El daño moral
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Directores
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© De los autores, 2023
© LA LEY Soluciones Legales, S.A.
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Tercera edición: marzo, 2023
Segunda edición: mayo, 2017
Primera edición: enero, 2015
Depósito Legal: M-7580-2023
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ISBN versión impresa: 978-84-9090-691-0
ISBN versión electrónica:,978:.s4.:.9090-692-7
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Directores
Fernando Gómez Pomar
Ignacio Marín García
Autores
Hugo Acciarri
Ariadna Aguilera Rull
Sofia Amaral-García
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Gabriel Doménech Pascual
Pilar Donúnguez Martínez
Esther Famós Amorós
Anna Gines i Fabrellas
Carlos Gómez Ligüerre
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Femando Gómez Pomar
Matías Irigoyen Testa
Ignacio Marín García
Rosa Mila Rafel
José Penalva Zuasti
Sonia Ramos González
Antoni Rubí Puig
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CAPÍTULO
VII
La cuantificación de los daños morales causados por las
administraciones públicas
Dr. Gabriel DoMÉNECH PASCUAL
Catedrático de Derecho Administrativo (Universitat de Valencia)
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INTR0DVCC1ÓN
Podemos definir los daños morales -o no patrimoniales- como aquellos que implican ·una"i~educción de la utilidad que ni el dinero ni otros bienes intercambiables por
éste ptreden compensar1• La determinación de la compensación que en su caso ha de
pagirse, a las víctimas de estos daños, también cuando han sido causados por adminis. tf~ciones públicas, plantea cuando menos dos grandes problemas.
~:ÉI:-pamero ~s que no resulta en absoluto :facil cuantificarlos, ya que no hay un
mercido para los correspóndientes bienes dañados que permita asignarles un precio 2 , un
valor aceptable intersubjetivamente. En este sentido hay que entender las afirmaciones
del Tribunal Supremo de que el daño moral no admite, por definición, una cuantificación según cri~erios económicos, por lo que, «salvo que concurran otras circunstancias
que permitan uná evaluación distinta, sólo [cabe] acudir a la prudencia para fijar la
indemnización», es decir, atender a la <<experiencia del propio Tribunal ... sobre el valor
del padecimiento humano en las distintas situaciones de la vida» 3 • Su determinación
· ••
0
1.
Véase, por ejemplo, Femando Gómez Pomar, «Daño moral>>, InDret 1/2000, p. 1; así como las
contribuciones de Carlos Gómez Ligüerre, «Concepto de daño moral», y Femando Gómez Pomar y José
Penalva Zuasti, <<Problemas de concepto, valoración y cuantificación del daño moral (análisis económico
del derecho)», contenidas en este libro
2.
Véase Siebert D. Lindenbergh y Pe ter P. M. Van Kippersluis, <<Non pecuniary losses», en Michael
Faure (ed.), Encyclopedia of law and economics. Tort law and economics, Edward Elgar, Cheltenham, 2009, p.
215.
3.
STS, 3.a, Sec. 6.a, 5.5.2009.
1
582
El daño moral y su cuantiflcac/6n
encierra un «alto componente subjetivo»\ «carece de parámetros o módulos objetivos»5. «Los daños morales escapan por su naturaleza a toda objetivación mensurable, por
lo que su cuantificación ha de moverse dentro de una ponderación razonable de las
circunstancias del caso, situándose en el plano de la equidad» 6 •
El segundo problema es que la cuantía de la referida compensación es por definición
inferior a la del daño moral ocasionado. Este es uno de los casos en los que se excepciona
el llamado principio de indemnidad, según el cual la compensación que el responsable
civil ha de pagar a la víctima no es ni inferior ni superior, sino exactamente equivalente,
al daño que aquél le ha ocasionado a ésta7 • En virtud de este principio, la magnitud de
la correspondiente indemnización ha de coincidir con la del daño causado; para precisar
aquélla «sólo» hay que cuantificar éste. La compensación por daños morales, en cambio,
no puede ser calculada· mediante ese procedimiento tan «sencillo». Aquí hace falta recurrir a otros criterios, menos 'intuitivos que el anterior, que indiquen hasta dónde ha de
alcanzar el resarcimiento.'·
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2.
juNT(>,,S Y:.':'9'.9N.,FJÍEClJENCIA REVUELTOS
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Un mismo évento -por ejemplo, una operación quirúrgica o la prisión preventiva
de una pers~na sospech~sa de haber cometido un delito- puede causar daños de diversa
índole, patrimoniales/y no patrimoniales. En tales circunstancias, muchas veces los Tribunales competentes tratan de cuantificar esos daños por separado, especificando los
criterios que han· seguido y las operaciones que han realizado para identificar y cifrar
cada qno tfe ~llos 8 • Sin embargo, también son relativamente abundantes los casos en que
los Trib1,1~ales estiman conjuntamente los diversos perjuicios provocados, estableciendo
una· ~.a~~dad a).zada para todos en su conjunto9•
srEl.:p'timer método es claramente preferible al segundo en aras de la certeza y la
tr~~fn.,_c_i,ón de arb~trariedades, desigualdades y litigios, pues proporciona mayor claridad
acefca- ·?f·(:'Jf?,rno se han determinado y valorado los daños considerados e, implícitamente,
acerca dé cómo hay que precisar y evaluar los daños análogos que en el futuro surjan,
reduciéndose de esta manera el riesgo de que los justiciables discrepen sobre este punto
o de que los órganos jurisdiccionales que han de resolver ulteriormente incurran en
inconsistencias.
Las Administra~iones públicas causan a veces daños patrimoniales que son de muy
dificil acreditación y cuantificación. Ante esas dificultades, en ocasiones los Tribunales
otorgan una .compensación sólo por los daños morales causados, que es dudoso se hayan
4.
STS, 3.a, Sec. 6.a, 29.3.1999.
5.
STS, 3.a, Sec. 6.a, 26.4.1997.
6.
STs; 3.a, Sec. 6.\ 28.2.1995.
Véase Gabriel Doménech Pascual, <<Ni más ni menos. El principio de indemnidad y sus excep7.
ciones», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 156, 2012, pp. 59-86.
8.
Véase, por ejemplo, la STS, 3.\ Sec. 6.\ 18.6.2009.
9.
Véase, por ejemplo, la STS, 3.a, Sec. 6.ª, 28.9.2004.
1
La cuantificaci6n de los daños morales causados por las administraciones , , ,
583
producido realmente, pero que tienen la «ventaja» de que no necesitan ser probados 10
y, además, pueden ser fijados de manera prácticamente discrecional.
Puede servir como ejemplo ilustrativo la jurisprudencia del Tribunal supremo relativa a la responsabilidad del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos por
haber denegado ilegalmente la colegiación a varios solicitantes que habían obtenido su
correspondiente título de ingeniero por la Universidad de Alicante. Los actores exigían
una compensación por diversos conceptos: por el lucro cesante, pues la denegación
determinó que durante un tiempo los solicitantes no pudieran ejercer la profesión para
la que estaban titulados; por los gastos extraprocesales y procesales derivados de la interposición y sostenimiento de las acciones; por los daños ocasionados a su imagen y carrera
profesional; y por los daños morales, en la medida en que la no colegiación había afectado
«a la esfera personal de los titulados y sus familias». Denegadas por la Administración las
solicitudes de responsabilidad, la Audiencia Nacional desestimó los subsiguientes recursos contencioso-administrativos, al entender que los actores no habían probado la existencia de los daños -~egados, y que los gastos procesales sólo podían ser reclamados en
caso de conderia:·en tbstas, que aquí resultaba improcedente.
En casaci6h; -el Tribunal Supremo también consideró que los recurrentes no habían
logrado probar el lucro cesante derivado de la denegación de la colegiación, pues se
habían limitado a: valorarlo sin justificación alguna, atendidos simplemente los ingresos
medios de Ut:1 ingeniero de caminos. Según el Tribunal, tampoco habían acreditado los
daños extraprocesales y a su imagen y carrera profesional infligidos por la decisión colegial. Los daños morales, en cambio, sí fueron considerados resarcibles por el Tribunal
Supremo, en tanto que «inmanentes al peregrinaje procesal y frustración profesional que
tuvo que sufrir el recurrente hasta que obtuvo en sede jurisdiccional la satisfacción de
su pret~nsión, que "per se" era conforme a Derecho» 11 •
. : ,Nótese, por lo demás, que la compensación establecida por el Tribunal Supremo
.f~. tal concepto se fijó en una cantidad alzada, que estaba más o menos en relación
directa'.fn~nte proporcional con el periodo durante el cual los solicitantes se habían visto
privados ilegalmente de ·su condición de miembros del Colegio profesional12 • No se
aplicó, pues, la llamada doctrina de la progresión, a la que más adelante nos referiremos.
10. Alguna disposición legal así lo establece explícitamente. El artículo 27.1 de la Ley 15/2022, de
12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, por ejemplo, dispone que «acreditada
la discriminación, se presumirá la existencia de daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias
del caso, a la concurrencia o interacción de varias causas de discriminación previstas en la ley y a la gravedad
de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia
del medio a través del que se haya producidm>.
11. STS, 3.3, Sec. 4.3, 15.7.2011. Véanse también, las SSTS citadas en la tabla del texto.
12. En concreto, del tiempo que medió entre la denegación ilegal y la ulterior colegiación, que en
varios casos se produjo con carácter cautelar. Dado que en estas Sentencias no siempre se indica cuáles son
las fechas de notificación a los interesados de los acuerdos de denegación y de colegiación cautelar, hemos
tomado como referencia para calcular los correspondientes periodos las fechas de adopción de dichos
acuerdos.
584
El daño moral y su cuantiflcaci6n
.
Periodo
15.7.2011
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30.000
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8.11.2011
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¿,
30.000
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8.11.2011
·?
¿,
30.000
¿?
22.12.2011
113 días
3.000
26,55
2.1.2012
210 días
6.000
28,57
17.4.2012
443 días
15.000
33,86
24.4.2012
356 días
11.000
30,90
5.000
35,71
656
20.000
30,49
784 días
25.000
32,89
11.000
•?
¿.
371 días
11.000
29,65
172 días
7.000
40,70
327 días
11.000
33,64
742 días
24.000
32,34
665 días
22.000
33,01
3.5.2012
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·:·
Compensación(€) Compensación (€)/día'
STS, 3.ª, Sec. 4.ª
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16.5.2012
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22.5.2012
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EL PRJr4CIPIO DE PLEN:A INDEMNIDAD O REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO
1
MORAL
Algunas Sentencias aducen este principio a la hora de fijar la compensación que las
Administraciones pú,blicas demandadas deben pagar a las víctimas por haberles causado
daños morales 13 . Debemos reiterar, sin embargo, que esa compensación nunca puede
resarcir integralmente esos daños. No se trata de una indemnización en sentido estricto,
dado que no permite dejar indemne a las víctimas. Ni el dinero ni otros bienes intercambiables por éste pueden neutralizar la pérdida de utilidad que tales daños encierran.
De hecho, es evidente que las compensaciones que nuestros Tribunales suelen fijar
para los daños considerados son inferiores a la entidad de éstos. En realidad, cuando el
Tribunal Supremo dice, por ejemplo, que la resolución judicial de instancia no ha respetado el principio de reparación integral del daño moral está queriendo decir, proba-
13. Véanse, entre otras, las SSTS, 3.a, Sec. 6.ª, 4.2.1999; 13.7.2002; 21.10.2004; 18.9.2009;
24.11.2009; y 22.11.2010.
La cuantiftcaci6n de los daños morales causados por las administraciones · · ·
585
blemente, que la compensación fijada es insuficiente. Lo que no queda en absoluto claro
es con arreglo a qué criterio hay que juzgar esa insuficiencia.
4.
LA
FUNCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑOS MORALES: LA
NECESIDAD DE PREVENIRLOS
La responsabilidad del Estado por daños patrimoniales -que son aquellos que sí
pueden ser compensados mediante dinero o bienes intercambiables por éste- cumple,
mejor o peor, cuando menos una función reparadora o aseguradora: da cobertura a las
potenciales víctimas frente al riesgo de sufrirlos, devolviéndoles la utilidad perdida en
caso de que realmente los padezcan.
Los individuos son normalmente aversos al riesgo, y la utilidad marginal que el
dinero les reporta es decreciente. Éste es para ellos más útil después de sufrir daños
patrimoniales que ante~. Cuanto mayor sea la disminución de su patrimonio provocada
por el correspondí.ente accidente, mayor será la necesidad que de dinero tengan. Es por
esta razón que 1es .Pífode salir a cuenta asegurarse, pagando una prima justa, contra el
riesgo de padé~er ·dichos perjuicios. Cabe suponer que las personas prefieren transferir
dinero desde su situación anterior al accidente a su situación posterior, es decir, que
están dispu'estas á:,'pagar ahora una suma de dinero igual a p •Da cambio del derecho a
recibir una cantid,ad de dinero D que les compense íntegramente por los daños patrimoniales sufridos de resultas de un accidente cuya probabilidad de ocurrir es p.
La responsabilidad civil del Estado permite asegurar este riesgo. Cabe pensar que los
contribuyentes prefieren que sus impuestos se incrementen en p • D si de esta manera
pueden·'obtener del Estado una indemnización D que les resarza por completo de los
daños>~ausados por un accidente cuya probabilidad de ocurrir es p. El Estado, al diserni,rtar'.1entre todos los contribuyentes el coste de este y otros accidentes, puede considerarse como un sujeto prácticamente neutral frente al riesgo, por lo que es capaz de
·· ·sopo~t~rlp más ¿ficientemente que las víctimas.
Si la 6.nica función de la responsabilidad civil del Estado fuese la de asegurar y reparar
daños, carecería de sentido establecerla para los de tipo moral, dado que éstos no pueden
ser compensados mediante dinero. En efecto, es razonable transferir dinero desde la
situación anterior al accidente a la posterior cuando aquél es más útil -más «necesario»en este segundo momento que en el primero. Pero los daños morales· no incrementan
la utilidad marginal del dinero, no aumentan la necesidad que las víctimas tienen de él.
Es más, cabe razonablemente pensar que en muchos casos la reducen. No resulta dificil
imaginar, por ejemplo, que uno pueda disfrutar más del dinero en compañía de sus seres
más queridos que después de perderlos a todos ellos como consecuencia de un accidente.
Así las cosas, no parece sensato transferir dinero desde la situación previa a la aparición
del daño moral a la posterior, pues el dinero tiene igual o incluso mayor valor allí que
aquí. Desde este punto de vista, no da la impresión de que convenga que las víctimas
de daños morales causados por el Estado reciban una compensación por los mismos. El
haber sufrido un daño tal no aumenta la necesidad del dinero. Éste no tiene mayor valor
en el bolsillo de esas víctimas que en el del resto de los contribuyentes. Es más, muchas
veces es más valioso en este último lugar.
~
586
El daño moral y su cttantificací6n
Pero la responsabilidad patrimonial del Estado también puede cumplir otras funciones 14, señaladamente la de prevenir accidentes dañosos 15 . Si las Administraciones
públicas han de pagar por los que causan, tenderán a tomar medidas de precaución
encaminadas a evitarlos, a menos que lo que éstas les cuestan exceda de lo que se ahorran
en indemnizaciones al tomarlas. Si no responden de ellos, probablemente adoptarán un
nivel de precaución inferior al socialmente óptimo. Además, el hecho de que no se
indemnice a las víctimas de ciertos daños provocados por el funcionamiento de los
servicios públicos puede inducir a éstas a realizar comportamientos socialmente indeseables16, tales como adoptar niveles de precaución ineficientes o no llevar a cabo actividades beneficiosas para la comunidad. La responsabilidad civil del Estado previene tales
comportamientos.
Hay, por lo tanto, una suerte de conflicto entre las funciones aseguradora y preventiva de la responsabilidad por daños morales. La prevención óptima exige que el
causante pague por todo.s los que haya ocasionado -si era él quien más eficientemente
los podía evitar-, ·miep.tras que el aseguramiento óptimo requiere que no se compense
a las víctimas. , ,.' . .\.
