MIRADAS
TRANSDISCIPLINARIAS
DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Y EL DESARROLLO LOCAL
Tomo I
Gilberto Avilez Tax
Juana Jiménez Jiménez
Carlos Interián Sandoval
(Coordinadores)
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
Cuerpo Académico de Políticas Públicas y Desarrollo Local,
UIMQR-CA-6
2020
III
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
DIRECTORIO
Profesor Rafael Pantoja Sánchez
Encargado del Despacho de Rectoría y Representante legal
M.C María Luisa Raygoza Alcocer
Responsable de la Dirección Académica
M. C Juana Jiménez Jiménez
Coordinadora de la Licenciatura en Gestión Municipal y Líder del
Cuerpo Académico de Políticas Públicas y Desarrollo Local.
Integrantes del Cuerpo Académico participantes en la coordinación del
libro:
Dr. Gilberto Antonio Avilez Tax
M.C Juana Jiménez Jiménez
M.C Carlos Valentín Interian Sandoval
Colaboradores:
Dra. María Isabel Oble Delgadillo
Ing. Edwin Alejandro Puc Hau
Edición:
Dr. Gilberto Antonio Avilez Tax
Diseño de la portada:
Luis Antonio González Silva
ISBN-10: 979-8518829336
ISBN-13: 8518829336
Primera Edición 2020
Impreso y hecho en México
Los trabajos que integran este libro fueron sometidos a un proceso de
arbitraje doble ciego.
Se prohíben la reproducción total o parcial de esta obra y su
transmisión por cualquier medio, actual o futuro, sin el consentimiento
expreso por escrito los coordinadores.
IV
ÍNDICE
PRÓLOGO................................................................ V
Dr. Adán Guillermo Ramírez García
BREVE INTRODUCCIÓN: EL COMPROMISO DE LA
CIENCIA ................................................................VII
Gilberto Avilez Tax
DE LA DISPERSIÓN A LA CENTRALIZACIÓN DE LAS PP
PARA EL CAMPO ..................................................... 3
Julio Baca Del Moral
Venancio Cuevas Reyes
Pilar Barradas Miranda
CLÚSTER DE EMPRESAS CREATIVAS: EL CASO DE LAS
EMPRESAS DE PUBLICIDAD Y DISEÑO GRÁFICO EN LA
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA .......... 19
Noé René Luna Plascencia
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CAPITAL HUMANO EN
MÉXICO ................................................................ 33
Sophie Leandre
Daniel Alberto Arceo Ek
RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS CONTRA LA
MARGINACIÓN SOCIAL Y DESIGUALDAD A TRAVÉS DE
LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE
DESARROLLO COMUNITARIO EN OAXACA ............ 61
Laura Irene Gaytán Bohórquez
Verónica González García
Elsa Olivia Urbieta Santos
XI
COOPERATIVAS EN QUINTANA ROO Y SUS
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN: CONSORCIO
CORPORATIVO DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES
EN FORESTERÍA S.C. DE R.L. “CHICZA”................79
Samantha Guadalupe Montero Ku
EL INGRESO MUNICIPAL Y LA MEDICIÓN DE LA
POBREZA EN QUINTANA ROO, MÉXICO .................93
Eustacio Díaz Rodríguez
José Manuel Meneses Domingo
J. Jesús Reyes Ramírez
Corina Santana Duarte
VULNERABILIDAD Y POBREZA INFANTIL EN LA REGIÓN
PUNTO PUT DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN .......107
Beatriz Ximena Gómez Ballesteros
SUDZAL, YUCATÁN: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA
CONSERVACIÓN DEL ACUÍFERO MUNICIPAL .......125
Adolfo Iván Batún Alpuche
Gabriela Echeverría Dzib
Rebeca Tun Tuz
DIAGNÓSTICO DEL BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA
DE XALAPA, VERACRUZ: BASE PARA EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE ..135
Liliana Francisca Guzmán Flores
Ana Cecilia Travieso Bello
LA CHAYA EN LA PRODUCCIÓN Y LA CULTURA EN LA
PENÍNSULA DE YUCATÁN ....................................151
María Isabel Oble Delgadillo
Juana Jiménez Jiménez
XII
CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES POR EL USO Y
ACCESO A LOS RECURSOS NATURALES COSTEROS. EL
CASO DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA DE RÍA DE
LAGARTOS .......................................................... 167
Rocío Carolina Murguía Argüelles
AUTONOMÍA FINANCIERA DE LOS GOBIERNOS
ESTATALES Y DESARROLLO ENDÓGENO ............ 179
Armando Augusto Duarte Peraza
Karen Hazel Moreno Hernández
ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL
INGRESO EN MÉXICO 2000 – 2010 ..................... 197
