El valor intrínseco de la responsabilidad civil
The intrinsic value of tort law
Por DIEGO M. PAPAYANNIS *
Universitat de Girona
RESUMEN
¿Existe alguna razón para preferir que la gestión de los daños que nos
causamos unos a otros sea mediante un sistema de responsabilidad civil en
lugar de un fondo social de compensación? La justificación de los fondos
sociales de compensación es más bien obvia, pues se intenta atender con
celeridad las necesidades de las víctimas. En cambio, la justificación de la
responsabilidad civil genera amplias controversias. Si la responsabilidad
civil ha de ser justificada, parece que debe encontrarse en ella un valor que
no puede ser perfectamente realizado con mecanismos alternativos. Ese será
su valor intrínseco. En este trabajo se ofrece una visión de cuál es ese valor,
* Profesor Agregado e Investigador de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Este trabajo fue presentado en las «XXVI Jornadas de la Sociedad española de filosofía jurídica y política: Filosofías del derecho positivo», celebradas los días 4 y 5 de mayo de 2017 en la Universidad de Girona. Versiones parciales
de estas ideas fueron presentadas en el Research Institute for the Humanities de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Keele, el 7 de mayo de 2014; en la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el 2 de julio de 2014; en la
Universidad Pompeu Fabra, el 26 de junio de 2015; y en el «II Encuentro de la Red
Temática Responsabilidad y argumentación jurídica», celebradas en la Universidad
de Génova, los días 9 y 10 de noviembre de 2017. Agradezco los valiosos comentarios
recibidos en las distintas ocasiones por parte de Pierluigi Chiassoni, Andrea Dolcetti,
Lucila Fernández Alle, Juan Antonio García Amado, Marina Gascón Abellán, Jordi
Ferrer, John Gardner, Tsachi Keren-Paz, Agustín Menéndez, José Juan Moreso, Esteban Pereira Fredes, Pablo Perot, Lorena Ramírez Ludeña, Pablo Rapetti, Giovanni
Battista Ratti, Jorge L. Rodríguez, Tobías Schleider y Alexander Vargas.
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y se argumenta que en última instancia resulta insuficiente para justificar
plenamente la responsabilidad civil.
Palabras clave: Responsabilidad civil, fondos de compensación, justicia
correctiva, derechos y remedios, tesis de la continuidad.
ABSTRACT
Is there any reason to address the harms that we cause to each other
through a tort law system instead of a social compensation fund? The justification of social compensation funds is rather obvious, since they try to deal
promptly with the needs. of the victims. On the other hand, the justification of
tort law raises profound controversies. If tort law is justified, it seems that
there must be a value in it that cannot be perfectly realized with alternative
mechanisms. That would be its intrinsic value. This paper offers a view about
what that value is, and argues that it is ultimately insufficient to fully justify
tort law.
Keywords: Tort law, compensation funds, corrective justice, rights and
remedies, continuity thesis.
SUMARIO: 1. Introducción.–2. Continuidad entre seguridad
razonable e indemnización.–3. La unidad del derecho y el
remedio.–4. Continuidad entre deberes primarios y secundarios.–5. El valor de la responsabilidad interpersonal.–6. Conclusión.–7. Bibliografía.
SUMMARY: 1. Introduction.–2. Continuity between reasonable
security and damages.–3. The unity of right and remed y. – 4 . C o n t i n u i t y b e t w e e n p r i m a r y a n d s e c o n d a r y
duties.–5. The value of interpersonal responsibility.–6. Conclusion.–7. Bibliography.
1.
INTRODUCCIÓN
Ciertamente, existen muchas maneras de gestionar los daños que
nos causamos unos a otros. Como tipos puros o ideales, podemos distinguir sistemas intervencionistas y sistemas no-intervencionistas. Los
primeros tienen un carácter centralizado, y están financiados generalmente (pero no es necesario que así sea) por el Estado mediante fondos comunes de compensación social. Estos fondos procuran atenuar
con alguna celeridad el sufrimiento injusto de la víctima. Por tanto,
con este objetivo en miras, es coherente que las formalidades procesales para los reclamantes sean menos exigentes. Por regla, a fin de
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obtener una indemnización, debería ser suficiente que la víctima
muestre que según los criterios jurídicos vigentes no merece soportar
el daño que sufrió. El caso paradigmático de modelo intervencionista
es el instaurado en Nueva Zelanda por la Ley de Compensación de
Accidentes (1972) 2.
En cambio, los sistemas no-intervencionistas tienen una impronta
más liberal y descentralizada. En el modelo también ideal, el Estado
solo presta su asistencia para que la víctima reclame un resarcimiento
exclusivamente a quien la dañó. Si la victima fracasa en este intento,
entonces queda sin compensación. Naturalmente, la estructura bilateral demandante-demandado establecida por estos sistemas eleva las
exigencias procesales (y probatorias en particular) que debe afrontar
la víctima; ello es así por al menos dos razones relacionadas. Primero,
a la víctima no le basta probar que el daño sufrido es digno de ser
atendido, es decir, que merece una reacción institucional conforme
con el derecho vigente. Aquí conviene tener bien presente la diferencia de modelo. El esquema no es unilateral. El análisis no se agota en
el sufrimiento injusto de la víctima. Por consiguiente, la víctima debe
mostrar que su sufrimiento concierne a otra persona. La idea de responsabilidad cobra un protagonismo ausente en el modelo intervencionista, y juega en los mecanismos bilaterales un papel fundamental.
Normalmente, quien muestra que el daño que ha padecido es responsabilidad de otro, encuentra allí un fundamento válido para trasladarle
las pérdidas derivadas de la interacción injusta 3. Segundo, las exigencias procesales adicionales se justifican también por la necesidad de
desincentivar los reclamos infundados y de garantizar el derecho de
defensa del demandado. Estos factores definen los contornos de los
sistemas no-intervencionistas, haciendo que su resultado sea mucho
más incierto en términos de la protección de las víctimas. En breve,
los sistemas no-intervencionistas, que se corresponden a grandes rasgos con lo que denominamos «responsabilidad civil», no buscan necesaria o únicamente atenuar el sufrimiento de las víctimas, sino implementar un esquema de derechos, deberes y responsabilidades mutuos.
Los ordenamientos jurídicos modernos oscilan entre un extremo y
otro, pero lo más habitual es encontrar modelos mixtos, que combinan
rasgos estructurales de los sistemas centralizados y los descentralizados. Así, algunos sistemas que emplean por regla general la responsabilidad civil para gestionar los daños que nos causamos unos a otros
2
El sistema ha experimentado sucesivas reformas en los años 1982, 1992, 1998,
2001, 2005, 2008 y 2010, sin embargo, en su esencia no ha cambiado. El sistema
surgió de reconocer que la responsabilidad civil tradicional «es incapaz de resolver el
serio problema social de las víctimas de accidentes que necesitan una fuente segura
de apoyo financiero después de haber sido privadas, de manera permanente o temporal, de su capacidad de trabajo» (Todd, 2016, 22).
3
En un sentido relevante, las pérdidas que son responsabilidad moral de otras
personas pertenecen a ellas y, por tanto, les pueden ser legítimamente trasladadas.
Véase Coleman, 1992, 330, nota 10.
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también implementan fondos de compensación para atender la situación de una clase concreta de víctimas. En España, por ejemplo, la
Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección
Integral a las Víctimas del Terrorismo tiene por objeto «el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y el establecimiento de un marco
de indemnizaciones, ayudas, prestaciones, garantías y condecoraciones con la finalidad de reconocer y atenuar, en la medida de lo posible,
las consecuencias de la acción terrorista en las víctimas y en sus familias o en las personas que hayan sufrido daños como consecuencia de
la acción terrorista» (art. 1). Asimismo, en el ámbito de los accidentes
de circulación, el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre,
dispone que corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros
asumir la indemnización de las víctimas en una serie de casos, tales
como los daños causados por vehículos desconocidos, robados o
carentes de seguro o, incluso, cuando la compañía aseguradora del
demandado fuese insolvente, entre otros supuestos (véase el art. 11).
Pero la presencia de elementos intervencionistas no se aprecia únicamente en la creación de fondos de compensación para situaciones
especiales, sino también en toda regulación que de manera centralizada altere la lógica liberal según la cual el resultado del litigio depende
exclusivamente de los esfuerzos (y del éxito) de las víctimas en la
argumentación de su caso contra el demandado. Ello ocurre parcialmente con la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de daños y perjuicios causados a las personas en
accidentes de circulación. Esta norma –que surgió de un consenso
entre el sector asegurador y representantes de víctimas de accidentes
de tránsito– supone una fuerte intervención en un modelo en general
liberal, pues estipula de antemano distintas cuantificaciones para los
diversos rubros que se consideran indemnizables, a veces fijando una
cifra concreta que la víctima tiene derecho a percibir, otras veces estableciendo topes indemnizatorios y aun en otras ocasiones especificando una horquilla de montos mínimos y máximos. La prueba de que el
daño es mayor o menor que lo contemplado en el baremo dispuesto
legalmente es irrelevante. Ejemplos como estos, entre los muchos que
pueden encontrarse en el derecho comparado, muestran que difícilmente los ordenamientos jurídicos modernos vayan a optar por un
modelo puro.
La lógica intervencionista, en principio, parece clara: se trata de
incrementar la protección de las víctimas. La lógica no-intervencionista, en contraste, es mucho más difícil de identificar. ¿Qué razones
pueden esgrimirse a favor de un sistema que hace del daño injusto un
problema privado, propio de los participantes en la interacción dañosa? Puesto en otros términos, ¿por qué deberíamos preferir un sistema
de responsabilidad civil bilateral, antes que un fondo social de compensación que funcione como respuesta jurídica universal, aplicable
para todo tipo de daños, agentes y víctimas? Es decir, ¿qué valor tienen estos sistemas bilaterales?
