Prueba Judicial

Uno de los temas recurrentes en el análisis de la prueba pericial, al menos en los sis-temas de tradición romano-germánica, es la parcialidad o imparcialidad de los ex-pertos, fundamentalmente considerada como un criterio para la atribución de valor probatorio. Por ello, vale la pena profundizar en este tema, distinguiendo en primer lugar diversos sentidos de " im/parcialidad " (y sus vínculos con otros conceptos ati-nentes), para luego concretar mecanismos jurídico-procesales que ayuden a identifi-car cuándo un perito está siendo parcial a lo largo de las diferentes etapas probatorias.

At least in civil law systems, when expert evidence is on issue the expert's impartiality (or partiality) is a recurrent topic, mainly as a criterion used for the assessment of this kind of evidence. For this reason, is worthwhile pay attention to this topic, primarily distinguishing different senses of im/partiality (and their relationship with other relevant concepts); and then take into account the judicial mechanisms whose functioning could contribute to identify a partial expert, from her appointment through her assessment.

El trabajo analiza la tensión entre el derecho a la presunción de inocencia como regla de trato procesal y la prisión preventiva como medida cautelar. Se pone de manifiesto el grave problema de la falta de estándares de prueba respecto del grado de exigencia probatoria sobre la autoría del delito.

Apuntes sobre los factores que entrega el legislador chileno para determinar los hechos que deben ser probados: substanciales, pertinentes y controvertidos.  Orden y nombre que consideramos debe darse a estos factores para un mejor entendimiento de los mismos, proponiendo: Hechos no admitidos (controvertidos), pertinentes y conducentes (substanciales).

La suerte de los procesos judiciales está atada, en mucho, a la constatación de los hechos. ¿Cómo tenerlos por probados? ¿Cómo convencer de que han sido probados?
Con una visión que se hace cargo de los fuertes límites de la posibilidad de conocer en el ámbito del proceso, esta obra asume que la práctica procesal requiere del auxilio de la argumentación en sus múltiples dimensiones: analítica, dialéctica y retórica.
La obra brinda herramientas para el abordaje de los distintos elementos de esa argumentación para la prueba: el emisor (partes, abogados, juzgador, peritos, mass media), el destinatario (partes, abogados, juzgador, comunidad jurídica, opinión pública, sociedad en general), el objeto (el recorte de los hechos, la relevancia jurídica, el interés, los hechos disponibles e indisponibles), la forma (formas procesales de la prueba, finalidades del proceso, sistemas procesales y dimensión epistémica del proceso), las razones y los límites.

En los últimos años diversos ordenamientos, resoluciones jurisprudenciales y la doctrina han venido consi-derando como criterio de admisión o de valoración de las pruebas periciales su " cientificidad ". Con inde-pendencia de cualquier problema procesal que esto pudiera generar, parece presuponerse una diferencia sustantiva entre una prueba pericial científica y una prueba pericial no-científica o incluso entre una prue-ba pericial y una prueba científica. Evidentemente, la pregunta inicial sería, pues, en qué consiste dicha cientificidad. Y este es precisamente el problema que este trabajo pretende abordar, arrojando, a su vez, un poco de luz sobre la " imagen jurídica " de la empresa científica. Entre otras cosas, a dichos efectos, se aborda la experiencia estadounidense en el tema básicamente mediante el paradigmático caso Daubert. Todos es-tos problemas fundamentalmente teóricos tienen o han tenido ya grandes implicaciones en la práctica de los tribunales de justicia.


During the last years several laws, precedents and legal scholars have been considering as a criteria for the assessment of expert evidence its scientific character. Regardless of any procedural problem that this situation could produce, it would seem to be assumed a substantive difference among scientific-expert evidence and non-scientific-expert evidence; or even among expert evidence and scientific evidence. Manifestly, the initial question would be what the scientific character is. This is the problem that this work is dealing with, trying to shed light on the " law picture " of scientific enterprise; among other issues, the paradigmatic Daubert decision is analyzed as an example of that picture. All those mainly theoretical problems have practical implications for the everyday life of Courts.