Carlos Alberto Moreno Rodríguez
Víctor Manuel Ramírez Cua
BREVES APUNTES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL
ESTADO EN EL SIGLO XIX Y SUS CONTINUIDADES EN
EL XX ................................................................. 213
Gilberto Avilez Tax
Carlos Interián Sandoval
EL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES
DESDE LAS POLÍTICAS INTERNACIONALES DE LA OCDE
(2010-2016)......................................................... 231
David Castro Porcayo
DESAFÍOS DEMOCRÁTICOS PARA EL DISEÑO DE
AGENDAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EN
QUINTANA ROO................................................... 249
Tania Libertad Camal-Cheluja
Juan Carlos Arriaga-Rodríguez
XIII
MIRADAS
TRANSDISCIPLINARIAS
DE LA GESTIÓN
PÚBLICA
Y EL DESARROLLO
LOCAL
Tomo I
1
DESAFÍOS DEMOCRÁTICOS PARA EL
DISEÑO DE AGENDAS PARA EL
DESARROLLO MUNICIPAL EN QUINTANA
ROO
Tania Libertad Camal-Cheluja54
Juan Carlos Arriaga-Rodríguez55
Resumen
Partiendo del paradigma del desarrollo humano como faro
orientador de los programas de desarrollo de los gobiernos de
todos niveles, el presente capítulo presenta el paso de una
agenda tradicional a una agenda integral del desarrollo
municipal. Una agenda tradicional municipal se evidencia a
través de un conjunto de acciones locales con las que una
administración provee servicios básicos. En contraste, la
agenda integral implica que los ayuntamientos deben realizar
tareas más abarcadoras que van desde el fomento de la
participación ciudadana, pasando por la promoción de
valores y actitudes políticas hasta el fomento del desarrollo,
con la innovación en la gestión y a través de la articulación
de políticas públicas. Se sostiene que el desarrollo de una
gobernanza de proximidad o participativa es una base
fundamental para el restablecimiento del tejido social y de la
confianza ciudadana en los gobiernos, en un contexto de
transformación democrática.
Introducción: sobre el desarrollo humano en las políticas
públicas
Actualmente, la mayoría de los gobiernos del mundo han
abrazado el enfoque de desarrollo humano como paradigma
orientador de sus políticas públicas. Impulsados por los
informes mundiales y regionales que anualmente dan cuenta
de esta materia, principalmente los producidos por el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)-, así
como por los compromisos contraídos por los gobiernos
nacionales con la firma de la Declaración del Milenio, las
54
55
Universidad de Quintana Roo. Correo: taniacch@uqroo.edu.mx
Universidad de Quintana Roo. Correo: arriaga@uqroo.edu.mx
249
diversas facetas del desarrollo humano han sido colocadas en
las agendas del desarrollo de los países, así como en las de
organizaciones no gubernamentales que operan desde lo local
hasta lo internacional.
El desarrollo humano, en términos de Sen (2000), consiste
en la eliminación progresiva de las privaciones a las
libertades. La acumulación de riqueza es importante sólo en
la medida que permite a las instituciones sociales,
económicas y políticas eliminar las restricciones para las
oportunidades de las personas (pp. 19-20). Todo lo anterior
debería permitir a los individuos optar por una vida que
consideren valiosa, y vivirla de manera plena y longeva.
Otra consideración del desarrollo humano es que éste se
alcanza más fácilmente en gobiernos democráticos y
participativos. En este contexto, las organizaciones sociales y
políticas, tales como partidos políticos, agrupaciones
ciudadanas, junto con las instituciones de gobierno –
proveedoras de servicios de salud, educación, vivienda, entre
otros temas–, han de ser espacios de cooperación, conflicto y
diálogo entre actores (Sen, 2000, pp. 25-26). Por lo anterior,
el paradigma en cuestión presta central importancia a los
valores sociales que pueden ampliar o restringir las
libertades, las pautas de relación entre actores políticos y
sociales, la interrelación de las personas con el medio
ambiente, la equidad de género, la tolerancia ideológica, por
lo que en esta perspectiva del desarrollo resulta determinante
erradicar los autoritarismos y la corrupción, pues reflejan el
grado de evolución positiva de una sociedad.
