Responsabilidad Civil Extracontractual

El análisis económico del Derecho (AED) estudia los fenómenos jurídicos sirviéndose de las teorías y las herramientas metodológicas proporcionadas por la economía. El AED puede cumplir una función normativa (señalar qué decisiones jurídicas deberían adoptarse con el fin de maximizar ciertas preferencias), una función predictiva (determinar las consecuencias sociales que pueden tener las decisiones jurídicas) y una función explicativa (poner de manifiesto los factores que determinan la forma y el contenido las decisiones jurídicas). El AED ha recibido innumerables críticas. En este trabajo consideramos y tratamos de refutar, en la medida en que lo merezcan, aquellas que impugnan su valor explicativo en general y del Derecho de daños en particular, que es el ámbito jurídico donde esta cuestión se ha discutido más profusa e intensamente. En particular, ponemos de relieve que el AED ofrece explicaciones del Derecho de daños realmente practicado más exactas, amplias, simples, fecundas, unificadoras y coherentes que las propuestas por otras teorías alternativas, como la de la «justicia correctiva».
Law and Economics (L&E) applies the tools of economic theory to the analysis of legal rules and institutions. L&E can have a normative function (i.e. show which legal decisions ought to be made in order to maximize certain preferences), a predictive function (i.e. determine the social consequences legal decisions might have), and an explanatory function (i.e. show the causal factors determining both the form and the content of legal decisions). L&E has been heavily criticized. Taking Tort law as an illustrative example, this paper reviews and tries to refute scholarly opinions challenging the explanatory power of L&E. We show that L&E actually explains several Tort law rules and principles in a more accurate, comprehensive, simple, fruitful, unifying and consistent way than other alternative theories, such as that of "corrective justice".

Sumario: I. Breve aproXimación del tema; II. Marco normativo. l. El convenio bilateral argentino-uruguayo sobre accidentes de tránsito de 1991. 2. Los Tratados de Montevideo de Derecho Civil de 1889 V 1940. 3. Las normas de dimensión autónoma; III. Los hechos del caso; IV. La decisión judicial; V. Análisis del caso. 1. Fuente normativa. 2. Ambitos de aplicación de las fuentes. 3. Jurisdicción internacional. 4. Derecho aplicable. 5. Cuestiones de cooperación; VI. Conclusiones.

La responsabilidad civil puede ser estudiada desde el punto de vista de los incentivos que las reglas de responsabilidad brindan a los agentes y a las víctimas para que adopten precauciones óptimas y regulen su nivel de actividad. En este marco, la culpa y la responsabilidad objetiva contribuyen, de manera diferente en diversos contextos, a la reducción del coste de los accidentes. Asimismo, cada regla importa costes administrativos diferentes, cuya determinación depende de variables empíricas en cada sistema. Aunque es fundamental comprender el aspecto económico de la responsabilidad civil, entre otras cosas, para poder evaluar las propuestas de reforma o simplemente para explicar ciertos resultados, este enfoque teórico presenta limitaciones conceptuales importantes que también deben ser tenidas en cuenta al estudiar esta área del derecho. En particular, el reduccionismo conceptual del análisis económico impide explicar la relevancia de algunas categorías bien asentadas, como la corrección y la incorrección de la conducta. En última instancia, el análisis económico descuida la dimensión práctica de las reglas de responsabilidad como guía de conducta y, por tanto, la manera en que los juristas interpretan su propia práctica. En su mayor parte, este trabajo intenta mostrar las virtudes de los modelos económicos, sin dejar de señalar sus limitaciones conceptuales. Abogo, en todo caso, por una comprensión amplia que incorpore ambas perspectivas en el estudio de la responsabilidad civil.

Las plataformas de economía colaborativa actúan en general poniendo en contacto a usuarios para que intercambien servicios u otras prestaciones entre ellos. En el caso de Uber, por ejemplo, el usuario que quiere un servicio de transporte es puesto en contacto con un conductor, que le presta luego ese servicio gracias a la intermediación de la plataforma, a cambio de un precio. Este trabajo se plantea cómo opera la responsabilidad civil en ese contexto, pongamos por caso en el su-puesto en el que el conductor puesto a disposición por Uber cause un daño al usuario de la plataforma o a un tercero. En particular, conviene determinar si existe o no la dependencia que es presupuesto de la responsabilidad por hecho ajeno según nuestro Derecho civil. Se comparan a este respecto las soluciones del Derecho español y el extranjero.

La legislación española contempla desde hace mucho tiempo la posibilidad de que la Administración exija a las personas que se encuentran a su servicio el reembolso de la indemnización que hubiese pagado a terceros por los daños causados dolosa o negligentemente por ellas. La realidad, sin embargo, es que tal acción de regreso prácticamente nunca se ha ejercido, lo que ha desatado las críticas de numerosos autores. El autor sugiere una hipótesis que explica y justifica en cierta medida dicha práctica administrativa.
Since 1950’s, Spanish Public Administrations can recover compensation from public employees who negligently caused damages, thus giving rise to vicarious liability. Nonetheless, the right to recover has almost never been exercised, a fact which has been harshly criticized by many scholars. The author suggests one hypothesis that could, at least partially, explain and justify this administrative practice.

