Presunción De Inocencia

El trabajo se propone alcanzar tres objetivos. El primero es aclarar la disputada cuestión de la "naturaleza" (teórica o práctica) de las presunciones en el Derecho; el análisis que se realiza pretende separar adecuadamente las llamadas presunciones hominis (del hombre) de las presunciones establecidas por las "normas de presunción". El segundo objetivo es aclarar dos cuestiones vinculadas con las normas de presunción: una, el carácter constitutivo o regulativo de dichas normas; y, otra, si a ellas les es aplicable la distinción entre principios y reglas. El tercer objetivo es mostrar que las llamadas "presunciones iuris et de iure" no son, en realidad, presunciones; pues el razonamiento que se genera a partir de ellas no presenta ninguna de las propiedades características del “razonamiento presuntivo”.

The standard of proof plays an important role in the adjudication task, because only if the standard is exceeded we can say that a statement of fact has been proven. Only then, we can determine if the presumption of innocence is defeated. This intellectual operation must be expressed by the judge in the sentence. The consequence of this duty is that the standard of proof has the utility to prevent a judge´s subjective decision at the time of the adjudication. And so, prevent a conviction based only in an arbitrary decision. Therefore in criminal law, a standard of proof, in a constitutional level, is a mechanism of protection of the presumption of innocence. Yet, in our legal system, this standard doesn’t fulfill that task.

Dista mucho de estar claro si, por qué y, sobre todo, bajo qué condiciones debería el Estado resarcir los daños causados por la prisión provisional cuando el proceso penal termina con la absolución de los perjudicados o con el sobreseimiento. Después de exponer cómo está regulado este problema en nuestro ordenamiento jurídico, de revisar algunas de las soluciones que se le han dado en el Derecho comparado y de repasar las opiniones doctrinales vertidas sobre el particular, este trabajo analiza los costes y los beneficios que para la colectividad se derivan de esta responsabilidad. El autor pone de relieve que indemnizar a los inocentes es socialmente ventajoso, por cuanto así se reduce el coste esperado de ser inocente y, por lo tanto, se incrementa la eficacia preventiva del sistema penal. Ahora bien, si se pretende maximizar esta eficacia, no habrá que compensar a todos los acusados que hayan sufrido prisión provisional seguida de absolución o sobreseimiento, sino sólo a aquellos cuya inocencia quede acreditada de acuerdo con un estándar de prueba más estricto que el utilizado para absolver en el proceso penal.
Western legal systems are far from having provided the same solution to the problem of whether acquitted pre-trial detainees should be compensated for the harm suffered as a result of detention on remand. After describing how this problem has been regulated under Spanish law and other legal systems, this paper analyzes the social costs and benefits derived from compensating acquitted pre-trial detainees, focusing on the case where detention was lawfully and diligently carried out by State agents, and not having been caused by negligence on the part of the detainee. The author shows that compensating actually innocent detainees deters crime insofar as it reduces the expected costs of abiding by the law. Nevertheless, in order to maximize this deterrence effect, the State should not compensate every acquitted defendant for the harm suffered as a consequence of having been held on remand, but only if the evidence indicating his guilt does not reach certain threshold lower than the amount of such incriminating evidence required to convict him.

La presunción de inocencia, erigida como principio constitucional en el artículo 29 de la Carta Política, ha sido considerada por el Tribunal Constitucional como un derecho absoluto no sujeto a ponderación. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sentencia C-774 de 2001, entre otras, señala que la presunción de inocencia no admite excepción y permanece incólume durante toda la etapa de investigación y de juicio. Pese ello, la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario continúa teniendo plena validez y aplicación dentro del proceso penal, contrariando el postulado que la misma Corte desarrolla y referido apenas unos renglones atrás. En el presente artículo se evidenciarán las falacias en que incurre la guardiana de la Constitución al valorar la presunción de inocencia y el derecho a la libertad, y se propondrán dos situaciones en las cuales podría romperse dicha presunción e imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Este trabalho foi desenvolvido com objetivo de analisar, de forma crítica, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do habeas corpus 126.292/SP que modificou o entendimento da corte acerca do princípio da presunção de inocência. Após vasta pesquisa serão demonstrados os históricos do princípio da presunção da inocência no Direito brasileiro, da era colonial até a Constituição de 1988, além de um breve histórico do próprio princípio da presunção da inocência. Ademais, serão demonstrados os argumentos favoráveis e desfavoráveis à decisão da Suprema Corte Brasileira, a opinião dos mais diversos doutrinadores acerca do tema. Outrossim, foi realizado uma análise dos principais pontos, apontando erros e acertos de ambos os lados. Além desses argumentos favoráveis e serão analisados os motivos que levaram a essa mudança, por meio da pesquisa jurisprudencial, além de um debate acerca da constitucionalidade da decisão e a posição dos mais diversos doutrinadores acerca do tema. Por fim, serão expostos os principais julgados que deram origem à mudança e outras jurisprudências pertinentes à análise dessa situação, além da apresentação de possíveis soluções aos problemas apresentados durante a exposição do tema, além de dúvidas que surgiram durante a pesquisa e que não possuem respostas, deixando aberto o debate para aqueles que tiverem interesse.

