Principio De Legalidad

Resumen caracteriza de forma breve la potestad de inspección y se determina que se trata de una potestad discrecional. En tanto que potestad discrecional, los planes para ejercerla sirven para delimitar y reducir el ámbito de apreciación de la Administración en el momento de actuar sus potestades de control. Para determinar la naturaleza de los planes hemos examinado la doctrina tributaria y la establecida en materia de derecho laboral y de la seguridad social, así como la jurisprudencia más importante dictada en estas materias; se buscan además los elementos comunes que permiten de analizar la naturaleza y efectos los planes de inspección previstos en la normativa catalana sobre espectáculos públicos y actividades recreativas, así como los elementos que facilitan su control en sede jurisdiccional. Abstract to act upon its powers of control. To determine the nature of the plans we examined the tax doctrine established in labor law and social security as well as the most important case-law on these matters, 1 Clara I. Velasco Rico es Doctora en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra. Profesora lectora de derecho administrativo, acreditada por la AQU. Diplomada de estudios avanzados en Derecho Publico. Acreditacion de Investigacion por la AQU. Tutora y consultora de Derecho administrativo en la Universitat Oberta de catalunya (UOC). Colaboradora docente en ESADE

Esta investigación pretende determinar si el accionar de la Función Legislativa ecuatoriana, en momentos de gran conmoción social y en medio de fuertes disputas de índole socio-política, puede llegar a poner en tensión la obligación del Estado de garantizar y respetar los derechos humanos. Para ello se estudiará el caso del cese del mandato del expresidente ecuatoriano Abdalá Jaime Bucaram Ortiz, ocurrido en 1997, y la posible vulneración de sus derechos, en específico, el del principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal, garantizado por la Constitución de la República de ese entonces y por los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
El objetivo de que un derecho esté garantizado es que se pretende prevenir potenciales violaciones a los derechos y reparar aquellas que ya han ocurrido. Siendo el Legislativo el encargado de interpretar la Constitución, es contradictorio que, debido a la coyuntura y confrontación socio-política en que se encontraba el país, haya sido en el espacio de la Función Legislativa en donde se pudo haber vulnerado los derechos de Bucaram Ortiz, como así él lo sostiene.
Al respecto, la investigación da pie para que no solo se aborde el manejo técnico-jurídico del caso, sino también para hacer un análisis crítico de las circunstancias socio-políticas que permiten no solo que el régimen democrático se debilite y se trastoque el orden constitucional, sino que además estas rupturas se conviertan en oportunidades políticas en donde diversos actores sociales ejercitan su lucha por el poder, como en efecto ocurrió no solo en el caso investigado sino también durante los posteriores ceses de mandato de los expresidentes Jamil Mahuad Witt (año 2000) y Lucio Gutiérrez Borbúa (año 2005). Para el efecto, este trabajo se sustentará, en lo fundamental, en el manejo de fuentes secundarias de carácter bibliográfico tanto de artículos de índole académico como del marco normativo relacionado con el caso de estudio. Como un soporte adicional, se recurre a material periodístico que hace alusión al objeto de estudio.

Los casos de abuso sexual infantil previos a las reformas producidas por la Ley Piazza y la Ley de Respeto del Tiempo de las Víctimas generan respuesta contradictorias dentro del sistema de justicia argentino. Allí existe una tensión entre el derecho de las víctimas de acceder a la justicia y el principio de legalidad penal. Dependiendo de qué tribunal resuelva el caso, podrá considerarse prescripta la acción penal, o bien vigente. Mientras que otros habilitan los juicio por la verdad. Esta situación afecta directamente el principio de igualdad ante la ley. En la actualidad, muchos de estos casos se encuentran recurridos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien deberá dirimir la cuestión.

