Responsabilidad del Estado

El reconocimiento de la competencia local para regular la responsabilidad del Estado, que plasmaron normativamente la Ley 26.944 –Responsabilidad del Estado nacional- y el nuevo Código Civil y Comercial, supone para las provincias argentinas dos desafíos significativos. El primero de ellos se relaciona con la necesidad de enfrentar la desaparición del marco jurídico utilizado tradicionalmente para resolver los casos de responsabilidad. El segundo desafío consiste en ejercer cabalmente la autonomía provincial en la materia, es decir abordar a conciencia la elaboración y sanción de la propia legislación de responsabilidad de un modo consistente con las directivas constitucionales de cada jurisdicción y sin ceder a la tentación de copiar automáticamente la legislación federal o fugarse hacia el derecho privado. En este trabajo se abordan esos aspectos.

En el presente trabajo analizamos si es posible fundar la responsabilidad del Estado respecto de las instituciones indicadas en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Bases de la Administración del Estado, que están excluidas de la responsabilidad por falta de servicio que establece el artículo 42 de la misma ley, (como es el caso de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad) en el artículo 2314 del Código Civil, para concluir que tanto desde el punto de vista histórico, dogmático y metodológico es improcedente aplicar el referido artículo, correspondiendo aplicar el artículo 4º de la Ley de Bases.

SUMARIO INTRODUCCION I. TEORIAS QUE FUNDAM ENTAN LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-JUEZ 1. Teoría de la relación contractual 2. Teoría del enriquecim iento sin causa 3. Teoría de la responsabilidad extracontractual o aquiliana 4. Teoría del riesgo profesional 5. Teoría de ¡a obligación m oral 6. Teoría d el sacrificio particular II. CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-JUEZ 1. E l error ju d ic ia l 2. El error ju d ic ia l en la legislación venezolana 3. La omisión y e l retardo ju d ic ia l 4. Otros supuestos de m a l funcionam iento de! servicio d e adm inistración d e ju stic ia III. PROCEDIM IENTO PARA EXIGIR LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-JUEZ 1. E n e l caso d e error ju d ic ia l com etido en una sentencia definitiva 2. E l iter p rocesal p a ra lograr la indem nización p o r error ju d ic ia l de una sentencia definitiva en m ateria penal 3. La reclam ación en caso de errores com etidos en sentencias definitivas dictadas en cualquier otra m ateria y de los dem ás supuestos de m al funcionam iento de la adm inistración de ju stic ia IN T R O D U C C IO N M uchas veces, mientras pasa el tiempo que dedicamos al ejercicio libre del derecho ante los tribunales de justicia, nos encontramos con situaciones realmente inconcebibles, errores, retardos y omisiones que tienen efectos de importante contenido patrimonial. En una oportunidad se presentó una persona ante un joven abogado y le relató lo que le había sucedido durante cinco largos años por un auto de detención dictado por un juez penal; permaneció recluido en uno de los centros penitenciarios de nuestro país, bien conocidos por las situaciones que se viven en los mismos, luego de haber transcurrido las etapas procesales correspondientes al juicio penal de aquel momento, previsto en el Código de Enjuiciamiento Criminal, y vencido ampliamente el lapso para dictar la sentencia definitiva, este juez se dignó a dictar * Trabajo presentado para la cátedra: Responsabilidad de la A dm inistración, dictada por el profesor Luis O rtiz-AIvarez en el curso de especialización en D erecho A dm inistrativo de la UCAB. " A bogado. D irector del C apitulo V enezolano de la A sociación M undial de Jóvenes Juristas y E studiantes de Derecho.

