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Ignacio  Gallardo Lorenzo
  • España, Madrid, El Escorial.
El siguiente trabajo científico aborda desde una perspectiva histórica, el problema de la infertilidad en las comunidades indígenas de Perú. Esta vía de trabajo se abre a raíz de los acontecimientos producidos en el gobierno de Alberto... more
El siguiente trabajo científico aborda desde una perspectiva histórica, el problema de la infertilidad en las comunidades indígenas de Perú. Esta vía de trabajo se abre a raíz de los acontecimientos producidos en el gobierno de Alberto Fujimori, donde a través del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF), y particularmente la puesta en práctica del subprograma Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) realizada durante los años 1996-2000, se esterilizaron más de 270.000 mujeres y 30.000 hombres en contra de su voluntad. Esta violación de derechos se podría englobar en una política de eugenesia estatal. Desde mi punto de vista, hasta que la vía de lo penal no se pronuncie, será difícil que se produzca un consenso entre los investigadores, las instituciones y la sociedad civil. Creo que este trabajo no pone su punto de mira en buscar culpables, más bien el foco se localiza en el discurso de la planificación familiar, y como estos discursos excluyeron del debate, de forma directa o indirecta, el discurso indígena.
Este estudio aborda los distintos discursos dados a favor y en contra de la aplicación de la esterilización en Perú desde 1990, siendo el principal impulsor de su legalización el presidente Alberto Fujimori. En el segundo mandato... more
Este estudio aborda los distintos discursos dados a favor y en contra de la aplicación de la esterilización en Perú desde 1990, siendo el principal impulsor de su legalización el presidente Alberto Fujimori. En el segundo mandato (1994-1998) el Presidente llevó a cabo un plan de esterilizaciones forzosas (AQV) que perjudicó a 300.000 personas aproximadamente. Estas personas, según la mayoría de testimonios recogidos, fueron mujeres que tenían una edad menor de 25 años, con tres hijos o más, pobres, campesinas e indígenas. Las distintas investigaciones revelan cómo el personal del servicio público de salud, y también de algunas ONG, organizaron “festivales de ligaduras de trompas”, donde se captaba a las pacientes: mujeres que terminaban operándose en lugares donde la higiene y el instrumental médico no fue el apropiado.
Es una problemática compleja, que, a pesar de las pruebas, continúa desatando polémica y controversia, pero que también está configurando una resistencia de auto-organización en defensa de los derechos sociales y reproductivos de las mujeres, sobre todo en las comunidades indígenas.
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