Derecho Inmobiliario

La labor de corretaje inmobiliario ha ido evolucionando con el tiempo y las tecnologías. Hoy, así como tenemos corredores más capacitados, tenemos usuarios con mayor acceso a la información que cuentan con aplicaciones digitales para casi todas las necesidades diarias, a lo que no escapa la compraventa de inmuebles.

Estamos en lo que algunos han llamado la era de la desintermediación donde una aplicación, generalmente sin costo, se encarga de conectar a quien ofrece el servicio y a quien necesita de él sin necesidad de intermediarios.

Por ello, es necesario que los corredores sean mucho más que intermediarios y ocupen su importante papel como asesores inmobiliarios, conocedores del mercado, los requisitos, los procedimientos y demás elementos que componen una compraventa, mostrando a los propietario interesados en vender su bien inmueble, las ventajas de contar con un experto para el desarrollo de su negocio; que cada cliente pueda ver y percibir todos los servicios que están incluidos con el pago de la comisión de corretaje.

Ese profesionalismo que deben tener los corredores parte de la forma en que inicia la relación comercial, allí aparece el contrato de corretaje como el elemento encargado de dejar claro el objeto, las obligaciones de las partes y condiciones de la labor de promoción, que además de formalizar el negocio, ofrece seguridad jurídica al corredor, esto es, la posibilidad de reclamar su derecho a la remuneración cuando, habiendo realizado una labor efectiva, esté siendo desconocido por aquel que se obligó en el contrato de corretaje.

I. Introducción. II. Contenido del estatuto especial de las tierras indígenas en la Ley N° 19.253. A) Inscripción en el Registro Público de Tierras Indígenas de CONADI del artículo 15; B) Limitaciones al dominio del artículo 13. a. Enajenaciones. i. Primera excepción: la permuta del artículo 13. ii. Segunda excepción: Divisiones y enajenaciones para la construcción de locales religiosos, comunitarios, sociales o deportivos, con la autorización del Director Nacional de la Corporación del artículo 17. b. Gravámenes. c. Embargos. d. Prescripción. e. Arrendamientos, comodatos y cesiones en uso, goce o administración respecto a tierras de Comunidades Indígenas. f. Arrendamientos, comodatos y cesiones en uso, goce o administración respecto a tierras de personas naturales indígenas. C) Subdivisión de tierras indígenas de los artículos 16 y 17. a. Subdivisión de las tierras indígenas provenientes de títulos de merced del artículo 16. b. Subdivisión de tierras resultantes de la división de las reservas y liquidación de las comunidades de conformidad al Decreto Ley Nº 2.568, de 1979, y subdivisiones de comunidades de hecho que se practiquen de acuerdo a la Ley Nº 19.253, del artículo 17. c. Las subdivisiones de otras tierras indígenas. D) Exención del impuesto territorial del artículo 12 inciso final. E) Autorización de mujer con la que se ha formado familia del artículo 14. F) Sucesión sobre tierras indígenas del artículo 18. G) Conciliación y procedimiento especial respecto a juicios que involucren tierras indígenas, de los artículos 55 a 59. H) Normas especiales de las tierras no indígenas adquiridas con cargo al Fondo de Tierras y Aguas del artículo 22. III. Conclusiones. IV. Bibliografía.

Sumario: I. Introducción. II. La Ley Nº 19.253, de 1993 y las tierras indígenas. 1. La tierra indígena en la base de la protección legal. 2. Principales figuras de la Ley Nº 19.253 relacionadas a la calificación de tierras indígenas. a. El Registro Público de Tierras Indígenas. b. El Archivo General de Asuntos Indígenas. 3. Visión de las tierras indígenas en la Ley Nº 19.253. 4. La tierra y el territorio indígena como conceptos jurídicos. 5. El concepto jurídico de tierra indígena. 6. La complejidad de la calificación de las tierras indígenas. III. La calificación de tierras indígenas en la praxis inmobiliaria. 1. La labor de calificación de tierras indígenas. 2. Jurisprudencia en reclamaciones por negativa a inscribir debido a calificación de tierras indígenas por parte de Conservadores de Bienes Raíces y efectos negativos derivados. 3. ¿Quién califica las tierras indígenas?. IV. Conclusiones.