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Una primera idea podría ser que la bilateralidad tiene un fundamento económico. El hecho de que las partes estén normativamente
vinculadas les brinda los incentivos correctos para que solo se generen
riesgos socialmente beneficiosos. La responsabilidad, es decir, la
perspectiva de tener que indemnizar a la víctima, desincentiva la realización de actividades que causan más daños que beneficios a nivel
agregado. Si la regla es «quien daña, paga», entonces solo dañarán
quienes puedan pagar y conservar para sí un excedente; ello garantiza
que los beneficios recibidos sean superiores a los daños causados. A la
vez, el derecho de la víctima a ser indemnizada admite una doble lectura económica: en primer lugar, no es deseable que las víctimas
adopten medidas de autoprotección excesivas (lo que con toda probabilidad harían si no tuviesen derecho a recibir compensación cuando
sufren un daño injusto, sobre todo si son adversas al riesgo). En segundo lugar, el derecho de la víctima a recibir compensación les brinda un
incentivo para demandar a los causantes del daño, lo cual es fundamental para que los incentivos de los potenciales agentes dañadores
sean realmente eficaces. Nadie tiene un interés mayor en hacer efectiva la responsabilidad del agente que la propia víctima, ya que de esta
manera recibe su indemnización. Un sistema de responsabilidad para
el agente desvinculado de un resarcimiento para la víctima (por ejemplo, un sistema basado en multas) puede llegar a ser subóptimo desde
el punto de vista de la disuasión 4.
Este breve argumento económico revela por qué los sistemas bilaterales no pueden encontrar su fundamento último en la eficiencia.
Como es evidente, desde esta óptica, la responsabilidad civil estará
justificada sí, y solo sí, ningún otro mecanismo alternativo nos permite alcanzar, empleando menos recursos, el mismo nivel de disuasión
que el conseguido por ella. Los abogados practicantes saben que la
responsabilidad civil es un mecanismo particularmente costoso para
compensar a las víctimas de accidentes 5. Por tanto, la pregunta que
debemos formularnos es si existe algún sistema (o combinación de
sistemas) que pueda motivar correctamente a las partes y cuyos costes
de gestión sean sensiblemente más bajos. Si la respuesta es positiva, la
responsabilidad civil perdería toda razón de ser desde la perspectiva
de la eficiencia. Y el hecho de que los costes de administrar los distintos sistemas alternativos dependan de contingencias sociales, relativas
a cada contexto de aplicación, hace imposible ofrecer una defensa
general de la responsabilidad civil como mecanismo para la disuasión
eficiente. En efecto, en un contexto dado podría ser falso que este sea
el modo menos costoso de lograr el objetivo planteado.
Llegados a este punto, si la fundamentación general de la responsabilidad civil no puede hallarse en la eficiencia, tal vez pueda hallar4
Sobre el punto de vista económico, véase Landes y Posner, 1987; Shavell,
1987; Posner, 2011, 243-244.
5
Véase Sugarman, 1985, 596; Shavell, 2007, 151.
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se en algún principio de justicia. Esta es la otra gran idea dominante
en el debate sobre los fundamentos de la responsabilidad civil. Una
buena cantidad de autores sostienen que la responsabilidad civil es
una cuestión de justicia correctiva, entendida como una justicia privada, entre particulares 6. La responsabilidad civil no está diseñada para
gestionar las pérdidas en general, o para aliviar el sufrimiento de las
víctimas. Tiene su propia racionalidad, centrada en las interacciones
privadas entre personas libres e iguales; privadas en tanto no están
mediadas por su pertenencia a la comunidad. No se trata de pautar lo
que unos deben a otros en sus relaciones como miembros del mismo
colectivo social, sino de establecer lo que unos deben a otros en sus
tratos interpersonales. Una premisa básica de las relaciones interpersonales es que todos debemos interactuar respetándonos recíprocamente nuestros derechos. Cuando un individuo lesiona a otro, o destruye su propiedad, entre otros casos, vulnera los derechos del
segundo, a la vez que infringe sus deberes respecto de él. Al dañar al
otro, se comete una injusticia relacional, se causa un perjuicio específicamente a la otra parte. Por descontado, al causar una injusticia relacional (a otro) se causa una injusticia a secas. Si dañarme es incorrecto, cuando usted me daña hace algo incorrecto respecto de mí en
particular, pero también algo incorrecto sin más. A la responsabilidad
civil, empero, no interesan las injusticias sin más; le concierne en concreto el hecho de que usted obró injustamente al relacionarse de la
manera incorrecta con otra persona. Y la respuesta jurídica de la responsabilidad civil es permitir a la persona afectada, la víctima, que
revierta el estado de cosas injusto trasladando las consecuencias del
ilícito a su origen, es decir, al agente causal del daño 7. Como puede
advertirse, el derecho privado reacciona ante la injusticia preservando
la estructura interpersonal de la interacción injusta. Una vez que
Aléxandros daña a Olympia, queda sujeto a las potestades de esta última de exigirle una compensación.
El atractivo de estas teorías es que ofrecen una imagen familiar de
la práctica. Ahora bien, sería deseable esclarecer cuál es el sentido de
esta estructura normativa bilateral o interpersonal. ¿Qué vínculo existe entre la vulneración de los derechos del otro (la actuación injusta) y
la obligación de reparar los daños derivados de esta infracción? Puesto de otro modo, ¿cómo surge la responsabilidad bilateral a partir de la
vulneración del derecho inicialmente afectado? Aunque la pregunta a
primera vista parece tener una respuesta obvia, intentaré mostrar que
las respuestas contemporáneas más influyentes adolecen de serias
dificultades.
6
2016.
7
Entre muchos otros, véase Coleman, 1992; Weinrib, 1995; 2012; Ripstein,
Véase un interesante desarrollo de esta idea en Gardner, 2012, 53 y ss.
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2. CONTINUIDAD ENTRE SEGURIDAD RAZONABLE E
INDEMNIZACIÓN
Desde hace tiempo, los autores han visto alguna clase de continuidad entre los derechos y deberes primarios y secundarios. Después de
todo, si Aléxandros tiene el deber de no dañar a Olympia, y la daña,
parece claro que Olympia tiene una expectativa legítima de que
Aléxandros haga algo al respecto porque Aléxandros tiene razones
para hacerlo. Como plantea Neil MacCormick en «The Obligation of
Reparation» (1982), si Aléxandros al salir de su garaje choca accidentalmente el automóvil de su vecina Olympia, que estaba estacionado
justo al costado de la salida, debe informar a Olympia de lo ocurrido,
explicar las circunstancias del accidente, disculparse y ofrecerse a
pagar el coste de la reparación del automóvil. Este parece ser un juicio
bastante sensato, compartido en la moral ordinaria. Pero ¿hay algún
principio que pueda justificar un juicio como este? Es decir, ¿se pueden racionalizar estas intuiciones que subyacen a nuestro juicio de
moral ordinaria? (MacCormick, 1982, 214-215).
MacCormick cree que sí. Parte de la premisa normativa de que los
individuos tienen derecho a una seguridad razonable sobre su integridad corporal y sus bienes materiales, lo cual asume es algo incontrovertiblemente bueno para todas las personas (1982, 217). Nótese que
el derecho a la seguridad no es absoluto, sino solo hasta el límite de lo
razonable. Esto supone que debemos aceptar al menos algunos riesgos
que otros nos imponen, pero solo en tanto sean razonables. ¿Cuándo
es razonable un riesgo? Esto no es fácil de determinar. Una posibilidad es considerar razonables aquellos riesgos que producen más beneficios en términos de libertad que perjuicios en términos de reducción
de la seguridad (Keating, 2001, 42-43).
Volviendo al ejemplo del automóvil que estamos tratando, el daño
que Aléxandros causa a Olympia es una vulneración del derecho de
esta última a un nivel de seguridad razonable. El derecho a la seguridad, dice MacCormick, es erga omnes, y permite afirmar ciertos deberes derivados, como los siguientes:
1) Todos deben intentar alcanzar el estándar de cuidado razonable; y
2) Una vez que se ha infringido el derecho a la seguridad razonable surge un deber de reparar a cargo del agente dañador.
Ambos deberes se sustentan, según MacCormick (1982, 219), en
una supuesta conexión analítica entre los derechos «in rem […] oponibles a todos en general, y el derecho personal a un remedio que
surge contra el individuo específico que infringe el derecho primario».
De acuerdo con MacCormick, la negación de estos deberes derivados
supondría admitir implícitamente que nuestra aserción original del
derecho primario no era sincera. Ambos deberes encuentran su fundaAFD, 2018 (XXXIV), pp. 119-148, ISSN: 0518-0872
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mento en el derecho a la seguridad, por lo tanto, el deber de reparar
los daños causados no está conectado con el deber de intentar alcanzar
el estándar de cuidado razonable, sino que es independiente de este
último. De esta forma, la razón por la cual Aléxandros debe indemnizar los daños causados a Olympia no es que se comportó de manera
negligente, sino que infringió el derecho objetivamente determinable
que Olympia tenía a una seguridad razonable. Esta postura permite a
MacCormick acomodar fácilmente los supuestos de responsabilidad
sin culpa.
El derecho a una seguridad razonable, no obstante, es ambiguo. Si
se trata de un derecho a no ser expuesto a riesgos irrazonables, entonces, el derecho resulta vulnerado por la mera negligencia, aunque no
produzca consecuencias adicionales al malestar que la exposición al
riesgo haya podido generar. Si se trata, en cambio, de una seguridad
razonable en tanto garantía de indemnidad, entonces, el derecho es
vulnerado solo con la producción del daño. La acción negligente es
per se irrelevante para la vulneración del derecho. Sin importar cuán
irrazonable haya sido Aléxandros respecto de Olympia, él no vulnera
sus derechos en este segundo sentido si no la daña. Es plausible entender que el derecho a la seguridad incluye ambas cosas, como infiere
MacCormick. Sin embargo, la vulneración de la seguridad en el primer sentido no tiene por qué tener las mismas consecuencias que en el
segundo. Así, cuando Aléxandros obra negligentemente respecto de
Olympia ella tiene la potestad de exigir que Aléxandros cese su conducta irrazonable, e incluso puede requerir la asistencia de la fuerza
pública para forzar la cesación del riesgo. Pero en ningún caso podría
Olympia reclamar una indemnización de Aléxandros por el riesgo al
que fue expuesta 8. La indemnización solo se deriva de la vulneración
del derecho a la seguridad en el segundo sentido, es decir, como derecho de indemnidad 9.
