Legislacion

Es imperioso y urgente encarar una profunda reforma del sistema de salud en la Argentina. La fragmentación y la complejidad del mismo son un obstáculo para el acceso al derecho humano a la salud en forma equitativa por gran parte de la población. En este breve trabajo, realizamos una síntesis de la situación del sistema y proponemos algunas lineas centrales de una eventual reforma.

El  presente  texto  tiene  como  objetivo  analizar  los  procesos  y  mecanismos  de  diferenciación  de  la  población  extranjera,  en  concreto  de  las  mujeres  migrantes  de  nacionalidad  extranjera  extracomunitaria,  que  se  producen  a  partir  de  la  legislación  sobre  empleo  de  hogar.  Desde  las  historias  de  vida  de  quince  mujeres  se  abordará  cómo  las  prácticas  y  representaciones  sociales  que  se  generan  en  la  propia  legislación  construyen  a  sujetos  etnificados  y  laboralmente  degradados.  Estas  mujeres  son  repre-sentadas  como  colectivo  feminizado,  homogéneo  e  inferiorizado  en  tanto  que  en  el  ámbito  del  empleo  de  hogar  confluyen  distintos  ejes  de  opresión  que  no  son  corregi-dos desde la legislación. Este análisis pondrá de manifiesto que a pesar de que muchos de estos procesos de diferenciación se interconectan con elementos de carácter estruc-tural,  la  naturalización  de  la  desigualdad  se  elabora  desde  prácticas  concretas  que  no  solo se agotan en lo normativo.

Los vínculos y relaciones entre los poderes que conforman
el Estado son a menudo objeto de controversias. El ideal
de un equilibrio entre ellos no es fácil de lograr y sostener,
como observó Carlos Nino al calificar al sistema político
argentino como hiperpresidencialista

El presente artículo, elaborado por Horacio Cao, ofrece una propuesta muy relevante para esta cuestión: la creación de una Oficina de Análisis Costo / Beneficio de Legislación (OACBL).

El texto consiste en un informe acerca de los resultados de
una prueba piloto para un organismo de este tipo, realizada en la Provincia de Buenos Aires entre 2018 y 2019. En ese período, Cao trabajó junto con un equipo de funcionarios en el estudio de nueve proyectos de leyes provinciales, en base a los cuales se desarrollaron sendos documentos. A partir de ello, se construyó un Manual de Procedimientos y se ideó una potencial estructura para la OACBL.

En la primera sección del texto, el autor presenta algunas
cuestiones acerca del rol de la legislación en el desarrollo
de políticas públicas, así como el rol que puede cumplir el
análisis costo / beneficio en la toma de decisiones, al proveer un marco conceptual e información empírica. Es importante destacar que la propuesta se orienta hacia una mejora en la calidad de vida de la ciudadanía, articulando la eficiencia interna del sector público con la concepción de un estado presente, que busca la equidad social.

El segundo apartado está dedicado al análisis costo / beneficio. El autor desarrolla en forma clara y rigurosa esta cuestión; parte, para ello, de la «Ecuación General de Costo» empleada en la empresa privada, y se ocupa
de las principales modificaciones que se precisan para su aplicación en la Administración Pública. Los beneficios deben ser considerados desde una perspectiva distinta a la de la mera ganancia empresarial.

En la cuarta parte del artículo, se hace hincapié en el propósito de la OACBL: transformar el vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo de modo que ambos se beneficien; el primero, por contar con mejores instrumentos de gestión pública; el segundo, preservando su autonomía. De esta manera, se busca generar un círculo virtuoso en el Estado, que redunde en una menor
conflictividad entre los poderes y, en consecuencia, en políticas públicas de mejor calidad. Cao presenta con gran atención a detalles el trabajo de la prueba piloto, que consistió en sucesivos replanteos de la metodología aplicada, hasta lograr finalmente el desarrollo de un Manual de Procedimientos.

El artículo concluye con tres anexos, que resultan de gran interés, debido a que permiten un acercamiento al complejo trabajo realizado en las pruebas piloto. En estos apartados finales, se incluyen el Manual elaborado, las estructuras propuestas para la OACBL y un informe testigo
de una de las 9 leyes analizadas. De este modo, es posible comprobar la alta relevancia de este proyecto para la Administración Pública Nacional, que Cao justifica en forma convincente y con gran rigor académico.

