Derecho Civil Peruano

El presente trabajo efectúa, en el contexto del derecho del consumo, el diagnóstico de una patología y propone posteriormente algunas posibles soluciones. Aquella es la obsolescencia programada, como fenómeno económico que trastoca los derechos de los consumidores. Se analiza, particularmente, como este fenómeno empresarial vulnera el derecho de los consumidores a que los bienes ofrecidos por los proveedores tengan una duración razonable mínima garantizada. Planteándose posteriormente dos posibles vías de solución que permiten superar el vacío legal existente y que son además, coherentes con el deseo del legislador de proteger eficazmente los derechos de los consumidores

La indignidad y desheredación son dos instituciones del derecho de sucesiones que se remontan al derecho romano. Ambas estuvieron en los tres periodos de codificación peruana, encontrándose actualmente recogidas en el Código Civil de 1984 como dos sanciones civiles a los llamados a suceder por causales taxativas debidamente estipuladas en el Título III de la sección primera y en el Título V de la sección segunda del libro de derecho de sucesiones del mencionado cuerpo sustantivo. En el presente trabajo el autor aborda los antecedentes de estas instituciones jurídicas, así como las semejanzas y diferencias en sus elementos constitutivos y la forma en la que operan.

Este artículo examina los efectos que se generan a partir del pago de una obligación ajena por un tercero, así como el pago con subrogación, ya sea legal o convencional y, finalmente, la cesión de derechos como medio de transferir obligaciones. Los tres institutos tienen en común la desaparición del acreedor original de la obligación y su substitución por uno nuevo que lo reemplaza con distintos efectos según cada instituto.
También se analiza la naturaleza de la acción del acreedor que toma el lugar del anterior, pues en el pago del tercero, la acción es de reembolso, a diferencia de la acción directa que tiene el subrogante en el caso del pago con subrogación y la del cesionario en el caso de la cesión de derechos.

This article examines the effects that are generated from the payment of a third party obligation by a third party, as well as the payment with subrogation, whether legal or conventional and, finally, the transfer of rights as a means of transferring obligations. The three institutes have in common the disappearance of the original creditor of the obligation and its replacement by a new one that replaces it with different effects according to each institute.
It also discusses the nature of the action of the creditor that takes the place of the previous one, because in the payment of the third, the action is reimbursement, unlike the direct action that has the subrogate in the case of payment with subrogation and the transferee in the case of assignment of rights.

RESUMEN Este artículo aborda el tema de las acciones subsidiarias que tiene el acreedor para el cobro de lo que le adeuda su deudor; en tal sentido, analiza la acción subrogatoria y la acción revocatoria o pauliana, y la diferencia que existe entre la acción fraudatoria y la acción de simulación. ABSTRACT This article deals with the subject of the subsidiary actions that the creditor has for the collection of what his debtor owes him; in this sense, it analyzes the subrogation action and the revocation or pauliana action, and the difference that exists between the fraudulent action and the simulation action. INTRODUCCIÓN Las acciones que voy a desarrollar en este breve artículo son llamadas acciones subsidiarias del acreedor, porque normalmente éste persigue el cobro de lo que se le adeuda a través de acciones que dirige directamente contra su deudor, esto es, sin necesidad de tener que acudir a las acciones subsidiarias para luego incoar una acción directa de cobro. En razón de este carácter común que comparten, solo proceden en el supuesto que los bienes del deudor no alcancen para cubrir el pago de sus obligaciones, lo que requiere ser acreditado por el acreedor (hago la aclaración que el sintagma " acción directa " se considera, en otros sistemas, la acción que compete al acreedor para percibir lo que un tercero debe a su deudor, hasta el importe del propio crédito. El acreedor la ejerce por derecho propio y en su exclusivo beneficio).

El autor realiza un pormenorizado análisis del derecho de retención en el ordenamiento nacional concluyendo que esta figura puede ser invocada como pretensión en un proceso autónomo de pago de mejoras y como argumento de defensa de fondo en un proceso de desalojo, siendo necesario en este último caso que la situación que originó el crédito que sustenta su negativa a entregar el bien se encuentre acreditada con anterioridad al proceso. (Revista Actualidad Civil: Número 83)

El Instituto de Investigación para la Ciencias & Humanidades Apex Iuris se complace en presentar a la comunidad, los cuadernos de trabajo de la serie denominada “Derecho & Razón”. Esfuerzos que responden a generar grupos de discusiones especializadas sobre determinadas materias. Difundiendo los trabajos de investigación, con la finalidad de promover discusiones críticas.