A fin de resolver este pmblema; algunos autores han postulado que la cantidad que
el causante deberí.a pagar por los daños morales a fin de prevenirlos no se entregue a los
perjudicados~ sino itl Estado en concepto de multa17 • Pero esta solución choca con algunas dificultades práctfcas. Una de ellas es que entonces los perjudicados podrían carecer
de alicientes suficientes para poner en marcha los procedimientos legalmente previstos
con el objeto de hacer responder a los causantes, lo que a la postre podría provocar que
éstos se libraran de pagar. Otra es que, si el Estado es el causante de los daños morales,
no conviene que la multa que ha de satisfacer por ellos le sea entregada a él mismo .
.Par~ce que la jurisprudencia española ha resuelto este dilema de manera salomónica.
Lo~ i'ati~?,ntes de daños morales deben pagar a las víctimas una compensación, de la que
su~le 4eqirse que ~a de repararlos integralmente, pero cuya cuantía es por regla general
1
iealinenfe ir1ferior a la entidad de tales daños. Quizás sea una jurisprudencia razonable,
en la medida en que hay otros mecanismos jurídicos -v. gr. las eventuales responsabi0
14. Véase, en general, Giuseppe Dari-Mattiacci, Nuno Garoupa y Fernando Gómez Pomar, «State
Liability>>, European Review of Prívate Law, vol. 4, 2010, pp. 793 y ss.
15. Véase, a este respecto, la contribución de Hugo Acciarri y Matías Irigoyen Testa, «Funciones
alternativas a la compensación: prevención y punición», contenida en este mismo libro.
16. Por ejemplo, la responsabilidad civil del Estado por los daños -morales y patrimoniales- ocasionados por la prisión indebida puede tener un benéfico efecto disuasorio de la actividad criminal. Véase
Vincy Fon y Hans-Bernd Schafer, «State liability for Wrongful Conviétion: Incentive Effects on Crime
Levels», Journal of Institutional and Theoretical Economics, vol. 163, 2007, pp. 269-284; Gabriel Doménech
Pascual y Miguel Puchades Navarro, «Compensating acquitted pre-tria! detainees», International Review of
Law and Economics, 43, 2015, pp. 167-177; Gabriel Doménech Pascual, «¿Es mejor indemnizar a diez
culpables qtie dejar a un inocente sin compensación? Responsabilidad patrimonial del Estado por daños
causados por la prisión preventiva seguida de absolución o sobreseimiento», InDret 4/2015.
17. Véase, por ejemplo, Steven Shavell, Economic Analysis of Accident Law, Harvard University Press,
Cambridge, 1987, pp. 233 y 234.
i
La cuantiflcaci6n de los dat7os morales causados por las administraciones , , ,
587
lidades penal, disciplinaria y política de los causantes- que también incentivan la adopción de medidas de seguridad dirigidas a prevenir daños morales.
La cuantía de las compensaciones por daños morales otorgadas en la praxis judicial
varía en función de la entidad de éstos, lo cual resulta obviamente razonable, dado que
cuanto mayores son tales daños mayor es la necesidad de incentivar su prevención, para
lo cual mayor debe ser el coste que soporte el sujeto que los causó a pesar de que podía
haberlos prevenido adoptando cautelas eficientes. Nuestros Tribunales utilizan diversos
criterios para determinar la gravedad de esos daños, en función de su índole.
5.
LA RELEVANCIA DE LOS PRECEDENTES
El elevado grado de arbitrio de que los Tribunales disponen para cuantificar las
compensaciones por dañq no patrimonial es una potencial fuente de inseguridad jurídica, litigiosidad, desigualdades entre las víctimas y desconfianza de los ciudadanos en
el sistema judicial. De ahí que el Tribunal Supremo haya tratado de reducirlo hasta cierto
punto, desarrollando. criterios generales que sirvan de guía para acometer esta tarea. En
sus propias palábra~, «si bi~n el daño moral ... tiene un alto componente subjetivo, es
preciso ... ajustarse a determinadas pautas que sirvan de orientación a fin de lograr un
trato equitativo .en cada caso y evitar desigualdades en la indemnizabilidad del
mismo» 18 •
Una manera de autolimitar esa discrecionalidad judicial es atender a las cantidades
fijadas en casos análogos 19, apartándose de las soluciones establecidas en ellos sólo si el
caso que ahora se está considerando presenta singularidades relevantes y sólo si el correspondiente órgano jurisdiccional motiva debidamente la razón por la cual conviene no
s~guirl.os precedentes. Así lo ha declarado el Tribunal Supremo en alguna ocasión: «el
importe de la indemnización ha de fijarse estimativamente ... teniendo en cuenta las
Cantidades reconocidas en casos análogos»20 ; «el derecho a la igualdad en la aplicación
de la ley, protegido por el artículo 14 de la Constitución, relacionado con el principio
de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, que consagra el artículo 9.3
de ésta, y en conexión también con el derecho a la tutela judicial efectiva, contemplado
por el artículo de la propia Constitución, significa en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que un mismo Juez o Tribunal no puede modificar el sentido de sus decisiones
adoptadas con anterioridad en casos sustancialmente idénticos, a no ser que se aparte
conscientemente de él, ofreciendo una fundamentación suficiente y razonable que
motive el cambio de criterio o, en ausencia de tal motivación expresa, resulte patente
que la diferencia de trato tiene su justificación en un efectivo cambio de criterio por
18. STS 3.3, Sec. 6.3, 26.6.1999.
19. Véase, por ejemplo, la STS, 3.3, Sec. 4.3, 21.1.2009, en la que, para decidir el caso y cuantificar
el daño moral causado a la recurrente por la irregular denegación de expedición del título de <<Restaurador>>,
se invoca la STS, 3.a, Sec. 4.3, 19.2.2008, que había resuelto «un asunto prácticamente idéntico».
20. STS, 3.3, Sec. 6.a, 4.5.2005.
588
El daño moral y su cuantiftcaci6n
desprenderse así de la propia resolución judicial o por existir otros elementos de juicio
externo que así lo indiquen» 21 •
Sin embargo, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. En la práctica, el grado
de coherencia con sus precedentes que muestra la jurisprudencia del Tribunal Supremo
es mejorable, como tendremos ocasión de comprobar.
6.
LA
RELEVANCIA DE LOS BAREMOS
El Anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación
de vehículos a motor, establecía un baremo con arreglo al cual los Tribunales debían
cuantificar las compensaciones debidas a las víctimas de daños personales y patrimoniales
causados no dolosamente por accidentes de circulación. Este baremo ha sido sustituido
por otro nuevo en virtud de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema
para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de
1,:
circulación22 •
Los órganos Jµrisdiccionales de lo contencioso-administrativo han sido proclives a
aplicar orientativamente dicho baremo a casos análogos, de daños de la misma índole
que los contemplados en él pero que no habían sido causados por accidentes de circulación23. El Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente que estos baremos «tienen
una función orientativa y no vinculante>>24 . Eso significa que el correspondiente órgano
jurisdiccional tiene la posibilidad de aplicarlos analógicamente en un caso concreto, lo
que le permite aligerar el cumplimiento del deber de motivar la correspondiente sentencia en 16 que respecta a la cuantificación del daño. El hecho de que ésta se ajuste al
baremo cqnstituye una razón que en principio puede esgrimirse para justificarla.
P~to también significa que los Tribunales pueden apartarse de él, si consideran que
hay"huen~s razones para ello. En el caso resuelto por la STS, 3.a, Sec. 4.a, 3.12.2012,
por ejemplo, la Administración sanitaria había funcionado incorrectamente, al no haber
realizado a una paciente ciertas pruebas que hubieran permitido detectar el cáncer que
ésta padecía e incrementar hasta un 25% sus probabilidades de supervivencia. El Tribunal
de instancia aplicó automáticamente dicho baremo, fijando para el esposo una indemnización de 108.846,51 € y para la hija una de 18.141,08 €. El Tribunal Supremo, sin
embargo, consideró que en este caso «la suma fijada por el baremo [resultaba] claramente
insuficiente ... En casos semejantes esta Sala [venía] reconociendo cantidades que [osci-
21. STS, 3.a, Sec. 6.a, 29.5.1999.
22. Vid. también el Real Decreto 907 /2022, de 25 de octubre, por el que se modifican las cuantías
de determinadas tablas del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en
accidentes de circulación contenidas en el anexo del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil
y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29
de octubre, y por el que se modifica el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación,
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, para la actualización de importes en
euros en relación con el régimen especial de solvencia
23. Véase, entre otras, la STS, 3.a, 16.12.1994.
24. STS, 3.\ Sec. 6.\ 4.5.2005.
La cuantificaci6n de los daños morales causados por las administraciones ,, ,
589
laban] entre los 500.000 y 600.000 €». La aplicación orientativa del baremo no excluye
la «necesidad de valorar todas las circunstancias que concurren en cada caso para lograr
la total indemnidad del daño ocasionado». Aquí se ponderó especialmente la edad de la
fallecida (50 años) y el hecho de que tuviera una menor a su cargo. Curiosamente, sin
embargo, el Tribunal Supremo acabó fijando la misma cantidad establecida por el Tribunal de instancia, pues consideró que en aplicación de la teoría de la pérdida de una
oportunidad el importe de la indemnización no debía equivaler al daño total producido
-como había entendido el Tribunal de instancia-, sino a éste multiplicado por la probabilidad de que la víctima hubiese sobrevivido en el hipotético caso de que el servicio
sanitario hubiese funcionado correctamente 25 .
En el caso decidido por la STS 3.a, Sec. 6.a, 18.9.2009, el recurrente había perdido
a su mujer y a su hija de nueve meses de edad como consecuencia del impacto de una
aeronave militar sobre su vivienda, lo que le había ocasionado, entre otros daños, un
grave trastorno de la personalidad. El 'rribunal Supremo consideró insuficiente la cantidad de 16.424,55 € que el Consejo de Ministros, en aplicación de los baremos, había
fijado por el concepto de daños psicológicos, estableciendo en su lugar una de 80.000
€. Argumentó para ello lo siguiente:
«[B)l baremo tiene un simple valor referencial u orientativo que requiere su adaptaci6n al caso
concreto. Previstó para determinar la responsabilidad civil derivada de accidentes de circulaci6n de vehículos a motor, mal cabe su aplicaci6n o al menos sin correcciones al caso de autos, en el extremo relativo
a la indemnizaci6n de las secuelas del recurrente. No se puede dejar de valorar que el fatal desenlace se
produce cuando la esposa e hija del recurrente se encontraban en el domicilio familiar y que el siniestro
es contemplado por éste cuando estaba trabajando en el campo, quien al acudir de inmediato a comprobar
lo ocurrido se encuentra con su casa en parte derrumbada y en parte ardiendo, sin señales de su mujer
.y de su hija. Y es que las circunstancias con las que se presentan los acontecimientos se revelan como
especialmente trágicas, espeluznantes, conmovedoras, y por ello acreedoras de un resarcimiento que, si
bien es de muy dificil valoraci6n, lo que está claro es que no se consigue con la aplícaci6n de un baremo
previsto para acontecimientos menos dramáticos y en atenci6n a las responsabilidades de las compañías
aseguradoras contratantes de seguros de vehículos a motor.
Por otro lado, no parece ocioso recordar los estados de ansiedad, de depresi6n, de inadaptaci6n, de
trauma y de neurosis y psicopatía que dictamina la psic6loga ... [y que) en todo caso revelan como muy
escasa la indemnizaci6n reconocida de 16.424,55 euros por las secuelas del recurrente».
7.
DAÑOS CONTINUADOS: ¿PROGRESIÓN O ADAPTACIÓN?
El padecimiento de algunos daños por los que se hace responder a las Administraciones públicas se prolonga a lo largo de un determinado periodo. Así ocurre, por poner
varios ejemplos, cuando se priva a alguien de su libertad como consecuencia de su
sometimiento a prisión preventiva, cuando se declara el desamparo de sus hijos y se le
priva de su compañía o cuando se retrasa indebidamente la resolución de un proceso
penal, dilatando así la «pena de banquillo>> del acusado. La magnitud del perjuicio cau-
25. Sobre esta teoría, vid. Luis Medina Alcoz, La teorfa de la pérdida de oportunidad, Civitas, Madrid,
2007; ídem, La responsabilidad proporcional como soluci6n a la incertidumbre causal, Civitas, Madrid, 2019.
590
El daño moral y stt wantificación
sado está entonces en función del tiempo que dura la situación dañosa. Cuanto más se
prolonga ésta, mayor es el daño, más disminuye la utilidad de la víctima. Lo que no está
claro es si ese daño se incrementa a una tasa creciente, decreciente o constante según
pasa el tiempo.
En una línea jurisprudencia! que se inicia con la STS, 3.a, Sec. 6.a, 20.2.1999, el
Tribunal Supremo estima que el daño causado por la prisión indebida aumenta a una
tasa creciente:
«Es l6gico que la prolongaci6n en el tiempo de la privaci6n de libertad agrave progresivamente dicho
perjuicio, de manera que lafyaci6n de idéntica cantidad por cada d{a de prisión no parece acertada, ya
que no es lo mismo estar en prisión preventiva una semana, un mes o un año, y, en consecuencia, se
debe incrementar la indemnización progresivamente en lugar de proporcionalmente, si bien la determinación de cada periodo y el tipo de incremento ha de quedar al prudente arbitrio del juzgador en cada
caso atendiendo a diversas circunstancias>>.
Por esta razón, en esta y otras Sentencias el Tribunal Supremo detennina la indemnización multiplicando el número de días de privación de libertad por una cantidad
diaria a la que se.aplica un factor de corrección, ora quincenal ora mensual.
Por ejemplo, en el caso resuelto por dicha STS 20.2.1999, en el que la víctima había
permanecido indebidamente 85 días en prisión preventiva, el Alto Tribunal fija discrecionalmente una base diaria de 4.000 pesetas [24,04 €] y un factor de corrección quincenal del 50%. Así las cosas, la compensación asciende a 60.000 pesetas [360,61 €] por
la primera quincena; 90.000 pesetas [540,91 €J por la segunda; 135.000 [811,37 €J por
la tercera; 202.5000 [12.170,50 €] por la cuarta; 303. 750 [1.825,57 €] por la quinta; y
303.720 [1.825,39 €J por los últimos diez días.
El cál~ulo de la compensación efectuado aquí por el Tribunal Supremo se puede
expresar matemáticamente con la siguiente ecuación:
.. ·,,
'
q
e=
¿
b . 1s .
c1 + t)
t- 1
t=1
Donde C denota la compensación; q, el número de quincenas durante las cuales se
prolongó la situación dañosa; b, la base diaria; yJ, el factor de corrección aplicado quincenalmente.
No se puede decir que el Tribunal Supremo haya usado consistentemente esta doctrina de la «progresión». En primer lugar, porque sólo la ha aplicado a detenninados
tipos de daños continuados, como los derivados de la prisión preventiva no seguida de
condena y las dilaciones procesales indebidas 26 , pero no a otros, como los ocasionados
26.
Véanse las SSTS, 3.ª, Sec. 6.ª, 29.3.1999 y 12.6.1999.
La cuantificación de los daños morales cat1sados por las administraciones ...
591
por la privación ilícita de la compañía de los hijos27 , la denegación ilegal de la inscripción
como miembro de un Colegio profesional durante un determinado periodo de
tiempo28 o los días de baja provocados por lesiones corporales28 , sin explicar las razones
por las que estos últimos no son «progresivos». Y no se adivina la razón que justifique
semejante disparidad. Es cierto que no todos los daños continuados presentan las mismas
características. Como más adelante veremos, el paso del tiempo puede mitigar hasta
cierto punto el sufrimiento derivado de una lesión corporal o de la pérdida de un ser
querido, mientras que el daño causado por la privación de la posibilidad de ejercer una
profesión tal vez pueda permanecer más o menos constante o incluso agravarse en función de diversas circunstancias, tales como la edad de la víctima, el tipo de actividad de
que se trate, su situación profesional previa a la privación, etc.-. Pero, con todo, no da
la impresión de que las referidas diferencias jurisprudenciales obedezcan, siquiera implícitamente, a un criterio claro.
