Derecho al recurso

Esta contribución pretende resaltar el valor primordial del derecho al recurso como garantía del justiciable. Para ello, se hace referencia tanto a la existencia inevitable del error judicial como a la misión que se le ha encargado al recurso como instrumento correctivo. De igual forma, se analiza el contenido esencial de este derecho fundamental y las exigencias que impone a los Estados, para terminar proponiendo su reconocimiento expreso por el texto de la Constitución Política chilena.

El Estado de Chile me ha solicitado producir un informe pericial referido a la compatibilidad del sistema procesal penal chileno con los estándares internacionales en materia de debido proceso, en el contexto del litigio internacional que actualmente se tramita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caratulado “Lonkos: Dirigentes y activistas del pueblo indígena Mapuches Vs. Chile”.
Con el fin de desarrollar adecuadamente este informe, el documento se dividirá en tres capítulos y una conclusión. En el primer capítulo se examinará someramente la influencia que los compromisos adquiridos por el Estado en materia de derechos humanos, y en particular en lo relativo a las normas sobre debido proceso, tienen en el diseño del modelo que consagra el sistema procesal penal chileno, circunstancia que necesariamente debe ser considerada al momento de examinar el recurso de nulidad penal y su regulación. En el segundo capítulo haré referencia al derecho a recurrir y sus implicancias, a efectos de fijar con claridad los estándares que cualquier sistema recursivo debiese respetar. En el tercer capítulo me referiré al recurso de nulidad contemplado en libro III del Código Procesal Penal, con el fin de analizar su estructura, examen de admisibilidad y las facultades de revisión que el tribunal superior tiene, en función de las exigencias internacionales.

Se plantea la necesidad de evaluar el diseño de las instancias y vías recursivas a partir de un análisis de proporcionalidad procesal, presentando los principales factores a ponderar en este campo. Se analizan críticamente las propuestas de creación de tribunales de casación o intermedios como alternativa para descongestionar a la Corte Suprema.

La decisión pronunciada el año 2004 por la Corte Interamericana en el caso Herrera Ulloa fijó lo que parecía ser el inicio de una línea jurisprudencial en que se estimaba que los sistemas recursivos establecidos por los sistemas acusatorios penales eran incompatibles con el derecho a recurrir. El presente trabajo revisa la forma en que la Corte Interamericana ha interpretado el alcance del derecho al recurso y da cuenta de una importante evolución en esta materia. Primero, se evidencia una nueva comprensión por parte de la Corte, en el sentido de que un sistema de recursos restrictivo no se contrapone necesariamente al derecho a recurrir, aunque si exige que  la práctica de los tribunales esté orientada a una revisión integral de la sentencia. Segundo, que la Corte ha cuestionado la formula de la apelación tradicional, entendiendo que algunas de sus expresiones resultan contrarias al derecho al recurso, con lo cual termina con la sinonimia entre el derecho a recurrir  y la doble instancia.

The right to appeal: constitutional reading regarding the recursive system in the Chilean arbitration procedure RESUMEN El presente trabajo aborda una problemática muy contingente en nuestro ordenamiento jurídico: el derecho al recurso y su impacto en procedimientos civiles y comerciales, a tenor de qué ha de entenderse como un proceso que se caracterice por otorgar una genuina tutela judicial efectiva. Para ello, la principal tesis que se sostiene es que la Constitución Política de Chile consagra, específicamente, en concordancia con los tratados internacionales aplicables a nuestro país, un derecho al recurso que contemple una revisión amplia al modo que se vislumbra para el recurso de apelación. En el presente artículo consideramos que esa tesis no puede extrapolarse al procedimiento arbitral, pues el sistema recursivo de aquel es restrictivo, para destacar, entonces, que la jurisdicción estatal contempla una forma alternativa de enjuiciamiento y, en especial, de control y revisión de los fallos de primera instancia. Este fenómeno resultaría compatible con nuestro sistema constitucional y con el

El derecho a un proceso debido del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por su contenido complejo y poliédrico, es uno de los derechos más alegados y aplicados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este libro colectivo, profesores de diferentes universidades analizan no solo las sentencias condenatorias impuestas, hasta ahora, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Reino de España por la vulneración de algunos de los derechos y garantías que integran el derecho a un juicio justo, sino que proponen también algunos remedios que impidan nuevas condenas. En este sentido, se examinan el derecho a un tribunal independiente e imparcial (Óscar Sánchez Muñoz), el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable (Luis E. Delgado del Rincón), el derecho de acceso al recurso en los órdenes jurisdiccionales distintos al penal (Rafael Bellido Penadés) y la garantía de la inmediación en la segunda instancia penal (Ignacio Álvarez Rodríguez). Asimismo, en el análisis de estos derechos y garantías, los autores no solo se ocupan de las sentencias dictadas por el Tribunal de Estrasburgo, sino también de algunas de las pronunciadas por el Tribunal Constitucional español, que no siempre ha acogido in totum la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Huma-nos.