La presente serie; pretende ser una plataforma de inicio antes que de ideas acabadas. De investigaciones en borrador que ameritan ser discutidos y glosados por especialistas. Una serie que procura promover y retomar la investigación; para construir nuevos conocimientos y potencializar capacidades contributivas para una mejor sociedad.

La investigación como tal, debe consolidarse como uno de los espacios amados por todo profesional que procura trascender y someterse a la libertad de la crítica más visceral. Permitiendo tener profesionales, con capacidad de renovar ideas y plantear nuevas discusiones.

Asimismo, cabe indicar que la serie “Derecho & Razón” procura que los trabajos de investigación promuevan diálogos horizontales y capacitados para generar discusiones sobre sus postulados. No es una plataforma de publicaciones estáticas en el tiempo; todo lo contrario, dinámicos. Que se sometan a discusiones en mesas de trabajo, se intercambien ideas en sede nacional como internacional. En otras palabras, promover el derecho a investigar y construir razones para decidir por un mejor país.


Finalmente, se brinda un agradecimiento institucional por el tiempo y la amabilidad que tuvo cada autor y autora que contribuyera en cada cuaderno especializado. De igual modo a quienes comentaron la correspondiente contribución desde su experiencia y capacidad académica. Y sobre todo, a quienes dirigen cada sociedad especializada por su dedicación y entero compromiso con la academia y el desarrollo óptimo de la Institución.

Hace algún tiempo atrás vi en la televisión española el caso de una familia que perdió sus tres hijas menores de edad, creo recordar que la mayor no tendría diez años y la menor unos dos. Los hechos fueron los siguientes: dicha familia vivía en una ciudad española en un complejo de viviendas pareadas de buena factura, orientadas hacia los sectores socio económicos medios. Un día, los vecinos de la casa de al lado, afectados por la presencia de ratones, decidieron aplicar un potente veneno a través de un tubo que salía desde su casa. Desgraciadamente dicho tubo estaba ligado al sistema de ventilación de la habitación en que vivían las tres niñas en la casa contigua. Durante esa noche fluyeron hacia el dormitorio de las niñas potentes emanaciones de gas venenoso provocando la muerte de las ellas. Los padres, sumamente afectados, tuvieron que tomar algunos meses de licencia médica, la madre no pudo volver a su trabajo y el padre, constreñido por las necesidades económicas urgentes tuvo que retomar sus obligaciones laborales al cabo de unos meses, sin estar todavía preparado para ello. Los vecinos responsables de la muerte de las niñas, quedaron en libertad el mismo día en que se les practicó el control de detención, se trataba de un cuasidelito y eran personas sin antecedentes penales previos, por lo que no procedía la prisión preventiva. Junto al proceso criminal, los padres iniciaron un juicio paralelo de indemnización de perjuicios en sede civil, el cual se prolongó por más de un año. Entrevistados los padres en la etapa de duelo profundo, señalaban que lo más duro para ellos había sido el escuchar las risas, fiestas y reuniones-normales por lo demás-que durante ese período hicieron sus vecinos, las que podían oír con claridad por lo cercano de ambas viviendas, no pudiendo entender su alegría, en medio de la profunda aflicción que los aquejaba. El problema es que, afectados por una crisis económica familiar, producto de los penosos hechos narrados, y por el evento de que su casa la estaban pagando con crédito hipotecario, no pudieron cambiarse de barrio durante un largo tiempo, padeciendo y sufriendo, no sólo por la muerte de sus hijas, sino por todas las incomodidades adicionales que afectaban su luto y que no podían aliviar. Terminado el juicio civil, que condenó a los vecinos a pagar una elevada suma de dinero, los padres relatan que estuvieron mejor; habían podido mudarse de barrio, la madre había podido acceder a ayuda médica y psicológica más calificada, el marido había dejado de trabajar unos meses con el propósito de acompañar a su mujer en el proceso sanación, e