Atrincheramiento Legislativo ¿Puede el Congreso crear supuestos de mayorías agravadas?  SUMARIO: i. Introducción.-ii. Marco teórico.-iii. i
Interpretación literal.-iv. Perspectiva democrática.-v. Perspectiva federal.-vi. otras proyecciones.-vii. Alternativas de control.

El presente trabajo trata de esbozar a lo largo de las páginas siguientes la evolución del sistema educativo español a través de su legislación desde que se iniciase el régimen de Franco en 1939 hasta la LOGSE [1990] pasando por la transición democrática, en un recorrido sustancial por la Ley de Enseñanzas Medias [1953], LGE [1970], LODE [1985] y LOGSE [1990]  – entre otras –  así como por los sucesivos ministerios, destacando el de Ruiz – Giménez  [1951 – 1956] o el de Villar Palasí [1968 – 1973]
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The present work tries to outline along the following pages the evolution of the Spanish educational system through its legislation since the Franco regime began in 1939 until LOGSE [1990] passing through the democratic transition, in a travel substantial way by the Law of Average Education [1953], LGE [1970], LODE [1985], LOGSE [1990]  – among others –  as well as by successive ministries, highlighting that of Ruiz – Giménez [1951 – 1956] or that of Villar Palasí [1968 – 1973]

Durante la Guerra Civil, ambos bandos desarrollaron una importante organización de sanidad militar, que se materializó en una red de hospitales y clínicas distribuidas por todo el territorio. Sin embargo, tras el fin de la guerra, la mayoría de los edificios cayeron en abandono o volvieron a su función original como escuelas o conventos, olvidándose lo que ocurrió en ellos. Desde que Pierre Nora acuñó el término <<lugar de memoria>>, y más aún, desde que la legislación española en materia de Memoria Histórica incluyera este concepto en sus artículos, muchos vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura se han catalogado como <<Lugares de la Memoria Histórica>>. Sin embargo, no ha sucedido así con los hospitales militares a pesar de ser testigos materiales mudos del conflicto en los que se creó Memoria y se hizo Historia. Esta falta de consideración como lugar de memoria supone una serie de problemáticas con graves consecuencias, llegando al extremo de la desaparición de estos espacios. Así pues, es necesaria una reivindicación del papel fundamental de estos hospitales, para que dejen de ser lugares olvidados de memoria.

El plan de salud mental en Bolivia no está actualmente incluido en la legislación sobre salud mental, ni cuenta con un marco legal, a pesar que en 2014 se propuso un cambio normativo destinado  a brindar protección y apoyo en caso de admisiones hospitalarias, en el tratamiento y cuidado de las personas afectadas por trastornos mentales. En el ámbito de la salud mental, aún  hay necesidad de  una praxis adecuadamente financiada,  normada y basada en los derechos de los pacientes. Se debería dar la prioridad a la atención en salud mental en el contexto de la atención primaria, salvaguardando la autonomía de todos los pacientes, incluso aquellos encarcelados, los  grupos vulnerables y aquellos entregados al cuidado de  personas cercanas.

Traducción libre de artículo original en inglés:
Mental health law in Bolivia
Anne Aboaja,1 Guillermo Rivera Arroyo,2 and Liz Grant3
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La influencia de la historiografía tradicional en el estudio de la Iglesia, ha provocado que algunos autores vean a las reformas eclesiásticas como emanadas sólo de la autoridad de los obispos. Por lo mismo, las políticas de la Corona suelen presentarse como antagónicas a los intereses de los prelados o, cuando no es así, como el simple resultado de las demandas planteadas por éstos. Con la intención de responder a esa tendencia, en este trabajo se pone de relieve la necesidad de atender al estudio de la política eclesiástica de Felipe II para las Indias, contenida en el libro “De la gobernación espiritual”.
  Ese texto, escrito por el licenciado Juan de Ovando en torno a 1568, se compuso luego de haberse valorado el estado y la situación política de las colonias americanas, la legislación real dictada hasta esos momentos y las necesidades económicas de la monarquía. Por otra parte, a manera de paráfrasis del concilio de Trento, su intención fue servir de base a los concilios provinciales que se celebrarían en América, pues como ellos, en sus decretos se pretendió dar solución a los problemas y necesidades más imperantes de las diócesis.
    Así, en esta ponencia, se atiende al origen del libro ovandino y a la opinión que de él tuvieron los estudiosos de los códigos jurídicos indianos. A continuación, se refieren los ejemplares conocidos y las reformas más radicales allí planteadas, para, finalmente, mostrar su contenido y el alcance de su reforma.