Palabras claves: Tierras indígenas; calificación de tierras indígenas; calificación registral.
Keywords: Indigenous lands; determination of the indigenous quality of real estates; control of property registration.

RESUMEN En este artículo, además de afirmarse la excepcionalidad del régimen de copropiedad inmobiliaria establecido en la Ley N° 19.537, se analizan el concepto de reglamento de copropiedad, su fuerza obligatoria y algunos problemas registrales. ABSTRACT In this article, in addition to affirming the uniqueness of the law N ° 19.537 real estate co-ownership scheme, discussed the concept of regulation of co-ownership, its binding force and some registry problems.

RESUMEN En el presente artículo (ponencia) se plantea la necesidad de una reforma para perfeccionar y fortalecer el actual sistema notarial y registral, pero, en caso alguno, tendiente a reemplazarlo por otro; reforma que debe ofrecer mayor dinamismo, eficiencia y seguridad al tráfico jurídico. También, se especifican temas importantes que no pueden dejar de ser consideradas por el legislador.

Compartimos nuestros comentarios a los extractos que consideramos principales de la Ley 31313 - Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, análisis que veníamos trabajando hace algunas semanas y que, por obligaciones profesionales, recién hemos podido concluir, esperemos sea un aporte para corregir y mejorar esta importante norma y su reglamentación que se encuentra en proceso.

Sumario: I. Introducción. II. Breve referencia histórica al desarrollo del estatuto especial de las tierras indígenas. III. Principios básicos que informan el estatuto especial de las tierras indígenas en la Ley N° 19.253. IV. Naturaleza del estatuto especial de las tierras indígenas: ¿estatuto real o personal?. V. Situación de los inmuebles indígenas actualmente inscritos en los registros conservatorios de bienes raíces a nombre de indígenas de otra etnia o no indígenas. VII. Conclusiones. VIII. Bibliografía.

Palabras clave: tierras indígenas, estatuto especial de tierras indígenas, Ley Nº 19.253.
Keywords: indigenous lands, special regime of indigenous lands, Law Nº 19.253.

La Resolución N° 2816-2019/SPC-INDECOPI modificó el criterio jurisprudencial sobre la cláusula ad corpus adoptado por la anterior Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal del Indecopi, y cuyo efecto estimaba la inaplicabilidad de tal cláusula para los contratos de compraventa de bien futuro con relación a las transacciones inmobiliarias. En este contexto, se abre la discusión para confrontar sistemáticamente aquella institución de raigambre civil, con las connotaciones ofrecidas por la legislación sobre la protección al consumidor; considerando, la relevancia jurídica de la práctica inmobiliaria, el dinamismo y vigencia de ambas normas y, eventualmente, el impacto de tales dispositivos en las relaciones de consumo.

Para entender el sistema registral inmobiliario chileno es preciso tener presente que, al igual que en el caso de muchas otras instituciones jurídicas en las que intervino don Andrés Bello López, nos encontramos ante un sistema con rasgos originales o, bien, que constituye una variante de algún sistema conocido de la época, que por razones de prudencia aconsejaron no copiar totalmente. Este sistema fue el alemán, según se reconoce en el propio Mensaje del Código Civil: " La institución de la que acabo de hablaros se aproxima a lo que de tiempo atrás ha existido en varios estados de Alemania y que otras naciones civilizadas aspiran actualmente a imitar. Sus buenos efectos han sido ampliamente demostrados por la experiencia " (Párrafo XXIII) 1. Se debe recordar que a esa época no existía Alemania, sino lo que, luego del Congreso de Viena de 1815, se conoció como la Confederación Alemana (" Deutscher Bund "), que agrupó a treinta y nueve estados alemanes soberanos, entre los cuales se encontraba Austria (excepto el actual estado de Burgenland), Baviera, Prusia, Sajonia y Würtemberg. 1 Desde un punto de vista general, los dos modelos principales considerados para nuestro Código Civil fueron las Siete Partidas y el Código Civil francés; sin embargo, se adoptaron una serie de elementos de otros códigos.