El artículo trata sobre la simulación absoluta y sobre la inexistencia del acto absolutamente simulado de cara a nuestro Código Civil, que lo considera simplemente como un acto nulo; también toca el tema de la simulación relativa, en la que el acto simulado sirve para esconder otro acto-el disimulado-que puede ser válido si no perjudica el derecho de tercero. Y, finalmente, sobre la licitud o ilicitud en la simulación relativa, eximiendo de tal examen al acto simulado, que por no existir no puede ser considerado ni lo uno ni lo otro. ABSTRACT. The article deals with the absolute simulation and the non-existence of the absolutely simulated act with regard to our Civil Code, which considers it simply as a null act; It also touches on the subject of relative simulation, in which the simulated act serves to hide another act-the concealed act-which can be valid if it does not harm the third party's right. And, finally, on the legality or illegality in the relative simulation, exempting from such an examination the simulated act, which by not existing can not be considered neither one nor the other. I.-EL CONCEPTO DE SIMULACIÓN. El acto simulado es definido pacíficamente por la doctrina como el acto jurídico aparentemente celebrado para que produzca los efectos propios del acto de que se trata, pero íntimamente no querido por las partes. Es el acto vacío de todo contenido. El artículo 190 del Código Civil lo define así: Art. 190 Por la simulación absoluta se aparente celebrar un acto jurídico cuando no existe realmente voluntad para celebrarlo. Cuando se trata de simular un contrato (la figura más frecuente dentro de la simulación) se requiere de un consilium simulandi, esto es, de un acuerdo entre las partes que lo celebran para que el acto no produzca efecto entre ellas. Otro concepto que se estudia en materia de simulación, sobre todo cuando se quiere demostrar la misma, es la causa simulandi, que es la razón o motivo que llevó a

La discapacidad a través de los tiempos ha sido un tema complejo para el ser humano. Las formas de abordaje de este tema han sido también diversos y han ido marcando la pauta en cada momento histórico. En esta tesis, precisamente, se hace primero un recorrido histórico por las distintas formas de entender la discapacidad a través de lo que se denominan los “modelos” de la discapacidad. Se arriba así a una primera idea, según la cual, el modelo social constituye la perspectiva adecuada y que mayor desarrollo ha tenido en los últimos años para entender las necesidades de las personas con discapacidad desde un enfoque de Derechos Humanos.

Partiendo de dicho análisis, también se evidencia de manera concreta cómo es que las clásicas instituciones civiles como la interdicción y la curatela para las personas con discapacidad mental y/o psicosocial comportan una afrenta directa al referido modelo social. En consecuencia, se propone pasar del régimen de sustitución de la voluntad –enquistado en la interdicción y en la curatela– al régimen de apoyo en la toma de decisiones. En este nuevo régimen ya no será un tercero quien decida por la persona con discapacidad, sino que, a la persona se le facilitarán los apoyos que fueran necesarios con el fin de garantizar realmente el ejercicio de su capacidad jurídica.

Para ello la propuesta se enfoca principalmente desde las necesidades de modificación y adecuación normativa que hacen falta implementar tanto en nuestro Código Civil como en el Código Procesal Civil. Asimismo, se da cuenta de los cambios que también hacen falta en regulaciones de otro tipo (como la penal, notarial, etc.) para conseguir una adecuación completa e integral con los postulados del modelo social.

En síntesis, la propuesta aquí plasmada responde al único propósito de devolver el estatus de sujetos de derechos a las personas con discapacidad mental y/o psicosocial, desterrando la anacrónica razón de entenderlas como objetos cuya voluntad debe ser reemplazada por alguien “más capaz”.

