Presunción De Inocencia

El presente trabajo estudia la evolución y los cambios interpretativos en relación con el artículo 294 de la LOPJ, que regula una de las cuestiones más polémicas y controvertidas, la necesidad de indemnizar, por daños y perjuicios, a aquellos que hayan sufrido prisión provisional seguida de pronunciamiento absolutorio o de auto de sobreseimiento libre. El marco legal actual, tras la recepción por parte de la STC 85/2019 de la doctrina establecida en la STEDH de 16 de febrero de 2016, plantea un escenario ambivalente, en el que afloran muchas dudas e interrogantes y en el que, además, ninguna alternativa parece acabar de ser del todo satisfactoria.

En el derecho argentino, lamentablemente, los estándares de prueba objetivos –que no tiene porqué ser uno solo; y ni siquiera el mismo para todos los delitos– no se encuentran regulados. Ello dificulta saber cómo se distribuyen en nuestro ámbito los errores que son propios del proceso penal, y con los que necesariamente hemos de lidiar (intentando reducirlos al mínimo). Y al mismo tiempo, esa inexistencia dificulta el control intersubjetivo. Los únicos “avances” que se han dado en la materia, tiene que ver con la recepción de un estándar subjetivo (como lo es el más allá de toda duda razonable) y con todas las problemas que trae aparejada dicha subjetividad, y con tímidos pasos en pos de una mayor racionalidad en materia probatoria dada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El artículo pretende presentar estas dificultades en el marco de un camino hacia una aplicación más racional e igualitaria de las penas.

Este trabajo responde a un estudio descriptivo de revisión documental fundamentado en el derecho comparado y en los métodos exegético y análisis documental, que utilizados de forma interrelacionada permitieron el estudio de la institución de prisión preventiva como medida cautelar, así como su relación con el principio de presunción de inocencia; tiene por objetivo el análisis jurídico de la prisión preventiva como medida cautelar y su estrecha relación con el respeto del principio de presunción de inocencia. Entre los principales hallazgos se encuentra la existencia de contradicciones entre las normas que constan en el Derecho Penal, en vinculación con los Derechos del Debido Proceso, consagrados en la Constitución del Ecuador; así como también con los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, irrespetando el principio constitucional de presunción de inocencia por parte de fiscales y jueces de garantías penales. Se concluye que los jueces penales no aplican la medida cautelar de prisión preventiva de manera restrictiva como lo establecen los Códigos de Procedimiento Penal, lo hacen más bien de forma generalizada, atentando contra el principio de la libertad individual de las personas.

El trabajo analiza la tensión entre el derecho a la presunción de inocencia como regla de trato procesal y la prisión preventiva como medida cautelar. Se pone de manifiesto el grave problema de la falta de estándares de prueba respecto del grado de exigencia probatoria sobre la autoría del delito.

La presunción de inocencia, erigida como principio constitucional en el artículo 29 de la Carta Política, ha sido considerada por el Tribunal Constitucional como un derecho absoluto no sujeto a ponderación. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sentencia C-774 de 2001, entre otras, señala que la presunción de inocencia no admite excepción y permanece incólume durante toda la etapa de investigación y de juicio. Pese ello, la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario continúa teniendo plena validez y aplicación dentro del proceso penal, contrariando el postulado que la misma Corte desarrolla y referido apenas unos renglones atrás. En el presente artículo se evidenciarán las falacias en que incurre la guardiana de la Constitución al valorar la presunción de inocencia y el derecho a la libertad, y se propondrán dos situaciones en las cuales podría romperse dicha presunción e imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Estereotipos de género y la violación de la imparcialidad judicial: Nuevos estándares interamericanos. El caso Manuela vs. El Salvador.
Este texto trabaja los nuevos estándares de la Corte IDH que relacionan la obligación de no
estereotipar por razón de género, la garantía de imparcialidad judicial y el contexto. Estos
sostienen que la investigación en una causa penal y la motivación en la sentencia no deben
contener estereotipos discriminatorios de género; y, a su vez, se debe identificar, des-armar y
erradicar los estereotipos de género presentes en el expediente; de lo contrario se está violando
la garantía de imparcialidad, motivación, presunción de inocencia y de igualdad. Demostramos
que para esto se apoya, en especial, en lo que surge de la interacción con la Recomendación
General de la CEDAW Nro. 33 y el contexto del caso. Concluimos que estos estándares
interpelan (deben interpelar en forma inmediata) a todas las jurisdicciones de la región.
Estereotipos de género- Garantía de imparcialidad- Corte IDH- CEDAW- Caso Manuela.
Gender Stereotypes and the Violation of Judicial Impartiality: New Inter-American
Standards. The case of Manuela v. El Salvador.
This text addresses the new IACtHR standards that relate the obligation not to stereotype on the
basis of gender, the guarantee of judicial impartiality and the context. These standards hold that
the investigation in a criminal case and the motivation in the sentence must not contain
discriminatory gender stereotypes; and, in turn, must identify, dismantle and eradicate the
gender stereotypes present in the case file; otherwise the guarantee of impartiality, motivation,
presumption of innocence and equality is being violated. We demonstrate that this is supported
by the interaction with CEDAW General Recommendation No. 33and the context of the case.
We conclude that these standards challenge (should challenge inmediatly) all jurisdictions off
the region.
Gender stereotypes- Guarantee of impartiality- IACHR Court- CEDAW- Manuela case

Cómo hacer aparecer como culpable a quien ante la ley es inocente. Implicaciones deontológicas en la cobertura periodística del “caso Aitana”.