Seguridad jurídica y profesionalismo en un mismo documento.
La labor de corretaje inmobiliario ha ido evolucionando con el tiempo y las tecnologías. Hoy, así como tenemos corredores más capacitados, tenemos usuarios con mayor acceso a la información que cuentan con aplicaciones digitales para casi todas las necesidades diarias, a lo que no escapa la compraventa de inmuebles. Estamos en lo que algunos han llamado la era de la desintermediación donde una aplicación, generalmente sin costo, se encarga de conectar a quien ofrece el servicio y a quien necesita de él sin necesidad de intermediarios. Por ello, es necesario que los corredores sean mucho más que intermediarios y ocupen su importante papel como asesores inmobiliarios, conocedores del mercado, los requisitos, los procedimientos y demás elementos que componen una compraventa, mostrando a los propietario interesados en vender su bien inmueble, las ventajas de contar con un experto para el desarrollo de su negocio; que cada cliente pueda ver y percibir todos los servicios que están incluidos con el pago de la comisión de corretaje. Ese profesionalismo que deben tener los corredores parte de la forma en que inicia la relación comercial, allí aparece el contrato de corretaje como el elemento encargado de dejar claro el objeto, las obligaciones de las partes y condiciones de la labor de promoción, que además de formalizar el negocio, ofrece seguridad jurídica al corredor, esto es, la posibilidad de reclamar su derecho a la remuneración cuando, habiendo realizado una labor efectiva, esté siendo desconocido por aquel que se obligó en el contrato de corretaje.

Comentarios a la Resolución N° 120-2014- SUNARP/SN que aprueba la Directiva N° 002-2014-SUNARP-SN que regula la emisión de los informes técnicos de las solicitudes de certificado de búsquedas catastral. La norma fue publicada el 31 de mayo de 2014.
Artículo que publicamos en la revista Gaceta Jurídica.

El auge de los actos inmobiliarios de los últimos años ha puesto en relieve, de manera indubitable, la función social y económica del predio, sea como terreno, como vivienda o edificación comercial e industrial. Para muchas personas, la propiedad del predio es el único capital que cuentan para acceder al crédito o simplemente para revalorar el bien inmueble que constituye su patrimonio. De ahí que es indispensable tener en claro cómo es el predio, dónde se ubica y hasta donde se extiende. Por otro lado, asumiendo las discrepancias que hay entre la realidad física y la publicidad registral, los interesados y el Estado en algunos supuestos, buscarán dar por finalizadas dichas discrepancias mediante procedimientos rectificatorios de área, linderos y medidas perimétricas o mediante procedimientos denominados de saneamiento.

El derecho de la mujer a la propiedad es fundamental para que pueda ganarse la vida y tener una vivienda y alimentación adecuadas para ella y para su familia. La Constitución peruana y las convenciones internacionales lo reconocen. Pero pocas mujeres conocen sus derechos patrimoniales en la sociedad de gananciales y en la unión de hecho.

Las relaciones de vecindad entre los vecinos ocupantes de un edificio en altura constituyen un problema que ha preocupado al derecho desde antiguo.  Y es que, cuando ha faltado el espacio para construir, ya sea en virtud de las necesidades del comercio o del aumento de población, edificar en varios pisos se ha representado como una alternativa viable. Y de ello es testimonio tanto la historia de Roma, como la de nuestro país.
En efecto, ya desde la controversia de Cerelio Vitalis y la taberna de quesos en Roma, se ha planteado el tema del uso de lo propio con proyecciones en lo ajeno, la teoría de las inmisiones, que a partir del desarrollo doctrinal de mediados del siglo XIX, basado en la interpretación de esa y otras fuentes romanas  se ha vuelto un tema que ha generado gran interés y se ha materializado en gran medida en la literatura y aplicación jurisprudencial extranjera .
No obstante, no ocurre lo mismo en nuestro país, pese a que desde la primera mitad del siglo XX las edificaciones en altura han pasado a formar parte integrante del desarrollo urbano con cada vez más fuerza, producto de distintos factores, sociales o económicos, atendido a similares necesidades que en la Roma post republicana.
En nuestro derecho civil, existen  regulaciones a este respecto que han sido poco exploradas, pero no por ello es propio dejarlas en su invisibilidad. Junto con ello, respecto a la edificación en altura residencial, encontramos en la regulación de la propiedad horizontal, hoy denominada en nuestro país por la Ley N° 19.537 como Copropiedad Inmobiliaria, normas que dan ciertas luces para una aplicabilidad de la teoría de las inmisiones en el ámbito de las relaciones de vecindad en esos espacios, que por su cercanía, son especialmente susceptibles de proyecciones del dominio ajeno no deseadas. En dicho ámbito, es que se tratará de buscar un contexto histórico común de estas relaciones de vecindad particulares, y buscar soluciones jurídicas para resguardar el ejercicio de actos posesorios, en base a problemáticas comunes tanto al Derecho Romano, como al Civil.