Verónica Hernández Muñoz y Santiago Velázquez Velázquez exponen cómo la Corte Constitucional del Ecuador, a través de sus decisiones, ha modificado precedentes obligatorios en materia de legalidad. Los autores analizan las sentencias No. 1797-18-EP/20 y 3-19-JP/20 dictadas por la Corte Constitucional y determinan que, si se afectan derechos en los precedentes legales, la Corte Constitucional estaría obligada a realizar una suerte de control por el principio de supremacía constitucional. Sin embargo, consideran que al realizar ese control se debe tener en cuenta la distinción entre legalidad y constitucionalidad para no invadir el campo de la legalidad. Estiman que en el caso No. 3-19-JP/20 —que desarrolló criterios sobre la notificación del embarazo al empleador— podría estar en el campo de la legalidad y que en esa sentencia se debía observar la resolución No. 16-2016 de la Corte Nacional de Justicia que también se pronunció sobre ese tema. Además, tomando en cuenta la sentencia 1797-18-EP/20, los autores proponen que se realice una reforma con el fin de que la Corte Nacional de Justicia no considere, para el desarrollo de jurisprudencia, sentencias que tengan acciones extraordinarias de protección pendientes en su contra. A su vez, hacen un llamado a que en la jurisprudencia constitucional se tome en consideración los criterios obligatorios ya desarrollados por los jueces nacionales.

Resumen: Partiendo de la constatación de que en el derecho internacional no existen leyes, en un sentido similar al derecho interno, y que por tanto en ese ámbito no puede regir un principio de legalidad con el mismo significado y contenido (nullum crimen sine lege), el presente trabajo pretende dar cuenta de cuál ha sido la comprensión de este principio en el ámbito internacional, donde ha sido más bien definido como un principio de juridicidad (nullum crimen sine iure), que sin embargo de todas formas aspira a cumplir con el estándar internacional en cuanto derecho humano y principio básico de justicia, incluso de la justicia penal internacional. Palabras Clave Derecho penal, derecho internacional, derecho penal internacional, principio de legalidad, Corte Penal Internacional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Abstract: Based on the finding that international law has no Acts, in the similar sense as domestic law has, and therefore, in this area cannot apply the principle of legality with the same meaning and content (nullum crimen sine lege), this paper seeks to explain what has been the understanding of this principle in the international arena, where it has been more clearly defined as a principle of jurisdicity (nullum crimen sine iure), yet anyway aims to meet the international standard as a human right and a basic principle of justice, even international criminal justice.

Con frecuencia quien comienza a interesarse en temas de investigación para la paz tiende a confundir la cultura de la paz con la cultura de la legalidad. Esto no es extraño pues al ser la ciencia social aplicada por excelencia, el derecho se presenta como la primera vía de entrada al análisis, crítica y generaciones de propuestas con perspectivas de cambio social concreto. Sin duda ambos campos están íntimamente relacionados, sin embargo, son diferentes y por ello es sumamente importante distinguir cuáles son las similitudes y diferencias entre ellos para contar con una lectura técnica profesional y evitar con ello caer en el lugar común o en la generalización que no hace ningún favor ni a la cultura de paz ni a la de la legalidad. Lo que se presenta a continuación es una revisión de ambos conceptos tomando como punto de referencia los márgenes de rigidez y flexibilidad tanto de las formas como de los contenidos en cada caso; con base en esta aproximación se distinguirán las diferencias-y coincidencias-entre cultura de la legalidad y cultura de paz y las relaciones entre ellas. Evidentemente las relaciones entre ambos conceptos producen puntos de encuentro, conflictos y riesgos, de éstos últimos identificaremos, ejemplificaremos y discutiremos los cinco más evidentes. .

Sumário:
Prefácio

I – Cerimônia de outorga do título de doutor honoris causa a Paolo Grossi (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 4 de junho de 2009)

Laudatio: “O historiador do Direito e sua perspectiva”
Judith Martins-Costa

Lectio doctoralis: “La legalidad constitucional en la historia de la legalidad moderna y posmoderna”
Paolo Grossi

II – Jornadas de estudos em homenagem a Paolo Grossi
1. Código: Dimensão Histórica e Desafio Contemporâneo
Napoleone in Brasile: tempo del codice e utopia
Paolo Cappellini

Codificazione ottocentesca e paradigmi contrattuali: il problema del lavoro
Giovanni Cazzetta

Sujeito e Código na Espanha do Século XIX: a “microscópica” lei de dissenso de 1862 e as dimensões do poder paterno
Jesús Vallejo

O escravo como não sujeito no direito brasileiro do séc. XIX
Miguel Reale Jr.