El libro aborda el tratamiento dogmático de la responsabilidad del Estado a la vez que la problematiza y la torna un objeto de práctica profesional para acompañar la dinámica de las aulas universitarias de grado y posgrado de Derecho del siglo XXI.  En él se muestran las tensiones y nuevos escenarios que plantea la responsabilidad estatal y se traza una ligazón clara entre las construcciones teóricas que la sustentan y la práctica profesional que la involucra. Por medio de recursos tales como la formulación de interrogantes que van develándose con el decurso del relato, el planteo de casos, líneas de tiempo, desafíos y posibilidades que se dirimen en el ejercicio profesional, ejemplificaciones, metáforas, reconstrucciones socio-históricas, informaciones de actualidad, etc., se presenta la responsabilidad estatal como una institución dinámica que se ha moldeado a través del tiempo con la influencia de diversos actores y que aún hoy continúa en construcción.

De mantener los criterios vigentes en la actualidad, se estaría violentando el derecho de acceso a justicia y ante todo debemos recordar que en contextos de vulnerabilidad la eficacia del sistema es lo que define si el justiciable vuelve a “confiar en la justicia” o recurre a otros modos de resolución de conflictos no reglamentados en nuestro ordenamiento jurídico.

Si el sujeto beneficiario del beneficio de litigar sin gastos, logró sortear las adversidades y abonar el mismo. Aún así, en la práctica solemos encontrarnos frente a situaciones sumamente disvaliosas como lo es la falta de peritos de ciertas especialidades.

Siendo el Estado quien debería hacerse cargo del adelanto para gastos de los peritos en todos los casos donde la pericia sea ofrecida por un justiciable que goza de la franquicia del beneficio de litigar sin gastos, máxime cuando la misma ya ha cumplido con la carga procesal de depositar el mismo a un primer auxiliar interviniente –quien no cumplió con la tarea encomendada, generando dilaciones sumamente gravosas, y debiendo ser removido-.

Su obligación es directa, en cuanto es responsable y garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Podemos definir los daños morales (o no patrimoniales) como aquellos que implican una reducción de la utilidad que ni el dinero ni otros bienes intercambiables por éste pueden  compensar. La determinación de la compensación que en su caso ha de pagarse a las víctimas de estos daños plantea cuando menos dos grandes problemas. El primero es que no resulta en absoluto fácil cuantificarlos, ya que no hay un mercado para los correspondientes bienes dañados que permita asignarles un precio. El segundo problema es que la cuantía de la referida compensación es por definición inferior a la del daño moral ocasionado. En el presente trabajo se analizan los criterios que nuestros Tribunales utilizan (o, en su caso, deberían utilizar) para cuantificar los daños morales causados por las Administraciones públicas.

El presente trabajo se propone servir de auxilio a la enseñanza básica de la responsabilidad del Estado en el derecho argentino. A tales fines, consiste en una breve reseña histórica de sus orígenes hasta el presente. Desde los primeros precedentes judiciales hasta la consagración legal.

Se analiza la responsabilidad por daño extracontractual del Estado en Panamá. El trabajo se divide en tres secciones centrales. En la primera, se analiza la evolución histórica del sistema aplicable, originada en el Derecho Civil. En la segunda, se analiza con detenimiento el sistema de responsabilidad vigente desde el Derecho Administrativo. Finalmente, se analiza la posibilidad o no de conciliar las respuestas entre ambas disciplinas sobre el problema de estudio.

El presente trabajo pretende analizar el delito de incumplimiento a los deberes de asistencia familiar en el ámbito del derecho penal: sus características, presupuestos de admisibilidad y su inserción en el proceso de alimentos perteneciente al derecho de familia en el fuero civil.
A través de un recorrido por el ordenamiento jurídico, se describirá el modo en que subyacen los efectos del incumplimiento sobre las distintas ramas del derecho, influyéndolas o solicitando su auxilio como requisito de exigencia que hace a su alcance, aplicación y consecuente efectividad en los nuevos modelos de relaciones parentales que recepta el Código Civil y Comercial en vigencia.
También se mencionan aspectos que resultan pertinentes de la Ley 340 ; proponiendo, finalmente, la adecuación necesaria mediante la utilización de herramientas que el actual desarrollo, evolución y complejidad de las relaciones sociales impone en el proceso de democratizar la justicia con el aporte de las nuevas tecnologías.

