Ciudadanía e insurrección.
La lucha por los
derechos políticos de las
mujeres en México
Vanessa Góngora Cervantes
Cinthia Noemí Plascencia Morales
Ciudadanía e insurrección.
La lucha por los
derechos políticos
de las mujeres en México
Vanessa Góngora Cervantes
Cinthia Noemí Plascencia Morales
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Consejero Presidente
Dr. Lorenzo Córdova Vianello
Consejeras y Consejeros Electorales
Mtra. Norma Irene De la Cruz Magaña
Dr. Uuc-kib Espadas Ancona
Dra. Adriana Margarita Favela Herrera
Mtro. José Martín Fernando Faz Mora
Carla Astrid Humphrey Jordan
Dr. Ciro Murayama Rendón
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas
Mtro. Jaime Rivera Velázquez
Dr. José Roberto Ruiz Saldaña
Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez
Secretario Ejecutivo
Lic. Edmundo Jacobo Molina
Titular del Órgano Interno de Control
Lic. Jesús George Zamora
Director Ejecutivo de Capacitación
Electoral y Educación Cívica
Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto
Paridad de género y respeto de los
derechos humanos de las mujeres
en el ámbito político-electoral
Coordinadora de la serie
Sarah Patricia Cerna Villagra
Ciudadanía e insurrección. La lucha
por los derechos políticos de las
mujeres en México
Vanessa Góngora Cervantes
Cinthia Noemí Plascencia Morales
Primera edición, 2022
D.R. © 2022, Instituto Nacional Electoral
Viaducto Tlalpan núm. 100, esquina Periférico Sur,
col. Arenal Tepepan, 14610, Ciudad de México
ISBN impreso: 978-607-8870-11-0
ISBN electrónico: 978-607-8870-09-7
El contenido es responsabilidad
de las autoras y no necesariamente
representa el punto de vista del INE
Distribución gratuita. Prohibida su venta
ÍNDICE
Presentación
Martín Faz Mora...............................................................................................................7
Introducción
Vanessa Góngora y Cinthia N. Plascencia ...........................................................11
1. Mujeres como insurrectas .................................................17
1.1. Componentes de la ciudadanía .......................................................... 20
1.2. Los confines de la comunidad política ..............................................24
1.3. Derechos y responsabilidades adquiridos ..................................... 36
1.4. Reacciones reivindicativas ante la exclusión ..................................42
2. Mujeres como votantes ....................................................56
2.1. Evolución del movimiento sufragista en el mundo....................... 57
2.2. El proyecto de nación liberal y el surgimiento del
pensamiento inconforme de las mujeres en México ................. 63
2.3. El proyecto de nación revolucionario y las primeras
reivindicaciones de las excluidas ......................................................... 72
2.4. El proyecto de modernización y el sufragio
femenino en México .................................................................................90
2.5. El proceso de democratización en México y la
lucha cívica de las mujeres durante la segunda mitad
del siglo XX y principios del XXI ........................................................... 94
2.6. Reflexiones sobre el comportamiento político
de las mujeres .............................................................................................101
3. Mujeres como militantes ................................................ 107
3.1. Antecedentes históricos....................................................................... 109
3.2. Grupos de mujeres, organización y acciones rumbo
a la paridad de género ............................................................................118
3
3.3. El liderazgo político de las mujeres dentro
de los partidos ........................................................................................... 125
3.4. Militancia y dirigencia de mujeres en los
partidos políticos mexicanos .............................................................. 134
3.5. Diagnósticos sobre paridad política
y participación de las mujeres en partidos
políticos a nivel nacional y estatal .....................................................138
3.6. Retos y pendientes. La participación
en los partidos políticos de las mujeres indígenas
y afromexicanas.........................................................................................147
4. Mujeres como representantes ...................................... 150
4.1. De las cuotas de género a la paridad política .............................. 152
4.2. La representación descriptiva de las mujeres .............................162
4.3. Mujeres en el espacio público
y la representación sustantiva ............................................................ 173
4.4. Paridad en todo: las mujeres en la
administración pública ..........................................................................183
4.5. Interseccionalidad, ¿estamos todas representadas? ..............189
5. Reflexiones finales .......................................................... 193
Referencias ........................................................................ 200
Sobre las autoras ................................................................ 219
4
Hasta que la dignidad se haga costumbre.
Estela Hernández Jiménez (2017)
PRESENTACIÓN
En la arena político-electoral, a partir de las reformas constitucionales
de 2014 y 2019, se concretó una lucha histórica con la aprobación de
lo que hoy conocemos como “paridad en todo”, que obliga a respetar
el principio de paridad en la integración de los distintos órdenes de
gobierno. No obstante esos logros, aún hoy sigue siendo innegable
la desigualdad en materia de género en diversos ámbitos; de ahí la
lucha férrea y permanente por la igualdad entre hombres y mujeres
que han abanderado las luchas feministas por muchas décadas.
En este libro se encuentra un acucioso recorrido por la historia contemporánea para analizar uno de los aspectos de las luchas feministas en México –el de la ciudadanía–, que busca que las mujeres sean
consideradas ciudadanas en igualdad de condiciones que los hombres. Al mismo tiempo, este texto recorre la historia del pensamiento
en torno al concepto de ciudadanía, para ubicar la teoría política feminista desde los márgenes, hasta convertirse en un elemento central
de necesaria ruptura en el marco general de esta teoría.
7
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
La lectura de Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos
políticos de las mujeres en México se vuelve indispensable para quienes nos interesamos en la temática con una perspectiva académica
o profesional, al ser un estudio histórico sobre cómo la lucha feminista, a partir de la irrupción, ha emergido para convertirse, desde
la segunda mitad del siglo XX en México, en un eje articulador de la
vida democrática en nuestro país.
Pero también se vuelve una referencia para quienes recién se adentran en los temas, pues de una forma sintética y didáctica, la obra sienta las bases del marco feminista en el pensamiento político, y hace
un recorrido puntual sobre los principales hitos que hoy dan forma
a nuestro sistema electoral en materia de derechos políticos de las
mujeres y su papel actual en la política.
Lo anterior porque las autoras conciben la historia no como una historia general monolítica, sino que, precisamente partiendo de esta
como una interpretación androcéntrica del desarrollo político contemporáneo, problematizan desde la lucha feminista el concepto de
ciudadanía y sus derechos asociados en el México presente. Como
señala Foucault: “[…] la historia del pensamiento, de los conocimientos,
de la filosofía, de la literatura parece multiplicar las rupturas y buscar
todos los erizamientos de la discontinuidad; mientras que la historia
propiamente dicha, la historia a secas, parece borrar, en provecho de
las estructuras más firmes, la irrupción de los acontecimientos”.1
Es justamente a partir de esta ruptura que el texto guía el acontecer
de una historia “desde los márgenes”, pero no por ello, como se va
concluyendo a lo largo de cada capítulo, menos central. Ciudadanía e
insurrección remueve esa historia para fijar su atención en la movilización feminista y cómo esta ha determinado, tanto en lo conceptual
1
Michel Foucault, La arqueología del saber, México, Siglo XXI, 2010, p. 15.
8
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
como en lo material, una nueva idea de ciudadanía en la que lo que se
juega en el centro es el principio de igualdad entre hombres y mujeres.
Al mismo tiempo, recupera para las actuales generaciones la voz de
las mujeres que lucharon por hacer de este principio una realidad,
y por quienes desde las ideas han acompañado esta lucha. En palabras de Hélène Cixous: “La mujer tiene que escribir su yo y traer
mujeres a la escritura, de la que han sido apartadas tan violentamente
como sus cuerpos”.2
De esa forma, Vanessa Góngora y Cinthia Plascencia hacen en este
libro un aporte no solo a la literatura teórica e histórica sobre la génesis en la lucha por los derechos políticos de las mujeres en México,
sino que realizan un aporte fundamental a la visualización de esa
lucha que, como ellas la llaman, es una historia de insurrección
y reivindicación del papel de las mujeres en la arena ciudadana de
nuestro país.
Por ello, invito a realizar una lectura cuidadosa de esta obra que el
Instituto Nacional Electoral ha decidido editar como parte de la serie
Paridad de género y respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, pues se trata de un texto que nos
ayuda a repensar las medidas, avances y aportes en el terreno de la
paridad electoral, pero también a dimensionar la lucha de las mujeres
y su papel en la conformación de un Estado de Derecho más igualitario.
Martín Faz Mora
Consejero Electoral del
Instituto Nacional Electoral
2
Hélène Cixous, La risa de la medusa: Ensayos sobre la escritura, Barcelona, Anthropos, 2001, p. 55.
9
10
INTRODUCCIÓN
Cada vez es más frecuente que la gente identifique los discursos y las
prácticas androcentristas en el ámbito educativo, laboral, político o de
relaciones sociales cotidianas. La estela que ha dejado el movimiento
internacional #MeToo no se ha constreñido a la denuncia de la violencia sexual, se ha extendido la indignación a todos los ámbitos en los
que las mujeres son discriminadas o no tienen igualdad de oportunidades. Se ha fortalecido la necesidad de visibilizar la participación
de las mujeres, la importancia y el impacto de su trabajo remunerado
y no remunerado, su paso por el mundo. Por ello, es necesario que
las próximas generaciones de niñas y adolescentes –pero en general todas las personas– comprendan que, detrás de los derechos
y las libertades de los que ahora gozan, hay una historia no tan reciente de aportaciones trascendentales de mujeres que han luchado por
la igualdad y su libertad.
Parece una necedad continuar con la exclusión o subestimar la teoría
feminista y de género, en particular la omisión de los movimientos de
11
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
mujeres en la discusión dentro de los espacios escolares y de educación superior. La situación y participación de la mitad de la humanidad
había ocupado solo unas cuantas páginas de los libros clásicos de filosofía o disciplinas científicas, hasta que, en las últimas décadas, arribaron los estudios de género y se integraron capítulos y menciones
especiales, que siguen teniendo, sin embargo, un carácter de excepcionalidad, como si no fueran parte de la historia universal. Se dice que
la lucha de las mujeres es la búsqueda de su reconocimiento como
seres humanos, que el feminismo es la idea radical que defiende que
las mujeres somos personas (frase adjudicada a Angela Davis). Quienes imputan al feminismo posicionamientos parciales y discriminatorios y abogan por un “supragénero”, omiten que el engaño ha sido
llamar “universal” a lo que solo aludía a los hombres: el sexo que se
ha afirmado como el único que trasciende, dejando en la alteridad
e inmanencia al conjunto considerado el “eterno femenino”.3
En lo que respecta a la filosofía y la teoría política, la tarea ha sido ardua
y longeva. La discusión sobre las razones de la desigualdad de las mujeres, la visibilización de sus aportaciones en la historia de las ideas
políticas y de su participación en los hitos sociopolíticos, económicos y culturales de las sociedades tiene alrededor de 300 años de
existencia, si solo consideramos la más difundida experiencia en la
que coincidieron las aportaciones de las intelectuales ilustradas y liberales con la movilización de mujeres en las revoluciones burguesas
occidentales; aunque es preciso decir que el “pensamiento inconforme” y las expresiones colectivas sobre la injusta situación de las
mujeres puede remontarse a milenios en diversas culturas. La recuperación de aquello que ha pasado inadvertido debido a un sesgo
interpretativo androcéntrico es parte de los esfuerzos de quienes realizan genealogía feminista.
3
Simone de Beauvoir, El segundo sexo, 3a. ed., Madrid, Cátedra [1949] 2011.
12
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
Carme Castells, responsable de una importante compilación de escritos en Perspectivas feministas en teoría política, define la teoría
política feminista como un corpus de conocimientos que tiene como
propósito desafiar y transformar a la sociedad y hacer realidad la
igualdad entre mujeres y hombres.4 Y para lograr este propósito, propio del catálogo de teorías críticas, proporciona una mirada diferente
a los hechos y discursos del ámbito político que han dominado las diferentes disciplinas. Es “el Pepito Grillo de los demás paradigmas en
cuanto sexistas y patriarcales”, afirman Celia Amorós y Ana de Miguel.5
Una de las principales aportaciones de la crítica feminista en los estudios políticos ha sido mostrar cómo los conceptos más elementales,
que forman parte del repertorio básico para la comprensión de las
relaciones de poder, adquieren un matiz muy distinto a la luz de la experiencia de las mujeres en el entramado de los procesos sociopolíticos. Como veremos más adelante, las categorías y los conceptos han
sido entendidos desde la perspectiva de lo público: individuo, racionalidad, trabajo, autonomía, poder, libertad, igualdad, etcétera. Pero
cuando se piensa en las personas que han sido confinadas al ámbito
privado, el significado de dichas categorías y conceptos no se puede
replicar y cambia contundentemente:
La "naturaleza humana", tal como la describen y entienden los
filósofos como Aristóteles, Aquino, Maquiavelo, Locke, Rousseau,
Hegel, entre otros, se refiere únicamente a la naturaleza humana
masculina. En consecuencia, todos los derechos y necesidades que
ellos han considerado que implica la humanidad no han sido percibidos como aplicables a la otra mitad femenina de la raza humana.6
4
5
6
Carme Castells (comp.), Perspectivas feministas en teoría política, Barcelona, Paidós Ibérica, 1996.
Celia Amorós y Ana de Miguel (eds.), Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización, tomo 1: De la
Ilustración al segundo sexo, Madrid, Minerva Ediciones, 2010, p. 17.
Susan Moller-Okin, Women in Western Political Thought, Nueva Jersey, Princeton University Press
[1979] 2013, p. 6 [traducción propia].
13
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
El de ciudadanía es uno de esos conceptos relevantes. El propósito general de este libro es analizar la insurrección de las mujeres en México
para ser consideradas ciudadanas en igualdad de condiciones que
los hombres, centrándonos en el contexto sociopolítico en el que se
presentaron las manifestaciones de reivindicación de sus derechos
políticos: el voto femenino, su participación en los partidos políticos y el acceso a los cargos públicos. Pero también se encontrará
en estas líneas un panorama actualizado del comportamiento político de las mujeres, de su participación como militantes y dirigentes
en los partidos políticos, la representación política de las mujeres en
los diferentes niveles y cargos públicos, así como el estado de avance
o estancamiento de la agenda de mujeres, es decir, de la representación sustantiva.
En el primer capítulo se presenta un marco teórico general que permite analizar la evolución del significado de la ciudadanía: de la filosofía clásica griega al pensamiento político ilustrado y liberal hasta
llegar a la propuesta arendtiana del “derecho a tener derechos”. El
hincapié se realiza en la consecuencia inherente de la delimitación de
la ciudadanía, esto es, en la generación de sujetos políticos a partir
de la exclusión, al no ser considerados iguales y sin acceso a derechos dentro de una comunidad política. En este sentido, se estudia la
emergencia e insurrección de las mujeres a partir del análisis de los
componentes de la ciudadanía que han sido erigidos desde una base
claramente androcentrista.
En el segundo capítulo se abordan los procesos sociopolíticos que
enmarcan, primero, el surgimiento del pensamiento inconforme de
las mujeres a la par de un proyecto liberal de nación y, segundo, la reivindicación de su derecho al voto femenino en el México posrevolucionario. Para ello, se seguirá la propuesta teórica que explica que las
experiencias nacionales en las que el sufragio de las mujeres se logró
de forma gradual, encuentra su mejor explicación en el cálculo político de los partidos políticos: en determinada coyuntura sociopolítica la
14
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
élite política ya no considera a las mujeres como un riesgo electoral.
Y siguiendo esta misma línea teórica, se resalta la trascendencia de
las sufragistas y sus vínculos con organizaciones internacionales feministas para construir argumentos sólidos a favor de su ciudadanía.
La parte final del capítulo retoma la lucha cívica de las mujeres en el
contexto de democratización del país de finales de los noventa y principios del siglo XXI, añadiendo un acercamiento al comportamiento
político de las mexicanas.
En el capítulo titulado “Mujeres como militantes” se da cuenta de la evolución histórica de su participación en este frente, considerando que
las mujeres han militado en los partidos mexicanos desde su fundación y han sido una pieza esencial en su consolidación. Posteriormente
se abordan las diversas reformas electorales y cambios institucionales, hasta el principio de paridad de género en la representación política reconocido constitucionalmente. Lo anterior permite identificar
cómo se ha impulsado el liderazgo de las mujeres al interior de los
partidos, cuántas son, quiénes y cuántas han ocupado cargos importantes dentro de las estructuras partidistas y qué hacen los partidos
políticos para incentivar su participación, además de conocer los resultados de diagnósticos nacionales y estatales en torno al tema. Al
final del capítulo se enuncian algunos pendientes de la participación
dentro de los partidos, como la inclusión de mujeres indígenas, afromexicanas y de la diversidad sexual. En el último capítulo se nombra a
las primeras mujeres que se convirtieron en representantes en el país.
Asimismo, en este último capítulo se abordan el debate internacional
y la lucha colectiva feminista y de mujeres para implementar las cuotas de género, el largo camino de adecuación de estas normas hasta
constituirse como principio de paridad política, para después conocer
el impacto de estas medidas en el aumento de la participación de las
mujeres y para posicionar la agenda de género y feminista que permita generar leyes y políticas públicas que atiendan las demandas y problemáticas históricas de las mujeres. También se analizan las brechas
que persisten en los cargos ejecutivos de la administración pública
15
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
a nivel local basándonos en los resultados de diagnósticos nacionales
y estatales que se han realizado hasta el momento.
Las autoras de este libro queremos realizar el debido reconocimiento a la gran aportación de mujeres y hombres que han dedicado sus
investigaciones, análisis y reflexiones a la visibilización de la historia
política de las mujeres en nuestro país. Nuestro trabajo se basa en
las aportaciones de historiadoras, sociólogas y antropólogas que nos
permitieron conocer y entender, a través de sus letras, la incursión de
las primeras propagandistas en el periodismo político y el movimiento
antisufragista del país de finales del siglo XIX y principios del XX, así
como el camino de las sufragistas y las primeras militantes de partidos
y representantes en cargos políticos. De manera más reciente, y desde el creciente campo de estudio de la Ciencia Política, se han hecho
importantes contribuciones para conocer el impacto de las reformas
electorales, el comportamiento político de las mujeres y su incidencia
en el avance de la agenda de género en México, que nos permitieron
dar un panorama más actualizado de la situación de la defensa de los
derechos políticos en nuestro país. A todas ellas dedicamos este libro
con gran admiración y cariño.
Vanessa Góngora y Cinthia N. Plascencia
16
1. MUJERES COMO
INSURRECTAS
El significado coloquial o generalmente extendido de ciudadanía alude
a una condición o estatus legal de las personas por su pertenencia a
un país o nación. Dicha pertenencia se adquiere por nacimiento o naturalización, pero además cumpliendo ciertos requisitos específicos,
tal vez el más importante, la edad. El estatus conlleva el acceso a un
conjunto de derechos y deberes, reconocidos por el resto de la sociedad y garantizados por las autoridades estatales. Al leer esta definición se tiende a pensar en una categoría de inclusión de personas en
un colectivo social, mediada por una percepción de identidad.
Lo cierto es que la noción de ciudadanía ha cambiado a través del
tiempo y depende del contexto ideológico y cultural. El colectivo social
ha sido llamado ciudad-Estado o polis, Estado-nación o, en versiones
más recientes, se amplía a la ciudadanía multicultural o a la ciudadanía
transnacional; se han recorrido los límites territoriales que marcan
un “interior” del colectivo, a la vez que colocan en el “exterior” a otras
personas como extranjeras, migrantes y refugiadas. La identidad que
17
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
permite el apego al colectivo también ha mutado, de la que constriñe al territorio a la compleja identidad nacional que suma variados
y disímiles rasgos culturales, hasta llegar a definiciones como la de
Chantal Mouffe que entiende la identidad de los colectivos como contingente, temporal y estratégica, por lo que considera a la ciudadanía
“un principio articulador que afecta las diferentes posiciones de sujeto, del agente social al tiempo que permite una pluralidad de lealtades
específicas y el respeto a la libertad individual”.7
Asimismo, a lo largo de la historia ha ido cambiando el andamiaje jurídico de derechos y deberes cívicos que se adquieren con la ciudadanía.
En las sociedades griegas el compromiso con el colectivo tenía un mayor peso, esto es, la disertación en el espacio público, en las asambleas,
y la rotación en los cargos públicos acercaba a los miembros de la
polis al ideal de la vida buena. Mientras que el pensamiento liberal moderno está basado en los derechos inherentes del individuo que limitan la actuación del Estado, en tanto personas libres e iguales. Uno de
los principales estudiosos del tema, Thomas Humphrey Marshall,
definió la ciudadanía como la pertenencia a una comunidad política
que permite el disfrute de derechos civiles, políticos y sociales;8 su
propuesta principal es la explicación de cómo fueron reconociéndose estos derechos en ese orden preciso en las sociedades, siendo los
derechos sociales los últimos reconocidos y producto del Estado de
Bienestar. Y finalmente, la expresión “derecho a tener derechos”,
de Hannah Arendt, define de mejor manera la ciudadanía en la actualidad, que más que estatus jurídico adquirido, se refiere a un estado
permanente de reclamo de todas las personas, en tanto seres con
dignidad humana, para manifestar sus intereses y necesidades frente
al Estado.9
7
8
9
Chantal Mouffe, “Feminismo, ciudadanía y política democrática radical”, en Debate Feminista, vol. 7,
México, 1993, p. 15.
Thomas Humphrey Marshall, Ciudadanía y clase social, Madrid, Alianza Editorial [1950] 2007.
Hannah Arendt, La condición humana, México, Paidós [1958] 2016.
18
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
Estrechamente ligado a estas transformaciones, la demarcación de
quiénes se incluyen en el colectivo ha cambiado radicalmente, de tal
manera que posicionamientos como los de Hannah Arendt y Étienne
Balibar10 –base del presente análisis– consideran más apropiado
concentrarnos en la exclusión y el conflicto que generan la movilización
de aquellos grupos sociales que no adquieren dicha membresía. La
aspiración a la ciudadanía propicia un proceso de insurrección y reivindicación política. La ciudadanía griega se adquiría por nacimiento
en la polis y al llegar a cierta edad, pero se excluía a personas que por
“naturaleza” no eran libres ni iguales, como los esclavos y las mujeres,
los cuales se entendían como instrumentos que coadyuvaban a la
felicidad del hombre. Contra las monarquías absolutas y la organización estamental de la sociedad se erigen los ideales ilustrados que
plantean la “universalidad” de los derechos, entendiendo que todos los
hombres nacían libres e iguales y les permitían consensuar la conformación del poder político; en el Estado moderno, la universalidad permitió que la clase burguesa emergente defendiera vehementemente
que la ciudadanía era un estatus vinculado con la condición de propietario, lo cual permitía confirmar la autonomía e independencia del
individuo, su accionar libre.
Con el paso del tiempo la ciudadanía se extendió a los hombres de
todas las clases sociales y, conforme se fueron independizando colonias y fortaleciendo las identidades nacionales, se incluyó a grupos
sociales racializados y pueblos originarios. En esta historia de redefinición de las fronteras de la ciudadanía las mujeres han ocupado un
importante lugar, por tratarse de la mitad de la humanidad reducida
a una condición permanente de minoría de edad. María Xosé Agra
considera que la historia del feminismo en sí misma es una historia
de construcción de ciudadanía:
10 Étienne Balibar, Ciudadanía, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2013.
19
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
Dicho de otra forma, mostrar la parcialidad y las paradojas de la
ciudadanía universal es constitutivo del feminismo. Con diferentes
énfasis, en distintos momentos y contextos históricos y políticos, la
lucha por la inclusión o contra la exclusión de las mujeres de la ciudadanía y, tras la consecución del voto, por la participación política
y en contra de la “ciudadanía de segunda” […]11
Derivado de lo anterior, la idea general que cruza este capítulo es que
la ciudadanía ha adquirido significados diversos a través de procesos sociopolíticos históricos en los que se disputan los confines de la
membresía, es decir, es producto del conflicto entre quienes ostentan
la titularidad de los derechos y quienes son excluidos de dicha membresía, concretamente, las excluidas de la ciudadanía. Aunque la idea
de la evolución del significado de la ciudadanía ya se ha sostenido con
amplitud en la literatura académica, aquí resaltaremos el sentido que
han adquirido históricamente sus componentes para justificar la exclusión y restricción de las mujeres en el ámbito público, esto es, la forma en que se ha legitimado la participación en la esfera política como
un atributo inherente a los hombres. Al analizar los fundamentos de la
exclusión, posibilitaremos la explicación del pensamiento, organización y movilización de feministas y mujeres insurrectas: la lucha por la
reivindicación de sus derechos.
1.1. Componentes de la ciudadanía
La ciudadanía es un concepto dinámico, cambiante a lo largo de la
historia a través de las expectativas sociales y la insurrección de
las personas que han sido excluidas y, por tanto, producto de procesos políticos de reconfiguración de su significado y alcance práctico. Es una noción imbricada, en el sentido en que sus componentes
11 María Xosé Agra, “Ciudadanía: el debate feminista”, en Fernando Quesada (ed.), Naturaleza y sentido
de la ciudadanía hoy, Madrid, Publicaciones UNED, 2002, p. 2.
20
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
se entretejen, están superpuestos entre sí, se vinculan de tal manera
que al tratar de explicar uno, es necesario atender al otro. Aunque
complejo, el análisis partirá de los que consideramos son los tres componentes esenciales de la ciudadanía y la manera en que se inscriben, reproducen o instauran un orden de género: en primer lugar, la
configuración de una comunidad política a partir del establecimiento
de condiciones previas para habilitar la membresía de ciertas personas a dicho colectivo y, por ende, la justificación de la exclusión
de otras; en segundo lugar, los derechos y deberes que se adhieren
al estatus adquirido; y finalmente, el conflicto y las reacciones reivindicatorias de quienes fueron excluidas de la ciudadanía. Dichos
componentes coinciden con los ejes fundamentales de la ciudadanía
propuestos por Isin y Turner: “extensión (reglas y normas de inclusión
y exclusión), contenido (derechos y responsabilidades) y profundidad
(grosor o delgadez) de la ciudadanía”, los cuales se están redefiniendo
y reconfigurando constantemente.12
Los dos primeros componentes son normativos en tanto refieren
una expectativa, deseo o proyección de cómo debe ser la comunidad
política y a qué debería aspirar. Transmiten un proyecto sociopolítico
de transformación presente en coyunturas históricas, pero después
se erigen como un estatus adquirido que se debe defender. Lo cierto es que, aunque se propongan cambios para alcanzar los ideales
definidos, las expectativas también se insertan en un contexto social,
político, económico y cultural específico que demarca su alcance. Por
ello, sostenemos que estos tres componentes analíticos del concepto
de ciudadanía cobran sentido en un orden de género, el cual es definido por Ana Buquet como “un sistema de organización social que produce de manera sistemática relaciones de jerarquía y subordinación
entre hombres y mujeres en el que convergen todas las dimensiones
de la vida humana a través de interacciones muy complejas” y cómo las
12 Engin F. Isin y Bryan S. Turner, “Citizenship Studies: An Introduction”, en Engin F. Isin y Bryan S. Turner
(eds.), Handbook of Citizenship Studies, Londres, Sage, 2002.
21
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
sociedades entienden la feminidad y la masculinidad en un momento determinado.13 La manera como se interpreta la ciudadanía se
enmarca en un sistema de relaciones entre mujeres y hombres, con
roles definidos para cada sexo, desde la binaridad sexual y la heteronormatividad. La pertenencia a la comunidad política y el acceso al
sistema de derechos están sesgados en función del orden de género,
“nuestro estatus ‘político’ como ciudadanas se basa en unas premisas
o acuerdos de desigualdad sexual”.14
Por otra parte, el tercer componente es el motor de la transformación
y ampliación de los confines de la ciudadanía. El conflicto es consustancial al establecimiento de un “nosotros” con derechos y “los otros/as”
sin derechos. Se posibilita la actuación de un sujeto político producido a partir de la exclusión que reivindica sus derechos, es decir, que
reclama lo que considera que le corresponde y que no ha obtenido.
Étienne Balibar explica que la insurrección es la modalidad activa de la
ciudadanía, “se llama ‘conquista de la democracia’ o ‘derecho a tener
derechos’ pero siempre tiene por contenido una búsqueda (y el riesgo) de la emancipación colectiva y de la potencia que les confiere a sus
participantes, en contra del orden establecido que tiende a reprimir
esta potencia”.15
A partir de las restricciones del orden de género en la ciudadanía,
que se manifiestan concretamente en la dicotomía espacio público/
privado, los feminismos como corrientes de pensamiento político
y como movimientos sociales se han encargado de deconstruir el proceso de objetualización de las mujeres,16 hacia la constitución de un
13 Ana Buquet, “El orden de género en la educación superior: una aproximación interdisciplinaria”, en
Nómadas, núm. 44, abril de 2016, p. 29.
14 Anne Phillips, “¿Deben las feministas abandonar la democracia liberal?”, en Carme Castells (comp.),
Perspectivas feministas…, op. cit., p. 84.
15 Étienne Balibar, op. cit., p. 215.
16 El proceso “en el que el mundo social es configurado por la percepción, el deseo y la creencia, proceso que propicia que las mujeres se conviertan en objetos debido a las percepciones, los deseos
y las creencias de los hombres y debido a las relaciones desiguales de poder” (Graciela Vélez, La
22
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
sujeto político, esto es, un grupo cuya identidad se finca en la desigualdad social, económica y política impuesta bajo excusa de la diferencia
sexual. Las mujeres que han luchado para convertirse en ciudadanas
de “primera categoría” se convirtieron en insurrectas del régimen político y del orden de género, transgresoras de la exclusión constitutiva
de dicha noción.
En este sentido, el análisis de cada uno de los componentes (demarcación de la comunidad política a partir de inclusión/exclusión de
personas, derechos y deberes adquiridos por la membresía, conflicto
e insurrección para la reivindicación) recorrerá cuatro coyunturas históricas de configuración de la ciudadanía enmarcadas en un orden de
género específico: 1) la inclusión de los hombres libres en reciprocidad
e igualdad con otros en las ciudades-Estado griegas, y la exclusión de
“la mujer”, quien pertenece solo al ámbito familiar; 2) la inclusión de los
hombres con derechos inherentes en tanto individuos en la conformación de los Estados-nación modernos y la consecuente exclusión
de las mujeres como grupo homogéneo de las “idénticas” confinadas
al espacio privado; 3) la inclusión de las mujeres como ciudadanas,
como recurso para la prosperidad familiar en las democracias del
Estado de Bienestar; 4) y el reconocimiento de las diferencias entre las
mujeres, diversidad que había sido invisibilizada en el colectivo social,
y que corresponden a categorías de opresión que se intersecan (interseccionalidad) y, por ende, la constante demanda de reconfiguración
de los límites de la ciudadanía y los derechos a los que aspiran.17
construcción social del sujeto político femenino. Un enfoque identitario-subjetivo, México, Miguel
Ángel Porrúa, 2008, p. 50).
17 La interseccionalidad es un término propuesto desde el feminismo negro que resalta los puntos de
interconexión de categorías de opresión como raza, etnia, clase social, edad, orientación sexual o
identidad sexo-genérica explicando que la vivencia de la discriminación y la violencia es diferente en
estas intersecciones.
23
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1.2. Los confines de la comunidad política
El primer componente del análisis de la ciudadanía refiere a la existencia de una agrupación que tiene restricciones de acceso y que
confiere un estatus de elevación social, deseable por diversas razones. Utilizamos como término general “comunidad política” porque
ha cambiado a lo largo de la historia la manera en que nos referimos
a la “organización de un grupo de individuos sobre un territorio en
virtud de un poder de mando”: civitas, polis, res publica, principado,
commonwealth, estado, nación.18 Por supuesto que los cambios de
nominación atienden a la extensión territorial, a la forma de gobierno,
a la relación gobernantes/gobernados y el estatus que se le confiere a
los últimos, etcétera, pero aquí no nos concentraremos en ello, sino en
ciertos momentos históricos que demarcan los límites de la membresía, específicamente, en la argumentación de la exclusión de ciertas
personas de la comunidad política. Balibar argumenta que la comunidad política se ha constituido como una especie de “club” en el que se
reserva el acceso, por lo que lo importante es entender cómo es que
los que se erigieron como miembros legítimos decidieron las reglas
de admisión y qué han hecho para mantener esas normas:
Las implicaciones prácticas son evidentes: no hay exclusión de las
mujeres de la ciudadanía completa (que implica el ejercicio de
las responsabilidades políticas y profesionales) o de ciertos derechos civiles, sin la constitución de una ciudadanía que funcionó (y
continúa funcionando) como un ‘club de varones’, cuyos individuos
(masculinos o no) se esfuerzan a diario en hacer respetar las reglas, inscribiendo la igual-libertad dentro de una frontera interior
presentada como ‘natural’, como ‘tradicional’ o como ‘socialmente
necesaria’.19
18 Norberto Bobbio, Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política, México, Fondo de
Cultura Económica [1985] 2004, p. 86.
19 Étienne Balibar, op. cit., p. 124.
24
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
La ciudad-Estado o polis griega siempre será un referente occidental de la ciudadanía y la democracia. Son imprescindibles las obras
de filósofos como Platón y Aristóteles para comprender la forma
en que estas sociedades idearon una comunidad política asentada en
bases de igualdad y deberes comunitarios, pero sumamente restringida. Sabemos que la demarcación territorial de la polis era un criterio
importante de inclusión de los miembros de la comunidad política; los
“metecos”, extranjeros o foráneos no tenían la posibilidad de acceder a
la ciudadanía. Esta condición ha permanecido pues es consustancial
a la conformación de los Estados-nación, siendo la nacionalidad muchas veces erróneamente utilizada como sinónimo de ciudadanía. Sin
embargo, la demarcación de un exterior frente a la unidad de ciudadanos no fue el único criterio, sino que se utilizaron otros para excluir
a personas que estaban dentro del territorio.
El primer elemento de importancia, y que después permitirá realizar
una comparación con el Estado moderno, es que la ciudadanía era
sinónimo del colectivo mismo, y no de individuos en su relación con
el poder. El interés general de la comunidad no se concebía como la
agregación de intereses individuales, “sino como la expresión de un
bien superior, encarnado en la virtud o la ley, que permitía el desarrollo
cognitivo y moral del ciudadano en tanto parte de la ciudad, de la
polis”.20 Aquí el sentido de reciprocidad es fundamental, los miembros de la ciudad-Estado están ligados entre ellos por su responsabilidad ante la polis, en particular la que refiere la participación
en la deliberación política y el ejercicio rotativo de cargos públicos,
lo cual implicaba “la limitación del poder de los gobernantes y la
aceptación de la ley por los gobernados”.21 La reciprocidad solo
se puede dar entre personas iguales por naturaleza, es decir, las
diferencias biológicas son criterios de exclusión al interior de la
polis: la edad, las capacidades manuales (realizadas por artesanos,
20 Miquel Caminal (ed.), Manual de Ciencia Política, 2a. ed., Madrid, Tecnos, 1999, p. 180.
21 Étienne Balibar, op. cit., p. 61.
25
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comerciantes, esclavos) frente a las capacidades intelectuales y, por
supuesto, la diferencia entre los sexos. El vínculo “ineludible” con
la naturaleza será una constante en la argumentación que excluye
a las mujeres del estatus ciudadano.
Susan Moller Okin se detiene en el pensamiento del estagirita, en la
manera en cómo utiliza la palabra hombre y cómo concibe la vida
buena, el logro de su felicidad plena. De una manera muy restrictiva, para Aristóteles hombre es quien tiene a su alcance condiciones
para ser feliz: los bienes, las riquezas, los hijos y el ocio son condiciones que requieren no solo la disposición de los recursos naturales
y de los animales, sino también el servicio de otras personas, que “por
naturaleza” estarían destinadas a ser instrumentos para el abastecimiento de dichas necesidades y comodidades de los que sí pueden
dedicar su vida a la contemplación.
La necesidad de todas las cosas y servicios que proporciona el hogar
para la vida diaria, junto con el supuesto de que todas las demás
clases de personas están destinadas por naturaleza a permitir que
unos pocos realicen sus actividades verdaderamente humanas, lleva
a Aristóteles a considerar la división sexual del trabajo como producto de la naturaleza.22
Esclavos, artesanos y comerciantes tienen como función la provisión
de condiciones materiales para la subsistencia, mientras que las mujeres tienen como propósito la reproducción, la cual es la función natural por excelencia, pero aun en esta, la mujer se entiende como un
mero receptáculo en el que el hombre desarrolla en sí el rol activo de
la procreación.
De lo anterior, subrayamos dos ideas que permanecerán en el pensamiento político occidental, incluso hasta nuestros días: primero,
22 Susan Moller-Okin, op. cit., p. 84.
26
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
el argumento biológico esencialista de la complementariedad de los
sexos desde el punto de vista de su función social, complementariedad que evidentemente no está fincada en la igualdad sino en la superioridad de unos que pueden aspirar a la vida contemplativa y la
nulificación de las otras por mero destino biológico; y segundo, la separación de lo doméstico de lo político, el elemento clave de la ciudadanía y la democracia. Por tanto, lo político se refiere a los asuntos
relacionados con los intereses y valores que permiten el progreso
de la polis con independencia de las actividades que tienen que ver
con la producción y reproducción, como el trabajo y la maternidad
y el cuidado de otras personas y del hogar, englobadas como la esfera doméstica.23
Hannah Arendt realizó un importante análisis de la propuesta filosófica política de Aristóteles en su libro La condición humana.24 La filósofa
alemana explica que la distinción del espacio público del privado en la
polis griega es, de hecho, una división de personas con y sin libertad.
En la familia se impone el poder de un varón sobre las mujeres, hijos
y esclavos, es un espacio de desigualdad y sumisión por naturaleza.
Por otro lado, en los espacios políticos se priorizan el debate, el diálogo
y la persuasión, y para que ello suceda, la participación de los miembros
debe estar fincada en la igualdad y en la libertad: “Ser libre significaba
no estar sometido a la necesidad de la vida ni bajo el mando de alguien
y no mandar sobre nadie, es decir, ni gobernar ni ser gobernado”.25
La idea de reciprocidad con el colectivo para asumir deberes cívicos,
como ocupar cargos públicos y la deliberación en las asambleas públicas, nos permite entender que solo algunos podrían realizarlo con
independencia y autonomía, conformando de esta manera una comunidad de hombres iguales en tanto que eran libres. Arendt considera que ese es el significado de la famosa acepción aristotélica
23 Étienne Balibar, op. cit., p. 36.
24 Hannah Arendt, op. cit.
25 Ibid., p. 48.
27
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zoon politikon:26 en oposición a la vida familiar y los que estaban fuera
de la polis, los hombres tenían la facultad de discurso, la capacidad de
hablar entre ellos como seres iguales y libres. En este sentido, en un
interesante ensayo político la historiadora inglesa Mary Beard plantea
cómo ha quedado grabada la restricción de “la voz” de las mujeres
en la política en los más importantes relatos históricos y mitológicos,
obras de arte plásticas y en la literatura, y cómo siguen presentes en
los discursos actuales del ámbito político.27 Ejemplifica con el relato de Telémaco y Penélope (personajes de La Odisea): en un momento
específico en el que varios hombres están discutiendo de asuntos públicos estando aún Ulises ausente, Penélope interviene en la discusión;
su hijo Telémaco la interrumpe y le pide regresar a “sus labores”, al
telar y la rueca. Para Beard representa el momento en el que la voz de
las mujeres fue silenciada, cuando fueron excluidas del espacio público. Coincidiendo con Arendt, Beard encuentra que en las civilizaciones
griega y romana las capacidades de oratoria eran entendidas como
habilidades masculinas: “citando un conocido eslogan romano, el ciudadano de la élite podía definirse como vir bonus dicendi peritus, ‘un
hombre bueno diestro en el discurso’. Por consiguiente, una mujer que
hablase en público no era, en la mayoría de los casos y por definición,
una mujer”.28
Aunque Arendt no desarrolla explícitamente un análisis sobre la exclusión de las mujeres de la ciudadanía, considera que la existencia de
la ciudad-Estado y de la propia esfera pública se da a expensas de la
esfera privada familiar. Para que los hombres pudieran dedicarse, si
bien no exclusivamente, pero sí con holgura a las actividades políticas,
era necesario que alguien más cubriera las necesidades materiales
26 La acepción zoon politikon (πολιτικὸν ζῷον) fue utilizada por Aristóteles en el libro II de la Política,
para caracterizar al ser humano como un animal social y destacar el vínculo esencial de los hombres
con una forma de convivencia superior, en aquel entonces manifiesta en la ciudad-Estado (Vicente
Huici y Andrés Dávila, “Del Zoon Politikón al Zoon Electronikón. Una reflexión sobre las condiciones de la
socialidad a partir de Aristóteles”, en Política y Sociedad, vol. 53, núm. 3, 2016, pp. 757-772).
27 Mary Beard, Mujeres y poder. Un manifiesto, Buenos Aires, Crítica, 2018.
28 Ibid., p. 27.
28
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
de alimentación, labores domésticas y cuidado, y específicamente, lo
que se considera como destino biológico de las mujeres, la procreación y perpetuación de la especie: “Sin dominar las necesidades vitales
en la casa, no es posible la vida ni la ‘buena vida’, aunque la política
nunca se realiza por amor a la vida. En cuanto miembros de la polis,
la vida doméstica existe en beneficio de la ‘gran vida’ de la polis”.29
No se debe entender lo anterior como el reconocimiento y la sublimación de la esfera privada sobre la pública, al contrario, Hannah
Arendt explica que lo privado fue un aspecto “oscuro y oculto de la
esfera pública”, aunque necesario. Por ejemplo, la posibilidad de tener
propiedades era una muestra de tener cubiertas esas necesidades de
vida para poder elevarse en libertad a la “buena vida”, la participación
en igualdad en el colectivo político. Lo importante es observar que la
inclusión y la exclusión de la ciudadanía se hallan interconectadas, en
el sentido de que la exclusión de unas (y otros hombres también) posibilita que solo algunos puedan adquirir el estatus de ciudadanos, con
las expectativas sociales que esto conlleva.
La segunda coyuntura histórica que revisaremos para analizar la manifestación del orden de género en la construcción de la ciudadanía,
específicamente, en la inclusión/exclusión del estatus ciudadano es
la conformación del Estado moderno, expresión del monopolio legítimo del poder en una unidad territorial delimitada. De acuerdo con
el pensamiento liberal, a partir de la existencia de un conjunto de individuos que nacen libres e iguales y que ceden parte de esa libertad
para constituir un gobierno legítimo, se “instalará la idea de que los
derechos son atributos del ser humano”.30 Balibar considera que la
relación más paradójica de la ciudadanía es con la idea de “universalidad” que plantearon la Ilustración y el liberalismo, dado que se
29 Hannah Arendt, op. cit., p. 48.
30 Yanira Zúñiga, “Ciudadanía y género. Representaciones y conceptualizaciones en el pensamiento moderno y contemporáneo”, en Revista de Derecho, año 17, núm. 2, 2010, p. 135.
29
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retiraron criterios de exclusión fundados en la organización estamental de la sociedad, pero se mantuvieron otros sumamente restrictivos.
Bajo esta configuración política, entonces, la comunidad política es la
agrupación de hombres libres e iguales, que pueden consensuar la conformación del poder político, y esa libertad e igualdad se adquieren por
la independencia o autonomía total de la persona, específicamente, del varón que ya no está bajo el control de su padre. La teórica
feminista británica Carole Pateman hace una revisión del contractualismo clásico de Thomas Hobbes, John Locke y Jean Jacques Rousseau
y explica que la ficción política del contrato social en realidad se trata del acuerdo mediante el que los hombres dejan atrás la jerarquía
paterna, el orden patriarcal de un hombre sobre otros de su propia
familia, para instaurar un orden civil de igualdad y libertad entre los
varones, pero que no se extiende hasta las mujeres.31
De acuerdo con el pensamiento moderno, la conformación de una comunidad política de iguales implica, en primer lugar, que los hijos no sigan dependiendo de sus padres si ya conformaron su propia familia32
y, en segundo lugar, interpretaciones liberales como la de John Locke
31 Siguiendo el relato de la ficción política del contrato social, Carole Pateman aclara que hay un contrato
previo al supuesto pacto original en el que se da por sentada la sujeción de las mujeres y el derecho de
los hombres a utilizar el cuerpo de estas, por placer y procreación: el contrato sexual, pues “El pacto
originario es tanto un pacto sexual como un contrato social, es sexual en el sentido de que es patriarcal –es decir, el contrato establece el derecho político de los varones sobre las mujeres– y también
es sexual en el sentido de que establece un orden de acceso de los varones al cuerpo de las mujeres
[…] El contrato está lejos de oponerse al patriarcado; el contrato es el medio a través del cual el patriarcado moderno se instituye” (Carole Pateman, El contrato sexual, México, Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa [1988] 1995, p. 11).