Es innegable la sinergia que alcanzan el Derecho y la Economía, así como la utilidad que presta el Análisis económico del Derecho para  el  análisis,  comprensión  e  incluso  la  argumentación  de  un  modelo  normativo.  El  presente  ensayo  está  enfocado  en  la maximización de la eficiencia de la responsabilidad civil y las alternativas (así como respectivos riesgos) para la regulación de costos de transacción en búsqueda del logro de dicho objetivo. Para tal propósito, este ensayo es formado por apuntes preliminares sobre el tema que culminan en una reflexión sobre los riesgos de los punitive damages como alternativa para lograr incentivos y así propiciar la implementación de un modelo económico de responsabilidad civil.

El autor asbuelve las siguientes interrogantes: ¿ la responsabilidad civil seria un mecanismo de tutela jurídica sustancial? ¿ la responsabilidad tiene como finalidad la prevención y/o disuasión? ¿ Los punitives damages connlevan a una clara función de castigo y disuasión del culpable?, entre otras.

Harm and loss in the French law of civil liability after the Projet de réforme of March 2017. Pure economic losses and pure non-economic losses (wrongful life and wrongful death). Punitive damages. Vindicatory damages.  Functions of civil liability.

Resumen:  El  artículo  reseña  los  más  recientes  pronunciamientos  que  tiene la jurisprudencia costarricense sobre el tema de la responsabilidad civil (extracontractual). Destacándose los tradicionales planteamientos de la normativa costarricense, como los novedosos y, a veces, no aplicados señalamientos de la doctrina nacional y extranjera. Palabras Clave: : Derecho Civil, responsabilidad civil, responsabilidad civil  extracontractual,  daños,  indemnizaciones,    daño reflejo.Abstract: The  article  reviews  the  most  recent  decisions  in  Costa  Rican  jurisprudence  on  the  subject  of  civil  (extra  contractual)  liability.  The  traditional  approaches  of  Costa  Rican  law  stand  out,  as  well  as  the  most  innovative,  though  sometimes  not  applied,  signs  of  national  and  foreign  doctrine.Key  Words:Civil  law,  Civil  liability,  Non  contractual  Liability,  Damage,  Compensation, Reflection damage.

Ensayo Jurídico centrado en la figura de la Responsabilidad Profesional del Abogado, creación doctrinaria y jurídica que permite hacer efectiva la especialísima responsabilidad que asiste a los letrados en el desempeño de su cargo, considerando las obligaciones que tienen respecto de sus clientes o usuarios, sus pares y el Tribunal y la Sociedad en su conjunto.

¿Cuál debe ser el régimen de responsabilidad civil aplicable a los daños causados por el incumplimiento de una obligación de fuente legal? Recientemente, a través de la Casación N° 252-2013-Sullana, la Corte Suprema dispuso que esta sea la responsabilidad extracontractual.
El autor no comparte esta tesis, y sostiene que el incumplimiento de esta clase de obligaciones origina una responsabilidad por incumplimiento de obligaciones (“responsabilidad contractual”) sujeta a un régimen de prescripción de diez años.

L’obbiettivo di questo articolo è stato quello di misurare la variazione nel tempo dei risarcimenti del danno morale al punto di IP. A tal fine abbiamo messo a raffronto le odierne tabelle milanesi con I dati raccolti negli anni ’70 e ’80 sul danno alla persona.
Il risultato cui si è pervenuti è quello di una costanza nel quantum del risarcimento del danno morale nel corso degli anni.
In questo ambito viene anche analizzata la coerenza interna delle tabelle milanesi e si apre una discussione sul possibile futuro del danno non patrimoniale sul danno alla persona.
The objective of this article has been to measure the variation over time of compensation for non-material damage at the IP point. To this end we have compared today's Milan tables with the data collected in the 1970s and 1980s on personal injury.
The result is a constancy in the quantum of compensation for non- material damage over the years.
The internal consistency of the Milan tables is also analysed in this context and a discussion is opened on the possible future of non-asset damages on personal injury.