En muchos países latinoamericanos se ha establecido el tipo penal del “feminicidio”. Sin embargo, pese a usar la misma etiqueta, los hechos que se consideran jurídicamente relevantes parecen ser distintos en cada país. En términos generales, esos tipos penales pueden clasificarse en atención a la importancia que parecen atribuirle a la prueba de las motivaciones del hombre acusado de matar a una mujer por razones de género. En atención a todo lo anterior, los problemas probatorios que se enfrentan en la aplicación de este tipo penal en cada regulación son sumamente diversos. Este artículo analiza la interrelación entre el modo en que se formulan las normas penales sustantivas y los problemas probatorios que surgen en su aplicación.

Uno de los temas recurrentes en el análisis de la prueba pericial, al menos en los sistemas de tradición romano-germánica, es la parcialidad o imparcialidad de los expertos, fundamentalmente considerada como un criterio para la atribución de valor probatorio. Por ello, vale la pena profundizar en este tema, distinguiendo en primer lugar diversos sentidos de “im/parcialidad” (y sus vínculos con otros conceptos atinentes), para luego concretar mecanismos jurídico-procesales que ayuden a identificar cuándo un perito está siendo parcial a lo largo de las diferentes etapas probatorias.

En la primer parte de este trabajo se desarrollarán algunas características de la perspectiva racionalista en la valoración de la prueba en un proceso judicial, en particular: la distinción entre creencia y aceptación, y las consecuencias que los límites del razonamiento inductivo imponen a la pretensión de una conclusión que afirme la existencia de los hechos con certeza. Luego se explicará qué es un estándar de prueba (EdP) y qué función cumple, en especial en lo referente a la distribución del error entre las partes y a las razones que influyen en esa determinación. Se abordará, también, lo atinente al rol que cumple -o puede cumplir- la exigencia de una justificación racional de la decisión por la que se tiene por alcanzado cada EdP. 
En una segunda parte, se analizaran las decisiones de la Corte Penal Internacional (CPI) relativas a tres de los estándares de prueba previstos en el Estatuto de Roma (EdRo): el exigido para dictar una orden de arresto o comparecencia ante el tribunal (art. 58), el correspondiente a la confirmación de cargos (Art. 61) y el que debe satisfacerse para imponer una condena (Arts. 66 y 74). Se centrará la atención en: cómo se define en la jurisprudencia de la CPI cada uno de los EdP citados; qué se necesita para considerarlos satisfechos; cuáles son los propósitos políticos que influyen en la determinación del nivel de su exigencia; cuáles son los hechos a los que se aplican; y en qué forma repercuten las exigencias al momento de la valoración concreta de la prueba y en la justificación racional sobre su satisfacción.

Problemas probatorios perennes aborda, desde una perspectiva filosófica, cuestiones variadas concernientes a la prueba de enunciados fácticos en el marco del proceso penal. Algunos de los problemas abordados son de carácter más bien general, como el relativo a la relación entre prueba, verdad y justicia; o el concerniente a la entidad de los actos de habla, por cuyo intermedio ciertos hechos se declaran como suficientemente probados en una decisión judicial; o como aquél otro que surge del contraste entre dos concepciones pretendidamente antagónicas de la prueba judicial, a saber: la de la prueba como «conocimiento» frente a la de la prueba como «persuasión».

El artículo apunta contra la concepción objetivista de
los estándares de prueba defendida en la obra conjunta
de Jordi Ferrer Beltrán. Se toma en consideración, como
blanco principal de la crítica, su último trabajo: Prueba
sin convicción. En primer lugar, se pone de manifiesto
por qué el autor está comprometido con una visión objetivizada
de los estándares de prueba y en qué sentido
ha de entenderse ese objetivismo. Luego, se desarrollan
varios argumentos para mostrar que esa visión está desencaminada.
Algunos de esos argumentos apuntan contra
réplicas que Ferrer Beltrán articula en Prueba sin convicción
frente a objeciones más antiguas. Por último, luego
de mostrar por qué la pretensión objetivista tiene que ser
abandonada, se propone una relectura de las fórmulas que
establecen supuestos estándares de prueba.