En segundo lugar, el Tribunal Supremo no siempre utiliza la referida fórmula para
cifrar los daños que alguna vez ha considerado progresivos, o revisar la cuantificación
de éstos efectuada por los Tribunales de instancia. En ocasiones, fija directamente una
cantidad alzada por el periodo que la víctima ha tenido que sufrir la correspondiente
situación dañosa30 . En otras, se otorga una compensación proporcional al tiempo transcurrido31, o se establece una cantidad alzada proporcional a ese tiempo y una cantidad
adicional, también alzada, <<por la progresión» del daño, ahorrándose así las operaciones
matemáticas que implica la aplicación de los referidos factores de corrección32 .
En tercer lugar, el Tribunal Supremo no sigue un criterio claro, uniforme y motivado a la hora de fijar las compensaciones por día y, sobre todo, los factores de corrección
pertinentes. Es más, la única tendencia observable -aunque tampoco de manera muy
nítida__.:. es que los factores aplicados suelen ser tanto menores cuanto más tiempo dura
27. Véase la STS, 3.a, Sec. 4.a, 21.10.2011. Algún otro órgano jurisdiccional, en cambio, sí que ha
aplicado la doctrina de la progresión en estos casos. Véase e} AAP Sevilla, Civil, Sec. 6.\ 30.12.2005,
ponente: Ruperto Molina Vázquez), comentado por Miguel Angel Roig Davison, «Indemnización por la
privación indebida de la compañía de los hijos», InDret 2/2006.
28. Véanse, entre otras muchas, las SSTS, 3.\ Sec. 4.", 2.1.2012, 22.12.2011 y 17.4.2012.
29. Véase, a título ilustrativo, la STS, 3.a, Sec. 6.a, 4.5.2005, que en relación con los daños que para
un menor se derivaron de los días de baja hospitalaria y no hospitalaria en que tuvo que estar como consecuencia de un grave accidente, establece «una indemnización por este concepto a razón de un precio
unitario por día de 7 .368 pesetas [44,28 €] durante su estancia hospitalaria y 3.158 pesetas [18,98 €], durante
su estancia no hospitalaria».
30. Véase, por ejemplo, la STS, 3.\ Sec. 6.\ 25.11.2009.
31. Véase, por ejemplo, la STS, 3.a, Sec. 4.a, 24.11.2010, donde se da por válida la compensación
previamente fijada por la Audiencia Nacional, consistente en 3.600 €porcada mes de privación de libertad
más 3.000 € adicionales en atención a las «circunstancias que han podido incrementar el daño moral sufrido
por el recurrente, tales como la especial gravedad y reproche social que genera el delito que se le imputó
-tráfico de drogas-, lo cual provoca un daño moral añadido, y las dificultades para obtener un permiso de
residencia un trabajador inmigrante que intenta regularizar su situación con la lacra que supone haber estado
en prisión por un delito tan grave». En ningún momento se alude a la progresión del daño sufrido.
32. Véanse, por ejemplo, las SSTS, 3.a, Sec. 4.", 31.5.2010; 3.a, Sec. 6.a, 23.6.2010, y 3.a, Sec. 4.a,
19.7.2011, relativas a sendos casos de prisión indebida, en las que se da por válida la cuantificación efectuada
por el Tribunal de instancia.
592
El daño moral y su cuantificaci6n
la situación dañosa. El resultado, paradójicamente, es contradictorio con la motivación
de esta jurisprudencia, pues las compensaciones que se otorgan en los distintos casos,
cuando las comparamos entre sí, se ajustan aproximadamente a un criterio de proporcionalidad, no de progresividad33 •
Por último, la premisa de la que parte esta doctrina es muy discutible. No resulta
en absoluto evidente que los daños continuados como los causados por la prisión indebida tengan un carácter progresivo. Es más, entra dentro de lo plausible estimar que
muchas veces sucede precisamente lo contrario: la disutilidad o infelicidad marginal que
engendra cada día adicional que se prolonga la situación dañosa es ciertamente positiva,
pero decreciente, como consecuencia de lo que lo psicólogos llaman la «adaptación
hedónica» de las personas afectadas 34 • En el caso concreto de la privación de libertad,
aunque las evidencias todavía no son concluyentes, varios estudios empíricos indican
que los presos se adaptan gradualmente a ella, tras un periodo inicial de ajuste especialmente doloroso. El impacto psicológico negativo que sobre una persona tiene su primer
día de cárcel es seguramente muy superior al que tiene el milésimo. Esta tendencia se
invertiría sólo en el periodo final de la condena: parece que los presos toleran cada vez
peor estos últimos días, probablemente porque la creciente cercanía de su liberación les
hace comparar sus circunstancias actuales con las de la vida en libertad que comienzan
a vislumbrar. Además, hay daños derivados de la estancia en prisión, los que se manifiestan en la vida posterior a ésta -los derivados de las dificultades para encontrar un
trabajo, para entablar determinadas relaciones personales, el riesgo de padecer determinadas enfermedades, etc.-, cuya magnitud apenas se incrementa a partir de una determinada duración de la privación de libertad35 •
8.
FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR
En caso de fa~ecimiento de un familiar, la jurisprudencia viene a considerar implícitamente que el daño moral está en función de la «cantidad de vida» esperada del fallecido que la víctima ha perdido como consecuencia del accidente. Cuanto mayor es esta
cantidad, mayor es el daño moral causado. Por esta razón se tiene en cuenta para hacer
el cálculo la edad del fallecido y su estado de salud previo al accidente36 • En alguna
33. Como bien advierte Roig Davison, 2006, cit., p. 6.
34. Véanse Shane Frederick y George Loewenstein, «Hedonic Adaptation», en Daniel Kanehman,
Edward Diener y Norbert Schwarz (eds.), Well-being: The Foundations of Hedonic Psychology, Rusell Sage
Foundation, New Yory, 2003, pp. 302-329; Mandeep K. Dhami, Peter Ayton y George Loewenstein
(2007), «Adaptation to imprisonment. Indigenous or Imported?», Criminal]ustice and Behavior, vol. 34, 2007,
pp. 1085-1100. Sobre la relevancia de este fenómeno respecto de la responsabilidad civil por lesiones graves,
véanse Samuel R. Bagenstos y Margo Schlanger, «Hedonic Damages, Hedonic Adaptation, and Disability>>,
Vanderbilt Law Review, vol. 60, 2007, pp. 745-797; Sean Hannon Williams, «Self-Altering Injury. The
Hidden Harms ofHedonic Adaptation», Cornell Law Review, vol. 96, 2011, pp. 535-582.
35. Véase Frederick y Loewenstein, 2003, cit., pp. 311 y 312. Sobre la relevancia para el Derecho
penal de estos estudios, véase John Bronsteen, Christopher Buccafusco y Jonathan Masur, «Happiness and
Punishment», University of Chicago Law Review, vol. 76, 2009, pp. 1037-1081; de los mismos, «Retribution
and the Experience of Punishment>>, California Law Review, vol. 98, 2010, pp. 1463-1496.
36. Véase, por ejemplo, la STS, 3.a, Sec. 4.\ 7.10.2011.
La cuantificaci6n de los daños morales causados por las administraciones .. ,
593
sentencia se atiende también a la edad del recurrente 37 , factor que desde luego cabe
considerar relevante, en la medida en que la pérdida de un ser querido es probablemente
tanto más dolorosa cuanto más prolongado es el periodo durante el cual dicho dolor se
padece. También se pondera, obviamente, el grado de parentesco existente entre el
recurrente y el fallecido, así como, sobre todo, la intensidad real de sus relaciones y
recíprocos lazos afectivos. Bien mirado, cabe razonablemente pensar que dicho grado
de parentesco funciona en la realidad como un indicio de la referida afección, la cual
constituye a su vez un factor presumiblemente determinante de la intensidad del daño.
Así, la STS, 3.a, Sec. 6.a, 28.2.1995, considera razonable una -relativamente
modesta- compensación de 1.000.000 pesetas [6.010,12 €] por los daños morales causados a los actores por el fallecimiento de un pariente, toda vez que «el fallecido contaba
67 años de edad», «los parientes que tienen derecho a la indemnización son sus tres
hermanos ... , vínculo familiar no tan cercano como el que existe entre padres e hijos;
así como que los referidos hermanos no convivían ni tenían a su cuidado» al difunto. El
Tribunal señala, asimismo, que ésa era la cantidad solicitada por Ministerio Fiscal en el
juicio de faltas a que los hechos habían dado lugar.
En el caso enjuiciado por la STS, 3.a, Sec. 4.\ 4.2.1999, al hijo de los actores se le
había practicado en un campamento de reclutas una exploración mielográfica con el fin
de verificar la realidad de la hernia discal que se le había diagnosticado previamente por
médicos civiles. La exploración le causó un shock anafiláctico que le provocó su muerte
dos días después. Tanto la Audiencia Nacional como el Supremo reconocieron el derecho de los actores a obtener, además de la pensión extraordinaria derivada del fallecimiento en el servicio militar (20.426 pesetas mensuales: 122,76 €), una indemnización
complementaria a fin de alcanzar la «plenitud de la reparación» de todos los daños ocasionados, incluidos los morales, que eran los únicos para los que los recurrentes habían
solicitado una compensación. Ésta se cifró en 5.000.000 pesetas (30.050,61 €), «atendiendo a la edad del fallecido, 27 años, y su condición de único hijo varón» de los actores.
Respecto de esto último, creemos que el sexo del fallecido no puede valorarse por sí
mismo a los efectos de fijar una mayor o menor compensación por este concepto.
En el caso enjuiciado por la STS, 3.a, Sec. 6.a, 5.2.2000, el hijo del actor había
muerto como consecuencia de heridas sufridas en el servicio militar. Para establecer una
indemnización de 5.000.0000 pesetas (30.050,61 €), el Tribunal tiene en cuenta especialmente: en primer lugar, que el fallecido era hijo único del actor, y que esta «pérdida
comporta ineludiblemente la de la asistencia que en el orden afectivo y material resulta
conforme a la naturaleza de la relación paterno filial, que para los progenitores a medida
que transcurre el tiempo biológicamente considerado se hace más necesario»; en
segundo lugar, el hecho de que el fallecido, antes de incorporarse al servicio militar,
«participaba en las tareas agrícolas de su padre», lo que constituía un «perjuicio que cabe
apreciarlo desde la vertiente afectiva y del dolor moral indemnizable económicamente»,
37. Por ejemplo, en el caso resuelto por la STS, 3.ª, Sec. 6.", 10.10.2000, para fijar la indemnización
por los daños patrimoniales y morales causados, se ponderó, entre otras circunstancias, la edad del paciente
al tiempo de su fallecimiento y la edad de su viuda.
594
El daño moral y sit cuantificaci6n
aunque no pudiera tenerse en consideración para cuantificar los daños patrimoniales
ocasionados, pues en el proceso no se habían concretado «cuáles fueron económicamente los perjuicios irrogados por esa falta de prestación en las labores agrícolas y su
trascendencia en el presente y en un futuro racionalmente estimado»; y, en tercer lugar,
«la alteración psíquica y trastornos emocionales experimentados por la madre del
difunto».
En el caso resuelto por la STS, 3.a, Sec. 4.a, 17.7.2018, se otorga a la recurrente una
indemnización inusualmente elevada, en un caso en el que: su hija había sido asesinada
por su antigua pareja; el propio Tribunal Supremo había declarado previamente que la
actora no tenía derecho a ser indemnizada por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia (STS, 3.a, Sec. 4.a, 15.10.2010); y luego el Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW) declaró que las autoridades españolas no la habían protegido suficientemente, vulnerando así sus derechos consagrados en este tratado internacional, y «recomendó» que debían otorgarle una «reparación adecuada y una indemnización integral
y proporcional a la gravedad de la conculcación de sus derechos» (Dictamen de
16.7.2014, comunicación núm. 47 /2012).
El Tribunal Supremo fija aquí una indemnización global de 600.000 € «por los daños
morales padecidos», sin dar mayores explicaciones acerca de cómo los ha determinado.
En particular, no distingue entre el daño causado a la actora por la pérdida de su hija y
los daños ocasionados por las autoridades españolas al vulnerar «sus derechos a la igualdad
y a no ser discriminada por razón de sexo, a la integridad física y moral, y a la tutela
judicial efectiva».
9.
LESIONES
Para valorar los daños morales derivados de lesiones permanentes también se tiene
en cuenta la edad de la víctima38 • Cuanto mayor es su juventud, mayor suele ser la
compensación. Las razones subyacentes son probablemente dos: la primera es que
cuanto más joven es la víctima, durante más tiempo habrá de sufrir el daño; la segunda
es que la intensidad de éste suele aumentar con la juventud, por cuanto determinadas
lesiones implican la pérdida de posibilidades vitales (v. gr. encontrar pareja, acceder a
determinados trabajos, tener hijos, etc.) que tienden a desvanecerse con el paso del
tiempo. Igualmente se pondera la «pérdida de la calidad de vida» que ha supuesto la
lesión39 , lo que implica una comparación entre la calidad anterior al accidente y la posterior a él. En líneas generales, no da la impresión de que la cuantificación de estos daños
difiera sustancialmente de la llevada a cabo cuando el causante no es una Administración
pública.
38. Véanse, por ejemplo, las SSTS, 3.a, Sec. 4.3, 12.11.2010; 25.5.2011; y 30.9.2011.
39. Véase la STS, 3.a, Sec. 4.a, 25.5.2011. La STS, 3.a, Sec. 4.a, 12.11.2010 tiene en cuenta para fijar
la indemnización «los antecedentes clínicos de la recurrente».
La cuantificaci6n de los daños morales causados por las administraciones . , ,
10.
595
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. EL CASO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA NO SEGUIDA
DE CONDENA
Relativamente infrecuentes, pero no inexistentes, son los casos en los que la privación de libertad es fruto de un error judicial -esto es, de una condena errónea- o de
otro tipo de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia4°. Por ejemplo,
en el asunto enjuiciado por la STS, 3.a, Sec. 3.a, 12.11.2010, un preso «con numerosos
antecedentes delictivos y un amplio y complejo historial carcelario» había sido puesto
en libertad con 314 días de retraso respecto de la fecha debida, como consecuencia de
la complejidad de su expediente penitenciario y de la descoordinación existente entre
varios órganos judiciales y administrativos, que debían haber colaborado para liquidar a
tiempo la condena y licenciar puntualmente al afectado 41 •
El caso típico de responsabilidad civil del Estado por los daños causados al privar
indebidamente a una persona de su libertad, sin embargo, es el previsto en el artículo
294.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del PoderJudicial (en adelante, LOPJ),
en cuya redacción original podía leerse que «tendrán derecho a indemnización quienes,
después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho
imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre
que se le hayan irrogado perjuicios».
El artículo 294.2 LOPJ establece, respecto de los casos de prisión preventiva indebida, que «la cuantía de la indemnización se fijará en función del tiempo de privación
de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido». Y
cabe entender que estos mismos criterios son aplicables a los restantes casos de privación
indebida de la libertad. En la interpretación y aplicación de este precepto cabe distinguir
dos etapas.
10.1. Interpretación inicial. Indemnización para quienes hubiesen probado
su inocencia
Inicialmente, el Tribunal Supremo interpretó que el 294.1 LOPJ debía aplicarse <<no
sólo en los casos de inexistencia del hecho [imputado], sino también en los de probada
falta de participación» del acusado en éste. Pero también estimó que no resultaba aplicable «a los casos de falta de prueba de la participación [del acusado] en el hecho» en
cuestión. Es decir, no cabía compensar a la persona que sufrió la prisión preventiva si
su absolución se basó en el principio de presunción de inocencia, en la falta de pruebas
incriminatorias suficientes para condenarlo. Al objeto de otorgar la indemnización se
requería que el solicitante hubiese probado su inocencia42 •
En esta primera fase, el Tribunal Supremo trata de desarrollar jurisprudencialmente
los criterios de cuantificación previstos en el artículo 294.2 LOPJ, estableciendo «pautas
40.
