Facultad de Derecho Ciencias Sociales y Politicas

Este trabajo analiza el efecto de la masificación de la matrícula sobre las prácticas docentes en una Facultad de Derecho perteneciente a una Universidad Pública argentina. Describe el contexto general del fenómeno y detalla sus principales consecuencias sobre las prácticas áulicas. Luego reflexiona sobre el proceso enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Derecho en su estado actual, caracterizando la perspectiva epistemológica subyacente, la teoría del aprendizaje implícita, el enfoque didáctico predominante y el plan de estudios de la carrera. A continuación, evalúa el efecto de la universalización del acceso a la educación superior sobre el proyecto educativo de la institución. Concluye ofreciendo una propuesta alternativa para alcanzar los objetivos educativos institucionales en un contexto de masificación.

Las transformaciones productivas ocurridas en las últimas décadas en el sector agropecuario argentino han impulsado una división entre la titularidad de la tierra y su explotación. Este desdoblamiento se instrumenta habitualmente mediante contratos de arrendamiento en los que los dueños transfieren el uso y goce del recurso a nuevas formas de organizaciones empresariales (pools de siembra). En un contexto en el que comienzan a multiplicarse los conflictos ambientales asociados a explotaciones rurales insustentables, el presente trabajo lleva adelante una investigación que tiene por objetivo reinterpretar los derechos y obligaciones de las partes del contrato de arrendamiento, con un enfoque particular en los deberes ambientales del arrendador. Con base en el bloque normativo integrado por la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Código Civil y Comercial, concluimos que el arrendador está sometido a un verdadero deber de control sobre las actividades que se desarrollan sobre su propiedad, y que en caso de incumplimiento de este deber y frente a daños ambientales indirectos, podrá ser tenido por responsable y obligado a costear las reparaciones correspondientes.

During the last decades there were huge changes in the Argentinean farming sector, among which stands out the fact that the new business model (known as sowing pools) do not rely on buying the land, but on leasing it. As a consequence farmland leases spread all over the country while environmental conflicts related to unsustainable farming practices escalates. In this context we review the lessor environmental duties under the National Constitution, the Environment General Act, the new Civil and Commercial Code and the Farm Lease Act. We conclude that the lessor is obliged to supervise that the lessee won’t undertake unsustainable activities, and therefore can be held responsible if he fails to perform his duties and third parties are damaged.

El Código Civil y Comercial de la Nación contiene diversos instrumentos jurídicos que permiten desdoblar la titularidad de un recurso productivo del derecho de uso y goce sobre el mismo, como los derechos reales de usufructo y superficie. Si al explotar el recurso el usufructuario o superficiario lleva a cabo actividades riesgosas que ocasionan daño ambiental indirecto, el sistema de responsabilidad civil se debe integrar con normativa de orden ambiental. En este esquema corresponde reinterpretar la norma aplicable y concluir que el propietario puede ser considerado responsable por tales daños cuando se apropie de parte de la mayor rentabilidad generada por dicha actividad.

The Argentine Civil and Commercial Code includes a set of land use arrangements that allow to divide ownership of an asset from the right to use it. Among these arrangements we can find the rights named “usufructo” and “superficie”. If the operator that took control of the asset by choosing any of these legal tools performs dangerous activities causing damages to third parties, we hold that the owner could also be considered responsible whenever he profits from the extraordinary gains produced by the risky activity.

Los contratos agroindustriales en Argentina se han convertido en un instrumento de extensa difusión para coordinar la producción de una gran variedad de frutos primarios destinados a procesos de industrialización, caracterizándose por contener ciertas cláusulas que otorgan amplias facultades de dirección y control del proceso a favor del empresario industrial o comerciante (empresarios integradores). En estos casos, cuando en el marco de las tareas productivas el productor integrado lleve a cabo actividades riesgosas o peligrosas que ocasionen daños ambientales indirectos, los empresarios integradores serán pasibles de responsabilidad ambiental en virtud de su carácter de servidos de la actividad riesgosa, con independencia del provecho económico que le pueda reportar el producido de dichas actividades. Esta extensión de responsabilidad se fundamenta en la reinterpretación del art. 1758 in fine del CCCN, efectuada en forma armónica con el art. 41 de la Constitución Nacional, con la legislación especial en la materia (Ley General del Ambiente), y con las normas civiles relativas a la función preventiva del derecho de daños.

El derecho argentino reconoce dos clases de relaciones de poder,
consistentes en vínculos de hecho con las cosas cuya existencia no requiere de antecedentes jurídicos: la posesión y la tenencia. El mecanismo por el cual un sujeto puede pasar de una relación de
poder a otra se denomina interversión de título, y el presente trabajo analiza los elementos y condiciones necesarios para que se produzca este fenómeno de acuerdo a la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación y a la jurisprudencia actual.