32 Dos datos interesantes. Teele explica que tales reglas implicaban que a los hijos que vivían en casa con
su padre no se les permitía un voto independiente; en algunos lugares, como el Reino Unido y Suecia,
la posesión de más de un domicilio, por ejemplo, una casa de campo, permitía a los jefes de casa tener
un voto adicional por cada propiedad (Dawn Langan Teele, “Women and the Vote”, en Women and Equality,
vol. 149, 2020, pp. 25-39). En el caso concreto mexicano, Françoise Carner comenta que, en la época
colonial, a finales del siglo XVIII fue promulgada la Pragmática Sanción de Matrimonios que reafirmaba en España el poder y la autoridad de los padres sobre sus hijos en materia de matrimonio. Hasta
los 25 años de edad los hijos precisaban de la autorización de los padres, de un tutor, de familiares o
en su defecto, de un juez para contraer matrimonio (Françoise Carner, “Estereotipos femeninos en el
30
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
consideran primordial que los hombres sean propietarios o terratenientes. La independencia del hombre por medio de la conformación
de su propia familia es muy importante pues, como “jefe de familia”, es
responsable de sí mismo a la vez que responsable legal de otras personas que residen en su hogar: sus hijos varones que aún no llegan a
la mayoría de edad, sus hijas solteras y su esposa. En este sentido, las
mujeres −dada la subordinación natural a su esposo− no son libres de
acceder a la sociedad política y son excluidas de la comunidad política,
donde se da el consenso y la convención.33 La posibilidad de adquirir
un patrimonio individual, y de que este sea protegido por el Estado, sugería la pertenencia a una comunidad política, anclando la noción de
ciudadanía con la membresía a un territorio, al Estado-nación. Se les
define como individuos privados que requieren “una esfera en la que
poder ejercer sus derechos y oportunidades, procurar sus intereses
privados y proteger e incrementar su propiedad”.34
Balibar sostiene que la gran antinomia en el pensamiento liberal entre
el principio de universalidad de la ciudadanía y la democracia es la negación de las mujeres como “individuos” o “sujetos de derecho”. Yanira
Zúñiga explica que la exclusión implicó un complejo y largo proceso de
complicidad en la literatura, ciencia y otras manifestaciones culturales
para conformar la “feminidad” o como resaltaría Betty Friedan, la mística de la feminidad, que justificaba el confinamiento de las mujeres
en el espacio privado dado su destino biológico.35 Esta construcción
sociocultural que, por cierto, refería más precisamente a mujeres de
ciertos extractos sociales, fue la argumentación de trasfondo de la resistencia al sufragio femenino desde finales del siglo XIX y la primera
siglo XIX”, en Carmen Ramos, Presencia y transparencia: la mujer en la historia de México, México, El
Colegio de México, 2006, pp. 99-112).
33 Carole Pateman, “Críticas feministas a la dicotomía público/privado”, en Carme Castells (comp.),
Perspectivas feministas…, op. cit., p. 34.
34 Ibid., p. 36.
35 Betty Friedan, La mística de la feminidad, Madrid, Ediciones Cátedra [1963] 2011.
31
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
mitad del siglo XX. Hoy en día no podemos decir que se ha superado
por completo.
La base de la exclusión interior de la ciudadanía liberal es la separación de la esfera pública/política de la esfera privada/doméstica y la
correspondiente separación de roles de género, en la cual los hombres y las mujeres cumplen una función social diferente, los primeros
como proveedores, con capacidad de participación en el gobierno,
y las mujeres como procreadoras y “amas” del hogar. La esfera privada se relaciona con la vida doméstica, la familia y las relaciones de
consanguinidad (padres e hijos), sexualidad y reproducción (marido y
esposa que se convierten en padre y madre), mientras que el espacio
público se relaciona con la libertad, la igualdad, los derechos, la propiedad y las convenciones, entendidos por los liberales como exclusivos de los varones.36
Cabe mencionar que el reconocimiento de los hombres como individuos estaba asociado a su patrimonio y liderazgo como padre de
familia en el ámbito doméstico, además de tener acceso al espacio
político; en contraste, las mujeres están confinadas al espacio privado y se difunde falsamente que son estas las que ejercen el dominio
del hogar. En este sentido, la explicación de la complementariedad de
las esferas, como si hombres y mujeres tuvieran distintas funciones
sociales (presupuesto defendido desde Aristóteles) no se puede sostener cuando ellas solo se desarrollan en un ámbito y los hombres gobiernan ambos.37
Para poder dar una salida a la incongruencia entre la propuesta humanista y universalista que debería incluir a todos y todas, pero que en la
práctica limitaba la ciudadanía a un grupo de hombres propietarios, se
consideran las diferencias fisiológicas o psicológicas para trazar la línea
36 Carole Pateman, “Críticas feministas a la dicotomía público/privado”, en Carme Castells (comp.),
Perspectivas feministas…, op. cit., p. 35.
37 Geneviéve Fraisse citada por Balibar, op. cit., p. 108.
32
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
de exclusión y negar la membresía a la comunidad política a las personas “anormales”, o por lo menos que no se comprenden dentro
de un ideal homogéneo compartido de ciudadano.38 La justificación de
la exclusión de las mujeres siguió fundamentándose en la naturaleza,
en la dependencia de las mujeres a las figuras masculinas como sus
esposos y padres, situación que imposibilitaba que se convirtieran en
propietarias, por lo que su sentido de pertenencia al Estado-nación
solo podía anclarse a la maternidad (madres de los varones que sí
reunían las condiciones de membresía de la ciudadanía).
Dado que las mujeres son un grupo de personas que “por naturaleza”
tienen otras capacidades y funciones, no pueden estar comprendidas
en el conjunto de “los iguales”. Se les consideró diferentes a los varones, y aunque la diferencia también se daba entre ellos, lo importante
es que se argumentó que las mujeres eran inferiores, aunque idénticas
entre ellas por esencialismo biológico. Al naturalizar la desigualdad
basada en la diferencia sexual, también se estableció la dependencia de ellas a los otros en condiciones de subordinación y opresión.39
Desde la perspectiva liberal, el individuo es una persona autónoma, independiente, “capaz de proponerse a sí mismo fines que considera valiosos y de tender libremente a la realización de éstos",40 pero las mujeres están “cautivas”, sin autonomía, sin capacidad de decidir por sí
mismas: “[el] cautiverio caracteriza a las mujeres en cuanto al poder
de la dependencia vital, el gobierno de sus vidas por las instituciones
y los particulares (los otros), la obligación de cumplir con el deber ser
femenino de su grupo de adscripción, concretando en sus vidas estereotipadas, sin opciones”.41
38 Ibid., p. 134.
39 Marcela Lagarde, Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas, 5a. ed.,
México, Universidad Nacional Autónoma de México [1990] 2011, p. 167.
40 Jesús Farfán, “La formación ciudadana de las mujeres en el México del siglo XIX”, en María Luisa
Quintero y Carlos Fonseca (coords.), Investigaciones sobre género. Aspectos conceptuales y metodológicos, México, Miguel Ángel Porrúa, 2008, p. 125, nota al pie de página.
41 Ibid., p. 152.
33
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
Varias autoras han explicado con bastante profundidad que no es la
capacidad de reproducción de las mujeres la que provoca la subordinación, sino la forma en que este hecho biológico adquiere significado socialmente.42 Pierre Bourdieu43 explicó que la dualidad mujer/hombre
se inscribe en el orden simbólico de las cosas: asociados con la naturaleza y la mujer encontramos atributos “femeninos” como el amor, la
intuición, la moralidad, la abnegación; y en oposición a estos, están
la cultura, el progreso, la justicia, la razón, que han sido asociados al
hombre y lo masculino. Y es en esta división simbólica de la feminidad
y la masculinidad en la que Marcela Lagarde encuentra la opresión
patriarcal de las mujeres: es el ímpetu del hombre por controlar la
naturaleza. En algún momento de la historia –sobre todo occidental–
el avance de la civilización se tradujo en el dominio de los recursos
y fenómenos naturales, y si la mujer tiene una relación indisoluble con
la naturaleza, el varón, por extensión, debe controlarla a ella.
Para las mujeres partícipes de la movilización social y del pensamiento
ilustrado y liberal, la exclusión de la nueva esfera de libertades y derechos, así como la continuidad de su dependencia legal al varón, no
pasó desapercibida. La filósofa inglesa Mary Wollstonecraft escribió
en 1790 en su libro Vindicación de los derechos de la mujer:
Lo que permite elevarse como seres racionales, libres e iguales es la
constitución de un “otro” que no tiene esas virtudes y características:
“¿Y pretenderán los moralistas afirmar que ésta es la condición en la
que una mitad de la raza humana debe ser animada a permanecer
con apática inactividad y estúpida aquiescencia? ¡Buenos instructores! ¿Para qué fin hemos sido creadas? Para permanecer dirán,
inocentes –esto es, en el estado de la infancia−. Podríamos también
42 Este es el principal propósito de El segundo sexo: desmontar la argumentación biológica y psicoanalítica de la diferencia y subordinación de las mujeres, para aclarar que “el conjunto de la civilización
elabora este producto intermedio entre macho y el castrado que se suele calificar de femenino”. Es
decir, “No se nace mujer: se llega a serlo” (Simone de Beauvoir, op. cit., p. 371).
43 Pierre Bourdieu, La dominación masculina, Barcelona, Anagrama [1998] 2000.
34
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
no haber nacido nunca, a menos que fuera necesario crearnos
para permitir al hombre adquirir el nombre privilegio de la razón,
la facultad de discernir el bien del mal, mientras que nosotras nos
tumbamos en el barro del que fuimos tomadas, para nunca levantarnos de nuevo”.44
Sin embargo, algunos de los cuestionamientos más importantes a la
propuesta liberal de la ciudadanía no profundizaron demasiado en
la exclusión de las mujeres de este principio supuestamente universal,
sino que se centraron en las experiencias de exclusión de los hombres
por otro tipo de consideraciones económicas y políticas. En este sentido, Thomas Humphrey Marshall es uno de los principales autores
abordados cuando se debate el alcance del término ciudadanía, precisamente porque cuestiona la contradicción entre la defensa de la
libertad individual –principal premisa del liberalismo como ideología
política económica– y la desigualdad social detonada por el cruento sistema capitalista, de la Revolución Industrial hasta el periodo de
posguerras.45 La suya es nombrada “ciudadanía social” por la vinculación de la idea de solidaridad universal del Estado hacia el cuerpo social.
Es en este contexto del Estado de Bienestar en el que encontramos
una conceptualización de la ciudadanía bajo un orden de género distinto, después de que se extendió internacionalmente el sufragio universal y se puso en entredicho el acceso en igualdad de condiciones
a los derechos civiles, políticos y sociales.
44 Mary Wollstonecraft, Vindicación de los derechos de la mujer, Madrid, Ediciones Istmo [1790] 2005,
p. 124.
45 Marcos Freijeiro, “Ciudadanía, derechos y bienestar: un análisis del modelo de ciudadanía de
T. H. Marshall”, en Revista de Filosofía, Derecho y Política, núm. 2, 2006, pp. 63-100.
35
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1.3. Derechos y responsabilidades
adquiridos
El segundo componente de la noción de ciudadanía es la adquisición
de derechos y deberes con la comunidad política. Este componente
pone de manifiesto las aspiraciones sociales, las posiciones ideológicas de cada sociedad en un momento determinado. En este sentido,
T. H. Marshall difirió de la tradición iusnaturalista que estipulaba que
los derechos son inherentes a las personas y aclara que los derechos
son producto del devenir histórico. Por ello, en Ciudadanía y clase social se enfatiza la forma en que se fueron incorporando los derechos
en Inglaterra, primero civiles y luego políticos (en los siglos XVIII y XIX
respectivamente), y después los derechos sociales para alcanzar una
especie de ciudadanía “ideal” en el siglo XX. Basado en la propuesta
de dicho autor, Alberto Olvera define de manera concreta el alcance de
cada uno de los derechos: derechos civiles son aquellos que se erigen
como una esfera de autonomía y seguridad de los individuos frente al
Estado (libertad de expresión, pensamiento, propiedad); los derechos
políticos que los consideran capaces de elegir a sus gobernantes
y contender por un cargo público; y los derechos sociales que “garantizan las condiciones mínimas de supervivencia y dignidad para todos los
miembros de una comunidad en condiciones de igualdad".46 Como indica el título de este libro, ponemos especial atención a los derechos
políticos, pero necesariamente se abordan los civiles y sociales como
producto de la lucha por la representación política de las mujeres.
El componente más reconocido de la noción de ciudadanía de
Marshall es que la entiende como un mecanismo que permite conciliar la libertad individual con el capitalismo que genera desigualdad,
en tanto el Estado pueda garantizar un mínimo de bienestar a quienes
detentan el estatus de ciudadanos, específicamente con aquello que denominaría “derechos sociales” como la educación, el acceso a la salud,
46 Alberto Olvera, Ciudadanía y democracia, México, Instituto Federal Electoral, 2008, p. 20.
36
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
vivienda, un ingreso mínimo, entre otros. El Estado de Bienestar es una
alternativa congruente frente a las continuas crisis del capitalismo
y el individualismo exacerbado del modelo liberal,47 así como de la experiencia de los Estados socialistas totalitarios (donde la igualdad social era el principio político por excelencia por encima de la libertad).
A diferencia de los derechos civiles y políticos que, desde la apuesta
de Marshall, siguen vinculándose indiscutidamente al individualismo
liberal, los derechos sociales son “deberes del Estado de provisión de
servicios colectivos en materia de salud, educación y bienestar"48 que
permiten a las personas reconocidas como ciudadanas, adquirir condiciones de vida suficientes o dignas, que a su vez posibilitan el ejercicio
de los derechos civiles y políticos, sobre todo los políticos. En este sentido, la ciudadanía social, de acuerdo con Marshall, se configura como
un mecanismo de compensación de las contradicciones del mercado, destinado principalmente a la población con menores recursos
o en situación de vulnerabilidad que la “mano invisible” del capitalismo no ha podido favorecer. Resalta que la compensación implica
que algunas personas con el estatus de ciudadanía no requieren de
la subvención estatal, es decir, a diferencia de los derechos civiles
y políticos que se entienden universales, los derechos sociales están
dirigidos a grupos identificados a partir de ciertos criterios estatales discrecionales, partiendo de la pregunta básica de lo que significa bienestar.
T. H. Marshall sostuvo que la adquisición de los derechos civiles, políticos y sociales se daban de manera secuencial, uno motivado por el
otro: el reconocimiento de los derechos del individuo motivó la búsqueda del poder político y, gracias al acceso universal de los derechos
políticos, las clases no privilegiadas económicamente accedieron
al poder y exigieron al Estado la concesión de los derechos sociales.
47 Yanira Zúñiga, op. cit.
48 Marcos Freijeiro, op. cit., p. 74.
37
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
Es importante señalar que el propósito del análisis del autor no era
normativo o comparativo, su explicación sobre la evolución del término estaba centrada en la experiencia inglesa y no se extendía a otros
contextos sociopolíticos donde la ciudadanía seguía siendo motivo
de conflicto y reivindicación de los derechos por movimientos sociales
en pie de lucha.49
Sin embargo, llama la atención que el sociólogo británico entiende que los derechos políticos se integran definitivamente a la noción de
ciudadanía con la universalización del sufragio masculino, aun cuando
no se había hecho del todo extensiva a la otra mitad de la población:
las mujeres. Para estas los derechos políticos, como el sufragio, en
realidad fueron una vía para adquirir los derechos civiles. Además de
las mujeres inglesas de clase alta que luchaban vehementemente por
el derecho al voto que las posicionara en igualdad con los hombres
de su clase social, las mujeres de clase media y baja se sumaron a
la lucha sufragista con la expectativa de lograr mejores condiciones
de vida: poder trabajar, que su labor tuviera una compensación justa,
gozar de los beneficios de ese trabajo, posibilidad de obtener la patria
potestad de sus hijos e hijas en caso de divorcio, adquirir y heredar
propiedades, realizar transacciones comerciales, o algo tan importante como conservar su nacionalidad aun cuando se casaran con un
extranjero. El sufragio, derecho político de la ciudadanía, se convirtió
en el estandarte de una lucha que reivindicaba también los derechos
civiles de las mujeres. En palabras de Dawn Langan Teele, “los derechos de las mujeres no son solo bienes normales que surgen automáticamente con el tiempo, sino que son recursos frágiles que hay que
demandar, cuidar y defender”.50
No obstante, la propuesta marshalliana de progresividad hacia los
derechos sociales es poco clara desde la experiencia de las mujeres.
49 María Xosé Agra, “Ciudadanía: el debate feminista”, en Fernando Quesada (ed.), Naturaleza y sentido…, op. cit.
50 Dawn Langan Teele, op. cit., p. 35.
38
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
El Estado de Bienestar no significó la plenitud de la ciudadanía para
las inglesas. Los derechos sociales adquirieron otro significado
conforme al orden de género imperante: más que derechos, eran concesiones que se otorgaban a las mujeres como población vulnerable
y dependiente, con limitantes de sus derechos civiles y reducidísimo
ejercicio de los derechos políticos, sobre todo aquellos referentes a la
representación en la toma de decisiones. Además, se les consideró un
medio para lograr el bienestar de las familias, y su condición de madres era un llamado a su protección, al igual que otros grupos vulnerables.51 Marcela Lagarde explica que el Estado de Bienestar se basó en
las “funciones de reproducción social en que la sociedad especializa
a las mujeres a partir de su cuerpo, de su sexualidad y de sus funciones
de reproducción de la cultura”.52 Balibar evidencia un problema específico con la ciudadanía social marshalliana para la reivindicación de
los derechos de las mujeres, ya que la vía de acceso a los derechos sociales fue su estatus como trabajadores y trabajadoras. Las mujeres
asociaron su emancipación con su inserción en el campo laboral,
sin embargo, con esto llegó “la sobreexplotación de las mujeres, por
medio del establecimiento de la doble jornada del trabajo, profesional
y doméstica”.53
Los patrones socioculturales que se convierten en desventajas estructurales constituyen una diferencia trascendental en la experiencia ciudadana de mujeres y hombres: si en el siglo XX presenciamos
los avances más importantes de derechos políticos y civiles de las mujeres, el acceso y goce de los derechos sociales sigue relacionándose
con categorías de su dependencia con la familia y la esfera doméstica
(el varón como proveedor con trabajo remunerado y la mujer que se
desempeña principalmente como cuidadora). Las mujeres que continuaban en una situación de dependencia doméstica y cuyo trabajo
51 Maxine Molyneux, “Género y ciudadanía en América Latina: cuestiones históricas y contemporáneas”,
en Debate Feminista, vol. 23, abril de 2001, pp. 3-66.
52 Marcela Lagarde, op. cit., p. 160.
53 Étienne Balibar, op. cit., p. 83.
39
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
no se reconocía por no ser remunerado, simplemente no pueden ser
consideradas en igualdad de condiciones que los varones con empleo
formal que les permite esa tan anhelada independencia: la “diferencia
sexual es políticamente relevante, el modelo de Marshall no contempla la dependencia de las mujeres de la familia” sostiene María Xosé
Agra.54 En este sentido, la movilización feminista ya no se concentra
solo en la igualdad formal de derechos civiles y políticos, como lo hicieron las sufragistas en la primera ola y la corriente del feminismo
liberal, sino que buscará la igualdad de facto que tiene su principal
obstáculo en la división sexual del trabajo y la subordinación de las mujeres a los varones como cabezas de familia. El límite de la ciudadanía
es la desigualdad estructural derivada del género como ordenamiento sociocultural. Ante la pregunta de si la ciudadanía tiene género,
Sylvia Walby55 respondió afirmativamente: la ciudadanía es sexuada.
El Estado de Bienestar inicia con las políticas de recuperación económica tras la Gran Depresión y, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial
en los países del bloque occidental capitalista, en una no tan disimulada competencia con las políticas socialistas del bloque liderado por la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Su declive se presentaría a partir de los años setenta. No es de extrañar que la década anterior fuera uno de los periodos de mayor agitación social de la
historia contemporánea con los movimientos pacifistas, estudiantiles,
por los derechos civiles de la población negra, de la diversidad sexual
y nuevas corrientes feministas como la radical, el feminismo de la diferencia, el feminismo negro, el lesbofeminismo, entre otras. Todos
estos movimientos empujaron una concepción de ciudadanía distinta
a la que se sostenía hasta el momento.
54 María Xosé Agra, “Ciudadanía: el debate feminista”, en Fernando Quesada (ed.), Naturaleza y sentido…, op. cit., p. 9.
55 Sylvia Walby, “Is Citizenship gendered?”, en Sociology, vol. 28, núm. 2, 1994, pp. 379-395.
40
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
La filósofa Hannah Arendt hizo un interesante acercamiento de la ciudadanía con la noción de los derechos humanos, los cuales habían adquirido notable fuerza terminada la Segunda Guerra Mundial (y tras la
terrible experiencia del Holocausto). Para Arendt la membresía a un
Estado-nación era una condición necesaria para poder acceder a la
supuesta universalidad de los derechos, pero dejaba sin acceso a personas debido a su calidad de apátridas, expatriados, migrantes y otras
condiciones, precisamente provocadas por el componente de territorialidad de la ciudadanía. Asimismo, dentro del propio territorio existían personas que tampoco podían acceder a la ciudadanía, pero que no
necesariamente estaban en una actitud pasiva frente a esta situación.
Hannah Arendt propone poner en primer plano a la dignidad humana,
y no a la condición de membresía a una comunidad política situada en
confines territoriales como los de los Estado-nación, de tal forma que la
existencia misma de la persona (y de ahí la importancia de la natalidad
en su reflexión), su actuación y vinculación con el entorno para relacionarse con otras personas, le confiere ese “derecho a tener derechos”,
el derecho a la membresía a una comunidad política más amplia que el
territorio nacional y, por ende, más allá de la voluntad o negativa de
los gobiernos de los Estados nacionales de conferirles los derechos.
El ejercicio de la libertad es una precondición de la dignidad humana
y se refleja en la constante disputa por reconfigurar los alcances de la
ciudadanía al cuestionar la exclusión producida por sus condiciones
de pertenencia. El reclamo del “derecho a tener derechos” es inevitable en tanto es inalienable a la dignidad humana de las personas, la
cual se erige de su libertad de acción.
A partir de la propuesta de Hannah Arendt, Seyla Benhabib define la
ciudadanía como “el reclamo de cada persona humana a ser reconocida y protegida en términos de una personalidad legal por la comunidad mundial y el derecho a la libertad comunicativa mediante la
que la persona se proyecta a sí misma como ‘hacedora’ de un mundo
41
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
social que comparte con otros”.56 Como se puede leer en la cita, la autora considera muy importante la condición comunicativa de las personas, esto es, la capacidad de expresión con vistas a la interacción
con otros: argumentar para manifestar nuestros intereses, necesidades y perspectivas con propósitos específicos de incidir en los posicionamientos y decisiones de otros. La libertad es comunicativa. En
el mismo sentido de Arendt, Benhabib cuestiona que la territorialidad
o la residencia sean condición de membresía: la ciudadanía es multicultural y trasciende los límites de los Estados-nación y está fundada
en los actos de reivindicación de derechos de las personas que la otra
ciudadanía territorializada excluía.
1.4. Reacciones reivindicativas
ante la exclusión
Explica Étienne Balibar que la declaratoria del “derecho a tener derechos” de Hannah Arendt es la manifestación más clara del carácter insurreccional de la noción de ciudadanía, esto es, la necesidad
de las personas de reivindicar su derecho a no ser excluidas. Como
se mencionó en líneas anteriores, el establecimiento de los confines
de la comunidad política irremediablemente conlleva a que ciertas
personas con determinadas características no puedan acceder a esta.
El motor de la transformación social y política y de la evolución misma
de la ciudadanía es la lucha de dichas personas por reivindicar lo que
les ha sido negado. Celia Amorós explica que la impugnación se vale
de dos argumentos: primero, defender que quienes han sido excluidas
también tienen las características o parámetros del resto que sí fue
incluido en la comunidad política o, segundo, controvertir que esos
criterios de inclusión/exclusión no son los adecuados.57 El conflicto es
inherente a la definición de la ciudadanía porque implica un forcejeo
56 Ma. Concepción Delgado, “Ciudadanía moderna, ¿un obstáculo para los derechos humanos? De
Arendt a Benhabib”, en Reflexión Política, año 16, núm. 32, diciembre de 2014, p. 123.
57 Celia Amorós, Feminismo y filosofía, Madrid, Síntesis, 2000, p. 27.
42
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
de grupos sociales que buscan el reconocimiento y redefinen fronteras de la membresía, a la vez que otros, que detentan privilegios
e intereses particulares, se resisten:58
La ciudadanía no sólo debe ser atravesada por crisis y tensiones
periódicas, sino que es intrínsecamente frágil y vulnerable: es por
esta razón que a lo largo de la historia ha sido destruida y reconstituida en varias ocasiones, en un marco institucional nuevo […] la
capacidad insurreccional de los movimientos políticos universalistas que buscan conquistar derechos todavía inexistentes, o ampliar
los existentes, de modo de hacer que la igual-libertad pase a los
hechos […] El momento insurreccional asociado al principio de la
igual-libertad no es sólo fundador, es también enemigo de la estabilidad de las instituciones.59
El feminismo como teoría y movimiento social tiene su origen en estas
transformaciones sociales (que quedaron plasmadas en las aportaciones de la Ilustración y la teoría política liberal de los siglos XVIII
y XIX) donde los principios como la razón, la libertad y la igualdad
se entienden “universales” y, por tanto, las mujeres también consideraron que debían ser incluidas en esa caracterización natural con
el resto de la humanidad.60 La exclusión determinante de las mujeres
a la ciudadanía provoca ser identificadas como “las otras” y desde la
58 Con la ciudadanía moderna se enuncia la petitio juris o la reivindicación de derechos. Esta frase tiene un carácter profundo de acuerdo con Álvaro Ramis cuando aborda el proceso constituyente: “los
dominantes nunca ceden sus privilegios de forma voluntaria. Los sin-parte en el pacto político deben
hacerse parte [petitio jure] generalizando sus demandas particulares, hasta encontrar en la apertura
a un proceso de cambio constitucional, un momento instituyente de lo que hasta ese momento está
prohibido” (cita del blog del autor alvaroramis.wordpress).
59 Étienne Balibar, op. cit., p. 63.
60 El pensamiento inconforme sobre la desigualdad de las mujeres no se suscribe solamente a la modernidad. Como se mencionó antes, ha habido un importante esfuerzo de genealogía feminista
que visibiliza la reflexión de mujeres en la Antigüedad y durante la Edad Media: las filósofas griegas
Aspasia y Fintis, la mística alemana Hidelgard von Bingen, Christine de Pizan, sor Juana Inés de la
Cruz, las españolas Isabel de Villena y Teresa de Ávila, la inglesa Mary Astell, entre otras (véase a
Ingeborg Gleichauf, Mujeres filósofas en la historia. Desde la antigüedad hasta el siglo XXI, Barcelona,
La Desclosa, 2010).
43
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
otredad se reconocieron como “las de mi sexo” (como refiere Mary
Wollstonecraft). Esto es, la desigualdad social y política, bajo excusa
de la diferencia biológica, posibilita la identidad social y, con ello, la
conformación del sujeto político del feminismo.
Lo que llamaremos aquí “pensamiento inconforme” se refiere a la
argumentación de las mujeres del siglo XVIII, a la luz del igualitarismo ilustrado y liberal, por ser consideradas como seres dotados de
razón y que podían fortalecer virtudes, al igual que los hombres.61 La
Revolución francesa ha sido descrita como una importante coyuntura sociopolítica que provocó que muchas mujeres manifestaran
su inconformidad frente a la exclusión. Ampliamente conocida es la
Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, escrita por
Olympe de Gouges, como reacción a la declaración homónima, pero
exclusiva de los varones. En este documento se puede leer el reclamo de las mujeres por los derechos que se habían logrado durante la
gesta armada. Aunque es sumamente recomendable leer el documento completo, recuperamos estas líneas:
Las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación, piden
que se las constituya en asamblea nacional. Por considerar que la
ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son
las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los
gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne,
los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer a fin de
que esta declaración, constantemente presente para todos los
miembros del cuerpo social les recuerde sin cesar sus derechos y sus
deberes, a fin de que los actos del poder de las mujeres y los del
61 Un siglo antes, un importante filósofo cartesiano y protofeminista, François Poullain de la Barre, ya
había advertido que se debía desenmascarar toda suerte de prejuicios sociales sostenidos solamente
por las creencias y costumbres, y uno de ellos era la inferioridad de las mujeres: el “bon sens como
capacidad autónoma de juzgar […] lo tienen todos por encima de la compartimentalización estamental de la sociedad. No hay pues, razón alguna para que les sea negado a las mujeres” (Celia Amorós,
Feminismo y filosofía, op. cit., p. 23).
44
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
poder de los hombres puedan ser, en todo instante, comparados con
el objetivo de toda institución política y sean más respetados por ella,
a fin de que las reclamaciones de las ciudadanas, fundadas a partir
de ahora en principios simples e indiscutibles, se dirijan siempre al
mantenimiento de la constitución, de las buenas costumbres y de
la felicidad de todos.
Cabe mencionar que esta autora, como muchas otras mujeres de diversas condiciones, se manifestó para defender su inclusión en el nuevo pacto social. Alicia H. Puleo62 recupera varios textos que abordan el
debate ilustrado de la inclusión/exclusión de las mujeres de la ciudadanía en el contexto revolucionario. Es de especial interés la recuperación de las intervenciones de mujeres plasmadas en los Cuadernos
de Quejas y Reclamaciones de la reunión de Estados Generales. Desde
entonces se puede leer con claridad que los posicionamientos de las
mujeres son muy diversos debido a la situación social y económica
de cada una de ellas: mujeres de la nobleza, o intelectuales que se
movían en los círculos burgueses o las llamadas mujeres del Tercer
Estado, provenientes de las clases más bajas.
Una de las principales pensadoras influidas por las ideas de la Ilustración y el liberalismo inglés es Mary Wollstonecraft. En 1792 escribió
Vindicación de los derechos de las mujeres, título que muestra con
claridad la relación con nuestro tema, pues se vierten ideas que debaten los argumentos de exclusión de las mujeres de la ciudadanía. En
las primeras líneas de la dedicatoria al obispo de Autun, la autora explica la importancia de llevar una vida independiente, la cual considera
la base de toda virtud, aludiendo a los requerimientos de autonomía
para reclamar la libertad e igualdad que había fincado la ciudadanía de
los hombres. Pone en cuestionamiento la restricción de la libertad
de las de “su sexo” pues si “[l]a libertad es la madre de la virtud y si las
62 Alicia H. Puleo, La Ilustración olvidada: la polémica de los sexos en el siglo XVIII. Condorcet, De Gouges,
De Lambert y otros, Barcelona, Anthropos, 1993.
45
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
mujeres son, por su misma constitución, esclavas y no se les permite
respirar el aire vigoroso de la libertad, deben languidecer por siempre
y ser consideradas como exóticos y hermosos defectos de la naturaleza”.63 Pero, sin duda, el principal interés de Wollstonecraft se dirige a
la defensa de la educación de las mujeres, contra las creencias de los
principales ideólogos de la época como Jean Jacques Rousseau. La
inglesa explica que las mujeres han sido socializadas para hacerlas
seductoras preocupadas por la belleza y placeres banales (comportándose en una especie de infancia permanente), para ser esposas
afectuosas y madres ejemplares, basándose en la fuerza de las tradiciones y sus prejuicios, y no en la razón como intrínseca a todo ser
humano. Es precisamente la prohibición de su educación en igualdad
con los hombres la que moldea esa imagen de las mujeres como banales y efímeras o faltas de capacidades intelectuales y no en el sentido contrario la falta de razón o de virtudes “naturales” lo que justifique
esta prohibición, la cual es insostenible.
A mediados del siglo XIX el feminismo como movimiento social toma
como estandarte el reclamo sufragista además de la vindicación de
otros derechos civiles y políticos (véase el capítulo “Mujeres como votantes”). No obstante, en ese entonces, la dicotomía espacio público/
espacio privado no era del todo cuestionada, sino que se valieron de
las ideas de complementariedad de roles sociales de hombres y mujeres para realizar sus reclamos, específicamente, el del voto. Para
una mayoría de sufragistas, la ciudadanía se entendía como una ampliación de su vida doméstica privada, en tanto madres que procuraban el bienestar de su progenie y sus maridos y, aunque más frágiles, se
afirmaba que la moral y la rectitud eran superiores en estas.64 Las
mujeres buscaron la reivindicación de su membresía a la comunidad
política a partir de su relación con el ámbito privado argumentando,
63 Mary Wollstonecraft, op. cit., p. 89.
64 Carole Pateman, El desorden de las mujeres: democracia, feminismo y teoría política, Buenos Aires,
Prometeo Libros [1990] 2018, p. 175.
46
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
por un lado, la igualdad universal que funda la ciudadanía misma,
y por el otro, a partir de la diferencia, reconociéndose como un grupo
de personas que son diferentes por su capacidad de ser madres y sus
virtudes vinculadas al espacio privado. El voto representaba su reconocimiento como “individuos”, así como la posibilidad de manifestar
sus problemas e intereses a través de representantes políticos, más
allá de los confines de lo doméstico. Maxine Molyneux destaca que
los movimientos latinoamericanos de mujeres (desde los sufragistas
hasta las movilizaciones contra las dictaduras militares y autoritarismos) caminaron por esta ruta de reivindicación, de la mano con la
marcada diferencia que les daba una maternidad idealizada.65
El cuestionamiento de la eliminación de la dicotomía espacio público/
espacio privado adquiere fuerza a partir de los años setenta. Teniendo como importante antecedente la obra de Simone de Beauvoir que
contravenía directamente el argumento biológico de la desigualdad
entre los sexos, las neofeministas quieren ampliar el alcance de las
demandas de las pensadoras del siglo XVIII hasta el ámbito privado: lo personal es político. El sentido de esta frase −atribuida a Kate
Millet en su obra Política sexual (1969)−66 es una crítica a la dicotomía
por ser la base de la opresión de las mujeres, un mecanismo esencial
del patriarcado, en el sentido de que la vida de estas, su cuerpo y sexualidad, son problematizados en espacios políticos, a los que no han podido acceder en igualdad de condiciones, a pesar de lograr el derecho
al voto:
Recordemos que el ejército, la industria, la tecnología, las universidades, la ciencia, la política y las finanzas –en una palabra, todas las
vías de poder, incluida la fuerza coercitiva de la policía– se encuentra
por completo en manos masculinas. Y como la esencia de la política
65 Maxine Molyneux, op. cit., pp. 3-66.
66 Kate Millet, Política sexual, Madrid, Cátedra [1969] 2010.
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Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
radica en el poder, el impacto de ese privilegio es infalible. Por otra
parte, la autoridad que todavía se atribuye a Dios y a sus ministros,
así como los valores, la ética, la filosofía y el arte de nuestra cultura
–su auténtica civilización, como observó T.S. Eliot– son también de
fabricación masculina.
Celia Amorós reconoce la gran influencia del contexto sociopolítico
y cultural de las décadas de los sesenta y setenta en el feminismo.67 La
movilización social de la comunidad afroamericana contra la guerra,
y la estudiantil, marcaron definitivamente las corrientes feministas de
la época (como la bifurcación del feminismo de la igualdad en liberal
y radical, y el surgimiento del feminismo cultural y de la diferencia), específicamente respecto a cómo se organizarían internamente y cuál
sería la relación que debían mantener con el Estado, decantándose
por formas organizativas tipo asamblea, y no una jerarquía con lógica patriarcal. Si el voto era un acto político esporádico y anónimo, en
este contexto era insuficiente cuando se podía tener una mayor y más
directa incidencia en este tipo de agrupaciones de mujeres en los que
se compartían “experiencias y conocimientos, influencias y tiempo”.68
En este mismo contexto se presenta la discusión por los derechos sexuales y reproductivos y sobre el “maltrato hacia las mujeres” (más
adelante violencia contra las mujeres o violencia de género) que, en
el marco de la explicación del patriarcado como estructura y de la
consigna feminista por excelencia, lo personal es político, generó una
profunda reflexión en grupos horizontales o colectivos de mujeres
que cimentaría el activismo de la siguiente etapa feminista. Asimismo,
ante la férrea resistencia de los detentadores del poder político, la
representación política legislativa, o en los gobiernos ejecutivos, no
era prioritaria, sobre todo porque el poder patriarcal se desarrollaba
en todos los ámbitos de la vida.
67 Celia Amorós, Feminismo y filosofía, op. cit.
68 Anne Phillips, “¿Deben las feministas abandonar la democracia liberal?”, en Carme Castell (comp.),
Perspectivas feministas…, op. cit., pp. 79-98.
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Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
En América Latina, y específicamente en México, las mujeres organizadas (feministas y no feministas) se integraron a los movimientos
sociales campesinos y urbano-populares, desde los que también
cuestionaron el sexismo de sus compañeros de lucha. A finales de
los setenta, y durante las décadas de los ochenta y noventa, algunas
feministas habían entendido que la lucha no podía llevarse lejos de
los espacios de la política formal: “La ciudadanía como participación
llevaba implícita la idea de que el ‘interés’ de las mujeres no puede
ser conocido al margen de su participación en la política. No sólo el
orden simbólico del discurso es importante para construir la identidad, sino que se entiende que ‘las estrategias discursivas de un grupo
no pueden estar divorciadas de la formación del electorado o de las
oportunidades políticas a que se enfrentan’”.69 En este sentido, las organizaciones de mujeres y feministas se redirigieron al Estado. En el
contexto de autoritarismos y dictaduras militares latinoamericanas,
muchas feministas se vincularon con los movimientos que abonaron
a los procesos de democratización de sus países y también se integraron a partidos políticos de oposición. En este sentido, y como veremos más adelante con el caso mexicano, el respeto del voto ciudadano
se convirtió en una demanda social prioritaria.
Por otro lado, a diferencia de la versión liberal de la ciudadanía, basada en un posicionamiento sumamente individualista, y la versión del
Estado de Bienestar y los derechos sociales que se podrían interpretar
como dádivas, en Latinoamérica se gestó una perspectiva ciudadana
más activa, participativa y con mayor responsabilidad social. Muchas
organizaciones feministas “ejercieron su ciudadanía” en un espacio
público que no se remitía a la política formal y partidista. Sin embargo,
esta ciudadanía activa tuvo un vínculo claro con los roles tradicionales
de género de las sociedades de la época, de tal forma que el activismo
político de las organizaciones populares de las mujeres convergía
69 Cita de Bárbara Hobson en Neus Campillo, “Mujeres, ciudadanía y sujeto político: la necesidad de una
cultura crítica feminista”, en Alicia H. Puleo, El reto de la igualdad de género. Nuevas perspectivas en
Ética y Filosofía, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008.
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Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
en la “provisión de necesidades básicas y de los movimientos de derechos humanos ‘maternales’ como el de las Madres de Plaza de Mayo”.70
Dentro de la teoría política feminista había posiciones que compartían elementos de la crítica comunitaria al liberalismo utilitario. Se
sostenía que el individualismo liberal partía de la premisa de un ideal
masculino de la libertad, ideal a la que las mujeres, ligadas por los
lazos de la familia no podían aspirar o no aspiraban. De hecho, a
veces se sostuvo que las mujeres eran comunitarias naturales, bien
porque estaban menos motivadas por un individualismo egoísta,
bien porque, más materialmente su ‘incrustación’ social en la familia y el barrio junto con su responsabilidad como proveedoras, las
predisponía al activismo popular y al trabajo comunitario.71
Mientras se defendía un estilo diferente de ejercer la ciudadanía que
las alejaba de la forma masculina de hacer política, a través de un activismo dirigido al bienestar familiar o comunitario basado en la ética
del cuidado, otras agrupaciones de mujeres consideraban que era
una posición asistencialista y que permitía la reproducción de roles
y estereotipos de género. En 1985 Julieta Kirkwood describió la convivencia de estas dos lógicas de las organizaciones de mujeres: en
la primera, la jerarquía era difusa, “las sillas dispuestas en redondo”, la
participación es del cuerpo base y no solo de algunas lideresas; las
otras, inmersas en la lógica burocrática tradicional vertical y con
liderazgos definidos, “la mesa (presídium) versus la audiencia (mujeres
de base)”.72 De la Convención de la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación hacia la Mujer (1979) hasta la IV Conferencia de Beijing
de 1995, se fueron fortaleciendo las segundas organizaciones, el llamado “feminismo institucional” de mano del resurgimiento de la sociedad civil y, en América Latina, con la lucha contra las dictaduras
militares y los autoritarismos, esto es, los procesos de democratización
70 Maxine Molyneux, op. cit., p. 25.
71 Ibid., p. 33.
72 Julieta Kirkwood, “Feministas y políticas”, en Nueva Sociedad, núm. 78, 1985, p. 63.
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Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
(liberalización-alternancia-transición-consolidación). Dentro de este
proceso adquirió prioridad el desarrollo de estrategias como la promoción de legislación y políticas públicas con perspectiva de género.
Para dar cumplimiento a los compromisos de los Estados Parte de
los diferentes instrumentos internacionales se necesitaba reforzar la
identidad de un grupo genérico, y si bien se reconocía la diversidad de
las mujeres, tal diversidad fue tratada como diferencias de “poblaciones objetivo”, pues la coyuntura histórico-política requería la creación
de fondos, programas, leyes, presupuestos y mecanismos de avance
para “las mujeres”. Las feministas institucionales ocuparon espacios
de participación ciudadana, pero también desde la sociedad civil se
posicionaron como referentes y gestionaron proyectos en una dinámica de gobernanza (donde el Estado no es el único actor, pero sigue
siendo el responsable de las políticas). De la movilización popular, algunas feministas se trasladaron a los partidos de oposición que ya
estaban logrando victorias electorales y, de esta forma, se integraron
a los gobiernos de transición.
En los últimos años de la década de los noventa hasta la primera década del nuevo siglo la corriente del feminismo institucional fue protagonista en el espacio público gracias a que se apoyaron en la perspectiva de género, la cual tenía mayor recepción y aceptación académica
que las propuestas feministas que se entendían “radicales”, además
de que aprovecharon la apertura de los espacios gubernamentales
para brindar “sensibilización” y “capacitación” al funcionariado para
realizar la institucionalización y transversalidad de dicha perspectiva en las políticas públicas. El acceso de las feministas institucionales, así como el boom de organizaciones no gubernamentales de mujeres73 permitió la mayor visibilización que había tenido el fenómeno
de violencia contra las mujeres hasta entonces (con un impacto muy
73 Sofía Álvarez, “El boom de las organizaciones feministas no gubernamentales en América Latina”, en
Género, feminismo y masculinidad en América Latina, El Salvador, Ediciones Böll, 2001.
51
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diferente a la denominación “maltrato contra la mujer” de los años
setenta y ochenta) y permitió establecer una agenda estatal para
prevenir, atender y sancionar la violencia tanto en el espacio público
como en el privado. Leyes sobre violencia, protocolos de actuación,
capacitación, albergues, tipificación del feminicidio, áreas especializadas de atención para mujeres, etcétera. Los avances y logros fueron
y continúan siendo muy importantes.
El claro acento popular de la movilización latinoamericana continuó
en las regiones más marginadas y con diferencias culturales que persistían a pesar del optimismo sobre el avance democrático y económico. Así como las socialistas rusas que se resistieron a nombrarse
feministas para marcar distancia con las sufragistas “burguesas”
(como Alexandra Kollontay), muchas mujeres de organizaciones rurales negaron esa denominación, pero hubo otras que demarcaron su
compromiso popular nombrándose “feministas autónomas”, realizando una crítica frontal a la complicidad de las feministas institucionales
con los organismos supranacionales neoliberales y con los gobiernos
nacionales que se entendían al servicio de los primeros. Como explica
Ana Marcela Montanaro en América Latina, “las otras” son indígenas,
afrodescendientes, obreras, campesinas, lesbianas, pobres, trabajadoras sexuales, y se enfrentan al feminismo institucional y académico
que se había erigido como hegemónico hasta el momento.74
Aunado a esta crítica, se ha ido extendiendo la idea de una cuarta ola
feminista auspiciada por las consecuencias de la globalización y apoyada en los avances tecnológicos y de comunicación del siglo XXI. En
1999 Virginia Vargas escribió que la ciudadanía estaba adquiriendo
un nuevo alcance, siguiendo su lógica de “terreno en disputa” por la
lucha de las personas que son excluidas de la membresía en el nuevo
74 Ana Marcela Montanaro, Una mirada al feminismo decolonial en América Latina, Madrid, Dykinson,
2017, p. 116.