This paper describes some aspects of the liability of public administration in Argentina, after the approval of Law 26,944, of 2014, that builds a system, thus apart of the Civil Code, which makes the State responsible on a more limited basis.

El objetivo de este escrito es presentar una introducción a la filosofía de la responsabilidad extracontractual. Trataré de mostrar no sólo que existe un sólido cuerpo de estudio filosófico que se encarga del derecho de daños, sino de que su conocimiento es importante para el jurista práctico latinoamericano. La idea fundamental que anima este escrito es que los conceptos dogmáticos y los problemas fundamentales del derecho de la responsabilidad extracontractual sólo se hacen inteligibles mediante conceptos más abstractos de filosofía del derecho, filosofía moral y filosofía política. Ilustraré esta relación entre responsabilidad civil y filosofía con una exposición detallada de las principales líneas del debate más importante que existe en el área: la cuestión de la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. El desarrollo particular que ha tenido esta controversia en el mundo de la filosofía de la responsabilidad extracontractual del common law en los últimos cuarenta años muestra con claridad que la elección y diseño de un régimen de responsabilidad va más allá de la resolución de un problema dogmático –como comúnmente se piensa–, sino que depende de un conjunto importantes elecciones morales, económicas y políticas. Este escrito finaliza con algunas consideraciones prácticas más originales y tal vez más tentativas. La última sección busca mostrar como la forma dogmática y judicializada como se han conducido las principales discusiones sobre la responsabilidad extracontractual en nuestro contexto, donde los jueces han tenido el poder de diseñar los sistemas de responsabilidad extracontractual, es susceptible de varias objeciones que ha sido comunes en la filosofía del derecho constitucional, y que toman una forma particular –que trataré de desarrollar– según las peculiaridades del derecho de daños. En respuesta a este problema, trataré de esbozar algunas consideraciones sobre la creación e interpretación de las normas de responsabilidad extracontractual, además proponer algunas líneas de reflexión que pueden ser exploradas en el futuro. En vez de contener respuestas definitivas a los asuntos que aborda, el presente texto trata de formular algunas de las preguntas comúnmente olvidadas o cuya complejidad a veces no es apreciada. La idea principal es, en una palabra, llamar al debate sobre los principios y fundamentos de la responsabilidad extracontractual en Latinoamérica.

En Panamá, como en la mayoría de países donde existe una jurisdicción contencioso-administrativa, rige un sistema típico y fragmentado de acciones ejercitables ante dicha jurisdicción. Esto trae como resultado que la comprensión adecuada de los supuestos que justifican el uso de determinada acción, sea vital para garantizar el acceso a la tutela judicial. En atención a esto, el trabajo plantea el problema de la acción ejercitable en el caso de las demandas de indemnización por daños por responsabilidad extracontractual del Estado en Panamá.
Desde un punto de vista de la metodología, el trabajo se divide en dos partes: una parte de orientación teórica y otra parte de orientación práctica. De la parte teórica, se analiza el ordenamiento procesal administrativo panameño para determinar el origen y la pertinencia de afirmar la existencia de una acción especial de reparación directa. La parte práctica, que se plantea con independencia de los criterios expuestos en la parte anterior, se subdivide a su vez en una parte diagnóstica, en cuanto a los problemas derivados de la aplicación del sistema actual vigente en materia de reclamaciones de responsabilidad del Estado, particularmente en cuanto a la reclamación de responsabilidad personal de los funcionarios, el término de prescripción de la acción, los requisitos de la demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa y el caso de responsabilidad por daños derivados de la aplicación de actos administrativos ilegales, a partir de la cual se extraen observaciones para realizar propuestas de reforma legislativa, a fin de mejorar tanto el acceso de los administrados a la tutela judicial, en forma general, y en particular facilitar el caso de la responsabilidad extracontractual del Estado.
El trabajo realiza un análisis histórico tanto del sistema procesal panameño, como de derecho comparado, particularmente, Colombia, Francia y España, y en menor medida Italia, Argentina, Alemania y México.