Processo civil brasileiro e codificação
Carlos Alberto Alvaro de Oliveira

Contratos e direitos: arrendamentos e formas variadas de relações de propriedade
Guinter Tlaija Leipnitz

O direito no Brasil colonial: sesmarias e a propriedade da terra
Gilberto Gornati

Política e Direito: aspectos históricos da relação entre deputados e juristas nas discussões do Código Civil de 1916
Fagner dos Santos

A vocação hereditária dos filhos do ius commune ao Código Civil brasileiro de 1916
Maren Guimarães Taborda

O cônjuge como herdeiro necessário: uma interpretação axiológica e sistemática de normas cogentes no direito de família e no direito das sucessões 
Karime Costalunga

Critérios de integração e interpretação dos contratos atípicos: o art. 425 do cc/2002 e o método tipológico
Giovana Cunha Comiran

2. Experiência e Memória: as atividades dos Memoriais no Rio Grande do Sul

Os Memoriais do Judiciário: contexto de surgimento e desafios
Benito Bisso Schmidt

Resumos da Oficina “Fontes para a História da Cultura Jurídica no Rio Grande do Sul”

Hans Mundaca Asmussen.
En este trabajo se entrega una visión panorámica, y pretendidamente actualizada, respecto de la analogía, en cuanto es un instrumento útil para el jurista en su trabajo con el Derecho vigente (en el proceso estático-dinámico que se presenta en él). Así el estudio se enfoca desde la noción de plenitud del ordenamiento jurídico, para luego analizar la estructura de la figura, su aplicación y limitaciones, para concluir con la distinción de esta con otras figuras que se estiman similares y que pueden generar confusión al momento de utilizarse.

En este trabajo se hace un recorrido y una explicación del drama judicial que tiene como hilo conductor la doctrina Parot y como trama el terrorismo de ETA, intentando profundizar sobre los errores y responsabilidades así como sobre su significado y sus consecuencias, procurando tener en todo momento, como punto de referencia, el derecho fundamental a la legalidad penal consagrado en el artículo 25 de la Constitución Española

Resumen: La obra de Eduardo García de Enterría otorgó espe-cial atención al control de la Administración en defensa de los derechos de los ciudadanos. Este aporte ha influido enormemente en el Derecho Administrativo en Iberoamérica, como lo pone en evidencia la Carta Iberoamericana de los derechos del ciudadano frente a la Administración.

Se analiza la regulación del denominado "procedimiento" de verificación tributaria en el Código Orgánico Tributario de 2001 -así como en el Código de 1982 y sus reformas-, sus incongruencias a partir de la noción de procedimiento administrativo y su inconstitucionalidad por violación del debido proceso.

Tras un repaso de los fallos nacionales en relación con la «doctrina Parot», el presente trabajo pretende analizar los cambios para el ordenamiento nacional y para la propia jurisprudencia del TEDH que se pueden derivar de la STEDH as. Del Río Prada c. España, de 21 de octubre de 2013. Estos son fundamentalmente dos. Uno con menos trascendencia de la que se le ha dado, en relación con la consideración como pena de una medida nacional, a efectos de vincularla o no a los requerimientos del artículo 7 CEDH. Otra, mucho más importante, en relación con la prohibición de retroactividad de los cambios jurisprudenciales.

Consideramos que la Dogmática Jurídica no sólo cubre la descripción del ordenamiento vigente y el análisis sistemático y conceptual, sino también la elaboración o creación de propuestas basadas en un Derecho justo. Por eso el objeto del conocimiento de la Ciencia del Derecho Penal no puede ser solo el derecho positivo, sino el derecho penal, entendido como una normativización racional que busca un orden de justicia. Partiendo de esta concepción , analizamos dos perspectivas que en nuestro concepto parten de la dogmática jurídica penal referida a lo que hemos denominado dogma dúctil partiendo de que el sistema jurídico que lo contiene se abre a ese mundo contingente: en primer lugar la discusión del principio de legalidad en el marco de Derecho Penal Internacional, para argumentar el castigo de delitos internacionales a la luz de este último y en segundo lugar, la reivindicación del derecho penal como parte del sistema normativo general en el que la norma penal debe interpretarse dentro del marco penal sin ignorar otras ramas del derecho.