52
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
contexto mundial, pero que defienden “su derecho a tener derechos”,
propuesta de Hannah Arendt que hemos revisado en este capítulo:
Desde el avance tecnológico de las comunicaciones a nivel global,
se ha generado crecientemente una inédita y rica dinámica de conexión y articulación de lo local con lo global y viceversa. Uno de
los efectos de esta nueva dinámica está siendo la ampliación de los
contenidos de las sociedades civiles nacionales y la generación
de un nuevo espacio para la ampliación de las sociedades civiles a
nivel global y la consiguiente ampliación de las bases ciudadanas
para hombres y mujeres.75
Como lo menciona la autora, paradójicamente la eliminación de las
fronteras físicas, gracias a internet y las redes sociales, permite tanto el acercamiento de organizaciones feministas y de mujeres a nivel
internacional y la puesta en marcha de iniciativas de impacto mundial
(como la visibilización por medio de los hashtag, el paro del 8M y la movilización virtual y presencial del 25N), como el encuentro de una nueva
generación de feministas más allá de los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y de los espacios académicos en agrupaciones
que emulan los grupos de reflexión de los años setenta y ochenta. Las
colectivas de feministas se desmarcan de la endeble perspectiva de
género y regresan a los clásicos del feminismo radical o marxista;
reniegan de la organización horizontal con liderazgos; proliferan con
la diversidad sexual, étnica, racional y de corrientes feministas a las que
se adhieren (radicales, ecofeministas, liberales, queer). Defienden la
estrategia de la denuncia pública de casos de violencia de género por
mecanismos no formales basada en el principio de credibilidad de las
víctimas y exposición de los perpetradores y se posicionan frente a la
autoridad pública a partir de la “digna rabia”, es decir, que la normatividad y las políticas públicas heredadas de la tercera ola feminista
75 Virginia Vargas, “Entre la exclusión y la ciudadanía global”, en América Latina en Movimiento, 1999,
disponible en www.alainet.org/es/articulo/104653
53
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no han tenido la eficiencia y el impacto esperado de garantizar a las
mujeres una vida libre de violencia.
Pero no podemos decir que la corriente institucional del feminismo ha
terminado, al contrario, ha adquirido fuerza con el movimiento por la
paridad de género, iniciado con las cuotas electorales de mujeres que
lograron elevar los números de legisladoras y gobernantes a un ritmo
inusitado en las últimas dos décadas. Se han reconocido nuevos tipos
y modalidades de violencia contra las mujeres que se incorporan en la
normatividad y se establecen medidas de prevención y atención específicas, como el caso de la violencia política por razón de género. Por
otro lado, hemos sido testigos de la desconfianza, incredulidad y furor de
las colectivas feministas: toman el espacio público, ocupan recintos
legislativos y edificios gubernamentales, reniegan de encuentros con
representantes del gobierno y defienden su autonomía e independencia por medio del acompañamiento de víctimas, las agrupaciones se
mantienen por medios propios como el trueque y otros mecanismos
críticos del sistema capitalista, retoman los círculos de lectura, realizan talleres de menstruación, de autocuidado, autodefensa, cubren
sus rostros para hacer iconoclastia, etcétera. La percepción de la problemática de la violencia contra las mujeres es que va en aumento,
aunque probablemente se trata de la visibilización de los casos debido
a una mayor transparencia de registros gubernamentales –que antes
no existían− o al aumento de la difusión en los medios de comunicación y redes sociales. Aunque también es cierto que puede tratarse de
una reacción patriarcal a la expansiva movilización de las feministas
que no se ajustan a los estereotipos sociales de las “buenas feministas”, conciliadoras, negociadoras y colaboradoras con los gobiernos,
de manifestación tranquila y propositiva.
Debemos estar conscientes del encuentro de estas dos dinámicas
que rivalizan, conviven o coinciden en diferentes temas y espacios. El
feminismo institucional internacional sigue adquiriendo fuerza con
la llegada de miles de lideresas de organizaciones empresariales,
54
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
civiles y gubernamentales, lo cual se entiende como un importante
avance democrático. Pero por el otro lado, “el activismo en red y las
multitudes conectadas” feministas descrito por Guiomar Rovira tiene
una fuerza descomunal por el efecto de solidaridad que provocó el
#YoSíTeCreo: “Hacer algo uno mismo, ‘hacerlo entre todas’ dicen las
ciberfeministas, no solo bajo el principio instrumental del beneficio
sino por el gusto de que a alguien le sirva y pueda seguir desencadenando apropiaciones y sentidos”.76 Tal vez lo importante sería establecer nuevos puentes entre las dos generaciones de feministas que
permitan enriquecer la intervención en la esfera política a través del
reconocimiento y la apertura a las críticas de las colectivas al sistema
de procuración de justicia, ineficacia de políticas públicas y reconociendo su aportación de la lógica no estatal, tal como lo hicieron las
neofeministas de las décadas de los setenta y ochenta.
76 Guiomar Rovira, Activismo en red y multitudes conectadas. Comunicación y acción en la era del internet, México, Icaria, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 2016, p. 112.
55
2. MUJERES
COMO VOTANTES
El sistema político es el conjunto de las relaciones políticas establecidas en una sociedad en un tiempo y lugar determinados, en donde la
lucha de clases de los grupos sociales se cristaliza en reglas formales
e informales de los actores políticos.77 Cuando se promulga una constitución se establecen las reglas que regirán las relaciones entre los
poderes, los límites y funciones de los gobernantes, así como el reconocimiento de los derechos y obligaciones de los principales actores
políticos y sociales, es decir, se materializa el proyecto de nación de
quienes detentan el poder y plasman las expectativas políticas y sociales representativas de la coyuntura sociopolítica. En el capítulo anterior
señalamos que el orden de género es un sistema de creencias y prácticas que establecen relaciones de jerarquía y subordinación a partir
de la diferencia sexual y que se replica en todas las dimensiones de
la vida humana. El rol que desempeñan las mujeres y los hombres está
77
Víctor López-Villafañe, La formación del sistema político mexicano, México, Siglo XXI, 2005.
56
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
presente en estos procesos políticos de construcción de los Estados,
pero, generalmente, ha sido desde una visión androcéntrica.
En este capítulo analizaremos las transformaciones del sistema político mexicano y el orden de género que se plasmó en los proyectos
de nación, específicamente liberal y posrevolucionario, en los que se
enmarca la insurrección de las mujeres para reivindicar su derecho
al voto. Nikki Craske78 sostiene que los proyectos de nación se han
valido de la identificación de las mujeres como un grupo homogéneo, aunque su heterogeneidad ha quedado manifiesta con las diversas posturas sobre el “rol adecuado de la mujer” defendidas por
los grupos de mujeres y feministas. Como menciona Celia Amorós, la
conformación del grupo de “las idénticas” ha sido una constante del
patriarcado, pero ello permitió, paradójicamente, la formación de una
identidad colectiva contestataria a partir de la exclusión del espacio
de “los iguales”.79
2.1. Evolución del movimiento
sufragista en el mundo
Aunque hay importantes antecedentes de mujeres y agrupaciones de
mujeres que podríamos llamar feministas, las primeras movilizaciones colectivas y organizaciones que se identificaron así fueron las sufragistas. Como ya se ha referido anteriormente, el feminismo como
filosofía y teoría política y como movimiento social surge del pensamiento ilustrado, con la razón, igualdad y libertad como principios
universales, y la incongruente y casi inmediata exclusión de las mujeres del alcance de dichos principios. Durante el siglo XIX se desarrollan y difunden ideas como las de Olympe de Gouges, Mary
78 Nikki Craske, “Ambiguities and Ambivalences in Makin the Nation: Women and Politics in 20th Century
Mexico”, en Feminist Review, núm. 79, 2005, pp. 116-133.
79 Celia Amorós, “Espacio de los iguales, espacio de las idénticas. Notas sobre poder y principio de individuación”, en Arbor, núm. 503, noviembre de 1987, pp. 113-127.
57
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
Wollstonecraft, Flora Tristán, que darían sustento ideológico a las movilizaciones sufragistas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
En 1893 Nueva Zelanda se convirtió en el primer Estado-nación en
extender el derecho al sufragio a las mujeres. Desde ese año hasta
entrado el nuevo milenio se presentaron las demandas y reformas sufragistas alrededor de todo el mundo; de acuerdo con Alicia Miyares,
las experiencias se pueden clasificar en cuatro periodos históricos.80
El primer periodo se presentó de 1848 a 1871, principalmente con la
experiencia detonadora de la Declaración de Séneca Falls en Estados
Unidos y algunos indicios de pensamiento sufragista en Inglaterra. Un
segundo periodo fue de 1871 a 1900 en el que proliferaron las organizaciones sufragistas con mayor claridad de sus demandas civiles
y políticas. Después de la Primera Guerra Mundial, y antes de la
Segunda, se da el tercer periodo en el que se presentan las reformas
que permitieron el voto femenino, muchas de ellas de forma gradual
(antes de hacerlo extensivo a todas las mujeres, primero se les dio
el voto a las que supieran leer, que tuvieran mayor edad, que fueran
profesionistas o propietarias). Una de esas concesiones previas a
la universalidad del sufragio fue permitir a las mujeres la votación
y participación como candidatas en elecciones locales, lo cual funcionó como válvula de escape para impedir la formación de movilizaciones feministas multitudinarias, así como una especie de prueba
del comportamiento político de las mujeres.81 Finalmente, después de
la Segunda Guerra Mundial y por influencia de la Sociedad de las
Naciones (después Organización de las Naciones Unidas), las constituciones de las naciones emergentes, en general, otorgaban el derecho
al voto tanto a hombres como a mujeres, a excepción de aquellas experiencias de gobiernos dictatoriales que quitaron derechos a las mujeres al llegar al poder.
80 Alicia Miyares, “El sufragismo”, en Celia Amorós y Ana de Miguel (eds.), Teoría feminista: de la
Ilustración…, op. cit., p. 253.
81 Dawn Langan Teele, op. cit., p. 27
58
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
Relacionado con lo anterior, Teele82 identifica, a partir de un análisis comparativo de las experiencias nacionales, cuatro grandes vías
que tomaron los movimientos sufragistas alrededor del mundo: 1) la
inclusión gradual tanto de hombres como de mujeres; 2) la imposición, cuando potencias mundiales, que ya habían realizado la reforma, extendieron el sufragio femenino a sus colonias y territorios; 3) la
híbrida, en la que habría un sufragio masculino limitado, su cese con
un régimen político dictatorial y después la restauración del sufragio universal; y 4) la vía directa de los países que concedieron la ciudadanía en igualdad de circunstancias a hombres y mujeres. La más
común es la vía gradual, como en Estados Unidos, Europa y América
Latina, casos que representan las experiencias de las principales movilizaciones sufragistas.
El sufragismo emerge de un contexto ideológico sin parangón: la consolidación del pensamiento liberal, la proliferación de ideas democráticas, por un lado, y por otro, las ideas marxistas socialistas del
movimiento obrero organizado. No es coincidencia, como nota Alicia
Miyares,83 que el Manifiesto Comunista de Karl Marx y la Declaración
de Séneca Falls −o Declaración de Sentimientos– se publicaran ambos
en 1848; el primero es esencial del movimiento obrero y la segunda
da origen al movimiento sufragista en Estados Unidos. Tampoco es
una coincidencia que el feminismo sufragista estadunidense emergiera en el contexto de la lucha abolicionista.84 Ocurrió que algunas
mujeres comenzaron a realizar acciones a favor de las y los esclavos
negros (por ejemplo, enseñándoles a leer aunque estuviera prohibido o difundiendo ideas antiesclavistas), pero las organizaciones religiosas a las que pertenecían reaccionaron diciendo que las mujeres
82 Ibid., p. 29.
83 Alicia Miyares, “El sufragismo”, en Celia Amorós y Ana de Miguel (eds.), Teoría feminista: de la
Ilustración…, op. cit.
84 Recordemos que Olympe de Gouges, además de luchar por los derechos de las mujeres, también era
una activista contra la esclavitud; de hecho, su muerte en la guillotina se atribuye más a sus ideas
respecto a la libertad de las personas negras que a sus ideas feministas.
59
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
no tendrían que estar tratando asuntos públicos. Fue el detonante.
A partir de entonces la causa ya no sería solo por los derechos de las
personas negras sino por los derechos fundamentales de las mujeres,
como la libertad de expresión y de participación en reuniones y asociaciones políticas, tener propiedades, dedicarse al comercio, tener
negocios y la posibilidad de emitir su voto.
En 1866 se extendió el sufragio a los hombres negros con la reforma a la Décimo Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados
Unidos, pero no así a las mujeres. Cuando las organizaciones a favor de los derechos de los hombres negros consideraron un riesgo
apoyar el sufragio femenino, las mujeres entendieron que tenían que
formar organizaciones de mujeres que lucharan por esta causa. La
Asociación Nacional (después Americana y más adelante Nacional
Norteamericana) Pro Sufragio de la Mujer organizó manifestaciones públicas, distribuyó folletos, realizó reuniones; en la Unión del
Congreso para el Sufragio Femenino y el Partido Nacional de la Mujer
llevaron la estrategia de presión parlamentaria. Una circunstancia
importante y definitiva para lograr el voto de las estadunidenses fue
que se manifestaron en contra de la participación de Estados Unidos
en la Primera Guerra Mundial, pues no se podía luchar por otras naciones y por la democracia, argumentaban las sufragistas, cuando a
sus connacionales mujeres no se les reconocían sus derechos fundamentales. En 1920, al finalizar la Gran Guerra, se promulgó el derecho al voto de las norteamericanas.
Por otra parte, el movimiento sufragista inglés tuvo una clara influencia
tanto de las movilizaciones de mujeres de la Revolución francesa como
de la organización sufragista norteamericana. Mary Wollstonecraft
no abordó la cuestión del voto a finales del siglo XVIII, pero sentó las
bases de la reivindicación de los derechos de las mujeres, por ejemplo,
la educación e igualdad en el matrimonio. El pensamiento de John
Stuart Mill y Harriet Taylor extendería la argumentación hasta el sufragio femenino, apoyándose en el utilitarismo liberal. La movilización
60
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
sufragista inglesa fue muy intensa: se conformaron importantes organizaciones sufragistas como la Sociedad Nacional Pro Sufragio de la
Mujer, la Liga Pro Sufragio de la Mujer, que más tarde confluyeron en
la Unión de Sociedades Pro Sufragio de la Mujer.
El Partido Liberal respaldó la búsqueda del voto de las mujeres desde 1866, cuando se presentó la primera iniciativa, hasta 1884; pero
en ese año, cuando se extendió el derecho al voto para varones de
clase media y baja, “muchos miembros liberales del Parlamento consideraron que si añadían el voto para la mujer pondrían en peligro
el proyecto de ley original”.85 Cuando el Partido Liberal llegó al poder
no sostuvo su posición de apoyo al voto de las mujeres y eso hizo que
las sufragistas adoptaran estrategias de protesta que no habían desarrollado anteriormente, como romper cristales, quemar edificios
públicos y múltiples actos de desobediencia civil, ya que no tenían permitido organizarse ni manifestarse públicamente. La asociación más
representativa de ese momento fue la Unión Social y Política de las
Mujeres liderada por Emmeline Pankhurst. La lucha sufragista inglesa fue interrumpida por la Primera Guerra Mundial y solo gracias a
la participación clave de las mujeres en la guerra, en 1917 le reconocieron el derecho al voto, primero a las mayores de 30 años y en 1928
en igualdad de condiciones que los varones.
Aunque el movimiento adquiere el título de sufragista en alusión al
derecho al voto, desde un inicio las mujeres demandaron el reconocimiento de todos los derechos, civiles y políticos, que los hombres
habían alcanzado. Específicamente se centraron en la educación (en
un primer momento lo solicitaron desde su rol de madres, argumentando que son las primeras educadoras de los hijos), en la igualdad
en el matrimonio para el control de sus bienes e ingresos, para poder
elegir su domicilio, para obtener la patria potestad de los hijos en caso
85 Alicia Miyares, “El sufragismo”, en Celia Amorós y Ana de Miguel (eds.), Teoría feminista: de la
Ilustración…, op. cit., p. 285.
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de divorcio, y en la igualdad en el trabajo, como jornada laboral y pago
justos, y otras protecciones a las madres empleadas. Las demandas
de educación e igualdad en el matrimonio fueron presentadas principalmente por mujeres de clase media y alta, y la tercera, por las mujeres obreras, influidas por pensadoras y activistas socialistas como
Clara Zetkin, Alexandra Kollontay y Rosa Luxemburgo.86
Teele sostiene como hipótesis de su análisis comparativo que un contexto de mayor competencia política electoral fue el incentivo más importante para permitir el sufragio femenino. La influencia de líderes
y organizaciones internacionales de mujeres y la movilización nacional y local feminista fueron esenciales para proporcionar información
convincente a los partidos políticos sobre el beneficio de extender el
voto a un grupo muy numeroso de posibles electoras a su favor; el sufragio femenino fue producto del análisis político-electoral del partido político en el poder que avizoró que las mujeres conformaban un
contingente importante para mantenerse gobernando o que no
representaban riesgo alguno. Este análisis contradice el argumento predominante de que principalmente la ideología y los partidos
conservadores eran los que impedían el avance del sufragio de las
mujeres, pues los partidos políticos que estaban en el poder ejecutivo
86 Cabe aclarar que algunas militantes socialistas −como la rusa Alexandra Kollontay− no creían que el
voto fuera la solución a los problemas de las mujeres, de hecho, no se consideraban feministas, pues
relacionaban esta palabra con la movilización sufragista burguesa, que consideraron se había erigido
como representante de las peticiones de todas las mujeres, cuando solo defendían sus intereses de
clase (Alexandra Kollontay, Catorce conferencias en la Universidad Sverdlov de Leningrado 1921: mujer, economía y sociedad, Buenos Aires, Cienflores, 2018). Por otra parte, Rosa Luxemburgo sí estaba
a favor del derecho al voto de las mujeres: “Porque, precisamente desde este punto de vista, la reivindicación de la mujer proletaria por la igualdad de derechos políticos está firmemente anclada sobre
bases económicas. Hoy millones de mujeres proletarias crean beneficio capitalista como los hombres
-en las fábricas, en las tiendas, en el campo, en la industria doméstica, en las oficinas, en almacenes.
Son, por lo tanto, productivas en el sentido estricto de la sociedad actual. Cada día aumenta el número de mujeres explotadas por el capitalismo, cada nuevo progreso industrial o técnico crea nuevos
puestos de trabajo para mujeres en el ámbito de la maquinaria del beneficio capitalista. Y con ello
cada día y cada avance industrial supone una nueva piedra en la firme fundamentación de la igualdad
de derechos políticos de las mujeres (Rosa Luxemburgo, “El voto femenino y la lucha de clases”, en El
pensamiento de Rosa Luxemburgo (trad. de María José Aubet), Barcelona, Ediciones del Serbal, 1983,
pp. 281-287, disponible en https://www.marxists.org/).
62
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
en el momento de la reforma del sufragio femenino se posicionaron en
la derecha, izquierda o centro del espectro ideológico.
Aunque la propuesta del cálculo político de los partidos para aceptar el sufragio femenino permite entender cada proceso sociopolítico
nacional, Teele pide que no se interprete esto como si la movilización
feminista no hubiese tenido un rol importante, al contrario, la estrategia de alianzas con hombres y partidos políticos importantes fue trascendental en muchos casos y no se hubiera logrado esperando que
los hombres de manera espontánea “cedieran al clamor de justicia”
de las mujeres.87
Estas lecciones, derivadas de las primeras experiencias sufragistas
graduales de Estados Unidos e Inglaterra, así como del análisis comparativo de Teele, son importantes para entender la lucha por el sufragio en México: en primer lugar, la participación de las mujeres en
las grandes transformaciones sociales y políticas, como la Revolución
mexicana y, por ende, el reclamo de estas para ser partícipes de los
derechos adquiridos; ante la negativa, el surgimiento de organizaciones sufragistas, que incluyen demandas sobre educación, trabajo e
igualdad en los derechos civiles; y la aprobación del sufragio femenino
por parte del partido político que estaba consolidando su posición hegemónica cuando su cálculo político indicó que el voto de las mujeres
no representaba un riesgo electoral.
2.2. El proyecto de nación liberal
y el surgimiento del pensamiento
inconforme de las mujeres en México
La primera mitad del siglo XIX en México ha sido llamada “periodo de
anarquía”, dado que primaba el conflicto político entre poderes locales
87 Dawn Langan Teele, op. cit., p. 34.
63
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
autónomos frente a un poder central muy débil que no tenía suficiente
control sobre la población y el territorio.88 La facción conservadora
y la facción liberal tenían proyectos de nación radicalmente opuestos
para la unificación social y el progreso político y económico del país;
por ejemplo, había profunda discrepancia entre liberales y conservadores respecto a la emergencia de una nueva clase burguesa y su
ascenso al poder y la restricción de la Iglesia en los asuntos civiles. La
Constitución de 1857 representó una victoria momentánea de los liberales: cambiaron el centralismo conservador por el sistema federal,
asentaron la democracia y establecieron las bases del Estado laico.
En contraste, la ciudadanía y los derechos políticos de las mujeres
no fueron temas de debate relevante entre conservadores y liberales. La posición tradicional moralista consideraba que la mujer debía
actuar desde “la obediencia, la humildad, modestia, la discreción,
la vergüenza, el retraimiento, etcétera”;89 los liberales mexicanos consideraban que la mujer era la representación del amor a la tierra
y a la familia y que la religiosidad era inherente a su ser.90 Algunos legisladores de la Constitución de 1857 estaban dispuestos a tratar los
derechos de la mujer, sin embargo, tales ideas eran relacionadas con
el socialismo y el protestantismo y, por tanto, otros consideraron que
se pondría en riesgo la discusión de la libertad de culto. De hecho, en
la sesión del Constituyente de 1856 en la que se discutía este asunto,
llegaron solicitudes de organizaciones de mujeres en contra de la reforma de tolerancia religiosa, de “señoras prominentes” de la capital
y de agrupaciones de provincia como Lagos de Moreno, Guadalajara,
88 Arnaldo Córdova, La formación del poder político en México, Ediciones Era [1972] 2015, p. 10.
89 Jesús Farfán pone el ejemplo de Juan de la Cerda, moralista del siglo VIII, que pedía a los padres que
vigilaran con sigilo a sus hijas, “cerrar a cal y canto todas las puertas, todas las portillas, por donde le
pueda venir algún peligro. No le deben consentir tampoco asomarse a la ventana a mirar, ni hablar
con mancebos de la calle porque hay mujeres que tienen por costumbre ser ventaneras” (Jesús Farfán, “La formación ciudadana de las mujeres en México durante el siglo XIX”, en María Luisa Quintero
y Carlos Fonseca, op. cit., p. 126).
90 Françoise Carner, “Estereotipos femeninos en el siglo XIX”, en Carmen Ramos (coord.), Presencia y
transparencia: la mujer en la historia de México, México, El Colegio de México [1987] 2006, pp. 99-112,
p. 106.
64
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
Puebla, León, entre otras ciudades. Esta intervención se entendió
como una muestra del poder de la Iglesia y los grupos conservadores sobre las mujeres. Pero hubo otros, como el diputado José
María Virgil, que entendieron esta petición como un primer paso hacia
la emancipación de la mujer, como su iniciación en la vida pública.91
Tras la victoria sobre el Segundo Imperio Mexicano encabezado
por Maximiliano de Habsburgo, el presidente Benito Juárez se dio a
la tarea de configurar un nuevo sistema político (aunque basado en la
Constitución liberal de 1857) que se concretó con el régimen porfirista. Una de las apuestas −tanto de Juárez como de Díaz− fue la concentración del poder federal para dar salida a la anarquía que imperaba
en el país, así como la preponderancia del Ejecutivo sobre el Legislativo.
Las características del sistema político en las dos últimas décadas del
siglo XIX fueron, entonces, el fortalecimiento de la figura exaltada
del presidente Díaz frente a cualquier otro poder o gobernante local, la protección de una nueva clase social y política de latifundistas,
burgueses regionales e industriales extranjeros con privilegios y
concesiones especiales, la cooptación de liderazgos regionales para
disminuir el conflicto, la represión selectiva −lo cual redundó en un
periodo extendido de paz− y crecimiento económico.92
En este contexto histórico el orden de género se consolida como
patrilineal en tanto que los bienes materiales, el honor y el estatus
se transmiten a través del padre. El control sobre la mujer se ejerce
principalmente con el encierro, la vigilancia, la interiorización de las
normas de conducta adecuadas y la nulificación de su capacidad de
representación jurídica quedando bajo tutela de su marido.93 Carmen
91 Raúl González, “Las mujeres durante la Reforma”, en Patricia Galeana, Historia de las mujeres en
México, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2015, p. 100.
92 Arnaldo Córdova, op. cit., p. 13.
93 Françoise Carner, op. cit., p. 105.
65
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
Ramos94 realiza un análisis de los códigos civiles de 1870 y 1884, los
cuales son importantes por tres razones: en primer lugar, porque en
ellos se plasma el proyecto liberal de nación, con la razón como elemento fundador del nuevo marco jurídico; en segundo lugar, porque
plasman la separación de la Iglesia y el Estado iniciada por las leyes
de Reforma, específicamente en el control de la sociedad civil;95 y en
tercer lugar, porque se consolida la familia como base de la esfera privada con la figura preeminente del varón padre de familia en detrimento de la posición de las mujeres en tutela permanente. Tanto
Carmen Ramos como Dora Barrancos96 sostienen que el Código Civil
napoleónico de 1804 influyó claramente en el Código Civil de México
de 1870 y que sostuvo su línea patriarcal hasta el Código de 1884. En
estos códigos se acentuó la posición de “subordinación de la mujer
al varón, subordinación que sobrepasa la jerarquía generacional. El
varón es considerado el jefe ‘natural’ de la unidad familiar. Por ello, la
legislación que reglamentaba las relaciones familiares fue cada vez
más asfixiante para la mujer”.97
La autonomía e independencia como condición de la ciudadanía es un
rasgo, como se estudió en el capítulo anterior, que se asumía masculino. En estos códigos se estableció que la mujer debía obtener protección del marido en el momento de casarse (antes estaba bajo el
resguardo de su padre) y, por lo tanto, tenía limitada, casi nula, capacidad de realizar contratos, dado que era el jefe de familia quien velaba
94 Carmen Ramos, "Legislación y representación de género en la nación mexicana: la mujer y la familia en el discurso y la ley, 1870-1890", en Sara Pérez-Gil y Patricia Ravelo (coords.), Voces disidentes,
debates contemporáneos en los estudios de género en México, México, Cámara de Diputados (LIX
Legislatura), CIESAS, Miguel Ángel Porrúa, 2004.
95 En estos códigos se establece que sea un área administrativa del Estado, el registro civil, quien emita
las actas de nacimiento y por este medio se adquiere la nacionalidad (y no vía membresía a una congregación religiosa) y el matrimonio adquiere el carácter de contrato civil y no solo un sacramento.
96 “La tipificación de ‘incapaces relativas’ como indicaba la codificación general en los países que heredaban el Código Civil napoleónico, implicaba un concepto de minoridad, de inteligibilidad limitada
de los sujetos femeninos” (Dora Barrancos, Historia mínima de los feminismos en América Latina,
México, El Colegio de México, 2020).
97 Ibid., p. 122.
66
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
por los intereses tanto de ella como de sus hijos. La propiedad privada
era un derecho supremo desde la perspectiva de una nueva clase burguesa que se estaba forjando,98 por eso no es secundario notar que la
legislación referida prohibió a las mujeres comprar o vender propiedades sin la autorización del marido, de tal manera que las mujeres
no tenían los derechos que se estaban confiriendo a los ciudadanos
varones en este nuevo proyecto de nación. Las viudas podían tener
control sobre la propiedad del fenecido siempre y cuando no se volvieran a casar o vivieran “escandalosamente”, en todo caso también
se designaba un “consejero varón” para poder apoyarlas en el ejercicio de esta responsabilidad.
Dado que la propiedad era un elemento que refería la pertenencia
a la comunidad política, el rol de las mujeres en este orden de género
liberal cimentó el espacio doméstico, matrimonio y maternidad,
aunque esta idealización se dirigía a las mujeres de clase alta principalmente. Se esperaba que tuvieran una familia nuclear, en un hogar
con sirvientes, y que su rol fuera “el mantenimiento o el mejoramiento
del estatus social, de la posición económica, del poder e inclusive de
la raza”.99 En ellas se deposita la moralidad y las buenas costumbres,
derivado de su vínculo religioso, y se esperaba que ellas transmitieran
los valores a las próximas generaciones.
Ahora bien, el proyecto de nación liberal establecía que la educación
de las mujeres debía fortalecer su rol como baluarte moral de la nación y tenía el propósito instrumental de que estas pudieran sumarse
a los esfuerzos de la formación de los ciudadanos varones.100 Carmen
98 Alicia Miyares explica que “el derecho a la propiedad era la principal fórmula para alcanzar la independencia”, de tal manera que cuando se fue extendiendo el reconocimiento de propiedad para campesinos, siervos y judíos, fue cada vez más insostenible que las mujeres no tuvieran ese derecho (Alicia
Mirayes, “El sufragismo”, en Celia Amorós y Ana de Miguel (eds.), Teoría feminista: de la Ilustración…,
op. cit., p. 255).
99 Françoise Carner, op. cit., p. 101.
100 Por ejemplo, Jesús Farfán encontró que los planes de estudio de educación primaria de las niñas
se concentraban en religión, moral y reglas de urbanidad, mientras que los niños llevaban como
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Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
Ramos rescata la siguiente cita en la publicación La Mujer de 1881 en
la que se manifiesta el sentido patriótico de las mujeres constreñido al
espacio doméstico:
Las leyes sociales que nos excluyen de las grandes escenas de la vida
pública nos dan la soberanía de la doméstica y privada. La familia es
nuestro imperio, nosotras cuidamos de satisfacer sus ocupaciones,
de mantenerla en paz y de conservar en ella el sagrado depósito de
las buenas costumbres. De ahí la importancia de enseñar a las niñas
todo lo que se refiere al desempeño de esas atribuciones.101
Pero más allá del ámbito doméstico, se aceptaba que algunas mujeres
trabajaran en ciertos espacios y condiciones. Carner explica que, desde
principios del siglo XIX, el pensador y escritor liberal José Joaquín
Fernández de Lizardi consideraba que las mujeres podían ser capacitadas −además de los aspectos domésticos como la higiene y cuidado de los hijos− para labores administrativas y manuales, aunque
no intelectuales. Su pensamiento se recuperó a finales del siglo cuando Justo Sierra, funcionario de educación en el gobierno de Porfirio
Díaz, desarrolló una importante labor para la formación de maestras;
sin embargo, visualizaba una delgada línea entre la formación suficiente que debían tener para desempeñar su función y el deseo de
“convertirse en hombres”: “No. Que los hombres luchen por cuestiones políticas, que formen leyes; su lucha por pelear la buena batalla, la
de sentir, y formar almas, que es mejor que formar leyes”.102
Lo anterior muestra que el posicionamiento respecto a la educación
de las mujeres era diferente en cuanto a la clase social. Por un lado,
materia obligatoria Nociones de la Constitución (Jesús Farfán, “La formación ciudadana de las mujeres
en México durante el siglo XIX”, en María Luisa Quintero y Carlos Fonseca, Investigaciones sobre género…, op. cit.).
101 Carmen Ramos, “Señoritas porfirianas”, en Carmen Ramos (coord.), en Presencia y representación:
la mujer en la historia de México, México, El Colegio de México [1987] 2006, p. 152.
102 Nikki Craske, op. cit., p. 119.
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Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
se apreciaba la formación moral y religiosa de las mujeres de la nueva burguesía, dedicadas al ámbito doméstico, al cuidado de los hijos
y, por el otro lado, la educación de mujeres de clase media y baja era
una necesidad, pues se estaba conformando una nueva masa de
obreras y empleadas derivado de la estabilidad económica porfirista
y el desarrollo industrial. Sin embargo, su capacidad intelectual se
cuestionaba para la realización de otro tipo de actividades como la
filosofía, la ciencia o la política. Las mujeres de esa época trabajaban
en pequeños comercios y negocios, en el servicio doméstico, en la elaboración de alimentos y ropa, y realizaban faenas en el campo. Carner
y Ramos explican que las costureras, las empleadas domésticas y cigarreras eran el contingente laboral femenino más numeroso de la
época, a tal grado que en 1885 ya se registraba una protesta de estas
últimas reclamando mejores condiciones laborales: “No es posible sufrir más. Tenemos que trabajar de las nueve de la mañana a las nueve
de la noche. Nuestra condición es peor que la de los albañiles. No nos
queda ni una hora que dedicar a nuestros cuidados domésticos y ni
minutos para la instrucción. El capital nos agobia. A pesar de tanto
trabajar estamos en la miseria”.103 El registro de la “insurrección” por
parte de las obreras cigarreras reivindicando sus derechos laborales
a finales del siglo, fue un indicio de la lucha que se desarrollaría décadas más adelante.
A finales del siglo XIX las mujeres encontraron mecanismos para inmiscuirse en la vida pública aunque no se les permitiera participar en
la política,104 por ejemplo, se dedicaban a la beneficencia, apoyando
a la niñez, la alimentación popular, socorro a las madres en situación de
103 Carmen Ramos, “Señoritas porfirianas”, en Carmen Ramos (coord.), en Presencia y representación…,
op. cit., p. 159.
104 Alicia Girón, María Luisa González y Ana Victoria Jiménez, “Breve historia de la participación política
de las mujeres en México”, en María Luisa González y Ana Victoria Jiménez (coords.), Límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PAN, PRI y PRD, México, Miguel Ángel Porrúa
(Las Ciencias Sociales. Estudios de Género), 2015, pp. 33-61.
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Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
pobreza y a las personas indigentes.105 Pero el pensamiento inconforme de las mujeres empapadas de los ideales universales se plasmó
en las publicaciones femeninas de finales del siglo XIX y principios del
XX. Entre las más importantes están Las hijas del Anáhuac (1873), La
Mujer (1881), El correo de las señoras (1883-1894), El álbum de la mujer (1883), las Violetas del Anáhuac (1887-1889) y La Mujer Mexicana
(1904-1906).
En la corta duración de Las hijas del Anáhuac aparecen ideas de
defensa a la libertad de expresión de las mujeres y el deseo de colaborar con el progreso del país, aunque no contravienen las ideas sobre la responsabilidad doméstica de ellas. Elvira Hernández la define
como una iniciativa de estudiantes y profesoras de la escuela de Arte
y Oficio para Mujeres que estaban inconformes con las publicaciones
de la época dirigidas al público femenino, las cuales eran escritas por
hombres y su contenido desvalorizaba a las mujeres. El primer número del 19 de septiembre de 1873 se dirigió así a las lectoras:
Nunca se había redactado un periódico como el presente, hecho
sólo por señoritas, y esto nos había hecho vacilar desde hace algún
tiempo en establecerlo; pero nos hemos animado, viendo que la sociedad moderna se halla a una altura notable y que adelanta día a día
en la vida de la civilización. Ya no es mal visto que la mujer escriba y
exprese sus sentimientos por medio de la pluma y nada más justo
y grato habiendo como hay, mujeres cuyos talentos igualan a los de
los hombres. Escribid, bellas jóvenes de nuestra patria, porque sólo
ayudando a la inteligencia con la instrucción se pueden producir
hermosas y correctas composiciones.106
Otros textos comenzaron a ser más desafiantes del orden de género. Conviene transcribir la siguiente cita de Concepción Gimeno de
105 Carmen Ramos, “Señoritas porfirianas”, en Carmen Ramos (coord.), en Presencia y representación…,
op. cit., p. 154.
106 Elvira Hernández, “Las hijas del Anáhuac”, en Revista Fem, año 19, núm. 150, 1995, pp. 45-46.
70
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
Flaquer, fundadora y directora de El Álbum de la Mujer, ya que es sumamente ilustrativa de las ideas que se estaban gestando respecto
a la exclusión de las mujeres del proyecto de nación liberal:
El hombre ha querido ciega a su compañera para que no le viese
caminar por sendas cubiertas de fango; la ha querido sin criterio
para que no le pidiera cuenta de su conducta ligera, y para subyugarla sin razonamiento de ninguna especie ante despóticas leyes de
su caprichosa fantasía […] Es absurdo que deseéis débil a la mujer;
vuestra tenaz obcecación os hace conspirar contra vuestros propios intereses. Decidnos: si tan débil es, si todas lo son, ¿por qué le
entregáis vuestro nombre? ¿Por qué le fiais el cuidado de guardar
vuestra honra? Si no hay mujeres dignas, os estimáis en muy poco
al uniros con ellas en eternos lazos. ¡Hombres aturdidos, cuando
negáis la virtud de la mujer, pensad en vuestra madre y en vuestras
hermanas! Hombres, tened presente que no os disputamos la fuerza
física, pero nos declaramos en fuerza moral igual a vosotros.107
Una de las publicaciones más importantes, en cuanto al empoderamiento y reivindicación de las mujeres, fue la de Violetas del Anáhuac.
Su directora, Laureana Wright de Kleinhans, defendía el derecho
a la educación de las mujeres y tenía una posición sufragista, “la
primera garantía para conseguir la libertad y la igualdad que necesita
toda la sociedad estable”. Uno de sus propósitos era promover y visibilizar el avance de las mujeres en el ámbito científico, social, cultural,
además del doméstico, y se podían leer en sus líneas aseveraciones
muy radicales para la época como: “[d]espreciando como merecen
antiguas ideas que hacían considerar a la mujer como máquina para
la procreación, como una cosa de lujo para los ricos, como necesaria
107 Elvira Hernández, “Un recorrido por las publicaciones de mujeres en el siglo XIX”, en Secretaría de
Educación Pública e Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Historia
de las Mujeres en México, México, SEP, INEHRM, 2015, pp. 157-180, p. 167.
71
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
para el pobre, a fin de que lavara, planchara, cosiera, en una palabra,
una sirviente [...]”.108
Previo a la Revolución, La Mujer Mexicana difundió ideas sobre la educación de las mujeres, trabajo digno, sucesos nacionales e internacionales del ámbito público, así como reflexiones a favor de la ciudadanía
de las mujeres.109 Sin embargo, de manera similar a la experiencia
de las sufragistas inglesas, las librepensadoras comenzaron a unirse
a los clubes antirreeleccionistas, tanto con la publicación de folletos
con ideas políticas, como en la organización de la resistencia armada,
de tal manera que las causas feministas que se estaban perfilando
en las publicaciones referidas quedaron “en pausa” durante el movimiento armado: “Al hacer una revisión de la participación política de
las mujeres hasta la Revolución mexicana, observamos que las causas
feministas están casi ausentes en su lucha, sus esfuerzos y su mente
están concentradas en la consolidación de la nación mexicana y en las
luchas contra la dictadura”.110
2.3. El proyecto de nación revolucionario
y las primeras reivindicaciones
de las excluidas
Martha Eva Rocha explica que las mujeres participaron en la
Revolución mexicana como propagandistas, enfermeras, soldaderas
y soldados, traspasando así los límites del orden de género del proyecto liberal y del porfiriato.111 Aunque no es nuestro propósito explicar a
108 Cita de Laureana Wright en Ana Lau, “Ciudad de México, 1917-1953”, en Ana Lau y Mercedes Zúñiga
(coords.), El sufragio femenino en México: voto en los estados (1917-1965), México, El Colegio de
Sonora, 2013.
109 Ibid.
110 Alicia Girón, María Luisa González y Ana Victoria Jiménez, op. cit., pp. 33-61, p. 40.
111 Martha Eva Rocha, “Feminismo y revolución”, en Gisela Espinosa y Ana Lau (coords.), Un fantasma
recorre el siglo. Luchas feministas en México 1910-2010, México, Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco, Ítaca, Conacyt, El Colegio de la Frontera Sur, 2011, pp. 27-60.
72
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
detalle cada una de estas actividades durante el movimiento armado,
sí es importante visibilizar su incursión desde diferentes “trincheras”
y cómo este activismo conllevó un proceso de empoderamiento para
la reivindicación de sus derechos civiles y políticos cuando se confeccionaba el nuevo proyecto de nación rumbo a la Constitución de 1917.
Las mujeres incursionaron en la Revolución en dos ámbitos: en el
campo de batalla y en la organización y apoyo a los grupos armados.
La mayor parte de estas mujeres eran, al igual que los hombres, de
clase baja, campesinas, indígenas, del medio rural, sin estudios y que
se unieron a los grupos combatientes motivadas por lealtad a sus
comunidades y por lazos de parentesco. Las adelitas son la representación del ideal de mujer anónima en el contexto revolucionario:
pertenecientes a las huestes campesinas que acompañaban a los
varones realizando “tareas propias de su sexo” como preparar los alimentos, cuidar a los enfermos, continuar la crianza de los hijos, así
como “brindar compañía sexual” a los soldados. Daniel Grilli recupera
una pertinente cita de Julio Guerrero que nos permite entender la
congruencia del orden de género de la época, pero con algunos cambios referentes a la valentía y rebeldía que debían tener las mujeres:
[…] acompañan al marido en sus marchas militares, llevando a cuestas al niño de brazos, al canasto lleno con ropa y los trastos de guisar. Son celosas y valientes, habiendo, muchas veces, saqueado las
poblaciones pequeñas; pues se encargan de procurar alimentos á
[sic] la tropa; y los consiguen por la fuerza, cuando los rehúsan los
dueños de tiendas, corrales ó [sic] rancherías.112
Esta posición tradicional desempeñando actividades domésticas contrasta con las mujeres que tomaron las armas como soldados rasos
y que ascendieron hasta el rango de coronelas y capitanas. Las soldados en los ejércitos rebeldes desafiaron el orden de género que
112 Cita en Daniel G. Grilli, “Las soldaderas”, en Revista Melibea, vol. 6, 2012, pp. 51-60.
73
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
imperaba en el imaginario colectivo, tanto de las clases adineradas
porfiristas, como de las campesinas y obreras que estaban luchando, dado que la milicia era de exclusividad masculina.113 Sin embargo,
como lo hemos visto en los capítulos anteriores, el orden de género
se flexibiliza durante el conflicto social y político dado que las mujeres están participando por “una causa mayor”, no así cuando llega
la estabilidad y se consolidan los cambios sociales. Tras la victoria del
Ejército Constitucionalista y justo antes del Congreso Constituyente,
los grados militares adquiridos por las mujeres combatientes no son
aceptados por la Secretaría de Guerra y Marina y se prohibió la participación de las mujeres en el Ejército.114
Por otro lado, las mujeres desempeñaron otras actividades esenciales
en la Revolución: fungieron como espías, informantes, proveedoras de
dinero y armamento, “conspiradoras y propagandistas de las ideas libertarias”.115 Hacemos mención especial de las propagandistas por el
vínculo que tienen con el movimiento sufragista posrevolucionario. Colaboraron en los periódicos críticos y difundieron propaganda antirreeleccionista con su pluma, y con su voz en manifestaciones y reuniones
clandestinas. Entre las autoras más importantes se encontraban
Carmen Serdán (hermana de Aquiles y Máximo Serdán), Margarita
Ortega Valdés, Elisa Acuña, María del Refugio Vélez, Dolores Jiménez
y Muro y Juana Belén Gutiérrez de Mendoza,116 entre otras; algunas
simpatizaban con la ideología anarquista y socialista, algunas eran
maestras, miembros de clubes liberales antiporfiristas, integrantes del
Partido Liberal Mexicano y del Partido Nacional Antirreeleccionista,
113 Martha Eva Rocha, “Feminismo y revolución”, en Gisela Espinosa y Ana Lau (coords.), Un fantasma
recorre…, op. cit.
114 Circular número 78, de 1916, citada por Martha Eva Rocha, op. cit., p. 39.
115 Alicia Girón, María Luisa González y Ana Victoria Jiménez, op. cit., p. 34.
116 Juana Belén Gutiérrez de Mendoza editó el diario opositor Vésper (1901, 1903, 1910 y 1932), La Reforma
y Alma Mexicana, pasando de la oposición directa al régimen porfirista al desarrollo de reivindicaciones feministas (Beatriz Elena Valles, “Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Estrella de la tarde”,
en Secretaría de Educación Pública e Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones
de México, Historia de las mujeres…, op. cit., pp. 225-244, p. 231).