PÁGINA RR-5.1 I. Introducción II. Organización, dirección y ejecución de programas de enseñanza de tenis III. Entronque de las clases de tenis en una precisa categoría contractual IV. La exigibilidad de responsabilidad contractual por los daños causados en las clases de tenis V. La acción de responsabilidad extracontractual por daños causados en las clases de tenis y su acumulación con la acción contractual VI. La carga de la prueba de los daños causados en las clases de tenis VII. La teoría de la asunción del riesgo aplicada a las clases de tenis VIII. El seguro de responsabilidad civil, un imperativo para el entrenador de tenis IX. Conclusión X. Bibliografía RESUMEN: La enseñanza del tenis es una actividad deportiva de riesgo moderado. Este riesgo puede, sin embargo, intensificarse si el entrenador se aparta del estándar de diligencia que le es exigible. En el artículo se examinan algunos de estos riesgos y su preciso encuadre en el ámbito de la responsabilidad contractual y extracontractual, deslindándolos de los supuestos en los que tiene aplicación la teoría de la asunción del riesgo por parte de quienes practican deporte. ABSTRACT: Tennis learning is a sport activity with moderate risk. This risk could, however, intensify if the tennis coach gives up the required standard of diligence. This paper analyses some of these risks and their accurate inclusion in the field of contractual and non-contractual liability, separating them from the cases in which applies the theory of the assumption of risk by those who practice sport. PALABRAS CLAVE: Responsabilidad contractual-Responsabilidad extracontractual-Asunción del riesgo KEYWORDS: Contractual liability-Non-contractual liability-Assumption of the risk 4 Responsabilidad civil de los entrenadores de tenis por accidentes acaecidos en sus clases Doctrina 4. Responsabilidad civil de los entrenadores de tenis por accidentes acaecidos en sus clases (ALEJANDRO VALIÑO ARCOS) Civil liability of tennis coaches for accidents that occurred in their classes La pista de tenis es el espacio por excelencia para la práctica de este deporte. Cuenta con unas dimensiones estandarizadas fijadas por la reglamentación técnica y nació seguramente con esas precisas medidas por ser el tenis un deporte que se practica únicamente en las modalidades de individual y dobles. Sin embargo, las veleidades de la enseñanza del tenis han traído consigo que sea habitual con tal propósito la presencia en la cancha de un mayor número de personas que tiende a incrementarse cuando se trata de articular un programa de aprendizaje elemental, en el que, como es de esperar, los alumnos no suelen contar con un nivel de destreza que destierre absolutamente el riesgo de producción de un resultado dañoso para el resto de compañeros. De ahí que sea menester deslizar algunas consideraciones de orden jurídico, que han de ser de interés para aquellos que organizan, dirigen y ejecutan programas de aprendizaje colectivo. II. ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE ENSEÑANZA DE TENIS Deliberadamente he querido servirme de estos tres sustantivos, que permiten deslindar en el marco de un programa de enseñanza de tenis funciones diferentes, cuya asunción puede, sin embargo, concentrarse en una sola persona o, por el contrario, repartirse entre personas distintas 1). En el primer caso, salta a un primer plano la figura del entrenador freelance que, en un club privado, en una

¿Existe alguna razón para preferir que la gestión de los daños que nos causamos unos a otros sea mediante un sistema de responsabilidad civil en lugar de un fondo social de compensación? La justificación de los fondos sociales de compensación es más bien obvia, pues se intenta atender con celeridad las necesidades de las víctimas. En cambio, la justificación de la responsabilidad civil genera amplias controversias. Si la responsabilidad civil ha de ser justificada, parece que debe encontrarse en ella un valor que no puede ser perfectamente realizado con mecanismos alternativos. Ese será su valor intrínseco. En este trabajo se ofrece una visión de cuál es ese valor, y se argumenta que en última instancia resulta insuficiente para justificar plenamente la responsabilidad civil.

La pérdida de una chance u oportunidad es una partida de daño indemnizable, que se encuentra consolidada en la doctrina nacional. Precisamente su procedencia, como una nueva partida de daños, fue discutida con anterioridad en estas mismas jornadas, a partir de la argumentación de que estábamos en presencia de un daño cierto, que se diferenciaba del lucro cesante1. Nuestros tribunales reacios inicialmente a su aceptación, han terminado invocándola en diversas sentencias, lo que se ha acrecentado en los últimos años, especialmente en el ámbito de la responsabilidad civil médica. Actualmente, a partir de ciertos casos resueltos por nuestra jurisprudencia en esta materia, los autores advierten una vinculación de esta clase de daños con la causalidad, más concretamente, con el reconocimiento de la determinación causal probabilística2. Considerando lo anterior podría pensarse que es una cuestión cuyo tratamiento está agotado. Sin embargo, opiniones recientes de la doctrina establecen requisitos propios que deben configurarse para que tenga mérito indemnizatorio, obviándose a nuestro entender las exigencias que los autores constantemente han indicado deben concurrir para transformar a todo detrimento, deterioro o menoscabo en daño jurídicamente. La certidumbre es uno solo de los requisitos que tradicionalmente se han establecido, pero no es el único. Esto constituye, a nuestro juicio, un aspecto original en el análisis de la problemática, que permitiría precisar con mayor claridad su contenido y desvincularla con otras partidas del daño (lucro cesante y daño moral, partidas indemnizables con las que se superpone) y contribuiría, indirectamente, para que no se emplee como un recurso para superar los problemas de incertidumbre de la relación causal, aspectos que se han ido reiterando en las decisiones de nuestros tribunales. Nos parece que no debe perderse de vista, en el análisis de esta clase de daños, el acervo que la doctrina nacional ha construido a lo largo del tiempo y que ha permitido perfilar el daño, como categoría, que determina la procedencia de la responsabilidad civil extracontractual. Obviar estos requsitos, conduce a nuestro entender, a alejarnos de su verdadera función y extender e identificar la noción material de daño con su noción jurídica ha transformado a la pérdida de una chance en una clase de daño que siempre puede resultar indemnizable, bastando con probar el menoscabo o detrimento de una oportunidad. En lo que sigue efectuaremos una breve aproximación conceptual a la pérdida de una chance. Luego analizaremos si esta clase de daños cumple con los requisitos de derecho común, que la doctrina ha fijado y que ejemplificaremos a través de dos sentencias * Profesora de Derecho Civil, Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dirección postal: Av. Brasil 2950, Valparaíso. Dirección electrónica: claudia.mejias@pucv.cl. Este artículo se desarrolló en la ejecución del Proyecto FONDECYT Regular Nº 1161249, titulado "Construcción dogmática de la función y alcance de la noción derecho común en el ordenamiento jurídico nacional".