Podemos aceptar que, por exigencia de la racionalidad, el derecho
a la seguridad de Olympia impone sobre Aléxandros un deber de
intentar alcanzar un estándar de conducta razonable a fin de no dañar
a Olympia. Pero respecto del derecho a la seguridad en el segundo
sentido, la cuestión no me parece tan evidente. MacCormick sostiene
que el derecho a un nivel razonable de seguridad implica un derecho a
ser compensado, correlativo con un deber de indemnizar a cargo del
8
Esta afirmación es sin duda controvertible. Para Finkelstein, la exposición al
riesgo puede ser un daño en sí mismo. Aunque ello no significa que sea necesariamente indemnizable, tampoco hay argumentos conceptuales o jurídicos para negar
que pueda serlo (2003, 965 y ss.). En una línea similar, Oberdiek (2012, 341, 350 y
ss., y 356; 2017, 68-69) ha sostenido que la imposición de riesgos reduce la autonomía del sujeto afectado. Ello hace que la mera imposición sea susceptible de evaluación moral y, por lo tanto, que requiera de justificación. Cuando el riesgo es injustificable, constituye en sí mismo un daño inmaterial a las personas. Que merezca o no
compensación es un asunto distinto.
9
Sobre la noción de derecho de indemnidad, véase Papayannis, 2014, 317 y ss.
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agente causal, cuando este derecho primario es vulnerado. Un derecho
que ante la infracción no genera consecuencias es un derecho vacío de
contenido. Esto es indudablemente cierto. Sin embargo, es fácil advertir que incluso si un derecho a no ser dañado carece de sentido sin un
remedio indemnizatorio ante la infracción, ello difícilmente fundamente que el remedio indemnizatorio esté constituido por un deber
correlativo a cargo del agente causal. Del hecho de que Olympia fue
dañada irrazonablemente solo podemos inferir, dada la tesis que estamos analizando, que alguien debe compensarla, no que debe hacerlo
necesariamente quien la dañó.
En conclusión, el derecho a la seguridad en su primer sentido exige
necesariamente que el agente dañador se abstenga de imponer con sus
acciones niveles de riesgo irrazonables. ¿Qué otra cosa podría significar, si no esto mismo, que tenemos derecho a una seguridad razonable? En cambio, el derecho a la seguridad en el segundo sentido es
más complejo. Requiere que la víctima no sea dañada y, si es dañada,
que sea compensada. El derecho a no ser dañado ha de tener como
correlativo un deber de no dañar. Pero la existencia de este deber de
no dañar no depende de que a su infracción le siga un deber de compensar a la víctima. El deber de no dañar existe en la medida en que el
ordenamiento imponga al agente una consecuencia adecuada en caso
de incumplimiento 10. Esa consecuencia puede perfectamente ser una
sanción penal, una multa o, también, un deber de compensar a la víctima. Ahora bien, si el ordenamiento diese contenido al deber de no
dañar exclusivamente mediante una sanción penal para el agente, a fin
de que la víctima tenga un genuino derecho a ser compensada, lo que
constituye la principal preocupación de MacCormick, el Estado debería garantizarle una indemnización a cargo de alguien (la comunidad
en su conjunto, la persona más rica del pueblo, el primero en la guía
telefónica que tenga fondos suficientes, etc.). Este argumento muestra
que el derecho a una seguridad razonable puede ser satisfecho mediante un combinado de sanciones y medidas compensatorias independientes entre sí. ¿Qué justifica, entonces, la implementación de un
sistema de responsabilidad civil en desmedro de otros mecanismos
centralizados?
3.
LA UNIDAD DEL DERECHO Y EL REMEDIO
El derecho a la seguridad razonable, como se ha visto, no puede
ofrecer por sí mismo un fundamento para la responsabilidad civil ni,
por tanto, identificar dónde radica su valor. Pese a todo, MacCormick
10
Digo «adecuada» en tanto sería dudoso como cuestión de derecho positivo que
exista un genuino deber de no dañar si ante el incumplimiento se impusiesen al infractor consecuencias nimias.
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abre camino a otros argumentos más elaborados, basados en la justicia
correctiva, que intentan aprovechar la idea de que existe una continuidad o, más precisamente, una unidad entre los derechos vulnerados y
los remedios que se siguen de la vulneración.
El foco de la justicia correctiva se ubica en las relaciones privadas. Desde esta perspectiva, los individuos interactúan como personas libres e iguales. Son libres en tanto a cada uno corresponde elegir
sus propósitos en la vida. Y son iguales en tanto tienen los mismos
derechos para desarrollarse como personas. Recientemente, Arthur
Ripstein (2016, 33 y ss.) ha ofrecido una reconstrucción del derecho
de daños en términos del principio según el cual ninguna persona
está a cargo de otra. Este principio, de clara inspiración kantiana,
explica por qué nadie puede usar sus medios (en particular su cuerpo
y su propiedad) en detrimento de los medios de los demás, y nadie
tiene autoridad para determinar los fines para los que han de utilizarse los medios de otras personas. A la luz de este principio, puede
comprenderse que el derecho de daños no se ocupa de proteger el
bienestar, sino los medios con los cuales podemos perseguir nuestros
planes de vida. En este sentido, el derecho privado se centra en resguardar lo que cada uno tiene (Ripstein, 2016, 7-8 y 83). Luego de la
interacción dañosa, la responsabilidad civil ordena una indemnización a fin de recomponer el desequilibrio normativo producido por el
daño y dejar el mundo como si el injusto nunca hubiese sucedido
(Ripstein, 2016, 233 y ss.).
Coincidentemente, en los términos más habituales de la tradición
de la justicia correctiva, las interacciones injustas suponen que una de
las partes vulnera los derechos de la otra, excediendo a la vez los límites de su libertad. La causación y el sufrimiento de un daño son las
dos caras de la misma moneda, puesto que una es inconcebible sin la
otra. Cuando el agente se comporta injustamente respecto de la víctima, obtiene un beneficio normativo a costa suya: obra en el mundo
como si los derechos de la otra parte no existieran, como si no impusieran ninguna restricción a su libertad de acción. A la vez, la víctima
sufre una pérdida normativa correlativa, en tanto soporta una intromisión en su esfera de autonomía, una intromisión que tenía derecho a
no sufrir. De esta manera, las interacciones injustas en el sentido
recién explicado quiebran la igualdad de las personas como agentes
morales que se autodeterminan (Weinrib, 1995, 114-116).
En esta imagen de las interacciones injustas, el evento causal es la
razón de la respuesta jurídica dada por el remedio (Weinrib, 2012,
81). El sentido del derecho de daños es deshacer la injusticia causada
por el demandado y sufrida por la víctima. Dado que la injusticia (el
daño causado por el agente) vulnera un derecho de la víctima –tal
como su integridad corporal o su propiedad–, la interacción le priva de
algo que le pertenece legítimamente; le priva de sus medios, en términos de Ripstein. El remedio apunta a corregir la injusticia y por ello se
proyecta sobre el mismo objeto afectado: la integridad física, la proAFD, 2018 (XXXIV), pp. 119-148, ISSN: 0518-0872
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piedad, o cualquier derecho que haya sido vulnerado. En este sentido,
Weinrib sostiene que el remedio indemnizatorio es la continuación del
derecho infringido.
La idea de un derecho sin un remedio ante su vulneración es absurda, puesto que el derecho, si es un verdadero derecho, no puede extinguirse con la producción de la injusticia. Si luego de la vulneración
del derecho, la víctima no tuviese ningún remedio, la mejor manera de
liberarnos de los deberes que nos imponen los derechos de otros sería
incumpliéndolos (Weinrib, 1995, 166; 2012, 90). Por lo tanto, una vez
producida la injusticia, el remedio se presenta como la respuesta jurídica natural ante el injusto realizado por el demandado. Tal como
Weinrib presenta la cuestión, la respuesta indemnizatoria no tiene una
justificación independiente del derecho de la víctima que fue vulnerado. En sentido estricto, no hay una genuina distinción entre el derecho
y el remedio. Aquello que llamamos «remedio» es la manifestación
apropiada del derecho una vez que este es vulnerado (Weinrib, 2012,
87). En efecto, al exigir un remedio para subsanar la injusticia, la víctima no invoca más que el mismo derecho conculcado por el demandado. Como afirma Ripstein (2016, ix), el derecho y el remedio conforman una unidad. Y la tesis de la unidad permite apreciar que existe
una continuidad entre la justificación de las restricciones que el derecho impone a las conductas de otros antes de la injusticia y la justificación del remedio después de la injusticia.
Analicemos un ejemplo para aclarar el argumento. Imaginemos
que Aléxandros destruye el televisor de Olympia. Desde ya, Aléxandros no destruye con ese acto el derecho de Olympia. Ha destruido el
objeto protegido por el derecho, pero eso naturalmente no extingue el
derecho que ella tenía sobre el televisor. De alguna manera, el derecho
ha de sobrevivir normativamente a su vulneración o violación. Por
cierto, luego de que el televisor es destruido, Aléxandros no puede
cumplir con su deber de no destruirlo, pero su deber también sobrevive y toma la forma del remedio (Weinrib, 2012, 91). En ese momento
posterior al daño, la acción requerida por el derecho de Olympia es la
compensación: Aléxandros debe reemplazar el televisor o darle a
Olympia una cantidad de dinero suficiente como para comprar otro si
lo desea. Según la tesis de la unidad, la compensación no es un nuevo
deber, correlativo con un nuevo derecho de la víctima. Un mismo
deber puede exigir acciones diferentes en distintos momentos, y una
misma acción puede ser exigida por deberes diferentes (Weinrib,
2012, 89). En este sentido, Weinrib rechaza que la estructura normativa de la responsabilidad civil esté conformada por derechos y deberes
genuinamente primarios y secundarios. Las partes tienen un conjunto
de derechos y deberes, y las acciones requeridas por estos derechos y
deberes varían según las circunstancias fácticas. Antes del daño, la
acción requerida es la abstención de dañar. Luego del daño, esos derechos y deberes exigen una acción distinta: la compensación de las pérdidas derivadas de la vulneración del derecho. Si el derecho sobrevive
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incluso después de la alteración física del objeto protegido por el derecho, entonces, debe concluirse que el remedio indemnizatorio es,
como ya he apuntado, la manifestación del mismo derecho cuya vulneración constituye una injusticia 11.