74
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
colaboradoras de los hermanos Flores Magón. Las propagandistas
justificaron su intervención en el espacio público desde su rol de hijas,
hermanas, esposas y madres, aunque muchas de ellas también participaron en la organización y proveeduría del movimiento armado.
En líneas anteriores se mencionó que algunas periodistas de finales
del siglo XIX se unieron a los clubes políticos contrarios a la permanencia de Porfirio Díaz en el poder, aunque también crearon clubes
femeniles, como el Josefa Ortiz de Domínguez de la ciudad de Puebla o
las Hijas de Cuauhtémoc, el cual tuvo como principal propósito acompañar la candidatura de Francisco I. Madero.117 A Dolores Jiménez,
cercana al general Emiliano Zapata, se le adjudica la consigna de este
club: “Es tiempo de que las mujeres mexicanas reconozcan que sus
derechos y obligaciones van más allá del hogar”. Después del asesinato del presidente Francisco I. Madero y la usurpación de Huerta,
las propagandistas continuaron su labor con riesgo.
Durante este periodo imperaba la fragmentación política, la inestabilidad social y la crisis económica; pero dado el origen antirreeleccionista del movimiento revolucionario, esto es, la deposición de
Díaz y la restauración de la democracia con representantes limitados
por “el sufragio efectivo y la no reelección”, había un legítimo interés
en buscar la pacificación del país a través del establecimiento de un
nuevo proyecto de nación que concretara las causas revolucionarias
e instituyera el nuevo gobierno. En 1914 se llevó a cabo la Soberana
Convención de Aguascalientes en la que participaron diversas facciones revolucionarias como los villistas y zapatistas, y aunque Venustiano
Carranza fungió como organizador, posteriormente desconoció los
acuerdos tomados. Catherine Heau-Lambert y Enrique Rajchenberg
consideran que la Convención de Aguascalientes permite visualizar las diferentes propuestas políticas para el proyecto de nación
117 Ana Lau, “Ciudad de México, 1917-1953”, en Ana Lau y Mercedes Zúñiga (coords.), El sufragio femenino
en México…, op. cit., p. 7.
75
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
posrevolucionaria.118 Por ejemplo, se presentó el debate sobre la identidad nacional en la que se daba importancia al reconocimiento del
pasado y presente indígena, pero también se defendía al “ciudadano
mestizo” que comprendía las nuevas clases sociales organizadas: los
campesinos y los obreros. Esta discusión es trascendental si entendemos que se trata de la delimitación de la comunidad política a través
de la identidad nacional; en este sentido, no está de más recalcar que
las mujeres no asistieron a las asambleas ni su problemática estuvo
presente en los debates. De los más de 170 generales, gobernadores
y representantes de las fuerzas revolucionarias, ninguna mujer asistió.
Las fotografías de las sesiones en el Teatro Morelos de Aguascalientes
muestran una participación totalmente masculina de la Convención.
En ese mismo año de 1914, el jefe del Ejército Constitucionalista y presidente de la República presentó unas reformas legislativas en materia
civil a favor de las mujeres. Venustiano Carranza asentó que el matrimonio debía establecerse sobre una base de igualdad entre la mujer
y el hombre y no bajo el imperio del marido. Se otorgaba igualdad
en la decisión sobre la educación de los hijos y administración de
los bienes del hogar; también les reconocía a las mujeres casadas la
capacidad de administrar y disponer de sus bienes, comparecer en
juicios, entre otros avances. No obstante, se mantuvo la exclusividad
del cuidado del hogar por parte de la mujer y, por ende, la necesidad de
pedir autorización al marido para poder trabajar.119
Una de las mujeres que celebró estos avances −que seguramente
fueron producto de su influencia− fue Hermila Galindo, quien fungía como secretaria particular de Venustiano Carranza y era una de
las principales propagandistas de su gobierno. Ella dictó conferencias
y publicó textos sobre la reivindicación de la mujer mexicana, fue directora y colaboradora de La mujer moderna y se le considera una
118 Catherine Heau-Lambert y Enrique Rajchenberg, “177 hombres en busca de una identidad: los primeros tiempos de la Soberana Convención”, en Relaciones, vol. XIV, núm. 55, 1993, pp. 73-96.
119 Ibid., p. 55.
76
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
pensadora adelantada a su tiempo que sembró el pensamiento inconforme en sus contemporáneas. Con la publicación femenina como
su medio de difusión y con la movilización territorial que realizó junto a Venustiano Carranza, Hermila Galindo comenzó a posicionar
la demanda del sufragio de las mujeres rumbo al Constituyente de
Querétaro. Rosa María Valles afirma que la iniciativa de organizar el
primer Congreso Feminista fue una estrategia de Hermila Galindo
y sus seguidoras para introducir el sufragio femenino en la Constitución
de 1917.120 Tanto el primer como el segundo Congreso Feminista constituyen una importante vitrina para observar los posicionamientos
de las mujeres organizadas de la época en cuanto al reclamo de sus
derechos políticos y civiles, así como el papel de la mujer en el nuevo
proyecto de nación revolucionario.
El primer congreso se realizó en Mérida y no fue una decisión tomada al azar. Procedente de las filas del Ejército Constitucionalista, el
general y gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, fue un defensor
de los derechos de las mujeres y sus leyes son consideradas “feministas”.121 En este contexto político progresista se llevó a cabo el Primer
Congreso Feminista. El propio gobernador estableció como objetivos tratar el tema de la secularización de la educación de las mujeres,
contra la influencia de la Iglesia católica, su preparación primaria
y vocacional, y tratar el asunto de la ciudadanía de las mujeres:
“¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la
120 Rosa María Valles, op. cit., p. 265.
121 El gobernador Salvador Alvarado estableció la igualdad jurídica con los hombres; bajó la edad legal de
las mujeres de los 30 a los 21 años; promulgó una ley sobre el divorcio; reconoció la aportación de las
mujeres trabajadoras y pensó en su protección con un salario mínimo y una jornada digna de trabajo,
además de no permitir que vivieran en casa de sus patrones/as; atendió el problema de la prostitución
desde una postura prohibicionista, pero también de asistencia sanitaria a las trabajadoras sexuales;
y emitió una circular invitando a los hombres a que cedieran sus empleos en la administración pública para integrar a más mujeres. Sin embargo, estas reformas no lograron permear del todo en una
sociedad sumamente conservadora y católica (Martha Eva Rocha, “Feminismo y revolución”, en Gisela
Espinosa y Ana Lau (coords.), Un fantasma recorre…, op. cit., p. 42).
77
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido sino también
dirigente de la sociedad?”.122
Sabemos que el tema de los derechos políticos de las mujeres fue abordado, aunque no con la prioridad que se hubiera esperado. Se puso
sobre la mesa la posibilidad de pedir una reforma en la Constitución
local y la federal para que las mujeres pudieran votar y desempeñar
cargos municipales a partir de los 21 años. Aunque Hermila Galindo
no asistió al Congreso, emitió su posicionamiento respecto al sufragio
femenino sosteniendo que, en tanto las mujeres (que son la mitad de la
población) siguieran teniendo las mismas obligaciones como el pago
de impuestos, el apoyo a los gastos de la comunidad, el seguimiento de las disposiciones gubernativas, no había razón para que no les
concedieran los mismos derechos, además “[l]as mujeres necesitan
el derecho al voto por las mismas razones que los hombres; es decir,
para defender sus intereses particulares, los intereses de sus hijos, los
intereses de la Patria y de la humanidad”.123 Sin embargo, su opinión
respecto a la sexualidad de las mujeres fue lo que provocó controversia y distrajo la atención del sufragio femenino. Hermila Galindo
habló de educación, en anatomía y biología no solo por cuestión de
maternidad, sino por el placer sexual mismo, lo cual era sumamente
subversivo para la época.
Otras participantes manifestaron que las mujeres tenían necesidades
más importantes que no se requerían como condición previa para
obtener el voto y, en todo caso, tendrían que prepararse para cuando llegara el momento de ejercer ese derecho. De alguna manera, no
fue descartado, pero no se consideró prioritario para ese momento.
Encontramos así que hay un cambio fundamental de argumentación
sobre la capacidad de las mujeres de intervenir en los asuntos públicos: ya no se cuestiona su discernimiento en igualdad con los hombres
122 Rosa María Valles, op. cit., p. 256.
123 Martha Eva Rocha, op. cit., p. 220.
78
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
−aunque hubo quien todavía mencionó la pequeñez del cerebro de
las mujeres−, sino su falta de preparación, por lo que la educación
se coloca como demanda fundamental.124 Valles recupera la reacción de
una de las participantes, Francisca Ascanio: “Mañana es palabra vaga
[…] No es necesaria la experiencia previa para entrar a las luchas sufragistas, porque nunca la experiencia es previa y porque la práctica
se adquiere con la lucha”.125
En las conclusiones del Primer Congreso Feminista no se plasmó la
demanda del voto de las mujeres, pero sí se abordaron los derechos
civiles como solicitar más libertad para estas, la posibilidad de tener
una profesión u oficio para ganarse la vida (por ejemplo en actividades
administrativas), la educación más allá de los propósitos domésticos,
el fomento a la literatura y escritura, entre otras.126 En todo caso, se
trató de un primer acercamiento de mujeres involucradas en la vida
pública, que abonó a la construcción social del sujeto político feminista en México.
Aunque no se acordó realizar un pronunciamiento por parte de las
integrantes del Congreso Feminista, Hermila Galindo y Edelmira Trejo
de Mellón emitieron una petición con este propósito al Constituyente de
Querétaro.127 Conviene reproducir gran parte de su mensaje, que constituye una de las primeras reivindicaciones sufragistas que pretendían
incorporarse en el nuevo proyecto de nación posrevolucionario:
124 Este argumento se repetiría a finales del siglo XX cuando se solicitó igualdad de oportunidades para
el ejercicio de cargos públicos: se respondió que las mujeres no estaban capacitadas para ocupar
posiciones de liderazgo político, por lo que era importante comenzar con su capacitación (véase el
capítulo “Mujeres como representantes”).
125 Rosa María Valles, “Primer Congreso Feminista de México: los primeros pasos hacia la conquista del
sufragio femenino”, en Secretaría de Educación Pública e Instituto Nacional de Estudios Históricos de
las Revoluciones de México, Historia de las mujeres…, op. cit., pp. 245-268, p. 263.
126 Alicia Girón, María Luisa González y Ana Victoria Jiménez, op. cit., p. 42.
127 También se presentó una petición a favor del general Salvador González Torres y un pronunciamiento
en contra del voto femenino de parte de Inés Malváez, fundamentado en que las mujeres aún estaban
influidas por el clero.
79
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
La mujer mexicana que se preocupa por cuanto a la patria atañe,
que no ha sido indiferente al curso del movimiento revolucionario
aportando su contingente en diversas formas, palpita en estos momentos con el mismo entusiasmo que los miembros de ese H.
Congreso para asomarse definitivamente sin temores a los dinteles
de un risueño porvenir nacional, sancionadas las reformas sociales que satisfagan todas sus aspiraciones, cabrá a nuestra República la inmarcesible gloria de ser el Continente Hispano Americano
el punto de mira y de convergencia en las futuras etapas de la civilización del nuevo mundo de habla española. La Nación y el mundo
entero está pendiente de vuestras labores, señores Diputados, y
yo espero de ese nuevo Código que estará confiado a vuestro patriotismo y equidad como representantes populares, formándose
partidos políticos con aspiraciones legítimas sin óbices personalistas, no se la excluya en la parte política y que, por lo tanto, alcance
de la nueva situación derechos siquiera incipientes, que la pongan en la senda de su dignificación, de la que en gran parte dimana la dignificación de la patria.128
Sabemos que no se consideró para el debate esta solicitud ni la del
general Salvador González Torres a favor del sufragio femenino. Las
reacciones de los diputados en la sesión en la que se discutía el artículo 35 −sobre la ciudadanía mexicana− dan cuenta de su resistencia
a la participación política de las mujeres:
—El C. [Félix] Palavicini: Suplico a la Comisión se sirva informar por
qué no ha tomado en consideración las iniciativas que se le han
turnado, relativas al voto femenino.
—El C. [Luis G.] Monzón: A moción de varios ciudadanos diputados
no se tomó en consideración ese voto, o esa opinión de que la mujer
128 Cita de Sáenz en Ana Lau, “Ciudad de México, 1917-1953”, en Ana Lau y Mercedes Zúñiga (coords.), El
sufragio femenino en México..., op. cit.
80
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
tuviera voto en las elecciones, y también por cuestión tradicional.
(Voces: ¿Cuál es?) No se tomó en consideración y eso se hizo a moción de varios ciudadanos diputados que se acercaron a la Comisión
para ello.
—El C. Palavicini: El señor Monzón no ha puesto atención probablemente a mi pregunta, o no la he podido hacer clara.
—El C. Monzón: Sucederá que ahora podrá usted venir a defender
el voto femenino... (Risas).
—El C. Palavicini: El dictamen dice que tienen voto todos los ciudadanos: está el nombre genérico; esta misma redacción tenía la adición
que existe en la Constitución del 57 y que se conserva hoy, y yo deseo que aclare la Comisión en qué condiciones quedan las mujeres
y si no estamos en peligro de que se organicen para votar y ser votadas. Parece que no he podido hacerme entender del señor Monzón.129
Los diputados argumentaron que las mujeres aún no estaban en condiciones de ejercer sus derechos políticos, aunque hubiera algunas a
las que se les reconocieran esas aptitudes “excepcionales”. Se alude
a la diferencia natural de los sexos para explicar que las mujeres continuaban confinadas al espacio doméstico por lo que no sentían interés
por los asuntos públicos del país, “como lo demuestra la falta en todo
movimiento colectivo en ese sentido”.130 Esta última frase vaticinó la
insurrección de las mujeres en las siguientes décadas.
A pesar de la negativa, la Constitución de 1917 introdujo algunos cambios importantes en cuanto a la situación de las mujeres, por ejemplo, un salario mínimo y jornada diaria de ocho horas sin distinción
de sexo y protección a la madre trabajadora. En este sentido, se puede
129 Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Diario de los Debates del
Congreso Constituyente 1916-1917, tomo III, México, INEHRM, Secretaría de Cultura, 2016, p. 472.
130 Ibid., p. 318.
81
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
observar un choque de posiciones respecto al rol que las mujeres
debían tener en el nuevo proyecto de nación posrevolucionario. Nikki
Crazke explica que, por un lado, se seguía defendiendo el confinamiento de las mujeres en el espacio privado y se aludía a su carácter conservador por su vínculo con la Iglesia; continuaba la defensa del papel
moral anclado en las relaciones familiares, el nuevo Estado mexicano
requería del fortalecimiento de las familias como unidad básica de la
sociedad y, por tanto, que las mujeres se dedicaran prioritariamente
a ellas.131 Por otro lado, era imperativo mostrar un país moderno, democrático e inclusivo, por lo que otorgar derechos civiles y políticos
a las mujeres era un tema difícil de desechar.
Como señalamos al inicio de este capítulo, de acuerdo con Teele, la
extensión del sufragio de las mujeres requiere la movilización nacional
y el apoyo internacional para convencer a la élite política de que esta
reforma se traduce en fortaleza electoral y no en un riesgo político. En
este sentido, el contexto sociopolítico no se consideraba el adecuado
por el conservadurismo que algunas mujeres manifestaban. La participación decidida de las mujeres del Bajío en la Guerra Cristera (19201929) confirmó aquellos temores de que ellas constituían una fuerza
conservadora aliada del clero, aunque también hizo reflexionar a los
políticos conservadores sobre la importancia de voltear la mirada
a las mujeres como votantes.132 Crazke apunta que la solución a esta
encrucijada fue abocarse al rol de las mujeres en la educación, prepararlas a ellas para una mejor posición social, a la vez que ellas
formaban a los ciudadanos de una nación moderna desde una perspectiva laica, socialista y popular.
131 Nikki Crazke, op. cit., p. 118.
132 Mirtea Elizabeth Acuña y Florentina Preciado reconocen la organización y lucha de las mujeres cristeras como parte de las movilizaciones trascendentes de mujeres de nuestro país, si bien no por la
ciudadanía, sí como una manifestación de la defensa de sus creencias. En Colima las maestras constituían un importante actor social y, después, político, pero una parte de ellas, las que provenían de la
Normal privada del estado, participaron en la Guerra Cristera, incluso realizando labores clandestinas en la misma Normal (Mirtea Elizabeth Acuña y Florentina Preciado, “Colima 1920-1955”, en Ana Lau
y Mercedes Zúñiga (coords.), El sufragio femenino…, op. cit.).
82
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
En la segunda década del siglo XX las mujeres incrementaron su
participación y activismo feminista. Se registraron varias reuniones
de mujeres que permitieron el intercambio de ideas sobre sus derechos y, específicamente, sobre la importancia del voto femenino. De
acuerdo con Ana Lau, muchas eran maestras, periodistas, algunas
profesionistas, por lo que contaban con cierto capital y la posición social que les permitían identificar la injusticia y desigualdad del orden
de género de la época.133 En 1919 se conformó el Consejo Nacional de
Mujeres a cargo de Juana Belén de Mendoza, y en 1923, el Consejo
Feminista Mexicano (CFM) fundado por Elena Torres y Refugio García,
todas eran miembros del Partido Comunista Mexicano.
El CFM buscaba mejorar las condiciones de las trabajadoras, a las que
consideraba su centro de atención y principales beneficiarias: establecieron acciones como la apertura de un taller de costura, una escuela
nocturna para trabajadoras de Tacubaya, una escuela en Iztacalco
y una academia comercial gratuita. El programa del Consejo tomaba
la emancipación política como uno de sus principales objetivos. En su
informe de 1923, Elena Torres afirmaba que “El feminismo significa el
triunfo del derecho sobre la fuerza, dando por resultado la igualdad
de clases”. La declaración puso de manifiesto la estrecha relación que
el grupo mantenía entre el feminismo y la izquierda, al considerar a
ambos como impulsores del cambio donde las mujeres serían las promotoras de la paz. Con este mismo espíritu comunista, surgieron organizaciones en diversas ciudades del país que hablaban de la lucha
de clases, estaban en contra de la educación religiosa y a favor de la
emancipación de la mujer.
Estas reuniones se llevaron a cabo durante un cambio de sistema político. De la fragmentación política causada por los caciques y caudillos
regionales, se transitó a la construcción de un presidencialismo fuerte,
133 Ana Lau, “Mujeres, feminismo y sufragio en los años veinte”, en Gisela Espinosa y Ana Lau (coords.), Un
fantasma recorre…, op. cit., p. 63.
83
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
cuyas bases fincó Plutarco Elías Calles durante el maximato, con la
creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) y que se consolidó como partido de masas con Lázaro Cárdenas: los jefes militares
se convirtieron en empresarios, la movilización popular se concentró en el partido oficial y sus corporaciones, se intensificó la reforma
agraria, se desarmó al pueblo e inició un proceso de modernización
política y económica del país.134 Pablo González Casanova en La democracia en México135 afirmó que “[l]a historia del partido del gobierno es,
durante todos estos años, una historia de control de los caudillos y
caciques”. Las sufragistas entendieron el cambio del juego político por
lo que también tuvieron que adoptar nuevas estrategias.
Una de estas estrategias fue la internacionalización. Las organizaciones de mujeres mantuvieron contacto con sufragistas norteamericanas y de Latinoamérica para tratar temas como la trata de personas, la
educación superior, el control de natalidad, el acceso a la adquisición
y control de propiedades, la educación sexual, el divorcio y el sufragio
femenino. Este vínculo fue muy importante, dado que las norteamericanas ya habían visto el fruto de su lucha en 1920, con la reforma de la
Decimonovena Enmienda de la Constitución para permitir el voto de
las mujeres. En 1922 se organiza la Primera Conferencia Panamericana de la Mujer en Baltimore, Maryland, organizada por la Liga Nacional
de Mujeres Votantes; en 1923, el Primer Congreso Feminista de la Liga
Panamericana de Mujeres; y en 1925, el Primer Congreso de la Liga de
las Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas.136
La diversidad de posicionamientos se hizo presente en estos congresos: quienes consideraban la maternidad como la cualidad más
importante de las mujeres, las que estaban a favor del control natal, quienes proponían acciones asistencialistas para las madres
134 Arnaldo Córdova, op. cit.
135 Pablo González Casanova, La democracia en México, México, Ediciones Era [1965] 2017.
136 Ana Lau, “Mujeres, feminismo y sufragio en los años veinte”, en Gisela Espinosa y Ana Lau (coords.), Un
fantasma recorre…, op. cit.
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Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
trabajadoras y en situación de pobreza y que tenían vínculos con los
grupos cristianos y católicos, y las mujeres provenientes de las organizaciones obreras de izquierda. Pronto se identificaron dos corrientes
con posturas diferentes: por un lado, el bloque de derecha moderada
que buscaba la igualdad, pero en colaboración y no enfrentamiento
con los varones, así como la búsqueda del voto basándose en el papel
moral que detentaban las mujeres en tanto madres y amas de casa;
y por otro lado, el bloque de izquierda, que consideraba prioritaria la
mejora de las condiciones laborales de las obreras y defendió temas
como la educación de las indígenas, que para el resto eran secundarios. Las mujeres de izquierda organizaron en México tres congresos nacionales de Mujeres Obreras y Campesinas (1931, 1933 y
1934), para concentrarse en la organización autónoma de las mujeres
de los sindicatos y pedir la reforma del voto femenino.137
Aunque los proyectos de nación liberal y revolucionario consideraron a las mujeres como un grupo homogéneo, estas experiencias
mostraron que se habían desarrollado en el espacio público desde
muy diversas posturas del espectro ideológico y membresía política.
En México había un contingente importante de mujeres del Partido
Comunista (como Juana Gutiérrez de Mendoza y Concha Michel) y
otras que se habían integrado al PNR, el cual se erigía como partido oficial; ambas facciones estuvieron en constante conflicto, sobre
todo por su posicionamiento respecto al voto femenino y la divergencia entre crear organizaciones separatistas de mujeres o integrarse
a los partidos.138
Con la llegada de Lázaro Cárdenas al poder (1934-1940) los dos
bandos tuvieron una tregua dado que las militantes del PNR se volcaron al apoyo de su proyecto político, y las comunistas vieron en su
137 Alicia Girón, María Luisa González y Ana Victoria Jiménez, op. cit.
138 Enriqueta Tuñón, “La lucha política de la mujer mexicana por el derecho al sufragio y sus repercusiones”, en Carmen Ramos (coord.), Presencia y transparencia: la mujer en la historia de México, México,
El Colegio de México, 2006, pp. 181-189.
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gobierno una oportunidad para lograr muchas de sus demandas
obreras y campesinas. Se estaba abriendo una ventana de oportunidad para el sufragio de las mujeres con la alineación de varios factores
políticos: la orientación de izquierda del nuevo gobierno; el fortalecimiento de la figura presidencial representada por Cárdenas; la
transformación del PNR en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM)
y la confluencia de un importante número de corporaciones afiliadas;
así como la proliferación de organizaciones de mujeres y feministas
y su vinculación con redes internacionales sufragistas.
La llegada de Lázaro Cárdenas al poder en 1934 trajo consigo un cambio en la forma de organización política en el país, que tuvo un impacto
en las estrategias de las organizaciones de mujeres. Específicamente,
el corporativismo estatal se había convertido en el principal vínculo
del gobierno con la sociedad, mediado por el partido político oficial. En
las corporaciones se recababan las demandas de los diferentes sectores sociales (popular, obrero, campesino), el partido las organizaba
y presentaba al presidente. Así, “[l]as mujeres tenían que abrirse camino a través de este nuevo estado corporativista y aprender a colonizar
un espacio para que sus demandas fueran escuchadas”.139
En 1935, se conformó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer
(FUPDM), que buscaba representar los intereses de las mujeres, independientemente de su afiliación partidista. Enriqueta Tuñón explica
que el Frente llegó a tener más de 50 mil afiliadas, entre las que se
encontraban “intelectuales, profesionistas –maestras, sobre todo–,
veteranas de la Revolución, obreras, mujeres de diversos sindicatos y
partidos políticos”, especialmente del Partido Nacional Revolucionario
y del Partido Comunista.140 Así, se manifestaron las diversas posiciones
políticas del movimiento social femenino. Una de las corrientes manifestaba como preocupación principal la transformación económica
139 Nikki Crazke, op. cit., p. 124.
140 Enriqueta Tuñón, “La lucha política de la mujer mexicana por el derecho al sufragio y sus repercusiones”, en Carmen Ramos (coord.), Presencia y transparencia…, op. cit., p. 185.
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Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
y política, estaban de acuerdo con la expropiación petrolera, los cambios en las condiciones del trabajo y el voto femenino, y expresaban su
rechazo al capital extranjero que se apoderaba de la economía mexicana. Otra vertiente estaba representada por las mujeres del PNR
que si bien estaban por alcanzar mayores derechos para las trabajadoras boicotearon las propuestas sobre el voto femenino. Una tercera
corriente se inclinaba por la organización autónoma de las mujeres.
Resalta el liderazgo de Refugio García, que tenía tanto el respaldo de
las facciones internas de la organización feminista como de los principales liderazgos políticos del momento.
La plataforma política del FUPDM es muy interesante pues en ella
confluyen las expectativas y demandas que las mujeres habían estado configurando, por lo menos cinco décadas atrás, pero también se
enmarcan en el contexto sociopolítico cardenista. Mantuvieron la exigencia del voto femenino, pero también la igualdad política de indígenas y campesinos. Integraron las demandas de las mujeres obreras
y campesinas, como luchar contra la carestía de los artículos de
primera necesidad; eliminar los descuentos a los sueldos de la mujer, aumentar su salario y establecer la jornada de ocho horas. Las
mujeres exigieron derechos sociales (a diferencia de años atrás que
se centraban en los civiles), como instaurar un seguro social pagado
por el gobierno y las empresas y crear casas de maternidad para las
mujeres de los obreros en empresas. Pero también se incorporaron
las demandas acordes con la agenda política cardenista: “Desaparecer los monopolios sean de nacionales o extranjeros; la liberación
de México de la opresión imperial; la lucha abierta contra todas las
empresas extranjeras; contra la intervención del Gobierno norteamericano o de la banca en los asuntos internos de México; contra el
pago de la deuda exterior, entre otras”.141
141 Ana Lau, “Mujeres, feminismo y sufragio en los años veinte”, en Gisela Espinosa y Ana Lau (coords.), Un
fantasma recorre…, op. cit., p. 104.
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El FUPDM creó el Consejo Nacional del Sufragio Femenino en 1936.
Organizaron manifestaciones, mítines, presentaron conferencias
y demás actividades. Tuvieron acercamiento con el Comité Ejecutivo
Nacional del PNR, pero allí rechazaron la solicitud aludiendo a la falta
de capacitación de las mujeres. En contraste, Lázaro Cárdenas percibió que era insostenible solicitar a las mujeres su participación en
la movilización social por las estrategias del Estado y mantener la exclusión política. Así que en un acto público declaró que las mujeres
deberían incorporarse a la función política. Tras estas declaraciones las mujeres organizadas respaldaron las acciones del gobierno
a la espera de aprobación de la tan anhelada reforma. El presidente
envió una iniciativa al Congreso para reformar el artículo 34 constitucional en 1937. En la iniciativa se manifestaba:
Que reconocida por ello la plena capacidad civil, económica y educativa de la mujer, no se justifica el mantenimiento de su incapacidad política ya que directa o indirectamente, en el hogar como
colaboradora de su esposo o bien a través de sus compañeros de
trabajo, contribuye a la formación de la opinión pública y es fuente
de orientación de todo Gobierno democrático y de cooperación en
las relaciones de gobernados y gobernantes.142
Ana Lau recoge testimonios importantes de las sufragistas de la época que sabían que el gran obstáculo de la aprobación del voto era
el temor extendido en el partido oficial por la orientación conservadora de las mujeres, debido al vínculo que tenían con el clero. El
contexto del sistema político en México es esencial para comprender
la negativa, pues el PNR todavía no se convertía en el partido hegemónico y aún no se llegaba a vislumbrar el presidencialismo en su
máxima expresión. Por lo que conceder el voto a las mujeres constituía aún un gran riesgo para mantenerse en el poder.
142 Cita en Ana Lau, “Ciudad de México, 1917-1953”, en Ana Lau y Mercedes Zúñiga (coords.), El sufragio
femenino en México…, op. cit., p. 12.
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Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
Aunque la iniciativa se turna a las cámaras y a las legislaturas de los
estados, el trámite se detuvo justo antes de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación. Siguiendo a la misma autora, es muy interesante el debate al interior del FUPDM después de la desilusión por la
tardanza de la reforma. Dos grandes posicionamientos: las que consideraban el voto como la condición necesaria para lograr el resto de
la plataforma política, y un grupo de mujeres muy importantes e influidas por las ideas socialistas feministas que cuestionaban la eficacia
del voto (como de la democracia misma) mientras que los cambios
no se plantearan principalmente en la lógica del mercado capitalista
y su vínculo con el patriarcado. A partir de esta polarización de pensamiento se vería el crecimiento de un posicionamiento “popular” del
feminismo, interesado más en realizar acciones directas con las mujeres campesinas y obreras, aunque dentro de los confines corporativistas del partido.
Después del fracaso que representó que no se publicara la iniciativa,
el Frente adoptó una nueva estrategia congruente con la transformación del partido oficial de PNR a Partido Revolucionario Mexicano
(PRM). Se tomó la decisión de que las afiliadas se incorporaran a los
diferentes sectores del nuevo partido: obreras, campesinas, profesionistas para negociar con las autoridades del partido y buscar la concesión presidencial del voto hacia las mujeres: “Fue así como, a partir
de los años cuarenta, el movimiento de lucha para obtener derechos
políticos, en lugar de consolidar su fuerza con las bases y de reforzar la movilización social, se apoyó en las autoridades, principalmente
en la figura del presidente de la República, a la espera de que éstas
hicieran suya la demanda del voto”.143
143 Enriqueta Tuñón, “El derecho de las mujeres al sufragio”, en Gisela Espinosa y Ana Lau (coords.), Un
fantasma recorre…, op. cit., pp. 127-148.
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2.4. El proyecto de modernización
y el sufragio femenino en México
En el sexenio de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), claramente conservador, la movilización sufragista perdió fuerza y visibilidad política. Se pusieron en suspenso los objetivos políticos y las mujeres se
centraron en los derechos sociales como la búsqueda de programas de tipo social, como la ampliación de licencias de maternidad,
cooperativas domésticas, rebaja de impuestos y alquileres. Solo circunstancialmente se mencionan los derechos civiles y políticos de
las mujeres. Además, el contexto internacional era el de la Segunda
Guerra Mundial, por lo que la organización de las mujeres, como ya
lo hemos sostenido, tiende a concentrarse en el apoyo de las grandes causas, en este caso labores de paz y de asistencia. Por ejemplo,
en 1942 Amalia Castillo Ledón propuso la formación del Servicio Civil
Femenino de Defensa para capacitarlas en “enfermería, manejo de
ambulancias, evaluación de niños, cocina para multitudes, primeros
auxilios, etcétera”.144
Pero esto no significa que las organizaciones de mujeres hayan
desaparecido: en julio de 1945 se llevó a cabo un mitin de la Unidad
Femenina pro Miguel Alemán, cuando aún era candidato a la presidencia del partido oficial PRM. En su discurso, Alemán se pronunció
por la importancia de la mujer en el proceso de industrialización en
México y prometió impulsar la reforma constitucional para que las
mujeres pudieran votar y ocupar cargos de elección popular en el municipio (recuérdese la vía gradual expuesta por Teele):
Pensamos que para puestos de elección popular en el Municipio
Libre –base de nuestra organización política– la mujer tiene un
sitio que le está esperando, porque la organización municipal es
la que tiene más contacto con los intereses de la familia y la que
144 Ibid., p. 130.
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Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
debe más atención a las necesidades del hogar y de la infancia.
Para este fin promoveremos oportunamente la reforma constitucional adecuada.145
El reconocimiento del derecho femenino a la participación política
a nivel local por parte del presidente Alemán (1946-1952) tuvo diversos
propósitos: integrar a la mujer paulatinamente a la vida política, legitimar al régimen a nivel local, puesto que la salida masiva de trabajadores migratorios hacía necesario el voto femenino e incorporar a
la mujer más activamente a la vida política de acuerdo a una estrategia desarrollista. Aunque había un cierto respaldo a este tipo de posicionamientos que encontraban importante el avance del país, pero
no así la transformación de los roles de las mujeres, lo cierto es que
la aprobación de la reforma se debió a una especie de “prueba” del
comportamiento político de las mujeres en el nivel municipal, a la vez
que se liberaba la presión internacional por el sufragio de las mujeres.
Miguel Alemán cumplió con la reforma que permitía la participación
política de la mujer en el ámbito local y el 10 de diciembre de 1945 el
voto femenino fue aprobado por el Senado de la República a través
de la reforma del artículo 115 de la Constitución, estableciendo que,
a partir de ese momento, las mujeres podían votar y ser votadas en
las elecciones municipales.146 Lograr el voto a nivel nacional era el
145 Enriqueta Tuñón, “La lucha política de la mujer mexicana por el derecho al sufragio y sus repercusiones”, en Carmen Ramos (coord.), Presencia y transparencia: la mujer…, op. cit., p. 186.
146 Aquiles Elorduy, del Partido Acción Nacional, argumentó contra el voto de las mujeres: “[…] el hogar
mexicano […] es el hogar selecto, perfecto, en donde la ternura llena la casa y los corazones de los
habitantes gracias a la mujer mexicana que ha sido y sigue siendo todavía el modelo de abnegación, de
moralidad, de mansedumbre, de resignación […] Ciertas costumbres venidas de fuera están alejando
a las madres mexicanas un tanto cuanto, de sus hijos, de su casa y de su esposo. […] Para la mujer
mexicana, su marido, si es feo, es guapo; si es ignorante, es un sabio […] porque quiere enaltecer, a
los ojos de ella misma y de su familia, al jefe de la casa. Si vamos perdiendo los hombres –y aquí está
la parte egoísta– las pocas fuentes de superioridad, por lo menos aparente que tenemos en el hogar,
vamos a empezar a hacer cosas que no son dignas de nosotros. Ya no hay méritos mayores en el jefe
de familia, como no sea que gane dinero para sostener la casa y, en muchas ocasiones, lo ganan ellas
a la par que los maridos. De manera que, si en la política, que es casi lo único que nos queda, porque
en la enseñanza también son hábiles y superiores; si vamos perdiendo la única cosa casi aparatosa,
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Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
siguiente paso, para ello fueron fundamentales los grupos organizados de mujeres con la estrategia de contacto directo con el candidato presidencial.
Durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) se realizan dos peticiones para el sufragio de las mujeres, una que provenía
de la organización femenil del Partido Revolucionario Institucional,147
liderada por Margarita García Flores, quien ya había organizado a las
mujeres de todas las áreas de acción femenil del partido en un mitin
con el entonces candidato oficial; y por el otro, la Alianza de Mujeres
por México y el liderazgo de Amalia Castillo Ledón, presidenta de la
Comisión Interamericana de Mujeres. Adolfo Ruiz Cortines le pidió a
Amalia Castillo la firma de 500 mil mujeres demandando el voto femenino. La lideresa obtuvo las firmas y el 9 de diciembre de 1952
se leyó en la Cámara de Diputados la iniciativa del presidente Ruiz
Cortines para otorgar el voto a la mujer. El 17 de octubre de 1953 se
publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación constitucional según la cual se reconocía a la mujer el derecho a votar y ser
votada en las elecciones a nivel nacional.
Adolfo Ruiz Cortines concedió el voto a las mujeres bajo la línea argumentativa que se había sostenido desde finales del siglo XIX, por su
posición como madres y su carácter moral; las mujeres se podrían integrar a las necesidades del progreso social desde los roles de género
que ya estaban realizando en el hogar, como apoyar en los problemas
de alimentación, vestido, salud, recreación, asistencialismo, etcétera,
mientras que el ámbito político formal se mantuvo de exclusividad
masculina. De esta manera, muchas mujeres se incorporaron a los
que es la política, las cuestiones externas de la casa para que nos admiren un poco; si vamos a ser
iguales hasta en la calle, en las asambleas, en las Cámaras, en la Corte Suprema, en los tribunales,
en los anfiteatros, etcétera, etcétera, pues, entonces, que nos dejen a nosotros, que nos permitan
bordar, coser, moler y demás […]” (Enriqueta Tuñón, “El derecho de las mujeres al sufragio”, en Gisela
Espinosa y Ana Lau (coords.), Un fantasma recorre…, op. cit., p. 134).
147 En 1946 cambió de PNR a Partido Revolucionario Institucional (PRI).
92
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
partidos políticos, pero acatando la división sexual de las actividades
al interior de estos.
Con lo expuesto hasta aquí se sostiene la hipótesis delineada en los
primeros párrafos de este capítulo: que las organizaciones de mujeres fueron fundamentales para lograr el derecho al voto femenino
en México, así como la trascendencia de su vínculo y presencia en
las redes internacionales de mujeres de las últimas décadas; ambos
elementos las prepararon para sostener sólidamente los argumentos sobre las ventajas de la participación política de las mujeres. Pero
también el contexto político electoral fue determinante. A partir de la
segunda mitad del siglo XX se había consolidado el presidencialismo
mexicano, con su carácter autoritario y corporativo. La designación
del candidato presidencial (como facultad metaconstitucional del presidente en turno) reflejaba la estabilidad política y certidumbre electoral del partido hegemónico.
Después de conceder el voto municipal se demostró que las mujeres
no constituían un peligro sino un fuerte contingente electoral, algo que
seguramente Ruiz Cortines ya había sopesado con cuidado, por lo
que pudo presentar con mayor facilidad y prácticamente sin resistencia la reforma que permitió que las mujeres accedieran a la ciudadanía: “La integración de las mujeres al universo de votantes a nivel
federal significó la disputa por una nueva clientela electoral y el impulso al crecimiento de los grupos femeniles que dentro de los partidos
políticos existían ya desde tiempo atrás”.148
148 Martha Singer, “Partido dominante y domesticación de la oposición, 1951-1963”, en Luis Medina Peña
(coord.), El siglo del sufragio. De la no reelección a la alternancia, México, Fondo de Cultura Económica,
Instituto Federal Electoral, 2010, pp. 138-169, p. 153.
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Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
2.5. El proceso de democratización
en México y la lucha cívica de las
mujeres durante la segunda mitad
del siglo XX y principios del XXI
Paradójicamente las mujeres conquistaron el sufragio cuando se
desplegaba una maquinaria partidista orientada a reprimir la libertad política. Durante el auge del presidencialismo mexicano había un
fuerte intervencionismo en las organizaciones sociales, represión a
los movimientos sociales y control de la participación electoral, ya que
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) monopolizaba casi la totalidad de los cargos de elección popular a nivel nacional y local con
preferencia electoral mayor a 70 por ciento.149
A partir de los años sesenta se vivió una etapa de crecimiento económico acelerado que permitió el desarrollo de la industria y el sector de
los servicios, en detrimento de la agricultura, que todavía era el principal sector en la primera parte del siglo XX. El desarrollo estabilizador
provocó grandes transformaciones demográficas como el crecimiento poblacional, la urbanización y el aumento de la escolarización.150
En un contexto internacional de lucha por los derechos civiles de la
población negra, contra la guerra y los movimientos estudiantiles, en
México también los estudiantes realizaron una de las grandes manifestaciones de desaprobación al régimen hegemónico del Partido
Revolucionario Institucional. El movimiento de 1968 luchaba por las
libertades democráticas básicas desafiando los mecanismos que el
partido había instituido para poder mantener el control del país.151
149 Ibid., p. 172.
150 Jean- François Prud’Homme, “El Estado y la participación política: las reformas electorales de 1977”, en
Luis Medina Peña (coord.), El siglo del sufragio..., op. cit., p. 172.
151 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, La mecánica del cambio político en México.
Elecciones, partidos y reformas, México, Cal y Arena, 2000.
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Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
Cabe mencionar que se vivía un aumento considerable de mujeres en
la matrícula universitaria, lo cual era muestra de la transformación de
género, pero también vía de acceso al pensamiento político y feminista de la época. Las mujeres participaron también en la movilización,
pero no en igualdad de condiciones que los hombres, pues dentro
de los contingentes se reprodujeron los roles de género: ellas se encargaron de la preparación de los alimentos, la limpieza, la impresión
y el reparto de volantes, fueron brigadistas y tuvieron una marginada
participación en el liderazgo.152
En donde tuvieron las mujeres presencia decisiva fue en los movimientos sociales populares y campesinos que se desarrollaron durante
las décadas de los setenta y ochenta, provocados por la marginación
y desigualdad económica del proceso de industrialización y la explotación de las comunidades rurales e indígenas. Las mujeres se unieron
a las organizaciones y movilizaciones populares y campesinas (participaron en las guerrillas del sur del país) e implementaron proyectos
productivos, cooperativas, proyectos de salud, venta de artesanías,
pero también estos espacios se prestaron para realizar reflexiones en
torno a la situación de desigualdad entre mujeres y hombres.
En tensión con sus movimientos mixtos y en los márgenes del movimiento feminista, las campesinas organizadas empezaron a decir
su palabra. Reconocieron ser pobres entre los pobres, con problemas
educativos y de salud, con largas jornadas domésticas por la carencia de recursos y de servicios básicos. En un proceso heterogéneo,
fueron tomando conciencia de su posición subordinada y desigual
152 Karina Lvone menciona a dos dirigentes destacadas del Consejo Nacional de Huelga, Roberta Avendaño,
la Tita, y Ana Ignacia Rodríguez, la Nacha; esta última manifestó en una ocasión: “[l]a discriminación
de la mujer en el 68, ¡en serio!, es enorme. Nuestra participación fue determinante en el movimiento
estudiantil, fuimos oradoras, sacábamos muchos pesos en las brigadas, hacíamos pintas (Karina Lvone,
La participación de la mujer universitaria en el movimiento estudiantil de 1968, ponencia presentada en
el “XI Congreso Nacional de Investigación Educativa”, 2011).
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Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
en el mundo laboral, en sus comunidades y en sus organizaciones
campesinas, pero también en su hogar y su familia.153
En el contexto urbano, la influencia de la revolución sexual y el control de la natalidad a nivel internacional se tradujo en una nueva oleada feminista en México, conocida como “neofeminismo”, en la que
las demandas se trasladaron de los derechos civiles y políticos a la
emancipación sexual y la reivindicación de la autonomía del cuerpo femenino, la no discriminación y contra la violencia hacia las mujeres. En esta etapa proliferaron pequeños grupos o colectivos de
mujeres y feministas con una lógica horizontal, sin liderazgos, que estudiaban las causas y consecuencias del patriarcado (con influencia
de las feministas radicales) y cuya consigna feminista por excelencia era “lo personal es político”. Estas agrupaciones confluyeron en
frentes amplios como el Movimiento Nacional de Mujeres y Mujeres
en Acción Solidaria.
En este contexto de movilización popular (campesina, estudiantil y urbana) el presidencialismo llegó a su punto máximo cuando solo se
presentó un candidato en las elecciones de 1976, José López Portillo.
La competencia política era nula, sin partidos políticos nacionales que
pudieran enfrentarse al PRI. A partir de este momento se fortalece la
movilización popular, incrementada por las crisis económicas de los
últimos sexenios, y el Partido Acción Nacional se va perfilando como
una alternativa de gobierno competitiva en varias regiones del país.154
En consecuencia, en 1977 se presentó una reforma electoral que funcionó como válvula de escape para mejorar la situación sociopolítica,
iniciando un proceso de liberalización del país rumbo a la transición
democrática. Esta reforma implicó el reconocimiento del principio de
representación proporcional para la elección de diputados, que se
unirían a las personas electas por el principio de mayoría relativa, así
153 Gisela Espinosa, “Feminismo popular, tensiones e intersecciones entre el género y la clase”, en Gisela
Espinosa y Ana Lau (coords.), Un fantasma recorre…, op. cit., p. 89.
154 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, op. cit., p. 19.
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Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
como la aprobación del financiamiento público de los partidos políticos y la posibilidad de que participaran también aquellos que tuvieran
registro nacional en las elecciones locales. A partir de este momento
se presentaron continuas reformas que transformaron radicalmente
el sistema electoral y político del país.