El autor pone en evidencia el conflicto que existe entre dos instituciones civiles: el patrimonio El autor pone en evidencia el conflicto que existe entre dos instituciones civiles: el patrimonio familiar, que goza de una especial importancia derivada del régimen de protección y asistencia familiar, que goza de una especial importancia derivada del régimen de protección y asistencia brindado por el Estado a la familia, y la usucapión, cuyo amparo se deriva del derecho fundamental de brindado por el Estado a la familia, y la usucapión, cuyo amparo se deriva del derecho fundamental de propiedad. Sobre el particular, sostiene que cuando estos se contrapongan deberá primar la segunda, propiedad. Sobre el particular, sostiene que cuando estos se contrapongan deberá primar la segunda, en la medida en que los efectos de inalienabilidad e inembargabilidad característicos de los predios en la medida en que los efectos de inalienabilidad e inembargabilidad característicos de los predios afectos a patrimonio familiar no deben extenderse al punto de considerárselos imprescriptibles. Esta afectos a patrimonio familiar no deben extenderse al punto de considerárselos imprescriptibles. Esta tesis es apoyada por un caso análogo resuelto por el Tribunal Registral sobre prescripción adquisitiva tesis es apoyada por un caso análogo resuelto por el Tribunal Registral sobre prescripción adquisitiva de dominio de predios en donde el titular había dispuesto la inmovilización de la partida registral. de dominio de predios en donde el titular había dispuesto la inmovilización de la partida registral.

El presente artículo tiene como objeto el análisis de la interversion del título en la usucapión extraordinaria, así como la incidencia que, en una y otra institución, tiene el principio de buena fe. En ese sentido, se aborda la concepción históricamente subjetiva de la buena fe en la usucapión, para, finalmente, concluir en la necesidad de su valoración objetiva dentro de una concepción nueva y actual de la usucapión extraordinaria, alejada de su antecedente romanístico.

Los «deberes de protección» (Schutzpflichten), en tanto creación de la dogmática alemana, representan una de las categorías más controvertidas que ha ocupado la atención de la doctrina del Derecho Continental durante el siglo XX, perdurando incluso hasta nuestros días. La problemática en torno a ella es sencilla de aprehender pero compleja de tratar; básicamente se trata de discriminar si su violación comporta una responsabilidad civil de naturaleza contractual o extracontractual. Planteado así el asunto, el principal objetivo de este trabajo radica en absolver dicha interrogante pero partiendo de una cuestión previa, a saber, si la categoría en cuestión, en tanto representa una solución esbozada para un sistema foráneo como el alemán, encuentra en el escenario nacional un ambiente propicio para su “recepción mecánica” (a nivel dogmático) o si por el contrario, la especificidad del modelo peruano exige del intérprete una construcción de similar envergadura (pero de distinta configuración) que, aun cuando desde un ángulo técnico-jurídico suponga una disociación conceptual de la figura de los Schutzpflichten, represente, en el fondo (a nivel teleológico), una figura destinada a cautelar los bienes personales y patrimoniales de las partes en la relación de obligación, y que para este efecto adopta la calidad de “deber”. En la medida que esta última clase de deberes logran en nuestro discurso emancipación jurídica de aquellos deberes “creados” por Heinrich Stoll allá en 1932, la problemática que en Alemania se ha mantenido en boga por más de ochenta años (a pesar de la reciente modernización del BGB), encuentra por fin cabida y, sobre todo, legitimidad en un medio como el peruano caracterizado por estudiar la figura en clave comparada pero sin atender con suficiencia la propia realidad del sistema jurídico nacional. A partir de ahí, exponer la naturaleza de tales deberes, distintos de los Schutzpflichten, y fundamentar su adscripción al dominio contractual, supone la máxima a cuyo propósito el presente trabajo se termina conduciendo.

https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/17349

El autor analiza la sentencia emitida en el VIII Pleno Casatorio Civil partiendo de las premisas fácticas que dieron origen al cónclave, la ratio decidendi y las reglas vinculantes establecidas, advirtiendo ausencia de conexión entre aquellas. Considera, además, que los alcances vinculantes del pleno se reducen a admitir a trámite los actos de disposición unilateral de bien conyugal en la vía de nulidad en lugar de la de ineficacia, con excepción de los actos ultra vires. El autor asegura también que no hay un imperativo de declarar todo nulo inclusive si el cónyuge incurrió en mala fe.