En el presente trabajo intentaré poner de relieve las implicancias jurídicas que en el contexto de la revisión judicial de la condena tiene la medida cautelar de prisión preventiva a la luz del derecho constitucional del acusado al doble conforme. A tales efectos, argumentaré-con ideas basadas en las condiciones constitucionales de validez de la decisión condenatoria-que la aparición del derecho constitucional a la revisión de la condena, como una garantía procesal que amplía el concepto juicio previo, implica que en esta fase del proceso se privilegie la libertad de la persona condenada-cuya sentencia se encuentra sujeta a revisión-y, por lo tanto, que la posibilidad de encarcelamiento preventivo se considere bajo parámetros similares a los dispuestos en las etapas anteriores del proceso penal. Inicialmente, nuestro análisis tomará como eje las definiciones sobre las distintas garantías constitucionales en juego-v.gr., principio de inocencia, doble conforme, debido proceso, libertad-para, después de reconstruir un sentido armónico de todas ellas, proyectar su operatividad en el estadio procesal que nos interesa. Con esta premisa en mente, podemos apreciar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, la Corte Suprema o la Corte) desde muy temprano, en el caso "Tristán Brocate", de fecha 10 de julio de 1871, con-sideró que es "un principio de derecho que todo hombre se reputa bueno, mientras no se le prueba lo contrario". El Máximo Tribunal de la Nación, para dar precisión a esta idea, se refirió con posterioridad al principio de inculpabilidad del acusado. Por otro lado, la misma Corte Suprema tiene establecido que en materia criminal la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional exige la observancia de las formas sustanciales del juicio, relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales. Como vimos, desde la óptica constitucional se impone que toda persona deba ser tratada como inocente hasta tanto se demuestre su culpabilidad a través de la realización de un juicio previo, en el que tenga plena oportunidad de defenderse de una acusación, en igualdad de posiciones con respecto a los acusadores, aportando prueba y controlando la aportada por su contraparte (que no puede haber sido obtenida en forma ilegítima), todo ello ante un juzgador imparcial. De allí que pueda decirse que el principio de inocencia y el "juicio previo" conforman dos principios de garantía que se encuentran en una relación de mutua influencia. Por ello se hace referencia a la necesidad de pensar en un derecho a la presunción de inocencia desde su íntima vinculación con los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad abarcados en el concepto "juicio previo".

Cuando el único recurso interpuesto sea en favor del imputado, éste debería tener la certeza de que el peor escenario posible al que se enfrenta es el de la confirmación del fallo impugnado. En este artículo se propone esta tesis -a partir de una interpretación dinámica de la garantía con base en fallos de la Corte Suprema de Argentina- estableciéndose así que toda decisión del órgano revisor por la cual se pondere, modifique, reevalúe, reconsidere, cualquier extremo fáctico o jurídico por fuera de los planteos propuestos que no mejore la situación del imputado, debería importar el desconocimiento de esta garantía.

En el contexto de los procesos de reforma  a la justicia civil uno de los debates más importantes es el referido al diseño de los sistemas recursivos. En este contexto suelen escucharse voces  que señalan que el derecho a recurrir del fallo ante un tribunal superior es  intocable. Se afirma que es una exigencia de la garantía del debido proceso y por ello no podría ser suprimida,  ni restringida en ningún tipo de procedimiento civil, por cuanto estaría exigida por tratados internacionales. La consecuencia de dicha postura supone que la posibilidad de impugnar una sentencia civil no puede estar condicionada por criterios de política pública, como son los de gestión judicial, de reducción de costos o de demora, ya que se trataría de un derecho fundamental. El presente documento busca someter a cuestionamiento las bases que sustentan tal posición, concluyendo que no existen razones para sostener que el derecho internacional de los derechos humanos exige a los estados latinoamericanos la existencia de recursos para todos los procesos de carácter no penal, entre ellos los específicamente civiles.

El presente trabajo comenta el Dictamen Nº E30045-2020, emitido por la Contraloría General de la República en agosto de 2020, y aborda sus alcances en relación al derecho a recurso como mecanismo de impugnación administrativa frente a la aplicación específica de una medida disciplinaria expulsiva, así como también, en sus efectos generales respecto a la revisión jerárquica de un acto administrativo
dictado en ejercicio de potestades delegadas.

Carta enviada a El Mercurio Legal de Mauricio Duce, Claudio Fuentes, Raúl Núñez y Cristián Riego.

“… La afirmación común de que existe un derecho a recurrir frente a la sentencia pronunciada en juicio de carácter civil reconocida en los tratados internacionales es errónea. Cada país puede definir si desea otorgar dicho derecho a sus ciudadanos en cada uno de los procedimientos judiciales que diseñe…”