"Un prolijo tratado de dos tomos y más de 1200 páginas. "

El 10 octubre de 2019 con motivo de la presentación de los dos libros de su reciente autoría: “La Deuda de Intereses en el Código Civil y Comercial de La Nación” y “Curso de Derecho Civil (Obligaciones)”, en el Colegio de Abogados de Córdoba, Guillermo Ford, Dir. de las carreras Jurídicas de la UBP, presentó ambos libros realizando una descripción profesional de los contenidos que allí se ofrecen.
Con respecto a la obra “Curso de Derecho Civil (Obligaciones)” Ford explica “sospecho que Domingo Jerónimo Viale Lescano ha aprovechado sus propias vivencias áulicas, fruto de más de 20 años de labor docente, recreando las tradicionales lecciones de grandes maestros a través de su propia cosmovisión del derecho y del ejercicio profesional y las ha plasmado con notable agudeza crítica y erudición, en una prosa tan técnicamente perfecta para el letrado, como accesible para el alumno de grado. El resultado: un prolijo tratado de dos tomos y más de 1200 páginas. Páginas que no se limitan sólo a la enseñanza teórica, sino que incursionan en aspectos prácticos tales como el ejercicio procesal de las acciones de responsabilidad y elementos muy propios de la práctica tribunalicia, haciendo honor al Saber y Saber Hacer que constituye la impronta de la Universidad Blas Pascal”.