ENGLISH_Case analysis of the media coverage and its ethical implications regarding the "Aitana case" in Spain, where an innocent was framed as guilty by the media, who ignored the mandate of the presumption of innocence.

El trabajo se propone alcanzar tres objetivos. El primero es aclarar la disputada cuestión de la "naturaleza" (teórica o práctica) de las presunciones en el Derecho; el análisis que se realiza pretende separar adecuadamente las llamadas presunciones hominis (del hombre) de las presunciones establecidas por las "normas de presunción". El segundo objetivo es aclarar dos cuestiones vinculadas con las normas de presunción: una, el carácter constitutivo o regulativo de dichas normas; y, otra, si a ellas les es aplicable la distinción entre principios y reglas. El tercer objetivo es mostrar que las llamadas "presunciones iuris et de iure" no son, en realidad, presunciones; pues el razonamiento que se genera a partir de ellas no presenta ninguna de las propiedades características del “razonamiento presuntivo”.

Comentario al fallo "MPF s/investigación" de la CSJN (año 2017) donde la minoría decide que en el caso hubo una aplicación incorrecta de la duda en favor del imputado. Se recorre el camino transitado por los fallos de la Corte en busca del alcance del "in dubio por reo" y de las posibilidades que tiene la parte acusadora en el sistema argentino de lograr que en última instancia se examine la corrección de los veredictos absolutorios en base a la duda

Dista mucho de estar claro si, por qué y, sobre todo, bajo qué condiciones debería el Estado resarcir los daños causados por la prisión provisional cuando el proceso penal termina con la absolución de los perjudicados o con el sobreseimiento. Después de exponer cómo está regulado este problema en nuestro ordenamiento jurídico, de revisar algunas de las soluciones que se le han dado en el Derecho comparado y de repasar las opiniones doctrinales vertidas sobre el particular, este trabajo analiza los costes y los beneficios que para la colectividad se derivan de esta responsabilidad. El autor pone de relieve que indemnizar a los inocentes es socialmente ventajoso, por cuanto así se reduce el coste esperado de ser inocente y, por lo tanto, se incrementa la eficacia preventiva del sistema penal. Ahora bien, si se pretende maximizar esta eficacia, no habrá que compensar a todos los acusados que hayan sufrido prisión provisional seguida de absolución o sobreseimiento, sino sólo a aquellos cuya inocencia quede acreditada de acuerdo con un estándar de prueba más estricto que el utilizado para absolver en el proceso penal.
Western legal systems are far from having provided the same solution to the problem of whether acquitted pre-trial detainees should be compensated for the harm suffered as a result of detention on remand. After describing how this problem has been regulated under Spanish law and other legal systems, this paper analyzes the social costs and benefits derived from compensating acquitted pre-trial detainees, focusing on the case where detention was lawfully and diligently carried out by State agents, and not having been caused by negligence on the part of the detainee. The author shows that compensating actually innocent detainees deters crime insofar as it reduces the expected costs of abiding by the law. Nevertheless, in order to maximize this deterrence effect, the State should not compensate every acquitted defendant for the harm suffered as a consequence of having been held on remand, but only if the evidence indicating his guilt does not reach certain threshold lower than the amount of such incriminating evidence required to convict him.

The standard of proof plays an important role in the adjudication task, because only if the standard is exceeded we can say that a statement of fact has been proven. Only then, we can determine if the presumption of innocence is defeated. This intellectual operation must be expressed by the judge in the sentence. The consequence of this duty is that the standard of proof has the utility to prevent a judge´s subjective decision at the time of the adjudication. And so, prevent a conviction based only in an arbitrary decision. Therefore in criminal law, a standard of proof, in a constitutional level, is a mechanism of protection of the presumption of innocence. Yet, in our legal system, this standard doesn’t fulfill that task.

En nuestro ámbito nacional, se entendió que cuando el art. 18, CN, dispone categóricamente que ningún habitante de la Nación será penado sin juicio previo, establece el principio de que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme. Vemos así que el principio de inocencia, su extensión y sus consecuencias, se encuentra vinculado a dos conceptos distintos, el juicio previo, de un lado, y la firmeza de la sentencia, del otro. La Constitución histórica había establecido como condición de validez de una sentencia condenatoria la realización previa de un juicio público, oral, contradictorio, con inmediación y de instancia única. La aparición de la revisión de la sentencia de condena como garantía procesal (art. 75, inc. 22, CN, y arts. 8.2.h, CADH, y 14.5, PIDCyP) significó una modificación de la estructura del sistema de garantías. Con la aparición del derecho a la revisión judicial de la sentencia de condena, la Ley Fundamental amplía esas condiciones de validez; ahora es necesario que exista un procedimiento penal previo con una instancia de revisión de la condena dictada con posterioridad al debate. Por su parte, la firmeza del fallo condenatorio, entendida como punto que cierra la operatividad de toda consecuencia del principio jurídico de inocencia, brinda a la ejecución de la condena el sentido de negación del mentado principio. Mas el acaecimiento de esta condición de firmeza puede o no coincidir con la etapa donde se desarrolla la garantía del doble conforme. De allí que su presencia y la de sus efectos como garantía en el proceso penal debería tener un fundamento propio.