En este relato, la bilateralidad está presente de comienzo a fin.
Aléxandros destruye el televisor de Olympia. Este es un injusto relacional. Es algo que Aléxandros hace a Olympia. Aléxandros debe respetar el derecho de Olympia incluso luego de destruir el televisor. De
ahí se sigue que el remedio ha de tener la misma estructura que la
interacción injusta. Dado que la interacción es bilateral, en tanto involucra al causante y a la víctima de la misma injusticia, el remedio
también tiene que ser bilateral. Así se explica la incapacidad de los
sistemas centralizados o intervencionistas para rectificar una injusticia privada. Weinrib enfatiza especialmente que una injusticia bilateral no puede ser corregida de manera no-bilateral. Llega a afirmar que,
si el Estado tomase dinero del agente dañador a fin de conformar un
fondo común de compensación para las víctimas, y en el caso concreto tomase la cantidad exacta del daño, y en una operación separada le
entregase a las víctimas esa misma suma, la injusticia todavía quedaría sin ser corregida. La imposición de responsabilidad al agente y la
compensación de la víctima, en dos operaciones diferentes, no refleja
la estructura de la injusticia que debe ser corregida. En definitiva, no
cuenta como un ejercicio de justicia correctiva (Weinrib, 2012, 87-88).
Ahora bien, ¿ofrece la tesis de la unidad del derecho y el remedio
razones suficientes para justificar la responsabilidad civil, en lugar de
optar por un sistema centralizado? Una razón para pensar que sí es
que la negación de los remedios bilaterales supone que no se reconoce
plenamente el alcance normativo de los derechos individuales. Después de todo, ¿qué queda del derecho de Olympia sobre el televisor si
una vez que Aléxandros lo destruye ella carece de una acción contra
él? Que Olympia tenga un verdadero derecho sobre el televisor supone, entre otras cosas, una restricción para Aléxandros. Pero en un sistema en el cual Aléxandros no es responsable frente a Olympia cuando lo destruye, este rasgo conceptual de los derechos individuales se
pierde indefectiblemente. En sentido estricto, conforme con la tesis de
la unidad del derecho y el remedio, negar el remedio implica negar el
derecho. El problema, entonces, es que los sistemas centralizados
11
Debe tenerse presente que la oportunidad de respetar el derecho de la víctima
después de la injusticia no convierte el deber correlativo en una obligación alternativa
de no dañar o indemnizar. Si fuera un deber alternativo, la víctima no podría quejarse
una vez que el agente le causa un daño y la compensa inmediatamente. Luego del
daño, la única acción consistente con el respeto del derecho de la víctima es la reparación de sus pérdidas; pero ello no implica que la injusticia realizada en primer lugar
deje de ser una injusticia. Como señala Weinrib (2012, 93), el remedio reafirma el
derecho, no niega la injusticia. Para un análisis de las consecuencias teóricas de
entender que el derecho de daños impone obligaciones alternativas, véase Papayannis, 2014, 145-149.
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socavan el marco de interacción privada que permite a los agentes
interactuar de modo valioso, lo que merma su capacidad de relacionarse con otros y de perseguir planes de vida complejos, como aquellos a los que aspiramos en tanto seres sociales.
Este argumento es altamente sospechoso, porque sabemos que la
mayoría de los ordenamientos modernos exhiben distintos grados de
intervención, llegando en algunos casos a una centralización preponderante como en el mencionado sistema neozelandés; y, ciertamente,
no parece que en Nueva Zelanda se hayan acabado los derechos individuales ni las interacciones privadas. No obstante, vale la pena fundamentar esta impresión preliminar analizando el argumento desde el
punto de vista conceptual.
¿Es verdad que los derechos individuales requieren responsabilidades relacionales a fin de que las personas cuenten con un marco de
interacción? Intentaré mostrar que no. Los derechos están compuestos
habitualmente por un conjunto de pretensiones, privilegios, potestades o inmunidades 12. A la vez, una verdad obvia acerca de los derechos es que tener un derecho consiste, como mínimo, en contar con
una pretensión, un privilegio, una potestad o una inmunidad válida,
justificada o legítima conforme con un sistema de normas (morales o
jurídicas) 13. Entonces, si Olympia tiene un derecho de propiedad sobre
su televisor, debe tener al menos una pretensión, un privilegio, una
potestad o inmunidad válida respecto de ese objeto. ¿Qué pretensiones válidas están incluidas, por ejemplo, en el derecho de propiedad
de Olympia sobre su televisor? Eso no puede saberse sin indagar en el
contenido del sistema jurídico en concreto. Y si se trata de determinar
qué pretensiones están incluidas en un derecho moral, entonces, debe
apelarse a una teoría normativa. Una teoría moral (o un sistema jurídico) de orientación liberal seguramente reconocerá en el derecho de
propiedad de Olympia muchas más pretensiones válidas que una teoría (o sistema jurídico) de orientación socialista. Esto muestra que
conviene distinguir claramente lo que Coleman y Kraus (1986, 1341)
llamaron la sintaxis de los derechos y su semántica.
La sintaxis tiene que ver con la forma lógica, los rasgos conceptuales, aquellos que no pueden dejar de ser verdaderos acerca de los derechos. En cambio, la semántica de un derecho se refiere a su contenido.
Así, un rasgo esencial (conceptual) del derecho de propiedad de
Olympia es que ella tiene al menos una pretensión, un privilegio, una
potestad o una inmunidad válida sobre el objeto protegido por su derecho, mientras que no es un rasgo esencial que su derecho de propiedad
incluya la facultad de destruirlo. En efecto, algunas legislaciones
imponen límites a la propiedad privada, e impiden «desnaturalizarla,
Empleo, como es evidente, las conocidas posiciones de Hohfeld, 1913, 30.
Esta concepción de los derechos es ampliamente compartida. Véase, entre
otros, Ross, 1958, 171; Guastini, 1999, 180-181; y Feinberg, 1970, 253.
12
13
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degradarla o destruirla» 14. Si saliese a la venta La Gioconda, Donald
Trump podría comprarla, pero en muchos sistemas jurídicos el hecho
de que La Gioconda fuese suya no le permitiría pintarle bigotes. También en la discusión moral podríamos desacordar si acaso el dueño de
La Gioconda tiene derecho a pintarle bigotes, y nuestra discusión
sería sobre qué razones existen para considerar que esa es (o no es)
una potestad válida o justificada del titular del derecho. No obstante,
en ningún caso diríamos que un derecho de propiedad sobre La Gioconda que excluya la potestad de pintarle bigotes resulta ininteligible
como un cuadrado circular o un número primo divisible por 8.
Ahora es evidente que el derecho de propiedad de Olympia podría
incluir distintas pretensiones, privilegios, potestades o inmunidades.
Imaginemos que incluye las siguientes: (1) utilizar el objeto como
mejor considere; (2) excluir a otros del uso del objeto; (3) transferirlo
a título oneroso o gratuito; (4) aprovechar los frutos producidos por el
objeto; (5) exigir una compensación a quien destruye el objeto. Conforme con la concepción de los derechos que estoy presentando, ninguna de estas pretensiones o potestades es necesaria para la existencia
del derecho como tal. Evidentemente, un derecho de propiedad mucho
más preocupado por el bienestar de las víctimas podría incluir en lugar
de (5), (5’) exigir una compensación al Estado cuando alguien la destruye. (5) es una típica pretensión de responsabilidad civil bilateral.
(5’), en cambio, centraliza el sistema de reparación. ¿Es ininteligible
un derecho de propiedad o un derecho a la integridad física que disponga un remedio no-bilateral como (5’) en lugar de (5)? En mi opinión no. Es más, ni siquiera es necesario para la existencia de propiedad privada que se contemple una pretensión compensatoria como (5)
o (5’). Sin dudas, un sistema que incluye las pretensiones (1) a (4)
confiere un derecho menos robusto (y, por lo tanto, menos valioso
para su titular) que uno que incluye las pretensiones (1) a (5). La cuestión es ver si la ausencia de (5), aunque no destruya los derechos individuales de las partes, socava de todas formas la posibilidad de contar
con un marco equitativo para la interacción entre Aléxandros y Olympia. Los partidarios de la justicia correctiva parecen asumir que la respuesta es positiva. Pero este presupuesto es infundado. Como he
comentado al analizar el trabajo de MacCormick, para que los derechos de Olympia supongan una restricción a la conducta de Aléxandros solo es necesario que Aléxandros sea destinatario de alguna consecuencia medianamente seria por la infracción de sus deberes
14
El Código Civil argentino de 1869, en su art. 2513 establecía un derecho de
propiedad absoluto, al punto que declaraba «inherente a la propiedad, el derecho de
poseer la cosa, de disponer o de servirse de ella, de usarla y gozarla según la voluntad
del propietario. Él puede desnaturalizarla, degradarla o destruirla (…)». Con la ley
17.711 se suprimió esta última parte y se dispuso: «Es inherente a la propiedad el
derecho de poseer la cosa, disponer o servirse de ella, usarla y gozarla conforme a un
ejercicio regular» (énfasis añadido).
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respecto de Olympia. Esta consecuencia puede ser concretada mediante la responsabilidad civil, multas o castigos penales. En tanto la conducta del agente suponga alguna forma de responsabilidad personal
no trivial para él, entonces, puede decirse que los derechos y responsabilidades no-bilaterales todavía son capaces de definir los términos
equitativos de la interacción privada 15.
En definitiva, el problema es que un derecho de propiedad compuesto por dos remedios unilaterales (responsabilidad penal para el
agente y compensación estatal para la víctima) sigue siendo un derecho de propiedad, con un contenido distinto del preferido por Weinrib
y la tradición kantiana (Weinrib, 1995, 36, 160 y ss.); y como todo
derecho, es todavía capaz de regular con eficacia las relaciones entre
particulares. En ese sentido, resulta dudoso que los derechos con
remedios no-bilaterales socaven nuestra capacidad de desarrollar interacciones complejas con otras personas. Por lo tanto, la justicia correctiva no puede sustentarse sobre bases conceptuales, es decir, sobre lo
que significa tener un derecho como el derecho de propiedad o el
derecho a la integridad corporal y el impacto que ello tiene en las relaciones privadas.