41.
42.
Ambos casos vienen regulados en los arts. 292 y ss. LOPJ.
Véase, también, la SAN, Secc. 3.", 4.11.2011.
Véanse, entre otras muchas, las SSTS, 3.a, 27.12.1989, 19.12.2007 y 30.1.2008.
596
El daño moral y su cuantificaci6n
que sirvan de orientación a fin de lograr un trato equitativo en cada caso y evitar desigualdades en la indemnizabilidad de los referidos perjuicios>> 43 •
El Tribunal, en primer lugar, identifica los diversos daños que puede comportar la
prisión indebida: «a cualquiera le supone un grave perjuicio moral el consiguiente desprestigio social y la ruptura con el entorno que la prisión comporta, además de la angustia, ansiedad, inseguridad, inquietud, frustración, fastidio, irritación o temor que suele
conllevar» 44 •
A la pauta de la «progresión del daño» ya nos hemos referido. En algunas sentencias,
el Supremo declara no sólo que la indemnización ha de aumentar cuanto mayor sea el
tiempo que duró la privación indebida de la libertad, sino que ha de hacerlo a una tasa
creciente: la indemnización ha de ser progresiva, «dado que la prolongación indebida
de la prisión agrava gradualmente el perjuicio». Nos remitimos a lo que antes comentamos a este respecto.
En tercer lugar, el Alto Tribunal señala que son relevantes «las circunstancias de
edad, salud, conducta cívica, hechos imputados, antecedentes penales o carcelarios,
rehabilitación de la honorabilidad perdida, mayor o menor probabilidad de alcanzar el
olvido social del hecho así como la huella que hubiera podido dejar la prisión en la
personalidad o conducta del que la hubiese padecido>> 45 •
Así, por ejemplo, la STS, 3.\ Sec. 6.a, 26.6.1999 considera especialmente las
siguientes circunstancias para fijar una compensación singularmente elevada 120.916,63 €- por los 401 días durante los cuales el recurrente había sufrido prisión
preventiva como sospechoso de un delito de violación: su juventud, su inteligencia
disminuida, la estrechez de su entorno social, el estigma que conllevan estos delitos, la
grave depresión sufrida y los diversos episodios de autolisis e intentos de suicidio ocurridos durante su estancia en prisión.
<<Al perjuicio moral, que cualquier ingreso en prisión comporta por el desprestigio social y la ruptura
con el entorno además de la angustia y la frustración que conlleva, se añaden en este caso las circunstancias
personales del encausado, quien a la sazón contaba veintiún años, apenas sabía leer y escribir, presentaba
trastornos del lenguaje, tenía una inteligencia en el límite con la normalidad o disminuida, según el
informe psiquiátrico penitenciario, y residía en una población con escaso número de habitantes, donde
resulta muy diflcil sustraerse a la presión ambiental (no por irracional menos real) derivada de habladurías
y actitudes vecinales hostiles, que, cuando el encarcelamiento se ha producido por un hecho delictivo de
connotaciones infamantes, deja un estigma de consecuencias personales,familiares y sociales impredecibles».
<<Por otra parte, la privación de libertad del acusado resultó más insegura e inquietante por el notorio
y atávico prejuicio de los internados en nuestras prisiones hacia los acusados de delitos de violación,
circunstancias todas que explican la grave depresión reactiva que sufrió el recurrente, diagnosticada y
tratada en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante, donde permaneció desde el día 23 de
octubre de 1989 hasta el 20 de febrero de 1990, en cuyo Centro, a pesar de estar sometido a vigilancia
y tratamiento médico, ingirió un producto denominado salfumán, lo que puso en serio peligro su vida
43.
44.
45.
Véase, entre otras, la STS 3.a, Sec. 6.3, 26.6.1999.
Véanse, entre otras, las SSTS, 3.3, 6.3, 20.2.1999; 26.6.1999.
Véanse, entre otras, las SSTS, 3.a, 6.3, 20.2.1999; 26.6.1999.
La cuantificaci6n de los daños morales causados por las administraciones ...
597
por el riesgo de perforaci6n intestinal y determin6 que se prolongara su estancia en dicho Hospital
Psiquiátrico Penitenciario ... episodio de autolisis el relatado que ten{a precedentes mientras estuvo en
el Centro Penitenciario de Fontcalent y en el propio Hospital Psiquiátrico Penitenciario el d{a 6 de
noviembre de 1989 tragándose pedacitos de cristal».
En la STS, 3.a, Sec. 6.a, 29.3.1999 se tienen especialmente en cuenta dos factores
«que vinieron a hacer [la privación de libertad] más enojosa, cuales son la edad y la
situación profesional del acusado e ingresado en prisión» por un delito de apropiación
indebida que después se declaró inexistente. La causa penal en la que el actor había sido
acusado y absuelto había durado nada menos que 15 años, 11 de los cuales se consideran
constitutivos de dilaciones indebidas. El actor, además, había pasado 445 días en prisión
preventiva. El Tribunal Supremo advierte que «el procesado tenía sesenta y dos años
cuando fue ingresado en prisión, en la que estuvo dieciocho meses, y además ostentaba
un puesto relevante y de gran responsabilidad en la banca privada cuando fue acusado
de apropiación indebida por haber distraído en su provecho caudales pertenecientes a
clientes de la entidad bancaria y a esta misma».
A los daños psicológicos acreditados causados por la privación de libertad se les suele
dar un gran peso al objeto de fijar la compensación. Esa es, aparentemente, la razón por
la cual en el caso resuelto por la STS, 3.a, Sec. 6.a, 27.4.2005, se concede una elevadísima
indemnización en términos relativos: 10.000 € por «tan sólo» 9 días de prisión. El Tribunal resalta el hecho de que la privación de libertad había causado a la víctima, un
policía que había sido acusado y absuelto por tenencia ilícita de armas, «trastornos psíquicos de cierta relevancia».
La STS, 3. a, Sec. 6. a, 18.6.2009 ilustra la importancia que pueden -y deberían- tener
las circunstancias personales y familiares de las víctimas de prisión indebida.
Faustino y Emiliano eran dos músicos colombianos profesionales que habían venido
a España para iniciar una gira con un grupo por nuestro país y Europa. Dos días después
de su llegada acudieron al aeropuerto de Barajas para recoger un amplificador que se
había extraviado y fueron detenidos al comprobarse que en su interior había cocaína.
Tras permanecer 391 días en prisión preventiva, ambos fueron :finalmente absueltos. El
Tribunal Supremo casa la Sentencia de la Audiencia Nacional que había declarado que
no concurrían los requisitos de la responsabilidad patrimonial del Estado previstos en el
art. 294 LOPJ, y reconoce a los recurrentes las siguientes compensaciones:
En concepto de perjuicios económicos, la misma cantidad para los dos: 1.500 € por
cada uno de los 13 meses que permanecieron privados de libertad, lo que suponía la
cantidad de 190.500, a la que el Tribunal añade 2.000 € que considera dejaron de percibir por no haber podido continuar con el grupo la gira prevista.
En concepto de «daño moral», también la misma cantidad: 80 €porcada uno de los
391 días en que estuvieron privados de libertad, lo que hacía una suma de 31.280 €.
En concepto de «daños personales y familiares» Uos cuales, en nuestra opinión, eran
igualmente daños morales], por el contrario, diferencia: para Faustino, la suma de 50 €
diarios por cada día que permaneció privado de libertad, que debía incrementarse progresivamente en un 10% por cada uno de los meses de prisión, computándose un mes
por cada treinta días continuados en prisión. Para Emiliano, la suma de 25 € diarios por
598
El daño moral y su cuantiflcaci6n
cada día que permaneció privado de libertad, que debía incrementarse progresivamente
en un 10% por cada uno de los meses de prisión, computándose un mes por cada treinta
días continuados en prisión. La razón a la que obedecía esta diferencia era bien sencilla:
«Faustino [estaba] casado con Azucena y [era] padre de tres hijos a los que se les [había]
privado de su atención, protección, cuidados y custodia en este tiempo tan necesarios
para el desarrollo de su infancia». Emiliano tenía novia, pero no hijos.
En esta misma Sentencia pondera el Tribunal Supremo otra circunstancia agravante
del daño: el haber sufrido la privación de libertad en un pa{s extranjero, «lo que comporta
evidentes dificultades para el mantenimiento de las relaciones personales y familiares que
con las limitaciones inherentes que supone el internamiento en un centro penitenciario
se acentúan ante la dificultad de recibir visitas de los familiares y allegados que se
encuentran al otro lado del Atlántico». El Tribunal, en cambio, rechaza que aquí haya
«razones que [permitan] indemnizar el derecho al honor y a la propia imagen de cada
uno de los recurrentes».
En la STS, 3.a, Sec. 3.a, 12.11.2010, antes citada, relativa a un caso en que el actor
había sufrido indebidamente 314 días de privación de libertad adicionales como consecuencia del torpe funcionamiento de los órganos judiciales encargados de liquidar su
condena, se tiene en consideración como único criterio para fijar la compensación [de
20.000 €, que cabe estimar anormalmente baja si la comparamos con las otorgadas en
los supuestos típicos de prisión preventiva seguida de absolución] el hecho de que el
perjudicado tenía «un amplio historial de condenas». Parece apuntarse, pues, que la
privación indebida de libertad causa menos daño a las personas que de alguna manera
ya están acostumbradas a ella que a las que no lo están, por lo que la compensación debe
ser correlativamente menor en el primer caso.
En otros asuntos en los que la indemnización otorgada es también anormalmente
magra se observa una nota común: la absolución de los acusados que habían sufrido
prisión preventiva se produjo como consecuencia de la anulación judicial de las pruebas
incriminatorias, de resultas de haber sido obtenidas ilícitamente, con vulneración de
derechos fundamentales.
En el caso resuelto por la STS, 3.a, Sec. 6.a, 14.2.2007, el actor había permanecido
nada menos que 705 días en prisión preventiva y, tras anularse la prueba de cargo -el
hallazgo en una habitación de un apartotel de un estupefaciente escondido dentro de
los pañales del hijo de su compañera-, fue absuelto. El Tribunal Supremo declara su
derecho a ser indemnizado conforme al artículo 294 LOPJ, pues, al haberse declarado
nula dicha prueba [por haberse obtenido sin autorización judicial] había de partirse de
la propia inexistencia del hecho que dio lugar a la instrucción de la causa penal. Para
valorar el daño, el Tribunal considera que había de «estarse al tiempo de privación de
libertad y a las consecuencias personales y familiares producidas, teniendo en cuenta que
el recurrente exclusivamente [hacía] referencia a ese daño moral que [cuantificaba] en
la cantidad de 14 millones de pesetas y que la Sala, ante la ausencia de otros elementos
que [permitieran] valorar en cantidad distinta dichos perjuicios, [estima] suficientemente
valorado en la cantidad de 6.000 €».
La cuantiftcaci6n de los daños morales causados por las administraciones · · ·
599
En el caso resuelto por la STS, 3.a, Sec. 6.a, 20.10.2010, el actor había sido absuelto
de un delito contra la salud pública como consecuencia de la declaración de nulidad de
las diligencias probatorias, practicadas vulnerando el derecho al secreto de las comunicaciones. El Tribunal, «tomando en consideración el tiempo de duración de la prisión
preventiva [308 días], así como las circunstancias personales y de todo género concurrentes para evaluar la aflicción que comporta la prisión en el presente caso, [valora]
dicho daño moral en la cantidad de 10.000 €».
Es posible que, en el momento de fijar la compensación, los magistrados del Tribunal
Supremo fueran incapaces de borrar totalmente de su mente la existencia de elementos
probatorios que acreditaban la culpabilidad de los acusados, por muy nulos que aquéllos
hubieran sido declarados. Sea como fuere, el criterio aparentemente aplicado en estas
Sentencias menoscaba la finalidad de protección de los derechos fundamentales que
justifica la invalidez de las pruebas que han sido obtenidas vulnerándolos.
10.2. Interpretación posterior. Indemnización prácticamente para todos los
que sufrieron prisión preventiva no seguida de condena
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró en sus sentencias Puig Panel/a
y Tendam que la referida interpretación del artículo 294.1 LOPJ vulneraba el derecho
a la presunción de inocencia46 . Según el Tribunal, este derecho se opone a que se
deniegue a los absueltos la correspondiente indemnización sobre la base de la falta de
certeza en cuanto a su inocencia.
Seguidamente, el Tribunal Supremo modificó su jurisprudencia y, en virtud de una
interpretación literal y estricta del artículo 294.1 LOPJ, declaró que el derecho a la
indemnización previsto en él sólo surgía en los casos de inexistencia objetiva de los
hechos imputados 47 .
Posteriormente, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, por vulnerar
los principios de no discriminación y presunción de inocencia, limitar la responsabilidad
prevista en el artículo 294.1 LOPJ a los casos de inexistencia objetiva del hecho imputado48. Y, finalmente, el Tribunal Supremo ha venido a extender esa responsabilidad a
todos los supuestos de prisión preventiva seguida de absolución, sobreseimiento libre 49
o incluso sobreseimiento provisional5º.
Tras todas estas vicisitudes, la jurisprudencia relativa a la cuantificación de la correspondiente indemnización presenta dos puntos especialmente destacables.
46. Sentencias de 25.4.2006 (Puig Panella c. España, 1483/02) y 13.7.2010 (Tendam c. España,
25720/05).
47. STS, 3.a, Sec. 6"-, 23.11.2010.
48. STC 85/2019, de 19 de junio, sobre la que puede verse Luis Medina Alcoz e Ignacio Rodríguez
Femández, «Razones para (no) indemnizar la prisión provisional seguida de absolución>>, Revista Española
de Derecho Administrativo, 200, 2019, pp. 147-190; Edorta Cobreros Mendazona, «El sistema de indemnización por prisión provisional indebida en la encrucijada>>, Revista de Administraci6n Pública, 209, 2019, pp.
13-44.
49. STS, 3.\ Sec. 5.ª, 10.10.2019.
50. SSTS, 3.", Sec. 5.3, 22.9.2021 y 17.10.2022.
600
El daño moral y su cuantif,cací6n
El primero es que la cuantía de las indemnizaciones se ha reducido drásticamente,
salvo en casos muy puntuales. Tal vez en ello haya influido la circunstancia de que, en
no pocas ocasiones, los jueces perciben que la probabilidad de que los reclamantes
cometieran realmente los delitos imputados es relativamente elevada, pues éstos fueron
absueltos, en virtud del principio de presunción de inocencia, porque había una duda
razonable acerca de su culpabilidad, aunque ésta fuera más verosímil que su inocencia.
En algunos casos excepcionales, sin embargo, el Tribunal Supremo y la Audiencia
Nacional fijan una indemnización inusualmente elevada, a la vista de la extraordinaria
gravedad de los daños que la privación de libertad supuso para los reclamantes.
La STS, 3.a, Sec. S.a, 22.9.2022, por ejemplo, reconoce a un jefe de policía local que
había estado 413 días en prisión preventiva una indemnización de 50.000 € más los salarios
dejados de percibir durante ese periodo de tiempo, que el reclamante había cifrado en
109.376,58 €. El Tribunal tiene en cuenta, algo lacónicamente, «la incidencia que la prisión
le [supuso] tanto en su faceta laboral, familiar e incluso para su propia salud>>.
La SAN, Sec. 3.a, 24.11.2022, por su parte, otorga a uno de los actores, que había estado
en prisión preventiva durante 1.044 días, una indemnización de 450.886 €, en atención a la
extraordinaria gravedad de los daños patrimoniales, laborales, reputacionales, familiares y
psíquicos por él sufridos, que se exponen con cierto detalle. Para su esposa, que había estado
privada de libertad durante 333 días, establece una indemnización de 45.000 euros.