El desarrollo humano descansa en los argumentos de
intelectuales como Samuel Scheffler (1976) y Gerald A. Cohen
(1995), para quienes la distribución o la presencia más
extensa del Estado es una responsabilidad para con los
menos favorecidos, que no viola los derechos individuales de
los grupos con mejores ingresos, por lo que libertad,
propiedad personal y redistribución no están necesariamente
en conflicto. Esta visión moral de la gestión puede alcanzarse
a través de políticas públicas que permitan alcanzarla.
Por lo tanto, esta investigación rechaza que la democracia
minimalista, que descansa en el voto como el principal tipo
de involucramiento ciudadano en lo público, sea el indicativo
suficiente para indicar que un sistema político está
democratizado. En contraparte, se apega a diseños
institucionales acorde con la democracia delegativa, es decir,
con la existencia de mecanismos o instancias para la
250
discusión pública, y como el nivel municipal es el más
próximo a la gente, es el entorno idóneo para poner en
práctica el intercambio dialógico para la construcción de
políticas sociales más justas, que en lugar de anular la
autonomía del sector asociativo, se les dé voz a los
ciudadanos (Benhabib, 1996).
Gobiernos locales y desarrollo
Durante la década de 1970 emergió la noción local del
desarrollo, tanto como ámbito de especialización académica
como en la planeación, en un contexto de crisis de los países
más desarrollados se da un giro hacia las iniciativas locales.
El desarrollo deja de estar atado exclusivamente al
crecimiento económico, promovido por los gobiernos
centrales, para reconocer el papel que pueden desempeñar
las unidades político-administrativas de menor escala
geográfica en la mejora de las condiciones de vida de sus
sociedades.
Algunas de las posturas reconocidas del momento son las
de Ernst Friedrich Schumacher, cuya obra Small is Beautiful
(1973) llama a pensar el progreso centrado en las personas y
la naturaleza, en contraste con una sociedad que rinde culto
a la industrialización, resaltando la importancia de la
cooperación entre agentes. Abona sobre las bondades de
tomar decisiones públicas en grupos pequeños, pues los
actores pueden hacer uso de la voz e incidir más claramente
en los procesos de toma de decisión.
En ese sentido, el desarrollo local supera la visión
nacional, para recuperar las microdinámicas del desarrollo
en un territorio claramente delimitado y una cultura o pasado
histórico comunes. Al respecto, los municipios tienen
dinámicas sociales y económicas que les permiten generar
recursos fiscales que son administrados por la burocracia y
las autoridades; poseen una delimitación geográfica
claramente establecida a través de los perímetros que posean
las ciudades, delegaciones, subdelegaciones o alcaldías que
integren a la municipalidad; asimismo, tienen un pasado o
devenir que asigna a estos espacios algunas particularidades
como historia y prácticas comunes más o menos extendidas
entre sus habitantes.
En sistemas políticos federales, como el mexicano, los
ayuntamientos han adquirido gradualmente facultades a
través
de
un
proceso
de
descentralización.
La
251
descentralización a menudo es relacionada con la posibilidad
de detonar el crecimiento económico, la preexistencia de una
cultura política y administrativa, así como con el diseño de
políticas públicas adecuadas para fortalecer a la
administración (Rondinelli y Nellis, 1986; Rondinelli,
MacCullough y Johnson, 1989). Sin embargo, por sí misma,
la descentralización tiene efectos limitados en el desarrollo.
En el caso mexicano, el incremento de competencias
municipales para la promoción del desarrollo se encuentra a
debate, debido a que la descentralización ha sido un proceso
de larga data sin generar, necesariamente, un ayuntamiento
capaz de enfrentar sus problemas de gestión. El centralismo
ocasionó que los gobiernos locales tuvieran un proceso
dependiente y condicionado a los designios de las autoridades
federales, por lo que las autoridades locales han tenido un
margen acotado de libertad y los ciudadanos han
desarrollado una cultura cívica-política poco participativa.
Aunque la descentralización en México ha sido vista a
partir de un enfoque desde arriba, con el gobierno central
delegando de forma estratégica las tareas a los gobiernos
municipales, en este texto se asegura que la descentralización
desde abajo puede ser más efectiva, pues estimularía la
participación ciudadana y la liberalización del sistema
político (Pineda, 1996, pp. 375-376).