PRÓLOGO
Permanentemente, todo el tiempo, todos los seres humanos
generamos obligaciones.
Los sucesos más habituales de la existencia diaria, como la
compra de alimentos en el supemercado o la de nafta en la estación
de servicio son contratos, que originan obligaciones.
El derecho de las obligaciones es el derecho del cotidiano comercio
de la vida, sintetiza ASCOLI.
Ese derecho tiene manifiesta influencia en la vida de los hombres
desde que «todas las relaciones pecuniarias que existen entre
los hombres son vínculos de obligaciones» [MAZEAUD -
CHABAS) y, es por ello, «indispensable para el conocimiento de
todo el Derecho privado» (RIPERT - BOULANGER).
En lo cualitativo «no es exagerado decir que el concepto
obligacional constituye la armazón y el substrato del Derecho, y
hasta de un modo más general, de todas las ciencias sociales», —
JOSSERAND—
PLANIOL llegó a admitir la posibilidad de comenzar con su
desarrollo la exposición del Derecho civil, y PUIG BRUTAU preconizó
incluirlo en la parte general de éste, anteponiéndolo así al
estudio de todas sus partes especiales.
MÉNARD demuestra para el asombro que su estructura es un
concierto sistemático que permite exhibirla mediante teoremas.
Sin embargo, en ella sobresale la pasión por el sustento del
sistema jurídico: la justicia —con su componente imprescindible
de seguridad—, la equidad, la regla moral.
Tal es la importancia de esta Materia que el que no sabe obligaciones
difícilmente pueda ser abogado o jurista.
Esa afirmación vale, aún fundándola sólo en la necesidad
inexorable de conocer y entender dos conceptos como la mora y
el incumplimiento, que son las circunstancias que movilizan a
los Tribunales y a sus auxiliares, los abogados.
14
CURSO DE DERECHO CIVIL - OBLIGACIONES - TOMO I
Se puede ser abogado desconociendo leyes especiales, pero no
se entenderían nunca esas leyes si no se sabe obligaciones.
Es difícil entender el Derecho sin saber obligaciones.
Pero es imposible ejercer la práctica de la abogacía, sea Juez o
litigante, sin saber si hay mora o incumplimiento.
Hasta en el Derecho Penal, muchos delitos requieren de un
acabado conocimiento de nuestra materia (V. gr. Usura, estafas,
etc.)
COLIN y CAPITANT explican que el derecho de las obligaciones
se compone racionalmente de dos partes, una parte General
y una parte Especial.
La parte general, consagrada à la exposición de los principios,
de las reglas fundamentales, se subdivide en dos ramas:
El estudio de la obligación considerada en sí misma, aparte
del hecho jurídico que la genera.
El estudio de los hechos jurídicos que crean obligaciones que,
según una tradición doctrinal (que revisaremos), eran los contratos,
los cuasi contratos, los delitos y los cuasidelitos, hoy sustituida
por la teoría del hecho-condición previsto por la ley para generar
la obligación.
Los principios, que constituyen la parte general, presentan gran
interés porque son aplicables, no solamente a las obligaciones
actualmente en uso, mas igualmente a aquellas que las transformaciones
de la vida económica hicieron aparecer. Esta es la parte
estable, sostenible, del derecho de obligaciones. Apenas ha cambiado
desde el derecho romano.
La parte especial incluye la exposición de las normas aplicables
a las distintas operaciones jurídicas que se realizan entre los
hombres que conducen a la creación de obligaciones. Este es el
aspecto cambiante, móvil, de la ley de las obligaciones.
En efecto, con las transformaciones políticas y económicas de
una sociedad algunos contratos dejan de ser utilizados y van desapareciendo
poco a poco. Otros se desarrollan más y toma una
PRÓLOGO
15
DOMINGO JERÓNIMO VIALE LESCANO
importancia predominante: tal hoy, el contrato de trabajo, el contrato
de asociación, el contrato de transporte.
Nuevas operaciones aparecen que no se utilizaron anteriormente:
se trata de seguros contra incendio, de vida, accidente,
etcetera.
Sin embargo, sus principios generales vienen desde el derecho
romano. Es en el IVS CIVILE que esta rama del derecho privado
hunde todas sus raíces.
Es cierto que, durante muchos siglos, la edad media tenía otro
sistema basado en ideas diferentes:
Rafael DOMINGO sostiene que: «La combinación del derecho
romano, derecho canónico y derecho feudal formó el «ius
commune» europeo, que fue el sistema legal común en Europa
occidental entre 1100 y 1800. Juristas y teólogos entonces acordaron
que los dos aspectos de la justicia, lo divino y lo humano,
estaban profundamente relacionados. Irónicamente, el derecho
romano empezó siendo una ley adecuada a los romanos en oposición
a otras leyes comunes (derecho natural y derecho de las
Naciones) sólo para luego formar parte de la ley común en oposición
a las leyes particulares de las comunidades políticas diferentes.
»
Pero desde la renovación de los estudios de derecho romano
en Occidente, la teoría de las obligaciones fue reconstruida con
su antigua fisonomía.
La influencia del derecho romano es tan grande que encontraremos
muy pocos temas cuyo estudio pueda hacerse sin empezar
con una obligada referencia a los antecedentes romanos.
En los países anglosajones, la expresión «Roman Law» es utilizada,
a veces, como sinónimo de «Civil Law». Así el Collins
Dictionary trae como segunda acepción de «roman law» la de:
«otro término para derecho civil»4
PRÓLOGO
4 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/roman-law
16
CURSO DE DERECHO CIVIL - OBLIGACIONES - TOMO I
Finalmente en un país en el que todo se discute, en el que el
otro jamás tiene razón y a veces ni derecho, la unificación del
Derecho civil y comercial goza de un consenso absolutamente
inusual.
Lamentablemente se consiguió a través de un Código que ha
sido motivo de un disenso muy profundo en la comunidad jurídica
Argentina.
Sin embargo, esta es la ley vigente, y nos avocaremos a su estudio.
Al cierre de esta edición fue presentado la Propuesta De Reformas
Para La Modificación Parcial Del Código Civil Y Comercial,
por la Comisión Ad Honorem Designada Por Decreto
182/2018, que hemos incluido como Apéndice.
Tala Huasi,
Sierras de Córdoba,
diciembre de 2018,

La Sentencia del Tribunal Constitucional 148/2021 declara la inconstitucionalidad de varias normas con rango de ley que imponían medidas restrictivas de derechos con el fin de proteger la salud pública contra la COVID-19. Esta declaración se acompaña de un insólito pronunciamiento en virtud del cual el Tribunal dispone que dicha inconstitucionalidad no será por sí misma título para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. El presente artículo analiza la posible justificación de este pronunciamiento, su alcance y las consecuencias que de él pueden derivarse para futuros casos, como los derivados de la inconstitucionalidad, declarada por la Sentencia del mismo Tribunal de 27 de octubre de 2021, de otras normas con rango de ley similares.

El presente trabajo analiza las cuestiones más relevantes que probablemente se plantearán ante los Tribunales en relación con la responsabilidad patrimonial de la Administraciones públicas por los daños ocasionados al gestionar la crisis de la COVID-19. Tras poner de relieve las insuficiencias de la legislación vigente en esta materia, el artículo trata, en primer lugar, los casos de responsabilidad patrimonial en sentido estricto, en los que una Administración ocasionó accidentalmente un daño. En segundo lugar, se abordan los casos de daños eventualmente causados por el funcionamiento normal de los servicios públicos o medidas materialmente expropiatorias, en los que la Administración infligió deliberadamente un daño a una persona o grupo de personas por razones de interés público.