Desde su aparición hasta la Posguerra Civil el moderno sistema hipotecario y registral español admitió la inmatriculación de fincas mediante procedimientos y títulos meramente posesorios. Esta peculiaridad convirtió al primer Registro de la Propiedad en un “Registro de la posesión”. En este libro se sostiene la tesis de que la fortuna de esta vía de acceso al Registro se explica por su valor constituyente. Porque la posesión registral fue herramienta para terminar de operar la transformación del viejo dominio dividido y vinculado en propiedad contemporánea, mediante la identificación de quiénes deberían ser los nuevos propietarios entre los antiguos dueños. En el libro se demuestra la versatilidad y pluralidad de los mecanismos de inmatriculación posesoria, que sirvieron tanto a la política desamortizadora, como a la conservación de la percepción de antiguas rentas señoriales. Esta función se desarrolló además en un tiempo de intenso debate sobre la naturaleza jurídica de la posesión y cuando todavía no se habían acabado de enunciar los actuales principios de Derecho hipotecario

El autor pone en evidencia el conflicto que existe entre dos instituciones civiles: el patrimonio El autor pone en evidencia el conflicto que existe entre dos instituciones civiles: el patrimonio familiar, que goza de una especial importancia derivada del régimen de protección y asistencia familiar, que goza de una especial importancia derivada del régimen de protección y asistencia brindado por el Estado a la familia, y la usucapión, cuyo amparo se deriva del derecho fundamental de brindado por el Estado a la familia, y la usucapión, cuyo amparo se deriva del derecho fundamental de propiedad. Sobre el particular, sostiene que cuando estos se contrapongan deberá primar la segunda, propiedad. Sobre el particular, sostiene que cuando estos se contrapongan deberá primar la segunda, en la medida en que los efectos de inalienabilidad e inembargabilidad característicos de los predios en la medida en que los efectos de inalienabilidad e inembargabilidad característicos de los predios afectos a patrimonio familiar no deben extenderse al punto de considerárselos imprescriptibles. Esta afectos a patrimonio familiar no deben extenderse al punto de considerárselos imprescriptibles. Esta tesis es apoyada por un caso análogo resuelto por el Tribunal Registral sobre prescripción adquisitiva tesis es apoyada por un caso análogo resuelto por el Tribunal Registral sobre prescripción adquisitiva de dominio de predios en donde el titular había dispuesto la inmovilización de la partida registral. de dominio de predios en donde el titular había dispuesto la inmovilización de la partida registral.

Sumario: I. Introducción. II. Concepto jurídico de tierras indígenas en el Ley Nº 19.253. III. Los 3 elementos constitutivos del concepto de tierras indígenas. 1. El elemento real. 2. El elemento personal. A. La calidad de indígena de las personas naturales. B. Principales dificultades que irroga la determinación de la calidad indígena de la persona natural en la calificación indígena de inmuebles. C. La calidad de indígena de la comunidad indígena. 3. El elemento funcional. IV. Eventual superposición de título de merced/comisario vigente y titulaciones civiles. V. Conclusiones.

Palabras clave: tierras indígenas, calificación de tierras indígenas, Ley Nº 19.253.
Keywords: indigenous lands, determination of the indigenous quality of real estates, Law Nº 19.253.

El autor analiza la sentencia emitida en el VIII Pleno Casatorio Civil partiendo de las premisas fácticas que dieron origen al cónclave, la ratio decidendi y las reglas vinculantes establecidas, advirtiendo ausencia de conexión entre aquellas. Considera, además, que los alcances vinculantes del pleno se reducen a admitir a trámite los actos de disposición unilateral de bien conyugal en la vía de nulidad en lugar de la de ineficacia, con excepción de los actos ultra vires. El autor asegura también que no hay un imperativo de declarar todo nulo inclusive si el cónyuge incurrió en mala fe.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) regula los derechos que existen entre los diferentes propietarios de un inmueble, el artículo 396 del Código Civil (CC) regula, por un lado, derechos sobre los elementos privativos (plaza de parking, trastero, etc.) de los cuales son propietarios de forma individual, y por otro, los elementos comunes de un inmueble (portales, buzones, etc.) de los cuales son propietarios de manera conjunta.
España no comenzó a regular la propiedad de los pisos y locales de manera específica hasta que se aprueba la Ley 49/1960 de 21 de julio, que reconocía por primera vez, la especificidad de la Comunidad de propietarios frente al concepto de comunidad de bienes, además, mostró la coexistencia de los derechos y obligaciones de cada propietario con el objetivo de lograr la mejor convivencia posible entre ellos, y el mejor disfrute del inmueble.
La LPH ha sido objeto de numerosas modificaciones y reformas que han contribuido a su redacción actual, tras 28 años desde su entrada en el ordenamiento jurídico, se aprueba la Ley 2/1988, de 23 de febrero que supone un gran avance para la LPH ya que incluye la posibilidad de segunda convocatoria en las juntas o la obligación el vendedor del inmueble de declararse al corriente en el pago de los gastos comunes. Más tarde, la Ley 3/1990, de 21 de junio, reforma la LPH facilitando los acuerdos destinados a la habitabilidad de minusválidos en el inmueble.
La Ley 8/1999, de 6 de abril, es considerada como la más importante de las aportaciones a la LPH, fue una de las reformas que más movilización política y social supuso, ya que esta consistió en la creación del proceso monitorio para la reclamación de deudas contraídas con la comunidad y la supresión del derecho a voto de los morosos. Aunque, todos estos preceptos fueron limitados con la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil (LEC).1
Más tarde, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad fue destacada por la flexibilización de los acuerdos que suponían la supresión de barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad, al igual que ya lo era para los mayores de 70 años. Por último, la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, incluyó medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios.2
Después de tantas modificaciones sobre la Ley 49/1960, en 2013 se aprueba la reforma de la que consiste el análisis realizado en el trabajo, la Ley 8/2013 de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Esta reforma llega en un contexto de crisis económica para el país, en la cual el sector inmobiliario es protagonista y la salida a este “crac” depende en gran parte de la recuperación del sector de la edificación. Además, en ese momento, España poseía un suelo capaz de soportar crecimientos urbanísticos para los próximos 45 años3 además de contar en aquel año con una considerable y desproporcionada cantidad de viviendas nuevas vacías, por esa razón uno de los objetivos que tiene la reforma es conseguir la reactivación de ese sector.
Entre estos objetivos, también se encuentra el de fomentar la calidad y la competitividad de la Edificación en suelo español, acercándose más a la normativa europea sobre todo en aspectos como la lucha contra la pobreza energética.4
Tras 5 años de la publicación de la Ley 8/2013, es un buen momento para realizar un análisis de sus efectos y el papel que ha tomado en la jurisprudencia del sector urbano. Para hacer este análisis primero hay que entender el porqué de las modificaciones introducidas en esta ley, y también comprobar la utilidad de los preceptos añadidos a la ley en sentencias dictadas durante los últimos años.
La finalidad del análisis de esta reforma se basa en comprender las distintas perspectivas que se pueden tomar por cada propietario de la comunidad de vecinos para los problemas o controversias que pueden surgir entre ellos. Además de comentar las debilidades presentes en la actual redacción de cara a la próxima reforma de la Ley 49/1960, ya que durante estos 5 años tanto administradores de fincas como jueces y abogados coinciden en que es necesaria una inminente reforma que subsane los problemas que dificulten la administración de las comunidades de vecinos.