El objetivo que persigo en este breve artículo consiste en exponer sintéticamente algunas de las aportaciones más importantes a la comprensión de la naturaleza del razonamiento probatorio en el derecho que han realizado, de un lado, Michele Taruffo y, de otro, el campo vanguardista y transdiciplinario conocido como Artificial Intelligence and Law (o, en breve, AI and Law), mismo que aquí consideraré paradigmáticamente representado por el trabajo de Floris Bex. Lo anterior con el fin de destacar sus puntos de contacto y de sugerir algunas líneas de influencia recíproca.

El artículo intenta hacer explícitas las razones por las cuales los sistemas jurídico penales actuales son deficientes a la hora de proporcionar criterios adecuados para determinar cuándo las premisas fácticas de las decisiones judiciales están suficientemente justificadas. Recurriendo a una serie de distinciones provenientes del campo de la epistemología y de la filosofía del lenguaje se elucidan las razones de esa deficiencia y se muestra cuáles son los obstáculos que debe enfrentar toda empresa que pretenda solucionar el problema. A partir de allí, el texto reconstruye las dos principales líneas de pensamiento que, en la actualidad, intentan desde el ámbito académico proporcionar las herramientas adecuadas para superar esos obstáculos.

SUMARIO: I. La dinámica de litigación como objeto de estudio. II. La audiencia oral de juicio o vista de causa. Funciones y estructura. II.a. Características de la audiencia de vista de causa. II.b. Orden de producción de los medios de prueba. III. Un necesaria disgresión. La iniciativa probatoria del Juez en la audiencia de juicio. IV. La declaración de parte. IV.a. El cambio de las posiciones a las preguntas. IV.b. ¿Cómo debería ser el interrogatorio? Legislación comparada. IV.c. Valoración probatoria de la declaración de parte. IV.d. Negativa a declarar e incomparecencia. IV.e. Orden de las declaraciones. V. La prueba testimonial. V.a. Consideraciones generales sobre el interrogatorio de testigos en el juicio oral. V.b. La forma del interrogatorio. V.c. El examen directo. V.d. El contraexamen. V.e. El rol del juez en el interrogatorio de testigos. V.f. Orden de las declaraciones. V.g. Careos. VI. El interrogatorio de peritos. VII. La prueba documental. VIII. Los alegatos finales. IX. Cierre. I. La dinámica de litigación como objeto de estudio. El presente trabajo tiene por objeto ilustrar la dinámica de producción de las pruebas en el contexto de la audiencia oral de vista de causa, y el tipo de intervención que pueden tener en la misma el juez o tribunal, las partes, testigos y peritos.

Los doce ensayos recopilados en esta obra son parte del trabajo filosófico de Susan Haack -en epistemología, metafísica y en cuestiones del lenguaje, la lógica, la ciencia, la ética y la sociedad- que tienen algún impacto en la teoría del derecho en general o en el derecho probatorio en particular. Los primeros cinco ensayos se refieren a una amplia gama de temas filosóficos jurídicamente relevantes, los últimos seis a aspectos sobre el derecho probatorio estadounidense que regula la prueba científica.

Introducción, Las implicancias de una decisión judicial y sus consecuencias pueden ser variadas e impactar en cualquier ámbito de nuestra vida: un vínculo laboral, una pretensión económica, la libertad, el patrimonio o el reconocimiento de cualquier otro derecho. Cada vez que un juez o jueza deciden un caso lo hacen en representación de un poder del Estado, y, por ello, el ejercicio de ese poder debe ser sometido al control social. Para que esto sea posible es necesario que ese poder de decisión sea aplicado de acuerdo con la ley y de una forma en la que sea comprensible. Podemos coincidir, en ese sentido, que para que las decisiones judiciales estén dotadas de legitimidad se necesita, entre otros presupuestos, que se explique por qué un caso se resuelve en un sentido u otro. Se trata, en definitiva, de que quienes aplican el derecho den razones y, particularmente, expliquen cuáles son las pruebas que dan fundamento a una determinada decisión. El libro que comentamos se centra en estos aspectos que representan una necesidad institucional del derecho y es, en ese sentido, una obra que viene a enriquecer el debate.

Análisis del Acuerdo No. PSAA14-10265, que determinó en su artículo primero que La Ley 1395 de 2010  se implementará a partir del 1º de marzo de 2015 en los Distritos Judiciales de Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Popayán, Riohacha, Santa Marta, Santa Rosa de Viterbo y Sincelejo, últimos distritos judiciales que de acuerdo con el parágrafo del artículo 44 de la Ley 1395, conforme fue modificado por la Ley 1716 de 2014, debían ingresar al sistema oral.

Los litigios que procuran la vigencia de los derechos sociales pueden hallar dificul-tades para probar los hechos que los sustentan. Esto se puede explicar, entre otras razones, por  la  indeterminación  de  los  enunciados  normativos  y  por  la  asimetría  en  el  acceso  a  la  información pública. Como aquí se analizará, el recurso a las presunciones puede allanar las dificultades probatorias, con un claro beneficio sobre el acceso a la justicia para este tipo de causas.

Resumen En el presente trabajo analizaremos los distintos requisitos exigidos a las videofilmaciones para ser admitidas como prueba en juicio. Sin perjuicio de los casos donde el valor probatorio del documento audiovisual es establecido por ley, intentaremos profundizar en aquellos otros casos que carecen de un marco regulatorio específico, como por ejemplo las cámaras ocultas o los documentos audiovisuales "privados" aportados por las partes al proceso judicial, determinando los caracteres que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para otorgarles validez como prueba en juicio. Finalmente, examinaremos el valor probatorio de las videofilmaciones creadas por el propio Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

En un lugar muy destacado entre los múltiples objetivos perseguidos por el Programa Justicia 2020 —impulsor de la reforma que se concretó en el Proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación— figuraba aquel de “promover la adopción de la oralidad civil y comercial efectiva para lograr la inmediación entre los jueces y las partes en aquellos conflictos que demanden una atención directa del juez”.

Que la “oralidad” era un propósito centralísimo del programa puede demostrarse no solo con la muy vasta producción autoral y el sinnúmero de encuentros que giraron sobre el tema durante estos años sino, muy particularmente, por la política pública llevada adelante por el propio Ministerio de Justicia y DD.HH. de generalización de la “oralidad civil efectiva”, sin cambios legislativos, aplicada en quince jurisdicciones a julio de 2019. Esa política incluía el auxilio financiero para su implementación (básicamente, la adquisición de software y hardware indispensables y la adecuación de salas de audiencia) y la capacitación de los recursos humanos en este método de debate.

Precisamente en punto a la capacitación, desde el comienzo se advirtió la necesidad de destrezas especiales para la oralidad que, sin embargo, habrían de tener un enfoque y un énfasis distinto conforme aquélla se dirigiera a jueces y funcionarios o a los abogados litigantes.

Así, en función de los fines perseguidos, el entrenamiento dirigido a jueces y funcionarios ponía el acento en la “gestión judicial”, el “gerenciamiento de la oficina judicial”, la “administración del proceso”, “indicadores y metas” y los muy difundidos “protocolos de oralidad”.

Mientras tanto, los abogados litigantes fueron conminados a iniciarse en “técnicas de litigación oral”, “teoría del caso”, “interrogatorio y contrainterrogatorio”, “contraexamen”, “argumentación jurídica”, “oratoria”, y tanto más. Las universidades comenzaron a incluir esos currículos tanto en su formación de grado como de posgrado.

Hace poco tuvimos la ocasión de avanzar algunas conjeturas respecto de una posible regulación de la prueba por declaración de partes a partir de los lineamientos sentados en el documento Bases para la Reforma Procesal Civil y Comercial. De acuerdo con las tendencias procesales más extendidas, allí se condensaban las directrices de “libertad de prueba” y “sana crítica”, al tiempo que se anticipaba el abandono del “obsoleto sistema de absolución de posiciones” y su reemplazo por el “interrogatorio libre a las partes”.