En el CCXX Pleno del Tribunal Registral se concluyó que si la sociedad conyugal sujeta al régimen de sociedad de gananciales edifica sobre terreno propio de uno de los cónyuges, se produce la conversión en social de todo el inmueble (construcción y suelo), salvo que se acredite que se mantiene la condición de propio. Sobre el particular, los autores comentan dicho precedente de  observancia obligatoria y explican las razones por las cuales, en estos casos, el suelo propio de uno de los cónyuges se convierte en social. Igualmente, desarrollan el sustrato teórico de la obligación de reembolso a la que hace mención el artículo 310 del Código Civil, afirmando que su exigibilidad se encuentra supeditada a la verificación del hecho futuro e incierto de la disolución del vínculo matrimonial.

La autora propone el estudio de la triada legítima con el fin de analizar la interrelación entre el Derecho de Propiedad, el Derecho Sucesorio y el Derecho de Familia. Es a través de este estudio que identifica la deliberada restricción que impone la legítima que afecta la circulación de bienes y no cumple su objetivo de proteger a la familia, abstracción discordante entre lo regulado por el Código Civil y la actual realidad peruana. Por ello, propone clasificar a las familias en regulada y no regulada, de modo tal que se permita identificar a qué familias protege y a cuáles desampara la regulación actual de la legítima.

Conste por el presente documento, el contrato de mutuo que celebran de una parte, el Sr. __________, identificado con ___________, con domicilio en __________en adelante denominado EL MUTUANTE, y de la otra, la empresa ______, con R.U.C. N° _______, con domicilio en ________en adelante denominado LA MUTUATARIA, de conformidad con los siguientes términos: PRIMERO EL MUTUANTE da en préstamo a LA MUTUATARIA la suma de ______, cancelable en _____ (_____) cuotas mensuales de _____ (_____) cada una, pagaderas del 1 al 5 de cada mes. SEGUNDO La devolución del dinero mutuado debe hacerse en dólares norteamericanos y devengará el interés de _____________. TERCERO El incumplimiento por parte de LA MUTUATARIA de las obligaciones previstas en este contrato, facultará a El Mutuante a dar por vencidos los plazos de las cuotas adeudadas, pudiendo reclamar el pago total de ellas como si fuesen vencidas y exigibles. CUARTO En garantía de la restitución del préstamo, LA MUTUATARIA libra a favor de EL MUTUANTE un pagaré por la suma de ___________________, el cual será restituido al cancelarse todas las cuotas adeudadas. En caso de ser necesario accionar judicialmente, El Mutuante se obliga a accionar por el pagaré o por el presente contrato, pero no por ambos. QUINTO El Sr. ___________________, con DNI N° _________ domiciliado en __________________, se constituye en fiador y principal pagador de todas la obligaciones que surgen del presente contrato, durante la duración del mismo y aún después de vencido, hasta su total cumplimiento, haciéndose expresa renuncia a los beneficios de excusión y división. En los supuestos de ausencia, muerte, incapacidad o falencia del fiador, acreditados estos extremos, LA

Los códigos civiles de Argentina y Perú son de los pocos códigos sudamericanos que han recogido expresamente, aunque con fórmulas distintas, el deber o carga que tiene el acreedor de evitar o mitigar los daños. Atendiendo a esta particularidad, en el presente trabajo, luego de una aproximación general al deber o carga de mitigar los daños en casos de incumplimiento contractual, arribamos a un breve enfoque comparativo de la regulación que dicha figura ha recibido en ambas legislaciones,abordando aspectos referidos no solo a la estructura y contenido de las respectivas reglas, sino vinculados también con la naturaleza jurídica y los fundamentos de la mitigación. Todo ello, con el fin de establecer las semejanzas y diferencias existentes entre las reglas que recogen el deber de mitigar los daños en los códigos civiles de Argentina y Perú, la posibilidad de encontrar un fundamento jurídico común a ambas legislaciones, y la incidencia de dicho fundamento en los alcances interpretativos de las citadas reglas.

Se realiza un estudio del etiquetado frontal en los empaques de alimentos en las regulaciones actuales y de lege ferenda de los ordenamientos chileno, colombiano, ecuatoriano y peruano, cuya finalidad es contribuir a una correcta comprensión y utilización de la metodología comparada, en particular de la figura del trasplante. En este sentido, se proporciona un ejemplo concreto de operabilidad (no necesariamente lograda) de un trasplante. También se destaca que las legislaciones analizadas se alejan
de los modelos europeos y toman como referencia patrones propios de Latinoamérica, contribuyendo a un cambio de paradigma en relación con la tradicional influencia de la normativa extranjera que suele incorporarse en los derechos nacionales latinoamericanos.