Cómo hacer aparecer como culpable a quien ante la ley es inocente. Implicaciones deontológicas en la cobertura periodística del “caso Aitana”.

ENGLISH_Case analysis of the media coverage and its ethical implications regarding the "Aitana case" in Spain, where an innocent was framed as guilty by the media, who ignored the mandate of the presumption of innocence.

El presente artículo pretende hacer algunos cuestionamientos en torno a la implementación de la teoría de la carga dinámica de la prueba en la actuación penal, a partir de los elementos brindados por las Reglas de Mallorca y la teoría del garantismo penal, defendida por el profesor Luigi Ferrajoli en Italia, y en Argentina por el profesor Adolfo Alvarado Velloso, desde la perspectiva de una sistemática procesal penal, reconocedora de garantías universales como el debido proceso.

This essay wants to make some questionings around the application of the dynamic evidence charge in criminal process, starting from the point of view given by the Mallorca rules and the criminal guarantee theory, defended by Luigi Ferrajoli in Italy, and Adolfo Alvarado Velloso, in Argentina, from a criminal systematic judgment recognizer of universal rights, as the due process of law.

Cristián Malebrán Eyraud.
Junto a las normas sustantivas, el Derecho procesal penal juega un rol preponderante en el ejercicio del sistema de justicia criminal, es por ello que creemos debe constituir una preocupación y ocupación permanente de aquellos que participan en la puesta en movimiento de la maquinaria procesal penal, sea como operadores directos en audiencia o como aquellos que forman y son formados en las aulas, la observación y análisis crítico del funcionamiento del sistema antes indicado. Así entonces, el estudio de la situación del acusado que privado de su libertad, es luego declarado absuelto, consideramos es un tópico que resulta interesante de abordar, debido al precario resguardo que actualmente se le dedica. De manera que, sin aspirar a intentar solucionar el problema de fondo, que conlleva la existencia del instituto de la prisión preventiva en el actual ordenamiento jurídico, básicamente la problemática en torno a la cual girarán las ideas que aquí se intentará exponer, tienden a observar si dichas personas, en tales circunstancias, se encuentran o no efectivamente amparadas, en el resguardo de los derechos que durante el tiempo que estuvieron privados de libertad, fueron inobservados.

Se analiza la regulación del denominado "procedimiento" de verificación tributaria en el Código Orgánico Tributario de 2001 -así como en el Código de 1982 y sus reformas-, sus incongruencias a partir de la noción de procedimiento administrativo y su inconstitucionalidad por violación del debido proceso.

Comentario al fallo "MPF s/investigación" de la CSJN (año 2017) donde la minoría decide que en el caso hubo una aplicación incorrecta de la duda en favor del imputado. Se recorre el camino transitado por los fallos de la Corte en busca del alcance del "in dubio por reo" y de las posibilidades que tiene la parte acusadora en el sistema argentino de lograr que en última instancia se examine la corrección de los veredictos absolutorios en base a la duda

la prisión provisional constituye
una paradoja del Estado democrático. Es radicalmente hostil al mismo en
la medida en que supone la privación de libertad de un inocente. Pero es
imprescindible para el mismo porque es un instrumento imprescindible
para la prevención de delitos. Esta paradoja tiene como única solución
de compromiso la de hacer de la prisión provisional un instrumento
decente. Y un instrumento decente supone que la prisión provisional sea
legal – esto es: prevista con detalle en la ley -, proporcionada – esto es:
imprescindible para la prevención mediata o inmediata de delitos – y
justa – sólo aplicable a un probable culpable -. Y ha de ser un instrumento
decente decentemente aplicado: por un juez imparcial y con plenas
garantías de defensa.