Descentralización municipal y participación
ciudadana
En México, las reformas de las décadas de los ochenta y
los noventa del siglo XX establecieron los servicios públicos
que podría ofrecer el municipio, al igual que le dieron la
posibilidad de hacerse de ingresos propios para financiar
parte de sus tareas, al mismo tiempo que tendría
transferencias federales y estatales. Desde entonces, el reto
para los gobiernos municipales ha sido cómo traducir esas
facultades
jurídicas
en
capacidades
políticas
y
administrativas para cumplir con sus objetivos.
La agenda de desarrollo es un tipo de planeación
estratégica que realiza una organización para poder cumplir
sus fines y metas, cuyo punto de partida es la identificación
de temas públicos que deben ser atendidos por la entidad
gubernamental. En el campo del gobierno y la administración
pública se trata de una serie de problemas públicos sobre los
cuales los gobiernos diseñarán políticas públicas y
252
programas. En México, la agenda del desarrollo toma la forma
de planes nacionales, estatales o municipales de desarrollo.
No obstante lo anterior, existe otra forma de ver la agenda
gubernamental, y es a partir de un enfoque sistémico, en el
que los diferentes temas de interés o preocupación para la
sociedad se encuentran dispersos en el espacio simbólico, no
material, que forma la esfera pública. Las limitaciones para
que los actores puedan incidir en la inclusión de
problemáticas son diversas, principalmente tiene que ver con
el predominio de los participantes que controlan más
recursos de poder -por ejemplo, los políticos y empresarios-,
o por el papel que desempeñan los medios de comunicación
masiva para la difusión u ocultamiento de los asuntos en
cuestión.
La formación de la agenda gubernamental se refiera al
"proceso a través del cual ciertos problemas o cuestiones
llegan a llamar la atención seria y activa del gobierno como
posibles asuntos de política pública" (Elder y Cobb, 2000, p.
77). Pero, ¿quiénes logran incidir en la agenda pública?
Existen grupos que carecen de representación, mientras que
otros tienen una mejor ventaja organizativa, una red amplia
e incluyente de actores participantes puede servir de
contrapeso para evitar que los intereses de un grupo
provoquen un sesgo (Elder y Cobb, 2000, pp. 83-87).
Cada vez es más relevante que las sociedades
democráticas incluyan efectivos canales para dar voz a los
ciudadanos, permitiendo que puedan incidir en la
configuración de la agenda gubernamental de desarrollo.
Desde la década de 1990, América Latina ha intentado
avanzar en un diseño institucional que fortalezca un régimen
democrático, frente a la presión de gobiernos, organismos
internacionales, observatorios, intelectuales y colectivos
trasnacionales, que se han dedicado a medir o evaluar las
diferentes dimensiones que caracterizan a un sistema de
gobierno democrático; sin embargo, las demandas de una
mayor apertura democrática también han venido desde
adentro de las sociedades, en donde el abstencionismo
electoral y el activismo ciudadano reflejan la necesidad de
renovar los términos entre el gobierno y la sociedad civil.
Las demandas de inclusión tanto de mecanismos de
participación ciudadana como de accountability social revelan
que para América Latina, y específicamente para México, es
común encontrar que el balance en este rubro es
desalentador, específicamente por la persistencia de
253
prácticas autoritarias e instituciones débiles, en una suerte
de hibridación entre democracia y autoritarismo, con escasos
espacios para que los ciudadanos puedan incidir en los
asuntos de gobierno. La pobre vinculación entre sociedad civil
y gobierno para la toma de decisiones ha provocado una serie
de efectos, entre los más evidentes está la pérdida de
confianza en las instituciones políticas y gubernamentales,
por ejemplo, en encuestas nacionales, los ciudadanos indican
que las autoridades municipales tienen una calificación de
5.9 –de 10 puntos posibles– en confianza, y 78% de los
encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo en que votar
es la única vía para manifestar que el gobierno hace bien o
mal las cosas (ENCUP, 2012).