Alternativamente, podría señalarse que hay una pérdida moral
cuando un problema bilateral (un injusto privado) es abordado con
mecanismos no-bilaterales de rectificación o subsanación. Los mecanismos centralizados, obviamente, se apartan de la justicia correctiva;
suponen dejar de hacer justicia correctiva. Por ello, el argumento no
puede simplemente afirmar que la pérdida moral de pasar a un sistema
centralizado consiste en que se incumple la justicia correctiva, dado
que ello constituiría una petición de principio. Para evitar caer en esto,
debe identificarse qué se pierde, en términos normativos o de justicia,
si implementamos mecanismos no-bilaterales. En última instancia,
debe identificase dónde radica el valor de la justicia correctiva. Para
Weinrib, la rectificación ordenada por la justicia correctiva restablece
el equilibrio entre las partes como agentes morales capaces de autodeterminarse. El remedio indemnizatorio deshace la injusticia en la cual
un individuo se beneficia y el otro, correlativamente, se perjudica
(Weinrib, 1995, 96). Una vez que se produce la interacción injusta la
única manera en que el agente puede cumplir con su deber de respetar
el derecho de la víctima es revirtiendo los efectos de su infracción
original (Weinrib, 1995, 166).
Poco avanza este argumento respecto del anterior, pues por razones análogas creo que la igualdad de las partes y su autonomía
podrían ser reivindicadas con remedios no-bilaterales. Si lo que preocupa a Weinrib es eliminar los excesos y las deficiencias que respec15
Como surge del argumento, la responsabilidad personal es algo distinto de la
justicia correctiva. Por tanto, los mecanismos que deciden dejar de lado la justicia
correctiva no tienen por qué renunciar a reconocer otras formas de responsabilidad
personal. Sobre esto, véase Beever, 2008, 476, 483 y ss.
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tivamente obtienen y sufren los causantes del daño y sus víctimas,
ambas cosas podrían ser eliminadas con distintos remedios. En este
sentido, la injusticia dada por el aprovechamiento de un individuo a
costa del otro puede ser revertida con una combinación de remedios
unilaterales.
Pensemos en un ejemplo sencillo: supongamos que un padre compra dos juguetes para sus hijos y el hermano mayor toma por la fuerza
el juguete del menor. ¿Puede corregirse esta injusticia de manera nobilateral? En mi opinión, por supuesto que sí. El padre podría quitar
ambos juguetes al hermano mayor y dejar que el menor los disfrute
por un tiempo igual al que duró la injusticia, luego de lo cual, cada
uno recibiría el juguete que le corresponde 16. De esta forma, ningún
beneficio (normativo o fáctico) queda del lado del dañador, y ninguna
pérdida (normativa o fáctica) queda del lado de la víctima. Ello, en la
medida en que entendamos que las pérdidas y ganancias normativas
pueden de algún modo ser eliminadas 17. De igual manera, en un caso
de responsabilidad extracontractual, el exceso en el obrar del agente
puede ser rectificado con cualquier medida jurídica que lo prive de los
beneficios normativos obtenidos, mientras que la vulneración del
derecho de la víctima solo requiere de un remedio indemnizatorio, no
necesariamente bilateral. ¿Se pierde algo en términos morales al
implementar un remedio no-bilateral? Tal vez sí, pero no veo que las
teorías ortodoxas de la justicia correctiva hayan explicitado el componente sustantivo que haría la diferencia. Mi impresión es que la fuerza
normativa de la justicia correctiva se ha dado por sentada, como si las
relaciones persona-a-persona fuesen sagradas a tal punto que cualquier intervención estatal distinta de la mera asistencia a las partes
para lograr una rectificación bilateral supusiese en sí misma un error
moral. Volveré sobre esto en el apartado 5.
4. CONTINUIDAD ENTRE DEBERES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
Una variante interesante de la tesis de la unidad del derecho y el
remedio es la tesis de la continuidad entre deberes primarios y secundarios, tal como ha sido articulada por John Gardner. A diferencia de
16
En efecto, hay varias alternativas. El padre también podría comprar dos nuevos
juguetes para su hijo menor y dejar los otros dos para el mayor, pero privarlo de sus
juguetes durante el mismo tiempo que él privó a su hermano menor del suyo. Esta
solución supone una nueva distribución más favorable para ambos, pero en cuanto a
las ganancias y pérdidas normativas es idéntica a la solución propuesta en el texto.
17
Para una opinión en contra, véase Hershovitz, 2011, 112. Dado que es imposible cambiar el pasado, uno podría sostener que la injusticia cometida por el hermano
mayor sigue sin ser rectificada. Pero este argumento sería válido también contra el
remedio bilateral que Weinrib prefiere.
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Weinrib, Gardner cree que el discurso jurídico que distingue deberes
primarios y secundarios es correcto. El remedio no instancia la misma
obligación que fue incumplida por el demandado, porque las obligaciones se definen por la acción que hacen obligatoria. Y compensar es
una acción diferente de no dañar (Gardner, 2011, 29). En efecto, la
primera acción presupone lógicamente la segunda. Solo es posible
que Olympia sea compensada si antes sufrió algún tipo de perjuicio
injusto. De lo contrario, cualquier prestación a su favor puede ser considerada, tal vez, un beneficio asistencial, pero no una compensación.
Ahora bien, como observa Gardner (2011, 30), pese a que compensar y no dañar son obligaciones diferentes, el cumplimiento de la
segunda obligación una vez que la primera es infringida mitiga de
alguna manera la violación anterior. Dicho de otro modo, la compensación del daño causado tiene algún efecto normativo sobre el incumplimiento previo del deber de no dañar. Empleando un ejemplo de
MacCormick (1982, 212), nos invita a pensar en el padre que promete
a sus hijos llevarlos a la playa el domingo; supongamos que no puede
cumplir con su promesa porque algún asunto urgente requiere su
máxima atención. Es razonable pensar que luego del incumplimiento
del deber creado por la promesa, el padre todavía tiene razones para
llevar a sus hijos a la playa el siguiente día soleado, o en la primera
oportunidad que pueda. En comparación con el cumplimiento de la
promesa original, esta es una segunda mejor alternativa. Pero aun sin
ser una situación óptima, la segunda acción mitiga en parte el incumplimiento previo. La idea es que si el padre omite llevar a sus hijos a la
playa, tal como prometió, todavía puede hacer algo por ellos en el
futuro, como llevarlos en otro momento, o llevarlos al cine, o comprarles aquel juguete que deseaban desde hace tiempo, entre muchas
otras posibilidades. En cierta forma, la compensación ex post es la
segunda mejor manera de satisfacer las razones que justificaban la
obligación de primer orden del padre, aquella derivada de la promesa
(Gardner, 2011, 33).
Por supuesto, Gardner es muy cuidadoso al enfatizar suficientemente que la tesis de la continuidad se sostiene siempre y cuando
«todo se mantenga igual», «caeteris paribus», y otras fórmulas similares (Gardner, 2011, 32, 33 y 34). La tesis de la continuidad, en estos
términos, parece inicialmente plausible. Existen ciertos hechos que
fundamentan un deber de primer orden de no dañar. Esos mismos
hechos sumados al hecho de la violación del deber de no dañar (y, por
tanto, a la producción del daño) fundamentan en el tiempo T2 un
deber de compensar. Dado que el agente tenía en el tiempo T1 un
deber de no dañar, entonces, tenía razones para no dañar. Esas razones
no desaparecen en T2, después del daño. El mismo agente que antes
tenía razones para no dañar, luego del daño tiene razones para compensar. Existe una continuidad en las razones que fundamentan los
deberes de primer orden y los de segundo orden. Ese es el vínculo
normativo que explica la racionalidad de la justicia correctiva.
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Veamos un breve ejemplo en el derecho de daños. Imaginemos que
Olympia adquiere en una subasta una vasija de la antigua Grecia
valuada en 2 millones de dracmas e invita a varios amigos a su casa
para verla. Aléxandros discutiendo acaloradamente sobre política con
Malena, gesticula en exceso y golpea la vasija, que cae al suelo y se
hace añicos. Aléxandros tenía sin dudas un deber de no destruir la
vasija de Olympia. Cualquier razón que justificara ese deber (por
ejemplo, que la propiedad de Olympia es importante para su bienestar,
o para su autonomía, o cualquier otra razón) cuenta también como una
razón para compensar a Olympia por el daño causado con negligencia. Aléxandros omitió obrar por las razones que originalmente tenía,
pero estas razones no se extinguen después del daño, sino que todavía
requieren conformidad; exigen que Aléxandros haga algo para remediar la situación. Si no fuera así, actuar contra las obligaciones o
deberes que uno tiene sería la mejor manera de evitar actuar por las
razones que fundamentan los derechos ajenos (y las propias obligaciones correlativas). En este punto, el argumento es idéntico al de
Weinrib.
En resumen, la tesis de la continuidad, dice Gardner (2011, 33),
«es la tesis de que la obligación secundaria es el eco racional de la
obligación primaria, pues existe para servir, en la medida en que sea
posible, las razones de la obligación primaria incumplida al momento
en que debía cumplirse». La razón por la cual el agente dañador debe
compensar a la víctima, por tanto, es la misma razón por la cual tenía
el deber de no dañarla en primer lugar. La indemnización que le impone el derecho de daños hace que el agente se conforme, aunque sea
parcialmente, a las razones que tenía originalmente para no dañar a la
víctima.
Creo que el argumento de Gardner es potente y elegante. La tesis
de la continuidad refleja la manera en que pensamos las obligaciones
en general, no solo las compensatorias, en un buen rango de situaciones. Sin embargo, creo que esta tesis no es necesariamente verdadera
y, por tanto, es incapaz de explicar el papel que el incumplimiento del
deber primario tiene en la justificación del deber de compensar en la
responsabilidad civil.