La ausencia de legislación nacional para proteger los derechos del embrión ha ocasionado que las Cortes Internacionales intervengan en la materia. Así, los derechos del embrión han sido analizados en el marco de los tratados internacionales de derechos humanos, lo cual se ha traducido en un escenario donde un mayor reconocimiento a los derechos de la persona parece conllevar al detrimento
del estatus de protección que se brinda al embrión. Es posible que ese patrón competitivo entre los derechos de la persona humana y los del embrión no sea real, sino un resultado artificial derivado de una omisión legislativa que debe solucionarse desde la perspectiva del Derecho y la Bioética.

La legislación española y sus políticas públicas para la inclusión educativa han sido un ejemplo de vanguardia en el tema para todos los países latinoamericanos. En México, este tipo de políticas se han ido implementando paulatinamente. Este capítulo tiene el objetivo de describir las políticas ibéricas que han sido referencia en Latinoamérica, así como el desarrollo de tal normatividad en México, mostrando el contexto que nos ha llevado hasta este momento en el tema de la inclusión educativa, sobre todo, para personas con autismo.

Resumen: La escalada de homicidios violen-tos de mujeres cometidos por hombres en las dos últimas décadas en América Latina ha obligado a muchos países de la región a tipificar el crimen de homicidio de género como «feminicidio» (o «femicidio»). Su objetivo era concienciar y disminuir así el número de feminicidios cometidos cada año; sin embargo, aunque la tasa de feminicidio disminuyó en muchos países, volvió a aumentar en los años siguientes. En este estudio, se ha generado un conjunto de datos sobre la tasa de feminicidio entre 2000 y 2014 y se ofrece un análisis de los factores de influencia. Se constata que la criminalización (o tipificación) del feminicidio no es significativa para predecir la tasa de feminicidio; en cambio, niveles bajos del Estado de derecho y la falta de representación de la mujer en organismos de toma de decisiones, como los parlamentos nacionales, aparecen como los factores más relevantes para explicar la variación de las tendencias en feminicidios.

Abstract:
The escalating number of violent female homicides committed by men over the last two decades has compelled many Latin American countries to classify (typify) the crime of gender-based homicide as "feminicide" (or "femicide"). Their objective was to raise awareness and thereby decrease the number of feminicides committed per year. However, although the rate of feminicide fell in many countries, it rose again in subsequent years. In this study, a dataset was built on the rate of feminicide between 2000 and 2014, and an analysis is made of influencing factors. The crimi-nalisation (typification) of feminicide is not found to be significant to predict the rate of feminicide. Instead, low levels of the rule of law and a lack of female representation in decision-making bodies such as national parliaments are found to be the most significant factors in explaining the variation in feminicide trends.

Formulación Farmacéutica según las Legislaciones Española y Dominicana: especialidades farmacéuticas, fórmulas magistrales y oficinales, farmacovigilancia, equipamiento de la oficina de farmacia, envasado y etiquetado, documentación y materias primas.

Estudio legal, 2015.

Los países de América Latina han estado a la vanguardia del desarrollo normativo del derecho a la alimentación y Centroamérica es una de las regiones que más ha avanzado con la adopción de leyes en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).
Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de los marcos jurídicos en la región, y tomando como referencia el enfoque de derechos humanos, este estudio presenta un análisis comparado de la legislación de SAN en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (países del CA-4). El documento analiza las disposiciones constitucionales y el contenido de las leyes SAN en dichos países y a escala regional, estudia el marco institucional y las facultades de los organismos de integración centroamericana y foros parlamentarios. Las conclusiones y recomendaciones que se presentan en este informe toman como base las obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos e identifican ciertos avances y desafíos en la legislación nacional.