Por supuesto, las perspectivas a futuro sobre la incidencia
de los ciudadanos en las decisiones de gobierno se vinculan
con su posible participación en el diseño e implementación de
la agenda gubernamental de desarrollo. La relación entre
sociedad civil y gobierno podría ser de cooperación o de
conflicto, lo importante es que en las democracias del siglo
XXI debería estar garantizado el respeto al pluralismo. En
sociedades con predominio de la desconfianza en la relación
entre los actores referidos, la posibilidad de que sean
establecidas redes sólidas para una gestión participativa es
limitada.
Sin embargo, la agenda del desarrollo actual es resultado
de la interacción entre los actores que conforman las redes de
políticas públicas. Los participantes llevan consigo temas de
interés; el consenso no está garantizado; se tiende al
conflicto; predominan las alianzas y negociaciones; todo en
un ambiente en el que tanto el poder como la influencia se
encuentran desigualmente distribuidos (Rhodes, 2006). En
las sociedades en donde el sector asociativo no se encuentra
fuertemente desarrollado, los actores gubernamentales
tienen un gran margen de acción para definir y diseñar las
políticas públicas.
En Quintana Roo, por ejemplo, los colegios de
profesionistas,
agrupaciones
de
trabajadores
y
organizaciones de la sociedad civil tienen poca capacidad
para influir genuinamente en la agenda, principalmente
porque hay una mezcla de intereses particulares y
gubernamentales entre sus participantes. En el municipio de
Othón P. Blanco, la sociedad civil organizada es aún más
débil, por lo que es común que ésta sea convocada por el
propio gobierno para participar en los canales institucionales
254
de captación de opiniones y demandas, las cuáles no siempre
resultan ser de genuino interés para la mayoría de la
población.
Agendas para el desarrollo y gestión participativa
Sobre la forma en la que se integra la agenda de políticas
públicas existen algunos planteamientos. Cobb, Ross y Ross
(1976) consideran tres modelos:
•
Iniciativa desde afuera (outside initiative
model), cuando grupos no gubernamentales tienen la
capacidad de expandir su postura e intereses en la
agenda pública, hasta llegar a la agenda formal de
políticas públicas.
•
Centrado en la movilización (the mobilization
model), se refiere a temas relevantes para los actores
gubernamentales que deben ser llevados a la agenda
de la sociedad, pues los programas son bienvenidos si
son percibidos como útiles, urgentes o relevantes.
•
Desde el interior (the inside initiative model), se
encarga de describir la situación en torno a asuntos
que surgen dentro de la esfera gubernamental y cuyos
partidarios no tratan de expandirlos al resto de la
sociedad, por lo contrario, quienes respaldan estos
asuntos confían en su propia habilidad para aplicar
suficiente presión para asegurar su inclusión en la
agenda de políticas públicas.
Sin embargo, los modelos antes presentados casi nunca se
dan en estado puro, pues los temas se discuten tanto en la
agenda pública como en la del gobierno de manera casi
simultánea.
En México, Cabrero (2000) ha reflexionado sobre la
característica de impenetrabilidad de las instituciones
mexicanas, este atributo limita la posibilidad de que agencias
no gubernamentales o grupos de la sociedad civil puedan
introducir temas relevantes en la agenda de políticas
públicas, por lo que ésta, regularmente, surgirá del gobierno
para ser difundida en el resto de la sociedad.
Lo anterior lleva a la usual afirmación de que los planes de
desarrollo mexicanos están elaborados en escritorios, pero
debido a un sistema de planeación democrática se deben
255
realizar una serie de consultas ciudadanas en la materia. Sin
embargo, las consultas pueden ser simuladas o rituales en
sociedades con debilidades democráticas
En México existen tres tipos de agenda para el desarrollo
municipal (Cabrero, 2003). La tradicional, caracterizada por
un gobierno que cumple con sus funciones básicas, para el
caso mexicano aquellas contenidas en el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En lo
relacionado con la naturaleza de la agenda, las
administraciones suelen ser reactivas, es decir, esperar a que
se den manifestaciones visibles de los problemas para
atenderlos. Sobre los actores involucrados, participan
exclusivamente el gobierno y el cabildo, cada uno apegado a
sus tareas específicas. La mezcla de recursos financieros a la
disposición de la entidad gubernamental proviene de las
transferencias federales convencionales, así como de
recursos propios provenientes de la recaudación fiscal, pago
de tarifas y servicios prestados a usuarios, entre otras; para
hacerse de ellos, el gobierno tiene una actitud pasiva y
dependiente. Como resultado no se puede decir que los
gobiernos diseñan políticas públicas, sino que se dedican a
dotar a la sociedad de los servicios básicos con beneficios
para los habitantes del lugar en el corto plazo.