El segundo punto destacable de esta jurisprudencia es su falta de consistencia51 • A
pe.sar de señalar explícitamente un listado de criterios que deberían tenerse en cuenta
para evaluar los daños sufridos y determinar la indemnización correspondiente, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional suelen fijar una cantidad alzada para todos los
daños derivados de la prisión preventiva, sin especificar qué daños se han considerado,
qué criterios se han utilizado para valorarlos y qué operaciones se han realizado con este
objeto. En esta línea, en alguna sentencia se añade que «los daños morales no podemos
valorarlos diariamente, sino desde una perspectiva global» (SSTS, 3.a, Sec. 5.a,
20.12.2019, 24.6.2020 y 14.9.2020).
STS, 3. 11
Días
Base diaria(€)
Incremento progresivo
Total(€)
Compensación (€) / día
mensual
10.6.1997
46
-
-
2.936,06
63,83
21.1.1999
561
-
-
12.020,24
21,43
20.2.1999
85
24,04
125%
6.580,90
77,41
29.3.1999
445
9,02
25%
90.470,84
203,3
51. Advertida, por ejemplo, por Pete Simón Castellano y Luis Rodríguez Ramos, <<Error judicial y
prisión preventiva. Inercias transpersonalistas que erradican>, Revista Española de Derecho Constitucional, 125,
2022, pp. 71-72.
601
La cuantificación de los daños morales causados por las administraciones , ,,
·,.
.
,\
'.',
.
Incremento progresivo
mensual
Total(€)
Compensación (€) /día
STS, 3:'
Días
Base díaria(€)
3.5.1999
329
24,04
25%
30.697,14
93,30
29.5.1999
329
36,06
25%
46.050,27
139,97
26.6.1999
401
36,06
25%
120.916,63
301,54
30.6.1999
234
24,04
25%
14.309,46
61,15
13.11.2000
28
60,10
125%
2.073,49
74,05
20.1.2003
946
12,02
10%
66.938,59
70,76
26.1.2005
237
36,06
25%
20.923,46
88,28
27.4.2005
9
-
-
10.000
1.111,11
21.3.2006
151
-
-
30.050,61
199,01
20.9.2006
23
-
-
3.000
130,43
6.10.2006
183
-
-
9.000
49,18
14.2.2007
705
-
-
6.000
8,51
22.5.2007
306
-
-
54.091,19
176,77
18.6.2009
391
«Daños
personales
y familiares>>:50 y
25
<<Daño
moral»:
80
«Daños personales y
familiares»:
10%
68.064,07 y 49.672,03
17 4,08 y 127 ,04
25.11.2009
463
-
-
75.000
161,99
24.3.2010
233
-
-
33.600
144,20
31.5.2010
740
-
-
111.300
150,40
23.6.2010
541
-
-
77.800
143,80
28.9.2010
170
-
-
30.000
176,47
5.10.2010
204
-
-
24.000
117,65
8.10.2010
141 y 7
-
-
50.000 y 25.000
354,61 y 438,60
602
El daño moral y
,,,,•
STS, 3.
111
'
Días
Base diaria (€)
Incremento progresivo
st1
cuantificación
Total(€)
Compensación (€) /día
mensual
20.10.2010
308
-
-
10.000
32,47
3.11.2010
11
-
-
3.000
272,73
12.11.2010
314
-
-
20.000
63,70
19.7.2011
553
-
-
94.000
169,98
17.5.2016
542
-
-
60.000
110,70
10.10.2019
351
-
-
3.000
8,55
20.12.2019
462
-
-
3.000 (daño moral) +
9 .309 ,6 (perjuicios laborales)
26,64
24.6.2020
284
-
-
10.590
37,29
14.9.2020
597
-
-
5.000 (daño moral) + salario mínimo interprofesional incrementado en un
10%
22.9.2020
950
-
-
40.000
42,02
22.9.2020
413
-
-
50.000 (daño moral) +
salarios dejados de percibir
121,07
28.9.2020
667
-
-
20.000
29,99
13.10.2020
579
-
-
60.000
103,63
8.10.2020
770
-
-
50.000
64,94
27.10.2020
83 y4
-
-
4.000 y 1.000
48,19 y 250
11.2.2021
93
-
-
5.000
53,76
23.9.2021
131
-
-
15.000
114,50
22.9.2021
328
-
-
12.000
36,59
22.9.2021
308
-
-
12.000
38,96
19.5.2022
202
-
-
7.000
34,65
20.6.2022
707
-
-
10.000
14,14
17.10.2022
260
-
-
5.000
19,23
603
La mantificaci6n de los daños morales ca11sados por las administraciones , , ,
,,,,, . ,
\'
;',• ,,,.:,·1··,: ''·
SAN, Secc. 3.
11.
··,· ,::;,,•.',-,
11
Días
'
....,.'
Total(€)
(€)
Incremento
progresivo
mensual
Compensación
(€) /día
Base
diaria
4.11.2011
408
-
-
55.000
134,80
15.10.2012
83
-
-
33.120
399,04
28.2.2013
357
-
-
59.000
165,27
2.4.2014
121
-
-
16.000
132,23
16.7.2015
317
-
-
54.000
170,35
17.11.2015
1.177
-
-
194.000
164,83
7.3.2022
1.065
-
-
21.000
19,72
30.4.2022
164
-
-
5.000
30,49
18.05.2022
206
-
-
10.000 (daño moral) +
7.035,65 Oucro
cesante)
82,70
20.5.2022
156
-
-
3.000
19,23
1.6.2022
448
-
-
8. 980 (daño moral) +
9.800 Oucro cesante)
41,92
5.10.2022
244
-
-
6.145,10
25,18
5.10.2022
1.142
-
-
30.000
26,27
26.9.2022
241
-
-
4.000
16,60
5.10.2022
244
-
-
6.000
24,60
3.11.2022
1.711
-
-
86.000
50,26
10.11.2022
191
-
-
3.740
19,58
16.11.2022
374
-
-
7.440
19,90
24.11.2022
1.044
y 333
-
-
450.386 y 45.000
431,40 y 135,14
,:,
PRIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE LOS HJJOS
Las Administraciones públicas pueden tomar medidas que suponen para los padres
la pérdida temporal o incluso permanente de la compañía de los hijos. En el caso de que
tales medidas se hayan adoptado ilegalmente, puede surgir la responsabilidad patrimonial
604
El daño moral y su cuantificaci6n
de la Administración correspondiente 52 , cuando menos si su actuación fue irrazonable,
fruto de una «flagrante desatención normativa» 53 •
Los Tribunales suelen tener en cuenta diversos criterios para fijar la correspondiente
compensación. El primero es el del número de hijos de cuya compañía se priva a la
víctima. No causa el mismo dolor perder a uno que a dos. ¿O sí?
La STS, 3.a, Sec. 4.a, 21.10.2011 falló sobre un caso en el que la madre y la abuela
de dos menores de edad se habían visto privadas de la compañía de éstas (1. 971 días
respecto de la primera y 2.081 días respecto de la segunda) como consecuencia de una
declaración administrativa de desamparo y acogimiento preadoptivo. El TSJ de Andalucía había fijado una indemnización de 40.000 € para la madre, 40.000 € para cada una
de las hijas y 20.000 para la abuela. El Tribunal Supremo casó la sentencia recurrida,
elevando la indemnización de la madre hasta los 80.000 €. En la motivación de la STS
puede leerse que «la sentencia de instancia recoge una indemnización para la recurrente ... sin especificar y determinar si ese daño moral por el padecimiento de la pérdida
de relación con sus hijas menores ha de circunscribirse a ambas conjuntamente o a una
sola. Bien es cierto, y debe tenerse en cuenta a efectos de fijación del "quantum indemnizatorio" que ambas hijas fueron separadas del entorno familiar biológico y, a su vez,
separadas ambas, puesto que cada una siguió un itinerario distinto que motivó a la madre
un padecimiento específico por cada una de ellas, y sin duda, doble, por poder recuperar
a ambas que se encontraban en situaciones distintas. La sentencia no entra a argumentar
este elemento, sin duda relevante, para poder determinar que el daño moral de la madre
fue mucho mayor y que se ha de estimar doble, a razón de cada una de sus hijas».
Análogo cálculo subyace implícitamente en la STSJ Cataluña, Sec. 4.a, 21.3.2012,
que otorgó a una mujer una compensación de 18.000 €ya cada uno de sus tres hijos
menores de edad una de 6.000 € por haber sido privados de su mutua compañía durante
cinco meses.
La STSJ Andalucía, Sevilla, Sec. 3/, 7.11.2007 fijó una indemnización de 24.000 €
para los padres de cinco hijos a los que la Junta de Andalucía había declarado ilegalmente
52. Véase Ignacio Marín García y Daniel López Rodríguez, <<Indemnización del daño moral por la
privación indebida de la compañía de los hijos en el orden civil y en el contencioso-administrativo», InDret
2/2010. Es obvio que la Administración no responde si las medidas adoptadas eran conformes a Derecho.
Véanse, en este sentido, la STS, 3.a, Sec. 6.", 28.11.2012; la STSJ Cataluña, Sec. 4.a, 12.12.20012 y la STSJ
Andalucía, Sevilla, Sec. 3.ª, 23.5.2013.
53. De acuerdo con la jurisprudencia dominante, la Administración no responde patrimonialmente
de los daños causados por un acto contrario a Derecho cuando éste es el resultado de una aplicación razonable y razonada del ordenamiento jurídico. Véase Gabriel Doménech Pascual, <<Responsabilidad patrimonial de la Administración por actos jurídicos ilegales», Revista de Administraci6n Pública, núm. 183, 2010,
pp. 179-231; ídem, <<De nuevo sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración por actos ilegales.
A favor de la doctrina del margen de tolerancia», Revista de Administraci6n Pública, 2019, 2022. Así, la STSJ
Galicia, Sec. 3. ª, 22.11.2005 niega la responsabilidad de la Xunta de Galicia por los eventuales daños ocasionados al declarar en situación de desamparo a un menor, a la vista de que «tal resolución administrativa,
declarada efectivamente después improcedente en proceso civil seguido al respecto, pudo tener un apoyo
al menos defendible para haber sido adoptada en su momento, vistos los elementos y circunstancias [obran tes
en el expediente]; que si bien no fueron aceptados en dicho proceso como bastantes al efecto, tampoco se
podría decir ahora que adolecieran de toda racionalidad y sentido».
La cuantificación de los daños morales causados por las administraciones ,, ,
605
en situación de desamparo y separado de sus progenitores durante 49 días [tomarnos
como referencia la fecha en la que se ordena judicialmente su inmediata devolución].
En un caso en el que los dos progenitores se habían visto privados durante 55 días
[aunque la duración de esta privación no aparece del todo clara en la exposición de los
hechos] de la convivencia con su hijo recién nacido, la STSJ Andalucía, Sevilla, Sec.
3.\ 5.4.2006 reconoció una indemnización de 12.000 € para cada uno de los progenitores.
En el caso decidido por la STSJ País Vasco, Sec. 3.a, 16.11.2006, la Diputación Foral
de Vizcaya había privado a la demandante de la custodia de sus dos hijos menores
mediante sendos actos administrativos, ante la sospecha de que las heridas que presentaba
uno de ellos eran el producto de malos tratos domésticos. La reclamante solicitaba la
anulación de ambas resoluciones y una indemnización de 4.471,53 € por los 186 días
que sus hijos habían permanecido fuera de su hogar. El TSJ consideró ajustada a Derecho
la resolución relativa al menor que presentaba las heridas, pero «precipitada y desproporcionada» la relativa al otro. Sin embargo, el TSJ fijó una indemnización de 4.471,53
€, argumentando que «tampoco puede colegirse que la estimación parcial del recurso
conduce a una división automática de la indemnización en función del número de hijos
a la hora de determinar el quanturn indernnizatorio del daño moral». La razón fundamental por la que se reconoció tal cantidad, no obstante, era de índole procesal y tenía
que ver con el llamado principio dispositivo. Es muy probable que la indemnización
hubiera sido más elevada si la víctima así lo hubiera reclamado. Según advirtió el TSJ:
«el petitum de la parte demandante actúa por ministerio de la Ley corno límite superior,
infranqueable por este Tribunal».
También suele tornarse en consideración para moderar -a la baja- la indemnización
el hecho de que el progenitor que se vio ilegalmente privado de la compañía del menor
lo desatendiera antes o incluso después de la privación y/ o no llevara a cabo puntual y
diligentemente las acciones pertinentes dirigidas a recuperarla.
En el caso decidido por la STSJ Andalucía, Sevilla, Sec. 3.\ 30.9.2010, el padre de
un menor había sido privado ilegalmente [sin que se le hubiera dado audiencia previa]
de su compañía durante 1.450 días. El Tribunal tuvo en cuenta, para fijar una compensación de 15.000 €, que el actor «no sólo no [había prestado] la adecuada asistencia
material al menor, sino que tampoco lo [había hecho] en el aspecto moral a tenor de
sus irregulares contactos con el mismo» corno consecuencia de sus problemas con el
alcohol y sus ingresos en prisión, y también que había tardado cuatro años en iniciar el
procedimiento dirigido a recuperar la guarda y custodia del menor.
Las indemnizaciones otorgadas por la pérdida permanente son obviamente superiores a las que se dan por la privación temporal. Y la duración de la privación se pondera,
si bien normalmente no de manera explícita, pues las compensaciones suelen fijarse en
una cantidad alzada.
La STSJ Andalucía, Granada, Sec. 1.\ 30.9.2013, fijó una indemnización conjunta
de 150.000 € para una mujer y sus tres hijos por la privación temporal de las mutuas
relaciones rnaternofiliales y por la pérdida definitiva de tales relaciones respecto de otro
hijo. Para cuantificar el daño, se entendió iniciado el periodo de la privación no en el
606
El daño moral y su cuantiftcaci6n
momento en el que se había producido la declaración de desamparo y la constitución
del acogimiento -pues estas medidas eran inicialmente válidas-, sino en aquel en el que
la Administración competente, debiendo haberlas revisado y modificado, no lo había
hecho.
Debe señalarse, finalmente, el hecho de que algunas sentencias hayan fijado compensaciones extraordinariamente elevadas, muy superiores incluso a las que se reconocen
en caso de fallecimiento de un hijo. Da la impresión de que estas generosas «indemnizaciones» esconden en realidad una sanción a la Administración por una actuación que
los Tribunales estiman particularmente reprochable.
El AAP Sevilla, Civil, Sec. 6/, 30.12.2005 fijó una indemnización de 1.400.000 €
por la privación a una madre de la compañía de sus dos hijos menores de edad durante
siete años y medio y nueve años y medio, respectivamente 54 .
La STSJ Cataluña, Sec. 4.a, 30.4.201055 resolvió sobre un caso en el que la Administración demandada había actuado inicialmente conforme a Derecho, al declarar en
situación de desamparo al hijo recién nacido de una pareja de drogadictos que a la sazón
no podían hacerse cargo del menor. Sin embargo, en opinión del TSJ, la Administración
demandada había incurrido posteriormente en negligencia [al actuar «con excesiva celeridad, sin datos objetivos de valoración, o con datos insuficientes, y con el prejuicio más
absoluto de que se trataba de dos progenitores drogadictos de muy larga duración ... y
sin posibilidad razonable de rehabilitación»], impidiendo que se pudiera establecer un
vínculo afectivo entre el menor y sus padres biológicos y restantes hermanos. Para calcular los daños, el TSJ dijo aplicar orientativamente el <<Baremo de Circulación» [pero
no explicó cómo se aplicó 56], fijando una cantidad alzada en concepto de indemnización
para los padres de 980.000 €, pero no para los hermanos biológicos del menor, «por
cuanto ni [había] habido convivencia ni relación alguna» con éstos últimos. Resulta
llamativo que el TSJ considerara que «no [cabía] imputar a los padres la ruptura del
vínculo» familiar con el menor, ni siquiera a los efectos de moderar la compensación, a
pesar de que era «cierto que en los primeros siete meses [éstos se encontraban] incapacitados para [el] ejercicio de la tutela, más tarde se [encontraban] impedidos por un
internamiento para deshabituación ... y luego [carecían] de una estructura social, familiar
y económica que [pudiera] facilitar el cumplimiento pautado y rígido de las mismas»
[sic]. De hecho, esa resolución fue casada luego por la STS, 3.a, Sec. 6.a, 28.11.2012,
en primer lugar, porque «los progenitores ... tenían por razón de su propia situación, en
modo alguno provocada por la Administración, el deber de soportar la pérdida de la
custodia del hijo al no poder atenderlo mínimamente, y el riesgo, posteriormente concretado, de que dicha pérdida se convirtiera en definitiva» y, en segundo lugar, porque
la actuación administrativa cuestionada sí se había ajustado a Derecho en todo momento.