En el presente trabajo analizaremos las características lógicas de la presunción de inocencia y el in dubio pro reo en el juicio penal, desde el punto de vista de un sistema argumentativo de inferencias derrotables o retractables. El análisis constará de dos partes generales: en primer lugar, interpretaremos la presunción de inocencia según el lenguaje lógico usado en el sistema argumentativo, en nuestro caso el de un sistema evaluativo basado en el lenguaje de la lógica por defecto con prioridades; en segundo lugar, evaluaremos distintos escenarios discursivos que pueden tener lugar en el juicio, según los movimientos argumentativos de las partes, el fiscal y el defensor. Algunos puntos fundamentales que veremos son: el uso de reglas por defecto en los casos de presunciones, la decisión meta-discursiva del evaluador ante múltiples conjuntos de consecuencias o escenarios posibles y la necesidad de introducir un orden parcial de prioridad en la aplicación de las reglas por defecto. En la elaboración del trabajo hemos seguido la siguiente máxima: tanto lenguaje informal como sea posible, tanto lenguaje formal como sea necesario.

Sumario: 1. Introducción. 2. La llamada presunción vulgar. 3. El concepto jurídico de presunción. 4. Clases de presunciones: las presunciones legales. 5. Las disposiciones supletorias. 6. Reglas sobre la carga de la prueba: las verdades interinas. 7. La presunción de validez de los actos administrativos. 1. INTRODUCCIÓN En el ámbito del Derecho Público es muy frecuente encontrar senten-cias y trabajos académicos en los que se utiliza el término "presunción" y "ficción" con muy poco rigor, atribuyendo esa calificación a reglas que tie-nen una naturaleza claramente distinta. En efecto, pese a que inicialmente todos coinciden en definir a la presunción como el instituto jurídico que permite considerar probado el hecho A por la prueba de otro hecho dis-tinto B, lo cierto es que los operadores jurídicos califican frecuentemente como presunciones a distintas normas que no reproducen ese esquema, hasta el punto que los principales investigadores de esta categoría norma-tiva han reconocido que en pocas instituciones jurídicas existe un mayor desacuerdo dogmático 1 .

A partir de una conceptualización del razonamiento defensivo en los procesos judiciales, el trabajo analiza el rol de las defensas probatorias en el proceso penal. Dentro de este tipo de defensas, la alegación de la inocencia en el contexto de la acción de revisión revive la discusión teórica sobre los distintos estándares probatorios disponibles en el proceso penal. El estudio de la práctica de la Corte Suprema chilena sobre este punto, a su vez, revela
algunas contradicciones y problemas de sobrevaloración de la prueba científica aportada para probar la inocencia de una persona (erróneamente) condenada por sentencia firme. Este trabajo persigue mostrar la necesidad de contar con un estándar probatorio para la inocencia que sirva de coordenada para su prueba en la revisión en particular y en el proceso penal en general.

En el derecho procesal penal, y más específicamente en el proceso penal, siempre está latente la posibilidad del error (falsos positivos: condena de inocentes/absoluciones de culpables). Reducir ese margen es un fin ineludible en el estado de derecho. Incrementar nuestras aptitudes y capacidades profesionales como operadores jurídicos en el manejo de una prueba trascendental es una manera de intentarlo.

En el marco de un Estado constitucional de derecho, la Constitución Polí- tica de Colombia consagra en su artículo 29, como derecho fundamental, el principio de inocencia, señalando que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Esa misma Constitución dispone, en el artículo 250, que al ciudadano procesado penalmente se le pueden imponer medidas preventivas para proteger la sociedad o la víctima, conservar la prueba u obligarlo a comparecer al proceso, llegando incluso a privar de la libertad a quien no ha sido penado. De esta manera, se privilegia el trámite penal o la mera posibilidad de atentar contra alguien o de fugarse frente al derecho inalienable del ciudadano de presumir que no ha cometido delito.