En el presente artículo nos proponemos reflexionar acerca de los principios jurídicos que rigen el denominado derecho a la ciudad en Argentina. En primer término nos referimos al origen, concepto y contenido de la noción. Avanzamos luego sobre la importancia y el rol que juegan los principios en el ordenamiento jurídico para luego proponer una serie de principios fundamentales que serían
aquellos sobre los cuales gira el derecho a la ciudad. Primordial importancia merece la cuestión de la cosmovisión del hombre en la materia. En este sentido cabe señalar que el mentado derecho a la ciudad parte de una concepción que ubica al ser humano en el eje del debate, ocupando éste una posición central en lo atinente al diseño y funcionamiento de las ciudades, las que constituyen el espacio tanto físico como social en donde cada persona debe alcanzar su
plenitud. Por lo tanto, la vulneración del derecho a la ciudad en cualquiera de sus formas consiste también en una lesión a la mismísima dignidad humana, valor capital que subyace y alimenta todo el ordenamiento social y jurídico. En particular se analizan los principios de igualdad, legalidad, razonabilidad, buena administración, participación y de no dañar o de sustentabilidad. En la parte final
se exponen las conclusiones.

En la Provincia de Corrientes, las políticas que vienen abordando el problema de la informalidad dominial rural en últimos 10 años fueron establecidas mediante la Ley Nº 5.836, modificada por Ley Nº 6.211 y reglamentada por el Decreto Nº 2.427/08. Este bloque normativo crea un Plan de Regularización Dominial que presenta imprecisiones jurídicas notables, pero más importante aún, se basa en el controversial procedimiento administrativo previsto en la Ley Nacional N° 24.374, el
que se ha intentado adaptar al plano provincial con relevantes inconsistencias, y sin que se logre una coordinación eficaz de acciones con municipios y colegios profesionales. Además, responde a un paradigma regularizador basado principalmente en la generación de títulos, el que recibe objeciones por su ineficacia para combatir las razones de fondo que ocasionan la informalidad.

La reputación de dominio es un procedimiento administrativo regulado en la Ley N° 6042 “Ley Orgánica de las Municipalidades” de la Provincia de Corrientes que tiene por fin inmediato la adquisición del derecho real de dominio sobre un inmueble que carece de dueño, a favor de un Estado Municipal, con fundamento central en el actual art. 236 del Código Civil y Comercial. En el presente trabajo se describirá su regulación legal, con sus condiciones de procedencia, y se trazan relaciones con otras figuras con las que comparte finalidad, fundamentalmente con la acción declarativa de abandono y con acción de vacancia sucesoria, avanzando con un análisis de sus ventajas y de sus limitaciones, y concluyendo en que el mecanismo no puede emplearse para violar la propiedad privada o comunitaria (mucho menos de los grupos vulnerables) ni para evadir los procesos judiciales que son indispensables para el ejercicio de la correcta atribución de dominio.

En respuesta al Land Grabbing Argentina dictó en el año 2011 la Ley Nº 26.737 que es conocida comúnmente como “Ley de Tierras Rurales”. El presente trabajo tiene por objetivo explicar cuáles son los aspectos centrales de este régimen, exponer las controversias que ha generado y dar cuenta del estado actual de extranjerización conforme los
datos disponibles. La norma se estructura a partir de los siguientes ejes:
a) la determinación sobre lo que es “tierra rural” y la definición acerca
de quienes se consideran “extranjeros”; b) el sistema de límites a la
adquisición de tierras que se impone a los “extranjeros”; c) la recopilación de la información necesaria para su funcionamiento. Los resultados del relevamiento oficial de la situación de tierras rurales indican que la “extranjerización” ha permanecido en niveles relativamente bajos y estables desde la sanción de la norma, aunque la constatación de este resultado requeriría de investigaciones adicionales. Se destaca que el diseño de la norma se enfoca exclusivamente en evitar cierto tipo de concentraciones de tierras rurales en manos de extranjeros, sin una clara articulación con políticas de fondo tendientes a construir un proceso de “land grabbing administrado” que pueda repercutir positivamente en las comunidades locales; y que la Ley de Tierras tiene dificultades ostensibles para justificar la discriminación que efectúa en el trato de nacionales y extranjeros, lo que acarrea severos cuestionamientos a su constitucionalidad. La metodología utilizada para llevar adelante la tarea es la revisión bibliográfica, la consulta de fuentes secundarias y el
análisis de la legislación pertinente.