Disponible en: Español

Este trabajo ofrece un amplio panorama conceptual y de derecho positivo relativo a la participación ciudadana en el ordenamiento jurídico chileno. Su objetivo es descriptivo, sin perjuicio de lo cual, en algunos pasajes se efectúa un ejercicio crítico, dado el evidente rezago de Chile en cuanto a un verdadero sistema de participación ciudadana que cumpla los estándares de tal en el marco del régimen democrático de gobierno.
El estudio abarca la normativa constitucional y legal. Una perspectiva que aborda las formas de participación de carácter general, como la que se regula en los gobiernos regionales y en la administración comunal, o las implicadas a propósito del derecho a la información pública, se cruza con otra que registra algunas formas específicas de participación establecidas en determinados ámbitos sectoriales, como en la evaluación de impacto ambiental, el proceso de aprobación de los planos reguladores urbanísticos y lo relativo al asociacionismo de beneficio público, vecinal, comunitario, deportivo, religioso, indígena, gremial, de consumidores, entre otros.
Cabe advertir que el proyecto se realizó durante el año 2009 y que, en febrero de 2011 se dictó la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Este cuerpo legal reguló por primera vez el derecho constitucional de asociación, modificó aspectos sobre participación ciudadana de la legislación municipal y creó normativa nueva y significativa -aunque insuficiente- en el ámbito de la administración del Estado, reconociendo el derecho de todas las personas a participar en las políticas, planes, programas y acciones del Estado y estableciendo algunos mecanismos de participación ciudadana en los órganos estatales. Esto último fue incorporado a la Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado. Hechas estas salvedades, el estudio mantiene su vigencia a la fecha de este resumen (abril de 2021).
El trabajo se desarrolló en el marco del proyecto "Inventario de Metodologías de Participación Ciudadana en el Desarrollo Urbano", ejecutado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con la colaboración de un equipo de investigadores de la P. Universidad Católica. Los diversos productos de la investigación fueron sistematizados y publicados con el mismo título en forma de libro por dicho Ministerio. Directores del proyecto: Tatiana Acuña (MINVU) y Francisco Sabatini (PUC).
El texto del autor está en el Anexo del libro referido subido a este sitio, págs. 138-180.

El marco regulatorio que define el uso de la tierra en las zonas de protección de los recursos hídricos en Costa Rica es inconsistente y disperso. Como menciona Fallas (2008), los entes reguladores en materia de protección y uso de los recursos hídricos en Costa Rica se encuentran dispersos en distintas instituciones que definen sus propios lineamientos, prioridades y planes de desarrollo. En el manejo de los recursos hídricos están involucrados el Ministerio de Ambiente y Energía, por intermedio de varias de sus dependencias: el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el Departamento de Aguas y el Tribunal Ambiental; el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (Senara), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y las municipalidades. Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su voto #04-001923, señala lo siguiente: “En nuestro sistema jurídico no existe un único cuerpo normativo sistemático y coherente que regule de forma global la protección, extracción, uso, gestión y administración eficiente de los recursos hídricos. Adicionalmente, la poca legislación existente se centra, preponderantemente, en las aguas superficiales, obviando a las subterráneas. Como es propio y consustancial al Derecho Administrativo, se puede constatar en esta materia una dispersión normativa y un conjunto fragmentado, caótico y ambiguo de normas sectoriales que regulan aspectos puntuales, quedando serias lagunas y antinomias, todo lo cual también dificulta, seriamente, la gestión ambiental por parte de los entes públicos encargados de la materia”. Aunado a un marco regulatorio ineficiente, el avance de la frontera agropecuaria es la causa principal de la degradación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos debido a la erosión y escorrentía de químicos que este avance provoca. El conocimiento existente indica que las actividades agropecuarias deterioran la calidad del agua mediante sedimentos, pesticidas, heces, fertilizantes y otras fuentes de materia orgánica e inorgánica (FAO 1996). El impacto en la calidad del agua generado por el uso intensivo de la tierra y la creciente aplicación de fertilizantes, se agrava cuando las franjas ribereñas o zonas de amortiguamiento han sido transformadas en pasturas o tierra arable (UNEP 2004). La protección del recurso hídrico, el mantenimiento de su calidad y continuidad dependen, en gran medida, de las regulaciones establecidas para su manejo. Es por ello que las zonas de protección del recurso requieren de una regulación que aborde, con una buena base técnica, el ancho de las franjas ribereñas, el ancho y tipo de los cauces, aspectos hidrogeológicos de los acuíferos y los usos en terrenos adyacentes a los cuerpos de agua. Es preciso definir qué actividades se permiten en estas áreas e incentivar el mantenimiento de las funciones ecológicas que subyacen a la provisión del recurso. En Costa Rica existen varias leyes que delimitan las áreas de protección del recurso hídrico; entre ellas, la Ley Forestal, Ley de Biodiversidad, Ley de Tierras y Colonización, Ley de Aguas y Ley de Salud. La Ley Forestal no. 7575 define las franjas requeridas según la pendiente y el tipo de cuerpo de agua: naciente, zona de recarga y acuíferos de manantiales, ribera de ríos, quebradas y arroyos, y ribera de lagos y embalses. De acuerdo con los Estándares de sostenibilidad para manejo de bosques naturales definidos en la Ley de Biodiversidad, en áreas con pendientes mayores al 60% no se permite el aprovechamiento maderable con tractor de oruga, sino que debe utilizarse otro método que asegure la conservación del suelo del bosque. El objetivo de este estudio fue mostrar que una modificación a la Ley Forestal no. 7575 requiere de una base técnica que promueva la conservación del recurso y que, a la vez, posicione a Costa Rica en un ámbito competitivo frente a otros países con quienes tiene convenios y relaciones comerciales. Con este fin, se hizo una revisión bibliográfica exhaustiva para analizar en detalle la base técnica de las funciones de las franjas ribereñas, los servicios ecosistémicos provistos por estas áreas y los anchos mínimos de franja requeridos para mantener la continuidad y calidad del recurso hídrico, así como el equilibrio de los ecosistemas ribereños. Asimismo, se revisaron las leyes ambientales de varios países con los que Costa Rica mantiene convenios comerciales, con el objeto de identificar las regulaciones existentes para el uso de la tierra adyacente a los cuerpos de agua. Es posible observar que, en la mayoría de los países, los requerimientos legales sobre el uso de las franjas ribereñas carecen del sustento técnico necesario para asegurar el equilibrio de estos ecosistemas. En consecuencia, surgen conflictos de intereses sobre el uso de la tierra en estas áreas debido a que los asuntos de competitividad se contraponen a la conservación del recurso hídrico. A partir de la información recopilada y analizada, se elaboró una propuesta para la modificación de los artículos 33 (Áreas de protección) y 34 (Prohibición para talar en áreas protegidas) de la Ley Forestal no. 7575 de Costa Rica. Esta propuesta se sometió a consulta en un taller con expertos (Anexo 3); de allí salió una propuesta enriquecida y, además, la definición de infracciones y sanciones a aplicarse en caso de delitos ambientales relativos al manejo y uso del recurso hídrico.

