Retroactividad

A continuación veremos primero el interpretativismo coherente de Lorenzetti y Maqueda para luego pasar al interpretativismo incoherente de Rosatti y Highton. Finalmente, pasaremos revista a cómo Rosenkrantz cumplió con su tarea jurisdiccional de aplicar el derecho vigente a un caso concreto, sin que importara la reacción social o su propia valoración del derecho vigente emanado ciertamente de un Estado de Derecho en democracia.

El artículo acerca un estudio de las estructuras fundamentales del principio de legalidad a partir de distinguir las incumbencias de los poderes constituidos en las tareas de crear, interpretar e integrar el Derecho penal y de identificar las bases del sistema normativo. Desde esta óptica, el artículo presupone identificar como principal cometido del principio de legalidad la delimitación de las competencias de los poderes constituidos y alejarse de (sin rechazarla completamente) la visión clásica que reduce la función de legalidad a la orientación de conductas del ciudadano. Sobre esta base se propone hacer un diagnóstico de los principales problemas de este principio constitucional, pero también acercar soluciones, sobre la base de las herramientas conceptuales aportadas desde la filosofía analítica y en especial desde las nociones básicas de los sistemas normativos.

En el largo proceso de evolución del Derecho y del Estado europeos, el problema de la sucesión de normas en el tiempo ha recibido respuestas muy distintas. En la hora actual debe afrontarse en el seno e cada uno de los ordenamientos jurídicos como una cuestión de derecho positivo. Con estas premisas, el objeto de este trabajo es examinar cómo ha ido cambiando la problemática de la retroactividad de la ley —su fundamento y sus límites— en el marco más amplio del fenómeno derogatorio. Problemática que no se planteó con todas sus consecuencias hasta la Revolución francesa. Hubo un tiempo en que el instituto de la derogación era prácticamente desconocido y la costumbre ocupaba un lugar destacado en el sistema de fuentes. En ese contexto, la posibilidad de que el derecho modificara situaciones jurídicas pasadas era muy limitada. Fue la época del Estado jurisdiccional que abarca desde el surgimiento de los primeros estados europeos hasta la Revolución. En una segunda etapa, la del Estado de Derecho con su constitución liberal, la retroactividad de la ley tuvo un fundamento claro: su carácter soberano y unos límites ideológicos definidos: la seguridad jurídica y los derechos adquiridos. La teoría de los derechos adquiridos operó como un límite político e ideológico a la retroactividad, y aunque no pudo configurarse como un límite real y efectivo frente a un legislador considerado soberano, lo cierto es que en la praxis legislativa decimonónica cumplió una función limitadora. El hecho de que la ley fuera aprobada por unos parlamentos (oligárquicos) que representaban sociedades homogéneas (burguesas) determinó el triunfo absoluto de la teoría de los derechos adquiridos. En una tercera etapa, la del Estado constitucional con su constitución democrática, el fundamento y los límites de la retroactividad cambian. La retroactividad se fundamenta ahora en el principio democrático y encuentra su límite en los derechos fundamentales.

Estudio sobre la jurisprudencia del tribunal Constitucional sobre el alcanc del principio de irretroactividad del art. 9.3 de la Constitución española. Aplicación de la doctrina constitucional al caso concreto de ls ppensiones a cargo de fondos públicos.