El presente artículo pretende hacer algunos cuestionamientos en torno a la implementación de la teoría de la carga dinámica de la prueba en la actuación penal, a partir de los elementos brindados por las Reglas de Mallorca y la teoría del garantismo penal, defendida por el profesor Luigi Ferrajoli en Italia, y en Argentina por el profesor Adolfo Alvarado Velloso, desde la perspectiva de una sistemática procesal penal, reconocedora de garantías universales como el debido proceso.

This essay wants to make some questionings around the application of the dynamic evidence charge in criminal process, starting from the point of view given by the Mallorca rules and the criminal guarantee theory, defended by Luigi Ferrajoli in Italy, and Adolfo Alvarado Velloso, in Argentina, from a criminal systematic judgment recognizer of universal rights, as the due process of law.

Este trabalho foi desenvolvido com objetivo de analisar, de forma crítica, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do habeas corpus 126.292/SP que modificou o entendimento da corte acerca do princípio da presunção de inocência. Após vasta pesquisa serão demonstrados os históricos do princípio da presunção da inocência no Direito brasileiro, da era colonial até a Constituição de 1988, além de um breve histórico do próprio princípio da presunção da inocência. Ademais, serão demonstrados os argumentos favoráveis e desfavoráveis à decisão da Suprema Corte Brasileira, a opinião dos mais diversos doutrinadores acerca do tema. Outrossim, foi realizado uma análise dos principais pontos, apontando erros e acertos de ambos os lados. Além desses argumentos favoráveis e serão analisados os motivos que levaram a essa mudança, por meio da pesquisa jurisprudencial, além de um debate acerca da constitucionalidade da decisão e a posição dos mais diversos doutrinadores acerca do tema. Por fim, serão expostos os principais julgados que deram origem à mudança e outras jurisprudências pertinentes à análise dessa situação, além da apresentação de possíveis soluções aos problemas apresentados durante a exposição do tema, além de dúvidas que surgiram durante a pesquisa e que não possuem respostas, deixando aberto o debate para aqueles que tiverem interesse.

Sumario: 1. Introducción. 2. La llamada presunción vulgar. 3. El concepto jurídico de presunción. 4. Clases de presunciones: las presunciones legales. 5. Las disposiciones supletorias. 6. Reglas sobre la carga de la prueba: las verdades interinas. 7. La presunción de validez de los actos administrativos. 1. INTRODUCCIÓN En el ámbito del Derecho Público es muy frecuente encontrar senten-cias y trabajos académicos en los que se utiliza el término "presunción" y "ficción" con muy poco rigor, atribuyendo esa calificación a reglas que tie-nen una naturaleza claramente distinta. En efecto, pese a que inicialmente todos coinciden en definir a la presunción como el instituto jurídico que permite considerar probado el hecho A por la prueba de otro hecho dis-tinto B, lo cierto es que los operadores jurídicos califican frecuentemente como presunciones a distintas normas que no reproducen ese esquema, hasta el punto que los principales investigadores de esta categoría norma-tiva han reconocido que en pocas instituciones jurídicas existe un mayor desacuerdo dogmático 1 .

Se analiza la regulación del denominado "procedimiento" de verificación tributaria en el Código Orgánico Tributario de 2001 -así como en el Código de 1982 y sus reformas-, sus incongruencias a partir de la noción de procedimiento administrativo y su inconstitucionalidad por violación del debido proceso.

En el derecho procesal penal, y más específicamente en el proceso penal, siempre está latente la posibilidad del error (falsos positivos: condena de inocentes/absoluciones de culpables). Reducir ese margen es un fin ineludible en el estado de derecho. Incrementar nuestras aptitudes y capacidades profesionales como operadores jurídicos en el manejo de una prueba trascendental es una manera de intentarlo.

la prisión provisional constituye
una paradoja del Estado democrático. Es radicalmente hostil al mismo en
la medida en que supone la privación de libertad de un inocente. Pero es
imprescindible para el mismo porque es un instrumento imprescindible
para la prevención de delitos. Esta paradoja tiene como única solución
de compromiso la de hacer de la prisión provisional un instrumento
decente. Y un instrumento decente supone que la prisión provisional sea
legal – esto es: prevista con detalle en la ley -, proporcionada – esto es:
imprescindible para la prevención mediata o inmediata de delitos – y
justa – sólo aplicable a un probable culpable -. Y ha de ser un instrumento
decente decentemente aplicado: por un juez imparcial y con plenas
garantías de defensa.

Cristián Malebrán Eyraud.
Junto a las normas sustantivas, el Derecho procesal penal juega un rol preponderante en el ejercicio del sistema de justicia criminal, es por ello que creemos debe constituir una preocupación y ocupación permanente de aquellos que participan en la puesta en movimiento de la maquinaria procesal penal, sea como operadores directos en audiencia o como aquellos que forman y son formados en las aulas, la observación y análisis crítico del funcionamiento del sistema antes indicado. Así entonces, el estudio de la situación del acusado que privado de su libertad, es luego declarado absuelto, consideramos es un tópico que resulta interesante de abordar, debido al precario resguardo que actualmente se le dedica. De manera que, sin aspirar a intentar solucionar el problema de fondo, que conlleva la existencia del instituto de la prisión preventiva en el actual ordenamiento jurídico, básicamente la problemática en torno a la cual girarán las ideas que aquí se intentará exponer, tienden a observar si dichas personas, en tales circunstancias, se encuentran o no efectivamente amparadas, en el resguardo de los derechos que durante el tiempo que estuvieron privados de libertad, fueron inobservados.

El artículo examina la aplicación del derecho a la presunción de inocencia, en tanto elemento del debido proceso penal, en los procedimientos administrativos sancionadores. Con dicho fin, por un lado, se expone la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional sobre el denominado «debido proceso administrativo» y se propone cuál debería ser su contenido mínimo en los procedimientos administrativos sancionadores. Por otro lado, se revisan los orígenes y principales significados de la presunción de inocencia (regla de trato, regla sobre la distribución de la carga de la prueba y regla sobre el estándar de prueba), los planteamientos de la doctrina nacional y la jurisprudencia constitucional sobre su aplicación en sede administrativa y las objeciones que pueden formularse a esta tesis. Se concluye que, a pesar de estas objeciones, los principales significados de la presunción de inocencia deberían ser aplicados «con matices» en los procedimientos administrativos sancionadores, esto es, manteniendo la esencia o núcleo de este derecho y alterando solo sus aspectos secundarios.

O trabalho aborda a credibilidade da prova testemunhal no processo penal, buscando compreender se há uma valoração adequada em face da sua confiabilidade, visto tratar-se de um meio de prova produzido com base exclusiva em lembranças. O objetivo é demonstrar que a memória humana possui fragilidades expressivas, tais como o esquecimento natural decorrente do tempo transcorrido; as falhas de foco; e as falsas memórias. Todos estes pontos de falibilidade prejudicam a formação da certeza irremediável do julgador, especialmente quando é baseada com exclusividade na prova testemunhal, o que traz o problema de pesquisa: a fragilidade da prova testemunhal, decorrente das falsas memórias, pode comprometer a dimensão de julgamento da presunção de inocência? Para responder, a pesquisa utiliza, como metodologia, uma abordagem teórica da doutrina e da psicologia forense (zetética); analisa casos concretos correlatos (estudo de caso) e avalia os impactos sociais que as repercussões da temática proporcionam (ciência social). Conclui-se que as vulnerabilidades da memória trazem uma natureza controversa a este instrumento, de forma que se faz necessário repensar sua abordagem processual, em prol de uma valoração consentânea à proteção dos direitos fundamentais do acusado.

The present study begins with the hypothesis that the creation of a notion of justice has been developed by the use of social networks through the constant transmission of large volumes of information interpreted by algorithms that adapt the way it is presented to us, originating in its recipients a greater or lesser interest, newsworthiness or impact, which culminates in the fixing of a certain ideology or opinion in consumers, creating profiles of both, victims and perpetrators that together, with the preservation of criminal records in data bases, tend to criminalization and the obstruction of the social reintegration from those who have served their sentences.
By virtue of this, the development of the work has focused on the critical analysis of the conservation of data related to criminal records, as well as the disclosure of information about a certain person which could be inaccurate or malicious or simply ends up being proven true after a final court ruling, but nevertheless, generates both opinion and social reaction in a search for justice, prior to a real conviction, which is directly attentive to the principle of innocence that every person should enjoy. Likewise, the fact that the aforesaid information continues to be kept on the internet even after the sentence has been served, necessarily leads to an evaluation of how the durability of the information on the internet directly impacts on the functions of criminal law after the generation of profiles that are criminalizing culminating in the obstruction of the right to social reintegration.
Concluding with the proposal of technical as well as legal resources that allow finding a balance between the right to be forgotten and the resocializing aim of the penalty in constant conflict with the right to access information, truth, history and freedom of speech.

La idea según la cual el Derecho procesal penal comparte un sustrato filosófico y político con el Derecho penal, en función de su eventual consecuencia, esto es, la sanción estatal más aflictiva de todas las que tiene a su alcance el Estado, nos guía en el presente trabajo en la indagación de las respuestas, siempre precarias y falibles, sobre asuntos complejos y delicados: ¿Cuál es el valor principal siempre irrenunciable en el proceso penal? ¿Por qué resulta importante la obtención de la verdad en este ámbito del Derecho? ¿En qué sentido el Estado se encuentra comprometido con la consecuencia del proceso penal? ¿Existe alguna actitud o conducta demandables a la persona sometida al proceso en torno a la consecución de su resultado?
Esta particular manera de abordar estos intrincados interrogantes, como se verá en el recorrido de estas páginas, refleja, por lo mencionado antes, una severa mirada sobre el rol del Estado en la cuestión penal, en particular, sobre el juicio de legitimidad y validez de sus actividades en relación con ella. Ello abarca, sobre todo, lo concerniente a la persecución y al juzgamiento de la conducta de una persona con el objeto de determinar su culpabilidad y eventualmente aplicarle una pena.
Como es sabido, el ámbito punitivo ha ganado en este tiempo un mayor alcance en la consideración de su capacidad para regular los problemas y conflictos sociales, en términos cuantitativos, es decir, en la sanción de nuevas conductas como delictivas, pero también lo ha hecho en términos cualitativos, esto es, en una mayor consideración de la efectividad del Derecho penal como herramienta política de disciplinamiento moral, social y cultural. Con ello quiero hacer notar que de un tiempo a esta parte se echa mano al sistema penal para dar solución a una mayor cantidad de problemas sociales pues, asumo, se considera que es el sistema más eficaz para ello. 
Más allá de nuestra opinión respecto de esta llamativa necesidad —sobre todo de los dirigentes políticos— de acudir constantemente al sistema punitivo del Estado, esta línea de acción parece irrefrenable y abarca a gran parte del arco político-partidario y a diferentes actores sociales de gran relevancia y ascendencia sobre distintos grupos de la población. Obviamente, el análisis de las razones de este fenómeno de reforzamiento del Derecho penal formal y de su principal mecanismo jurídico como parte de un supuesto mejor modelo regulador de la conducta de la sociedad escapa al objeto de este trabajo. Pero aquí cuando menos podemos conjeturar que tal fortalecimiento de la capacidad del Derecho penal en el imaginario de un gran sector de la clase política viene acompañado, por un lado, de una potente y arraigada idea acerca de la necesidad de ser, y mostrarse como, implacables en la aplicación de sanciones penales ante ciertas conductas criminales como modo de erradicar arraigados patrones de conducta socialmente nocivos, independientemente de la gravedad, medida en función de la pena legalmente conminada,  de las acciones típicas involucradas; y por el otro, de la consecuente internalización de esta necesidad por parte de los agentes judiciales encargados del ejercicio del poder penal formal y, lo que es más preocupante, de la proclamación como fin público primario de su actividad.
Este estado de cosas denota a primera vista una serie de problemas, como ser, primero, la omisión de una justificación clara y consistente de la idea según la cual la aplicación incondicionada e irrestricta de la sanción penal en algunos casos resulta no solo correcta sino además imprescindible para el logro de fines sociales, y segundo, la falta de una razonable y válida explicitación sobre cómo es posible armonizar ese autoproclamado fin público primario con los valores puestos en juego en el juzgamiento y aplicación de la pena.

La comprobación de condenas erróneas en los EEUU, como fenómeno jurídico, debido a sus implicancias sobre la legitimidad del sistema penal estadounidense lleva mi atención al análisis del funcionamiento de la instancia de apelación directa de la declaración de culpabilidad de las personas acusadas. Esta parte del sistema procesal penal, en teoría, es pensada en términos funcionales como un espacio de corrección de errores y de elaboración de pautas doctrinarias sobre, fundamentalmente, el alcance de los derechos de los acusados en el proceso penal .
De ahí que la existencia de personas inocentes condenadas que han soportado penas duras sin merecerlo pone en evidencia que los errores jurídicos y fácticos, sobre todo estos últimos, presentes en las declaraciones de culpabilidad en numerosos casos no han sido detectados adecuadamente en el segmento del procedimiento correspondiente a la apelación directa.
Ello, como dije, nos propone un punto de interés para someter a análisis al sistema de apelación directa en función de los casos de condenas erróneas, sus causas y sus consecuencias. En rigor, aquí intentaré averiguar cuáles son las características estructurales de la instancia de apelación directa en el sistema de los EEUU que, a modo de explicación, nos permiten comprender las razones de su defectuosa labor como ámbito de corrección de las condenas erróneas.
Diversos puntos serán tenidos en cuenta para la argumentación que pretendo realizar en este trabajo. En primer lugar, procuraré precisar que la apelación directa como espacio de control de los errores y desaciertos de la decisión que aplica una pena estatal, previa determinación de la culpabilidad del sujeto acusado, al no resultar un requerimiento de índole constitucional, adquiere rasgos propios de diversa índole que inciden en el desarrollo de esa actividad. Uno de ellos tiene que ver con las cargas axiológicas inherentes a la realización del procedimiento penal tendente a la concreción de mentada pena. Así, la presunción de inocencia como núcleo valorativo que determina la distribución de cargas y errores en el juicio penal pierde operatividad cuando se trata de la verificación de la condena.
En este contexto, intentaré argumentar que la pérdida de efecto en la instancia recursiva de los valores que acompañan al principio de inocencia, con el surgimiento de su efecto contrario, cual es, la presunción de culpabilidad del recurrente, cuenta con una explicación normativa y jurídica, relacionada con la inexistencia de un derecho constitucional a la revisión de la condena y las dificultades para examinar las cuestiones fácticas del juicio.
A la vez, procuraré dejar sentado que tal presunción de culpabilidad tiene una ilegítima proyección en la práctica jurisdiccional en el examen de aquellos aspectos que no deberían quedar al margen de las dificultades revisoras. Queda pues por analizar si esa presunción de culpabilidad se introduce subrepticiamente en el examen de las cuestiones jurídicas de la condena, generando un inválido impedimento para lograr la revocación de condenas violatorias de derechos procesales. 
Con esta línea  inicial de argumentación examinaré el fenómeno de las condenas erróneas para resaltar después aquellos aspectos que resultan relevantes para la actividad procesal propia de la instancia de apelación. Puntualmente, mi interés radicará en apreciar de qué manera influye en el tratamiento de los errores relacionados con los casos de condenas erróneas aquella presunción de culpabilidad propia de la instancia de apelación.

"Si no hay justicia, hay funa" parece ser el lema de todos quienes realizan denuncias a través de las redes sociales como Facebook, Twitter y otras plataformas en Internet. Sin embargo, esta funa 2.0 no se condice con aquella forma de protesta surgida en Chile a fines de los 90' similar al escrache rioplatense; no sólo por la relevancia política de las violaciones denunciadas, sino-y fundamentalmente-porque en esos casos no hubo justicia, lo que llevó incluso al Poder Judicial a reconocer sus "omisiones" durante la dictadura. En el caso de la tendencia actual a denunciar a las personas por medio de Internet, en cambio, el ciudadano desprecia a priori la labor de los tribunales de justicia, situación del todo preocupante en una sociedad democrática pues la funa, desde una perspectiva jurídica, es una forma de autotutela y como es sabido la autotutela-hacer justicia por sí mismo-está prohibida. Paradójicamente, nuestros tribunales en varios fallos han tolerado estas conductas. La misma 1 Abogado y Doctor en Derecho. Columna publicada el 5 de mayo de 2014 en el sitio ElQuintopoder.cl, disponible online en <https://www.elquintopoder.cl/tecnologia/la-funa-2-0/>

Este trabajo plantea incorporar en la legislación e institucionalidad ecuatoriana la  extinción de dominio de bienes de procedencia o destinación ilícita como una herramienta que contribuye a debilitar el poderío de los grupos de delincuencia organizada, a la vez que desincentiva la acumulación de riquezas a través de la comisión de delitos. Para ello se realiza un desarrollo teórico - conceptual de la figura presentada, así como se analizan las posibles tensiones con la presunción de inocencia garantizada en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. La primera parte de este estudio aporta datos oficiales sobre el tráfico internacional de drogas y otros delitos conexos que develan la –gran– cantidad de droga que transita por el Ecuador, así como el incremento de muertes violentas en Esmeraldas y Sucumbíos, provincias fronterizas con el sur de Colombia –en donde se concentra el 52% de los cultivos de hoja de coca de Colombia–. Además se incorporan datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) y la Drug Enforcement Administration (DEA) que revelan la presencia de grupos de delincuencia organizada que operan en Ecuador dedicados a la fabricación, acopio y distribución de drogas, sobre todo de clorhidrato de cocaína. La segunda parte de este trabajo, cuyo método de elaboración es descriptivo y comparativo, razona sobre la afectación de activos ilícitos que propone la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000), así como la experiencia colombiana sobre la materia. Lo que ha permitido elaborar una estructura normativa sobre extinción de dominio, compatible con el ordenamiento jurídico ecuatoriano, cuyo objetivo es llegar a esos espacios aún inexplorados por la justicia penal ecuatoriana–afectar contundentemente el patrimonio criminal–. Se debe indicar que no se contempla endurecer penas o incrementar  tipologías penales, pues la extinción de dominio es una figura de carácter patrimonial con consecuencias in rem.    Por último, se lanza un reto a quienes formulan política criminal en el Ecuador para desarrollar un régimen robusto de extinción de dominio de bienes; el cual deberá contar con una normativa propia, además de funcionarios judiciales y administrativos con dedicación exclusiva y especializada en rastrear, identificar, embargar y extinguir el patrimonio de los grupos de delincuencia organizada.

A partir de una conceptualización del razonamiento defensivo en los procesos judiciales, el trabajo analiza el rol de las defensas probatorias en el proceso penal. Dentro de este tipo de defensas, la alegación de la inocencia en el contexto de la acción de revisión revive la discusión teórica sobre los distintos estándares probatorios disponibles en el proceso penal. El estudio de la práctica de la Corte Suprema chilena sobre este punto, a su vez, revela
algunas contradicciones y problemas de sobrevaloración de la prueba científica aportada para probar la inocencia de una persona (erróneamente) condenada por sentencia firme. Este trabajo persigue mostrar la necesidad de contar con un estándar probatorio para la inocencia que sirva de coordenada para su prueba en la revisión en particular y en el proceso penal en general.

Propósito de este trabajo. Defender la libertad e integridad personal, quizás sea el propósito de este ensayo, o pretender bosquejar una necesaria conciencia procesal sobre la condena cautelar, ese es el fin. La sociedad ha concebido, el Estado de Derecho y el proceso penal como la vía idónea para solucionar conflictos, para evitar la violencia, garantizar la vigencia de los derechos y la cohesión social. La prisión preventiva ejecutada irracionalmente, sin conciencia ética y académica, inevitablemente se transforma en un arma poderosa para el control social bajo la excusa de proteger, así el poder punitivo se ejerce en protección de la sociedad de forma convenientemente selectiva. Es imperativo, devolver la importancia al juicio y a la sentencia definitiva, este ensayo invita a pensar de forma disruptiva sobre la irracionalidad de la prisión procesal, porque, cuando un ciudadano es privado de su libertad de forma arbitraria el poder punitivo del Estado pierde legitimidad y autoridad, como consecuencia de haber renunciado a su deber de superioridad ética. Introducción La importante incidencia cautelar de privación de libertad, no es un propósito del proceso penal, es una excepcional y extrema decisión, no es un micro juicio final, al contrario, es un procedimiento especial, subordinado a la existencia del proceso principal, tampoco es una homologación de mero trámite baladí de las detenciones policiales. La pretensión de prisión cautelar del Ministerio Público debe obligatoriamente vencer tres barreras la presunción de inocencia, el derecho de ser juzgado en libertad y la demostración de que es absolutamente necesaria su procedencia. Para evitar la arbitrariedad en el ejercicio del poder irracional sobre el ciudadano debe exigirse un nivel significativo de probabilidad de ocurrencia de los hechos directos, así como de los hechos base que justifican la pretensión de encarcelamiento. En este sentido, es ineludible que se demande un estándar de prueba que constituya el umbral de suficiencia para considerar probado un hecho. El carácter cautelar es provisional y subsidiario al procedimiento principal; no es una sentencia definitiva que modifica una situación jurídica, ni crea o extingue derechos, pero si los afecta y daña de forma casi irreversible; porque un solo día de prisión es irrecuperable,