I. Introducción. II. La prohibición de enajenación del artículo 13 de la Ley N° 19.253. III. Acercamiento al vocablo enajenación y alcance no discutido. IV. Las adjudicaciones en relación a la enajenación. Teoría del estatuto personal. V. Las adjudicaciones en relación a la enajenación. Teoría del estatuto real. VI. Necesidad de reinterpretación del vocablo enajenar de manera que abarque la amplia gama de formas de titulación del dominio. VII. Análisis de traslaciones dominicales que eventualmente vulnerarían el estatuto especial de las tierras indígenas. i. Formas directas. a) Títulos translaticios de dominio. b) Modos de extinguir las obligaciones y otras formas. c) Títulos declarativos de dominio o de adjudicación en liquidación de comunidades civiles. d) Títulos declarativos de dominio o de adjudicación en liquidación de comunidades hereditarias. e) Títulos constitutivos de dominio. Ocupación. Accesión. Prescripción adquisitiva. f) Transmisiones testadas por el modo de adquirir derivativo sucesión por causa de muerte con asignaciones a título singular. g) Referencia a las situaciones que se dan al concurrir la autoidentificación del artículo 2 letra c) de la Ley Indígena. ii. Formas indirectas. a) Transmisiones intestadas y testadas por el modo de adquirir derivativo sucesión por causa de muerte con asignaciones a título universal, cuando son 2 o más herederos. Cónyuge autoidentificada indígena heredera. Herederos no indígenas. b) Transmisiones intestadas y testadas por el modo de adquirir derivativo sucesión por causa de muerte con asignaciones a título universal, cuando existe sólo 1 heredero. c) Transmisiones intestadas por el modo de adquirir derivativo sucesión por causa de muerte al Fisco, en el quinto orden sucesorio. d) Cesiones por acto entre vivos del derecho real de herencia, cuando son dos o más herederos. e) Cesiones por acto entre vivos del derecho real de herencia, alcanzando el cesionario el cien por ciento de las acciones y derechos sucesorios. VIII. Conclusiones. IX. Bibliografía.

New technologies have the ability to form part of the process of graphic identification of registered properties. They can also expand the principel of speciality (mirror principle) in a different way. A few year ago, the Association fo Registrar began to use Geobase, a new informatic system that helps describe newly registered properties. Through Geobase, the registrars can draw the estates on orthophotos. This possibiilty requires a systematic explanation of how it works and the effects it can have on its publication in the Registry

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1890 del Código Civil chileno, el reconocimiento de la existencia de lesión enorme por sentencia ejecutoriada otorga al contratante vencido en juicio un derecho de opción a mantener vigente el contrato o a consentir en su rescisión. En este último caso, la parte vencida podrá retener una décima parte del justo precio. Tal posibilidad es solo uno de los problemas planteados por los efectos del ejercicio de este derecho de opción y que motiva las reflexiones que dieron lugar a este trabajo. Otra de las inquietudes que trata el artículo es la posibilidad de extender la rescisión por lesión enorme a los bienes muebles y lo innecesario presencia de una causa legal expresa para corregir la lesión contractual. Palabras clave: lesión enorme, equilibrio contractual, recepción de la lesión enorme en el Código Civil chileno

El presente trabajo tiene como objetivo interpretar como el turismo encubre el negocio inmobiliario y genera efectos regresivos en términos del desarrollo local en una localidad de montaña del sur de Chile. Para dicho fin, se toma a los condominios como indicadores del cambio en el marco del post-turismo. El post-turismo puede ser definido como un proceso de transición residencial y reconversión de los destinos turísticos. La transición residencial consiste en elecciones de radicación residencial de la población activa y retirada que migra a nuevos lugares de residencia más amenos y coherentes con el estilo de vida que pretenden, lugares que muchas veces son destinos turísticos. El estudio se aplicó en Pucón, relevando 18 condominios, con un enfoque exploratorio descriptivo, a través de entrevistas semi estructuradas. Esta localidad es uno de los destinos de montaña más atractivos del sur de Chile para turistas nacionales e internacionales y, el cual ha sido elegido por muchos migrantes de amenidad como segunda residencia y/o como inversión. Esto ha generado un incremento en la especulación del negocio inmobiliario, conjuntamente con la aparición de procesos de segregación urbana. Los resultados dieron cuenta que si no se modifican las políticas de uso del suelo y no se trabajan las consecuencias en la competitividad sustentable como destino turístico, Pucón profundizará en la sombra del turismo por la especulación inmobiliaria. PALABRAS CLAVE Post-turismo-migración de amenidad-sombra del turismo-negocio inmobiliario.