El aumento de casos de divorcio y separación, así como el alto número de niños y niñas que nacen y crecen fuera del contexto de una pareja que cohabita de manera constante, ha hecho que el tema del cuidado personal, la custodia y las visitas a los niños y las niñas abra un intenso debate en Colombia.
Este libro busca darles herramientas a los individuos y parejas que están pasando por esta situación, así como a los operadores jurídicos, para tomar decisiones en estos contextos, mostrando cuáles son las normas aplicables y las principales creencias que actualmente subyacen a estas decisiones. A través de entrevistas y encuentras a abogados, jueces y usuarios, llegamos a importantes conclusiones preliminares sobre cómo funciona el derecho en este tema.
Los participantes del sistema están de acuerdo en que es importante darles mayores herramientas de conocimiento y de implementación a los jueces, reducir la aproximación beligerante de los abogados y aumentar el conocimiento del derecho que tienen los usuarios. Actualmente, el pobre funcionamiento del sistema lleva a que muchos individuos tengan que soportar altas dosis de violencia de parte de su pareja para poder tener la seguridad de mantener el contacto con sus hijos.

En el proceso de posacuerdo, Colombia atravesará escenarios que corresponden a fenómenos como las mafias organizadas, la corrupción, el control territorial por parte de bandas criminales y los nuevos conflictos surgidos de la ilegalidad. Como contribución al debate sobre las salidas democráticas de estos problemas, se presentan artículos sobre cuestiones neurálgicas relacionadas con la formación de lo público-político en Colombia, el paramilitarismo como forma de violencia en el país y la crisis sociocultural generalizada de la sociedad colombiana.

El autor desarrolla un breve repaso sobre los giros que ha dado el concepto de "servicio público" en la historia, para llegar finalmente a la concepción adoptada por el ordenamiento peruano.

Autor(es): Huapaya Tapia,Ramón
Revista: Derecho &Sociedad (ISSN: 2079-3634)
Fecha de publicación: Enero 2011

URL: http://hdl.handle.net/10757/604686

Pequeño artículo sobre los primeros restos arqueológicos romanos encontrados en Sant Joan d´ Alacant y de las peripecias que debemos realizar los arqueólogos debido a la legislación vigente y a la falta de sensibilidad, para poder realizar nuestro trabajo.