Comentado por Roig Davison, 2006, cit.
Comentada por Esther Farnós Amorós, «Sentencia TSJ Cataluña de 30 de abril de 2010>>, Cuadernos Civitas de]urisprudencia Civil, núm. 86, 2011, pp. 717-748.
56. Como advierte Farnós Amorós, 2011, cit., es dudoso que aquí el TSJ aplicara realmente el
baremo: de haberlo hecho, la cantidad resultante hubiese sido mucho menor.
54.
55.
La cuantificación de los daños morales causados por las administraciones , , .
607
La STSJ Andalucía, Granada, Sec. 1.a, 21.1.2013 reconoció a la actora una compensación de 400.000 € por haber sido privada de su hija como consecuencia de la
«actuación negligente» de los órganos administrativos de la Junta de Andalucía, que
primero recogieron ilegalmente [antes del parto, en vez de hacerlo transcurridos treinta
días desde éste, como dispone el art. 177 .2 CC] el consentimiento de la afectada para
la adopción, y luego, cuando a los pocos días del nacimiento la madre inició las gestiones
pertinentes para recuperar a su hija, adoptaron una «actitud obstruccionista incompatible
con el art. 39.2 CE» y un «celo desorientado» para conseguir la adopción, viéndose
obligada por ello la recurrente a un «peregrinaje administrativo y judicial de muy larga
duración» que le supuso un «auténtico calvario» y que además no le sirvió para recobrar
la compañía de la menor. El TSJ advierte que «la indemnización no puede quedar limitada por el baremo de indemnizaciones en materia de tráfico que habitualmente, aunque
no de manera preceptiva, es utilizado por la Jurisdicción Contencioso Administrativa ...
Ninguno de los supuestos en el baremo antedicho descritos, ni aun el fallecimiento del
hijo ... puede encuadrarse en el supuesto como el que nos ocupa».
Sea como fuere, lo cierto es que en casos análogos se han otorgado indemnizaciones
sustancialmente más reducidas.
En el caso decidido por la STSJ Andalucía, Sevilla, Sec. 3.a, 22.10.2009 57 , el actor,
como consecuencia de diversas medidas adoptadas por la Junta de Andalucía, había
perdido la guardia y custodia -si bien conservaba un amplio derecho de estancia, visita
y comunicación- respecto de sus dos hijos mellizos, cuya madre murió poco después
de dar a luz. El TSJ consideró «ilegítima» la actuación de la Junta, que había obrado
«con una celeridad inusitada en el dictado de sus resoluciones protectoras; sin audiencia
del padre y desconociendo su existencia, pese a ser conocido de los servicios sociales e,
incluso, pretendiendo privarle de la patria potestad, cuando, por otra parte, cuidaba de
otra hija». El TSJ acabó fijando una indemnización de 60.000 €, en atención a diversas
circunstancias: el hecho de que los niños nacieran con síndrome de abstinencia y opiáceos en orina; el hecho de que la Junta actuara a instancia de los servicios sociales del
hospital; la existencia de antecedentes similares en relación con otros hijos de la pareja;
la circunstancia de que ningún familiar se interesara por los menores tras su nacimiento;
la dejación del padre en la inscripción de sus hijos en el Registro Civil; la existencia de
varios informes que consideraban que el padre no reunía las necesarias condiciones para
el ejercicio de una patria potestad responsable; y el que los Tribunales hubieran mantenido la guardia y custodia de los padres acogedores, finalmente con asentimiento de
todas las partes.
En el caso enjuiciado por la STSJ Andalucía, Sevilla, Sec. 3.a, 7.2.2008, la Administración había privado al actor de la compañía de sus dos hijos menores, al constituir
ilegalmente un acogimiento preadoptivo después de que aquél recuperara judicialmente
su guarda y custodia, lo que generó una situación de hechos consumados que aconsejaba
mantener a los niños en el seno de la familia acogedora. El TSJ cifró la indemnización
57. El recurso de casación interpuesto contra esta resolución fue desestimado por la STS, 3.a, Sec.
6.a, 21.5.2012.
608
El daño moral y su cuantificación
en 60.000 €, en atención a la circunstancia de que el propio actor había contribuido a
la producción del resultado dañoso: «todo arranca de una declaración de desamparo de
los menores sin que el padre ahora reclamante se hiciera cargo de sus hijos en ese primer
momento».
12.
DILACIONES INDEBIDAS
Las dilaciones procesales indebidas constituyen uno de los típicos casos de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia que pueden dar lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 292 y
siguientes LOPJ. Dichas dilaciones pueden causar no sólo daños patrimoniales merecedores de resarcimiento 58 , sino también otros de carácter no patrimonial. Pueden, por
ejemplo, incrementar la angustia, la inseguridad, el menoscabo de la reputación que para
determinadas partes conlleva su intervención en un proceso.
Es razonable pensar que el retraso causa daños morales particularmente intensos
cuando tiene lugar en una causa penal, al dilatar la llamada «pena de banquillo» que la
acusación conlleva. De hecho, en la mayoría de los casos en los que se ha reclamado y
obtenido una indemnización por los daños no patrimoniales engendrados por estas dilaciones la víctima había sido acusada en un proceso penal o análogo -por ejemplo, en
un procedimiento contencioso-administrativo donde se impugnaba una sanción disciplinaria grave59- . El Tribunal Supremo ha dejado sentado al respecto que el daño moral
sufrido por el acusado en un proceso penal en el que se producen dilaciones indebidas
«no necesita prueba»; «no es preciso demostrar su existencia» 60 ; «el insólito retraso constituye por sí solo un evidente perjuicio moral» 61 •
El Alto Tribunal ha declarado, en cambio, que no pueden deducirse tales daños de
la mera tardanza en la tramitación de un proceso civil:
<<Desde la perspectiva ... de los daños morales es obvio que no cabe equiparar las dilaciones en la
tramitaci6n de un proceso penal con aquellas que puedan generarse en la tramitaci6n de un proceso civil
como el ahora contemplado. En los procesos penales ... una duraci6n indebida de un proceso puede
comportar consecuencias tales como un desprestigio social o una carga patente de angustia y frustraci6n,
circunstancias estas que no parecen ineludiblemente unidas a los procesos civiles, por lo que será necesario
valorar de forma individualizada las circunstancias concurrentes en cada caso>> 62 .
58. Véase, por ejemplo, la STS, 3.3, Secc. 6.3, 18.12.2013.
59. Véase la STS, 3.a, Sec. 6.ª, 12.7.2005.
60. Véanse las SSTS, 3.ª, Sec. 6.ª, 16.12.2004 y 15.3.2006.
61. STS, 3.a, Sec. 6.\ 29.3.1999.
62. STS, 3.ª, Sec. 6.3, 3.5.2007. El actor había interpuesto demanda en el año 1995 por «cumplimiento de obligación de hacer, acción de nulidad y cancelación de asientos registrales y acción de reclamación de cantidad» en relación con un contrato de compraventa. La STC 160\1999 declaró que se había
vulnerado el derecho del actor a un proceso sin dilaciones indebidas. En el ulterior procedimiento de
exigencia de responsabilidad, aquél alegaba que las dilaciones le habían generado cierto sufrimiento por la
incertidumbre relativa a la ejecución de la hipoteca, y que su honor, imagen y prestigio social también se
habían visto menoscabados. El Tribunal Supremo no estimó acreditados los daños morales aducidos, pues
entendió que la incertidumbre relativa a la ejecución de la hipoteca no podía considerarse derivada de la
dilación, ni tener gran entidad.
La cuant!ficaci6n de los daños morales causados por las administraciones ...
609
En la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ponderan varios factores a fin de
cuantificar la compensación por estos daños. El primero es, obviamente, la magnitud
de las dilaciones. Debe notarse, a este respecto, que el tiempo que se tiene en consideración no es el de la duración total del proceso, sino sólo el que constituye la dilación
indebida, el que excede del que puede considerarse normal y ordinario para la tramitación del procedimiento63 •
Algunas Sentencias, en segundo lugar, estiman que este daño tiene carácter progresivo, por lo que la misma índole ha de tener la correspondiente indemnización64 ,
aunque en la jurisprudencia más reciente ya no se sostiene esta tesis. Es más, en alguna
Sentencia se advierte respecto del desprestigio que al acusado puede ocasionar la tramitación de un proceso penal que «el mantenimiento de las causas penales en el tiempo
a veces produce el efecto contrario de diluir la alarma social generada en su inicim 65 •
De todos modos, nos remitimos a lo que sobre el particular expusimos anteriormente.
Un factor que parece tenerse muy presente, aunque no siempre se diga, es el de si
el acusado fue finalmente absuelto o condenado. Las compensaciones son, como facilmente puede imaginarse, más elevadas en el primer caso que en el segundo. Se presupone implícitamente que, ceteris paribus, la dilación causa mayor daño a un inocente que
a un culpable.
La SAN, Sec. 3.a, 18.5.2004, confirmadaporlaSTS, 3.a, Sec. 3.a, 19.9.2008, advierte
que se «condenó al acusado como autor de los delitos de falsedad y estafa y, aunque no
hay datos en la causa que permitan entender que la reducción de la pena solicitada por
el Fiscal se debiera a la excesiva duración del proceso, lo cierto es que el propio acusado
aceptó la responsabilidad, lo que indudablemente ha de ser uno de los elementos a
considerar para fijar la indemnización; es cierto por otra parte que tan desmesurada
duración constituye en sí misma un perjuicio, incluso en casos en que el sometido a
enjuiciamiento sea considerado culpable, ya que, entre otras cosas, se retrasan las posibilidades de aplicación de las normas penales y penitenciarias que tienen por objeto la
reinserción social de los condenados»66 •
Salta a la vista, en cuarto lugar, que el daño causado por estas dilaciones se considera,
en términos relativos, inferior al ocasionado por la prisión indebida67 • Puede observarse
que las compensaciones por día de retraso son normalmente más bajas que las compensaciones por día de privación de libertad. No obstante, la diferencia se ha reducido
considerablemente en los últimos años de resultas de dos factores. El primero es la notable minoración que las indemnizaciones otorgadas por los daños derivados de la prisión
provisional han experimentado recientemente. El segundo es que, durante el periodo
en el que el Tribunal Supremo interpretaba en sentido literal el artículo 294.1 LOPJ y,
por lo tanto, no se indemnizaba a quienes habían sufrido prisión preventiva y quedado
63.
64.
65.
66.
67.
Véanse, entre otras, las SSTS, 3.a, Sec. 6.ª, 29.3.1999; 12.6.1999, y 26.9.2007.
SSTS, 3.\ Sec. 6.ª, 29.3.1999 y 12.6.1999.
SAN, Sec. 3.", 10.11.2005.
Véase, en el mismo sentido, la STS, 3.", Sec. 6.", 26.9.2007.
Así lo señala la STS, 3.", Sec. 6.", 29.3.1999.
610
El daño moral y stt cuantiflcaci6n
absueltos por la «inexistencia subjetiva» de los hechos, las dilaciones conllevaban la prolongación indebida de esta medida cautelar y, en consecuencia, un daño incluso superior
al que ésta hubiera entrañado en el caso de no haberse producido el retraso. Y la compensación por dilaciones indebidas era la única manera que a la sazón había de resarcir
tal daño. Véase, en este sentido, la SAN, Sec. 3.a, 31.10.2018, que otorga al reclamante
una indemnización de 6. 750 € por <<sólo» 45 días de retraso.
Las circunstancias personales de la víctima -edad, salud, situación profesional, etc.y las limitaciones de su libertad que se le hayan impuesto en el curso del procedimiento
penal -fianzas, obligaciones de presentarse ante un órgano jurisdiccional, prohibiciones
de ausentarse, embargos, etc.- también han de ponderarse.
La STS, 3.a, Sec. 6.a, 29.3.1999, por ejemplo, enjuicia un caso en el que la causa
penal en la que el actor había sido acusado y absuelto había durado 15 años, 11 de los
cuales se consideran constitutivos de una dilación indebida. El actor, además, había
pasado 445 días en prisión preventiva. El Tribunal Supremo declara, con carácter general, que al igual que en el caso de la responsabilidad por la privación de libertad, aquí
hay que tener en cuenta diversos factores: «la circunstancia de la edad del sometido [al
proceso penal] o su salud agravan extraordinariamente el daño moral, y lo mismo las
limitaciones impuestas, tanto personales como patrimoniales: presentaciones y prohibiciones de ausentarse, fianzas, embargos o avales, pueden incrementar ostensiblemente
el perjuicio moral del procesado o acusado».
El Tribunal estima que hay que tener presente para fijar la indemnización: en primer
lugar, «la edad del procesado, que cuando fue definitivamente juzgado contaba ya con
setenta y siete años»; en segundo término, «la indudable repercusión social y profesional
que una causa criminal por los expresados hechos [se le acusaba de apropiación indebida
por haber distraído en su provecho caudales pertenecientes a clientes de la entidad bancaria y a esta misma] hubo de tener para una persona dedicada a los negocios bancarios»;
y, por último, que no se habían acreditado «otras especiales circunstancias personales o
patrimoniales ... como necesidad de presentarse ante el Juez o Tribunal, imposibilidad
de ausentarse, embargos, fianzas o avales».
Nótese, por lo demás, que las dilaciones indebidas constituyen una atenuante de la
responsabilidad penal68 • Obviamente, la persona que las ha sufrido no tendrá derecho a
exigir la responsabilidad patrimonial del Estado por el daño resultante en la medida en
que éstas ya han sido consideradas para atenuar la pena que eventualmente se le haya
impuesto.
68. Artículo 21.6." de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (redactado
con arreglo a la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio).
611
La cuantificaci6n de los daífos morales causados por las administraciones ...
. ,,
STS, 3. ª
29.3.1999
'
,,,.,.
Posición de
1a víctima
Absuelta en un
proceso penal
..
,,,,
Duración
total del
proceso
15 años
Duración
de 1a dilación indebida
Compensación(€)
Compensación (€)/día
de proceso
11 años
9,02 por día durante
los primeros cuatro
años, incrementada
en un 25% durante los
tres siguientes, incrementada en un 50%
respecto de la anualidad anterior durante
los tres últimos años
Total: 75.631,08
13,81
9,32
12.6.1999
Absuelta en
proceso penal
10 años
7 años
12,02 por día durante
los primeros cuatro
años,
incrementada en un
25% durante los tres
siguientes
Total: 34.002,26
16.12.2004
Absuelta en
proceso penal
9,61 años
,.
•?
12.020,24
3,43
12.7.2005
Absuelta en
proceso contencioso-administrativo de revísión de sanción
disciplinaria
«casi 11 años»
¿?
4.000
0,75
15.3.2006
Absuelta en
proceso penal
9,61 años
,.
·?
12.020,24
3,43
14.2.2007
Absuelta en
proceso penal
11,47 años
«más de 4
años y
medio»
3.000
0,72
3.5.2007
Vencedora
parcialmente
en proceso
civil
6,66 años
,.
•?
No se aprecia daño
moral resarcible. Sólo
se compensan los gastos de asistencia técnica en el recurso de
amparo
-
26.9.2007
Condenada en
proceso penal
«más de 17
años»
«alrededor
de 5 años»
3.000
0,48
612
El daño moral y su cuantiftcaci6n
..