This article analyses whether and under which conditions the State ought to compensate for the losses caused when managing the COVID-19 crisis. It focuses, firstly, on instances where public authorities have accidentally caused the damage at issue either through actions or omissions. Secondly, it considers cases of State liability for lawful conduct, where public authorities deliberately have inflicted some damage on a person or a group of people for the sake of the public interest.

RESUMEN En este trabajo argumento que comprender algunas particularidades del dolor, los problemas filosóficos que involucra y el papel que desempeña en nuestras prácticas morales resulta esencial para explicar ciertos rasgos de la indemnización del daño moral en los sistemas liberales de responsabilidad civil. En concreto, sostengo cuatro tesis principales: 1) que el problema probatorio que enfrentan las reclamaciones por daño moral no suponen una barrera epistémica más seria que las relativas a cualquier otro hecho psicológico; 2) que la responsabilidad por el dolor causado se agota cuando comienza la responsabilidad por el dolor sufrido; 3) que existe una clase de daño moral que es reparable y otra que no, y ello debe tenerse en cuenta a efectos de diseñar el mejor mecanismo para gestionar su cuantificación; y 4) que incluso en el caso de daño moral irreparable la compensación monetaria cumple una función normativa importante en la rectificación de la injusticia interpersonal que da origen al litigio.

Podemos definir los daños morales (o no patrimoniales) como aquellos que implican una reducción de la utilidad que ni el dinero ni otros bienes intercambiables por éste pueden  compensar. La determinación de la compensación que en su caso ha de pagarse a las víctimas de estos daños plantea cuando menos dos grandes problemas. El primero es que no resulta en absoluto fácil cuantificarlos, ya que no hay un mercado para los correspondientes bienes dañados que permita asignarles un precio. El segundo problema es que la cuantía de la referida compensación es por definición inferior a la del daño moral ocasionado. En el presente trabajo se analizan los criterios que nuestros Tribunales utilizan (o, en su caso, deberían utilizar) para cuantificar los daños morales causados por las Administraciones públicas.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, sección 5ª, de 23 de marzo de 2004 resuelve un supuesto de responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos. La particularidad del caso estriba en la pretensión de la demandante, quien solicitaba exclusivamente la reparación del daño moral ocasionado al haberse encontrado ésta con una muela en el interior de un refresco de cola. Precisamente, al objeto de obtener el resarcimiento de los presuntos daños morales, la actora apoya su pretensión en tres cuerpos legales: el artículo 1902 Cc, la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y la Ley 22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por los daños causados por los productos defectuosos. Cuestiones de prueba determinarán el fallo desestimatorio de la Audiencia.

La responsabilidad por los daños ocasionados en el ejercicio de actividades peligrosas ha sido uno de los temas más controvertidos en el derecho civil contemporáneo y ha  originado diversos debates que han girado en torno, principalmente, al criterio de imputación de la responsabilidad, oscilando entre quienes creen que debe permanecer dentro del dominio de la culpa y quienes consideran que la imputación debe prescindir del reproche subjetivo de la conducta, y proponen diversos criterios objetivos para fundamentarla. 
En esta obra se afronta la temática de la responsabilidad objetiva derivada de las actividades peligrosas desde una perspectiva histórico-dogmática. En la primera parte se demuestra que en el Derecho Romano existieron supuestos de responsabilidad sin culpa, fundada en la creación de peligros extraordinarios. Luego se explica el surgimiento de la moderna teoría de las actividades peligrosas y los diversos argumentos que se han propuesto para justificarla. Y en la tercera parte, se analiza la cuestión en el subsistema jurídico latinoamericano, para constatar una mayor tendencia de este subsistema a establecer supuestos de responsabilidad objetiva. Se propone, finalmente, una relectura en clave romanista de algunas normas del Código Civil colombiano a partir de las cuales se podría construir una regla de responsabilidad sin culpa para los daños derivados de las actividades peligrosas. 
Con este trabajo se contribuye a la construcción de un dialogo entre las reglas romanas de responsabilidad sin culpa y la moderna problemática de las actividades peligrosas, pues la comprensión de aquellas resulta de enorme utilidad para cimentar una teoría coherente en esta materia.

El artículo analiza el tema de la responsabilidad postcontractual como parte del proceso que significa un contrato y cómo ella ha sido comprendida por la doctrina y la jurisprudencia con sus notas esenciales (buena fe objetiva) y divergencias. Atendida la especial aplicabilidad de esta noción en materia de consumo, se hace referencia a un reciente fallo de nuestros Tribunales que aplica la noción de responsabilidad postcontractual en planes de compensaciones a los consumidores.

Presentado en V Jornadas del Derecho del Consumidor - 19 de Noviembre de 2015 - Universidad Bernardo O'Higgins (Chile).