Otro momento crítico e importante para la participación de las mujeres fue el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, detonante del
resurgimiento de la sociedad civil en el país. La sociedad realizó una
evaluación negativa de la intervención gubernamental del presidente
Miguel de la Madrid en el desastre, por lo que prefirió autoorganizarse para realizar las tareas de rescate y construcción.155 Las mujeres
tuvieron una importante participación instaurando comedores populares, instancias de cuidado de niñas y niños, atención a personas enfermas, la toma de terrenos para la construcción de viviendas para las
y los damnificados, y también surgieron importantes sindicatos, como
el Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Industria de la Costura,
Confección, Vestido, Similares y Conexos 19 de Septiembre.
A finales de los años ochenta del siglo XX, México se había transformado radicalmente. Había desarrollo económico pero con grandes
brechas de desigualdad social; mejoró la calidad de vida urbana en
detrimento de las zonas marginadas de las ciudades y de la vida rural:
“Con la modernización social, la industrialización, la escolarización de
la población y la mundialización de la cultura se multiplicó también la
pluralidad política de la nación”.156 El PRI sufrió una fractura interna
con el surgimiento del Frente Democrático Nacional que encabezaron
sus exmilitantes Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Por
otro lado, adquirió una notoria relevancia el liderazgo de Manuel
Clouthier del Partido Acción Nacional (PAN). De esta manera, el candidato oficial del PRI en las elecciones de 1988, Carlos Salinas de
155 Reynaldo Yunen Ortega, “Las elecciones de 1988”, en Luis Medina Peña (coord.), El siglo del sufragio...,
op. cit., pp. 209-235, p. 210.
156 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, op. cit., p. 34.
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Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
Gortari, tuvo real competencia política, como no se había tenido
hasta ese momento. Sin embargo, la percepción social de un fraude
electoral el día de las elecciones provocó una movilización ciudadana inaudita.
Gisela Espinosa narra que días posteriores a la elección, “mujeres de
más de treinta agrupaciones feministas, estudiantiles, sindicales, representantes de colonias populares, organismos de la sociedad
civil y de organizaciones políticas, se manifestaron contra el fraude
electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y acordaron
formar el Frente de Mujeres en Defensa del Voto Popular”.157 Gran
parte de la ciudadanía, incluyendo las organizaciones populares
y civiles de mujeres y feministas, redirigieron su esfuerzo y activismo
hacia la política formal, a la lucha por la democracia representativa.
Derivado de un clima de desconfianza ciudadana en la organización
de las elecciones a manos del gobierno, se creó en 1989 el Instituto
Federal Electoral y con ello inició la “ciudadanización” de los procesos
electorales. En este mismo año inició el periodo de alternancia política
con la primera victoria de un partido de oposición en elecciones de
gubernatura (el PAN en Baja California), desencadenando una serie
de triunfos a nivel municipal y estatal, tanto de Acción Nacional como del recién creado Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Rumbo a las elecciones de 1994 se manifestaron diversos movimientos, frentes y organizaciones ciudadanas para cuidar las elecciones,
como la Alianza Cívica. A pesar de la fortaleza de preferencia electoral
del panista Diego Fernández de Cevallos y de Cuauhtémoc Cárdenas del PRD, el candidato del PRI, Ernesto Zedillo Ponce de León ganó
la elección presidencial, en gran parte porque logró ligar su campaña
157 Gisela Espinosa, “Feminismo popular, tensiones e intersecciones entre el género y la clase”, en Gisela
Espinosa y Ana Lau (coords.), Un fantasma recorre…, op. cit., p. 302.
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Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
a la de Luis Donaldo Colosio, el candidato oficial asesinado en Lomas
Taurinas, Tijuana, en marzo de 1994.
Carlos Salinas en su último año de gobierno y Ernesto Zedillo durante su sexenio enfrentaron la emergencia del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN). En palabras de Gisela Espinosa, este
movimiento armado se había incubado en la conmemoración de los
500 años de resistencia indígena (colonización española) y emergió
de la crudeza de las políticas neoliberales salinistas en las comunidades campesinas indígenas. El movimiento zapatista se caracterizó
no solo por visibilizar la desigualdad e injusticia social en la que habían vivido las poblaciones indígenas, sino también por denunciar la
violencia contra las mujeres indígenas y su marginación. Las comandantas del EZLN se volvieron protagonistas del movimiento al lado de
sus compañeros varones. La Ley Revolucionaria de Mujeres (1993) es
una declaración histórica y trascendental en el país, ya que reivindica
los derechos civiles, sociales y políticos desde la experiencia situada
de las mujeres indígenas:
[…]
Primero. Las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiación
política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el
lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen.
Segundo. Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo.
Tercero. Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos
que pueden tener y cuidar.
Cuarto. Las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de la
comunidad y tener cargo si son elegidas libre y democráticamente.
99
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
Quinto. Las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria
en su salud y alimentación.
Sexto. Las mujeres tienen derecho a la educación.
Séptimo. Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser
obligadas por la fuerza a contraer matrimonio.
Octavo. Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación
o violación serán castigados severamente.
Noveno. Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la
organización y tener grados militares en las fuerzas armadas
revolucionarias.
Décimo. Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que
señalan las leyes y reglamentos revolucionarios.158
La presencia en el espacio público de las mujeres del movimiento zapatista provocó la irrupción de un gran número de organizaciones indígenas, encuentros y redes de mujeres. Uno de los debates
centrales era la divergencia entre la defensa de los usos y costumbres de las comunidades indígenas para la elección de sus representantes, y la crítica a estos mecanismos que discriminaban a las
mujeres tanto para participar como para ser electas. En 1997 se realizó el Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas y, posteriormente, se
creó la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas.
La negativa de Ernesto Zedillo a hacer uso de la facultad metaconstitucional de nombrar a su sucesor vaticinó la transformación del
158 Enlace zapatista, El despertador mexicano, órgano informativo del EZLN, México, núm. 1, diciembre de
1993, disponible en https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1993/12/31/ley-revolucionaria-de-mujeres/
100
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
sistema político del país. Con el nuevo siglo llegó la alternancia
y transición hacia la democracia. En las elecciones del año 2000,
Vicente Fox se convirtió en el nuevo presidente de la República por el
Partido Acción Nacional, dando fin a 70 años de gobierno del partido revolucionario.
2.6. Reflexiones sobre el
comportamiento político de las mujeres
Para finalizar este capítulo sobre la lucha de las mujeres por el voto es
importante reflexionar sobre las creencias sociales que se sostuvieron
históricamente para negarles este derecho político. Los argumentos
de los detractores del sufragio femenino –y también muchas mujeres
en el marco de un orden de género sumamente restrictivo– giraron en
torno a la incapacidad o al desinterés “natural” de las mujeres en la política, el posible abandono de las labores domésticas y de cuidado
por desempeñar las actividades cívicas, la falta de preparación de estas en el ámbito público y, sobre todo, el supuesto carácter conservador que tienen debido a su vínculo histórico con la Iglesia católica.
Se han realizado interesantes estudios en el país sobre el comportamiento electoral de las mujeres, partiendo de la hipótesis de que
estas constituyen un grupo con una orientación ideológica y preferencia electoral diferenciada respecto a los varones, por ejemplo, más conservadora. Alejandra Massolo recurrió a las encuestas de preferencia
electoral que realizaron diferentes casas encuestadoras y periódicos en el proceso de 1994 (Covarrubias y Asociados, Gabinete de
Estudios de Opinión, GEO, y el Departamento de Investigación del periódico Reforma). Observó, a partir del análisis de la población total sin
cruces de variables, que había una ligera inclinación de las mujeres
por el PRI y menor preferencia electoral por el PAN y PRD, sin embargo, no todas las encuestas concordaban con estos datos. Una
pregunta interesante del estudio fue si “consideraban conveniente
101
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
o inconveniente para México tener un presidente surgido de la oposición” y encontraron que las mujeres tendieron más que los hombres a percibirlo como inconveniente. De igual forma, hubo un mayor
porcentaje de mujeres que manifestaron “defender el orden político
actual” y no apoyar la alternancia política; no obstante, la diferencia
entre las respuestas de mujeres y hombres no rebasó los cinco puntos
porcentuales.
Alejandra Massolo concluyó que los resultados de las encuestas
de opinión de 1994 podrían sugerir que las mujeres formaban parte del voto duro del PRI −junto con el voto del sector campesino− no
así del PAN, que ha sido identificado como un partido conservador
y vinculado a la Iglesia católica. Con todo, la autora considera que los
resultados globales no permiten visibilizar la diversidad del comportamiento electoral femenino. Si bien las amas de casa podrían considerarse una importante clientela priista, no se podía hacer la misma
aseveración con otros subgrupos femeninos como las jóvenes, estudiantes, profesionistas, etcétera.159
La ligera preferencia de las mujeres por el PRI también se observó en
el estudio de Anna Fernández Poncela.160 Esta investigadora publicó
un interesante artículo retomando los resultados de una encuesta que
levantó en 1996 sobre la simpatía partidaria, la preferencia electoral
de 1994 y la orientación del voto para las elecciones intermedias de
1997. La investigadora llegó a la conclusión de que no había diferencias
significativas entre los datos de los hombres y de las mujeres y que, en
todo caso, para que pudiera observarse un comportamiento electoral
diferenciado se tendría que cruzar el sexo con otras variables como
la edad, ocupación, ingreso, escolaridad, etcétera.
159 Alejandra Massolo, “El género en las encuestas de opinión pública: una exploración”, en Revista de
estudios de género, La ventana, núm. 5, 1997, pp. 105-132.
160 Anna M. Fernández Poncela, “Edad, sexo y política. Preferencias electorales en México”, en Revista de
estudios de género, La ventana, núm. 5, 1997, pp. 133-152.
102
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
En la tabla 1 recuperamos los resultados de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) de 2003, 2005 y
2012,161 y también de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI)
de 2020, en relación con la simpatía partidista de hombres y mujeres. Como se puede observar, se mantienen las observaciones de
las investigaciones referidas de Alejandra Massolo y Anna Fernández
Poncela. En las gráficas 1 y 2 se puede apreciar que las tendencias de
las preferencias partidistas son similares entre mujeres y hombres
para los cuatro partidos con más seguidores.
GRÁFICA 1
TENDENCIA DE LA SIMPATÍA PARTIDISTA DE LAS MUJERES 2003-2020
50.0%
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
PAN
PRI
PRD
MORENA
NINGUNO
2003
2005
2012
2020
Fuente: Elaboración propia con datos de las ENCUP 2003-2012 y de la ENCUCI 2020.
161 Se omitieron los levantamientos de la ENCUP 2001 y de la de 2008, porque en la primera no se preguntó por la preferencia partidista y, en la segunda, la base de datos, en las respuestas a la pregunta
¿por cuál partido se inclina usted?, 62.71% de los registros aparece como ¡NULO!, imposibilitando
la comparativa.
103
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
GRÁFICA 2
TENDENCIA DE LA SIMPATÍA PARTIDISTA DE LOS HOMBRES 2003-2020
50.0%
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
PAN
PRI
PRD
MORENA
NINGUNO
2003
2005
2012
2020
Fuente: Elaboración propia con datos de las ENCUP 2003-2012 y de la ENCUCI 2020.
Aunque hay variaciones en los valores entre mujeres y hombres,
en su mayoría, estos no distan más de 3%, salvo el caso del PRD en
2003 cuando hubo una diferencia de 3.7% entre la simpatía partidista
de mujeres y hombres, y el caso de Morena, cuya diferencia entre
preferencias alcanza 6.8% con carga para los hombres. En términos
generales hay una mayor cantidad de mujeres simpatizantes del PRI
que simpatizantes hombres, y respecto al resto de los partidos políticos, ellas manifiestan tener menor simpatía que los varones. Sin embargo, llama bastante la atención el resultado de la última encuesta en
2020, previo a las elecciones de 2021, dado que 18.4% de las mujeres
manifestaron tener una inclinación partidista por el Movimiento de
Regeneración Nacional, frente a 25.2% de hombres, lo cual constituye
una de las diferencias porcentuales más significativas registradas por
la ENCUCI por razón de sexo.
Asimismo, es importante resaltar que en promedio para 2020, la mitad del electorado compuesto por hombres y mujeres manifiestan
no tener preferencia por ningún partido, este porcentaje ha aumentado considerablemente desde 2003 a la fecha, pues en aquel
104
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
momento solo 37.3% manifestaba no identificarse con ninguna opción política, lo cual es indicativo de la creciente decepción ciudadana
y la crisis de representación e identificación de las y los mexicanos
con las propuestas partidistas existentes. En la tabla 1 se pueden apreciar los porcentajes, tanto de hombres como de mujeres, para todos
los partidos mencionados en las encuestas, aunque cabe mencionar
que no en todos los años aparecen todos los partidos políticos.
TABLA 1
PORCENTAJE DE SIMPATIZANTES, POR SEXO
% de simpatizantes
Mujeres
Partido político/Año
Hombres
2003
2005
2012
2020
2003
2005
2012
2020
PAN
20.9
19.6
15.5
11.0
23.5
20.8
16.0
9.6
PRI
27.4
25.6
33.7
11.5
26.4
25.0
33.7
10.3
PRD
8.0
14.5
12.5
2.8
11.7
16.0
14.6
2.3
PT
0.2
0.4
0.9
0.5
0.4
0.3
1.2
0.5
PVEM
0.4
0.8
1.1
0.6
0.6
0.7
1.9
0.7
Convergencia
0.1
Nueva Alianza
0.5
Movimiento
Ciudadano
0.9
Morena
0.4
0.9
0.6
18.4
Ninguno
39.9
Otro
0.2
No sabe
No contestó
3.0
25.2
14.0
32.7
2.3
25.2
50.1
34.7
0.9
0.4
3.2
2.3
23.0
29.4
47.4
0.6
14.2
2.4
Fuente: Elaboración propia con datos de las ENCUP 2003-2012 y de la ENCUCI 2020.
105
0.8
2.6
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
El hecho de no encontrar una diferencia sustantiva en razón de género
contradice las creencias liberales y revolucionarias que plantearon
que las mujeres tenían una orientación ideológica conservadora, casi
inherente a su naturaleza y debido a su vínculo con el clero. El voto
conservador femenino no se puede sostener frente a los datos anteriores que muestran cómo la preferencia electoral de las mujeres
se distribuye de manera muy similar a la de los hombres. En todo
caso, como sostienen las investigadoras que referimos, las mujeres
son sumamente diversas y el análisis se debe profundizar desde una
perspectiva interseccional.
El avance de la participación política de las mujeres, impulsado por
las reformas electorales de paridad de género, está cerrando brechas entre hombres y mujeres que también refutan el argumento
sobre la incapacidad de las mujeres de desempeñarse en el espacio político. Entre los retos más importantes está el compromiso de
los partidos políticos de fortalecer el capital político y económico
de sus militantes para garantizar una competencia equitativa.
106
3. MUJERES
COMO MILITANTES
La libertad de asociación y la libertad de expresar las preferencias políticas e ideológicas forma parte de los derechos políticos fundamentales de hombres y mujeres. Los partidos políticos han tenido un papel
protagónico en las democracias para el ejercicio de estos derechos,
pues son las figuras institucionales que intervienen en el control y distribución del poder político, orientan ideológicamente y organizan la
acción política, se encargan de la formación de cuadros políticos para
promover candidaturas de hombres y mujeres, con el objetivo último
de tener una participación en el ejercicio del poder. Los partidos políticos son facilitadores en el acceso a los cargos públicos y de liderazgos
en sus estructuras. Sin embargo, en el caso de las mujeres, más que
facilitadores, durante un largo periodo histórico constituyeron una
barrera para su plena participación y posicionamiento político.
Como hemos señalado reiteradamente en los capítulos anteriores,
históricamente las mujeres han estado presentes en todas las luchas
políticas, mas su reconocimiento en las estructuras partidistas se
107
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
remonta al siglo pasado. Los cargos partidistas han sido un recurso
político de género y esta dinámica sigue profundamente arraigada
en dichos espacios. Como resultado de la insurrección de las mujeres que inició con la reivindicación del sufragio y continuó hasta la
instauración del principio de paridad de género en la representación
política, actualmente, todos los partidos con presencia nacional hacen
mención en sus estatutos de la necesidad de la presencia de las mujeres en cargos de representación y dentro de su estructura; sin embargo, la realidad es que pocas mujeres han accedido a cargos de
poder dentro de las cúpulas más altas de los partidos.162
Existen múltiples factores que disminuyen la velocidad del avance de
las mujeres en las estructuras partidistas, Flavia Freidenberg163 identifica los siguientes como los más significativos: los problemas de democracia interna de los partidos basados más en la complacencia de
élites que en la meritocracia; la falta de transparencia y mecanismos
eficaces en los procesos internos de selección de candidaturas, aunado a la falta de recursos personales, financieros o políticos; o bien la
colocación de liderazgos en candidaturas no competitivas.
Otras investigaciones sobre los partidos políticos en Latinoamérica
y México muestran que estas organizaciones han evitado y limitado
el acceso de las mujeres a las candidaturas y también a cargos como
dirigentes dentro de sus estructuras,164 otros trabajos se han encargado de indagar sobre diversos aspectos de la vida de las mujeres
al interior de los partidos, mediante el estudio de sus trayectorias,
162 Vanessa Góngora y Cinthia Plascencia, “Derrotero de la paridad de género en la representación política en México”, en Oniel Díaz, Vanessa Góngora y Miguel Vilches (coords.), Las elecciones críticas de
2018. Un balance de los procesos electorales federales y locales en México, Guanajuato, Universidad
de Guanajuato, Grañén Porrúa, 2019, p. 152.
163 Flavia Freidenberg, “¿Qué han hecho los partidos por las mujeres? Una propuesta para medir la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en los partidos políticos”, en Flavia Freidenberg (ed.), La representación política de las mujeres en México, México, Instituto Nacional Electoral, UNAM-Instituto
de Investigaciones Jurídicas, 2017.
164 Véase Vivian Roza et al., Partidos y paridad: la ecuación pendiente, Nueva York, Banco Interamericano
de Desarrollo, IDEA Internacional, 2010.
108
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
y la evaluación de los patrones de ascenso al interior de estas instituciones, para conocer la contribución de los mismos en la asignación
de los cargos que ocupan las mujeres en los órganos directivos, así
como en la obtención de candidaturas, particularmente las ganadoras. Dentro de los principales hallazgos se encuentra que persisten
los estereotipos de género al interior de las estructuras partidistas,
que hay desigualdad en el capital político y económico de hombres
y mujeres, y continúa el reto de conciliar la vida familiar y política, esto
es, que las mujeres puedan militar en los partidos sin la carga de la
responsabilidad exclusiva de lo doméstico, y que los hombres se integren activamente a esa esfera.165
En este capítulo se hará un recuento de la evolución histórica de la
participación de las mujeres como militantes, para después dar el
salto y abordar su nivel de inclusión en los partidos políticos: cuántas
son, quiénes ocupan los cargos importantes, cómo es su liderazgo
y qué hacen los partidos para incentivar su participación. Para ello se
realiza un análisis de los cambios estatutarios y legales, de las modificaciones en el diseño institucional, de los resultados de diagnósticos
nacionales y estatales en torno al tema y la percepción de las mujeres
que forman parte de los partidos políticos.
3.1. Antecedentes históricos
Algunos de los argumentos más socorridos en el pasado para justificar la falta de mujeres en los espacios políticos y posiciones de poder
era que no tenían interés por participar, que no tenían aptitudes para
165 Ana Joaquina Ruiz, Aída Bustos y Ana Laura Flores, Análisis de las trayectorias de las mujeres en los
partidos políticos: obstáculos y prospectiva para su desarrollo, México, Instituto Nacional Electoral,
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, 2020; Erika González y Vanessa Góngora, “Competencias
de liderazgo de mujeres dirigentes nacionales de partido en México: Amalia García, Cecilia Romero
y Beatriz Mojica”, en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, núm. 240, México, 2020,
pp. 397-430.
109
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
desarrollarse en el ámbito público, o bien que no estaban capacitadas
y podrían sentirse incómodas en estas organizaciones predominantemente masculinas, incluso después de lograr el sufragio femenino.
Mas esto ha sido ampliamente refutado. Como lo hemos descrito
hasta el momento, las mujeres han sido pieza clave en la obtención
y el ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales, además de haber estado presentes en los principales movimientos y transformaciones sociales y políticas, aun cuando han sido excluidas de los confines
de la ciudadanía misma.
Por ello, resaltamos que los partidos políticos mexicanos, desde su
génesis, han contado con la presencia de mujeres, organizadas en las
llamadas ligas femeniles. Los principios básicos del Partido Nacional
Revolucionario (PNR), creado en 1929, indicaban el compromiso del
partido para integrar “paulatinamente el acceso de la mujer mexicana
en las actividades de la vida cívica”.166 Derivado de la movilización por el
sufragio femenino, en 1934 las mujeres fueron incluidas como sector
del partido, el denominado Sector Femenil, integrando a campesinas,
obreras y estudiantes. Posteriormente cambió su nombre por el de
Acción Femenina, modificación que trajo consigo la incorporación
del Comité Ejecutivo de la Secretaría de Acción Femenina y la creación de secretarías de acción femenina en cada subcomité del partido. El PNR promovió también la creación de Frentes Femeniles de
Lucha Social a nivel estatal.167 En el capítulo anterior explicamos la
decisiva participación de las mujeres de este partido para lograr la reforma constitucional que permitió el voto femenino. En su proceso de
transformación al Partido Revolucionario Mexicano (1938) y Partido
Revolucionario Institucional (1946), las militantes continuaron siendo parte fundamental de la movilización territorial y fortalecimiento
del partido hegemónico.
166 Antonieta Hidalgo Ramírez, “Mujeres priistas destacadas. Algunas estrategias de ascenso y legitimación política”, en Dalia Barrera Bassols (coord.), Mujeres, ciudadanía y poder, México, El Colegio de
México, PIEM, 2000, p. 299.
167 Gisela Espinosa y Ana Lau (coords.), Un fantasma recorre…, op. cit.
110
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
En 1946 los estatutos del recién formado PRI hablaban sobre las indicaciones y ubicación de las llamadas secretarías femeniles en la
estructura partidaria. Incluso se especificaba en el artículo 17 del estatuto que el Comité Central Ejecutivo debía estar compuesto por
ocho miembros, entre los cuales figuraba una secretaria de acción
femenil. Asimismo, se preveía en el estatuto que se eligieran dos mujeres y dos jóvenes entre los 32 delegados electos por cada sector
para conformar el Consejo Nacional del partido.168
En 1953 −con la extensión del derecho al sufragio a las mujeres a nivel
nacional− el PRI profundizó sus acciones con respecto a los espacios
de organización destinados a las mujeres y la afiliación de estas, pues
vio la oportunidad de atraer el voto de este sector de la población.
Así, de acuerdo con información compilada por Gisela Zaremberg,169
en la II Asamblea Nacional Ordinaria del PRI y con Amalia Castillo
Ledón como invitada de honor se modificaron los estatutos relativos
a la Acción Femenil. La reforma prestó especial atención a la organización del PRI en las bases para que la estructura llegara a nuevas
electoras. El punto III del capítulo 7 mencionaba que la Dirección de
Acción Femenil dependería del Comité Central Ejecutivo, es decir,
que sus dirigentes serían designadas por el Comité. La Dirección de
Acción Femenil debía “realizar una campaña nacional, sistemática,
intensa y permanente para elevar la preparación política y cívica de
la mujer mexicana”. Asimismo, el punto IV establecía que esta dirección debía “realizar por sí misma o secundar empeñosamente toda
actividad tendiente a acrecentar el número y la militancia activa
de las mujeres afiliadas al Partido […]”. En 1960 se volvieron a reformar
los estatutos para introducir un Consejo Nacional Femenil que, junto
a la Dirección Nacional de Acción Femenil, estaría compuesto por las
delegadas femeniles de diversos sectores (obrero, popular, campesino),
168 Gisela Zaremberg, Derechos y monopolios: las mujeres priistas y peronistas a partir de la expansión
del derecho de voto, tesis de doctorado en Ciencias Políticas Argentina y por FLACSO-Sede Académica
de México, 2003, p. 259
169 Ibid. p. 263.
111
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
quienes podrían ser removidas por los directores del sector. Con la
finalidad de acrecentar el número de afiliadas, la Dirección Femenil
buscó mejorar la estructura partidaria al nivel de las bases mediante
la creación de distintas instancias en los comités y subcomités municipales y distritales. La afiliación de las mujeres en el partido se veía
de manera pragmática, no se requería de una incorporación extensa de ellas, sino que se buscaba una incorporación disciplinada en el
tiempo, que se manifestara cuando el partido necesitara confirmar
su permanencia en el poder. El resto del tiempo las mujeres podían
seguir en sus hogares. De este modo se formó un grupo selectivo de
dirigentes femeniles que derivó en una élite dirigente reducida.170
En 1972 se instituyó la Agrupación Nacional Femenil Revolucionaria
(ANFER), que posteriormente se convirtió en el Consejo para la Integración de la Mujer, que coincidió temporalmente con el Congreso de
Mujeres por el Cambio, y a nivel nivel estatutario se estableció como
un órgano que agrupaba a las mujeres del PRI. Después se transformó en el Organismo Nacional de Mujeres Priistas, que era colegiado, y
en 2001 tendría dirigencia única. El órgano pasó de ser una asociación agrupando el movimiento de mujeres, a una organización que
conjunta las acciones por las mujeres dentro del Comité Ejecutivo Nacional.171
A través de todas las etapas de organización y consolidación del partido, las priistas se han enfrentado a prácticas arraigadas de discriminación y falta de oportunidades para el acceso a candidaturas
y cargos internos de dirección, pues el PRI constituyó un poder androcéntrico que correspondía con el proyecto nacionalista en el cual
las mujeres no fueron parte de la bandera política del partido,172 no
170 Idem, p. 267.
171 Ana Joaquina Ruiz, Aída Bustos y Ana Laura Flores, op. cit.
172 Véase el estudio de Alicia Girón, “Obstáculos y limitaciones en el empoderamiento de las mujeres: la
experiencia del PRI”, en Alicia Girón, María Luisa González y Patricia Rodríguez (coords.), Límites y
desigualdades en el empoderamiento…, op. cit.
112
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
obstante, las brechas se han reducido gracias a las reformas electorales en materia de igualdad de género.
En el Partido Acción Nacional la participación femenina se dio desde
su origen en 1939 (en la Asamblea Constitutiva participaron 11 mujeres).173 Dalia Barrera expone que, en congruencia con el proyecto de
nación y el orden de género de ese contexto histórico, el partido convocó a las mujeres a la participación política dentro de los límites de
la “feminidad”. La autora recupera parte del mensaje de Carlos Septién García, uno de los más prominentes militantes, en 1941:
Acción Nacional no sólo no las olvida, sino que las llama, urgentemente, para que se entreguen a la obra de reconstrucción de la
patria. Y no le pide el Partido a las mujeres de México actitudes fuera
de su carácter que lesionaran su feminidad y su natural proceder
y situación. Les pide simplemente, que actúen como madres, como
hermanas, como hijas, como novias, como amigas, pero encaminando su esfuerzo, su generosidad y su amor, no solamente hacia
los fines meramente individuales sino al fin supremo de la felicidad
de este grande hogar que es la patria, y en el cual ella, la mujer
mexicana, debe ser como en el seno del hogar pequeño, reina,
y por la dignidad, por el amor.174
Desde 1958 el PAN ya realizaba actividades relacionadas con la formación de mujeres dirigentes, algunas provenientes de las filas de Acción
Católica. Una de ellas fue María del Rosario Alcalá, quien formaba parte
de la Sección Femenina del PAN y se convirtió en la primera candidata
173 Es preciso mencionar los nombres de las más importantes mujeres del partido en sus inicios:
Concepción Morín y Lidia Torres (madre y esposa del fundador, respectivamente), Eugenia Mass,
Elodia Delgado, Julia Gallegos, Soledad Arriaga, Elvira Montiel, entre otras que formaron la sección
femenina del partido (Alejandra Arroyo Eugenia Correa, “Obstáculos y limitaciones en el empoderamiento de las mujeres: la experiencia del PAN”, en Alicia Girón, María Luisa González y Patricia
Rodríguez (coords.), Límites y desigualdades en el empoderamiento…, op. cit.
174 Dalia Barrera Bassols, “Las mujeres del Partido Acción Nacional a 68 años de su fundación”, en Revista
Géneros, núm. 2, México, 2008, p. 11.
113
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
del partido en contender por una gubernatura (Aguascalientes) en
1962.175 A partir de 1982 el PAN daría un paso importante en relación con los derechos de las mujeres, cuando integró en su plataforma el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos Políticos
de la Mujer y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Otra institución política de gran relevancia en el país surgió tras la
escisión en el PRI que provocó la salida de la Corriente Democrática
liderada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Muchas
mujeres retomaron la vía democrática y se integraron a las filas del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde su fundación en
1989. Muchas de ellas fueron y son activistas, intelectuales, integran
sindicatos, son participantes del movimiento urbano popular, etcétera. Graciela González considera que el feminismo ha influido en el
partido y que “’gracias al ’efecto ósmosis’, ha facilitado la permeabilidad de esta lucha entre mujeres de varios partidos (sobre todo del PRI
y del PAN), por medio de las Cámaras y las reuniones”.176
Esta institución política se caracterizó por promover liderazgos femeninos dentro de sus filas, alcanzando cargos de elección popular
relevantes. Entre los liderazgos femeninos más prominentes se encuentran: Rosario Ibarra de Piedra (fundadora, diputada, senadora
de la República); Ifigenia Martínez (fundadora y miembro del Comité
Ejecutivo Nacional del PRD, diputada por el PRI y el PRD, senadora
de la República y directora del Instituto de Estudios de la Revolución
Democrática); Rosa Albina Garavito (fundadora del PRD, diputada
y senadora de la República); Rosario Robles (fundadora y presidenta del CEN del PRD, diputada y primera jefa de gobierno del Distrito
Federal, secretaria de Estado); Amalia García (fundadora y presidenta del CEN del PRD, senadora y diputada de la República y primera
175 Ibid., p. 14.
176 Graciela González, “Mujeres que participan en el Partido de la Revolución Democrática: diversidad
y confluencias”, en Cuicuilco, vol. 10, núm. 27, enero-abril de 2003, p. 4.
114
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
gobernadora del estado de Zacatecas); Christina Asa Laurell (fundadora y miembro del CEN del PRD, secretaria de Salud del Distrito
Federal), y muchas otras más.177
Como analizamos en el capítulo anterior, las mujeres han participado activamente en organizaciones ligadas a la izquierda ideológica,
pues había una corriente importante de sufragistas y activistas que
se integraron a los partidos comunistas conformados en las primeras
décadas del siglo XX y, en los momentos más álgidos del presidencialismo y hegemonía del PRI, se enlistaron en la movilización campesina, urbana y popular. Benita Galeana es un ejemplo emblemático de
la incursión de las mujeres en los partidos de izquierda aun antes de la
aprobación del sufragio femenino. Originaria de Guerrero, la “compañera de las trenzas” como solían referirse a ella, conoció al comunista Manuel Rodríguez en la Ciudad de México y pronto se enroló
en el Partido Comunista Mexicano (PCM) apoyando en los mítines y en
la distribución de propaganda partidista, además de ser encarcelada una gran cantidad de veces. Sin embargo, a pesar de su activismo y profundo compromiso con su partido, su testimonio da cuenta
de la reproducción de roles y estereotipos de género dentro de las
filas comunistas:
Veía que camaradas muy capaces e inteligentes, eran los que más
mal trataban a sus compañeras, con desprecio, sin ocuparse de
educarlas, engañándolas con otras mujeres como cualquier pequeño burgués y, en cambio, los primeros en decir: “Son unas putas”,
cuando la mujer anda con otro […] En estos años de militar en el
Partido no he tenido siquiera una frase de aliento, de simpatía,
del Jefe de mi partido. Es más, y aunque parezca mentira, en estos
177 María Luisa González y Patricia Rodríguez, “Obstáculos y limitaciones en el empoderamiento de las
mujeres: la experiencia del PRD”, en María Luisa González y Patricia Rodríguez (coords.), Límites y
desigualdades en el empoderamiento…, op. cit.
115
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
años de lucha ni siquiera un “Buenos días, Benita” he recibido de
[Hernán] Laborde.178
Es importante señalar que, a pesar de esta exclusión y reproducción de
roles de género, los partidos de izquierda fueron los primeros en postular mujeres a la Presidencia de la República. La primera contendiente fue Rosario Ibarra de Piedra, quien fue representante del Partido
Revolucionario de los Trabajadores en 1982; Marcela Lombardo Otero
contendió en las elecciones de 1994 por el Partido Popular Socialista;
Cecilia Soto González participó también en las elecciones de 1994 con
el Partido del Trabajo y Patricia Mercado Castro contendió en 2006
por el Partido Alternativa Social Demócrata Campesina. Ninguna de
las mujeres mencionadas tenía muchas oportunidades de ganar, por
el tamaño e incidencia a nivel nacional de sus partidos, tal vez por ello
fue posible su designación para contender, con todo, su presencia
en las boletas electorales sigue teniendo valor simbólico porque
fueron las primeras mexicanas en contender por la Presidencia.
Aun cuando no extendemos el análisis a otros partidos políticos, podemos afirmar que las mujeres han participado y participan en todos
los partidos, de cualquier espectro ideológico y han sido pieza importante en su conformación y crecimiento a nivel nacional mediante la
movilización del sector, atracción de votos y militancia activa. Su participación ha estado enmarcada en las secciones femeniles que se han
institucionalizado posteriormente como órganos de participación
política de las mujeres (tabla 2).
178 Cita en Elena Urrutia, “Benita Galeana: la compañera de las trenzas”, en Revista Fem, vol. 5, núm. 19,
1981, pp. 74-75.
116
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
TABLA 2
EVOLUCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
DENTRO DE LOS PARTIDOS MEXICANOS 1929-2021
Partido
Órganos de participación política
PRI
El movimiento de mujeres comenzó como Sector Femenil. En 1946 se
establecen las secretarías femeniles. En 1960 se conforma el Consejo Nacional
Femenil. En 1972 se convirtió en Agrupación Nacional Femenil Revolucionaria,
que con posterioridad se transformó en el Consejo para la Integración de la
Mujer, que coincidió temporalmente con el Congreso de Mujeres por el Cambio,
a nivel estatutario se constituyó como un órgano que agrupa a las mujeres del
PRI. Después se transformó en el Organismo Nacional de Mujeres Priistas, que
era colegiado, y en 2001 tendría dirigencia única. El órgano pasó de ser una
asociación que agrupaba el movimiento de mujeres a ser una organización que
conjunta las acciones por las mujeres dentro del Comité Ejecutivo Nacional.
PAN
Tiene una secretaría llamada Promoción Política de la Mujer, que también
forma parte de los comités a nivel nacional y estatal. Su historia se remonta
a 1939 en la primera asamblea de mujeres denominada Sección Femenina
de Acción Nacional, que tenía como propósito atraer simpatizantes para
afiliarse al partido, organizar a las mujeres en los comités regionales y
llevar a cabo acciones de asistencia social. En 1980 la Sección Femenina
cambió el nombre a Secretaría de Promoción Femenina y en 1987 se
instituyó el nombre actual: Secretaría de Promoción Política de la Mujer.
PRD
Cuenta con la Organización Nacional de Mujeres, la cual, de acuerdo con sus
estatutos, es una organización sectorial cuyo objetivo es acercar a ciudadanas
con pensamiento libre y progresista para fortalecer la visión ideológica
y programática del partido. Existe también la Secretaría de Igualdad de
los Géneros, sin embargo, no se especifica en sus reglamentos
o estatutos cómo funciona dicha secretaría.
PVEM
Tiene una Secretaría de la Mujer que forma parte del Comité Ejecutivo Nacional
y existe también en los comités estatales; pero no se establece en sus estatutos
ni en el reglamento cómo debe funcionar ni cuáles son sus atribuciones.
Morena
Cuenta con una Secretaría de Mujeres que forma parte del Comité Ejecutivo
Nacional, cuya función es promover el conocimiento y la lucha por los
derechos de las mujeres afiliadas al partido.
Movimiento
Ciudadano
Mujeres en Movimiento es el nombre del órgano instituido al interior, forma
parte de la Coordinadora Nacional. Desde que el partido se denominaba
Convergencia, antes del año 2011, se establecía en sus estatutos que
Mujeres en Movimiento es el órgano permanente donde se promueve la
participación de las mujeres.
Fuente: Elaboración propia con información de Ana Joaquina Ruiz, Aída Bustos y Ana Laura Flores,
Análisis de las trayectorias de las mujeres en los partidos políticos: obstáculos y prospectiva para su
desarrollo, op. cit.
117
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
3.2. Grupos de mujeres, organización
y acciones rumbo a la paridad de género
En 1977 se dieron los primeros cambios normativos en las leyes electorales que abrieron la puerta a la participación de un mayor número
de actores en la política mexicana, permitiendo la representación
acotada de partidos que estaban excluidos hasta ese momento
de la acción parlamentaria. Además, en este periodo, se gestó una
fuerte movilización de grupos feministas de diversas tendencias. En
1973 se constituye el Movimiento Nacional de Mujeres (MNM), que
luchaba por erradicar los prejuicios existentes en la educación y las
costumbres discriminatorias hacia las mujeres. Asimismo, reclamaban el respeto de las leyes laborales que reconocían la igualdad
de los derechos de las y los trabajadores. Pugnaban por el reconocimiento de la maternidad como una función social necesaria
para el crecimiento y desarrollo del país, por lo que las mujeres que
asumieran dicha responsabilidad debían contar con las facilidades
para realizar esta doble función de trabajadora y madre. Dentro de
sus demandas estaba también la equitativa representación de las mujeres en todos los niveles de gobierno.179
Entre las principales organizaciones de mujeres se encontraba la
Unión Nacional de Mujeres Mexicanas (UNMM), la Alianza de Mujeres
de México, las secciones femeniles de los sindicatos y de los partidos
políticos.180 En marzo de 1979 se constituye el Frente Nacional por la
Liberación y Derechos de las Mujeres (Fnalidm). La plataforma del
Frente planteaba que las mujeres eran un grupo identitario al compartir una serie de opresiones que tienen origen en la definición social de
madres y amas de casa. Utilizando esa perspectiva las mujeres construyeron una identidad común desde la cual luchar conjuntamente.
179 Alicia Girón, María Luisa González y Ana Victoria Jiménez,“Breve historia de la participación política de
las mujeres en México”, en María Luisa González y Patricia Rodríguez (coords.), Límites y desigualdades en el empoderamiento…, op. cit.
180 Ibid.
118
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
Sus demandas estaban divididas en diversos rubros: igualdad política
y legal para las mujeres; el derecho al trabajo y a la plena independencia económica de las mujeres; el derecho a controlar sus propios
cuerpos y por el libre ejercicio de la sexualidad.181
En 1982, con la aparición en la escena política de actores diversos, se
aviva el debate por el fracaso de las políticas económicas; en el panorama nacional inestable de la época influyen también otros sucesos
como la organización y movilización de diversos sectores, derivado del
sismo de 1985. La crisis económica y la conmoción social ocasionada
por los hechos enunciados provocó un alza en la integración de mujeres al mercado de trabajo, pero también las impulsó a movilizarse
para conseguir mejoras en las colonias, servicios básicos, viviendas
dignas, configurando así a principios de los ochenta el denominado
Movimiento Urbano Popular.182
Otro momento clave fue la elección federal de 1988, en la que no
quedó claro el resultado de la elección presidencial y de muchas
diputaciones y senadurías que se adjudicaron al partido oficial. Ante
la presunción de fraude electoral, se formaron grupos como Mujeres en Lucha por la Democracia (MLD) y la Coordinadora de Mujeres
Benita Galeana, la cual se constituyó como una instancia política de
confluencia de grupos diversos, entre los que se encontraban algunos con experiencia de trabajo entre mujeres. El MLD publicó el 8 de
agosto de 1988 un manifiesto en el que exigía a los responsables
de calificar la elección el “estricto respeto a la voluntad popular”. En
1988 también se llevó a cabo el foro “Mujeres y la democracia
en México”, allí se abordaron temas como la democracia y las mujeres,
la violencia, la defensa del Estado laico y la distribución equitativa de
responsabilidades familiares.183
181 Ibid.
182 Ibid.
183 Ibid., p. 50.
119
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
A partir de los sucesos mencionados, la demanda democrática se
concentra en el sistema electoral y se fortalece el sistema de partidos,
permitiendo así en 1997 un cambio en la composición del Legislativo,
resultado del largo proceso de transición democrática y la reforma
electoral.184 Durante ese periodo, en el contexto de la celebración
en 1995 de la IV Conferencia Internacional de la Mujer realizada en
Beijing, China, comenzaron a implementarse medidas afirmativas
para incluir a las mujeres en la vida pública, derivadas de la adhesión
del país a tratados internacionales para promover la participación política femenina.
El primer partido en introducir un porcentaje de mujeres en sus órganos de liderazgo fue el Partido de la Revolución Democrática que
aprobó una cuota de 20% de mujeres en su dirección y en sus listas
electorales en 1990; en 1993 el porcentaje aumentó a 30 por ciento.
Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional aprobó en 1996 la
recomendación de no presentar más de 70% de candidatos del mismo sexo. Sin embargo, al ser solo recomendaciones no tuvieron efectos en términos del número de mujeres que efectivamente ocupaban
las candidaturas y los cargos públicos.
Aun así, el impulso de los grupos femeninos se dio paulatinamente, de acuerdo con María Antonia Martínez y Antonio Garrido;185 un
factor que fue de gran importancia para lograrlo fue el acceso de
determinadas mujeres a cargos relevantes. Por ejemplo, María de los
Ángeles Moreno, del PRI, se convirtió en presidenta del Senado, y en la
administración de Ernesto Zedillo hubo varias mujeres en el gabinete; Beatriz Paredes fue elegida presidenta de la Mesa Directiva del
Congreso. En el PRD, Amalia García (presidenta del partido entre 1999
184 María Antonia Martínez y Antonio Garrido, De la política de la presencia a la política de la diferencia. Representación de las mujeres en cuatro parlamentos nacionales (México, Chile, Argentina
y Uruguay), Barcelona, CIDOB, 2010.
185 Ibid.
120
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
y 2002) y Rosario Robles (jefa de gobierno de la Ciudad de México)
fueron impulsoras de la agenda de género.
Posterior a las reformas electorales que incluyeron las medidas afirmativas, los partidos políticos modificaron sus lineamientos internos.
En 2001 el PRI aprobó una medida de paridad de 50% en sus listas de
candidatos y en los puestos de dirección del partido. Por su parte, el
PAN modificó sus estatutos en 1999 para adaptarlos al mandato de
la ley electoral en relación con la previsión de cuotas de género. En
2007 se dio otra reforma electoral respecto a las disposiciones relativas a la representación de los sexos, introduciendo un nuevo artículo
que señalaba que “las solicitudes de registro, tanto de las candidatas
a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos
o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deben integrarse
con al menos 40% de candidatos propietarios de un mismo género,
procurando llegar a la paridad”.
A partir de la primera implementación de las cuotas, cada proceso
electoral representó un ejercicio de ensayo y error, en el cual la academia y las autoridades electorales, junto con los organismos internacionales, verificaban la efectividad de las cuotas para poner candados
que evitaran que los partidos políticos les dieran la vuelta a las normas electorales. Para el proceso electoral de 2012 la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impuso a los
partidos políticos y coaliciones el deber de nombrar mínimo 120 y 26
fórmulas de candidatos propietarios y suplentes de un mismo sexo
para diputaciones y senadurías respectivamente. Por su parte, el entonces Instituto Federal Electoral emitió un acuerdo para establecer
los criterios a los cuales los partidos políticos debían apegarse para
cumplir con el mandato del tribunal. Como resultado de las medidas
citadas, el porcentaje de integración femenina en la legislatura federal
de 2012 alcanzó una cifra cercana a 35 por ciento. Posteriormente, derivado de la recomendación del Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer (CEDAW/C/MEX/CO/7-8), y tras
121
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
hondas discusiones, se aprobó en 2014 el principio de paridad de género a nivel constitucional, con lo cual se incorporó la exigencia de
paridad de género en las candidaturas a la Cámara de Diputados
y al Senado, en la elección de legisladores por ambos principios (representación proporcional y mayoría relativa). Con ello se modificó
también la Ley General de Partidos y la Ley General de Procedimientos
e Instituciones Electorales estableciendo lo siguiente:
1. El principio de paridad es exigible para los partidos políticos
en las candidaturas a cargos Legislativos Locales y Federal,
eso no limita que en la legislación local puedan incluirse
cargos ejecutivos.
2. Las fórmulas de candidatos deberán ser siempre del
mismo sexo, no importa si son de mayoría o de
representación proporcional.
3. Los partidos políticos deberán hacer públicos los criterios
para garantizar la paridad de género, los cuales deben ser
objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros.