El objeto de este estudio es analizar críticamente el encaje constitucional de las numerosas medidas restrictivas de la libertad -el derecho a la libre circulación y de reunión, fundamentalmente- que se han aprobado en el contexto de la lucha contra el COVID 19. No se discute que, en la mayor parte de los casos, son medidas necesarias, pero sí el modo y la forma en que se han adoptado. La principal objeción jurídica al modo en que se ha llevado a cabo la lucha contra la pandemia es que se ha vulnerado la reserva de ley y con ello se ha lesionado también el principio de seguridad jurídica. El estudio sigue el siguiente esquema: en primer lugar se exponen el significado y alcance constitucionales de la reserva de ley según la doctrina y la jurisprudencia consolidada de nuestro Tribunal Constitucional; en segundo lugar, se examina si el Derecho de la normalidad (concretamente la LO 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública) satisface o no las exigencias de esa reserva a los efectos de establecer limitaciones de derechos fundamentales con carácter general; en tercer lugar se examina si dentro del Derecho de crisis o de excepción, las diferentes medidas adoptadas tienen cobertura adecuada en el estado de alarma o algunas de ellas hubieran requerido activar el estado de excepción; finalmente, se expone críticamente la vulneración de la reserva de ley que ha supuesto la delegación de la competencia para adoptar medidas restrictivas de derechos en miembros del Gobierno o en presidentes de Comunidades Autónomas.
PALABRAS CLAVE: Estado de Derecho. Reserva de ley. Seguridad jurídica. Límites de los derechos fundamentales. Derecho de crisis. Estado de alarma y excepción.

El reconocimiento de principios tales como la intervención mínima, la legalidad y la culpabilidad en las constituciones modernas como límites al ejercicio del Derecho Penal constituyen una garantía innegable para el respecto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Su abordaje en el nuevo texto constitucional cubano como reflejo de la madurez y compromiso del legislador en consonancia con el perfeccionamiento que amerita la legislación penal constituyen el centro del presente trabajo.

[ES] El objetivo del presente trabajo es examinar los principios rectores del derecho penal tributario en un Estado Social de Derecho. Para tal fin, se seguirá el siguiente procedimiento: Por un lado, analizaremos los principios generales que regulan el derecho tributario como un todo (según el paradigma de la continuidad jurídico tributaria de Ludgens); y, por otro lado, se hará una necesaria referencia a los principios y a las categorías dogmáticas del derecho penal común (acogiendo la tesis penalista, defendida por autores del calibre de Moccia, Paliero, Villegas, Cahn Speyer). Finalmente, después de habernos detenido en los conceptos de la ley general del derecho penal tributario y haber individualizado una red de principios comunes a la mialayor parte de los Estados modernos, se esgrimirán una serie de recomendaciones de iure condendo para lograr un sistema penal tributario que sea justo, moderado, sostenible, no confiscatorio, es decir, un sistema que tutele las garantías inviolables en un Estado Social de Derecho.

[ENG] The aim of this paper is to examine the guiding principles of the tax criminal law in a social state of law. To this end, the following procedure shall be followed: On the one hand, analyze the general principles governing tax law as a whole (as the paradigm of the tax legal continuity of Ludgens); and on the other hand, there will be a necessary reference to the principles and dogmatic categories of common criminal law (accepting the criminal thesis, defended by authors of the caliber of Moccia, Paliero, Villegas, Cahn Speyer). Finally, after we stopped on the concepts of the general law of criminal tax law and have individualized a network common principles to most modern states, we shall stipulate a series of recommendations iure condendo for a criminal tax system that be fair, moderate, sustainable, not confiscatory, in other words, a system that will safeguard the guarantees inviolable in a Social State of Law.

A partir de uma decisão na área de Defesa Civil, o artigo estuda o processo de tomada de decisão na perspectiva do princípio da legalidade. Nesse caminho, discute democracia, legalidade e os desafios que envolvem o administrador publico quando precisa aplicar o direito em casos concretos, nos quais muitas incertezas pairam sobre o decisor.

"El Principio de Legalidad en el Derecho Penal Peruano" (con algunas anotaciones al Proyecto de código Penal Peruano). Existen ciertas garantías e instituciones creadas constitucionalmente en favor del individuo que limita todo el ámbito en que se desenvuelve el Derecho Penal. José Hurtado Pozo dice al respecto: "El ejercicio por parte del Estado de su poder punitivo comporta graves atentados en la esfera personal de los individuos. Es evidente que el Estado cuya misión primor· dial es asegurar la paz, la prosperidad y la seguridad, debe recurrir al "Jus Puniendi". Sin embargo es inaceptable sacrificar los derechos del hombre en aras de la consecución de tales fines" (1). El Derecho Penal define qué acciones son calificadas como infracciones y señala las penas que deben imponerse a sus autores. Diversos tratadistas del Derecho Penal indican que esta rama del Derecho tiene como funciones primordiales; la determinación de los actos de las personas calificadas como infracciones y las penas que dichos actos acarrean. Además es importante señalar que el Derecho Penal tiene como única fuente a la Ley. Luis Jiménez de Asúa dice: "La única fuente productora del Derecho Penal es la Ley. Tomada ésta en su sentido formal y más solemne, es la manifestación de la voluntad colectiva expresada mediante los órganos constitucionales, en la que se definen los delitos y se establecen las sanciones" (2). Entonces, podemos afirmar que la ley para el Derecho Penal es fuente y medida del poder sancionador del Estado. Hurtado Pozo agrega que "el Principio de legali-dad tiende igualmente a establecer exigencias en relación a la manera como el legislador redacta las disposiciones legales. Al respecto, muchos autores dicen con justeza: "Nullum crimen nulla poena sine lege certa" (3). Esto tiene en nuestro Derecho Penal confirmación ya que es necesario que la calificación de un hecho susceptible de sanción debe ser formulada de manera expresa e inequívoca. Pero cabe preguntar: ¿ésta noción de certeza en el Derecho Penal es absoluta? "Al pretender exigir una total claridad y certeza de la ley, el legislador no tu-vo presente, en primer lugar, que el lenguaje no es un instrumento exacto que permite reproducir con fide-lidad la realidad de lo que se habla, en segundo lugar, no tuvo en cuenta la peculiar naturaleza de las normas jurídicas que no son sino fórmulas generales, elabora-das a través de un complicado proceso de abstrac-ción y concreción. Como las palabras, éstas normas son "caracterizaciones, que si bien permiten recono-cer con facilidad lo~ casos concretos típicos están circundadas por una considerable zona de penumbra 42 José Carlos Bocanegra Alumno del 4to. ciclo, F. de Derecho-PUCP. en la que tendrán cabida los casos dudosos" (4). Es entonces, que la realidad misma impone al Principio de legalidad cierta relatividad en cuanto a su aplicación. La facultad de imponer una sanción por parte del Estado surge de ésta única fuente del Derecho Penal, y la acción de reprimir los actos calificados como delitos con la pena impuesta en su texto también tiene el mismo origen: La Ley. Ahora bien, el Derecho Penal ha materializado el rol fundamental de las garantías en el llamado "principio de legalidad", cuya expresión latina "Nullum crimen nulla poena sine lege" fue formulada por primera vez, por el jurista alemán Feuerbach. Luis A. Bramont Arias contribuye a esclarecer el concepto del principio: "La sumisión del Derecho Penal a la Ley, como única fuente creadora de delitos y penas se conoce generalmente con el nombre de "principio de legalidad". Consiste en no admitir otras infracciones penales ni otras sanciones de tal carácter que las previamente previstas por la ley" (5), de este modo únicamente a la ley se puede acudir cuando se quiere sancionar un hecho que se estima susceptible de sanción penal. La Asamblea de las Naciones Unidas, reunida el 1 O de Diciembre de 1948, aprobó el texto de la De-Declaración Universal de los Derechos Humanos en el cual adopta el referido principio en su art. 11 al declarar: "Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho Nacional o Internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de comisión del delito". EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL DERECHO PENAL PERUANO

El presente comentario tiene por propósito exponer los contradictorios argumentos expuestos por la CSJN en el caso “Batalla”, para así revertir el decisorio del caso “Muiña”. En el intento, se evidenciarán las incoherencias planteadas por el voto mayoritario, en detrimento flagrante de las garantías penales de legalidad y de prohibición de irretroactividad de la ley penal más gravosa, cediendo así a la presión pública e ignorando el articulado legal, constitucional y convencional aplicable al caso.

Busca-se, neste artigo, identificar as raízes do legalismo como racionalidade do Direito no Estado moderno e do primado da lei como princípio do constitucionalismo liberal oitocentista, permitindo-se com isso refletir sobre o descompasso entre a utilização, nos dias atuais, de uma categoria jurídica historicamente construída, sem o imprescindível repensar dos seus fundamentos, consequências e condicionantes.

El presente escrito, complementario de los anteriores de esta misma publicación académica, constituye una mirada sobre el recurso de casación a través de la historia legal hasta su conversión en auténtica modalidad de acción constitucional como pieza procesal defensora de los derechos fundamentales de los sujetos procesales al interior del trámite penal en clara señal de reconocimiento a la dignidad humana, contemplada en el artículo 1 de la Carta como fundamento del Estado Social de derecho.
De esta forma el lector testimoniará el punto de encuentro entre la vieja dogmática jurídico penal y el nuevo concepto del derecho frente a la necesidad de un derecho, no apenas sancionador sinoclaramente garantista, en un mundo donde la imagen de la justicia no solo deriva de la aplicación de las normas, sino también y por excelencia, de los valores y principios que, otrora fuera de las posibilidades en la administración de justicia, ahora son innegociables, impostergables e ineludibles en el ejercicio de esa función pública.
Situación que compromete deontológicamente a la totalidad de los sujetos imbuidos en los trances de la justicia penal, de tal forma que la
pedagogía pasa de ser una ilusión a una realidad por necesidad.

El BGH revocó una sentencia en la que se había absuelto portráfico de estupefacientes a una persona que comercializabacon hongos alucinógenos. Aunque el Anexo de la  BtMG menciona a las  “plantas” perono a los “hongos”, el Tribunal consideró, atendiendo al uso ordinario de los términos,  que los hongos deben asimilarse a las “plantas”. En su interpretación, el BGH contrapone el  lenguaje ordinario con el lenguaje técnico y da preferencia al primero, obviando, por lo tanto, que  según la biología los hongosy las plantas pertenecen a reinos distintos.Frente a ello, las teorías de la  referencia directa defienden que, en ocasiones, es precisamente el uso ordinario el que nos remite a los desarrollos teóricos de los expertos.

En la presente investigación se llevará a cabo un estudio del Principio de Legalidad en el Estado Social de Derecho, en el cual se realiza una crítica a la formulación clásica del mismo y se plantea un nuevo entendimiento de acuerdo a las exigencias que se desprenden desde la cláusula social y que en concreto afectan a la nueva Administración Pública Prestadora. Se plantea asimismo un entendimiento del principio de legalidad sobre la base del Estado de Derecho, pero que responde al nuevo papel que cumple la Administración Pública Prestadora. Se inicia con una aproximación clásica del mismo, una crítica y finalmente un acercamiento actual del mismo.

El período septiembre 2005-julio 2006 al que se contrae nuestra Crónica no puede decirse que haya sido especialmente significativo en cuanto a la trascendencia, originalidad o relevancia para la doctrina constitucional de las resoluciones dictadas por el Tribunal. Se han dictado muchas Sentencias –más que en el mismo período de años anteriores- pero la mayor parte de ellas se han limitado a aplicar una doctrina ya consolidada, sin aportar grandes novedades a la misma. No obstante, del conjunto de resoluciones analizadas existen algunas que han llamado nuestra atención, por uno u otro motivo, destinándose las siguientes líneas a destacar las razones de su singularidad y a aportar, en su caso, algún apunte más valorativo que el de su mera mención en la Crónica. 
[…]
Con motivo de la aplicación del derecho a la vida y a la integridad física y moral y del derecho a no padecer tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE) se ha reiterado la jurisprudencia sobre baremos  legales para valorar las lesiones sufridas en accidentes de tráfico (SSTC 230/2005  y 231/2005, de 26 de septiembre y 5/2006, de 16 de enero), se ha dicho que la denegación administrativa de la prórroga de baja por incapacidad laboral temporal puede vulnerar, en determinadas circunstancias, el art. 15 CE (STC 220/2005, de 12 de septiembre) y se ha realizado una precisión por parte del Pleno acerca de la invocación tempestiva del derecho (STC 132/2006, de 27 de abril) […].
Numerosas Sentencias del periodo de tiempo contemplado se refirieron al derecho a la libertad personal (art. 17 CE). La mayoría de estas Sentencias fue relativa a decisiones judiciales referentes a solicitudes de habeas corpus por parte de extranjeros. Ha de tenerse presente que es en el ámbito de la inmigración o de la extranjería, en sentido amplio, en el que se generan un número creciente de recursos de amparo. Si en el primer semestre de 2005 se interpusieron en esta materia 798 recursos de amparo sobre un total de 4778, en el primer semestre de 2006, han sido 2600 sobre un total de 6761. De modo que en ese periodo el número total de recursos de amparo aumentó en 1983, y el de los recursos de amparo relacionados con la extranjería en 1902, de donde se colige que el crecimiento del número de recursos de amparo, singularmente acentuado este año, se debe sobre todo al incremento de los recursos en el ámbito de la extranjería.
En ello probablemente ha influido la propia jurisprudencia del Tribunal, que como se recordará, en la STC 95/2003, de 22 de mayo, declaró inconstitucional el inciso de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, que suponía la exclusión de tal derecho a los extranjeros que se encontrasen en España de forma ilegal. Ahora uno de los problemas que parece existir es que los abogados de oficio presentan recursos de amparo en nombre de personas con las que ya no tienen contacto.
[…]
En 9 Sentencias se han planteado asuntos relacionados con euroórdenes, pero sólo en 5 de ellos se denunciaba vulneración de la libertad personal (art. 17 CE), y tan solo en uno consideró el Tribunal que se había vulnerado tal derecho fundamental.
[…]
El derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE)  ha dado lugar a varias Sentencias referentes a la motivación que es exigible al Auto judicial que autoriza o prorroga una intervención telefónica.
[…]
El derecho de reunión y manifestación (art. 21 CE) ha sido tratado en cuatro ocasiones, de manera favorable a este derecho fundamental. La STC 284/2005, de 7 de noviembre, (partido político Los Verdes Comunidad de Madrid c. resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid) anuló la decisión de la Autoridad gubernativa que prohibió una manifestación  fundándose en su reiteración; la STC 90/2006, de 27 de marzo, (Federación de Enseñanza de CCOO y Federación de Trabajadores de la  Enseñanza de UGT c. resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid), recordando doctrina anterior, nos dice que la fluidez del tráfico rodado en vías principales de Madrid no tiene mayor relevancia constitucional que el ejercicio del derecho de reunión; la STC 110/2006, de 3 de abril, (participante en manifestación convocada por la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT c. sanción del Delegado del Gobierno en Extremadura) anula una sanción impuesta por ocupar una calle cortando el tráfico en ejercicio del derecho de manifestación; la STC 163/2006, de 22 de mayo, (USO c. resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid) anuló la prohibición parcial de una manifestación (limitándola a una concentración estática) por insuficiente motivación y falta de proporcionalidad de la resolución.
Por lo que hace referencia al derecho de asociación, las Sentencias más destacadas relativas al mismo han sido las SSTC 131, 133, 134 y 135/2006, todas ellas de 27 de abril y de Pleno, pero no son relativas a recursos de amparo y tratan fundamentalmente aspectos competenciales, por lo que nos limitamos a mencionarlas, remitiendo a la parte correspondiente de la crónica.
Con motivo del derecho de participación política (art. 23 CE) se ha dictado la resolución acaso más trascendental de cuantas hemos de reseñar, desde el punto de vista de la relevancia política: el ATC 85/2006, de 15 de marzo, que inadmitió del recurso de amparo interpuesto por el grupo parlamentario popular del Congreso de los Diputados contra el Acuerdo de la Mesa de la Cámara por el que se acuerda tramitar la propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía presentada por el Parlamento de esta Comunidad Autónoma como tal. En efecto, el mencionado Auto inadmitió por carecer manifiestamente de contenido que justificase una resolución sobre el fondo por parte del Tribunal el recurso de amparo interpuesto por el grupo parlamentario popular del Congreso de los Diputados contra el Acuerdo de la Mesa de la Cámara por el que, en ejercicio de las facultades que le confiere el art. 31.1.4 y 5 del Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD), se calificó la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña presentada por el Parlamento de esta Comunidad Autónoma como propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía, se admitió a trámite, se dio traslado de la misma al Gobierno, se publicó en el “Boletín Oficial de las Cortes Generales” y, en fin, se decidió seguir para su tramitación el procedimiento establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 16 de marzo de 1993, sobre procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma de los Estatutos de Autonomía (apartado II).
[…]
El Auto fue muy controvertido, e iba acompañado de cinco Voto particulares. Todos ellos consideraban que habría procedido acordar la admisión de la demanda de amparo a efectos de su tramitación y resolución final por Sentencia, con independencia del contenido de esta última.
En el ámbito de derecho a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE) se han dictado varias Sentencias. Destacaré que la STC 218/2005, de 12 de septiembre, relativa a una sanción administrativa, que insiste en la doctrina consolidada según la cual el principio de tipicidad impone a la Administración la obligación de indicar de manera suficiente y correcta en cada concreto acto administrativo sancionador la norma específica en la que se ha llevado a cabo la predeterminación del ilícito en el que subsumen los hechos imputados al infractor, pudiendo el órgano judicial controlar posteriormente la corrección del concreto ejercicio de la potestad sancionadora efectuado por la Administración, pero no llevar a cabo por si mismo la subsunción de los hecho imputados a una persona bajo preceptos legales seleccionados por él ex novo […].
La STC 129/2006, de 24 de abril, resulta interesante no ya sólo en el ámbito de la regulación de la disciplina parlamentaria, sino incluso en el de las fuentes. Se afirma en ella que si bien en lo que atañe al ejercicio de la potestad disciplinaria sobre sus miembros los Parlamentos vienen obligados por la garantía de la predeterminación de la infracciones y sanciones, la determinación de aquellos extremos es tarea que no tiene que verificarse exclusivamente en la abstracción de los preceptos reglamentarios, sino que al efecto de la satisfacción de dicha garantía, se ha de estar a la norma reglamentaria y a la práctica reglamentaria, esto es, a la normatividad decantada a partir de los usos, precedentes y costumbres acreditados en cada Asamblea. En cada caso concreto, se considera que la sanción impuesta no puede ser ni objetivamente imprevisible para casos iguales ni subjetivamente imprevisible, por lo que cobra especial relevancia el examen de la proporcionalidad de la misma. Con base en ello, se concluye que ninguna lesión del derecho a la legalidad sancionadora puede apreciarse en el caso juzgado, pues no puede considerarse imprevisible para un parlamentario que la conducta de pulsar el botón de presencia de otro parlamentario es una conducta sancionable por infringir los deberes del recto ejercicio del cargo de parlamentario, de modo que la conducta ha encontrado cobertura razonable en el art. 89.4 del Reglamento del Parlamento Vasco en relación con el art. 11 del mismo y el art. 79.3 CE.

espanolPartiendo de la constatacion de que en el derecho internacional no existen leyes, en un sentido similar al derecho interno, y que por tanto en ese ambito no puede regir un principio de legalidad con el mismo significado y contenido (nullum crimen sine lege), el presente trabajo pretende dar cuenta de cual ha sido la comprension de este principio en el ambito internacional, donde ha sido mas bien definido como un principio de juridicidad (nullum crimen sine iure), que sin embargo de todas formas aspira a cumplir con el estandar internacional en cuanto derecho humano y principio basico de justicia, incluso de la justicia penal internacional. EnglishBased on the finding that international law has no Acts, in the similar sense as domestic law has, and therefore, in this area cannot apply the principle of legality with the same meaning and content (nullum crimen sine lege), this paper seeks to explain what has been the understanding of this principle in the international arena, wh...

La non reformatio in peius es un principio constitucional y una garantía procesal que limita la capacidad decisoria del juez superior, prohibiendo agravar la situación del procesado que ha apelado la sentencia o parte de ella como apelante único. La excepción a la aplicación de dicho principio se halla en las decisiones que por ley deben ser sometidas a consulta. En torno a dicho principio se ha consolidado amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia, las cuales han definido su alcance y aplicación contrastando el citado principio con el de legalidad, el debido proceso y el derecho de defensa.

En el presente texto el autor analiza la sentencia 278-2014 del Tribunal Superior Administrativo de la República Dominicana, la cual ordena a la Dirección General de Aduanas abstenerse de cobrar impuestos a las importaciones con un valor inferior a USD 200.00. Son repasados los conceptos de “principio de legalidad” y de “reserva de ley”, los cuales son extendidos por la antedicha sentencia de un modo susceptible de instaurar un nuevo paradigma de interpretación legal en el derecho tributario.

RESUMEN En el presente trabajo se busca reflexionar sobre la desobediencia civil y la protesta social, desde la filosofía y sociología jurídica, de manera crítica. Se procede a revisar los principales hechos históricos vinculados con la protesta social y la desobediencia civil, hasta la revisión de la legitimidad y legalidad de la protesta social, cuestión que ha sido últimamente discutida por las protestas que se han dado a finales del 2019 y principios del 2020. ABSTRACT This paper seeks to reflect on civil disobedience and social protest from the perspective of legal philosophy and sociology from a critical perspective. The main historical events related to social protest and civil disobedience are reviewed until the legitimacy and legality of social protest is reviewed, an issue that has been lately discussed by the protests that took place in late 2019 and early 2020.