This paper analyzes the front-of-pack food labelling, with particular attention to Chilean, Colombian, Ecuadorian and Peruvian regulations (also de lege ferenda regulations). The aim is to contribute to a better understanding and use a comparative methodology, in particular of the figure of the legal transplant. In that sense, a concrete example of operability (not necessarily achieved) of a transplant is provided. The work also shows that the analyzed legislations are far from European models and take Latin American standards as a reference, contributing to a paradigm shift in relation to the traditional influence of foreign regulations that is usually incorporated into Latin American national systems

Pues bien, receptando el pedido de la dirección de la obra, en el presente trabajo nos proponemos analizar brevitatis modo la noción de consumidor inmobiliario a partir de las herramientas legales incluidas en el Código Civil para ingresar luego en la ley 24.240, denominada Ley de Defensa del Consumidor (LDC), concluyendo en la reciente modificación producida por la ley 26.361, poniendo énfasis en el ámbito objetivo y subjetivo. Luego, con aquél soporte conceptual, pondremos la lente de aumento en los llamados vicios, su regulación, sus consecuencias, y sus eventuales proyecciones dentro del articulado del estatuto del consumidor, atento la escasa regulación allí contenida. Por último, confrontaremos los dos métodos de interpretación, actualmente en boga en el universo jurídico, y brindaremos nuestra posición en torno al tópico.

La autora analiza la limitación que representa la institución de la legítima para las familias a partir del reconocimiento de nuevas formas de familia que establece la STC Exp. N° 09332-2006-PA/TC, lo que evidencia la discordancia entre lo regulado por el Código Civil y la realidad peruana. En consecuencia, propone una nueva clasificación que permita identificar a los denominados legitimarios y dejar en evidencia la necesidad de modificar la institución con el fin de facilitar un mejor ejercicio del derecho de propiedad.

El autor discrepa con el criterio asumido por la Corte Suprema por el cual la acción de mejor derecho de posesión se encuentra regulada bajo la denominación de acción posesoria en los artículos 601 del Código Procesal Civil y 921 del Código Civil, pues considera más bien que dicha acción es un realidad, el desalojo, y que el llamado mejor derecho de posesión es una acción atípica, a partir de un análisis histórico-comparativo. (Revista Actualidad Civil:  Número 73)

El saneamiento propiamente dicho comprende aquellos defectos de derecho (evicción) o de hecho (vicios redhibitorios) aplicable en principio a los contratos onerosos. Se trata, de la denominada garantía de saneamiento, que es un género que admite como especies a la evicción y a los vicios redhibitorios, institutos de origen romano, que se mantienen vigentes en nuestro derecho privado. En esta oportunidad, nos proponemos analizar la noción clásica de la acción estimatoria, como una de las opciones que tiene la parte contractual, dentro de los vicios redhibitorios, a fin de obtener una reducción parcial del precio y al mismo tiempo quedarse con el bien defectuoso en virtud que todavía mantiene utilidad. De este modo, brevitatis modo, realizaremos un ejercicio comparativo con el Código de Vélez y su omisión en el Código Civil y Comercial, para sacar conclusiones en torno a su posible interpretación.

En el presente articulo el autor define la Regulacion entendiendola como un concepto complejo que requiere un analisis economico, social, juridico y politico que posibilita la intervencion estatal en la actividad economica y social con la finalidad de remediar fallas de distinta naturaleza tales como las fallas de mercado, la necesidad de resolver los problemas publicos mediante politicas publicas, la satisfaccion del interes general mediante las reglas y la exigibilidad de las mismas, las fallas de mercado y la vigencia de los derechos y proteccion de la salud, ambiente y seguridad. el autor tambien hace referencia a las potestades del regulador, con un especial enfasis al enforcement para la orientacion de la conducta mediante distintas tecnicas de calidad reactivas o proactivas para el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias.