particular las de Administraciones Públicas, para que sean resultado de procesos democráticos deliberativos.
espectro radioeléctrico y su uso eficiente, describiendo el marco normativo en Colombia.
Así mismo, analiza la interrelación entre las nuevas tecnologías y la disponibilidad de
espectro y propone mecanismos para fortalecer un ciclo virtuoso que permita garantizar una adecuada gestión del espectro maximizando el beneficio para la sociedad y evitando la regulación innecesaria. Dentro del artículo se destaca la importancia de comprender las necesidades locales y las tendencias internacionales, así como la importancia de la
comunicación abierta con la industria, la academia, las entidades públicas y la ciudadanía para comprender sus expectativas en regulación de espectro de nuevas tecnologías. Este también enfatiza en la importancia de la armonización internacional de espectro que redunda en economías de escala. Finalmente, se establece que, en un entorno convergente, contar con una autoridad competente en la administración del espectro, responsable de la atribución, planeación, vigilancia y control, como es el caso en Colombia, significa un gran paso en la dirección correcta. La investigación fue teórica, su enfoque cualitativo y el proceso inductivo, se hizo uso del método hermenéutico-analítico para la comprensión de
documentos y bibliografía especializada.
de prevalencia del interés general (Art. 1CN). La anterior interpretación incorporó automáticamente al lenguaje jurisprudencial de las Altas cortes y de la doctrina administrativa colombiana la definición, estructura y contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (acceso a la administración de justicia - debido proceso - efectividad de los pronunciamientos judiciales). Este planteamiento, aunque de manera tardía, despegó sus efectos sobre la reforma
de la ley de procedimiento administrativo y de la jurisdicción contencioso administrativa colombiana, no sin antes influenciar, aunque de un modo poco significativo, algunos criterios interpretativos con apoyo en los cuales el Consejo de Estado resolvía los incidentes de suspensión cautelar.