En el presente trabajo intentaré poner de relieve las implicancias jurídicas que en el contexto de la revisión judicial de la condena tiene la medida cautelar de prisión preventiva a la luz del derecho constitucional del acusado al doble conforme. A tales efectos, argumentaré-con ideas basadas en las condiciones constitucionales de validez de la decisión condenatoria-que la aparición del derecho constitucional a la revisión de la condena, como una garantía procesal que amplía el concepto juicio previo, implica que en esta fase del proceso se privilegie la libertad de la persona condenada-cuya sentencia se encuentra sujeta a revisión-y, por lo tanto, que la posibilidad de encarcelamiento preventivo se considere bajo parámetros similares a los dispuestos en las etapas anteriores del proceso penal. Inicialmente, nuestro análisis tomará como eje las definiciones sobre las distintas garantías constitucionales en juego-v.gr., principio de inocencia, doble conforme, debido proceso, libertad-para, después de reconstruir un sentido armónico de todas ellas, proyectar su operatividad en el estadio procesal que nos interesa. Con esta premisa en mente, podemos apreciar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, la Corte Suprema o la Corte) desde muy temprano, en el caso "Tristán Brocate", de fecha 10 de julio de 1871, con-sideró que es "un principio de derecho que todo hombre se reputa bueno, mientras no se le prueba lo contrario". El Máximo Tribunal de la Nación, para dar precisión a esta idea, se refirió con posterioridad al principio de inculpabilidad del acusado. Por otro lado, la misma Corte Suprema tiene establecido que en materia criminal la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional exige la observancia de las formas sustanciales del juicio, relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales. Como vimos, desde la óptica constitucional se impone que toda persona deba ser tratada como inocente hasta tanto se demuestre su culpabilidad a través de la realización de un juicio previo, en el que tenga plena oportunidad de defenderse de una acusación, en igualdad de posiciones con respecto a los acusadores, aportando prueba y controlando la aportada por su contraparte (que no puede haber sido obtenida en forma ilegítima), todo ello ante un juzgador imparcial. De allí que pueda decirse que el principio de inocencia y el "juicio previo" conforman dos principios de garantía que se encuentran en una relación de mutua influencia. Por ello se hace referencia a la necesidad de pensar en un derecho a la presunción de inocencia desde su íntima vinculación con los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad abarcados en el concepto "juicio previo".

En el presente trabajo analizaremos las características lógicas de la presunción de inocencia y el in dubio pro reo en el juicio penal, desde el punto de vista de un sistema argumentativo de inferencias derrotables o retractables. El análisis constará de dos partes generales: en primer lugar, interpretaremos la presunción de inocencia según el lenguaje lógico usado en el sistema argumentativo, en nuestro caso el de un sistema evaluativo basado en el lenguaje de la lógica por defecto con prioridades; en segundo lugar, evaluaremos distintos escenarios discursivos que pueden tener lugar en el juicio, según los movimientos argumentativos de las partes, el fiscal y el defensor. Algunos puntos fundamentales que veremos son: el uso de reglas por defecto en los casos de presunciones, la decisión meta-discursiva del evaluador ante múltiples conjuntos de consecuencias o escenarios posibles y la necesidad de introducir un orden parcial de prioridad en la aplicación de las reglas por defecto. En la elaboración del trabajo hemos seguido la siguiente máxima: tanto lenguaje informal como sea posible, tanto lenguaje formal como sea necesario.

Resumo: O cinema é um dos elementos centrais da " cultura pop " na atualidade, com destaque para os filmes de super-heróis. Neste contexto o Marvel Studios lançou em 2016 o filme " Capitão América: Guerra Civil " , o qual traz como pano de fundo o seguinte questionamento: devem os super-heróis agirem livremente ou devem ser supervisionados por alguma agência governamental? O questionamento é relevante para o âmbito jurídico no que diz respeito à atuação verificada, em tempos recentes, pelas inúmeras instâncias dos tribunais brasileiros, atuação esta que, se desmedida, leva ao chamado " ativismo judicial " – de maneira que o magistrado acabe por se apresentar, em última instância, como um " super-herói " para a sociedade brasileira. Busca-se, neste artigo, mostrar que este ativismo judicial é perigoso, especialmente para sociedades tais quais a brasileira que acabam por aceitar o surgimento de " salvadores da pátria " , o que leva, em última instância, à fragilização da própria noção de Estado democrático de direito. O artigo se divide em três partes: na primeira apresenta-se, de maneira breve, a relação entre Direito e cinema com base no filme " Capitão América: Guerra Civil " ; na segunda o artigo traz, como estudo de caso, o habeas corpus 126.292, do Supremo Tribunal Federal, que relativizou o princípio da presunção da inocência; por fim, são feitos apontamentos sobre as consequências do ativismo judicial para a sociedade brasileira. O artigo se fundamenta no método indutivo e usa como técnica de pesquisa a bibliográfica, sendo fundamentado no próprio texto legal, bem como em jurisprudência e em doutrina brasileira e estrangeira.