Cuando se escriben estas palabras, todavía no es momento de exigir las responsabilidades (políticas, civiles, administrativas, penales, etc.) eventualmente derivadas de la gestión que varias Administraciones públicas han hecho de la crisis del COVID-19 («coronavirus»). Pero sí resulta oportuno, en nuestra opinión, analizar cuáles pueden ser esas responsabilidades. En primer lugar, porque este es un problema de indiscutible relevancia práctica que, sin duda alguna, va a llevarse ante los Tribunales en cuanto la situación se normalice desde un punto de vista sanitario. En segundo lugar –y, sobre todo–, porque el régimen jurídico de esas responsabilidades futuras puede influir en los cursos de acción que tanto las autoridades públicas competentes como los particulares actual o potencialmente afectados –v. gr., las empresas suministradoras de material sanitario– pueden adoptar en estos momentos para hacer frente a la crisis. Cabe pensar que, a la hora de actuar en un sentido u otro, todos estos sujetos anticiparán y tendrán en cuenta, al menos hasta cierto punto, cuáles pueden ser dichas responsabilidades, en tanto en cuanto de ellas dependen los costes y beneficios que para los mismos probablemente van a desprenderse de sus actuales decisiones.

SUMARIO
1. Dogmática de la responsabilidad civil extracontractual: entre mitos y realidades. 1.1. Esencias relativas. 1.2. Baile categorial. 2. El mito de la causación. 2.1. Causalidad: ni condición necesaria ni condición suficiente de la imputación de responsabilidad civil por daño. 2.2. Responder sin causar, pagar por lo que no se hizo o por lo que se
dejó de hacer. 2.2.1. Omisiones. 2.2.2. Inversión de la carga de la prueba. 3. ¿Es objetiva la imputación objetiva? funciones, dilemas y límites de la imputación objetiva en derecho de daños. 3.1. ¿Dónde puede jugar la imputación objetiva en el Derecho de daños?. 3.2. Dominio del hecho, control de la situación. 3.3. Análisis crítico de los criterios de imputación objetiva. 3.3.1. Causalidad adecuada. 3.3.2. Riesgo permitido  riesgos generales de la vida. 3.3.3. Fin de protección de la norma. 3.3.4. Incremento del riesgo. 3.3.5. Prohibición de regreso. 4. Conclusiones. 5. Bibliografía.

Edición actualizada ---y agotada, desde el 2018--- de una antología de ensayos sobre el incumplimiento de obligaciones y la responsabilidad civil, con un estudio preliminar que rinde cuenta de la evolución jurisprudencial de la tutela resarcitoria en el Perú hasta el 2017.

Se reflexiona sobre los siguientes puntos: ¿las definiciones jurídicas de accidente de tránsito son o no necesariamente coincidentes?, ¿la responsabilidad civil que se genera por accidente de tránsito se crea sobre la base de una noción de riesgo creado o no?, ¿si la víctima contribuye a su propia realización de daño por la imprudencia se produciría o no la concausa?, entre otros.

Se analiza la responsabilidad por daño extracontractual del Estado en Panamá. El trabajo se divide en tres secciones centrales. En la primera, se analiza la evolución histórica del sistema aplicable, originada en el Derecho Civil. En la segunda, se analiza con detenimiento el sistema de responsabilidad vigente desde el Derecho Administrativo. Finalmente, se analiza la posibilidad o no de conciliar las respuestas entre ambas disciplinas sobre el problema de estudio.

El presente trabajo ofrece soluciones a los problemas jurídicos que plantean los smart contracts, por tratarse de cláusulas contractuales autoimplementadas en un código informático que autoejecuta su contenido. Estos versan sobre su discutida naturaleza jurídica, la adhesión del consumidor 2.0 mediante Blockchain, su personalización con Ethereum, los errores de programación y la responsabilidad civil, la protección y encriptación de datos de carácter personal, y la formación y ejecución del contrato. Las dificultades que plantean los smart contracts requieren de una regulación europea, inspirada en las legislaciones existentes en algunos territorios de los Estados Unidos y Francia, así como en los estudios formulados en el ámbito de UNIDROIT y la CNUDMI.

