Prisión Preventiva

Resumen: Motivado por el alarmante número de personas que se encuentran privadas de su libertad sin contar con una sentencia condenatoria efectiva, este trabajo tiene por objeto realizar un análisis de los discursos que tienden a legitimar la posibilidad de aplicación del instituto de la prisión preventiva, a fin de determinar si sus formu-laciones son respetuosas de las garantías constitucionales que deben observarse en el proceso penal. Palabras clave: garantías constitucionales – prisión preventiva – principio de inocen-cia – discursos legitimantes – estado de derecho. Summary: Motivated by the alarmingly large number of people deprived of their liberty without a definite sentence, the object of this paper is to analize the arguments that legitimate the application of preventive detention in order to determine if their statements are compatible with our constitutional guarantees, which must observed in the criminal process.

Resumen:
La naturaleza de la prisión preventiva no es baladí. Si la consideramos, sin más, como se hace hoy en día en nuestro país, una medida cautelar de carácter procesal, no tendríamos -como parte de la doctrina procesalista sostiene–- problemas de compatibilidad con la presunción de inocencia y por tanto, sólo habría que preocuparse por los problemas de proporcionalidad de la medida, en cuanto, a garantías del imputado se trate. Si por otro lado, es una pena, la prisión preventiva es incompatible con la presunción de inocencia.
Palabras Claves: Naturaleza de la prisión preventiva, castigo, medida cautelar, presunción de inocencia.

Abstract:
The nature of custody is not banal. Considering, without further ado, as it’s done in our country nowadays, a precautionary measure of a procedural character, we wouldn`t have –as a portion of the procedural doctrine supports– compatibility problems with the presumption of innocence and therefore, just the problems of proportionalities of the measure would be worrying, as far as the concerned of the accused guarantees. If, on the other hand, it is a sentence, the custody is incompatible with the innocence presumption.
Keywords: Nature of custody, punishment, preliminary injunction, presumption of innocence.

Este trabajo responde a un estudio descriptivo de revisión documental fundamentado en el derecho comparado y en los métodos exegético y análisis documental, que utilizados de forma interrelacionada permitieron el estudio de la institución de prisión preventiva como medida cautelar, así como su relación con el principio de presunción de inocencia; tiene por objetivo el análisis jurídico de la prisión preventiva como medida cautelar y su estrecha relación con el respeto del principio de presunción de inocencia. Entre los principales hallazgos se encuentra la existencia de contradicciones entre las normas que constan en el Derecho Penal, en vinculación con los Derechos del Debido Proceso, consagrados en la Constitución del Ecuador; así como también con los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, irrespetando el principio constitucional de presunción de inocencia por parte de fiscales y jueces de garantías penales. Se concluye que los jueces penales no aplican la medida cautelar de prisión preventiva de manera restrictiva como lo establecen los Códigos de Procedimiento Penal, lo hacen más bien de forma generalizada, atentando contra el principio de la libertad individual de las personas.

Desde la vuelta al sistema democrático en el año 2001, el Tribunal Constitucional del Perú ha atravesado por diversas etapas, siendo el denominador común el impacto de sus fallos en la pacificación de conflictos surgidos entre los ciudadanos y el Estado peruano, como también al interior de la sociedad.

El trabajo analiza la tensión entre el derecho a la presunción de inocencia como regla de trato procesal y la prisión preventiva como medida cautelar. Se pone de manifiesto el grave problema de la falta de estándares de prueba respecto del grado de exigencia probatoria sobre la autoría del delito.

La nota menciona que el riesgo a los principios de debido proceso legal y defensa en juicio puede ser el no respeto del proceso judicial en todas sus prescripciones y etapas legales (juez natural, prohibición de la autoincriminación, fundamentación en la sentencia, etc.). Pero hay matices en el uso de la prisión preventiva y la doctrina Irurzun puede marcar un camino.

El presente artículo tiene por finalidad denotar el rol de los estándares de convicción en su vinculación con la prisión preventiva en Chile. Por tal motivo, abarcando las diversas implicancias que estos suponen, propone la adopción de un estándar especial, a fin de determinar la aceptabilidad de las aserciones fácticas efectuadas en relación al elemento material de la prisión preventiva.