Desde luego que la concreción de esas directrices podía lograrse de muy diversas maneras, particularmente —y como muy bien resumió Falcón— porque “falta desarrollar claramente el concepto de las preguntas y el procedimiento y resultados de las mismas, cuestión compleja que requiere determinar qué es lo que se pretende con la declaración de las partes, cosa que no ha resultado clara, más allá de obtener una confesión que en realidad se puede lograr en cualquier momento del proceso y comienza con las declaraciones de los escritos liminares”.

No solo faltaban esos detalles sino, desde nuestra perspectiva, la elucidación de la manera en que se iban a resolver las múltiples visiones procesales que se traslucían en el documento Bases, en la composición de la propia agencia de gobierno encargada del programa de reformas y, muy especialmente, en la Comisión a cargo de redactar el Anteproyecto.

Pues bien, y más allá de muchas concesiones a las garantías procesales de los ciudadanos y a los cánones del sistema dispositivo, el Proyecto ha optado por un diseño procesal civil con una manifiesta orientación publicista en el balance de los múltiples aspectos a considerar. El “interrogatorio libre a las partes” no es la excepción. 

Desde luego que se trata de una opción legislativa legítima, en línea con muchas tendencias reformistas del derecho comparado y apoyada por la mayoría de la doctrina procesal vernácula y refrendada por buena parte de la extranjera. Esta circunstancia, no obstante, no empece a un análisis crítico desde varios prismas valorativos: ¿es la mejor opción? ¿conforme a qué valores? ¿es la opción más eficaz para el logro de los fines declamados? Y, más allá de las opciones, ¿es de buena técnica legislativa?

La suerte de los procesos judiciales está atada, en mucho, a la constatación de los hechos. ¿Cómo tenerlos por probados? ¿Cómo convencer de que han sido probados?
Con una visión que se hace cargo de los fuertes límites de la posibilidad de conocer en el ámbito del proceso, esta obra asume que la práctica procesal requiere del auxilio de la argumentación en sus múltiples dimensiones: analítica, dialéctica y retórica.
La obra brinda herramientas para el abordaje de los distintos elementos de esa argumentación para la prueba: el emisor (partes, abogados, juzgador, peritos, mass media), el destinatario (partes, abogados, juzgador, comunidad jurídica, opinión pública, sociedad en general), el objeto (el recorte de los hechos, la relevancia jurídica, el interés, los hechos disponibles e indisponibles), la forma (formas procesales de la prueba, finalidades del proceso, sistemas procesales y dimensión epistémica del proceso), las razones y los límites.

Luego de presentar a los derechos a la prueba y a su valora-ción racional como elementos del derecho fundamental a la defensa, el artículo busca contribuir a dilucidar qué factores de-berían ser tomados en cuenta para decidir racionalmente qué tan severo o demandante debe ser el estándar de prueba en materia penal. Con tal propósito, se presentan y comparan dos propuestas o modelos para la fijación del nivel óptimo de sufi-ciencia probatoria en contextos jurídicos, propuestos reciente-mente por Kaplow, y por Laudan y Saunders. Al final se advierte lo complejo de la cuestión, así como la necesidad de considerar las sutilezas del contexto en el que se pretenden aplicar estas propuestas. After locating both the right to proof and the right to a rational assessment of the evidence within the scope of the fundamental right to defense, the author seeks to contribute to the elucidation of the factors that should be rationally taken into account in order to decide how demanding we want the criminal standard of proof to be. Having set this goal, two recent proposals to that effect are introduced, compared and reviewed: Kaplow's model, and Laudan and Saunders' model. The article concludes by pointing to the highly complex nature of the task and warning that context should be taken seriously into account when applying these proposals. Abstract Resumen Palabras clave Key words Derecho fundamental a la prueba y estándares de suficiencia probatoria The fundamental right to proof and standards for evidence sufficiency Edgar ramón aguilEra garcía*

Resumen: Desde hace unos años, el derecho ha experimentado una serie de interrogantes provenientes de las neurociencias, entre ellos el de la libertad de las acciones. Sin embargo, las neurociencias no solo han aportado interrogantes, sino también han contribuido al derecho haciéndose espacio en los procesos judiciales mediante la prueba o ayudándonos a entender el, recientemente advertido, derecho mudo.