La delegación legislativa es un instituto cuya historización y análisis lo revela como un fenómeno jurídico inherentemente complejo. Su tratamiento jurisprudencial, muy peculiar, se ha manejado con eufemismos y con doctrinas receptivas cuyo sentido difícilmente pueda entenderse con corrección desde un puro normativismo silogístico.

Por eso este trabajo pretende abordarlo buscando una comprensión más general del tema a la luz del derecho comparado -asumiendo la identidad con el sistema matriz, dado por la Constitución americana y por las líneas sentadas por su Corte Suprema en casos como “Hampton” y “Chevron”- y de la correlativa evolución de las doctrinas y prácticas que en nuestro país han ido escalonándose en la etapa previa a su recepción constitucional de 1994.

A través de un análisis dualista, que busca distinguir delegaciones de administración y delegaciones de emergencia, queremos poner a prueba el modelo propuesto y entrever sus consecuencias teóricas y políticas, cotejar la plausibilidad de concordar ese enfoque con la trabajosa hermenéutica del artículo 76 de la Constitución Argentina y la reciente ley 26.122 que instituye la Comisión Bicameral encargada de su contralor.

Este trabajo lleva a cabo un análisis comparativo de la proyección y aplicación legislativa sobre los usos del agua en los estados mexicanos de Jalisco y Oaxaca. Especialmente, después la instrumentalización del Decreto Número 696 de Jalisco del 19 de septiembre de 1895 y la Ley sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de Oaxaca del 28 de enero de 1905. Ambos instrumentos jurídicos supusieron una estrategia legal de los estados, ayuntamientos y municipios frente a los intentos del gobierno federal por controlar las concesiones y jurisdicción del agua en el territorio mexicano. De esta forma, subrayaremos las diferencias de las acciones emprendidas por los gobiernos estatales y locales frente a un proceso nacional que buscó nacionalizar y controlar las corrientes de agua en los estados.

La aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador (2013) alertó a los
periodistas y medios de comunicación. El artículo No. 42 que cita el derecho a la
profesionalización hizo que consideren a la ley como un potencial daño al derecho a la
comunicación, y que obligaría a algunos a volver a las aulas universitarias.
El presente artículo evidencia la cobertura geográfica de la oferta universitaria vinculada
con la comunicación y lo relaciona con los resultados de la Encuesta Nacional de
Trabajadores y Profesional de la Comunicación (Cordicom, 2014), organismo
gubernamental preocupado por la profesionalización.
En Ecuador el ejercicio de la comunicación está marcado por la ausencia de un título
profesional, fuertes críticas a los medios y negativos informes de la Libertad de
Expresión, que revelan la aplicación de mecanismo del control y censura por parte del
Gobierno de turno. La oferta universitaria también tiene algunas deficiencias.

El mecanismo de descargue de comisiones, como método expreso para llevar a votación proyectos de ley sin la necesidad de trámites legislativos anteriores, está sumamente arraigado al proceso parlamentario. Sin embargo, a diferencia de la jurisdicción Federal, en Puerto Rico acarrea rango constitucional y ha sido utilizado sin regulaciones desde su integración a partir de la aprobación de la Ley Jones. Este artículo pretende aportar mediante una óptica histórica-legal del mecanismo, su análisis y recomendaciones regulatorias, que ayuden a salvaguardar la integridad del proceso legislativo de las consideraciones inherentes del sistema de gobierno Republicano.

En el marco de la conmemoración de los cien años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un grupo de investigadores del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales (CICSER) de la UAEM se dio a la tarea de propiciar una reflexión colectiva desde las perspectivas teórico metodológicas que caracterizan a los Estudios Regionales. En los textos que conforman esta compilación se va más allá de recordar la efeméride: se problematizan y debaten las implicaciones de la vía constitucional y de los procesos legislativos que se han dado en México y su regiones en los últimos trescientos años. En esta obra, los autores nos presentan trabajos que relacionan las instituciones y las leyes con las sociedades que las generaron, los momentos históricos en que surgieron y las finalidades que persiguieron. Si bien el universo del constitucionalismo y la legalidad usualmente es concebido como una manifestación acabada de los ideales de una sociedad, en realidad se encuentra articulado con circunstancias complejas que sólo pueden explicarse como el resultado de un mundo extra jurídico vigente para cada sociedad, variable de región a región y mediado por aspectos históricos específicos del entorno político-cultural-geográfico que lo generan.