Se hace un resumen de los estándares internacionales respecto a la prisión preventiva. Se describe el marco legal guatemalteco. Se presentan datos relevantes a la prisión preventiva en Guatemala. Se hace un análisis comparativo legal de 16 países(13 lationamericanos y 3 europeos). Se presentan recomendaciones para mejorar la situación de la prisión preventiva en Guatemala.

Problemas probatorios perennes aborda, desde una perspectiva filosófica, cuestiones variadas concernientes a la prueba de enunciados fácticos en el marco del proceso penal. Algunos de los problemas abordados son de carácter más bien general, como el relativo a la relación entre prueba, verdad y justicia; o el concerniente a la entidad de los actos de habla, por cuyo intermedio ciertos hechos se declaran como suficientemente probados en una decisión judicial; o como aquél otro que surge del contraste entre dos concepciones pretendidamente antagónicas de la prueba judicial, a saber: la de la prueba como «conocimiento» frente a la de la prueba como «persuasión».

El presente trabajo tiene como fin presentar un pequeño estudio de la sentencia SUP-JDC352/2018 y acumulado, por el que buscamos dar voz a los actores del juicio para la protección de sus derechos político-electorales, de acuerdo con lo que versa el contenido del “GLOSARIO” de la resolución, objeto del presente.

En setiembre del 2019 se emitió el Acuerdo Plenario n.º 01-2019/CIJ-116, cuyo mérito fue uniformizar los diversos criterios jurisprudenciales producidos por la Corte Suprema de la República del Perú desde el 2007, dentro del marco de la implementación del Código Procesal Penal de 2004.
Sin embargo, en su desarrollo también se advierte la incorporación de mayores criterios, cuyos alcances fueron necesarios de identificar, a través del breve reporte en referencia que, de hecho, forma parte de un trabajo de investigación en proceso, habida cuenta de las recientes discusiones sobre el tratamiento del cese de la prisión preventiva en el contexto actual de la pandemia mundial.
De ahí que el objeto del presente texto se limite a plantear el estado de la cuestión generado a partir del acuerdo plenario en referencia, en torno del tratamiento del peligrosismo procesal.

El autor, con base en el Decreto Legislativo N° 1513, analiza la cesación obligatoria y revisión de oficio de la prisión preventiva, precisando los aspectos problemáticos de cada una de ellas. En ese sentido, por ejemplo, respecto a la revisión de oficio de dicha medida cautelar personal, señala que debe evaluarse mediante una audiencia, ya que ello evitará que el abogado defensor pueda impugnar la resolución que la deniega, por afectación al derecho de defensa del interno.

"(...) la carga procesal no es una razón que justifique por sí sola o aisladamente la imposición o la prolongación de la prisión preventiva; así como tampoco puede considerarse como práctica dilatoria el ejercicio de los derechos procesales por parte del imputado, salvo que se trate de una conducta a todas luces obstruccionista que deberá ser explicitado por el Juez en atención a los hechos concretos. (fundamento jurídico 7.7)

El presente trabajo ofrece un estudio de la prisión preventiva en el Código Procesal Penal chileno, enfocado en su regulación original, finalidad perseguida e impacto de las reformas legales que han alterado su estructura, con especial referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a su regulación en el Derecho alemán. Asimismo, se examinan los proyectos de ley actualmente en tramitación, que buscan modificar la regulación legal actualmente vigente en la materia. El artículo ofrece una visión crítica de los procesos legislativos llevados a cabo en esta área, así como del contenido de las reformas propuestas, los cuales se alejan de las finalidades que la prisión preventiva debe cumplir en el proceso penal.