El Estado tiene diversos mecanismos normativos a su alcance para declarar y combatir una emergencia económica. Aquella declaración no solo puede ser realizada a través del dictado de una ley formal, sino que también hay que destacar las facultades legislativas del Presidente, en particular, la delegación legislativa y los decretos de necesidad y urgencia.
En el presente trabajo me propongo analizar la responsabilidad del Estado por su actividad normativa de emergencia, haciendo especial referencia a los decretos de necesidad y urgencia. En el análisis de la cuestión tiene especial incidencia si la normativa en cuestión es constitucional –sea porque no fue cuestionada en sede judicial o porque un tribunal rechazó el pedido de inconstitucionalidad– o bien si un tribunal ha declarado la inconstitucionalidad de la norma. Los presupuestos de procedencia de la responsabilidad del Estado cambian según el supuesto que se trate.
En primer lugar, caracterizaré el instituto de emergencia económica y los mecanismos para su declaración. A continuación expondré respecto de los fundamentos constitucionales de la responsabilidad del Estado y luego me adentraré a reseñar la cuestión de la responsabilidad del Estado-legislador en el derecho comparado. Seguidamente, analizaré la responsabilidad del Estado por su actividad normativa de emergencia en el caso de que la norma sea constitucional. Luego se tendrá en cuenta el supuesto de que la norma sea declarada inconstitucional. Finalmente, desarrollaré la cuestión específicamente respecto de los decretos de necesidad y urgencia.

Dista mucho de estar claro si, por qué y, sobre todo, bajo qué condiciones debería el Estado resarcir los daños causados por la prisión provisional cuando el proceso penal termina con la absolución de los perjudicados o con el sobreseimiento. Después de exponer cómo está regulado este problema en nuestro ordenamiento jurídico, de revisar algunas de las soluciones que se le han dado en el Derecho comparado y de repasar las opiniones doctrinales vertidas sobre el particular, este trabajo analiza los costes y los beneficios que para la colectividad se derivan de esta responsabilidad. El autor pone de relieve que indemnizar a los inocentes es socialmente ventajoso, por cuanto así se reduce el coste esperado de ser inocente y, por lo tanto, se incrementa la eficacia preventiva del sistema penal. Ahora bien, si se pretende maximizar esta eficacia, no habrá que compensar a todos los acusados que hayan sufrido prisión provisional seguida de absolución o sobreseimiento, sino sólo a aquellos cuya inocencia quede acreditada de acuerdo con un estándar de prueba más estricto que el utilizado para absolver en el proceso penal.
Western legal systems are far from having provided the same solution to the problem of whether acquitted pre-trial detainees should be compensated for the harm suffered as a result of detention on remand. After describing how this problem has been regulated under Spanish law and other legal systems, this paper analyzes the social costs and benefits derived from compensating acquitted pre-trial detainees, focusing on the case where detention was lawfully and diligently carried out by State agents, and not having been caused by negligence on the part of the detainee. The author shows that compensating actually innocent detainees deters crime insofar as it reduces the expected costs of abiding by the law. Nevertheless, in order to maximize this deterrence effect, the State should not compensate every acquitted defendant for the harm suffered as a consequence of having been held on remand, but only if the evidence indicating his guilt does not reach certain threshold lower than the amount of such incriminating evidence required to convict him.

Se examina el deber del Estado de indemnizar a las personas a quienes privó de la libertad en el curso de un proceso penal y finalmente no resultaron condenadas, por cualquier razón. Se examina la irracionalidad de admitir la reparación de la afectación de la propiedad por actividad lícita y no hacerlo frente a la afectación de la libertad. El trabajo es anterior a la Ley de Responsabilidad del Estado, pero sus tesis se mantienen frente al texto vigente.