'
STS, 3.ª
Posición de
la víctima
Duraci6n
total del
proceso
Duración
de la dilaci6n indebida
1.2.2008
Condenada en
proceso penal
17,12 años
<<alrededor
de 5 años»
3.000
0,48
22.4.2008
Acusadora en
proceso penal
prescrito
20 años
«más de 7
años»
6.010,12
0,82
19.9.2008
Condenada en
proceso penal
13 años
«alrededor
de 5 años»
3.000
0,63
9.3.2009
Condenada en
proceso penal
15 años
,.
•?
2.000
0,37
14.5.2010
Absuelta en
proceso penal
10 años
8 años
4.000
1,10
4.11.2016
Absuelta en
proceso penal,
habiendo
sufrido prisión
preventiva
950 días
937 días
30.000
32,01
SAN
Posición de la víctima
Compensación(€)
Compensación (€)/día
de proceso
Duración total
del proceso
Duración
de la dilación indebida
Compensaci6n (€)
Compensaci6n (€)/día
de proceso
26.9.2013
Sobreseimiento del
proceso penal
4 años, 10
meses y 15
días
24 meses
8.000
11,11
10.11.2016
Absuelta en proceso
penal, habiendo
sufrido prisión preventiva
565 días
474 días
5.200
10,97
8.3.2018
Absuelta en proceso
penal
12 años
10 años
80.000
21,92
18.9.2018
Absuelta en proceso
penal, con prohibición cautelar de acercamiento a sus hijas y
suspensión del régimen de visitas
Cerca de 7
años
6 años
52.000
23,74
613
La cuantificaci6n de los daños morales causados por las administraciones ...
,¡ •':'
SAN
31.10.2018
13.
Posición de la victima
Absuelta en proceso
penal, habiendo
sufrido prisión preventiva
Duración total
del proceso
Duraci6n
de la dilación indehida
Compensación (€)
350 días
45 días
6.750
Compensación (€)/día
de proceso ~·
150
DAÑOS AL HONOR
No es frecuente, pero a veces ocurre, que una Administración pública causa daños
resarcibles al honor69 • Un caso típico es el de las notas informativas. La STS, 3.a, Sec.
6.a, 7.2.2007, por ejemplo, resolvió un caso en el que el Servicio de Prensa del Ministerio
de Interior había emitido una nota por la que se informaba de la incautación policial de
una edición fraudulenta de discos compactos y de la imputación del actor como autor
de un delito, del que no llegó a ser juzgado, pues el juez instructor archivó las diligencias
previas incoadas, por no ser los hechos constitutivos de infracción penal. Tras diversas
vicisitudes procesales, el Tribunal Supremo consideró que la nota había vulnerado el
derecho al honor del demandante, al contener descalificaciones innecesarias a efectos
informativos que luego fueron contradichas por el Juez penal. El Tribunal Supremo
entendió que los daños materiales sufridos por el actor a raíz de los hechos descritos no
eran resarcibles, pues no nacían de la nota informativa, «sino más bien de la propia
mecánica del mercado y de las reglas de competencia empresarial o, en todo caso, de la
existencia de la denuncia y del procedimiento penal, cuyas actuaciones serían inmediatamente conocidas por las empresas dedicadas a la misma actividad de la demandante y
en competencia con ella y también por los clientes de dichas empresas». En cambio, fijó
una indemnización de 40.000 € por el daño al honor.
Otro caso típico es el de la imposición ilegal de sanciones que conllevan un reproche
social, un cierto deshonor. En la STS, S.a, 9.5.1998, se declaró el derecho del actor, un
comandante de infantería, a ser indemnizado por el daño moral que le había causado
una sanción de cuatro días de arresto domiciliario impuesta con fundamento en unos
hechos que luego se revelaron inexistentes. El Tribunal Supremo consideró que el
arresto, aun siendo por una falta leve, le infligió «una innegable aflicción moral y un
perjuicio y descrédito en la situación profesional del indebidamente sancionado, que
[era] evidente que en aquel momento incidía negativamente en su honorabilidad como
militar al que se le imputaba un comportamiento negligente o indisciplinado».
69. Véanse Gabriel Doménech Pascual, «Las declaraciones administrativas de persona non grata: reflexiones sobre la actividad no jurídica, verbi gratia informativa, de la Administración», Revista General de
Derecho Administrativo, núm. 7, 2004, y José Luis Bermejo Latre, <<La Administración y el derecho al honor>>,
Revista de Administrací6n Pública, núm. 175, 2008, pp. 396 y ss.
614
El daño moral y su cuantificaci6n
Una cuestión interesante que aquí se plantea es la relevancia que para cuantificar la
correspondiente compensación -o incluso la existencia misma de un daño resarcibletiene la repercusión pública que alcanzó la actuación administrativa lesiva del honor.
En la citada STS, S.a, 9.5.1998, se declara que «la cuantificación de la indemnización
hay que limitarla, única y exclusivamente, a la producida por la anulación de la resolución sancionadora, sin referencia alguna a la publicidad que dicha resolución haya
podido tener en los medios de comunicación, que no puede determinar un incremento
de la indemnización, pues dicha publicidad es circunstancia ajena a la Administración
Militar sancionadora, o al menos ninguna prueba existe sobre que dicha Administración
haya tenido relación alguna sobre las informaciones que en relación con la sanción en
cuestión se produjeron».
En otras Sentencias, en cambio, sí se tiene en cuenta la trascendencia pública de la
actuación administrativa. En la STS, 3.\ Sec. 6.a, 2.11.2006, por ejemplo, se trataba de
un caso en el que se había anulado la sanción de advertencia impuesta a un magistrado
por el Pleno del Consejo del Poder Judicial, sin que éste hubiese procedido a cancelar
la anotación de la sanción en su expediente personal. El Tribunal Supremo consideró
que estos hechos habían causado al actor un daño moral, mas no resarcible, principalmente por «el límite de personas a las que pudo trascender la improcedente constancia
de la sanción, el carácter reservado de dicha documentación y el hecho de que en cualquier caso el expediente en que se hizo constar dicha sanción no produjo efecto ninguno». En el fallo puede leerse que «la presente sentencia constituye en sí misma una
satisfacción equitativa suficiente por el eventual daño moral».
¡¡
14.
LA (INEXISTENTE) DEFERENCIA DE LOS TRIBUNALES RESPECTO DE LAS
DECISIONES ADMINISTRATIVAS PREVIAS
Los casos de responsabilidad civil de las Administraciones públicas -o, más exactamente, aquellos de los que conocen los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo- tienen una peculiaridad respecto de aquellos en los que el daño ha sido
causado por otro sujeto. Antes de poder acudir a los Tribunales, las víctimas deben
reclamar la indemnización ante la Administración en cuestión, a través de un procedimiento administrativo que ha de servir para garantizar el acierto y la legalidad de la
decisión que se adopte al respecto70 , en el que normalmente emite su opinión un órgano
consultivo -supuestamente- independiente71 y que termina con un acto administrativo
por el que se declara o no la existencia de la responsabilidad y en su caso se determina
la compensación procedente, acto que goza de <<presunción de validez» y produce
70. Véanse los arts. 65, 67, 81, 91 y 92 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC).
71. En el procedimiento ordinario, es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso,
del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma equivalente cuando las indemnizaciones reclamadas
son de cuantía igual o superior a 50.000 € o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica (art. 81.2 LPAC).
La wantiflcaci6n de los daños morales catisados por las administraciones ...
615
inmediatamente efectos jurídicos vinculantes72 • Si los interesados no están de acuerdo
con esta resolución, corren con la carga de impugnarla en vía judicial.
.
En otros ámbitos, los Tribunales suelen mostrar una cierta deferencia hacia las decisiones administrativas impugnadas por los afectados. Reconocen a las Administraciones
públicas un cierto margen de discrecionalidad o apreciación para decidir en el caso
concreto, normalmente en aplicación de una disposición normativa que contiene conceptos indeterminados -tales como «valor real», «oferta económicamente más ventajosa», etc.-, de manera que sólo declaran inválidas sus decisiones cuando resulta suficientemente evidente que han rebasado dicho margen. Dicha deferencia surge típicamente cuando las Administraciones autoras de los actos impugnados están mejor situadas
-por sus procedimientos de actuación o sus recursos personales y materiales- que los
Tribunales para resolver de la manera más acertada posible un problema singularmente
complejo, y los incentivos de las autoridades administrativas decisoras para apartarse de
la solución que más conviene al interés general son relativamente débiles.
A falta de un estudio empírico concluyente sobre el particular, no da la impresión
de que los Tribunales reconozcan a las Administraciones públicas demandadas una deferencia tal a la hora de apreciar su responsabilidad y fijar la indemnización correspondiente, al menos de manera explícita. La cuantificación del daño moral constituye ciertamente un problema complejo, pero no parece que las Administraciones públicas estén
significativamente mejor situadas que los Tribunales para resolverlo. Y, desde luego,
resulta obvio que las autoridades administrativas competentes tienen fuertes alicientes
para tomar decisiones sesgadas, tendentes a negar indebidamente la responsabilidad
patrimonial de la Administración, y a otorgar compensaciones inferiores a las procedentes. Aunque dichas autoridades disparan con pólvora de rey, pagar indemnizaciones
tiene para ellas un importante coste de oportunidad, pues el dinero que emplean aquí
ya no pueden destinarlo a otros usos políticamente más rentables.
15.
LA REVISIÓN EN CASACIÓN DE LA CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL
El Tribunal Supremo es muy reticente a revisar la cuantificación de las compensaciones por daños morales efectuada por los Tribunales de instancia, lo cual se corresponde con la deferencia que muestra hacia éstos a la hora de valorar las pruebas73, a la
vista de las cuales dichos daños se evalúan. En sus propias palabras:
<<La .fi.jad6n de la cuantía de la indemnizaci6n por los perjuicios morales sufridos, dado su com-
ponente subjetivo, queda reservada al prudente arbitrio del Tribunal de instanda, sin que sea revisable
en casad6n siempre que éste haya observado los criterios jurisprudendales de reparabilidad econ6mica
del daño moral y de razonabilidad en su compensaci6n, ya que dicho recurso de casaci6n ... tiene como
finalidad someter al conocimiento del Tribunal competente el examen de la interpretaci6n y aplicaci6n
72. Art. 39.1 LPAC.
73. Véase Andrés Betancor Rodríguez, La revisión casacional de la prueba en el contencioso-administrativo, Civitas, Madrid, 2012.
616
El daño moral y su cuantificación
de las normas y de la jurisprudencia realizados por el Tribunal de instancia 1 tanto en relación con el
proceso cuanto con la cuestión debatida en el mismo por motivos tasados» 74 •
La razón que subyace en esta jurisprudencia es que cabe presumir que los Tribunales
de instancia están mejor situados que el Supremo para apreciar las particulares circunstancias fácticas de cada caso, de las que fundamentalmente depende la cuantificación de
los daños:
En el caso resuelto por la STS, 3.a, Sec. 6.a, 22.10.2001, la hija de la actora había
fallecido al arrojarse desde la ventana de la habitación que ocupaba en una residencia
pública de incapacitados. La recurrente alegaba que la compensación otorgada por el
TSJ de Asturias (2.000.000 pesetas, 12.020,24 €) era «manifiestamente insuficiente en
comparación con lo que el Tribunal Supremo había considerado razonable para reparar
el pretíum doloris por la muerte de un hijo en otros casos». El Tribunal Supremo desestima
el recurso, advirtiendo que «aunque el Tribunal de Casación tenga un criterio distinto
al de instancia respecto de la cuantía de la reparación de un concreto perjuicio moral,
no le está permitido corregir la evaluación que hubiese efectuado el Tribunal sentenciador si éste ha respetado ese único requisito controlable en casación, que es la razonabilidad y la ponderación de la indemnización fijada en atención a los hechos declarados
probados por la propia Sala de instancia, que en este caso declara ... que la hija fallecida
se encontraba internada, dada su oligofrenia severa, en un Centro Psiquiátrico desde el
año 1982 cuando contaba con dieciséis años hasta su fallecimiento en julio de 1993
cuando iba a cumplir los veintiocho, y, si bien es cierto que quien, al parecer, acudía a
visitarla a dicho Centro era sólo la madre, también le ha sobrevivido el padre, siendo
aquélla exclusivamente quien en su propio nombre y derecho ejercita la acción resarcitoria al estar separada del progenitor de la fallecida, con lo que, por más que esta Sala
del Tribunal Supremo haya señalado en otras supuestos análogos indemnizaciones superiores a la ahora determinada por la Sala de instancia, hemos de aceptar que la decisión
recurrida ha sido adoptada ponderando las circunstancias concurrentes».
El Tribunal Supremo sólo corrige la cuantificación impugnada cuando la considera
irrazonable, errónea o incoherente con los hechos considerados probados en la propia
sentencia recurrida o estima que vulnera los criterios legales o jurisprudenciales eventualmente aplicables. Tal ocurre muy de vez en cuando, en «supuestos
excepcionales» 75 , por lo general a favor de la víctima.
Es, por ejemplo, el caso resuelto por la STS, 3.a, Sec. 6.\ 4.5.2005. Un niño de seis
años había tenido un accidente al caer de un muro cuando jugaba al «pilla pilla» con un
compañero en un colegio, sufriendo graves secuelas físicas que le producían un grado
de invalidez casi absoluta. Para fijar una indemnización de 90.000.000 pesetas
(540.910,89 €), el Tribunal de instancia había tomado como referencia orientativa los
baremos establecidos en la legislación de seguros, si bien también había considerado que
algunos de los conceptos previstos en éstos -como los días en que el menor había estado
74. STS, 3.\ Sec. 6.a, 22.10.2001. Véanse, también, entre otras muchas, las SSTS, 3.", Sec. 6.a,
10.10.2000; 14.3.2007; 1.2.2008; 22.4.2008; 19.9.2008; 3.7.2009.
75. STS, 3.", Sec. 6.", 13.7.2002.
La cuantificaci6n de los daños morales causados por las administraciones ...
617
de baja- no resultaban procedentes en el caso enjuiciado. El Tribunal Supremo estimó
parcialmente el recurso de casación, por entender que los perjuicios derivados de los
días de baja del menor sí debían tenerse en cuenta para cuantificar la indemnización por
daño moral, incrementándola por ello en la cantidad resultante de multiplicar 7 .368
pesetas (44,28 €) por día de baja hospitalaria y 3. 158 (18,98 €) por día de baja no hospitalaria.
En el caso enjuiciado por la STS, 3/, Sec. 6.a, 13.7.2002, la Audiencia Nacional
había reconocido una indemnización de 750.000 pesetas (4.507,59 €) en concepto de
daños psíquicos causados por la imposición a un militar de una sanción ilegal de cambio
de destino, que le había ocasionado un severo cuadro depresivo por el que había estado
de baja médica durante 679 días. El Tribunal Supremo estimó que la indemnización no
era ponderada y razonable, «pues [resultaba] a razón de 1.104,56 pesetas [6,64 €] por
día de baja, lo que no [tenía] parangón con las que de ordinario [señalaban] los Tribunales
de Justicia por día de baja a consecuencia de una enfermedad». Esta compensación estaba
«en los confines entre lo simbólico y lo real, más próxima a lo primero que a lo segundo,
de modo que [podía] calificarse de inusual y desacostumbrada sin que [existiesen] circunstancias que lo [justificasen], salvo la declaración hecha en la sentencia ... de que
junto al expediente sancionador pudo haber otras causas determinantes del desequilibrio
psíquico sufrido por el recurrente, pero, aun aceptando la concurrencia de otras causas
en ese resultado, la moderación impuesta por ello, según lo declarado por la doctrina
jurisprudencia! ... no [permitía] reducir a esa cifra de 750.000 pesetas la indemnización
por una enfermedad psíquica tan grave como [era] la depresión, padecida durante casi
dos años al haber sido víctima de una sanción contraria a derecho, aunque otras circunstancias hubiesen cooperado al desencadenamiento de esa situación patológica de
tan larga duración».