Cuando Aléxandros infringe su deber de no dañar a Olympia,
omite actuar sobre la base de las razones que tiene para no dañar a
Olympia. Normalmente, esas razones todavía exigirán conformidad
luego del daño, y recomendarán que Aléxandros indemnice a Olympia, siempre que todo lo demás se mantenga constante. Si Malena
compensase a Olympia antes de que Aléxandros se dispusiera a pagar
por la vasija, o si Olympia condonase la deuda a Aléxandros, esos
eventos contarían como una alteración de la condición caeteris paribus y la tesis de la continuidad no se aplicaría. Pero aun cuando la
cláusula caeteris paribus sea respetada, el problema es que en T2,
después del incumplimiento del deber de no dañar, algunas consideraAFD, 2018 (XXXIV), pp. 119-148, ISSN: 0518-0872
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ciones que estaban fuera de lugar en T1, o que en aquel entonces
tenían muy poco peso, pueden ahora ser relevantes.
Supongamos que Aléxandros es terriblemente pobre y que Olympia, por su parte, es increíblemente rica. Antes de que se produzca el
daño, el hecho de que Aléxandros sea pobre no cuenta como una
razón para no adoptar precauciones sin coste económico que evitarían
un rayón en la pintura del Rolls Royce de Olympia. Imaginemos que
una noche Aléxandros está esperando a su esposa en la misma esquina
en la cual Olympia estacionó su Rolls Royce y que, dado que está
cansado después de un arduo día de trabajo, se apoya contra la puerta
del automóvil que da a la acera, provocándole un rayón. El hecho de
que Aléxandros sea pobre es irrelevante para la justificación de su
acción. Aléxandros no debió apoyarse contra el automóvil, puesto que
hacerlo podría arruinar la pintura de la manera en que en efecto ocurrió. Su pobreza no lo exime de adoptar precauciones que en este caso
no tienen coste monetario para él. Pero la cuestión es que se apoyó.
Ahora la pintura está arruinada y Olympia lo demanda por daños.
Reparar la carísima pintura del carísimo automóvil de Olympia
cuesta el equivalente a 9 meses de salario de Aléxandros. Este hecho
constituye una razón que contrarresta las otras razones que tiene
Aléxandros para reparar los daños causados a Olympia. Nada ha cambiado desde T1. Aléxandros es tan pobre como era, Olympia es tan
rica como era y reparar la pintura cuesta tanto como costaba en el
momento en que Aléxandros la arruinó. La cláusula caeteris paribus
es respetada. Sin embargo, las razones que Aléxandros tenía para no
dañar en T1 puede que no fundamenten o justifiquen una obligación
secundaria de compensar a Olympia en T2, puesto que resultan superadas por el hecho de que la indemnización es simplemente demasiado severa y opresiva para él. Responsabilizar a Aléxandros por esa
cantidad de dinero seguramente reduciría su libertad mucho más de lo
que la pérdida no compensada afectaría la libertad de Olympia. Después de todo, con lo que Aléxandros gana en 9 meses, Olympia puede
que no llegue a pagar más que las propinas de los restaurantes que
visita durante una semana. Si los agentes morales han de ser tratados
con igual consideración y respeto, podría argumentarse, imponer una
carga tan tremenda sobre Aléxandros solo para evitar una pequeña
molestia (en términos relativos) a Olympia parece injustificado 18.
La objeción, podría decirse, consiste en señalar que desde la perspectiva del derecho de daños no se entiende que la compensación
usualmente está justificada después del incumplimiento del deber de
no dañar. El discurso de las razones que estamos analizando, en cambio, apunta en esa dirección. Después del incumplimiento, la compensación es en general una manera de conformarnos a las razones origi18
Este argumento está en consonancia con la impresión de MacCormick (1982,
218) de que la obligación de reparar depende, entre otras cosas, de la capacidad de
pago.
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nales que teníamos, y deberíamos actuar sobre la base de esas razones
que nos orientan a reparar el daño causado; por supuesto, en la medida
en que todo se mantenga constante. Pero, en el ámbito jurídico, la
compensación es una obligación. Jurídicamente, el hecho de que
Aléxandros haya dañado a Olympia es una razón para compensarla y
también una razón para no actuar sobre la base de otras razones que
recomiendan no reparar el daño causado (como el hecho de que la
compensación sería demasiado severa u opresiva para Aléxandros, y
que el daño supone una molestia mínima para alguien tan rico como
Olympia) 19.
El argumento de Gardner tiene éxito en mostrar que las razones
que subyacen a la obligación primaria usualmente no se extinguen con
el incumplimiento de la obligación. Sin embargo, explicar la conexión
normativa entre las obligaciones de primer y segundo orden requiere
mostrar también que las razones que justifican la obligación de primer
orden (de no dañar) en T1 justifican el deber de segundo orden (compensar) en T2. Y ello solo ocurre si las razones que justifican la obligación primaria en T1 subsisten y mantienen su peso o fuerza en T2,
luego del incumplimiento. Como hemos visto, este no siempre es el
caso. Es posible pensar algunos ejemplos en que las razones que justifican el deber en T1 no tengan ningún peso en T2. Al no tener ningún
peso, dejarían de ser verdaderas razones y la tesis de la continuidad
sería falsa. Otra posibilidad es considerar que las razones que tenían el
peso suficiente para justificar la obligación primaria de no dañar en
T1, aun cuando sigan existiendo como razones para la acción en T2,
simplemente carezcan del peso suficiente para justificar la obligación
secundaria de indemnizar. El ejemplo que he ofrecido puede ser interpretado de esta segunda forma, pero cualquiera de ellas es suficiente
para rechazar la tesis de la continuidad 20.
19
Para estar en consonancia con Gardner, utilizo aquí la idea de obligación como
razón protegida de Joseph Raz (1979, 17).
20
Una posible réplica que me fue sugerida por Gardner consiste en señalar que,
dado que Olympia es extremadamente rica, el daño que Aléxandros le causa es insignificante para ella. Siendo esto así, tal vez Aléxandros tenga solo una razón muy débil
para no dañarla en su propiedad… una razón tan débil que resulte incapaz de justificar
un deber primario de no dañarla. Entonces, si no tiene el deber de no dañarla en T1, a
fortiori, no puede tener un deber secundario o derivado de compensarla en T2. Este
argumento es interesante, pero a mi juicio tiene dos problemas serios. Primero, el
discurso de las razones que Gardner emplea se aleja demasiado del discurso de la
responsabilidad civil, conforme con el cual lo único que importa es si Aléxandros
vulneró o no un derecho de Olympia. El hecho de que la vulneración del derecho
tenga consecuencias materiales que Olympia considera nimias no obsta a que el derecho imponga un deber de no dañar y, ante su incumplimiento, ordene una compensación por el daño causado (una compensación a la cual Aléxandros está obligado y a la
cual Olympia puede renunciar si lo desea). En casos como estos, que son puramente
patrimoniales, la responsabilidad civil solo mira la infracción del derecho y el valor
material del daño, no si el daño afecta o no el bienestar de la víctima de manera significativa, ni si en términos relativos el perjuicio es importante. En segundo lugar, esta
respuesta es marcadamente contraintuitiva. Aléxandros desconoce al momento de
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En conclusión, desde T1 hasta T2 tal vez haya una continuidad en
las razones, aunque no necesariamente una continuidad en su peso.
Sin continuidad en el peso de las razones, la tesis de la continuidad es
incapaz de mostrar el valor del remedio bilateral en términos de su
contribución al valor que justificaba el deber primario infringido.
5. EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD INTERPERSONAL
En los últimos años, la teoría del recurso civil (Civil Recourse
Theory) elaborada por John Goldberg y Benjamin Zipursky ha ganado
bastante notoriedad 21. Es discutible si esta teoría ofrece una genuina
alternativa a las teorías de la justicia correctiva, o si solo constituye
una versión particular de ellas. En mi opinión, la cuestión es irrelevante 22. Se trate o no de una nueva concepción de la justicia correctiva, a
diferencia de los argumentos repasados hasta el momento, los presupuestos filosóficos de la teoría del recurso civil ofrecen una imagen
más robusta de la responsabilidad interpersonal. Tal vez allí podamos
ubicar el valor intrínseco de la responsabilidad civil.
Retomando el problema, los teóricos de la justicia correctiva afirman que un abordaje no-bilateral de la interacción injusta no deshace
realmente la injusticia, ya que la justicia privada no solo exige que las
personas se respeten mutuamente sus derechos sino que luego de la
infracción sea el agente dañador quien responda ante la víctima. En
los esquemas no-bilaterales o centralizados nunca el agente dañador
es responsable ante su víctima, y la víctima no puede reivindicar su
derecho frente al agente dañador. Es por ello que una combinación de
sanciones y compensación resulta insuficiente a los fines de la justicia
entre las partes. Ahora bien, ¿cómo puede fundamentarse esta postura
sin depender completamente de algunas de las ideas criticadas hasta
actuar cuán importante es para Olympia su propiedad. Asimismo, sabe que puede
evitar el daño sin incurrir en coste económico alguno (solo debe omitir apoyarse sobre
la puerta). Finalmente, puede apreciar que el Rolls Royce es un automóvil de lujo y
que, dada su condición económica, será incapaz de compensar cualquier daño que le
cause. Habida cuenta de todo, parece que Aléxandros tiene razones para no dañar más
poderosas que las que tiene cualquier otra persona con dinero suficiente para indemnizar a Olympia por el daño causado. Justamente, una vez que Aléxandros daña, sabe
que nada podrá hacer en T2 para compensar a Olympia. Ello debería reforzar sus
razones para adoptar las medidas necesarias para no dañar que, reitero, no tienen
valor económico en este caso.
21
Véanse los excelentes debates compilados en la Florida State University Law
Review, Vol. 39 (1), 2011; y la Indiana Law Journal, Vol. 88 (2), 2013.
22
Goldberg y Zipursky siempre han insistido en que su teoría difiere de manera
importante de las teorías de la justicia correctiva. Weinrib, en una opinión también
compartida por otros autores, ha dicho con contundencia que «en lo esencial, el recurso civil es justicia correctiva». Confío en que los puntos de desacuerdo entre ambas
teorías (sean reales o aparentes) tengan escasa incidencia, si acaso, para el argumento
que aquí elaboro. Véase Weinrib (2011, 297).