No se admitirán criterios que tengan como resultado que
alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente
a distritos en los que el partido haya perdido en el proceso
electoral anterior.
4. Se incrementa a 3% el recurso que los partidos políticos
deben asignar para capacitación y promoción del liderazgo
político de las mujeres.
5. En las listas de candidatos a Diputados y Senadores se
deberá cumplir el principio de paridad.
6. La lista de representación proporcional deberá hacerse de
forma alternada entre los géneros.
7. No se admitirán, por las autoridades electorales, registros
que sobrepasen la regla de paridad.
La paridad es un principio constitucional que busca la igualdad entre
los sexos e incluye medidas para asegurar la inclusión de las mujeres
122
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
en los espacios públicos de decisión. Cuenta con criterios horizontales, los cuales buscan asegurar la paridad en el registro de las candidaturas; y verticales para impulsar la postulación de candidaturas en
los órganos de elección popular. La primera vez que fue implementada esta reglamentación fue en el Proceso Electoral de 2014-2015. Posteriormente, en 2019, se aprobó la reforma “paridad en todo”, cuyos
alcances e implicaciones se discutirán con detalle en el siguiente capítulo.
En los estados las reformas se han realizado también en fases. En los
noventa, la recomendación federal de que los partidos incluyeran mujeres en las candidaturas hizo que algunas entidades incorporaran
medidas semejantes en su legislación. Es a partir de la incorporación
de la paridad de género a nivel constitucional en 2014 que se ha realizado paulatinamente la armonización estatal en la mayoría de las
entidades federativas186 y, actualmente, todas las entidades presentan
lineamientos en torno a la paridad.
Derivado de los cambios mencionados, los partidos políticos han tenido
que reformar sus estatutos para incluir a las mujeres como candidatas y en posiciones de poder dentro de sus estructuras. Actualmente
todos los partidos con registro nacional cuentan con artículos dentro
de sus estatutos que abordan la paridad y participación política de
las mujeres, pero solo el PRI, el PT, el PRD y Movimiento Ciudadano
garantizan la paridad vertical y horizontal al interior de sus direcciones en los consejos directivos. El PAN se limita a establecer una cuota
de 40% en sus órganos directivos y Morena establece la búsqueda de
la equidad en la representación (tabla 3).
186 Flavia Freidenberg, op. cit., p. 181.
123
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
TABLA 3
ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
QUE ABORDAN TEMAS DE PARIDAD Y CUOTAS
Partido
político
Artículos de referencia
Artículo 38. Los cargos de dirigencia de los comités nacionales,
de las entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales en el caso de la Ciudad de México, no incluirán una
proporción mayor al 50% de militantes de un mismo género.
PRI
PAN
Artículo 3. […] El partido sustenta el principio de igualdad sustantiva,
garantiza la paridad de género en las postulaciones a cargos
de elección popular y promueve la integración de sus órganos
directivos y la participación política con criterios de paridad.
Artículo 28. El Consejo Nacional estará integrado por los
siguientes militantes: […] o) Treinta Consejeros Electos,
propuestos por la Comisión Permanente, de los cuales al
menos cuarenta por ciento serán de distinto género.
Artículo 53. Son facultades y deberes del Comité
Ejecutivo Nacional: […] i) Impulsar permanentemente
acciones afirmativas para garantizar la equidad
de género en todos los ámbitos del partido.
Última
reforma
3 de agosto
de 2020
Abril
de 2016
PRD
Artículo 8. Las reglas democráticas que rigen la vida interna del
Partido se sujetarán a los siguientes principios básicos: […] e)
El partido garantizará la paridad de género vertical y horizontal,
tanto en los órganos de dirección y representación en todos los
1° de
niveles, así como en los órganos previstos en el artículo 43 de la
septiembre
Ley General de Partidos Políticos. Dicha regla se aplicará a los
de 2019
cargos de elección popular por representación proporcional,
asegurando que en cada bloque de dos haya uno de género
distinto y de manera alternada, respetando el orden de los géneros
del primer bloque hasta completar la lista correspondiente.
PT
Artículo 10 Bis. El Partido del Trabajo promoverá y garantizará la
paridad entre los géneros, en la postulación de candidaturas a los
cargos de elección popular para la integración del Congreso de la
Unión y los Congresos de las Entidades Federativas, presidencias
municipales y demarcaciones territoriales. En la integración de los
órganos de dirección nacional, estatal y municipal se garantizará
la paridad de género. Asimismo, garantizará a las mujeres el
ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia
política por razón de género, con capacitaciones constantes,
promoviendo la integración de liderazgos políticos de mujeres
al interior del partido en los términos de las Leyes aplicables.
Agosto
de 2020
Continúa...
124
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
Partido
político
Artículos de referencia
Última
reforma
[…] El Partido Verde Ecologista de México, promoverá los valores
cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños, adolescentes
y ciudadanos, garantizando la participación efectiva de ambos
géneros en la integración de sus órganos, así como en la
postulación de candidatos, tanto federales como locales.
PVEM
Artículo 42. Las disposiciones del presente capítulo norman los
procedimientos relativos a los procesos internos para la elección
de dirigentes y postulación en candidatos a cargos de elección
popular en el ámbito nacional de las entidades federativas y del
Distrito Federal, son de observancia general y nacional para
todos los militantes, adherentes y dirigentes, bajo los principios
democráticos de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad;
garantizando y aplicando los principios de equidad de género.
Septiembre
de 2014
Artículo 5. De la participación sin Distinción de Género. Se deberá
alcanzar una participación numérica paritaria de mujeres
y hombres en los órganos de dirección nacional y estatales y
de control nacional: Secretaría, administración, asesoramiento,
comisiones y demás instancias de Movimiento Ciudadano.
Septiembre
de 2015
Artículo 7. Todos los órganos de dirección de MORENA se
constituirán buscando garantizar la equidad de la representación,
tanto en términos de género, como de edad, origen étnico,
Morena
actividad, condiciones económicas, sociales y de procedencia
(regional, estatal, municipal, comunitaria), así como la
diversidad y pluralidad que caracterizan al pueblo de México.
Septiembre
de 2014
MC
Fuente: Elaboración propia mediante consulta de Estatutos de los Partidos Políticos en México,
disponible en https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/documentosbasicos/ (fecha de consulta: 23 de julio de 2021).
3.3. El liderazgo político de las
mujeres dentro de los partidos
A partir de las reformas legales y estatutarias expuestas, los partidos
han debido implementar algunas medidas para incluir a más mujeres
en las candidaturas y en las cúpulas de poder dentro de sus estructuras. Pippa Norris y Joni Lovenduski187 identifican tres estrategias que
187 Pippa Norris y Joni Lovenduski (eds.), Gender and Party Politics, Londres, Sage, 1993.
125
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
las instituciones políticas pueden adoptar para impulsar la igualdad
de género: a) Retóricas, esto es, a través de declaraciones y discursos;
b) De acción positiva, impulsando incentivos como la capacitación,
financiamiento y creación de mecanismos de igualdad de género; y
c) De discriminación positiva, es decir, cuotas para las estructuras internas o para listas a cargos de elección.
Dentro de las medidas de acción positiva se encuentra la institucionalización de los órganos de promoción política de las mujeres, que
actualmente se encargan de varios temas que incluyen, por ejemplo,
atraer votos de mujeres, agrupar a las militantes e impulsar su participación. Para cumplir estos propósitos, los órganos de promoción
política llevan a cabo capacitaciones de liderazgo y promoción de
candidaturas, informalmente también pueden generar redes de mujeres a partir de su acompañamiento. Con excepción del Partido del
Trabajo, todos los órganos directivos de los partidos políticos cuentan
con secretarías o comisiones de promoción política de las mujeres,
que han evolucionado desde el surgimiento de los partidos a la fecha,
cambiando de nombre, función y peso dentro de las organizaciones
partidistas. El peso de este órgano en el avance de la agenda de
mujeres y para impulsar su participación depende de factores diversos, entre los que ha sido posible identificar: el liderazgo de la titular, el
papel de quien preside el partido y un movimiento de mujeres fuerte.188
Además, en los reglamentos o estatutos se enuncia la existencia de los
órganos de representación política de las mujeres, sin embargo, con
excepción del PRI,189 los demás partidos no ofrecen claridad respecto
a las facultades y objetivos de tales órganos. Así que no hay lineamientos públicos que delimiten su operación y su papel en la promoción del
liderazgo de las mujeres. Entonces, depende de las personas al frente
188 Ana Joaquina Ruiz, Aída Bustos y Ana Laura Flores, op. cit.
189 En el artículo 37 de los estatutos del PRI se establecen las atribuciones y fines del Organismo Nacional
para las mujeres.
126
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
y la coyuntura el impulso que se otorga y la transversalización de la
perspectiva de género en la estructura partidista.
Este es un problema que merece destacarse porque el impulso, la
promoción y capacitación de las mujeres en los partidos depende
meramente de la buena voluntad de las personas al mando, lo cual
puede retrasar de manera contundente el posicionamiento de las mujeres sobre todo en los cargos de poder dentro de las estructuras
partidistas. En los capítulos anteriores revisamos cómo se fue transformando la argumentación antisufragista: desde considerar que las
mujeres no tenían aptitudes naturales intelectuales y, por tanto, el espacio público/político era eminentemente masculino a argumentar, en
diversos momentos históricos, que las mujeres no estaban capacitadas para tomar decisiones relacionadas con la política, por ejemplo,
para emitir su voto. Estos argumentos se reproducen al interior de
los partidos políticos cuando se cuestiona la baja presencia de mujeres en posiciones de liderazgo.
Es por esta razón que una solución presentada por las redes de
mujeres políticas, y por las legisladoras, fue exigir a los partidos que
garantizaran la formación de liderazgos de mujeres, que las capacitaran. A partir de 2014 los partidos políticos están obligados por
el marco normativo a destinar “presupuesto para la formación de
liderazgos”, esta medida consiste en emplear un monto mínimo de 3%
del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias (SAOP), asignado a los partidos políticos para realizar acciones
que impulsen la formación de liderazgos de mujeres. Este recurso se
ejerce a través del “Programa Anual de Trabajo para la Capacitación,
Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres”, que los
partidos presentan ante el Instituto Nacional Electoral. En la tabla 4 se
muestra el porcentaje asignado en la legislación electoral por entidad.
127
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
TABLA 4
PORCENTAJE ASIGNADO PARA CAPACITACIÓN EN LA LEGISLACIÓN
ELECTORAL, POR ENTIDAD FEDERATIVA 2021
% para
capacitación
0
2
3
Entidad
Fundamento
Tlaxcala
Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de Tlaxcala (ninguno)
Chihuahua
Ley Estatal Electoral del Estado de
Chihuahua, artículo 58, numeral 5
Jalisco
Código Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, artículo 90 (derogado)
Quintana Roo
Ley Electoral de Quintana Roo, artículo 86
Veracruz de
Ignacio de
la Llave
Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, artículo 54, fracción X
Aguascalientes
Código Electoral del Estado de Aguascalientes, artículo 35
Baja California
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
de Baja California, artículo 42, fracción V
Campeche
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Campeche, artículo 99, fracción I, inciso c)
Chiapas
Código Electoral y de Participación
Ciudadana, artículo 91, fracción II
Coahuila
de Zaragoza
Código Electoral del Estado de Coahuila
de Zaragoza, artículo 58
Colima
Código Electoral del Estado de Colima,
artículo 64, fracción X
Durango
Ley Electoral del Estado de Durango (ninguno)
Guanajuato
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Guanajuato, artículo 47
Michoacán
de Ocampo
Código Electoral del Estado de Michoacán,
artículo 112, inciso a), fracción V
Morelos
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelos, artículo 30
México
Código Electoral del Estado de México, artículo 66
Nayarit
Ley Electoral del Estado de Nayarit (ninguno)
Continúa...
128
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
% para
capacitación
Entidad
Nuevo León
Ley Electoral para el Estado de Nuevo León,
artículo 44, numeral I, inciso b)
Puebla
Código de Instituciones y Procesos Electorales
del Estado de Puebla, artículo 54, fracción XIV
Querétaro
Ley Electoral del Estado de Querétaro,
artículo 37, fracción I, inciso g)
San Luis Potosí
Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí,
artículo 152, fracción I, inciso e)
Sonora
Código Electoral para el Estado de
Sonora, artículo 29, fracción V
Tabasco
Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado
de Tabasco, artículo 72, numeral I, inciso e)
Tamaulipas
Código Electoral para el Estado de Tamaulipas,
artículo 101, base primera, fracción II, inciso d)
Zacatecas
Ley Electoral del Estado de Zacatecas,
artículo 51, fracción X
Baja California
Sur
Ley Electoral del Estado de Baja California
Sur, artículo 248, fracción I, inciso e)
Ciudad de
México
Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Distrito Federal,
artículo 221, fracción XVIII
Guerrero
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero, artículo 132
Hidalgo
Ley Electoral del Estado de Hidalgo, artículo 38, inciso p)
Oaxaca
Código de Instituciones Políticas y Procedimientos
Electorales para el Estado de Oaxaca, artículo
107, numeral 1, fracción III, inciso c)
Sinaloa
Ley Electoral del Estado, artículo 30, fracción XX
3
5
Fundamento
Fuente: Elaboración propia con información del Observatorio de Participación Política de las mujeres
en México, disponible en https://observatorio.inmujeres.gob.mx/mvc/view/public/index.html?v=3.0.8
(fecha de consulta: 7 de julio de 2021).
Para apoyar esta actividad, el Instituto Nacional Electoral elaboró
en 2018 el “Protocolo para la implementación de buenas prácticas en
el ejercicio de los recursos del gasto programado: capacitación,
129
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres”. El presupuesto puede ser aplicado en diagnósticos, publicaciones o capacitaciones dirigidas a la militancia y también a mujeres fuera del partido.190
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos no se percibe una relación
contundente entre la capacitación recibida por las mujeres y su posicionamiento en candidaturas competitivas, pues se ha detectado, gracias a los informes de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, que
algunos partidos han utilizado los recursos destinados a fomentar el
liderazgo de las mujeres en actividades como la impresión de mandiles, compra de escobas, gasolina, mastografías, etcétera, que reproducen roles de género y no abonan a la formación de las mujeres.
La formación de liderazgos es condición necesaria, pero no suficiente para impulsar a las mujeres; se requiere también un vínculo entre
la capacitación de los partidos y la selección de las candidaturas, así
como en la profesionalización de las estructuras partidistas.
Además de las acciones impulsadas por los partidos políticos,
las características del diseño institucional y la legislación existen
otras características personales que promueven el éxito y posicionamiento de las mujeres en el ámbito político. Diversas investigaciones
han indagado acerca del liderazgo de las mujeres en organizaciones políticas y su impacto en el avance de sus carreras. La literatura
organizacional y politológica muestra que las mujeres con carreras políticas tienen mayores obstáculos que sus compañeros, reflejados en el
llamado techo de cristal,191 suelo resbaloso,192 corderos sacrificables193
190 Ana Joaquina Ruiz, Aída Bustos y Ana Laura Flores, op. cit.
191 El techo de cristal hace referencia a las normas no escritas en las organizaciones que dificultan a las
mujeres tener acceso a cargos directivos.
192 El suelo resbaloso es aquel al que las mujeres se ven adheridas al ocupar sistemáticamente puestos
inferiores, de baja responsabilidad y, por tanto, de menor salario (María Elena Camarena y María Luisa
Saavedra, “El techo de cristal en México”, en Revista de estudios de género, La ventana, núm. 47, 2018).
193 Este término se refiere a las prácticas discriminatorias en la asignación de candidaturas y en las prácticas de asignación de nombramientos (Lee Young, “The Leaky Pipeline and Sacrificial Lambs: Gender,
Candidates Nomination, and District Assignment in South Korea’s National Legislative Elections”, en
Electoral Studies, núm. 59, 2019).
130
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
o la tubería agrietada,194 estos términos hacen referencia a manifestaciones de inequidad, violencia y discriminación.195 Aun con estos
obstáculos y gracias a las medidas afirmativas para el avance de las
mujeres, algunas han logrado posicionarse en las esferas más altas del poder político.
Estudios en países europeos muestran que un mayor número de
mujeres en dirigencias partidistas se traduce en el aumento de su
presencia en curules de elección popular, principalmente en asambleas.196 Otro estudio sobre 11 democracias parlamentarias que abarcó un periodo de tiempo prolongado (de 1965 hasta 2013) demostró
que existe una mayor probabilidad de acceso para las mujeres a liderazgos partidistas cuando la dirigencia es menos atractiva por
razones como una disminución en la influencia política, mayores conflictos y problemas de posicionamiento.197 Otra variable interesante
que se ha estudiado es el nivel de religiosidad, estableciendo que,
a mayor religiosidad de los partidos, menor es la posibilidad de que las
mujeres ocupen las posiciones jerárquicamente superiores, esto ha
sido demostrado en investigaciones como la de Kassem,198 que analizó
330 partidos en 26 países.
En el caso mexicano, se han realizado estudios199 que identifican las
trayectorias de las mujeres en política. Las variables más relevantes
194 El fenómeno conocido como “tubería agrietada” se refiere a que la proporción de mujeres que
desempeñan cargos directivos es cada vez menor a medida que se asciende en la jerarquía de
las organizaciones.
195 Erika González y Vanessa Góngora, op. cit.
196 Ibid.
197 Diana O’Brien, “Rising to the top: Gender, political performance and party leadership in Parliamentary
Democracies”, en American Journal of Political Science, vol. 59, núm. 4, 2015.
198 Kassem, 2015, citado en González y Góngora, op. cit.
199 Véase Roderic A. Camp. “Women and political leadership in Mexico: A comparative study of female
and male political elites”, en The Journal of Politics, vol. 41, núm. 2, 1979; Inés Castro, “La participación
política de las mujeres en México. Mujeres en cargos de elección popular y toma de decisiones”, en
Comisión Nacional de Derechos Humanos, Participación política de la mujer en México, México, CNDH,
2009; Antonieta Hidalgo Ramírez, “Mujeres priistas destacadas. Algunas estrategias de ascenso y legitimación política”, en Dalia Barrera Bassols (comp.), Mujeres, ciudadanía y poder, op. cit.
131
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
que se han estudiado son: los lazos familiares en la política y en el partido (sobre todo el padre), el origen de clase −media o alta, si son de
áreas urbanas, profesionistas egresadas de las principales universidades públicas, su experiencia en organizaciones de mujeres y otro
tipo de organizaciones de gestión social y comunitaria−. Los hallazgos mostraron que las mujeres que accedían a la política llegaban
principalmente por medio de redes familiares, pero conforme la participación femenina se ha extendido el ingreso se ha modificado,
propiciando que autoras como Fernández Poncela200 clasifiquen el
liderazgo de las mujeres políticas en México en dos vertientes: 1) El nuevo liderazgo, aquel en el cual las mujeres llegan por méritos propios
mediante educación, profesión, liderazgo, experiencia en el gobierno
y partidos políticos, sentido democrático, posición económica por encima del promedio y con edades que rondan los 40 y 50 años; y 2) al
que se llega mediante una vía de acceso familiar: hijas, viudas de líderes políticos con herencia y capital político y económico.
Respecto a la forma de ejercer el liderazgo, se ha identificado que
en las mujeres políticas se da en ocasiones la adopción de liderazgo
“masculino” como impulso.201 Las investigaciones con perspectiva de
género sobre lideresas suelen utilizar posiciones que se asumen como
“masculinas” o “femeninas”: el estilo masculino tiende a ser más orientado a tareas de estilo transaccional, es decir, se basa en intercambios con subordinados, mientras que el estilo de liderazgo femenino
se considera más democrático por su orientación a las relaciones de
tipo transformacional, esto es, se basa en estimular la participación
y aumentar la confianza de los colaboradores. Sin embargo, no existe
un consenso en los estudios con orientación organizacional y estudios
sociales sobre las diferencias, estadísticamente significativas entre
ambos tipos de liderazgo.202
200 Anna M. Fernández Poncela, “La historia de la participación política de las mujeres en México en el
último medio siglo”, en Boletín americanista, núm. 46, 1996.
201 Erika González y Vanessa Góngora, op. cit.
202 Ibid.
132
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
En los estudios del caso mexicano se ha hecho énfasis en las estrategias adoptadas por las mujeres para colarse en las rejillas políticas, los
hallazgos apuntan a que las mujeres tienden a potenciar su masculinidad para buscar cargos de alto nivel; repiten los comportamientos
de sus compañeros, sus formas de ver y resolver los asuntos, esto es,
hacen las cosas como ellos acostumbran, de esta forma se adaptan
mejor, pero no explotan su creatividad e intuición.203 Este estilo masculinizado puede jugar como un arma de doble filo porque en algunas
ocasiones y espacios podría funcionar y evitar las prácticas de violencia política, pero en otros ámbitos podría resultar en sanciones
sociales derivadas de no adecuarse a los roles de género establecidos
como femeninos.
Las redes son también un aspecto fundamental hablando del liderazgo de las mujeres en política. En el caso de México, las mujeres se
han relacionado con figuras públicas prominentes de la política. Dalia
Barrera y Blanca Suárez204 identificaron que una de las capacidades más relevantes de las mujeres para obtener el poder era la disposición de recursos políticos, como el apoyo ciudadano, sobre todo
de un grupo de interés y de personajes políticos importantes, ya sean
autoridades formales o líderes informales; además, es importante
contar con recursos económicos (dinero o presupuesto para incidir
en la agenda); administrativos (mandato legal, experiencia, capacidad organizativa); e ideológicos (ideas, valores, prestigio social, entre otros); los recursos mencionados son más sencillos de obtener
cuando se cuenta con redes políticas fuertes tanto dentro como fuera
del partido.
Las mujeres en el Legislativo también han implementado estrategias
como la formación de la llamada Red Mujeres en Plural, que tuvo un
203 Antonieta Hidalgo Ramírez, “Mujeres priistas destacadas. Algunas estrategias de ascenso y legitimación política”, en Dalia Barrera Bassols (comp.), Mujeres, ciudadanía y poder, op. cit.
204 Dalia Barrera y Blanca Suárez, “Los desafíos de llegar y de ejercer un cargo. Mujeres mexicanas en los
albores del siglo XXI”, en Ra Ximhai, vol. 8, núm. 1, 2012.
133
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
papel importante en la aprobación de la paridad política como principio constitucional en 2014. La organización comenzó a gestarse
en 2009 y actualmente reúne a legisladoras, funcionarias públicas
y feministas.
Un factor adicional vinculado a la capacidad de liderazgo de las mujeres es el efecto de sus políticas o gestión. Es decir, se busca conocer
si su condición de mujeres incide en su interés por temas de igualdad
de género (lo que se conoce como representación sustantiva).205 El
impacto de las mujeres en política en términos de su aportación a la
agenda de género es un tema de gran interés actualmente, pues se
esperaría que a medida que más mujeres ocupen posiciones de liderazgo se generen más acciones relacionadas con el avance de
la agenda de género, que toca temas tales como la violencia contra las
mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos laborales e igualdad de oportunidades, entre muchos otros.
3.4. Militancia y dirigencia de mujeres
en los partidos políticos mexicanos
Como ha quedado de manifiesto en apartados anteriores, las mujeres
han participado activamente en la conformación y funcionamiento de
los partidos políticos y eso se refleja en los números de su militancia:
en América Latina las mujeres representan 51.5% de la militancia de los partidos políticos y ocupan 20.4% en los comités ejecutivos nacionales de los mismos; pero solo 11.6% de esas mujeres
205 Hanna Pitkin establece la representación sustantiva como "actuar por los intereses de los representados de manera responsiva para ellos" (p. 209). La interpretación más común de la representación
sustantiva es que se refiere a la respuesta de políticas públicas que los representantes crean leyes
o implementan políticas que son respuesta directa a las necesidades o demandas de la ciudadanía.
Pitkin establece también que la representación descriptiva se refiere a la manera en que un representante individual apoya al representado en virtud de compartir características similares, como
pueden ser raza, sexo, edad, clase, ocupación, género, etnicidad o área geográfica.
134
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
han ocupado el cargo de presidentas o secretarias generales de
su partido.206
En México, de acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral
actualizada a 2020, se observa una participación importante de las
mujeres como militantes de los partidos, con un porcentaje de 59.96%
con respecto a 40.04% de los militantes hombres (tabla 5). El partido
que cuenta con un mayor porcentaje de mujeres en su militancia es el
PRI, con 65.71% de presencia femenina. En contraste, el partido con
menos mujeres en sus filas es el Partido Acción Nacional con 51.96%,
pero se observa que incluso el partido con menor porcentaje de mujeres en su militancia cuenta con más mujeres que hombres en su
padrón. Esto contrasta cuando se revisa el porcentaje de mujeres que
han tenido posiciones de poder dentro de las estructuras partidistas.
TABLA 5
COMPOSICIÓN DE LA MILITANCIA NACIONAL
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, POR SEXO, 2020
Partido
Hombres
%
Mujeres
%
Total
PAN
121,126
48.04
131,014
51.96
252,140
PRI
735,957
35.64
1,329,204
64.36
2,065,161
PRD
426,066
34.29
816,345
65.71
1,242,411
PT
171,573
38.26
276,919
61.74
448,492
PVEM
241,406
36.53
419,468
63.47
660,874
Movimiento
Ciudadano
154,569
40.49
227,166
59.51
381,735
Morena
219,581
47.03
247,350
52.97
466,931
Total, promedio
2,070,278
40.04
3,447,466
59.96
5,517,744
Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional Electoral, disponible en
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/ (fecha de
consulta: 7 de noviembre de 2021).
206 Erika González y Vanessa Góngora, op. cit.
135
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
Información compilada por Ana Joaquina Ruiz, Aída Bustos y Ana
Laura Flores207 muestra que, entre 1997 y 2018, un total de 38,630 personas han formado parte de los órganos directivos de los partidos
políticos, de los cuales, 14,032 han sido mujeres y 24,598 hombres.
Lo cual es equivalente a que 36.32% de las mujeres han ocupado algún cargo en órganos directivos. Es preciso resaltar que de las 14,032
mujeres que han participado en órganos de dirección de los partidos,
tan solo 439 de ellas han ocupado los puestos más altos; esto es, solo
3.12% ha tenido el cargo de presidenta o de secretaria general; y de
estas únicamente 218 han logrado contender por un cargo de elección popular.
Los datos demuestran la poca apertura y voluntad de los partidos políticos para incluir mujeres en las cúpulas de poder. Desde el surgimiento
de los primeros partidos en México hasta la actualidad solo 14 mujeres han logrado ocupar la dirigencia nacional (tabla 6), algunas de
ellas por periodos muy cortos. Destacan las trayectorias de las dirigentes Amalia García, Ivonne Ortega Pacheco, Rosario Robles y Beatriz
Paredes, ya que además de haber presidido su partido a nivel nacional
tuvieron el cargo de gobernadoras, y jefa de gobierno, en Zacatecas,
Yucatán, la Ciudad de México y Tlaxcala, respectivamente.208
En cuanto a las dirigencias de los partidos a nivel estatal, posterior a
las elecciones de 2018 en México, se observa una brecha de género
importante. De acuerdo con información recabada por Erika González
y Vanessa Góngora,209 solo 41 mujeres ocupaban la dirigencia
de 238 comités directivos estatales.210 El partido con mayor número de
207 Ana Joaquina Ruiz, Aída Bustos y Ana Laura Flores, op. cit.
208 Erika González y Vanessa Góngora, op. cit., p. 408.
209 Ibid., p. 410.
210 Los datos se recabaron en octubre de 2019. En el partido Movimiento Ciudadano, el cargo corresponde a “coordinador/a de la comisión operativa provisional”. En el Partido del Trabajo (PT), corresponde
a “comisionados/as políticos/as nacionales. En el caso del PRD, en la Ciudad de México, Guanajuato,
Estado de México y Puebla se nombraron direcciones extraordinarias con cuatro o cinco personas
como dirigentes.
136
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
mujeres a la cabeza de su organización partidista es el PRD con 10 posiciones; en contraste, el partido con menor presencia de mujeres al
mando en las entidades es el Partido Verde Ecologista de México, con
solo tres dirigentes. La información revisada muestra el gran avance en términos de la presencia de mujeres en la militancia partidista.
Sin embargo, persisten brechas de género en los cargos de poder al
interior de esos institutos políticos.
TABLA 6
MUJERES DIRIGENTES NACIONALES DE PARTIDO POLÍTICO
Nombre
Partido
Periodo
PARM211
1993-1996
María de los Ángeles Moreno Uriegas
PRI
1994-1995
Amalia Dolores García Medina
PRD
1999-2002
Dulce María Sauri Riancho
PRI
1999-2002
María del Rosario Robles Berlanga
PRD
2002-2003
Beatriz Paredes Rangel
PRI
2007-2011
María Cristina Díaz Salazar
PRI
2011-2012
María Guadalupe Cecilia Romero Castillo
PAN
2014
Beatriz Mojica Morga
PRD
2016
Carolina Monroy del Mazo
PRI
2016
María Alejandra Barrales Magdaleno
PRD
2016-2017
Claudia Ruiz Massieu
PRI
2018-2019
Morena
2017-2019
PVEM
2020-a la fecha
Rosa María Martínez Denegri
Yeidckol Polevnsky
Karen Castrejón Trujillo
Fuente: Elaboración propia con información de los portales electrónicos de los siete partidos políticos
nacionales, consultados en junio de 2021.
211 Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
137
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
3.5. Diagnósticos sobre paridad política
y participación de las mujeres en partidos
políticos a nivel nacional y estatal
Para contar con información periódica y certera acerca de la participación de las mujeres y la efectividad de las medidas de paridad
en Latinoamérica y a nivel nacional, se han puesto en marcha diversos diagnósticos que generan metodologías que permiten medir el
impacto y avance en torno a la inclusión de mujeres en espacios de toma de decisión. Uno de esos proyectos es Atenea, que en México inició
su implementación en 2016 bajo el liderazgo de las oficinas nacionales
de la Organización de las Naciones Unidas Mujeres y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con esto, se generó
el Diagnóstico Atenea. La Democracia Paritaria en México: Avances
y Desafíos,212 publicado en 2017. Para este proyecto se elaboró un
índice con ocho dimensiones y 40 indicadores estandarizados que
permitieron la comparación a nivel regional. Las dimensiones son
las siguientes:
1. Compromisos nacionales con la igualdad en la Constitución
y el marco legal;
2. Ejercicio de las mujeres en el derecho al sufragio;
3. Existencia de mecanismo de cuota o paridad;
4. Presencia de mujeres en el poder ejecutivo y la administración
pública federal;
5. Presencia de mujeres en el poder legislativo federal;
6. Presencia de mujeres en el poder judicial y el poder judicial
electoral;
7. Presencia de mujeres en los partidos políticos; y
8. Presencia de mujeres en el gobierno municipal.
212 Ana Güezmes et al., Atenea: Mecanismo de aceleración de la participación política de las mujeres en
América Latina y el Caribe. La Democracia Paritaria en México: Avances y desafíos, Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres, IDEA Internacional, 2017, disponible en
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/10/diagnostico-atenea-la-democraciaparitaria-en-mexico
138
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
Para cada una de las dimensiones se otorgó una puntuación que va
de cero a 100 por indicador, así se obtuvo el promedio por cada dimensión y el promedio general para el país. México obtuvo un puntaje
global promedio de 66.2 en el Índice de Paridad Política, sobre un total
de 100 puntos posibles. En dos de las dimensiones el país obtuvo puntuaciones en torno a los 80 puntos (la dimensión de “compromisos
nacionales con la igualdad y la Constitución en el marco legal” y la dimensión de “existencia de mecanismo de cuota o paridad”). De igual
manera, se observan resultados favorables en el Poder Legislativo
donde el país obtuvo 70.4 puntos. En otras tres dimensiones se sitúa
en torno a los 60 puntos (“ejercicio de las mujeres en el derecho al sufragio”, “presencia de mujeres en el Poder Judicial y el Poder Judicial
Electoral” y la dimensión “presencia de mujeres en el gobierno municipal”), en estos indicadores aún hay desafíos importantes.
Finalmente, las dos dimensiones más críticas son la de “presencia de
las mujeres en los partidos políticos” y “presencia de las mujeres en el
Poder Ejecutivo y administración pública federal”, en donde se aprecia
un rezago importante, pues la puntuación está por debajo de los 60
puntos. El puntaje de la dimensión “presencia de mujeres en partidos
políticos” fue de 57.4%, siendo el indicador más bajo el de “habilitación
normativa de la unidad de la mujer/igualdad de los partidos como participante en la definición de candidaturas”. Estos resultados muestran
que los partidos políticos siguen siendo espacios renuentes para incluir mujeres en las posiciones de poder, ellas pueden participar en
las bases y como movilizadoras, como se refleja en los números de
militantes, pero las posiciones importantes están reservadas a las
cúpulas masculinas.
Con estos antecedentes y en consecuencia con la reforma constitucional de “paridad en todo” aprobada en junio de 2019, el Instituto
Nacional de las Mujeres, a través del Observatorio de Participación
Política de las Mujeres, presentó en 2020 la metodología para generar
139
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
el Índice de Paridad Política en el Ámbito Local,213 que retoma las dimensiones propuestas por el Diagnóstico Atenea (aplicadas a nivel
local) y cuyo objetivo es monitorear el avance en las entidades federativas respecto a su obligación de armonizar la legislación local con
los ordenamientos generales en materia de paridad, así como visibilizar el impacto de las reformas en el número de mujeres que efectivamente acceden a cargos de poder y toma de decisiones. El resultado
de este ejercicio arrojó los siguientes porcentajes en relación con las
diferentes dimensiones calificadas:
TABLA 7
DIMENSIONES DEL ÍNDICE NACIONAL DE PARIDAD POLÍTICA A NIVEL LOCAL
Dimensiones
% de resultados
Compromisos con la igualdad
55.70
Ejercicio de las mujeres al derecho al sufragio
95
Cuota o paridad en la legislación local
75.60
Mujeres en el Poder Ejecutivo y la administración
pública local
30.60
Mujeres en el Poder Legislativo local
75
Mujeres en el Poder Judicial y órganos autónomos
69.70
Mujeres en los partidos políticos
36.90
Mujeres en el gobierno municipal
63.20
Total, promedio
64.29
Fuente: Elaboración propia con información de la Base de Datos del Índice Nacional de Paridad Política
a nivel local, Inmujeres, 2020.
Tal como los resultados reportados en 2017 por el Diagnóstico Atenea,
el Índice Nacional de Paridad Política a nivel local 2020 muestra que
213 Instituto Nacional de las Mujeres, Informe del Índice Nacional de Paridad Política a nivel local. Cuarto
encuentro de observatorios Locales de Participación Política de las Mujeres, México, Inmujeres, 2020.
140
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
las dimensiones con mayores retos son la de “mujeres en el Poder
Ejecutivo y la administración pública local” y la de “presencia de las
mujeres en los partidos políticos”, lo cual es indicativo de que falta mucho por hacer en estos rubros.
En la dimensión “presencia de mujeres en los partidos políticos locales”, que es la que interesa particularmente para los propósitos de este
capítulo, se midieron los siguientes indicadores: 1. El nivel de compromiso estatutario con los principios de igualdad de género y no discriminación por sexo; 2. El porcentaje de mujeres en el Comité
Ejecutivo Estatal o equivalente, y 3. El porcentaje de mujeres que presiden el Comité Ejecutivo Estatal de los partidos políticos de la entidad.
El indicador de “nivel de compromiso estatutario con los principios
de igualdad de género y no discriminación por sexo” es el que obtuvo
mejores resultados respecto de los tres indicadores analizados. Se
observa que siete estados obtuvieron un porcentaje de 100% en el
indicador y 13 lograron entre 70 y 89% de cumplimiento; destaca que,
en los estados de Oaxaca, Nuevo León, Puebla, Veracruz y Yucatán el
resultado en el indicador fue de cero, por lo que no hay avance en términos de compromiso estatutario en los partidos de dichos estados
(gráfica 3).
El indicador número dos, “porcentaje de mujeres en el Comité Ejecutivo
Estatal o equivalente”, que mide el número de mujeres que integran
las estructuras estatales, muestra que los estados con mayor avance
en este rubro son Campeche, Sonora, Colima, Hidalgo y Coahuila. En
contraste, las entidades con menores puntuaciones son Veracruz,
Querétaro, Chihuahua y Oaxaca. Con estos resultados se observa una
clara tendencia de los partidos a atender formalmente los mandatos
de paridad, es decir, en sus estatutos se establece que deben alcanzar
la igualdad, pero en la práctica no se ha logrado un cambio significativo que permita modificar las estructuras patriarcales que imperan en
la formación de las instituciones políticas (gráfica 4).
141
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
GRÁFICA 3
NIVEL DE COMPROMISO ESTATUTARIO CON LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO
Y NO DISCRIMINACIÓN A NIVEL ESTATAL, POR SEXO
CHIHUAHUA
CIUDAD DE MÉXICO
DURANGO
GUERRERO
HIDALGO
TLAXCALA
MICHOACÁN
COAHUILA
AGUASCALIENTES
ESTADO DE MÉXICO
QUINTANA ROO
TAMAULIPAS
BAJA CALIFORNIA
TABASCO
QUERÉTARO
SONORA
BAJA CALIFORNIA SUR
GUANAJUATO
SAN LUIS POTOSÍ
CAMPECHE
SINALOA
CHIAPAS
COLIMA
ZACATECAS
MORELOS
JALISCO
NAYARIT
VERACRUZ
NUEVO LEÓN
PUEBLA
YUCATÁN
OAXACA
142
Fuente: Elaboración propia con información de la Base de Datos del Informe del Índice Nacional de Paridad Política a nivel local, Inmujeres, 2020.
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
Porcentaje de mujeres en el Comité
Ejecutivo Estatal o equivalente.
57
80
12.5
92.5
0
75
51.5
143
30
43.5
28
48
53
38.5
55
28
60.5
67
77
0
42.5
92.5
25
52.5
60
22
50
Fuente: Elaboración propia con información de la Base de Datos del Informe del Índice Nacional de Paridad Política a nivel local, Inmujeres, 2020.
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
GRÁFICA 4
PORCENTAJE DE MUJERES EN EL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
O EQUIVALENTE EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
GRÁFICA 5
PORCENTAJE DE MUJERES QUE PRESIDEN EL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
DE SUS PARTIDOS POLÍTICOS, POR ENTIDAD FEDERATIVA
ZACATECAS
TLAXCALA
QUINTANA ROO
PUEBLA
ESTADO DE MÉXICO
DURANGO
CIUDAD DE MÉXICO
CHIHUAHUA
CHIAPAS
CAMPECHE
YUCATÁN
TABASCO
SONORA
SAN LUIS POTOSÍ
OAXACA
NAYARIT
MORELOS
HIDALGO
GUERRERO
GUANAJUATO
COLIMA
COAHUILA
BAJA CALIFORNIA SUR
VERACRUZ
TAMAULIPAS
SINALOA
QUERÉTARO
NUEVO LEÓN
MICHOACÁN
JALISCO
BAJA CALIFORNIA
AGUASCALIENTES
144
Fuente: Elaboración propia con información de la Base de Datos del Informe del Índice Nacional de Paridad Política a nivel local, Inmujeres, 2020.
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
En cuanto al indicador del “porcentaje de mujeres que presiden el
Comité Ejecutivo Estatal de los partidos políticos de la entidad” se observan porcentajes muy bajos, que rondan 25% en los casos de mayor
puntuación abarcando solo 10 entidades, a ninguno en nueve estados
(gráfica 5), no es casualidad que este sea el indicador con menor
puntuación, ya que como se ha mencionado en este capítulo hay una
resistencia constante en torno a colocar mujeres en posiciones de
poder y toma de decisiones. Los partidos políticos siguen renuentes
a incorporar liderazgos femeninos y a nivel local es más evidente la
cooptación de poder por parte de cúpulas masculinas cerradas.
Sumando los puntajes anteriores, el promedio general de la dimensión
“presencia de las mujeres en los partidos políticos” fue de 1.84 puntos,
de cinco posibles, lo cual equivale a 36.8 sobre 100 por ciento. La entidad federativa con mayor puntuación fue Campeche con 3.1 puntos, lo
que equivale a 62% de cumplimiento, seguido de la Ciudad de México,
mientras que las entidades con menor avance son Veracruz, Oaxaca
y Jalisco.
Cabe señalar que si bien lo reportado por este diagnóstico es muy
valioso para conocer el estado de la participación femenina en los
partidos políticos a nivel local, los resultados deben tomarse con reservas, pues es necesario mejorar la metodología de evaluación de
los indicadores y los vínculos entre los observatorios locales de participación política de las mujeres y los partidos políticos, ya que de
acuerdo con Inmujeres214 se reportaron dificultades para obtener la
información y se considera necesario reforzar la metodología de evaluación del indicador (gráfica 6).
214 Instituto Nacional de las Mujeres, Informe del Índice Nacional de Paridad Política a nivel local…, op. cit.
145
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
GRÁFICA 6
RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN 7: PRESENCIA DE LAS MUJERES
EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES
CAMPECHE
CIUDAD DE MÉXICO
HIDALGO
SONORA
COAHUILA
GUERRERO
TLAXCALA
COLIMA
QUINTANA ROO
TABASCO
GUANAJUATO
ESTADO DE MÉXICO
ZACATECAS
DURANGO
BAJA CALIFORNIA SUR
CHIAPAS
BAJA CALIFORNIA
MICHOACÁN
AGUASCALIENTES
SAN LUIS POTOSÍ
CHIHUAHUA
TAMAULIPAS
NAYARIT
YUCATÁN
MORELOS
SINALOA
PUEBLA
QUERÉTARO
NUEVO LEÓN
JALISCO
OAXACA
VERACRUZ
146
Fuente: Elaboración propia con información de la Base de Datos del Informe del Índice Nacional de Paridad Política a nivel local, Inmujeres, 2020.
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
En términos generales, con los resultados del diagnóstico, podemos inferir que se ha mejorado en torno a la armonización de los estatutos
de los partidos, para establecer como necesaria la participación de las
mujeres dentro de sus estructuras, sin embargo, no se han implementado acciones que permitan la incorporación de mujeres en las posiciones de mayor jerarquía dentro de las estructuras partidistas.
3.6. Retos y pendientes. La participación
en los partidos políticos de las
mujeres indígenas y afromexicanas
La representación de mujeres indígenas y afromexicanas en México
es todavía una asignatura pendiente. En el Congreso federal solo 1%
de las mujeres son indígenas, a pesar de que en México 21.5% de la
población lo es.215 Con la finalidad de subsanar esta falta de representación, en 2004 se realizó una redistritación electoral y se crearon 28
distritos con población mayoritariamente indígena. La medida resultó
poco eficiente para representar a las y los indígenas porque no se especificaba que quienes tuvieran los cargos debían serlo.
En 2018 el INE ordenó a los partidos políticos presentar candidaturas
de personas indígenas por el principio de mayoría relativa en al menos
12 diputaciones, dejando la carga de la prueba en el candidato o candidata. Entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) modificó esta determinación al resolver que serían 13 los distritos en los cuales debían presentar candidaturas indígenas, repartidas de manera paritaria.216
A pesar de estos esfuerzos, es oportuno destacar que persiste la invisibilización de las mujeres indígenas y afromexicanas, ya que se ha
215 Ana Joaquina Ruiz, Aída Bustos y Ana Laura Flores, op. cit.
216 Boletín del TEPJF, disponible en https://www.te.gob.mx/front/bulletins/detail/3075/0 (fecha de consulta: 8 de julio de 2021).
147
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
reconocido la importancia de darles voz e impulsar su participación,
pero no hay estrategias puntuales articuladas para posicionarlas
y otorgarles candidaturas. Al no contar con estrategias, la inclusión de
las mujeres indígenas depende de los liderazgos en los partidos y
de las coyunturas, además no se cuenta con información actualizada
con respecto al número de mujeres indígenas que integran los partidos políticos y su papel dentro de estas organizaciones.
En resumen, persisten diversos desafíos en relación con la participación en términos de igualdad entre hombres y mujeres en los partidos
políticos. Ha sido posible identificar en el desarrollo de este capítulo
las barreras estructurales que impiden el acceso de las mujeres a la
vida política y pública y, especialmente, que ocupen cargos, tanto por
nombramiento como en los partidos políticos, con funciones decisorias;217 la necesidad de mejora de los órganos de participación
política de la mujer dentro de los partidos y los mecanismos de
capacitación; y la discriminación racial y por razón de género en
los partidos políticos, que siguen menoscabando la capacidad de
las mujeres de presentarse como candidatas en elecciones estatales
y municipales.218
Esta discriminación en la asignación de candidaturas se refuerza con
el hecho de que ningún partido, a excepción del PRI y el PRD, cuenta
con reglas escritas que definan cómo deben asignarse sus candidaturas. Entonces, a pesar de que existen reglas de paridad hacia el exterior y de que los partidos políticos estipulan en sus estatutos que
buscan promover la igualdad, no existen reglas fijas al interior de los
partidos que aseguren la inclusión de las mujeres en las listas.