En un esfuerzo por retomar la iniciativa frente a la inseguridad ciudadana, el Ejecutivo aprobó a fines de agosto una modificación al Código Procesal Penal 2004, convirtiendo en obligación la facultad que tenía el Fiscal de recurrir al denominado Proceso Inmediato para casos con detenidos en flagrancia, confesos u otros casos evidentes. Para los críticos del uso exagerado e inapropiado que se da a la prisión preventiva, la iniciativa promete cambiar la imposición de esta medida procesal por condenas rápidas, lo que debiera beneficiar tanto al sistema de justicia como a la ciudadanía en general.
Sería ingenuo, sin embargo, creer que este escenario será posible únicamente con la aprobación de una norma. Como se intentará dejar patente, la modificación al Código Procesal Penal traerá consigo importantes consideraciones y desafíos, algunos normativos, otros más vinculados a la gestión y realidad judicial diaria que no se debieran ignorar. Por ello, es recomendable impulsar, por un lado, un acompañamiento desde el ámbito de la administración judicial, asignación de recursos y capacitación de operadores judiciales; y, por el otro, vigilar que esta renovada herramienta procesal no termine en los operadores judiciales recurriendo otra vez al abuso de la prisión preventiva como medida placebo o, peor aún, en nuevos abusos de parte de una autoridad en busca de chivos expiatorios.

SUMARIO 2 : 1. Introducción, 2. La subjetividad e impredecibilidad del peligro de fuga, 3. El arraigo como criterio de análisis en el peligro de fuga, 4. La paradoja del arraigo, 4.1. ¿El arraigo laboral puede generar peligro de obstaculización?, 5. Conclusiones.

La democracia y la participaciòn ciudadana se han impuesto hoy en dìa como requisitos fundamental de todo Estado Constitucional de Derecho. En nuestro paìs, como estado democràtico, contamos con un cuerpo normativo electoral destinado a regular los procesos electorales y fomentar la participaciòn ciudadana. Es decir, garantizar el ejercicio pleno de los derechos civiles  y políticos de todos los ciudadanos. Sin embargo, como lo decìa Bobbio, N. (1958:27) en un ordenamiento jurídico pueden existir normas válidas pero ineficaces, y esto es lo que pasa con nuestra normas electorales.

La evidencia disponible sugiere que nuestro mecanismo constitucional de indemnización por errores judiciales y la norma de responsabilidad por actuaciones del Ministerio Público son sumamente restrictivos, lo que dejaría desprotegidas a las víctimas de estos errores. Producto de esto se han presentado varios proyectos de reforma constitucional al artículo 19 nº 7 letra i) que involucrarían también cambios al estatuto de responsabilidad del Ministerio Público. En este contexto, el presente trabajo intenta contribuir a alimentar un debate más informado sobre la futura regulación de esta materia revisando la existente en algunas experiencias del derecho comparado (casos de España, Alemania y Holanda) sobre compensación por privaciones de libertad erróneas. A partir de éstas se concluye que existen importantes espacios de mejora en Chile con el propósito de dar una cobertura más amplia a la protección de las víctimas de estos errores.

Propósito de este trabajo. Defender la libertad e integridad personal, quizás sea el propósito de este ensayo, o pretender bosquejar una necesaria conciencia procesal sobre la condena cautelar, ese es el fin. La sociedad ha concebido, el Estado de Derecho y el proceso penal como la vía idónea para solucionar conflictos, para evitar la violencia, garantizar la vigencia de los derechos y la cohesión social. La prisión preventiva ejecutada irracionalmente, sin conciencia ética y académica, inevitablemente se transforma en un arma poderosa para el control social bajo la excusa de proteger, así el poder punitivo se ejerce en protección de la sociedad de forma convenientemente selectiva. Es imperativo, devolver la importancia al juicio y a la sentencia definitiva, este ensayo invita a pensar de forma disruptiva sobre la irracionalidad de la prisión procesal, porque, cuando un ciudadano es privado de su libertad de forma arbitraria el poder punitivo del Estado pierde legitimidad y autoridad, como consecuencia de haber renunciado a su deber de superioridad ética. Introducción La importante incidencia cautelar de privación de libertad, no es un propósito del proceso penal, es una excepcional y extrema decisión, no es un micro juicio final, al contrario, es un procedimiento especial, subordinado a la existencia del proceso principal, tampoco es una homologación de mero trámite baladí de las detenciones policiales. La pretensión de prisión cautelar del Ministerio Público debe obligatoriamente vencer tres barreras la presunción de inocencia, el derecho de ser juzgado en libertad y la demostración de que es absolutamente necesaria su procedencia. Para evitar la arbitrariedad en el ejercicio del poder irracional sobre el ciudadano debe exigirse un nivel significativo de probabilidad de ocurrencia de los hechos directos, así como de los hechos base que justifican la pretensión de encarcelamiento. En este sentido, es ineludible que se demande un estándar de prueba que constituya el umbral de suficiencia para considerar probado un hecho. El carácter cautelar es provisional y subsidiario al procedimiento principal; no es una sentencia definitiva que modifica una situación jurídica, ni crea o extingue derechos, pero si los afecta y daña de forma casi irreversible; porque un solo día de prisión es irrecuperable,