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ahora? El remedio bilateral no puede ser justificado sobre la base de
que resulta necesario para dar sentido a los derechos individuales que
nos permiten interactuar, relacionarnos y desarrollar planes de vida
complejos, que necesitan la cooperación de otros, pues es imaginable
que esto pueda lograrse con remedios no-bilaterales. Tampoco puede
argumentarse que solo un remedio bilateral es capaz de rectificar el
desequilibrio normativo producido por la interacción dañosa, ya que
las ganancias y pérdidas normativas puede ser eliminadas con instituciones distintas de la responsabilidad civil. ¿Qué queda, entonces?
Una posibilidad es afirmar, siguiendo a Goldberg y Zipursky, que
los ilícitos extracontractuales son injustos relacionales (o privados).
Como indican estos autores, la forma de un injusto relacional es «Para
todo x y para todo y, x no debe hacer A a y». Una vez que un x hace A
a un y, entonces, el x queda sujeto a la potestad normativa que la responsabilidad civil confiere a y; una potestad de sujetar a responsabilidad al demandado, de llamarlo a responder. Este es el sentido en el
cual el derecho privado es privado: confiere a las víctimas un poder
normativo, que ellas pueden ejercer discrecionalmente, contra el agente dañador (Goldberg y Zipursky, 2010, 945-947). La comisión de un
injusto deja al demandado en una posición de vulnerabilidad ante su
víctima, y solo ante ella. El Estado simplemente «confiere a las víctimas la potestad de exigir un resarcimiento si así lo desean» (Goldberg
y Zipursky, 2014, 27).
Esta sin duda es la manera en que la responsabilidad civil reacciona al daño causado injustamente. Pero, ¿qué justifica esta reacción?
Goldberg y Zipursky (2014, 28) postulan que la implementación de
un sistema de responsabilidad civil es un deber político del Estado
respecto de sus ciudadanos. La idea es que el Estado priva originalmente a las personas del derecho o privilegio natural de reaccionar al
maltrato por parte de otros en pos de la convivencia pacífica y civilizada; no obstante, como contrapartida, debe ofrecer alguna vía alternativa, en concreto un recurso civil contra el agente dañador.
Analicemos con cuidado la idea de que implementar un sistema de
responsabilidad civil es un deber político del Estado. Este deber nace
presuntamente del hecho de que el Estado prohíbe a los ciudadanos
tomar la justicia en sus propias manos. Pese a todo, no me resulta en
absoluto claro que del deber de ofrecer un recurso a los ciudadanos
pueda derivarse la obligación de implementar un sistema de responsabilidad civil, en lugar de otras alternativas. ¿De dónde surge en verdad
el deber de instaurar un recurso específicamente dirigido contra el
agente dañador? Es decir, ¿cómo se pasa del deber de implementar
algún mecanismo para obtener un resarcimiento a reconocer a la víctima una potestad jurídica de sujetar a responsabilidad al demandado?
Sin duda, el argumento requiere de premisas adicionales.
Estas consideraciones adicionales tal vez puedan rastrearse en las
ideas de Stephen Darwall sobre las obligaciones bipolares, que ofreAFD, 2018 (XXXIV), pp. 119-148, ISSN: 0518-0872
El valor intrínseco de la responsabilidad civil
141
cen un buen fundamento normativo para la teoría del recurso civil 23.
En lo que aquí interesa resaltar, las obligaciones morales suponen una
forma de responsabilidad mutua entre personas iguales. Ello a su vez
implica «una autoridad igual para dirigirse pretensiones y exigencias
el uno al otro» 24. La forma de responsabilidad y autoridad expresada
en el derecho privado se ajusta al patrón de las obligaciones debidas a
otros, en contraste con las obligaciones a secas. Por supuesto, toda
obligación debida a otro es una obligación a secas, pero dejaré de lado
la relación entre ambos tipos de obligaciones. Solo señalaré que las
obligaciones debidas a otros se caracterizan porque su incumplimiento daña específicamente a la víctima, y es la víctima quien goza de una
autoridad individual de llamar a los obligados a que respondan ante
ella. El ejercicio de esta autoridad individual depende exclusivamente
de su voluntad (Darwall y Darwall, 2011, 17 y 24).
En esta clave, la responsabilidad civil puede interpretarse como
una implementación de estas ideas básicas respecto de las obligaciones y responsabilidades mutuas. La idea de responsabilidad y autoridad mutua reafirma la igual consideración y respeto que nos debemos
unos a otros. En este sentido, los daños causados a otros son una
manera de faltar el respeto, y las demandas de responsabilidad civil
son una manera «respetuosa de exigir respeto» (Darwall y Darwall,
2011, 20). La responsabilidad civil realiza este valor incluso cuando el
demandado oponga resistencia a la demanda. Aunque inicialmente
niegue los hechos, emplee estrategias dilatorias, ofrezca un arreglo
extrajudicial que está por debajo del daño efectivamente causado y, en
última instancia, pague a regañadientes, aun en estos casos, el demandante habrá ejercido su potestad jurídica de sujetar a responsabilidad
al demandado. El reconocimiento institucional del poder de la víctima
de sujetar a responsabilidad al agente dañador, correlativo con la vulnerabilidad de este último en relación con la víctima, ya expresa la
idea de respeto mutuo. Y esto resulta a su vez necesario para que el
derecho civil reconozca institucionalmente la dignidad de las personas. La dignidad no solo nos impone un conjunto de exigencias respecto de cómo debemos tratar a otros, sino que también conlleva la
autoridad para exigir de otros el mismo trato respetuoso sujetándolos
a responsabilidad. Los sistemas bilaterales permiten a quienes han
sido dañados reclamar al demandado un trato digno, compatible con
su estatus de persona (Darwall, 2006, 13-14 y 33).
23
En la contribución de Stephen Darwall y Julian Darwall al volumen de la Florida State University Law Review, citado más arriba, los autores señalan: «En nuestra
opinión, la teoría del recurso civil refleja una verdad importante sobre la estructura de
las obligaciones jurídicas relacionales o bipolares, que entendemos son el tipo que
normalmente concierne a la responsabilidad civil, a saber, que las víctimas dañadas
por la violación de obligaciones bipolares debidas a ellas están en una posición característica, que no comparten ni los terceros ni la comunidad en su conjunto, de sujetar
a responsabilidad a quienes las dañaron» (2011, 19).
24
Véase Darwall y Darwall, 2011, 17 y 24.
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Desde esta perspectiva, ante la prohibición de la justicia por mano
propia, existen razones para que el Estado cumpla con su deber político
de brindar alternativas de reclamación implementando un sistema de
responsabilidad civil, antes que cualquier otro mecanismo centralizado.
Solo un sistema de responsabilidad civil es capaz de expresar la estructura normativa de las interacciones entre personas libres e iguales. Los
mecanismos no-bilaterales de sanción y compensación en operaciones
independientes sin duda, pueden neutralizar las pérdidas y ganancias
normativas, y seguramente pueden eliminar las pérdidas y ganancias
fácticas. Sin embargo, son incapaces de subsanar la falta de respeto y
ofrecer un reconocimiento significativo de la dignidad de las personas.
Los sistemas bilaterales, en cambio, son especialmente apropiados para
lidiar con este aspecto del injusto, en tanto permiten a las víctimas exigir del agente dañador el respeto que merecen como personas iguales. A
la vez, dan ocasión para que el agente dañador reconozca el maltrato al
que sometió al demandante, y que haga algo al respecto 25.
De esta manera, hemos llegado poco a poco a una visión más
amplia de la justicia entre las partes, más cercana a la defendida por
las concepciones reconciliatorias (o restaurativas) de la justicia correctiva. Esta visión sugiere que la compensación monetaria es solo una
parte de la reparación y la subsanación de la falta de respeto que constituye el daño. La rehabilitación del respeto mutuo puede requerir un
conjunto de medidas, entre las que podríamos incluir las disculpas, el
compromiso de no reiterar el comportamiento dañoso en el futuro o
los intentos por restablecer la reputación de la persona afectada en su
comunidad (Radzick, 2014, 236, 240). Dicho de otro modo, tal vez las
versiones más defendibles de la justicia correctiva deban incorporar
los presupuestos normativos de la responsabilidad y autoridad mutua
explicitados en las ideas de Darwall 26. En efecto, como siempre ha
enfatizado Weinrib, lo importante es el vínculo normativo «uno a uno»
que establece la justicia correctiva después de que la víctima sufre un
injusto a manos del demandado.
Si el argumento que he expuesto es plausible, entonces, hay un
valor intrínseco en hacer justicia correctiva, es decir, en implementar
remedios bilaterales tal como hace la responsabilidad civil 27. La justi25
Imaginemos, como David Enoch (2014, 253), un sistema de compensación
social como el neozelandés al que le agregamos la obligación de pedir disculpas a
cargo del agente dañador. ¿Tendría este mecanismo un valor equivalente al de la justicia correctiva en términos del restablecimiento del respeto mutuo? En mi opinión
no. Más allá de que las disculpas obligadas pueden perder parte de su sentido, un
arreglo institucional semejante no permite a la víctima sujetar a responsabilidad al
agente dañador. El respeto mutuo es una cuestión de igual estatus entre las personas,
y solo la justicia interpersonal puede lograr eso.
26
Para una opinión en contra, véase Ripstein, 2016, 14-18.
27
Para unas intuiciones contrarias, véase Zimmerman (1994, 450) y Kagan
(1988, 293). En mi opinión, ninguno de estos autores toma suficiente en serio el valor
del restablecimiento del respeto mutuo.
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El valor intrínseco de la responsabilidad civil
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cia correctiva aporta algo que los mecanismos de responsabilidad (o
sanción) y compensación son incapaces de proveer. Pero, ¿es esto lo
único que cuenta? Una pregunta de moralidad política sigue siendo qué
clase de respuesta institucional debemos tener para los daños que nos
causamos unos a otros. ¿Es suficiente el valor intrínseco de la justicia
correctiva para obligar al Estado a implementar un sistema de responsabilidad civil? Hay razones para pensar que el hecho de que el remedio bilateral exprese cierta forma de responsabilidad mutua y respeto
por la dignidad de otros es insuficiente; indudablemente, hay otro conjunto de consideraciones que también deberían tomarse en cuenta.