Abstract: Years ago, the law has experimented a serial chain of questions resulting from Neuroscience, among them, the freedom of choice at actions. However, Neuroscience not only have contributed tho the law itself giving it body and space between judiciary processes through the legal evidence or helping us to understand it, the newly warned, Speech-impaired Law. Palabras Claves: Neurociencia, espontaneidad, derecho mudo, prueba, proceso Judicial.

En muchos países latinoamericanos se ha establecido el delito de «feminicidio» o «femicidio»; sin embargo, pese a usar la misma etiqueta, los hechos que se consideran jurídicamente relevantes en cada país son distintos. En atención a ello, esos tipos penales latinoamericanos pueden clasificarse considerando la importancia que parecen atribuirle a la prueba de las motivaciones del hombre acusado de matar a una mujer por razones de género. Dados los distintos escenarios resultantes a partir de esa clasificación, los problemas probatorios que se enfrentan en la aplicación del feminicidio en cada regulación nacional son sumamente diversos. Así pues, este artículo analiza la interrelación entre el modo en que se formulan las normas penales sustantivas y los problemas probatorios que surgen en su aplicación.

En muchos países latinoamericanos se ha establecido el delito de «feminicidio» o «femicidio»; sin embargo, pese a usar la misma etiqueta, los hechos que se consideran jurídicamente relevantes en cada país son distintos. En atención a ello, esos tipos penales latinoamericanos pueden clasificarse considerando la importancia que parecen atribuirle a la prueba de las motivaciones del hombre acusado de matar a una mujer por razones de género. Dados los distintos escenarios resultantes a partir de esa clasificación, los problemas probatorios que se enfrentan en la aplicación del feminicidio en cada regulación nacional son sumamente diversos. Así pues, este artículo analiza la interrelación entre el modo en que se formulan las normas penales sustantivas y los problemas probatorios que surgen en su aplicación.

Conferencia brindada en el Colegio de Abogados de Morón, provincia de Buenos Aires, República Argentina sobre los varios significados del término "prueba", el razonamiento probatorio, la carga de la prueba, las presunciones y las "verdades interinas".

La pericia antropológica está adquiriendo cada vez más importancia en la justicia penal chilena, según lo evidencia el número creciente de peritajes antropológicos solicitados por la Defensoría Penal Pública. Sin embargo, se puede observar que actualmente en Chile no existe realmente un modelo para su elaboración, uso y comunicación por parte de litigantes y peritos. De este hecho, resultan una variedad de maneras de elaborar y presentar esta prueba pericial, por lo que es necesario indagar y desarrollar una reflexión en torno a los distintos usos y concepciones que tiene el peritaje antropológico. Para esto, por una parte, se ha revisado la literatura antropológica y jurídica sobre los usos del peritaje antropológico en Chile y América Latina. Por otra parte, se ha analizado un corpus de casos penales donde se recurrió a peritajes antropológicos, entre 2003 y 2014, en La Araucanía. Por último, se presentan dos casos que permiten destacar tendencias, potencialidades y límites en el ...

El presente trabajo pretende analizar la (im) pertinencia de la aplicación de garantías constitucionales asociadas al debido proceso en la formación del material probatorio de los procedimientos administrativos, y su utilización probatoria en el proceso contencioso-administrativo posterior.
Para dicho objetivo, se estima necesario establecer las condiciones procedimentales en que se construye el expediente administrativo, teniendo en consideración la aplicación de las garantías procesales del debido proceso respecto de los materiales que se introduzcan al juicio jurisdiccional, y la posibilidad de contradicción de tales elementos en vista del diseño legal de la tramitación ante los tribunales de justicia competentes, para ejercer el control jurisdiccional de la actividad administrativa.