La agenda ampliada, aquella en la que el gobierno ha
asumido funciones diferentes a las que por ley está obligado;
las autoridades locales empiezan a incidir en aspectos
relacionados con la planeación urbana, el agua potable, el
uso de suelo, a replantear su desarrollo institucional e,
incluso, diseñar protocolos de acción frente al riesgo de
desastres (por ejemplo: incendios, huracanes, inundaciones,
deslaves, entre otros). La naturaleza de la agenda deja de ser
reactiva para tornarse previsora o preventiva frente a los
diversos problemas del contexto. Los actores participantes,
además de los tradicionales, pueden ser agencias del gobierno
federal y estatal; así como actores no gubernamentales, tales
como agrupaciones ciudadanas diversas, colegios de
profesionistas, universidades, cámaras empresariales, entre
otros. En materia de recursos financieros, éstos provendrán
de las fuentes tradicionales, aunque la administración local
habrá fortalecido su capacidad recaudatoria a través de su
política fiscal, además, en el marco de una actitud proactiva,
el gobierno municipal podrá participar de fondos y bolsas
federales que financien propuestas de desarrollo local, ya sea
para el conjunto de las instituciones o para áreas específicas.
256
En general, el gobierno hace llegar los beneficios a la
población a través de programas o acciones que pueden ser o
no parte de una política pública.
La agenda integral es aquella que, además de las funciones
de los tipos previos, asume tareas distintas a las
convencionalmente emprendidas por este nivel de
autoridades. Por ejemplo, el desarrollo urbano, la seguridad
humana, temas medio ambientales, relaciones de género,
desarrollo democrático, entre otros. La naturaleza de esta
agenda es de carácter proactivo, es decir, los tomadores de
decisiones identifican espacios en los que la presencia
gubernamental puede ejercer algún impulso para el
desarrollo municipal. Evidentemente rige el paradigma del
desarrollo humano en el tipo de funciones y naturaleza de
esta agenda, evidenciándose incluso en los actores
participantes, pues reconoce la relevancia de incluir no sólo
a los agentes de gobierno, sino también de actores sociales
locales, federales e incluso trasnacionales, presentes no sólo
en la identificación de problemas públicos, sino también en
el diseño de alternativas de solución, puesta en marcha de
las acciones, la fiscalización de éstas, así como en la etapa de
evaluación y replanteamiento de los programas. Los recursos
para el financiamiento de las acciones de desarrollo incluyen
todas las fuentes convencionales, pero suma los
cofinanciamientos público-privados, créditos de entidades
bancarias, bolsas o fondos de organismos internacionales, así
como subsidios gestionables extraordinarios que permiten a
los municipios hacerse de recursos adicionales a través de un
procedimiento específico y por concurso; esto, obliga a los
tomadores de decisiones adoptar una actitud proclive a la
búsqueda de esos fondos adicionales y a la especialización en
el diseño de proyectos. Como consecuencia de todo lo
anterior, estamos frente a un gobierno municipal que no
esboza acciones aisladas en su accionar, sino que diseña
políticas públicas para el desarrollo.
La gobernanza de proximidad sería un enfoque de gestión
acorde con una agenda de desarrollo integral. Además,
descansa en el paradigma del desarrollo humano. Se presenta
como una transformación de la relación gobierno-sociedad
civil idóneo para la profundización de la democracia en la que
los actores políticos y sociales pueden potenciar su liderazgo.
La gobernanza de proximidad se configura a través de
redes de actores (Montecinos, 2012, p. 356). Estas redes
además de ser horizontales son verticales, en donde la
257
verticalidad implica la presencia de agentes de otros niveles
territoriales, por lo que la descentralización no implica
abandono del gobierno federal y estatal hacia el municipal.
Por su parte, la horizontalidad implica el reconocimiento de
los diversos actores sociales como interlocutores valiosos con
el gobierno.
A partir de la colaboración entre actores sociales, y de la
relación de éstos con el gobierno, la gobernanza de
proximidad ayudaría a restablecer la solidaridad social, así
como la confianza en las autoridades. La confianza, las
identidades y la interacción cara a cara son, sin duda, rasgo
característico de este tipo de gestión que, además de ser de
proximidad es participativa.