Asumamos con Weinrib que los mecanismos no-bilaterales dejan
la injusticia sin corregir. De ahí se sigue que incluso un mundo en el
cual el agente dañador es responsabilizado (supongamos mediante
multas u otro tipo de sanciones) y la víctima es indemnizada (mediante un fondo de compensación social) es un mundo normativamente
defectuoso. Aun así, podemos evaluar los distintos mundos posibles
según su lejanía o proximidad con el mundo en que se hace justicia
correctiva. El ideal luego de una interacción dañosa, entonces, es la
responsabilidad y compensación bilateral de la justicia correctiva.
Luego, dentro de los mundos defectuosos, tenemos:
1) Responsabilidad y compensación en operaciones independientes;
2) No responsabilidad y compensación;
3) Responsabilidad y no compensación; y
4) No responsabilidad, ni compensación.
Creo que podemos acordar que esta sería la ordenación más razonable de los distintos estados del mundo que no satisfacen la justicia
correctiva. Podríamos tener alguna duda sobre la ordenación de 2)
y 3), ya que ninguno logra responsabilizar y compensar a la vez. Pero
creo que existen buenas razones para priorizar la compensación antes
que la responsabilidad, en tanto es más urgente hacer algo para morigerar el sufrimiento de las víctimas antes que por responsabilizar a los
agentes dañadores 28.
Si estamos de acuerdo con esto, parece difícil negar que la decisión
firme de implementar la justicia correctiva puede llevarnos frecuentemente al mundo 4), en el cual no hay responsabilidad y, naturalmente,
tampoco compensación para la víctima. Ello es así porque el remedio
bilateral requiere que el demandante sea capaz de identificar al agente
dañador en concreto, argumentar que satisface los fundamentos de la
responsabilidad y probar los hechos relevantes. Ello supone que el
reclamo de compensación del demandante puede verse truncado en
una amplia gama de supuestos. Algunas fuentes de frustración del
reclamo son internas al litigio: a) incertidumbre sobre la causalidad
28
Coleman, 2013, 172.
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individual; b) incertidumbre sobre los estándares de diligencia;
c) incapacidad para producir la prueba suficiente según el estándar de
prueba relevante, etc. Otras fuentes de frustración del reclamo son
externas. Dado que, desde el punto de vista de la justicia correctiva,
las personas son libres e iguales solo formalmente, en el mundo real
tendremos demandantes que: a) ignoran sus derechos; b) no tienen
capacidad económica para iniciar o financiar el litigio hasta el final y
aceptan arreglos extrajudiciales claramente desventajosos; o c) fueron dañadas por agente dañadores insolventes, etc. En todos estos
casos, la aspiración de realizar la justicia correctiva deja la justicia sin
realizar 29. Y los efectos de esto sobre la autonomía son graves, en la
medida en que las víctimas contarán luego de la interacción con menos
recursos para llevar adelante su plan de vida, sin que esta disminución
de capacidades sea consecuencia de sus propios actos, es decir, sin
que sea su responsabilidad 30.
Visto de este modo, la implementación de la justicia correctiva es
un negocio riesgoso, ya que el fracaso en responsabilizar supone un
fracaso en obtener una compensación. En contraste, un mecanismo
centralizado, en el cual se aborda la compensación y la responsabilidad de manera separada, hace posible que el Estado fracase en responsabilizar, sin que ello implique para la víctima una frustración de su
derecho a ser compensada. Los mecanismos centralizados brindan
una protección mucho más amplia para las víctimas en los aspectos
relacionados con su bienestar, aunque el precio a pagar es la renuncia
a la subsanación de la falta de respeto. En breve, los remedios nobilaterales sacrifican el valor intrínseco de la justicia correctiva. ¿Es
este sacrificio tan grande?
No pretendo aquí brindar un argumento concluyente a favor de los
mecanismos no-bilaterales. Más que nada, me interesa mostrar que el
argumento a favor de la responsabilidad civil no es claramente concluyente. Si lo único que puede invocarse a favor de los sistemas de responsabilidad civil es que brindan la posibilidad de exigir respeto por
parte de los agentes dañadores, y dan a estos últimos la oportunidad
de expresar ese respeto mutuo, todo dependerá de cuánto se valore
este modo de operar sobre la injusticia relacional y de cuán factible
sea para todos los afectados (incluso las personas más desaventajadas
en la sociedad) demandar exitosamente a quienes los han dañado y
obtener esta clase de resarcimiento. A fin de cuentas, en un mundo en
el cual la responsabilidad civil no siempre es equitativa con los grupos
29
Los estudios de análisis económico del derecho aportan una buena perspectiva
respecto de los límites de la ejecución privada y también acerca del problema de la
solvencia de las partes. Véase Miceli, 2004, 284 y ss.
30
Como afirma Ripstein (2004, 1813): «No tiene sentido decir que alguien es
responsable por lo que hace con su vida si lo que resulta de su vida depende de maneras incorrectas de los actos de otros, ya sea porque se le hacen soportar costes que
pertenecen a otros o porque se le libera de los costes que impone a los demás».
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El valor intrínseco de la responsabilidad civil
145
desaventajados 31, la opción que tenemos ante nosotros es: 1) intentar
garantizar una compensación material, sin un mecanismo que restablezca el respeto mutuo; o 2) intentar una compensación material y el
restablecimiento del respeto mutuo, a riesgo de que una parte considerable de las víctimas no logren ni compensación material, ni un reconocimiento de su dignidad por parte del agente dañador.
En suma, la justicia correctiva no parece ser manifiestamente preferible a otros mecanismos alternativos no-bilaterales que permitirían
a la víctima cobrar su indemnización simplemente mostrando que el
daño padecido es injustamente sufrido. Pues no es fácil advertir la
ventaja de implementar un sistema de justicia privada cuando el efecto de esta justicia es que en una buena cantidad de situaciones la víctima no logrará una reivindicación de su derecho (ni privada, ni de
ninguna clase). Tal vez, un buen balance entre todos los valores en
juego pueda conseguirse mediante fondos de compensación que
actúen subsidiariamente en ciertos casos bien definidos, como los
daños causados por agentes no identificados o insolventes. Esta posibilidad, que en alguna medida está vigente para los accidentes de circulación en España (véase la introducción), parece conciliar la necesidad de reconocer la justicia privada, logrando el restablecimiento del
respeto mutuo, y de prestar asistencia a las víctimas de daños injustos.
6.
CONCLUSIÓN
Son muchas las maneras en que podemos resolver el problema de
los daños que nos causamos unos a otros; pero, básicamente, hay dos
modelos puros que en la realidad suelen estar combinados. En un
modelo centralizado o intervencionista la indemnización de las víctimas es asumida por un fondo común de compensación. La prioridad
de estos sistemas es minimizar el impacto de los accidentes en el bienestar de las personas. En un modelo descentralizado o no intervencionista, en cambio, el Estado se limita a ofrecer asistencia para que las
víctimas busquen un resarcimiento directamente del agente que las
dañó. A diferencia de lo que ocurre con los sistemas centralizados,
cuyos propósitos son más bien obvios, se ha generado una gran controversia en la literatura sobre la justificación de los sistemas descentralizados de responsabilidad bilateral.
Actualmente hay dos teorías dominantes: el análisis económico del
derecho y las teorías de la justicia correctiva 32. Según el análisis eco31
Para una fuerte crítica que señala el carácter regresivo de la responsabilidad
civil actual, véase Keren-Paz, 2007.
32
Aunque cada vez son más influyentes los modelos pluralistas que niegan la
posibilidad de encontrar un único principio capaz de explicar todos los aspectos relevantes del fenómeno de la responsabilidad civil. Véase, entre muchos otros, Englard,
1995; y, más recientemente, Hershovitz, 2017.
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nómico del derecho no hay ninguna razón de principio para implementar un sistema de responsabilidad civil. Ella estará justificada si
logra un nivel óptimo de disuasión, y no lo estará en caso contrario. La
relación entre la responsabilidad civil y el objetivo de la disuasión
óptima es puramente instrumental. En contraste, para los partidarios
de la justicia correctiva la responsabilidad civil es un fin en sí mismo.
Tiene un valor moral que se perdería si optásemos por un sistema centralizado. Pese a ello, determinar cuál es ese valor no resulta nada
fácil. Autores como Weinrib, Ripstein o Gardner entienden, aun con
sus diferencias, que los sistemas de responsabilidad civil implementan
un esquema de derechos, deberes y responsabilidades que regulan las
relaciones privadas. Genéricamente, la idea es que si Aléxandros
causa un daño a Olympia, el propio orden normativo que regía sus
relaciones antes del injusto mantiene su validez después del injusto, lo
que implica que el remedio reproduce la estructura bilateral de la interacción: cualquier pretensión normativa que Olympia tenía respecto
de Aléxandros conserva su fuerza después del daño y da lugar a un
remedio en concreto, y todo deber que Aléxandros tenía respecto de
Olympia sigue ofreciendo una guía de conducta orientada al restablecimiento de la situación injustamente alterada. Si mis argumentos son
correctos, esta reconstrucción que asume una continuidad normativa
entre derechos (o deberes) y remedios jurídicos es más un dogma que
una justificación genuina de la práctica de la responsabilidad civil.
Por mi parte, he argumentado que el valor de la responsabilidad
interpersonal puede hallarse en el restablecimiento del respeto mutuo
entre personas libres e iguales, pero este valor en muchas ocasiones
también puede ser insuficiente para fundamentar de manera concluyente la responsabilidad civil. Una gestión adecuada de los daños que
nos causamos unos a otros probablemente exija establecer alguna
cobertura mayor que la ofrecida por la responsabilidad civil. Ello en
tanto es esperable que su normal funcionamiento deje sin protección a
un buen número de víctimas de accidentes; en definitiva, probablemente sea necesaria una cobertura subsidiaria, dada por un fondo
social de compensación, capaz de contrarrestar las fuentes de frustración del reclamo indemnizatorio descritas en el apartado anterior. Esta
sería una manera de corregir las injusticias de la justicia correctiva.
7.
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