217 Comité CEDAW, Observaciones finales sobre el Noveno Informe Periódico de México, julio de 2018,
disponible en https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbol
no=CEDAW%2fC%2fMEX%2fCO%2f9&L ang=en (fecha de consulta: 10 de julio de 2020).
218 Ibid.
148
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
Al no haber reglas formales en la asignación de candidaturas, los núcleos de poder y/o líderes del partido se comportan frecuentemente
de manera discrecional en la distribución de las candidaturas entre
los militantes. Otro factor de peso para que las mujeres no accedan a
candidaturas es la dificultad de conseguir dinero para sus campañas.
Esta falta de financiamiento puede deberse a que las mujeres suelen
tener menos redes de contactos corporativos, de donantes y cuentan
con menos tiempo para invertir en eventos o actividades proselitistas.219 Así que quienes logran ser candidatas lo son porque conocen
las reglas informales que juegan un papel fundamental en la asignación de candidaturas.220
Lograr un cambio de paradigma en las organizaciones partidistas no
es tarea sencilla, sin embargo, es posible llevar a cabo acciones que
permitan modificar paulatinamente la situación de las mujeres al interior de los partidos. Para ello será necesario establecer objetivos y
plazos precisos que aceleren la participación de las mujeres en todos
los planos de la vida pública, para lo cual deben crearse mecanismos
específicos, dependiendo el ámbito de que se trate. También es oportuno adoptar medidas para combatir las prácticas discriminatorias
en los partidos políticos que desalientan a las mujeres, en particular
a las indígenas y las afromexicanas, a presentarse como candidatas
en las elecciones estatales, federales o municipales.221
219 Flavia Freidenberg, op. cit., p. 171.
220 Ibid.
221 Comité CEDAW, op. cit.
149
4. MUJERES COMO
REPRESENTANTES
La lucha de las mexicanas por ver materializados sus derechos políticos a través de su presencia y participación en el ámbito público ha
sido ardua y sostenida. Como se analizó en los capítulos anteriores,
desde finales del siglo XIX se encuentran manifestaciones de mujeres
que buscaron la reivindicación de sus derechos políticos: votar, expresarse y organizarse para participar en política y ser electas para
cargos públicos.
Antes del reconocimiento constitucional del sufragio de las mujeres,
en 1918, Hermila Galindo lanzó su candidatura para diputada por el
V distrito electoral de la Ciudad de México, aludiendo que, en la redacción del artículo 34 de la Constitución de 1917, cuando se refería
a “los ciudadanos mexicanos”, las mujeres también estaban incluidas
considerando el uso del masculino como incluyente universal. Sin embargo, su candidatura no fue reconocida. Después del asalto político
y asesinato del gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, se desconocieron las diputaciones que habían ganado Elvia Carrillo Puerto,
150
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Dzib Cicero, quienes se habían convertido en las primeras diputadas del país entre 1922 y 1923. Tampoco
prosperaron las postulaciones de Soledad Orozco y María del Refugio
García para las diputaciones federales de Guanajuato y Michoacán,
respectivamente, candidaturas impulsadas por el Frente Único Pro
Derechos de la Mujer en 1937 (véase el capítulo “Mujeres como votantes”). Por otro lado, Aurora Mesa Andraca se convirtió en la primera
presidenta del Consejo Municipal de Chilpancingo, Guerrero, en 1937,
esto es, ocho años antes de la reforma a la Constitución que permitió
a las mujeres votar y ser electas en comicios locales. Después de esta
primera reforma, en 1947, María del Carmen Martín del Campo ganó
las elecciones municipales de Aguascalientes, y Aurora Fernández
y Guadalupe Ramírez se convirtieron en delegadas de Milpa Alta y
Xochimilco, respectivamente.
A partir de 1953 no hay impedimentos legales para la participación
política de las mujeres. Sin embargo, en la práctica ha habido (y hay)
numerosos obstáculos para ejercer estos derechos, de modo que
la participación política se ha dado de manera muy lenta y progresiva. Las primeras representantes fueron las diputadas que participaron en el Poder Legislativo y pertenecían a las filas del partido
oficial. Aurora Jiménez Palacios fue la primera diputada federal, por el
distrito del estado de Baja California en la XLII Legislatura (1952-1955);
en el siguiente periodo legislativo (XLIII) resultaron electas: Remedios
Albertina Ezeta, por el Estado de México; Margarita García Flores, por
Nuevo León; Guadalupe Ursúa Flores, por Jalisco y Marcelina Galindo
Arce, por Chiapas; Margarita Flores ocupó el cargo de regidora en
Monterrey, Nuevo León, antes de ser diputada y posteriormente fue
senadora suplente en 1960. La primera diputada propietaria de oposición fue Macriba Rabadán, por el Partido Popular Socialista (PPS),
para la XLIV Legislatura (1958-1961). Las dos primeras senadoras de
la República también fueron del partido oficial, Alicia Arellano Tapia
y María Lavalle, representaron a Sonora y a Campeche, respectivamente en la XLVI (1967 y 1970) y XLVII (1970-1973) legislaturas; Lavalle
151
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
llegó a ser presidenta del Senado. La primera senadora de oposición
fue Ifigenia Martínez, por el Frente Democrático Nacional, en el trienio
de 1989 a 1991. Su participación se dio en un contexto de lucha política
que se avivó con la denuncia del fraude electoral de 1988 y culminó
con el triunfo de Vicente Fox en el año 2000, logrando así la alternancia partidista en la Presidencia.222
En este capítulo abordaremos la lucha colectiva feminista y de mujeres por ser partícipes en la toma de decisiones públicas a través del
ejercicio del cargo público, así como los esfuerzos por posicionar la
agenda de mujeres, de género y feminista en las leyes y políticas públicas del país.
4.1. De las cuotas de
género a la paridad política
Desde las primeras manifestaciones sufragistas hasta la actualidad se
ha avanzado mucho, sin embargo, el camino para lograr la paridad
en términos descriptivos223 sigue construyéndose. Ha sido necesario
el debate a nivel internacional y el impulso de mecanismos que disminuyan las brechas de desigualdad en torno a la participación política de las mujeres. Como ya lo hemos mencionado, ha sido un factor
determinante en el logro de los derechos políticos, la conformación
de redes con organizaciones de mujeres y feministas de otros países,
así como la participación de las connacionales en los organismos internacionales. Una de las primeras manifestaciones internacionales
en este tema fue la Convención Interamericana sobre la Concesión
de los Derechos Políticos de la Mujer en 1948 y la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer en 1954, en las que se reconoció el derecho al voto de las mujeres, así como su derecho a ser
222 Alicia Girón et al., op. cit., p. 46.
223 La representación descriptiva hace alusión al hecho de compartir determinadas características entre representado y representante, que justifica el que este actúe en nombre de aquel.
152
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
electas y ocupar cargos públicos. Posteriormente, en 1975, se celebró la
Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación
hacia la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), considerada la declaración de los derechos humanos de las mujeres, instó a los países
miembros a generar mecanismos para garantizar las condiciones de
igualdad política entre hombres y mujeres. En la CEDAW se propusieron estrategias para crear mecanismos especiales o acciones
afirmativas que aceleraran la transformación social y disminuyeran
la discriminación y violencia ejercida contra las mujeres. Una de las
acciones afirmativas propuestas fue la cuota de género, estas cuotas buscan incluir más mujeres como representantes mediante el
establecimiento de un porcentaje mínimo de candidatas y un máximo
de candidatos que pueden ser postulados por los partidos políticos.
Además, tienen el objetivo de posicionar a un mayor número de mujeres en los espacios de toma de decisión en la administración pública
y los partidos políticos.224
Como resultado de la Primera Cumbre Europea Mujeres en el Poder,
llevada a cabo en 1992, la Declaración de Atenas destacó la desigualdad de la participación de las mujeres en espacios de poder político
y exigió la implementación de mecanismos para aplanar el terreno y
alcanzar la equidad en la representación. En 1995, durante la IV
Conferencia Internacional de la Mujer realizada en Beijing, China, se
manifestó la necesidad de aplicar medidas afirmativas para promover un trato preferencial temporal a favor de las mujeres, quienes han
sido históricamente marginadas en participar en todos los ámbitos
de la vida pública, especialmente el político. Los compromisos asumidos por los Estados dieron como resultado la aplicación de cuotas
de género, sobre todo en el Poder Legislativo. Un estudio realizado
en 2013 por Drude Dahlerup et al.,225 muestra que, de los 118 diseños
224 Vanessa Góngora y Cinthia Plascencia, op. cit., p. 152.
225 Véase Drude Dahlerup et al., Atlas of Electoral Gender Quotas, Estocolmo, International Institute of
Democracy and Electoral Assistance, Inter-Parliamentary Union, Universidad de Estocolmo, 2013.
153
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
electorales analizados, más de la mitad incorporaba algún tipo de
cuota de género.
En América Latina, en la actualidad, prácticamente todos los países
han adoptado algún tipo de medida afirmativa que promueva la participación de las mujeres, o bien han instituido las cuotas de género
y realizado considerables revisiones y ajustes para hacerlas efectivas. Incluso se ha declarado en varios países de la región el principio de paridad, de acuerdo con información de la Inter-Parliamentary
Union, se ha instaurado este mecanismo en los siguientes países, en
Bolivia (2008); Ecuador (2008); Costa Rica (2009); Nicaragua (2012);
Panamá (2012); Honduras (2012); México (2014); Venezuela (2015)
y Argentina (2017). De este modo América se posiciona como la región
en el mundo con mayores avances respecto a la paridad de género,
por lo menos en la representación legislativa, con un promedio de
32.3% de diputadas y 33% de senadoras en los congresos de la región.226 En el caso particular de México, el avance ha sido significativo,
puesto que con las cuotas de género y posteriormente el principio de
paridad, aprobado en 2014, para el año 2018 se logró la conformación
de un Congreso federal paritario, en términos numéricos, lo mismo
para la mayoría de los congresos estatales.
Con estos cambios en la conformación de los cuerpos legislativos
creció el interés por parte de la academia para estudiar la evolución y efectividad de las cuotas de género, y posteriormente surgen
investigaciones que analizan también los efectos de las cuotas de
género en términos sustantivos, es decir, cómo se modifica la agenda legislativa y si las mujeres tienen temas o intereses particulares
dentro de su desempeño legislativo. Consideramos pionero en este
tipo de estudios el realizado por Drude Dahlerup227 en 1988, ya que
226 Datos obtenidos de la Inter-Parliamentary Union, disponibles en https://data.ipu.org/womenaverages (fecha de consulta: julio de 2021).
227 Drude Dahlerup, “From a small to a large minority: women in Scandinavian politics”, en Scandinavian
Political Studies, vol. 11, núm. 4, 1988.
154
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
sus observaciones sobre representación simbólica, pequeña minoría
y masa crítica establecieron el parámetro mínimo de 30% como umbral necesario para que las legisladoras desarrollen una identidad de
género y adquieran fortaleza en la arena parlamentaria.
De este modo, desde finales de los ochenta y principios de los noventa
del siglo XX, con cada reforma electoral en materia de igualdad de
género a nivel nacional o subnacional, se han generado trabajos
de investigación que analizan la efectividad de las cuotas y su impacto
en el número efectivo de mujeres candidatas y electas, se reflexiona
también acerca de las ventajas y desventajas del diseño electoral para
promover la participación de las mujeres. Estas investigaciones han
permitido que organizaciones de mujeres políticas pluripartidistas,
organizaciones feministas, legisladoras y órganos jurisprudenciales
cuenten con instrumentos sólidos para llevar a tribuna las reformas que mejoren y blinden las cuotas electorales a nivel constitucional y en las leyes electorales.228
Estudios a nivel internacional,229 en América Latina230 y en México231
han analizado la efectividad de las cuotas electorales de género en el
aumento de mujeres electas en los cuerpos legislativos, y se han desarrollado propuestas como el Índice de fortaleza de la cuota o del diseño
electoral de género, de Flavia Freidenberg y Mariana Caminotti.232 Este
índice ha vinculado el impacto positivo o negativo de las cuotas con los
factores siguientes:
228 Vanessa Góngora y Cinthia Plascencia, op. cit., p. 152.
229 Georgina Waylen, “Constitutional Engineering: What Opportunities for the Enhancement of Gender
Rights”, en Third World Quarterly, vol. 27 núm. 7, 2006, pp. 1209-1221.
230 Jutta Marx, Jutta Borner y Mariana Caminotti, “Cuotas de género y acceso femenino al parlamento: los
casos de Argentina y Brasil en perspectiva comparada”, en Política, núm. 46, 2006.
231 Lisa Baldez, “The Gender Quota Law for Legislative Candidates in Mexico”, en Legislative Studies
Quarterly, vol. 29, núm. 2, 2004.
232 Mariana Caminotti y Flavia Freidenberg, “Federalismo electoral, la fortaleza de las cuotas de género
y representación política de las mujeres en los ámbitos subnacionales en Argentina y México”, en
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, núm. 228, 2016.
155
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
Las características de la acción afirmativa:
a) El tamaño de la cuota electoral que parte de la propuesta de
Dahlerup de un porcentaje mínimo de 30% del grupo marginado
(mujeres en este caso) para que pueda formarse una masa crítica
y tener un impacto cualitativo en la representación.
b) En qué clase de cargos será aplicada la norma: propiedad,
propiedad y suplencia, fórmulas.
c) El mandato de posición que refiere dónde serán colocadas las
mujeres candidatas para darle eficacia a la cuota: por ejemplo,
se ha buscado impedir que se envíen exclusivamente a distritos
uninominales en donde su partido político no tiene oportunidad
de ganar, formar bloques de competitividad o intercalar las
listas con hombres y mujeres para los cargos de representación
proporcional y promover que estas encabecen listas de partidos
que logran uno o dos curules en las elecciones.
Las características del sistema electoral:
a) Se mide la eficacia de la implementación e impacto de las cuotas
en los cargos de representación proporcional, frente a los
de mayoría relativa, a menos que estas últimas consideren la
paridad horizontal en los distritos ganadores para la designación
de candidaturas.
b) Se ha constatado mayor fortaleza de la cuota en listas de
distritos plurinominales cerradas, a diferencia de listas abiertas
en las que el electorado podría seleccionar candidaturas,
independientemente del orden de prelación (en México las listas plurinominales son cerradas, es decir, postulación y orden de
candidaturas están en manos de los partidos políticos).
156
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
c) El tamaño del distrito plurinominal es importante “cuanto mayor
sea el número de escaños que un partido gana en un distrito
electoral (es decir, la magnitud partidaria), mayor es la proporción
de esos escaños que serán ocupados por mujeres”,233 aún más
si se establecen los bloques u orden alternado por sexo del
candidato/a, pues existe una mayor probabilidad de elección de
mujeres en las grandes circunscripciones que en las pequeñas.
La resistencia cultural ha sido la constante desde que se implementaron las primeras medidas de acción afirmativa. En México, las
primeras reformas se referían a que los partidos debían “promover”
la inclusión de las mujeres, mas esto no se entendía como obligación
sino como mera sugerencia, de modo que, en cada elección, ha sido
necesario eliminar cualquier rastro de ambigüedad jurídica para evitar su evasión.
Los primeros cambios en materia electoral para alcanzar la igualdad
en la participación de hombres y mujeres comenzaron a gestarse a
principios de la década de los noventa, en 1993 se modificó el artículo
175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
(COFIPE), estableciendo que los partidos debían “promover” una
mayor participación de las mujeres a partir de su postulación a cargos de elección popular. En 1996 se reforma nuevamente el artículo
175 del COFIPE para que las candidaturas a diputaciones y senadurías
no excedieran 70% para un mismo sexo, “procurando llegar a la paridad”. Empero, no se indica si corresponde a candidaturas propietarias
o suplentes. Estas primeras reformas, al ser consideradas una sugerencia, y no ir acompañadas de una sanción, no tuvieron los efectos esperados.
233 Mark Jones et al., “Cuotas de género, leyes electorales y elección de legisladoras en América Latina”,
en Revista de Ciencia Política, vol. 32, núm. 2, 2012, p. 334.
157
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
La siguiente reforma se dio en 2002 con la modificación del artículo
175 del COFIPE para establecer la obligación de los partidos de cumplir con el 70% máximo de representación de un sexo para las candidaturas propietarias en las senadurías y diputaciones, garantizando
un mandato de posición en las circunscripciones plurinominales (se
exigía la segmentación de bloques de tres candidaturas de las listas de representación proporcional para que una de esas candidaturas correspondiera a un sexo distinto al de las otras dos, en los tres
primeros bloques de la circunscripción). A pesar de que esta reforma trajo algunos cambios favorables al establecer la obligatoriedad
de las medidas afirmativas, Anna Fernández234 advirtió que algunos
partidos políticos apelaron a los procesos democráticos de selección
interna para eludir la cuota de género. Posteriormente, en 2008, se
reformó el artículo 219 del COFIPE para elevar la cuota en un porcentaje de 60/40 de candidaturas por sexo, pero dejaron exentas las
cuotas en las candidaturas de mayoría relativa elegidas por los partidos políticos.
En 2009 se dio el caso de las llamadas Juanitas, mujeres que, tras
haber asumido el cargo como diputadas, renunciaron para “ceder”
sus espacios a los hombres suplentes. A raíz de esto, en 2011, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
estableció una sanción a los partidos políticos y coaliciones que no estaban cumpliendo con la cuota electoral, les impuso el deber de nombrar al menos 120 fórmulas de candidatos propietarios y suplentes
de un mismo sexo para diputadas y diputados, y 26 para senadoras
y senadores (sentencia SUP-12624 TEPJF); de incumplirse esta sanción
no se les permitiría el registro del resto de sus candidaturas. El resultado de estas medidas fue que la integración de mujeres en 2012 para
la Cámara de Diputados alcanzó 37%, mientras que la Cámara Alta
contó con 34.8% de senadoras, cifras sin precedentes para ambas
234 Anna Fernández Poncela, “Leyes, elecciones, cámaras y mujeres”, en Revista de estudios de género,
La ventana, núm. 19, 2004.
158
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
cámaras. Con esto se destaca la importancia de la intervención de
los órganos jurisdiccionales (tribunales a nivel local, regional y la Sala
Superior), para interpretar, dar sentido y garantizar las reformas electorales en materia de cuotas y paridad de género.235
El siguiente paso se dio en 2014 con la reforma político-electoral de
alcance constitucional que incorporó al artículo 41 el principio de paridad, que busca la eliminación de la desigualdad, discriminación y violencia hacia las mujeres, como grupo históricamente subordinado
y excluido de la vida pública. El principio de paridad de género se ha
configurado en tres dimensiones: la vertical, la horizontal y la transversal. La dimensión vertical obliga a: 1) la postulación de igual número
de candidaturas de hombres y mujeres para diputaciones (federales
y locales) y senadurías en las listas de representación proporcional
presentadas por cada partido político, alternando por sexo el orden
de prelación en las listas; 2) postular un igual número de candidaturas de hombres y mujeres en las planillas para la integración de
ayuntamientos por cada partido político, alternando por sexo el orden de prelación de las listas; y 3) la nominación alternada por sexo de
las fórmulas para la presidencia y la sindicatura municipal postuladas
por cada partido político. La dimensión horizontal obliga a los partidos políticos a: 1) la postulación paritaria de candidaturas para
diputaciones por el principio de mayoría relativa (federales y locales)
y senadurías por cada partido político, en relación con la totalidad de
distritos uninominales de una entidad federativa; y 2) a igual número
de candidaturas de mujeres y hombres en alcaldías postuladas por
cada partido político o coalición, en relación con la totalidad del ayuntamiento de una entidad federativa. Por último, la dimensión transversal se refiere a la restricción contenida en el artículo 3, fracción 5, de
235 Véase Patricia Macías, “La igualdad de género en las resoluciones jurisdiccionales dentro del sistema electoral en México”, en Cuestiones Jurídicas, vol. 8, núm. 1, 2014, y Vanessa Góngora, “A golpe de
sentencias: la interpretación jurisprudencial de la paridad de género en las elecciones de 2015”, en
Héctor Tejera et al., El momento que vivimos en la democracia mexicana. Procesos locales y nacionales a partir de las elecciones de 2015, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2016.
159
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
la Ley General de Partidos Políticos, que establece que, en relación con
los cargos de mayoría relativa, no se admitirán criterios que asignen
exclusivamente a algún sexo las circunscripciones con los porcentajes de votación más bajos obtenidos en la elección anterior, es decir,
distritos o municipios “perdedores”.236
También en el plano subnacional se han armonizado las leyes en materia electoral que tocan la paridad política y se han analizado los efectos de las cuotas de género, tanto en los congresos estatales como
en la asamblea capitalina. Diversas autoras237 coinciden en que la implementación y sofisticación de la normativa electoral juega un papel
fundamental para impulsar la presencia y participación de las mujeres en los congresos locales. La modificación en la normativa federal
ha obligado a las entidades a adoptar medidas de acción afirmativa, lo
cual se refleja con el aumento de mujeres en los congresos estatales.
Actualmente todas las entidades federativas cuentan con normas
respecto a la paridad en diputaciones y ayuntamientos establecidas en
la Constitución y códigos electorales (tabla 8), aunque destaca que
en entidades como Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala no se estipula en la
Constitución ni en las leyes o códigos electorales la obligatoriedad de
la paridad horizontal en ayuntamientos.
236 Véase César Vladimir Martínez y Vanessa Góngora, “Bastiones masculinos y guetos femeninos: análisis de la dimensión transversal de la paridad de género en las elecciones de alcaldías en México 2018”,
en Oniel Díaz, Vanessa Góngora y Miguel Vilches (coords.), Las elecciones críticas de 2018..., op. cit.
237 Véase Magdalena Huerta y Eric Magar, Mujeres legisladoras en México, avances, obstáculos, consecuencias y propuestas, México, Inmujeres, ITAM, Friedrich Evert Stiftung, 2006, y Céline González
Schont, De la representación descriptiva a la representación sustantiva. Análisis de las cuotas de
género en los Congresos estatales en México, México, CIDE, 2016.
160
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
TABLA 8
PARIDAD EN ORDENAMIENTOS LEGALES ESTATALES
Paridad en:
Entidad
federativa
Ayuntamientos
(vertical)
Diputaciones
Ayuntamientos
(horizontal)
CPL*
Ley o código
electoral
CPL
Ley o código
electoral
CPL
Ley o código
electoral
Aguascalientes
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Baja California
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Baja California Sur
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Campeche
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Chiapas
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Chihuahua
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
Ciudad de México
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Coahuila
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Colima
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Durango
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Guanajuato
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Guerrero
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Hidalgo
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Jalisco
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
México
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Michoacán
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Morelos
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Nayarit
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Nuevo León
Sí
Sí
No
Sí
No
No
Oaxaca
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Continúa...
161
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
Paridad en:
Entidad
federativa
Ayuntamientos
(vertical)
Diputaciones
Ayuntamientos
(horizontal)
CPL*
Ley o código
electoral
CPL
Ley o código
electoral
CPL
Ley o código
electoral
Puebla
Sí
Sí
No
Sí
No
No
Querétaro
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Quintana Roo
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
San Luis Potosí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sinaloa
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sonora
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Tabasco
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Tamaulipas
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Tlaxcala
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Veracruz
No
Sí
No
Sí
No
Sí
Yucatán
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Zacatecas
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
*Constitución política local.
Fuente: Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, disponible en https://
observatorio.inmujeres.gob.mx/mvc/view/public/index.html?v=3.0.8 (fecha de consulta: 7 de julio
de 2021).
4.2. La representación
descriptiva de las mujeres
El perfeccionamiento de las normas electorales a través de los diversos ejercicios de prueba y error han permitido posicionar a México
como un país en el cual se han registrado avances muy importantes
162
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
en la representación descriptiva de las mujeres. En el proceso electoral de 2015 se alcanzó la representación histórica de 42.4% de mujeres en la Cámara de Diputados; en 2018 las mujeres ocuparon 48.2%
de las curules en la Cámara de Diputados y representaron 49.2% en la
composición de la Cámara de Senadores (gráficas 7 y 8).
GRÁFICA 7
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PORCENTAJE DE MUJERES
EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS 1952-2021
Hombres
17.4
82.6
1997
16.8
83.2
2000
24.9
75.1
2003
23.2
76.8
2006
33.6
66.4
2009
Mujeres
41.4
42.6
48.2
49.2
58.6
57.4
51.8
50.8
2012
2015
2018
2021
Fuente: Elaboración propia con información del H. Congreso de la Unión y resultados electorales del
Instituto Nacional Electoral de 2021.
Más recientemente se ha buscado impulsar la presencia de las mujeres en otros ámbitos de la vida pública como gubernaturas, alcaldías
y cargos estratégicos en la administración pública a nivel local, estatal y federal, con la aprobación de la reforma de 2019 denominada
“paridad en todo”.
163
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
GRÁFICA 8
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PORCENTAJE DE MUJERES
EN LA CÁMARA DE SENADORES 1997-2018
Hombres
Mujeres
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1997
2000
2003
2006
2009
2015
2018
Fuente: Elaboración propia con información del H. Congreso de la Unión.
La paulatina adopción y armonización de las leyes en materia electoral
ha permitido que actualmente, también en los estados que componen
la Federación, los congresos se conformen de manera prácticamente paritaria. Diversas investigaciones238 han dado cuenta de la evolución y eficacia de las cuotas a nivel subnacional. Flavia Freidenberg
y Mariana Caminotti239 clasificaron las reformas electorales de las entidades federativas en varias fases. La primera etapa se dio en la década de los noventa, con la recomendación federal de que los partidos
238 Véase Magdalena Huerta y Eric Magar, op. cit. y Céline González Schont, op. cit.; Ninfa Hernández,
“¡Las mujeres (también) ganan elecciones! La representación descriptiva de las mujeres en las entidades federativas en México”, en Flavia Freidenberg (ed.), La representación política de las mujeres
en México, México, Instituto Nacional Electoral, Universidad Nacional Autónoma de México, 2017; Erika
García, “Paridad de género en Congresos Locales y en ayuntamientos, 2004-2015”, en Luis Carlos
Ugalde y Said Hernández (coords.), Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano, México,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2017; Erika García, “Representación Política de
las mujeres en los Congresos subnacionales en México. Modelo de evaluación”, en Estudios políticos,
núm. 46, 2019, entre otras.
239 Mariana Caminotti y Flavia Freidenberg, “Federalismo electoral, la fortaleza de las cuotas de género y representación política de las mujeres en los ámbitos subnacionales en Argentina y México”, en
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, núm. 228, 2016.
164
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
debían integrar mujeres en las candidaturas; dicha recomendación
motivó a algunos estados a implementar medidas similares en su legislación. Una segunda fase transcurrió posterior a la reforma federal
de 2002, cuando un número importante de estados incorporó cuotas de género en sus códigos electorales, entre ellos Aguascalientes,
Campeche, Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, dichas
entidades introdujeron un porcentaje de 30% de candidaturas de mujeres. La tercera fase, en 2010 y 2011, implicó que 11 estados realizaran
reformas para lograr el “horizonte paritario”, incorporando cuotas de
40 por ciento.
Podríamos agregar una cuarta fase posterior a la aprobación de la
ley de paridad en todo en 2019, pues actualmente todas las entidades
cuentan con leyes que estipulan la paridad en los congresos locales.
Lo cual sin duda ha tenido efectos muy importantes numéricamente,
registrando en 2020 números muy cercanos a la paridad de hombres
y mujeres en los legislativos (gráfica 9).
El panorama cambia cuando revisamos la participación en cargos
ejecutivos a nivel local. Hasta 2020 solo ocho mujeres habían ocupado el cargo de gobernadora en México (seis por elección popular
y dos por interinato). En los comicios de 2018, de las nueve entidades que disputaron la gubernatura, solo dos mujeres fueron electas:
Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y Martha Erika Alonso240
en Puebla. Así que, hasta mediados de 2021 solo dos entidades de las
32 que componen el país eran gobernadas por mujeres (tabla 9).
240 La gobernadora electa falleció en un incidente aéreo el 25 de diciembre de 2018.
165
GRÁFICA 9
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PORCENTAJE DE LEGISLADORAS Y LEGISLADORES POR AMBOS
PRINCIPIOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS ESTATALES 2004-2020
1000%
903
900% 871
901
904
888
890
885
836
880
876
866
700%
657
600%
564
527
572 554 577
543
470
500%
409
166
400%
300%
200%
221
232
238
237
249
247
255
261
297
306
181
100%
0%
H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020
Fuente. Elaboración propia con información del Sistema de Indicadores de Género del Instituto Nacional de las Mujeres, disponible en www.inmujeres.gob.mx (fecha
de consulta: 12 de julio de 2021).
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
773
800%
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
TABLA 9
GOBERNADORAS/JEFAS DE GOBIERNO 1979-2021
Año
Entidad
Nombre
1979-1985
Colima
Griselda Álvarez Ponce de León
1987-1992
Tlaxcala
Beatriz Paredes Rangel
1991-1993
Yucatán
Dulce María Sauri Riacho (interina)
1999-2000
Distrito Federal
Rosario Robles Berlanga (interina)
2004-2010
Zacatecas
Amalia García Medina
2007-2013
Yucatán
Ivonne Ortega Pacheco
2015-2021
Sonora
Claudia Pavlovich
2018-2024
Ciudad de México
Claudia Sheinbaum Pardo
2021-2027
Chihuahua
María Eugenia Campos Galván
2021-2027
Guerrero
Evelyn Cecia Salgado Pineda
2021-2027
Colima
Indira Vizcaíno Silva
2021-2027
Tlaxcala
Lorena Cuéllar Cisneros
2021-2027
Campeche
Layda Elena Sansores San Román
2021-2027
Baja California
Marina del Pilar Ávila Olmeda
Fuente: Elaboración propia. De 1979 a 2015, con base en información de Erika García, “Paridad de género
en Congresos Locales y en ayuntamientos, 2004-2015, en Luis Carlos Ugalde y Said Hernández (coords.),
Fortalezas y debilidades…, op. cit., y de 2018-2021, con información del Instituto Nacional Electoral.
Gracias a las medidas afirmativas, y los cambios implementados por
las autoridades electorales, las elecciones de 2021 presentaron un
cambio destacable, ya que la mitad de las candidaturas fueron encabezadas por mujeres y de 15 gubernaturas que se renovaron, seis mujeres ocupan el cargo. El país tiene el mayor número de gobernadoras
de manera simultánea en ocho entidades: Baja California, Campeche,
Chihuahua, Colima, Guerrero y Tlaxcala sumando también las dos gobernadoras en funciones, Sheinbaum y Pavlovich. Las gobernadoras
electas son: María Eugenia Campos en Chihuahua; Evelyn Salgado en
167
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
Guerrero; Indira Vizcaíno en Colima; Lorena Cuéllar en Tlaxcala; Layda
Sansores en Campeche; y Marina del Pilar Ávila en Baja California.241
Estas elecciones intermedias fueron relevantes en términos de paridad política porque todos los partidos cumplieron con la obligación
de reservar al menos 50% de sus candidaturas a mujeres, incluso
siete partidos rebasaron la paridad en más de un punto porcentual.
Asimismo, en el Consejo General del INE (integrado por cinco mujeres
y seis hombres) se habló de paridad de género y se ampliaron las acciones afirmativas en favor de grupos históricamente discriminados,
creando el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.242
Pasando al análisis de la presencia de mujeres en las alcaldías se observa que persisten brechas importantes, prueba de ello es que entre
1995 y 2000 de los 2,454 municipios y las 16 alcaldías de la Ciudad
de México únicamente 3% estaban encabezados por una mujer,243 a
partir de 2001 comenzó un aumento paulatino que alcanzó 14% en
2017, este porcentaje ha seguido creciendo, y en los datos reportados
hasta 2020 se observa que 22.91% de los municipios mexicanos cuentan con una mujer como titular del Poder Ejecutivo.
241 El Financiero, “¡Histórico! Habrá 7 mujeres gobernadoras y hasta 91 diputaciones para indígenas, afromexicanos y LGBT+”, disponible en https://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2021/2021/06/13/
historico-habra-7-mujeres-gobernadoras-y-hasta-91-diputaciones-para-indigenas-afromexicanosy-lgbt/ (fecha de consulta: 15 de julio de 2021).
242 Anayeli García, “Mujeres a menos de un punto porcentual de la paridad en la Cámara de Diputados”,
en Cimac Noticias, disponible en https://cimacnoticias.com.mx/2021/06/15/mujeres-a-menos-de-unpunto-porcentual-de-la-paridad-en-la-camara-de-diputados (fecha de consulta: 12 de julio de 2021).
243 Información del Sistema de Indicadores de Género del Instituto Nacional de las Mujeres 2020,
disponible en http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/index.php (fecha de consulta: 13 de julio
de 2021).
168
100% 95.11
95.87
95.43 95.56 95.97
94.7
94.06 94.7
94.1
93.2
93.1
92.7
90.57
90%
85.82 84.03
78.2
80%
77.09
72.60
70%
60%
169
50%
40%
30%
27.40
21.8
20%
10%
14.18
3.52
3.48
3.71
3.55
3.91
4.56
5.21
5.3
5.9
6.8
6.9
7.3
22.91
15.97
9.43
0%
H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M
1995
2000 2003 2005 2007 2008 2009 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Indicadores de Género del Instituto Nacional de las Mujeres 2020, disponible en http://estadistica.
inmujeres.gob.mx/formas/index.php (fecha de consulta: 15 de julio de 2021).
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
GRÁFICA 10
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MUJERES
Y HOMBRES COMO ALCALDES 1995-2020
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
Uno de los factores que explica la baja representación de mujeres en
los ejecutivos a nivel local hasta 2020 es la manera en la que se implementó la paridad de género en la integración de las planillas de
mayoría relativa. La fórmula presentada por los partidos políticos
debía proponer candidaturas de mujeres y hombres de manera alternada. Es decir, si se presentaba una candidatura de hombre para
la presidencia municipal, la candidatura para la sindicatura debía ser
asignada a una mujer. Por ello se observa un bajo número de presidentas municipales, pero se observa también un aumento drástico de
mujeres electas en sindicaturas y primeras regidurías.
Carmen Castañeda, Céline González e Hilda Melgoza244 han identificado además otros factores que influyen en el avance tan lento que ha
presentado la representación a nivel municipal: primero, los retos a
los que se enfrentan para ser electas y reelectas; los que derivan de las
características particulares de las elecciones en el ámbito municipal
y, por último, la violencia política.
Estudios como el de “Participación política de las mujeres a nivel
municipal: Proceso Electoral 2017-2018”245 dan cuenta de este fenómeno. Entre los principales hallazgos de la investigación las autoras
reportan que es durante la precampaña cuando las mujeres experimentan mayor violencia de género y enfrentan más barreras para
conseguir la candidatura. Los partidos políticos son la principal fuente
de esa violencia, pues condicionan las candidaturas a cambio de favores sexuales, se señala a las mujeres por “no poder conseguir candidaturas por méritos propios” y las cúpulas de los partidos (integradas
en su mayoría por hombres) promueven las candidaturas de hombres
cercanos a su círculo y apoyan precandidaturas de mujeres que pueden manipular. El periodo de campaña tampoco es sencillo, en este
lapso las agresiones vienen de otros candidatos políticos y, a diferencia
244 Carmen Castañeda, Céline González e Hilda Melgoza, Participación política de las mujeres a nivel municipal: proceso electoral 2017-2018, México, ONU Mujeres, 2018.
245 Ibid.
170
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
de los candidatos, ellas reciben ataques sexistas que promueven la discriminación; además se negocia en espacios fuera del horario laboral
y en espacios no institucionales como bares o burdeles. Finalmente,
muchas mujeres manifestaron en la investigación referida no denunciar la violencia sexual que sufren en sus partidos políticos porque
temen repercusiones negativas en su carrera política y asumen que es
el precio de participar en el ámbito político.
La ONU Mujeres realizó un segundo estudio titulado “Consolidar la
Paridad y Transformar las Democracias”246 con el propósito de comprender los retos y obstáculos que enfrentan las mujeres una vez que
son titulares de los gobiernos a nivel municipal. Este trabajo destacó
las barreras que enfrentan las mujeres y la discriminación y violencia
de género contra las mujeres que son manifestación de desigualdades
estructurales. Entre los principales hallazgos se encuentra que, en relación con el tamaño del municipio, 70% de las presidentas gobiernan
en municipios pequeños y se sienten relegadas a la periferia. La mayoría de las mujeres entrevistadas manifestaron sentirse doblemente
discriminadas, primero por ser mujeres y segundo por presidir un municipio percibido como poco importante. Además, se manifiesta un
sentimiento generalizado de ser evaluadas y juzgadas con un doble
estándar,247 lo que deriva en una mayor autoexigencia, pues se asume
que las mujeres deben demostrar constantemente su capacidad para
gobernar. No extraña, pues, que algunas de ellas adopten estrategias
246 Carmen Castañeda et al., Consolidar la paridad y transformar las democracias, México, ONU Mujeres, 2020.
247 Autoras como Virginia García Beaudoux denominan “el doble estándar” en política al hecho de que,
además de la apariencia física atractiva, las mujeres también deben estar más capacitadas que los
demás (en este caso, que los hombres). Las políticas deben ser más guapas que las demás mujeres
y además ser más capaces que los hombres. Por capacidad se entienden muchas cosas: habilidades de negociación y conciliación, formación académica superior al promedio, autocontrol emocional, conocimiento del ámbito político y de la administración pública, entre otras habilidades que
generalmente no se les piden a sus pares varones (Virginia García, Estereotipos de género y liderazgo
femenino” en el “VI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología.
XXI Jornadas de Investigación. Décimo Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur”,
Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires, 2014).
171
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
para que se respete su autoridad, evitar hostigamiento sexual y aumentar su poder de negociación. El estudio concluye que, no obstante los
avances en la representación política de las mujeres en los municipios,
persisten actos de discriminación y violencia contra ellas. Es oportuno
señalar que no todas las dificultades que enfrentan las presidentas
municipales se deben exclusivamente a discriminación y violencia de
género, pero sí suele existir un impacto diferenciado entre hombres
y mujeres, resultado de las diferencias estructurales.248
Atendiendo lo anterior y como consecuencia de la aprobación de la
reforma “paridad en todo” en 2019, en el proceso electoral de 20202021 se estableció en la Constitución que los ayuntamientos de elección popular directa se integrarán de conformidad con el principio de
paridad (por un presidente o presidenta, y las regidurías y sindicaturas
que determine la ley) [DOF, 2019, artículos 41 y 105]. Asimismo, se reconoce el derecho de los pueblos con población indígena a elegir representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad
(DOF, 2019, artículo 2). Derivado de estas modificaciones, en el nivel
municipal la integración total de los ayuntamientos de elección popular
directa deberá cumplir los criterios de paridad horizontal y vertical,
es decir, los partidos deberán garantizar la paridad en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular y las autoridades
electorales garantizarán que la integración final de los ayuntamientos
sea paritaria (DOF, 2019, artículos 41 y 105).249
Adicionalmente se define y regula por primera vez la violencia de género contra las mujeres en el ámbito político, estableciendo las competencias de diferentes autoridades en los distintos niveles de gobierno. Estas reformas buscan garantizar la igualdad de condiciones para
la participación de las mujeres, pues su participación a nivel municipal
248 Ibid.
249 Lorena Vázquez, “Reforma Constitucional de Paridad de Género: Rutas para su Implementación”,
en Cuaderno de investigación, núm. 58, México, Senado de la República-Instituto Belisario Domínguez, 2019.
172
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
no se detiene y estas acciones permitirán un avance significativo, sin
embargo, persisten retos importantes en otros ámbitos, como se verá
en los siguientes apartados, su presencia es limitada en los órganos ejecutivos, sobre todo en el ámbito local.
4.3. Mujeres en el espacio público
y la representación sustantiva
La discusión sobre la importancia de la presencia de las mujeres en el
espacio público y en los cargos de toma de decisión ha llevado al debate y análisis minucioso del concepto de representación, el cual es
complejo. Es útil entonces abordar las dimensiones del concepto que
han surgido desde la academia. Elena García250 rescata la clasificación propuesta por Pitkin en 1967 y la desarrolla al identificar cinco
diferentes dimensiones de la representación (p. 391):
1. Representación como autorización: Desde esta dimensión,
la representación es vista como actuar en nombre de otro
que así lo ha autorizado y asume las consecuencias de
esa actuación.
2. Representación como responsabilidad o rendición de
cuentas: Representar equivale a ser responsable de los actos
realizados en nombre de otros.
3. Representación descriptiva: Hace alusión al hecho de
compartir determinadas características entre representado
y representante, que justifica el que este actúe en nombre
de aquel.
4. Representación simbólica: Se basa en la relación emocional
entre representante y representado, sin otro contenido.
250 Elena García, “Problemas de la representación política”, en Aurelio Arteta, Elena García Guitián
y Ramón Máiz (coords.), Teoría política, poder, moral y democracia, Madrid, Alianza Editorial, 2003.
173
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
5. Representación sustantiva: Se refiere al contenido de
la actividad de representar, que se definiría como actuar
en beneficio del representado, atendiendo sus necesidades
y demandas.
Diversas investigaciones251 realizadas en países industrializados
de Occidente ligan la representación descriptiva con la sustantiva
y sostienen que, con la participación de más mujeres en el proceso
de legislar, se pueden generar cambios positivos respecto a los resultados legislativos en términos de atender la agenda de género
y actuar en favor de otras mujeres.
La presencia de las mujeres en los congresos aumentó considerablemente, al igual que los estudios políticos de género, poniendo
particular interés en el tema de la representación descriptiva y sustantiva. Los llamados estudios de primera generación son aquellos
que analizaron la representación descriptiva a través de la medición
de la efectividad e impacto de las cuotas de género.252 Una vez que las
medidas afirmativas comenzaron a tener el impacto deseado con la
integración de mujeres en los parlamentos, surgen los estudios sobre la representación sustantiva que se preguntan principalmente
cómo actúan las legisladoras una vez que alcanzan los cargos políticos, es decir, si legislan en favor de las mujeres. Dichas investigaciones a nivel internacional han concluido, basadas en las experiencias
de varios países europeos, que las mujeres en cargos públicos pueden
251 Véase Jeffrey Kurebwa, “A Review of Hanna Pitkin’s (1967) Conception of Women’s Political
Representation”, en International Journal of Scientific and Research Publications, núm. 2, 2015.
252 Magdalena Huerta y Eric Magar, op. cit. y Céline González Schont, op. cit.; Ninfa Hernández, “¡Las
mujeres (también) ganan elecciones! La representación descriptiva de las mujeres en las entidades
federativas en México”, en Flavia Freidenberg (ed.), La representación política…, op. cit.; Erika García,
“Paridad de género en Congresos Locales y en ayuntamientos, 2004-2015”, en Luis Carlos Ugalde y
Said Hernández (coords.), Fortalezas y debilidades…, op. cit.; Freidenberg, Flavia y Raymundo Alva,
“¡Las reglas importan! Impulsando la representación política de las mujeres desde las leyes electorales en perspectiva multinivel”, en Flavia Freidenberg (ed.), La representación política…, op. cit.
174
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
actuar en favor de otras mujeres para mejorar las condiciones generales de este sector de la población.253
En Latinoamérica también se ha observado una producción importante de estudios en la materia a partir de la década de los noventa.
Se ha encontrado evidencia de que las legisladoras en países como
Argentina, Colombia, Costa Rica, Honduras (por mencionar algunos),
presentan con mayor frecuencia proyectos de ley que favorecen los
derechos de las mujeres, los niños y las familias, además de abordar en
mayor medida que sus compañeros cuestiones de violencia contra las
mujeres, acoso sexual, acción afirmativa y derechos reproductivos.254
En el plano nacional, en México se han producido también valiosas
aportaciones en torno al estudio de la representación sustantiva de
las mujeres.255 Estas investigaciones se han centrado principalmente en conocer cómo cambia la agenda legislativa con la llegada de
más mujeres al Congreso. Entre los principales hallazgos se encuentra que existen notorias diferencias en las agendas legislativas de las
diputadas de acuerdo con el grupo parlamentario al que pertenecen
(los partidos identificados como de izquierda defienden de forma más
pronunciada temáticas de género) y se observa un mayor número de
iniciativas sensibles al género presentadas por las legisladoras.