En el presente trabajo intentaré poner de relieve las implicancias jurídicas que en el contexto de la revisión judicial de la condena tiene la medida cautelar de prisión preventiva a la luz del derecho constitucional del acusado al doble conforme. A tales efectos, argumentaré-con ideas basadas en las condiciones constitucionales de validez de la decisión condenatoria-que la aparición del derecho constitucional a la revisión de la condena, como una garantía procesal que amplía el concepto juicio previo, implica que en esta fase del proceso se privilegie la libertad de la persona condenada-cuya sentencia se encuentra sujeta a revisión-y, por lo tanto, que la posibilidad de encarcelamiento preventivo se considere bajo parámetros similares a los dispuestos en las etapas anteriores del proceso penal. Inicialmente, nuestro análisis tomará como eje las definiciones sobre las distintas garantías constitucionales en juego-v.gr., principio de inocencia, doble conforme, debido proceso, libertad-para, después de reconstruir un sentido armónico de todas ellas, proyectar su operatividad en el estadio procesal que nos interesa. Con esta premisa en mente, podemos apreciar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, la Corte Suprema o la Corte) desde muy temprano, en el caso "Tristán Brocate", de fecha 10 de julio de 1871, con-sideró que es "un principio de derecho que todo hombre se reputa bueno, mientras no se le prueba lo contrario". El Máximo Tribunal de la Nación, para dar precisión a esta idea, se refirió con posterioridad al principio de inculpabilidad del acusado. Por otro lado, la misma Corte Suprema tiene establecido que en materia criminal la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional exige la observancia de las formas sustanciales del juicio, relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales. Como vimos, desde la óptica constitucional se impone que toda persona deba ser tratada como inocente hasta tanto se demuestre su culpabilidad a través de la realización de un juicio previo, en el que tenga plena oportunidad de defenderse de una acusación, en igualdad de posiciones con respecto a los acusadores, aportando prueba y controlando la aportada por su contraparte (que no puede haber sido obtenida en forma ilegítima), todo ello ante un juzgador imparcial. De allí que pueda decirse que el principio de inocencia y el "juicio previo" conforman dos principios de garantía que se encuentran en una relación de mutua influencia. Por ello se hace referencia a la necesidad de pensar en un derecho a la presunción de inocencia desde su íntima vinculación con los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad abarcados en el concepto "juicio previo".

Se restauren o no los monumentos, se los traslade o se los haga desparecer, la disputa que las prácticas iconoclastas provocan en la narrativa-monumental-patria siempre interrogan la definición de lo que merece ser recordado y resguardado. La pintura o la limpieza de estatuas y monumentos no borrarán ese entramado de sentires y demandas por una sociedad más diversa y más justa. La pregunta es entonces, cómo repensar los monumentos y los espacios públicos en función de esa diversidad de gestos y voces. ¿Cómo y quiénes definen lo que es merecedor de ser resguardado y conservado? ¿Cómo hacemos memoria viva de estos monumentos derribados y ausentes? Sean cuales sean las respuestas a estas complejas preguntas, lo cierto es que la planificación y el diseño de nuestros espacios públicos –espejo de la sociedad que queremos- ya no podrá ser atribución solo de expertos y técnicos sentados en una oficina gubernamental o inmobiliaria. Los escombros monumentales, como materialidades residuales que son, debieran ser comprendidos como una invitación a repensar y reescribir sus formas significadas. Aprender a leer y a escuchar estos gestos insurrectos e iconoclastas como pizarrones y manifiestos de la sociedad que queremos parece una urgencia de estos tiempos.