El estándar de cuidado aplicable a la responsabilidad del Estado en las actuaciones de Gendarmería de Chile, en la jurisprudencia de la Corte Suprema, no ha sido objeto de estudio detallado a la fecha. En el presente trabajo se revisará la jurisprudencia del máximo tribunal dictada en esta
materia durante los últimos diez años. Para ello se clasificarán las sentencias según el sujeto que ha padecido el daño por el actuar de Gendarmería de Chile. Este análisis será realizado bajo la óptica de una tensión fundamental en la responsabilidad del Estado por falta de servicio: la pugna entre deberes generales y deberes concretos de responsabilidad

El artículo contiene un análisis de la Ley de Responsabilidad del Estado Nro. 26.944 en cuanto a la responsabilidad de la Administración Pública por omisión a deberes genéricos. He puesto de manifiesto las falencias de la norma en torno a esta temática. Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC)  tienen por rasgo característico la imposición en cabeza del Estado de diferentes deberes de contenido positivo, necesarios y existenciales para el ser humano. Elemento este último que torna a la omisión de tratamiento en la ley, como una de las principales amenazas para su vigencia.

Este artículo pretende dar conceptos sobre la figura de la conciliación extrajudicial y judicial en procesos de reparación directa, como consecuencia de una falla en la prestación del servicio, para este fin se hace un análisis de la concepción de servicio público dirigido a concluir específicamente en el servicio de acueducto y alcantarillado, pasando por las causales eximentes de responsabilidad,  en aras de la protección y disminución de los indicadores en las demandas de reparaciones directas, para que en las Empresas de Servicios Públicos (Santiago de Cali) se de la reparación en la responsabilidad del Estado, garantía de derechos fundamentales y restablecimiento de la víctima a la situación anterior al hecho, utilizando el mecanismo de la Conciliación en aquellos casos que se tiene probada la falla en el servicio.

El trabajo examina el alcance de la reparación de los daños ocasionados por el estado por su actividad lícita. En primer lugar, se estudian los precedentes más importantes de la Corte Suprema sobre el tema y se analiza la opinión de la  doctrina. Luego, se analizan las disposiciones del Código Civil y Comercial, y de la ley de responsabilidad del Estado recientemente sancionadas. Se concluye que los tribunales de justicia, en un caso particular, podrían declarar la inconstitucionalidad de la ley de responsabilidad del Estado por violar los derechos constitucionales de igualdad y de propiedad.
PALABRAS CLAVE
Acción por responsabilidad, daños y perjuicios, igualdad ante la ley, derecho de propiedad, control jurisdiccional.

TITLE
The liability of the State in Argentina and the scope of reparation for its lawful activity
ABSTRACT
The paper examines the scope of reparation for damage caused by the State for its lawful activity. First, we study the most important precedents of the Supreme Court on the subject, and we discuss the opinion of the doctrine. Then, we analyze the provisions of the Civil and Commercial Code, and the liability of the State law recently enacted. We conclude that courts, in a particular case, may declare unconstitutional the law of State liability for violating the constitutional right to equality and property.
KEY WORDS
Action to establish liability, damages, equality before the law, personal property, judicial review.

Partiendo del supuesto de la falta de efectividad de los medios de ejecución de sentencias de indemnización contra el Estado, anclado en un régimen privilegiado a favor de éste último, se examinan las causas de esta situación a partir de las normas presupuestarias que regulan el tema en Panamá, así como jurisprudencia al respecto, a fin de identificar los problemas del sistema actual, apuntándose ciertas soluciones puntuales a partir de una concepción que garantice, en igualdad de condiciones, los derechos de los administrados de obtener el cumplimiento de las sentencias, así como desde la experiencia del derecho comparado, particularmente de España y Colombia, especialmente, los principios de cumplimiento obligatorio e inmediato de las sentencias y el reconocimiento de intereses por mora en el pago de la indemnización, así como la necesidad de plantear un nuevo sistema.
Finalmente, aprovechando la coyuntura en torno a la posibilidad una nueva constitución, se analiza los aspectos positivos y negativos de la última propuesta de reforma constitucional de 2012, haciendo recomendaciones al debate en torno al fundamento constitucional general sobre el asunto, haciendo énfasis en la responsabilidad por incumplimiento de pago de indemnizaciones.