Abstract: Movies are one of the central elements of today's popular culture, especially superhero films. In this context Marvel Studios released in 2016 the film " Captain America: Civil War " , which brings in its background the following question: should superheroes act freely or should they be supervised by a government agency? The question is relevant in the Brazilian legal context due to the alleged excessive action, in recent times, by numerous instances of Brazilian courts, leading to the so-called " judicial activism " – so that the magistrate will eventually present himself or herself, ultimately, as a " superhero " to the Brazilian society. It is aimed, in this article, to show that this judicial activism is dangerous, especially for societies such as the Brazilian one which end up accepting the emergence of so-called " saviors of the nation " , so that this leads, ultimately, to the weakening of the notion of democratic rule of law. To achieve this objective, the article is divided into three parts: the first presents briefly the relationship between law and movies based on the film " Captain America: Civil War " ; the second brings as a case study the habeas corpus 126,292 from Brazilian Supreme Court, which relativized the principle of presumption of innocence; finally, notes are made on the consequences of judicial activism for Brazilian society. The article is based on the inductive method and uses a bibliographic research technique, being based on legal texts as well as in jurisprudence and in Brazilian and foreign doctrine.

Diferentes Estados que han transitado del conflicto a la paz y de la dictadura a la democracia, han visto la necesidad de afrontar las tragedias humanas derivadas de estos contextos por medio de un conjunto de prácticas políticas y jurídicas propias de la justicia transicional. El auge de la conciencia humanitaria y la reciente evolución de los estándares internacionales y nacionales de DDHH han impuesto la necesidad de reivindicar los derechos de las víctimas de atrocidades cometidas en el régimen anterior a la transición. Esta contribución es resultado del proyecto Las fronteras de la memoria. Los derechos humanos como marco delimitador de la construcción de la memoria en Colombia, financiado mediante una ayuda a la investigación del Institut Catalá Internacional per la Pau. La investigación que dio origen a esta publicación se enfocó en el análisis de los límites que puede tener la memoria histórica de cara a las obligaciones que genera a la vez el  respeto a garantías judiciales tan valiosas hoy en día como la presunción de inocencia, especialmente frente a los hallazgos de posible participación de personas implicadas eventualmente como victimarios.

Os assuntos da presunção de inocência e a prisão após haver o duplo grau de jurisdição, medida considerada constitucional pelo STF desde 2016, traz acalorados debates entre juristas e até mesmo julgadores, como o Brasil todo assistiu no julgamento do HC 152.752. A Revista Vanguarda Jurídica ouviu alguns importantes juristas a respeito da polêmica que ocorre acerca da execução da sentença criminal. Algumas perguntas foram feitas e os entrevistados contribuíram com as suas opiniões.

The standard of proof plays an important role in the adjudication task, because only if the standard is exceeded we can say that a statement of fact has been proven. Only then, we can determine if the presumption of innocence is defeated. This intellectual operation must be expressed by the judge in the sentence. The consequence of this duty is that the standard of proof has the utility to prevent a judge´s subjective decision at the time of the adjudication. And so, prevent a conviction based only in an arbitrary decision. Therefore in criminal law, a standard of proof, in a constitutional level, is a mechanism of protection of the presumption of innocence. Yet, in our legal system, this standard doesn’t fulfill that task.

La doctrina de la denominada “condena alternativa” o “subsunción alternativa en la condena” (Wahlfeststellung), de origen alemán, viene siendo acogida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde hace una década. Esta doctrina trata de resolver aquellos casos en los que el tribunal concluye, más allá de toda duda razonable, que el acusado cometió un ilícito penal, pero se muestra incapaz de declarar cuál exactamente. En este trabajo se analiza su compatibilidad con la presunción de inocencia.

The standard of proof plays an important role in the adjudication task, because only if the standard is exceeded we can say that a statement of fact has been proven. Only then, we can determine if the presumption of innocence is defeated. This intellectual operation must be expressed by the judge in the sentence. The consequence of this duty is that the standard of proof has the utility to prevent a judge´s subjective decision at the time of the adjudication. And so, prevent a conviction based only in an arbitrary decision. Therefore in criminal law, a standard of proof, in a constitutional level, is a mechanism of protection of the presumption of innocence. Yet, in our legal system, this standard doesn’t fulfill that task.

En el marco de un Estado constitucional de derecho, la Constitución Polí- tica de Colombia consagra en su artículo 29, como derecho fundamental, el principio de inocencia, señalando que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Esa misma Constitución dispone, en el artículo 250, que al ciudadano procesado penalmente se le pueden imponer medidas preventivas para proteger la sociedad o la víctima, conservar la prueba u obligarlo a comparecer al proceso, llegando incluso a privar de la libertad a quien no ha sido penado. De esta manera, se privilegia el trámite penal o la mera posibilidad de atentar contra alguien o de fugarse frente al derecho inalienable del ciudadano de presumir que no ha cometido delito.

O artigo analisa o acórdão dos STF da APn 470/MG (Caso Mensalão), na questão relativa ao conceito de álibi. Depois, trata dos reflexos probatórios da garantia constitucional da presunção de inocência com premissa para analisar o ônus da prova do álibi.