El objetivo de este escrito es presentar una introducción a la filosofía de la responsabilidad extracontractual. Trataré de mostrar no sólo que existe un sólido cuerpo de estudio filosófico que se encarga del derecho de daños, sino de que su conocimiento es importante para el jurista práctico latinoamericano. La idea fundamental que anima este escrito es que los conceptos dogmáticos y los problemas fundamentales del derecho de la responsabilidad extracontractual sólo se hacen inteligibles mediante conceptos más abstractos de filosofía del derecho, filosofía moral y filosofía política. Ilustraré esta relación entre responsabilidad civil y filosofía con una exposición detallada de las principales líneas del debate más importante que existe en el área: la cuestión de la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. El desarrollo particular que ha tenido esta controversia en el mundo de la filosofía de la responsabilidad extracontractual del common law en los últimos cuarenta años muestra con claridad que la elección y diseño de un régimen de responsabilidad va más allá de la resolución de un problema dogmático –como comúnmente se piensa–, sino que depende de un conjunto importantes elecciones morales, económicas y políticas. Este escrito finaliza con algunas consideraciones prácticas más originales y tal vez más tentativas. La última sección busca mostrar como la forma dogmática y judicializada como se han conducido las principales discusiones sobre la responsabilidad extracontractual en nuestro contexto, donde los jueces han tenido el poder de diseñar los sistemas de responsabilidad extracontractual, es susceptible de varias objeciones que ha sido comunes en la filosofía del derecho constitucional, y que toman una forma particular –que trataré de desarrollar– según las peculiaridades del derecho de daños. En respuesta a este problema, trataré de esbozar algunas consideraciones sobre la creación e interpretación de las normas de responsabilidad extracontractual, además proponer algunas líneas de reflexión que pueden ser exploradas en el futuro. En vez de contener respuestas definitivas a los asuntos que aborda, el presente texto trata de formular algunas de las preguntas comúnmente olvidadas o cuya complejidad a veces no es apreciada. La idea principal es, en una palabra, llamar al debate sobre los principios y fundamentos de la responsabilidad extracontractual en Latinoamérica.

RESUMO: Uma aplicação da responsabilidade civil conforme à legalidade constitucional impõe ao julgador respeitar os requisitos normativamente previstos, inclusive o da causalidade, evitando sua confusão conceitual (particularmente com a culpa) e refutando sua substituição por outros elementos (como o chamado nexo de imputação). A fuga dogmática dessas diretrizes tem-se prestado, em larga medida, apenas a viabilizar juízos de suposta equidade por parte do julgador – que, munido de presunções ou propondo o simples abandono dos critérios legais em troca de outros parâmetros, acaba encontrando na invocação vazia de princípios um indesejável caminho para decidir a partir de suas próprias convicções e de modo dissociado aos valores e à lógica do sistema.

ABSTRACT: The enforcement of civil liability in a constitutionally-oriented technique demands that the judge respects all of the normative requisites, including causality, thus avoiding their conceptual confusion (particularly in relation to fault) and refuting their substitution by other elements (such as a wide sense of the word “imputation”). The dogmatic escape from such directives has created, more often than not, an apparent space for equity rulings by the judge – who, making use of presumptions or merely abandoning all legal criteria in favor of other parameters, ends up finding in the empty evocation of principles an undesirable way of ruling according to their own convictions and against the values and the logic of the legal system.

RÉSUMÉ: Une application de la responsabilité civile conformément à la légalité constitutionnelle impose au juge de respecter les réquisits prévus par la loi, y-inclus le lien de causalité, en prevenant ainsi leur confusion conceptuelle (particulièrement avec la faute) et en réfutant leur substitution par d’autres éléments (tels comme une notion trop vague d’imputation). La fugue scientifique de telles directives n’a permis, en général, que de jugements d’une supposé équité par le juge – qui, à partir de présomptions ou en proposant le simple abandon des critères légaux en faveur d’autres paramètres, trouve dans l’invocation vide des principes un chemin tout à fait
indésirable de décider en accordance avec ses propres convictions et en détriment des valeurs et de la logique du système.

RIASSUNTO: Un'applicazione della responsabilità civile in conformità con la legalità costituzionale impone al giudice di rispettare i requisiti previsti dalla legge, incluso il nesso causale, impedendo così la loro confusione concettuale (in particolare con colpa) e rifiutando la loro sostituzione da altri elementi (tali come una vaga nozione di imputazione). La fuga scientifica di tali direttive ha, in generale, portato solo a giudizi di una presunta equità da parte del giudice - che, sulla base di presunzioni o proponendo il semplice abbandono dei criteri legali a favore di altri parametri, trova nella vuota invocazione dei principi un percorso completamente indesiderabile per decidere in accordo con le proprie convinzioni e per sminuire i valori e la logica del sistema.

La distinción entre expropiaciones y delimitaciones de la propiedad no indemnizables constituye un relevante y difícil problema. Relevante porque los perjudicados por estas medidas tienen un derecho, reconocido en normas constitucionales, comunitarias e internacionales, a obtener una indemnización sólo en el primer caso, no en el segundo. Difícil porque ni la Constitución española ni otros textos jurídicos análogos definen ambas figuras, y ni la jurisprudencia ni la doctrina han sabido elaborar criterios claros, justificados y racionalmente articulados en virtud de los cuales se pueda determinar cuándo nos encontramos ante una expropiación y cuándo ante una delimitación de la propiedad no indemnizable. En la primera parte del presente trabajo se exponen y critican los criterios usualmente empleados a tal efecto. En la segunda, se aborda el problema desde una perspectiva económica: se analizan los costes y los beneficios sociales de indemnizar una privación, y en qué circunstancias conviene compensar y en cuáles no. Este análisis permite constatar que existe una cierta racionalidad económica en los criterios tradicionalmente utilizados para realizar la distinción. Y, en esa medida, permite justificarlos y articularlos en una teoría plausible, que constituye una útil guía orientativa para resolver en la práctica el problema.