En el caso decidido por la STS, 3. a, Sec. 4. a, 24.11.2009, a la actora, como consecuencia de complicaciones ocurridas en el curso de una interrupción voluntaria del
embarazo por malformación grave del feto, se le había tenido que practicar una histerectomía. El Tribunal de instancia había apreciado un funcionamiento anormal del servicio sanitario por ausencia del debido consentimiento informado, fijando una compensación de 6.000 €. El Tribunal Supremo declara que aunque en casación no cabe
«modificar el quantum indemnizatorio fijado por la Sala de instancia, salvo que concurran especialísimas circunstancias demostrativas de un ostensible y manifiesto error del
Tribunal, en el supuesto que enjuiciamos la indemnización señalada por la sentencia
recurrida por el daño moral es a todas luces insuficiente, pues no comprende o incluye,
a fin de obtener una reparación integral, los perjuicios ocasionados a la recurrente por
no concebir más hijos y los sufrimientos padecidos por aquélla al verse sometida ante
tal angustiosa situación», y establece una indemnización de 60.000 €.
La STS, 3.a, Sec. 4.a, 12.11.2010 resolvió otro caso de responsabilidad civil por falta
de consentimiento informado en la asistencia sanitaria. La actora había sido intervenida
por una lumbociática y, tras diversas complicaciones, terminó sufriendo pérdida de sensibilidad en los miembros inferiores, afectación esfinteriana, canal estrecho lumbar y
síndrome de cola de caballo. El TSJ de Madrid había fijado una indemnización de 6.000
618
El dafío moral y st1 c11antificac/6n
€. El Tribunal Supremo estimó que «la Sentencia [impugnada incurría] en arbitrariedad
porque [carecía] de la menor explicación acerca del porqué de la cantidad fijada como
indemnización» y porque se alejaba «de los criterios establecidos para supuestos similares»
por la jurisprudencia. Teniendo en cuenta las circunstancias del caso y, en particular, «la
trascendencia que para la paciente supuso la ausencia del consentimiento», «los antecedentes clínicos de la recurrente y su edad [59 años cuando ocurrieron los hechos]», cifró
la indemnización en 30.000 €.
Véase, también, la arriba citada STS, 3.\ Sec. 4.\ 21.10.2011 relativa a un caso en
el que la madre y la abuela de dos menores de edad se habían visto privadas de la compañía de éstas.
Véase, asimismo, la STS, 3.a, Sec. 4.a, 3.12.2012, ya citada, en relación con la relevancia de los baremos y la pérdida de una oportunidad.
16.
CONCLUSIÓN
No puede afirmarse que el Tribunal Supremo emplee para cuantificar las compensaciones por daños morales causados por las Administraciones públicas criterios sustancialmente distintos a los utilizados cuando semejantes daños han sido ocasionados por
sujetos privados76 • Cabe sostener, antes bien, que aquí no existen diferencias sistemáticas
en uno u otro sentido. En ambos tipos de casos se observan prácticas, tendencias y
factores similares, empezando por el anchísimo margen de discrecionalidad que los jueces suelen auto-concederse a la hora de acometer esta tarea. Ni siquiera cuando se trata
de daños que sólo pueden haber sido provocados por los poderes públicos, como los
derivados de la prisión preventiva seguida de absolución, se aprecian diferencias notables.
Las aportaciones creativas puntualmente efectuadas por los magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo respecto de algunos de esos supuestos, tales como,
por ejemplo, la de la «doctrina de la progresión», no han terminado de consolidarse
como reglas jurisprudenciales aplicables específicamente sólo en este ámbito. Es probable que ello obedezca a la circunstancia de que la naturaleza administrativa o pública de
la organización causante de un daño moral no justifica que su cuantificación deba
someterse a un régimen jurídico especial.
17.
TABLA DE RESOLUCIONES
Sala y fecha
Magistrado Ponente
STEDH 25.4.2006 (Pt1ig Panel/a c. España,
1483/02)
-
STEDH 13.7.2010 (Tendam c. España, 25720/05)
-
76. En el mismo sentido, y en relación con un problema muy similar, véase Sofia Amaral-García,
«El Tribunal Supremo y los casos de negligencias médicas en España», Papeles de Econom{a Española, núm.
151, 2017, pp. 21-32.
619
La cuantificaci6n de los da11os morales ca11sados por las administraciones , , ,
Sala y fecha
Magistrado Ponente
STC 85/2019, dejunio
Fernando Valdés Dal-Ré
STS, 3.a, Sec. V, 27.1.1989
Francisco Javier Delgado Barrio
STS, 3.a, 16.12.1994
Benito S. Martínez Sanjuán
STS, 3.a, Sec. 6.a, 28.2.1995
Manuel Goded Miranda
STS, 3.a, Sec. 6.a, 26.4.1997
Jesús Ernesto Peces Morate
STS, 5.'\ 9.5.1998
José María Ruiz-Jarabo Ferrán
STS, 3.a, Sec. 6.ª, 4.2.1999
Francisco González Navarro
STS, 3.", Sec. 6.", 20.2.1999
Jesús Ernesto Peces Morate
STS, 3.", Sec. 6.", 29.3.1999
Jesús Ernesto Peces Morate
STS, 3.", Sec. 6.a, 29.5.1999
Jesús Ernesto Peces Morate
STS, 3.\ Sec. 6.", 12.6.1999
Jesús Ernesto Peces Morate
STS 3.", Sec. 6.", 26.6.1999
Jesús Ernesto Peces Morate
STS, 3.a, Sec. 6.", 5.2.2000
Jesús Ernesto Peces Morate
STS, 3.", Sec. 6.a, 10.10.2000
Juan Antonio Xiol Ríos
STS, 3.", Sec. 6.", 22.10.2001
Jesús Ernesto Peces Morate
STS, 3.'\ Sec. 6.\ 13.7.2002
Jesús Ernesto Peces Morate
STS, 3.", Sec. 6.a, 28.9.2004
Santiago Martínez-Vares García
STS, 3.ª, Sec. 6.", 21.10.2004
Agustín Puente Prieto
STS, 3.", Sec. 6.", 16.12.2004
Santiago Martínez-Vares García
STS, 3.", Sec. 6.\ 27.4.2005
Agustín Puente Prieto
STS, 3.", Sec. 6.", 4.5.2005
Enrique Lecumberri Martí
STS, 3.", Sec. 6.a, 12.7.2005
Santiago Martínez-Vares García
STS, 3.", Sec. 6.", 15.3.2006
Agustín Puente Prieto
STS, 3.", Sec. 6.a, 2.11.2006
Agustín Puente Prieto
STS, 3.", Sec. 6.", 7.2.2007
Agustín Puente Prieto
STS, 3.", Sec. 6.\ 14.2.2007
Agustín Puente Prieto
STS, 3.", Sec. 6.", 14.3.2007
Margarita Robles Fernández
620
El daño moral y su cuant!ficací6n
Sala y fecha
Magistrado Ponente
STS, 3.a, Sec. 6.", 3.5.2007
Margarita Robles Femández
STS, 3.\ Sec. 6.3, 26.9.2007
Agustín Puente Prieto
STS, 3.\ Sec. 6.3, 19.12.2007
Margarita Robles Fernández
STS, 3.8, Sec. 6.\ 30.1.2008
Margarita Robles Fernández
STS, 3.8, Sec. 6.8, 1.2.2008
José Manuel Sieira Míguez
STS, 3.", Sec. 4.", 19.2.2008
Segundo Menéndez Pérez
STS, 3.a, Sec. 6.\ 22.4.2008
Margarita Robles Fernández
STS, 3.8, Sec. 3.8, 19.9.2008
Margarita Robles Fernández
STS, 3.3, Sec. 4.\ 21.1.2009
Segundo Menéndez Pérez
STS, 3.", Sec. 6.3, 5.5.2009
Luis María Díez-Picazo Giménez
STS, 3.8, Sec. 6.3, 18.6.2009
Santiago Martínez-Vares García
STS, 3.8, Sec. 6.8, 3.7.2009
Juan Carlos Trillo Alonso
STS 3.8, Sec. 6.a, 18.9.2009
Juan Carlos Trillo Alonso
STS, 3.3, Sec. 6.3, 24.11.2009
Enrique Lecumberri Martí
STS, 3.", Sec. 6.3, 25.11.2009
Agustín Puente Prieto
STS, 3.a, Sec. 4.a, 31.5.2010
Celsa Picó Lorenzo
STS, 3.8, Sec. 6.8, 23.6.2010
Agustín Puente Prieto
STS, 3.a, Sec. 4.8, 15.10.2010
Enrique Lecumberri Martí
STS, 3.a, Sec. 6.8, 20.10.2010
Agustín Puente Prieto
STS, 3.3, Sec. 4.8, 12.11.2010
Santiago Martínez-Vares García
STS, 3.3, Sec. 3.8, 12.11.2010
Juan Carlos Trillo Alonso
STS, 3.8, Sec. 6.8, 22.11.2010
Carlos Lesmes Serrano
STS, 3.3, Sec. 4.8, 24.11.2010
Santiago Martínez-Vares García
STS, 3.8, Sec. 4.8, 25.5.2011
Segundo Menéndez Pérez
STS, 3.", Sec. 4.3, 15.7.2011
Enrique Lecumberri Martí
STS, 3.a, Sec. 4.a, 19.7.2011
Antonio Martí García
STS, 3.3, Sec. 4.3, 30.9.2011
Segundo Menéndez Pérez
621
La cuantificaci6n de los daños morales causados por las administraciones ...
.
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Sala y fecha
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Magistrado Ponente
STS, 3.", Sec. 4.", 7.10.2011
Antonio Martí García
STS, 3.\ Sec. 4.a, 21.10.2011
Enrique Lecumberri Martí
STS, 3.a, Sec. 6.3, 23.11.2010
Juan Carlos Trillo Alonso
STS, 3.3, Sec. 4.3, 22.12.2011
Celsa Picó Lorenzo
STS, 3.3, Sec. 4.3, 2.1.2012
Santiago Martínez-Vares García
STS, 3.", Sec. 4.3, 17.4.2012
Antonio Martí García
STS, 3.3, Sec. 6.3, 21.5.2012
José M." del Riego Valledor
STS, 3.3, Sec. 6.3, 28.11.2012
Carlos Lesmes Serrano
STS, 3.3, Sec. 4.a, 3.12.2012
Ricardo Enríquez Sancho
STS, 3.a, Sec. 4.3, 21.10.2011
Enrique Lecumberri Martí
STS, 3.3, Secc. 6.\ 18.12.2013
Juan Carlos Trillo Alonso
STS, 3.a, Sec. 6.3, 17.05.2016
Juan Carlos Trillo Alonso
STS, 3.3, Sec. 5.3, 4.11.2016
Inés Huerta Garicano
STS, 3.3, Sec. 4.", 17.7.2018
Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo
STS, 3.3, Sec. 5.3, 10.10.2019
César Tolosa Tribiño
STS, 3.a, Sec. 5.", 20.12.2019
Rafael Femández Valverde
STS, 3.\ Sec. 5.3, 24.6.2020
W enceslao Francisco Olea Godoy
STS, 3.3, Sec. 5.3, 14.9.2020
Wenceslao Francisco Olea Godoy
STS, 3.3, Sec. 5.3, 22.9.2020
Wenceslao Francisco Olea Godoy
STS, 3.3, Sec. 5.ª, 22.9.2020
W enceslao Francisco Olea Godoy
STS, 3.", Sec. 5.", 28.9.2020
Inés Huerta Garicano
STS, 3.3, Sec. 5.", 8.10.2020
Ángeles Huet de Sande
STS, 3.3, Sec. 5.", 13.10.2020
Rafael Femández Valverde
STS, 3.", Sec. 5.", 27.10.2020
W enceslao Francisco Olea Godoy
STS, 3.", Sec. 5.", 11.2.2021
Ángeles Huet de Sande
STS, 3.", Sec. 5.", 22.9.2021
Octavio Juan Herrero Pina
STS, 3.", Sec. 5.", 22.9.2021
W enceslao Francisco Olea Godoy
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622
El daño moral y su ct1antificaci6t1
Sala y fecha
Magistrado Ponente
STS, 3.3, Sec. 5.3, 23.9.2021
Wenceslao Francisco Olea Godoy
STS, 3.ª, Sec. 5.ª, 19.5.2022
Inés Huerta Garicano
STS, 3.ª, Sec. 5.ª, 20.6.2022
Fernando Román García
STS, 3.ª, Sec. 5.", 17.10.2022
Fernando Román García
STSJ Andalucía, Sevilla, Sec. 3.a, 5.4.2006
Ruperto Martínez Morales
STSJ Andalucía, Sevilla, Sec. 3.ª, 7.11.2007
Joaquín Sánchez Ugena
STSJ Andalucía, Sevilla, Sec. 3.ª, 7.2.2008
Victoriano Valpuesta Bermúdez
STSJ Andalucía, Sevilla, Sec. 3.3, 22.10.2009
Eloy Méndez Martínez
STSJ Andalucía, Sevilla, Sec. 3.", 30.9.2010
Victoriano Valpuesta Bermúdez
STSJ Andalucía, Granada, Sec. 1.", 21.1.2013
José Pérez Gómez
STSJ Andalucía, Sevilla, Sec. 3.", 23.5.2013
Juan Pedro Jiménez Jiménez
STSJ Andalucía, Granada, Sec. 1.", 30.9.2013
Beatriz Galindo Sacristán
STSJ Cataluña, Sec. 4.", 30.4.2010
María Abelleira Rodríguez
STSJ Cataluña, Sec. 4.", 21.3.2012
Joaquín Borrell Mestre
STSJ Cataluña, Sec. 4.", 12.12.2012
Joaquín Borrell Mestre
STSJ Galicia, Sec. 3.", 22.11.2005
Gonzalo de la Huerga Fidalgo
STSJ País Vasco, Sec. 3.", 16.11.2006
Ricardo Lázaro Perlado
SAN, Sec. 3.ª, 18.5.2004
José Luis Terrero Chacón
SAN, Sec. 3.", 10.11.2005
Isabel García García-Blanco
SAN, Sec. 3.", 4.11.2011
Isabel García García-Blanco
SAN, Sec. 1.3, 15.10.2012
Fernando de Mateo Menéndez
SAN, Sec. 3.", 28.2.2013
Isabel García García-Blanco
SAN, Sec. 3.", 26.9.2013
Isabel García García-Blanco
SAN, Sec. 3.", 2.4.2014
Lucía Acín Aguado
SAN, Sec. 3.", 16.7.2015.
Isabel García García-Blanco
SAN, Sec. 3.3, 10.11.2016
José Félix Méndez Canseco
SAN, Sec. 3.3, 8.3.2018
José Félix Méndez Canseco
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La cuantificaci6n de los daños morales causados por las administraciones ...
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Sala y fecha
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SAN, Sec. 3.\ 18.9.2018
Ana María Sangüesa Cabezudo
SAN, Sec. 3.a, 31.10.2018
José Félix Méndez Canseco
SAN, Sec. 3.a, 7.3.2022
José Félix Méndez Canseco
SAN, Sec. 3.3, 30.4.2022
Lucía Acín Aguado
SAN, Sec. 3.3, 18.05.2022
Ana María Sangüesa Cabezudo
SAN, Sec. 3.3, 20.5.2022
José Félix Méndez Canseco
SAN, Sec. 3.3, 1.6.2022
Francisco Díaz Fraile
SAN, Sec. 3.3, 26.9.2022
José Félix Méndez Canseco
SAN, Sec. 3.3, 5.10.2022
Isabel García García-Blanco
SAN, Sec. 3.a, 5.10.2022
Ana María Sangüesa Cabezudo
SAN, Sec. 3.3, 5.10.2022
Isabel García García-Blanco
SAN, Sec. 3.3, 3.11.2022
Isabel García García-Blanco
SAN, Sec. 3.3, 10.11.2022
Francisco Díaz Fraile
SAN, Sec. 3.", 16.11.2022
Francisco Díaz Fraile
SAN, Sec. 3.3, 24.11.2022
Ana María Sangüesa Cabezudo
AAP Sevilla, Civil, Sec. 6.3, 30.12.2005
Ruperto Malina Vázquez
18.
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Magistrado Ponente
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