El presente trabajo analiza las medidas cautelares que se ordenaron en contra del ex Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado, en el proceso penal seguido por el presunto delito de secuestro del señor Fernando Balda. Asimismo, se estudian algunas de las irregularidades en el trámite del mencionado proceso penal. El análisis se realiza a partir de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de protección a los derechos humanos. El artículo concluye que el ex Presidente Correa ha visto mermados sus derechos a las garantías judiciales, a la libertad personal y a la libertad de circulación.

Sumario: I. Introducción, II. Cese de prisión preventiva y nuevos elementos de convicción, III. Inconcurrencia sobrevenida de los presupuestos legales de la prisión preventiva, III.1. Tipificación alternativa como variación de los hechos que motivaron la medida, III.2. Requerimiento mixto o acusatorio que varían el fumus delicti comissi y/o prognosis de pena, III.3. Resoluciones judiciales que varían las condiciones por las que se impuso la medida coercitiva, III.4. Inconcurrencia sobrevenida de la prognosis de pena, III.5. Peligro procesal y su inconcurrencia, IV. ¿Comparecencia con restricciones o simple en caso de inconcurrencia sobrevenida de la apariencia del delito o la prognosis de pena?, V. Conclusión.

No se puede suspender o “interrumpir” los plazos fijados por la constitución. Las únicas formas de suspender, según la CRE, son: “[...] si por cualquier medio, la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o

impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad [...]” (Art. 77 Núm. 9, Inc. 2do).
Como muchos académicos han manifestado, gracias al Ecuador, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha generado jurisprudencia sobre el límite al abuso de la PP (Ver también sentencia No. 8-20-IA/20, párr. 60; y, sentencia No. 2505-19-EP/21, párr. 30). Y de mantener la segunda postura, ahora, el Ecuador, podría ser nuevamente sancionado, pero con el apoyo “académico” de los que mantienen y sustentan, ya sea por odio o sesgo político, la segunda postura.

En este ensayo se revisará la regulación normativa de la prisión preventiva dentro de nuestro ordenamiento jurídico, analizando, como menciona el título, los principios y garantías del proceso penal, así como con algunos tratados internacionales, para reflejar conflictos que se producen con el debido proceso. En seguida se analizará el objetivo procesal denominado “seguridad de la sociedad”, regulado tanto en el art. 19 n°7 de la CPR como en el art. 140 del CPP, realizando una breve crítica sobre su procedencia y legitimidad, postulando entonces su correspondiente eliminación de nuestro ordenamiento jurídico. Finalmente se plantearán unas pequeñas modificaciones a algunos artículos del CPP, correspondientes a la regulación de la prisión preventiva, con el fin de acentuar el carácter garantista que inspiró la reforma procesal penal del año 2000.

SUMARIO 1. Introducción; 2. El peligro de obstaculización; 2.1. El arraigo laboral como criterio corroborativo del peligro de obstaculización; 3. El peligro de fuga; 3.1. El arraigo especial; 3.2. El arraigo laboral y la reiteración delictiva; 4. Conclusiones.

Si bien la decisión de recepcionar el derecho internacional de los derechos humanos puede considerarse altamente positiva, ello no deja de traer dificultades a la hora de su aplicación a casos concretos. El trabajo busca explorar esos inconvenientes en el marco del proceso penal, ajeno a un seguidismo acrítico.

Todos los indicadores disponibles muestran que poco a poco la prisión preventiva se vuelve cada vez más habitual en nuestro sistema. Esto se explica como producto de reformas legales, el deterioro de las prácticas de los actores del sistema de justicia penal con el transcurso de los años y la enorme presión pública que se ha ejercido sobre el sistema para su uso. La situación actual es cada vez más problemática, aun cuando todavía contamos con mejores indicadores que los que exhibía el sistema inquisitivo previo. Con todo, lo preocupante es que la tendencia constante en los últimos años es al deterioro del estado de las cosas. Si no intervenimos en este fenómeno es posible prever que en pocos años más las cifras sean equivalentes o incluso peores a las del tan vapuleado sistema inquisitivo.