Es posible inferir, entonces, que hay una mayor probabilidad de que
las legisladoras aborden temas de mujeres e incorporen políticas
253 Jeffrey Kurebwa, op. cit.
254 Sarah Franceschet y Jennifer Piscopo, “Gender Quotas and Women's Substantive Representation:
Lessons from Argentina”, en Politics and Gender, 2008.
255 Gisela Zaremberg, “¿Cuánto y para qué?: los derechos de las mujeres desde la óptica de la representación descriptiva y sustantiva”, en Género y derechos políticos. La protección jurisdiccional de los
derechos político-electorales de las mujeres en México, México, 2009; Sarah Cerna, “La representación sustantiva de las mujeres en las agendas legislativas de las diputadas mexicanas”, en Política,
Globalidad y Ciudadanía, núm. 35, 2015; Sarah Cerna, La representación sustantiva de las mujeres. Un
análisis de la legislación sensible al género en México y Paraguay, tesis doctoral, México, Universidad
Nacional Autónoma de México, 2017.
175
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
sensibles al género. Sin embargo, de acuerdo con Jennifer Piscopo,256
el contenido específico de las iniciativas y la forma en que las mujeres
abordan los intereses considerados de las mujeres, “varía dependiendo del nivel de desarrollo de los países, el grado de democratización
y el grado de igualdad de género preexistente”. En palabras de esta
autora, dichas diferencias resaltan cómo la representación de las mujeres “puede depender no solo de una visión ‘esencialista’ en la que las
identidades de las mujeres son las mismas, sino en factores contextuales como las instituciones nacionales, las normas políticas y la importancia de los problemas”. De este modo, se pone especial atención en
la influencia de factores institucionales, motivaciones personales, la intervención de movimientos feministas y agencias de mujeres y la
importancia del contexto internacional y económico, para promover agendas. Resalta cómo las motivaciones personales, instituciones legislativas y estrategias que producen, además de las acciones
del Poder Ejecutivo condicionan la relación causal entre la representación de mujeres y los resultados en la producción legislativa.257
Así, la producción y aprobación legislativa en materia de género depende no solo de un mayor número de legisladoras, sino que forma
parte de un proceso de institucionalización del género que puede
ser explicado mediante diversos factores contextuales. Silvia López
y Elizabeth Maier258 sostienen que los principales factores que han impulsado esa institucionalización son los siguientes (p. 45):
1. Compromisos internacionales de México con los organismos
interestatales y supraestatales;
256 Jennifer Piscopo, Do Women Represent Women? Gender and Policy in Argentina and Mexico, tesis
para obtener el grado de doctora en Ciencia y Filosofía Política, San Diego, Universidad de California,
2011, p. 17.
257 Ibid, p. 25.
258 Silvia López y Elizabeth Maier, “Algunos elementos para comprender la institucionalidad de género en
México: un estudio introductorio”, en Silvia López Estrada, Elizabeth Maier, María Luisa Tarrés y Gisela
Zaremberg (coords.), 15 años de Políticas de Igualdad: los alcances, los dilemas y los retos, Tijuana y
México, El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de México, FLACSO, 2014.
176
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
2. Los beneficios que implican para el modelo económico
neoliberal globalizado la transformación y reconfiguración
de la división sexual del trabajo y con ello, la posibilidad de
aumentar la tasa media de ganancia, y;
3. El éxito del movimiento feminista y de mujeres para
difundir un discurso que visibilizara las necesidades
e intereses que fueron transformando en el siglo XX los
imaginarios colectivos a nivel nacional y mundial. Como
podemos observar, la literatura sobre la representación de
las mujeres comienza a tomar elementos fuera de la
causalidad de la representación descriptiva y sustantiva,
para explicar cómo se incluyen los temas de mujeres y las
demandas feministas en las agendas legislativas.
En relación con el caso mexicano es posible dar seguimiento a la
producción legislativa sensible al género mediante los documentos
generados por el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de
Género (CELIG), que pertenece a la Cámara de Diputados. Dichos
documentos contienen el número de iniciativas que se presentan
en cada legislatura con la finalidad de mejorar la situación de las mujeres mexicanas.
Cuando se hace referencia a iniciativas sensibles al género, se habla
de aquellas políticas públicas, legislación o cualquier acción de gobierno que han sido enunciadas explícitamente con el fin de asegurar
el bienestar, seguridad, autonomía y derechos de las mujeres. Dentro
de la literatura se han identificado cuatro categorías: 1) las de acción
afirmativa, 2) las políticas para las mujeres, 3) las de perspectiva de
género y 4) las de transversalización de género.259 En la tabla 10 se
desglosa el número de iniciativas que entraron en los rubros enlistados por legislatura.
259 Ana Rodríguez, “Las políticas sensibles al género: variedad conceptual y desafíos de intervención”, en
Temas y Debates, núm. 3, 2008.
177
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
TABLA 10
NÚMERO DE INICIATIVAS SOBRE DERECHOS HUMANOS
DE LAS MUJERES 1997-2020
Legislatura
Número de iniciativas
LVII
31
LVIII
44
LIX
118
LX
172
LXI
330
LXII
272
LXIII
792
LXIV
839260
Total
1934
Fuente: Elaboración propia con información de la H. Cámara de Diputados.
En los documentos de “Seguimiento de la base de datos de las iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados en materia de derechos
humanos de las mujeres” se clasifican las iniciativas conforme a los siguientes temas, retomados de los tratados internacionales en materia
de derechos humanos de las mujeres: derecho a la salud; a la educación; derechos laborales: derechos sexuales y reproductivos; derecho
al acceso a la justicia; a una vida libre de violencia; institucionalización y
transversalización de la perspectiva de género; a la participación
política y la toma de decisiones; derecho a la cultura; al deporte; a la
alimentación; a la vivienda; a la seguridad social; al medio ambiente;
a recursos económicos y a la propiedad; y derechos civiles.
De 1997 a 2020 se han presentado un total de 1,934 iniciativas que
abordan los temas señalados. En la gráfica 11 se observa que a partir de 1997 la producción legislativa con contenido de género ha
260 Los datos de la LXIV Legislatura contemplan las iniciativas presentadas hasta agosto de 2020.
178
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
aumentado de manera sostenida y exponencial; esto coincide con el
supuesto de que la presencia de mujeres en el Congreso trae consigo
un mayor número de iniciativas que abordan temas de mujeres y género y de esta manera se impulsa la agenda de género.
GRÁFICA 11
HISTÓRICO DE INICIATIVAS SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LAS
MUJERES PRESENTADAS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS 1997-2020
LXIV
839
792
LXIII
LXII
272
330
LXI
LX
172
LIX
118
LVIII
44
LVII
31
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Fuente: Elaboración propia con información de la H. Cámara de Diputados.
La LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, llamada la “Legislatura
de la Paridad”, por ser la primera en la historia con composición
paritaria numéricamente, se ha destacado por discutir activamente
el tema de la igualdad de género y ha logrado la aprobación de algunas reformas relevantes (tabla 11) como las reformas que integran la
“paridad en todo”, o las que conforman lo que se ha llamado Ley Olimpia
(la cual tipifica y sanciona la divulgación de contenido gráfico sexual
sin autorización), el marco normativo sobre violencia política contra
las mujeres en razón de género, la prohibición del matrimonio infantil, el derecho a guarderías para los hombres, la ley de amnistía para
personas sentenciadas por aborto, la ratificación del Convenio 189 de
la Organización Internacional del Trabajo sobre la seguridad social
para personas trabajadoras del hogar, entre otras. En el periodo del
179
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
1° de septiembre de 2018 al 22 de marzo de 2021, la LXIV Legislatura ha
aprobado en total 137 decretos, de los cuales 18 contienen elementos
en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, lo que
posiciona a este asunto como el segundo más legislado después de
los temas económicos y fiscales.261
A pesar de estos avances tan significativos quedan algunos pendientes en la agenda feminista y de mujeres que se han discutido en el
pleno legislativo, pero permanecen pendientes de aprobación en alguna de las cámaras, por ejemplo, la eliminación de la brecha salarial,
la reglamentación de la paridad en todo, así como las reformas en
materia del nuevo sistema nacional de cuidado. Destaca que una de
las agendas feministas menos favorecida para legislar ha sido la concerniente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.262
También está latente la resistencia a aprobar iniciativas que impactan
directamente temas estructurales como la diferencia salarial y la doble jornada laboral de las mujeres.
TABLA 11
DECRETOS APROBADOS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA
CÁMARA DE DIPUTADOS, LXIV LEGISLATURA
Temática
Más mujeres
en cargos
de poder
y el tomar
decisiones
Contenido y normativa que reforma
Se aprobó la paridad en todo para establecer que la mitad de
los cargos de decisión en los tres ámbitos de gobierno (federal,
estatal y municipal), en los tres poderes de la Unión (Ejecutivo,
Legislativo y Judicial), así como en los organismos autónomos
y partidos políticos deberán asignarse a mujeres. La reforma
también reconoce el derecho de los pueblos y las comunidades con
población indígena a elegir representantes ante los ayuntamientos,
observando el principio de paridad de género conforme las normas
aplicables (CPEUM, artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115).
Continúa...
261 Lorena Vázquez, Agenda de género en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión. Reporte de decretos aprobados para la igualdad sustantiva, México, Dirección General de Análisis Legislativo, 2021.
262 Ibid.
180
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
Temática
Contenido y normativa que reforma
Presupuestos
etiquetados
para
programas
de igualdad de
género
Desde 2008 los recursos y programas estratégicos federales para
acelerar la eliminación de desigualdades entre mujeres y hombres
se detallan en un anexo específico del Presupuesto de Egresos de la
Federación, denominado Anexo 13. De 2008 a 2019 el presupuesto
etiquetado en el Anexo 13 ha crecido nominalmente 333.5%. En
2020 dicho anexo incrementó 60% respecto a 2019. Con lo anterior
aumenta el presupuesto para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres y el Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños,
hijos de madre trabajadoras, por mencionar algunos programas.
Justicia
económica
y desarrollo
Reformas a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social para
establecer que las personas trabajadoras del hogar tienen derecho a la
Seguridad Social. Además, se establece la obligación de fijar, bajo un
contrato, la relación laboral entre las y los trabajadores del hogar y sus
empleadores, el cual deberá incluir vigencia, horas de trabajo,
remuneración y prestaciones adicionales. Dicha reforma se suma a la
ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional
del Trabajo (2011), que tiene por objeto mejorar las condiciones de
vida de las personas trabajadoras del hogar.
Se aprobó en junio de 2019 la reforma a la Ley de Instituciones de
Crédito para establecer que las instituciones de banca de desarrollo
deberán cumplir la integración paritaria de sus consejeros
independientes de manera progresiva y, cuando sea necesario
nombrar un nuevo miembro de consejo directivo, deberá elegirse
una persona del género que tiene menor representación.
En enero de 2021 se reformó la Ley Federal del Trabajo para establecer
que el teletrabajo debe observar una perspectiva de género que
permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas
trabajadoras en la jornada laboral.
Acciones
legislativas
para el
combate a
las violencias
contra las
mujeres
Se publicó en abril de 2020 el decreto en materia de violencia política
contra las mujeres en razón de género, por el cual se conceptualiza
y tipifica el delito en el ámbito penal, electoral y de responsabilidades
administrativas. Además, se dan competencias a las autoridades
electorales locales y federales para prevenir, sancionar, atender,
emitir medidas cautelares y resarcir el daño a las víctimas.
En marzo de 2021 se reformó la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, precisando que las órdenes de
protección para las mujeres y niñas víctimas de violencia deberán
otorgarse de oficio a petición de parte, por las autoridades
administrativas, el Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales
competentes, en el momento en que tengan conocimiento del hecho
de violencia presuntamente constitutivo de un delito o infracción,
que ponga en riesgo la integridad, libertad o la vida de mujeres o
niñas. Además, las nuevas disposiciones obligan a proporcionar
refugio y manutención a la persona afectada y sus hijos.
Continúa...
181
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
Temática
Mecanismos
institucionales
para el
adelanto
de la mujer
Contenido y normativa que reforma
Se creó el Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva con
legisladoras de todos los grupos y representaciones parlamentarias,
a fin de consolidar redes de colaboración en agendas comunes,
más allá de ideologías partidistas.
Se ha adoptado el lenguaje incluyente y no sexista en las leyes y
documentos oficiales, con la finalidad de visibilizar la contribución
y trabajo de las mujeres en todas las esferas de acción y eliminar
cualquier tipo de discriminación hacia este sector poblacional
motivada por origen étnico, género, edad, discapacidad, condiciones
sociales, condiciones de salud, opiniones, preferencias sexuales,
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.
Se aprobó la Ley del Seguro Social para establecer que los padres
trabajadores tendrán el mismo derecho que las madres de llevar a sus
hijos e hijas a las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Acceso a
la justicia
Se reformó el artículo 19 de la CPEUM para incorporar los delitos
de abuso o violencia sexual contra menores y feminicidio al
catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.
En abril de 2020 se aprobó una nueva Ley de Amnistía para
personas sentenciadas por aborto, a fin de otorgar libertad
−bajo determinados criterios− a personas en condiciones
vulnerables o tratadas injustamente por el sistema de justicia,
como es el caso de mujeres acusadas de aborto.
Aprobación de la Ley Olimpia en abril de 2020. Se reformó
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia. Entre otros mecanismos, se imponen penas de hasta
seis años de cárcel por difundir imágenes de contenido íntimo
y sexual sin el consentimiento de la persona implicada.
Reforma de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados,
Protección Complementaria y Asilo Político, para implementar
acciones que permitan brindar una atención adecuada a los
migrantes que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
Derechos
humanos de
las mujeres
y las niñas:
prohibición del
matrimonio
infantil
Reformas al Código Civil aprobadas en junio de 2019 para establecer
como requisito al contraer matrimonio que los contrayentes tengan
la mayoría de edad y eliminar cualquier disposición previa que
autorice el matrimonio entre personas menores de 18 años.
Fuente: Elaboración propia con información de Lorena Vázquez, Agenda de género…, op. cit.
182
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
El estancamiento, o resistencia al abordaje de la agenda feminista en
torno a los derechos sexuales, reproductivos y laborales, es prueba de
que en el discurso se habla mucho de agenda de género y sin duda
se reflejan avances, pero se evita tocar temas que pudieran causar
polémica o inconformidad en la población mexicana. Las y los legisladores no están dispuestos a asumir el costo político que podría tener
la defensa de estos temas. Los temas se abordan, pero sin trastocar;
por ejemplo, en el ámbito laboral, las reformas que se han aprobado hablan en su mayoría sobre derechos de maternidad; se observa una tendencia a legislar en torno al trabajo de las mujeres principalmente
en términos de su función como madres y cuidadoras. Demandas
como asegurar la igualdad de oportunidades para las mujeres en el lugar de trabajo, la igualdad salarial, sanciones contra la violencia laboral
y discriminación, acciones afirmativas y la promoción de acciones
para repartir equitativamente la responsabilidad de hombres y mujeres en la crianza y el cuidado del hogar quedaron fuera (las propuestas en torno a promover la participación de los hombres en la crianza
se limitan a otorgar 10 días de permiso por paternidad al nacimiento
de los hijos).263
4.4. Paridad en todo: las mujeres
en la administración pública
La reforma constitucional de “paridad en todo” fue publicada el 6 de junio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación e indica que deberá asignarse a las mujeres al menos la mitad de los cargos en posiciones de
toma de decisión en los tres ámbitos de gobierno y en los tres poderes, en las comunidades indígenas y en los organismos autónomos.
263 Cinthia Plascencia, La representación sustantiva de las mujeres mexicanas: Un análisis de las iniciativas de ley en materia laboral, tesis de maestría, Guanajuato, Universidad de Guanajuato, 2020.
183
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
Como parte de las acciones para materializar dicha ley se aprobaron
en abril de 2020 las primeras reformas para garantizar “la paridad en
todo” durante el proceso electoral de 2021. Las leyes modificadas
fueron la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la
Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación. Sin embargo, siguen sin reformarse lineamientos en
torno a la designación de titulares de la administración pública federal
y en órganos autónomos.264
Esta falta de reglamentación se refleja en los resultados del Índice
Nacional de Paridad Política a nivel local (véase capítulo anterior), que
muestra que las dimensiones con mayores retos son la de “mujeres en
el Poder Ejecutivo y la administración pública local” y la de “presencia
de las mujeres en los partidos políticos”.
En la dimensión “mujeres en el Poder Ejecutivo y la administración pública local” se midieron cinco indicadores:
Indicador 1. Porcentaje de mujeres titulares de secretarías en el gabinete del Ejecutivo local: Los resultados de este indicador muestran
que nueve estados obtuvieron menos de 20% de puntuación, 13 estados obtuvieron un porcentaje de entre 20 y 29%, cinco se ubicaron
entre 30 y 39% y cinco cumplieron con el indicador obteniendo los
tres puntos posibles. Esto evidencia la baja participación femenina en
la titularidad de alguna secretaría en los ejecutivos a nivel local y la
resistencia cultural y sistémica que persiste evitando que las mujeres
ocupen las posiciones de toma de decisión.
264 Marisol Vázquez y Lorena Vázquez, “Del dicho al hecho: pendientes legislativos en la reglamentación
de la paridad en todo”, en Animal Político, disponible en https://www.animalpolitico.com/bloginvitado/del-dicho-al-hecho-pendientes-legislativos-en-la-reglamentacion-de-la-paridad-en-todo/
(fecha de consulta: 16 de julio de 2020).
184
185
0%
0.5%
1%
1.5%
2%
2.5%
3%
3.5%
GRÁFICA 12
MUJERES TITULARES DE SECRETARÍAS EN LOS GABINETES
DE EJECUTIVOS LOCALES (PUNTAJE MÁXIMO: 3)
CHIAPAS
PUEBLA
QUINTANA ROO
YUCATÁN
CIUDAD DE MÉXICO
SONORA
VERACRUZ
OAXACA
COAHUILA
MORELOS
ZACATECAS
AGUASCALIENTES
CHIHUAHUA
ESTADO DE MÉXICO
TAMAULIPAS
COLIMA
TABASCO
NAYARIT
CAMPECHE
BAJA CALIFORNIA
SAN LUIS POTOSÍ
GUANAJUATO
JALISCO
SINALOA
TLAXCALA
QUERÉTARO
DURANGO
NUEVO LEÓN
GUERRERO
MICHOACÁN
BAJA CALIFORNIA SUR
HIDALGO
Fuente: Elaboración propia con información de la Base de Datos del Informe del Índice Nacional de Paridad Política a nivel local, Inmujeres, 2020.
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
Indicador 2. Porcentaje de mujeres titulares de subsecretarías: El
puntaje máximo de este indicador es de dos puntos, los cuales solo
alcanzó el estado de Campeche; tres entidades alcanzaron 0.75; 12 reportaron resultados de 0.5; las entidades restantes quedaron en cero
en este indicador. Cabe señalar que Morelos y Tlaxcala no cuentan
con la figura de subsecretarías. Nuevamente se confirma la tendencia
de excluir a las mujeres de los espacios de poder y toma de decisiones,
pues los resultados reflejan una muy baja participación en las subsecretarías a nivel local.
No es posible excusar a los estados que reflejaron este indicador en
ceros, pues existe un gran número de mujeres capacitadas que podrían desempeñarse en estos espacios. ¿Por qué no hay presencia de
mujeres? ¿Cómo se designan estos cargos? Un factor importante por
considerar es la falta del fortalecimiento del Servicio Civil de Carrera
en las entidades federativas, pues los cargos de más alta jerarquía
pocas veces se concursan y las designaciones no atienden cuestiones
de paridad de género.
Indicador 3. Existencia y nivel jerárquico de mecanismos de mujer/
género en el Poder Ejecutivo: Este indicador constituye una medida
cualitativa para describir el estatus que las entidades han conferido
formalmente a estos mecanismos, leyes, decretos y otras medidas
oficiales. El puntaje máximo posible es de uno. Se observa un mejor resultado en este indicador, pues 14 estados alcanzaron la calificación de 1; 16 reportaron resultados de 0.5; y dos estados, Tlaxcala
y Tabasco, obtuvieron cero de calificación. Los resultados de este indicador muestran que, formalmente, se cuenta con lineamientos al
respecto de la participación de las mujeres; pero en la práctica no se
han visto resultados directos que impulsen el crecimiento profesional
de las mujeres ocupando cargos estratégicos de toma de decisión.
Estos siguen reservados a los hombres.
186
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
Si bien estos mecanismos de evaluación son muy valiosos, pues permiten tener datos actualizados en torno a la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, persisten los retos para
obtener y sistematizar la información. Prueba de ello es que en los indicadores 4 y 5 (“porcentaje de mujeres que integran los organismos
autónomos de la entidad” y “porcentaje de mujeres que presiden organismos autónomos de la entidad”) no se cuenta con calificaciones
derivado de la dificultad para obtener los datos y la necesidad de afinar y adecuar los instrumentos de medición.
A pesar de no contar con los datos de los últimos dos indicadores,
se cuenta con el promedio general de la dimensión “presencia de
las mujeres en el Poder Ejecutivo y la administración pública local”.
El promedio general es de 1.85 de seis puntos posibles. Las entidades
con mejores resultados son Yucatán, Quintana Roo, Ciudad de México
y Chiapas que alcanzaron 75% de puntuación. En contraste, los estados con resultados más bajos son Tlaxcala, Baja California Sur,
Durango, Nuevo León y Tabasco.
Estos resultados parecen desalentadores y hacen evidente la necesidad de reglamentar el mandato de “paridad en todo” para que en los
organismos públicos locales haya representación paritaria de mujeres profesionistas.
187
GRÁFICA 13
RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN 4: PRESENCIA DE MUJERES
EN EL PODER EJECUTIVO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
4 estados 75%
80%
67%
70%
50%
50%
42%
40%
10 estados 25%
30%
3 estados 29%
33%
188
5 estados 17%
20%
4 estados 8%
10%
0%
0%
YUCATÁN
QUINTANA ROO
CIUDAD DE MÉXICO
CHIAPAS
PUEBLA
CAMPECHE
OAXACA
ZACATECAS
MORELOS
MICHOACÁN
HIDALGO
GUERRERO
VERACRUZ
SONORA
SAN LUIS POTOSÍ
NAYARIT
JALISCO
ESTADO DE MÉXICO
COAHUILA
CHIHUAHUA
BAJA CALIFORNIA
AGUASCALIENTES
TAMAULIPAS
SINALOA
QUERÉTARO
GUANAJUATO
COLIMA
TABASCO
NUEVO LEÓN
DURANGO
BAJA CALIFORNIA SUR
TLAXCALA
Fuente: Elaboración propia con información de la Base de datos del Informe del Índice Nacional de Paridad Política a nivel local, Inmujeres, 2020.
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
60%
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
4.5. Interseccionalidad,
¿estamos todas representadas?
La interseccionalidad es una categoría de análisis que nos permite
referir los diversos componentes que confluyen en un mismo caso,
multiplicando la discriminación y las desventajas. Respecto a las mujeres, la Recomendación General núm. 25 de la CEDAW expone
lo siguiente:265
Las mujeres pertenecientes a algunos grupos, además de sufrir
discriminación por el hecho de ser mujeres, pueden ser objeto de
múltiples formas de discriminación por otras razones, como la raza,
el origen étnico, la religión, la incapacidad, la edad, la clase, la casta u
otros factores. Esa discriminación puede afectar a estos grupos de
mujeres principalmente, o en diferente medida o en distinta forma
que a los hombres. Quizás sea necesario que los Estados Parte adopten determinadas medidas especiales de carácter temporal para
eliminar esas formas múltiples de discriminación contra la mujer
y las consecuencias negativas y complejas que tiene.
Un claro ejemplo de la lucha adicional que deben librar las mujeres
indígenas en México es el de Eufrosina Cruz, quien es un referente de la disputa contra los “usos y costumbres” que anulan a la mujer. Eufrosina es una mujer zapoteca de Oaxaca, que en 2007 libró una
batalla contra el Estado mexicano para lograr el reconocimiento de
su derecho a participar en la vida política. De los 548 municipios
de Oaxaca, 428 se rigen por prácticas milenarias y en algunas comunidades la voz de las mujeres no existe en las leyes comunitarias, por lo
que no pueden votar ni participar como candidatas en elecciones municipales. Aun con estos impedimentos, Eufrosina quiso ser alcaldesa
de Santa María Quiegolani, un municipio en el cual el poder político
265 Instituto Nacional de las Mujeres, Glosario para la igualdad, disponible en https://campusgenero.
inmujeres.gob.mx/glosario/storage/terminos_pdf/interseccionalidad.pdf (fecha de consulta: agosto
de 2021).
189
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
es ejercido exclusivamente por los hombres. Participó, inscribió su
candidatura al margen de la asamblea del pueblo y sus papeletas
se desecharon. Eufrosina no se dio por vencida y puso en marcha el
Movimiento Quiegolani por la Equidad de Género, gracias a su activismo se logró una reforma constitucional al artículo 2, apartado A, que
reconoce el derecho de las mujeres indígenas de todo el país al voto
activo y pasivo. Posteriormente fue diputada por el PAN y presidió la
Comisión de Asuntos Indígenas en el periodo 2012-2015.
Ha habido otras reformas a los lineamientos electorales para que las
personas indígenas, afromexicanas, migrantes, con discapacidad y de
la diversidad sexual −que enfrentan mayores desventajas para participar políticamente− puedan incidir en la vida pública. En el proceso
electoral de 2017-2018 resultaron electas tres mujeres y 10 hombres
indígenas, resultado de los lineamientos de registro de candidaturas, mismos que consideraron 13 de los distritos federales con mayor
población indígena: los partidos políticos tuvieron la obligación
de postular a siete mujeres y seis hombres.
TABLA 12
MUJERES INDÍGENAS ELECTAS EN 2018
Candidata ganadora
Distrito
Partido o coalición
Irma Juan Carlos
Distrito 2 de Teotitlán de
Flores Magón, Oaxaca
Coalición Juntos Haremos
Historia (Morena-PT-PES)
Manuela del Carmen
Obrador Narváez
Distrito 1 de Palenque,
Chiapas
Coalición Juntos Haremos
Historia (Morena-PT-PES)
Clementina Marta
Dekker Gómez
Distrito 5 de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas
Coalición Juntos Haremos
Historia (Morena-PT-PES)
Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de las Mujeres, disponible en
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/index.php (fecha de consulta: 18 de julio de 2021).
También en el proceso electoral de 2018 se dio la participación de
María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, quien fue aspirante a
contender de manera independiente por la Presidencia de México,
190
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
apoyada por el Consejo Nacional Indígena, sin embargo, no logró el
umbral de 1% del padrón electoral para obtener su registro. Aun así,
su caso es digno de mencionar, pues 94.5% de las firmas recabadas
fueron validadas y su participación fue importante en términos simbólicos por ser una mujer aspirante a la Presidencia postulada por una
organización nacional indígena.266
La reforma constitucional de “paridad en todo” trajo también cambios
con respecto a la inclusión de mujeres indígenas, afromexicanas y migrantes, pues se establece que la mitad de los cargos de decisión en
los tres ámbitos de gobierno, en los tres poderes de la Unión, y en los
organismos autónomos deberá asignarse a mujeres (CPEUM, artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115). En este tenor, la Constitución, artículo
2, establece que:
Esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos
y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: [...] VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando
el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables.
Mientras que la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales establece en su artículo 26:
Las constituciones y leyes en las entidades federativas reconocerán
y regularán el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a
elegir a sus autoridades garantizando el principio de paridad de
género, de manera gradual, conforme a lo establecido en el artículo
2 de la Constitución.
Atendiendo a estos cambios en la legislación, durante el proceso
electoral de 2021 se aprobaron cinco acciones afirmativas por parte
266 Vanessa Góngora y Cinthia Plascencia, op. cit., p. 148.
191
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
del INE, con el fin de garantizar la presencia de poblaciones históricamente excluidas en la Cámara de Diputados: personas indígenas, afromexicanas, migrantes, con discapacidad y de la diversidad
sexual. Como resultado, se registraron 442 candidaturas a diputaciones federales por esta cuota, de las cuales 60 obtuvieron el triunfo:
29 ganaron por votación directa y 31 mediante la vía proporcional. La
Cámara de Diputados contará con 20 diputaciones indígenas; cuatro
de la comunidad afromexicana; dos de la diversidad sexual; y tres de
personas con discapacidad; por el principio de representación proporcional habrá 13 diputaciones indígenas; dos de afromexicanas;
tres de la diversidad sexual; cuatro de personas con discapacidad y
nueve de población migrante.267 Visibilizar la presencia de diputadas
y diputados indígenas en la legislatura entrante, así como en la normatividad para el registro de candidaturas, constituye una acción
afirmativa que abona a la consolidación de una democracia incluyente y reconoce la multiculturalidad del país.
267 Anayeli García, op. cit.
192
5. REFLEXIONES FINALES
En este libro se ha analizado la evolución de la noción de ciudadanía en
el marco del orden de género que configura las relaciones de jerarquía
y subordinación entre hombres y mujeres, esto es, cómo las sociedades entienden la masculinidad y feminidad en determinado momento.
Entendimos que los confines de la ciudadanía se han transformado, y
esta transformación se ha dado gracias a que, desde la exclusión, las
mujeres pelearon por constituirse como sujeto político para reivindicar sus derechos. Retomando las ideas de Étienne Balibar y Hannah
Arendt explicamos que la insurrección es la modalidad activa de la
ciudadanía, que trae consigo la conquista del “derecho a tener derechos”. En este sentido, los feminismos han sido fundamentales, pues
se han encargado de deconstruir el proceso de objetualización de las
mujeres, para convertirlas en sujeto político, constituido como grupo
identitario en desventaja por su condición de género.
El orden de género ha ido transformándose gracias a esas mujeres
insurrectas que lucharon para obtener una ciudadanía plena y en
193
Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
igualdad de condiciones con los hombres. El recorrido histórico nos
permite visibilizar el cambio de la expectativa del rol de hombres y de
mujeres en los diferentes arreglos institucionales y relaciones sociales
de poder que quedan plasmados en las normas. La larga lucha sufragista fue permeando en la reforma de los códigos civiles para que las
mujeres accedieran a algunos derechos, no solo la conquista del voto;
la participación de las mujeres en la movilización estudiantil, campesina, obrera y popular de la segunda mitad del siglo XX, así como el
desarrollo del feminismo académico y la corriente de perspectiva de
género, fue reflejando la desigualdad estructural en el acceso a los
derechos sociales y, además, visibilizando otro tipo de derechos que no
habían sido considerados en la agenda política androcéntrica como
la libertad de decidir sobre su propio cuerpo y el derecho a tener una
vida libre de violencia. Podríamos decir que la lucha de las mujeres del
nuevo siglo se enmarca en la concepción de ciudadana del “derecho
a tener derechos” y que va de la mano con una noción multicultural
y transnacional de la comunidad política, ya que las organizaciones
feministas y de mujeres del país se vinculan con otras de diversas latitudes para clamar por justicia y por una transformación del orden de
género que se refleje en nuevos proyectos de nación.
El avance de la agenda de género en los instrumentos internacionales
y en la normatividad nacional, así como la institucionalización de la
perspectiva de género en las políticas públicas, tiene un efecto circular en la representación política de las mujeres pues impulsan la
integración de más mujeres en los cargos de toma de decisiones, y
desde ahí, estas proponen reformas electorales para tener una mayor presencia femenina en el espacio público. La gran transformación
de la última década del siglo XX y principios del XXI es, sin duda, la
revolución de las mujeres por cambiar el orden de género desde
la raíz, por difuminar la delimitación del espacio público y privado, por
eliminar la división sexual del trabajo, por cambiar la concepción de la
maternidad como destino biológico a maternidad por libre elección,
cuestionar la binariedad sexual y la heteronormatividad, etcétera. La
194
Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
gran pregunta es si los grupos en el poder político, de nuestro contexto sociopolítico actual, están dispuestos a incorporar estas demandas
en la construcción del nuevo proyecto político de nación.
En otro espacio268 explicamos que los comicios de 2018 en México reciben el adjetivo de “críticos” porque se presentó un cambio importante
en las bases de apoyo de los partidos políticos tradicionales (PRI, PAN
y PRD) y por ende del sistema electoral y político del país, pero también
observamos la reconfiguración del poder político que históricamente
había sido exclusivo de los hombres dado que, por primera vez en la
historia, había paridad de género en la composición de la Cámara de
Diputados y la Cámara de Senadores, así como en una gran mayoría
de los congresos estatales. Lo anterior y la contundencia de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador en el Ejecutivo federal nos obliga a reflexionar sobre el rol que juegan las mujeres en
su proyecto de nación que ha denominado Cuarta Transformación.
Durante su campaña electoral, López Obrador se presentó con un
discurso en favor de las mujeres, con una agenda de género y feminista que quedó plasmada en un documento titulado Femsplaining
elaborado por Morena Mujeres, en el que se proponían diversas acciones para combatir los retos que siguen sorteando las mujeres:
corresponsabilidad en las labores de cuidado, acceso a la educación
en espacios libres de acoso sexual; acciones para la autonomía económica e inclusión laboral; combatir la feminización de la pobreza;
atender la salud reproductiva; acabar con la impunidad y garantizar
el acceso a la justicia en materia de violencia de género y feminicidios;
y una administración pública con perspectiva de género, en la que las
mujeres ocupen cargos de toma de decisiones de manera paritaria.
268 Vanessa Góngora y Cinthia Plascencia, “Derrotero de la paridad de género en la representación política en México”, en Oniel Díaz, Vanessa Góngora y Miguel Vilches, Las elecciones críticas de 2018...,
op. cit., p. 121.
195
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Históricamente, a las mujeres nos han relegado al segundo lugar.
Nos han dicho que detrás de un gran hombre está una gran mujer. Nos
han impuesto el papel de cuidadoras, musas, acompañantes, nunca de protagonistas. Si han existido siempre mujeres destacadas,
¿por qué no las vemos en los libros de historia? Ocupamos menos
cargos de poder, nos pagan menos, nos matan, nos violan y encima nos culpan por ello. Es importante reconocer y visibilizar
nuestros problemas; por eso escribimos este documento. Parece normal que nos hagan comentarios sobre nuestro cuerpo, que
nos hagan menos, que nos cuestionen por enfrentar los piropos
y acosos. Pero no, no lo es. Es tiempo de que nos traten con respeto
e igualdad.269
De hecho, una de las primeras acciones del presidente al asumir el
poder fue el nombramiento del primer gabinete paritario en la historia de nuestro país. Sin embargo, no pasan desapercibidos los roces con los grupos feministas, agravados durante la pandemia de
COVID-19 y las políticas de confinamiento, pues las declaraciones
presidenciales270 evidencian las reminiscencias del orden de género
que prevaleció durante el siglo XX. La insurrección de las mujeres frente
269 Carol Arriaga y Morena Mujeres, Femsplaining: Hablemos de nosotras, México, 2018, p. 1.
270 En varias ocasiones, durante las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López
Obrador (conocidas como “Mañaneras”), se han hecho declaraciones que provocan controversia con
los grupos feministas. El 24 de marzo dijo: “Hago un llamado para que cuidemos de nuestras familias, a los adultos mayores, ya lo hacemos, pero ahora debemos de aplicarnos más. [No] es un hecho
desconocido que, sobre todo, las hijas cuidan a los padres, los hombres podemos ser más desprendidos, pero las hijas están siempre pendientes de sus madres, de sus padres, de modo que hombres
y mujeres cuidemos a nuestros adultos mayores ancianos respetables (Conferencia de prensa matutina, 24 marzo de 2020). El 17 de febrero el presidente hizo esta declaración con relación a la movilización feminista: “Le pido a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las
paredes. [Les digo] que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos simuladores, y que no esperen que nosotros actuemos como represores, que no nos confundan; sabemos, porque llevamos años luchando, cómo sacarle la vuelta a la provocación (Conferencia de
prensa matutina, 17 de febrero de 2020). El 6 de mayo declaró en relación con las protestas por el
aumento de la violencia de género derivado de la pandemia de COVID: “[...] en el caso de la violencia
contra las mujeres no hemos nosotros advertido un incremento, desde luego, la forma de medirlo
son las denuncias que se presentan, puede haber cifras negras, pero en las denuncias no ha habido
un incremento”.
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Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
al aumento de casos de violencia y la persistencia de la impunidad
de los feminicidios ha sido interpretada como violenta, condenando
“las formas” de la protesta y, por ende, aludiendo a un ideal de mujer,
o incluso de feminista, que debería manifestar su civismo por medio
de otros mecanismos no subversivos.
Por otro lado, las legisladoras y políticas de los diferentes partidos políticos parecen estar dando una batalla importante por transformar
ese orden de género. En lo que corresponde a los derechos políticos,
los avances han sido significativos. Los cambios destacables son la
instauración del principio constitucional de paridad de género y su
traducción en una presencia paritaria desde 2018 en el Congreso federal y los locales, además, cada vez es más común encontrar mujeres que ostentan cargos en todos los niveles de gobierno. Dichos
cambios han traído beneficios sustantivos en términos de la representación femenina. La agenda de género se ha discutido como nunca en el Congreso de la Unión, e incluso se han aprobado reformas de
gran envergadura como la ley de “paridad en todo” o la Ley Olimpia,
por mencionar algunas. El reto ahora será armonizar las leyes y reglamentos para hacer valer estas reformas.
Las fallas en la reglamentación electoral y su implementación están
en la mirilla de académicas, mujeres políticas y asociaciones feministas que buscan garantizar la participación de las mujeres en todos los
ámbitos en condiciones de igualdad. De acuerdo con los diagnósticos revisados en este libro, los mayores retos se encuentran en las administraciones locales y los partidos políticos, pues son espacios que
se muestran renuentes a colocar mujeres en posiciones de toma de
decisión. Sin embargo, con el seguimiento y la afinación de las normas
se observa un horizonte esperanzador, en términos de ver cada vez
más presencia femenina en todos los ámbitos de la vida pública.
Otra reflexión importante que apuntala nuestro análisis es que la historia de la lucha de las mujeres por ser reconocidas como ciudadanas
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Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
también es una pugna por dejar de ser el grupo de las idénticas y ser
reconocidas en su gran diversidad. En los dos primeros capítulos explicamos que las bases de la noción de la ciudadanía son androcentristas y, por tanto, la exclusión de las mujeres se reproducía a través
de los cambios de contexto sociopolítico con algunas adaptaciones del
orden de género, pero que continuaban con la condición de inferioridad de las mujeres. La argumentación de la exclusión se centraba en
la naturaleza, en su destino biológico maternal y carácter moral derivado de su vínculo con la familia y lo doméstico. Esta descripción se extendía para todas las mujeres, se les consideró un grupo homogéneo
de personas, y ello configuró, inconscientemente, una identidad colectiva, un sujeto político dispuesto a reclamar su acceso a la ciudadanía.
Sin embargo, se encontraron en estas líneas suficientes evidencias
para reconocer que esta lucha también ha sido por el reconocimiento
de sus diferencias. Las primeras sufragistas tuvieron que ampliar su
argumentación para integrar el reclamo de las mujeres obreras y, con
ello, se manifestó la diversidad ideológica que más adelante se traduciría en diversidad partidista. A partir de la década de los sesenta el
énfasis se haría en el reconocimiento de la particular problemática
de las mujeres de las comunidades rurales, campesinas e indígenas,
estas últimas con una importante reivindicación con el levantamiento
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En las últimas décadas, de mano con el concepto de interseccionalidad, ha quedado claro
que estamos lejos de constituir un grupo identitario homogéneo, dadas las diferentes posiciones de privilegio y opresión que experimentamos a lo largo de nuestra vida: niñas, jóvenes, adultas o de la tercera
edad; afrodescendientes e indígenas; lesbianas, bisexuales o mujeres
trans; con discapacidad física o neurodiversas; desde las urbes o en
las comunidades rurales; desde la organización y movilización popular
por la soberanía alimentaria y la protección a la Madre Tierra, o desde
la ciberprotesta en las redes sociales. Es precisamente la diversidad
de las mujeres la que no nos puede reducir a una sola política pública
o a una sola agenda legislativa, sino que la perspectiva de género debe
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Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
ser transversal de toda política y toda agenda y la participación de las
mujeres ser reconocida en todos los espacios.
Habrá que seguir en pie de lucha para que, una vez posicionadas esas
mujeres, puedan ejercer los cargos sin violencia, discriminación o intimidación, lo cual presenta un desafío mayor, pues estas prácticas son
resultado de las diferencias estructurales que persisten en nuestra
sociedad, pero que se pueden transformar poco a poco para construir un entorno que nos incluya y represente a todas y todos.
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SOBRE LAS AUTORAS
Sarah Cerna Villagra es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por
la Universidad Nacional Autónoma de México; maestra en Ciencia
Política por la Universidad de Salamanca, España, y licenciada
en Ciencia Política por la Universidad Católica “Nuestra Señora de
la Asunción”, Paraguay. Cursó el Diplomado Superior en Estudios
de Género impartido por el Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales, Argentina.
Desde 2021 es profesora invitada en la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), nivel 1.
Se ha desempeñado como profesora y lectora de tesis en la Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de San Luis, la
Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción”, Paraguay.
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Vanessa Góngora Cervantes ∕ Cinthia Noemí Plascencia Morales
Ha sido consultora en temas de género y política para IDEA
Internacional y ONU Mujeres México. En 2019 recibió la Beca para
Mujeres en las Ciencias Sociales otorgado por la Academia Mexicana
de Ciencias y el Conacyt, México.
Entre sus publicaciones sobre género y política se encuentran los
capítulos de libros “México: un Congreso plegado en pandemia”;
“¿Liderazgo o subordinación? ¿Por qué pocas mujeres coordinan
grupos parlamentarios en México?”; “Percepciones y orientaciones
hacia la democracia, la igualdad política y los servicios públicos de
las mujeres”, y “Desafíos de la participación y representación política
de las mujeres en México”; así como un artículo en la Revista Política,
Globalidad y Ciudadanía, “La representación sustantiva de las mujeres
en las agendas legislativas de las diputadas mexicanas”.
Vanessa Góngora Cervantes es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de
Aguascalientes; doctora y maestra en Estudios Sociales, Procesos
Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesora
investigadora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno
de la Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, institución en
la que se ha desempeñado como coordinadora de la Maestría de
Análisis Político, y como enlace de género. Forma parte del Cuerpo
Académico Consolidado “Democracia, sociedad civil y libertades”.
Ha trabajado en distintas instituciones de educación superior en
Aguascalientes y Guanajuato. Ha organizado e impartido diversos
diplomados, talleres, seminarios y ponencias en materia de perspectiva de género y feminismo. Pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores, nivel 1.
Feminista, sus líneas de investigación y de docencia se relacionan con
los estudios feministas y de género, participación política de las mujeres, paridad de género y políticas públicas con perspectiva de género.
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Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Federal de
Rio Grande do Sul, Brasil, y en la Universidad de Almería, España.
Sus publicaciones más recientes, en coautoría, son el artículo:
“Competencias de liderazgo de mujeres dirigentes nacionales de partido en México”, en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales;
y el capítulo de libro “Las elecciones críticas de 2018. Un balance de
los procesos electorales federales y locales en México”, editado por la
Universidad de Guanajuato y Grañén Porrúa.
Cinthia Noemí Plascencia Morales es licenciada en Administración
Pública y maestra en Análisis Político por la Universidad de Guanajuato. Actualmente es profesora en la División de Ciencias Sociales
y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, Campus León.
Sus líneas de investigación son estudios de género, representación
política, paridad y estudios legislativos. Ha colaborado como investigadora en proyectos como el de “Democracia, Culturas Políticas
y Redes Socio-Digitales en una Era de Transformación Social”.
Se ha desempeñado como ponente y tallerista en diversos espacios
con el tema de paridad y representación, tales como el Segundo
Simposio Estatal de Estudios de Género, en el panel titulado
“Representación política de las mujeres y las agendas legislativas”,
organizado por el H. Congreso del Estado de Guanajuato; asimismo, participó con la ponencia Mujeres en la vida política, en el marco del Seminario Género a Debate, organizado por la Universidad de
Guanajuato, y colaboró en el taller “Análisis de la lucha por los derechos políticos de las mujeres y retos de la agenda de género”, impartido a mujeres militantes de partidos políticos.
Publicó en 2020 el capítulo de libro “Derrotero de la paridad de género en la representación política en México”.
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Ciudadanía e insurrección.
La lucha por los derechos políticos
de las mujeres en México
La edición estuvo al cuidado de la
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
del Instituto Nacional Electoral.