I. Introducción.- II. La responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos en el proyecto de reforma.- III. Los fundamentos del Poder Ejecutivo.- IV. El verdadero alcance de “Barreto”.- V. La responsabilidad del Estado y el derecho común.- VI. El posible vacío legislativo.- VII. La responsabilidad personal del funcionario.- VIII. Conclusión

En el marco de los cambios trascendentales producidos en la regulación de la responsabilidad estatal por las leyes 26.944 y 26.994, algunas Provincias han comenzado a dar cuenta del rol que les cabe en este nuevo escenario. Así ocurre con la de Entre Ríos, en la que en estos días se discute un proyecto de ley de responsabilidad del Estado, el que es objeto de análisis crítico en este trabajo.

En este artículo se analizan los criterios que deben considerarse para evaluar la responsabilidad del Estado colombiano por las afectaciones que sufran, derivadas de la COVID-19, las personas privadas de la libertad (PPL). Así, en primer lugar, se estudia la emergencia sanitaria generada por la COVID-19 y sus efectos en el sistema punitivo colombiano. En segundo lugar, se describe la respuesta de las instituciones estatales en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional. En tercer lugar, se analizan los principales desarrollos jurisprudenciales que, en materia contencioso administrativa, se han identificado en torno a la violación de los derechos de las PPL por causas imputables al Estado. Finalmente, se esbozan algunas conclusiones en torno a la posibilidad o no de adoptar criterios flexibles que permitan evaluar la responsabilidad del Estado colombiano frente a una situación inédita en la historia reciente.

El conflicto armado colombiano, ha transcendido el marco normativo interno ante violaciones a derechos humanos por desapariciones forzadas, la muerte de civiles imputados como dados de baja en batalla (falsos positivos) y demás actos con violación al DIH (masacres y desapariciones forzadas), en los cuales el Estado a través de las fuerzas militares se ha convertido, a pesar de su posición de garante de la efectiva protección de los derechos, en agente responsable por daños antijurídicos derivados de sus actuaciones licitas o ilícitas. El presente artículo indaga en aquellas actividades de las fuerzas militares fuentes de Responsabilidad Estatal, recogidas de la aplicación e interpretación que nuestro máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha realizado de la cláusula contenida en el artículo 90 Constitucional, al resolver cada caso en concreto. Para ello, de manera concreta, analizaremos la línea jurisprudencial del Consejo de Estado en materia de Responsabilidad de las Fuerzas Militares, con el fin de describir conforme a las variadas actuaciones de los agentes estatales (Fuerza Pública) generadores de responsabilidad, los diferentes elementos o presupuestos para su configuración.

RESUMEN La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública resulta una garantía jurídica de los ciudadanos en sus relaciones con el Estado, que postula el dere-cho de las personas a reclamar por los daños devenidos de su intervención. La actividad médica es uno de los sectores de referencia de su desarrollo normativo y jurispruden-cial desde contextos comparados. En Cuba, la regulación constitucional no cuenta con un desarrollo normativo que regule un procedimiento de exigencia en ese sector. Este trabajo tiene como objetivo fundamentar los elementos teóricos necesarios para la con-figuración de un procedimiento para la reclamación por daños en la actividad médica cubana, a efectos del perfeccionamiento de su régimen jurídico. Para su consecución, el trabajo se divide en varias secciones esenciales. Parte desde el postulado teórico-juris-prudencial de las bases constitucionales y del análisis de las limitaciones de la ordena-ción procedimental en la actividad médica cubana, como base para la fundamentación de un mecanismo en sede administrativa para la exigencia de responsabilidad en la ac-tividad médica. PALABRAS CLAVE Reclamación, responsabilidad patrimonial, recurso administrati-vo, procedimiento administrativo, actividad médica. ABSTRACT Liability of the Public Administration is a legal guarantee of the citizens which postulates the right of citizens to claim for the damages arising from their intervention. Medical activity its one of the reference sectors of its normative and jurispru-dential development from comparative contexts. In Cuba, the constitucional regulation does not have a normative development that regulates a procedure of requirement in such sector. The present work has as objective to base the theoretical elements necessary for the configuration procedure for the claim for damages in the Cuban medical