Conclusiones: posibilidades de una gestión
participativa y de proximidad municipal
El proceso de paso de un tipo de agenda a otro no es
secuencial, ni el aprendizaje en su hechura es acumulativo.
Aunque la tendencia es que desde la década de 1990 los
gobiernos locales mexicanos se han ido modernizado,
también se dan casos de ayuntamientos que se estancan en
un tipo de agenda, sin progresar a formas más avanzadas
(Cabrero, 2003, p. 13). La implementación de formas más
complejas y avanzadas de la agenda dependerá de factores
diversos, como la cultura organizacional y el estilo de
liderazgo político de las autoridades, pero también de la
propensión de los ciudadanos a involucrarse en los asuntos
de gobierno.
Una agenda tradicional difícilmente podrá dar lugar a
redes de actores, o provocar cambios en el mediano y largo
plazo. La agenda ampliada y sobre todo la integral se
fortalecerán con una red de actores no gubernamentales con
intensas
interacciones,
implicando
necesariamente
mecanismos eficientes de participación ciudadana y de
deliberación pública. Por lo anterior, especialmente la agenda
integral reflejará las necesidades y problemáticas de los
ciudadanos, y no sólo la visión gubernamental.
La acción pública local requiere algunos elementos para
innovar, de entre los que destacan: una sociedad civil
organizada. Las dificultades que afrontan los municipios
mexicanos tienen que ver con que las políticas públicas son
escasas, predominan las acciones aisladas que buscan dotar
a la sociedad de servicios públicos, en el corto plazo, pero sin
258
un proceso de planeación a largo plazo. Para promover el
desarrollo humano las autoridades municipales deben dejar
de diseñar e instrumentar políticas públicas cuya duración
abarca una única administración, y considerar su impacto en
un periodo más lejano.
Asimismo, deben considerar factores culturales del
entorno social y político, por ejemplo las características de la
cultura democrática que poseen los agentes del gobierno y los
actores sociales. En nuestros días, en México, formalmente
existe una democracia como forma de gobierno, aunque ésta
tiene diferentes niveles de desarrollo, pudiendo estar
consolidada en algunas latitudes, pero ser deficiente en otras;
la presencia de autoritarismos limitará la posibilidad de
avanzar hacia la formación de una agenda integral,
especialmente porque ésta requiere que el pluralismo
excluyente se encuentre erradicado al momento de establecer
las preferencias de los diferentes actores en los programas de
desarrollo. En el caso de Othón P. Blanco se cuenta con una
escasa tradición de prácticas democráticas, las autoridades
son las que jerarquizan los problemas públicos y diseñan
acciones para atenderlos; al revisar la prensa diaria se
constata que diferentes formas de autoritarismo impactan en
la planificación del desarrollo, incluso con la primera
alternancia partidista en 2016 o el gobierno de MORENA en
2018.
También se deben considerar el diseño institucional, es
decir, el conjunto de normas que dan la pauta sobre el estilo
de gobierno y los canales para que los actores sociales no
gubernamentales puedan incidir en la toma de decisiones. En
Othón P. Blanco no hay espacios genuinos para la
participación ciudadana, el reglamento local en esta materia
asigna amplias facultades al presidente municipal para que
conforme y oriente consejos consultivos; asimismo, aunque
contempla una serie de organizaciones territoriales, como los
comités vecinales, estos no funcionan para los fines
señalados en dicha reglamentación, ni tampoco se conforman
de manera democrática, en la práctica predominan las reglas
informales, propiciando que políticos tradicionales que
fungen como intermediarios, como las líderes de colonia,
acaparen esos espacios de participación y representación. En
otros municipios quintanarroenses la situación es aún más
gris, por ejemplo, no se cuenta siquiera con reglamentos de
participación, por lo que el ámbito de acción del ciudadano se
encuentra desdibujado.
259
Se concluye que para superar los retos que enfrentan los
gobiernos locales para generar experiencias que integren los
cambios y transformaciones que se esperan en el país, a un
año de la instauración del proyecto nacional denominado 4T,
se requieren cambios en la cultura cívica y política de los
agentes públicos, como la sociedad civil organizada, agentes
sociales con posibilidad de incidencia pública y agentes
políticos. Esa transformación implicaría avanzar hacia el
planteamiento de una gestión participativa y un gobierno de
proximidad en labores como la integración de las agendas de
desarrollo local y la fiscalización ciudadana del quehacer
gubernamental.
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