Propósito de este trabajo. Defender la libertad e integridad personal, quizás sea el propósito de este ensayo, o pretender bosquejar una necesaria conciencia procesal sobre la condena cautelar, ese es el fin. La sociedad ha concebido, el Estado de Derecho y el proceso penal como la vía idónea para solucionar conflictos, para evitar la violencia, garantizar la vigencia de los derechos y la cohesión social. La prisión preventiva ejecutada irracionalmente, sin conciencia ética y académica, inevitablemente se transforma en un arma poderosa para el control social bajo la excusa de proteger, así el poder punitivo se ejerce en protección de la sociedad de forma convenientemente selectiva. Es imperativo, devolver la importancia al juicio y a la sentencia definitiva, este ensayo invita a pensar de forma disruptiva sobre la irracionalidad de la prisión procesal, porque, cuando un ciudadano es privado de su libertad de forma arbitraria el poder punitivo del Estado pierde legitimidad y autoridad, como consecuencia de haber renunciado a su deber de superioridad ética. Introducción La importante incidencia cautelar de privación de libertad, no es un propósito del proceso penal, es una excepcional y extrema decisión, no es un micro juicio final, al contrario, es un procedimiento especial, subordinado a la existencia del proceso principal, tampoco es una homologación de mero trámite baladí de las detenciones policiales. La pretensión de prisión cautelar del Ministerio Público debe obligatoriamente vencer tres barreras la presunción de inocencia, el derecho de ser juzgado en libertad y la demostración de que es absolutamente necesaria su procedencia. Para evitar la arbitrariedad en el ejercicio del poder irracional sobre el ciudadano debe exigirse un nivel significativo de probabilidad de ocurrencia de los hechos directos, así como de los hechos base que justifican la pretensión de encarcelamiento. En este sentido, es ineludible que se demande un estándar de prueba que constituya el umbral de suficiencia para considerar probado un hecho. El carácter cautelar es provisional y subsidiario al procedimiento principal; no es una sentencia definitiva que modifica una situación jurídica, ni crea o extingue derechos, pero si los afecta y daña de forma casi irreversible; porque un solo día de prisión es irrecuperable,

En nuestro ámbito nacional, se entendió que cuando el art. 18, CN, dispone categóricamente que ningún habitante de la Nación será penado sin juicio previo, establece el principio de que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme. Vemos así que el principio de inocencia, su extensión y sus consecuencias, se encuentra vinculado a dos conceptos distintos, el juicio previo, de un lado, y la firmeza de la sentencia, del otro. La Constitución histórica había establecido como condición de validez de una sentencia condenatoria la realización previa de un juicio público, oral, contradictorio, con inmediación y de instancia única. La aparición de la revisión de la sentencia de condena como garantía procesal (art. 75, inc. 22, CN, y arts. 8.2.h, CADH, y 14.5, PIDCyP) significó una modificación de la estructura del sistema de garantías. Con la aparición del derecho a la revisión judicial de la sentencia de condena, la Ley Fundamental amplía esas condiciones de validez; ahora es necesario que exista un procedimiento penal previo con una instancia de revisión de la condena dictada con posterioridad al debate. Por su parte, la firmeza del fallo condenatorio, entendida como punto que cierra la operatividad de toda consecuencia del principio jurídico de inocencia, brinda a la ejecución de la condena el sentido de negación del mentado principio. Mas el acaecimiento de esta condición de firmeza puede o no coincidir con la etapa donde se desarrolla la garantía del doble conforme. De allí que su presencia y la de sus efectos como garantía en el proceso penal debería tener un fundamento propio.

Os assuntos da presunção de inocência e a prisão após haver o duplo grau de jurisdição, medida considerada constitucional pelo STF desde 2016, traz acalorados debates entre juristas e até mesmo julgadores, como o Brasil todo assistiu no julgamento do HC 152.752. A Revista Vanguarda Jurídica ouviu alguns importantes juristas a respeito da polêmica que ocorre acerca da execução da sentença criminal. Algumas perguntas foram feitas e os entrevistados contribuíram com as suas opiniões.

Resumo: O cinema é um dos elementos centrais da " cultura pop " na atualidade, com destaque para os filmes de super-heróis. Neste contexto o Marvel Studios lançou em 2016 o filme " Capitão América: Guerra Civil " , o qual traz como pano de fundo o seguinte questionamento: devem os super-heróis agirem livremente ou devem ser supervisionados por alguma agência governamental? O questionamento é relevante para o âmbito jurídico no que diz respeito à atuação verificada, em tempos recentes, pelas inúmeras instâncias dos tribunais brasileiros, atuação esta que, se desmedida, leva ao chamado " ativismo judicial " – de maneira que o magistrado acabe por se apresentar, em última instância, como um " super-herói " para a sociedade brasileira. Busca-se, neste artigo, mostrar que este ativismo judicial é perigoso, especialmente para sociedades tais quais a brasileira que acabam por aceitar o surgimento de " salvadores da pátria " , o que leva, em última instância, à fragilização da própria noção de Estado democrático de direito. O artigo se divide em três partes: na primeira apresenta-se, de maneira breve, a relação entre Direito e cinema com base no filme " Capitão América: Guerra Civil " ; na segunda o artigo traz, como estudo de caso, o habeas corpus 126.292, do Supremo Tribunal Federal, que relativizou o princípio da presunção da inocência; por fim, são feitos apontamentos sobre as consequências do ativismo judicial para a sociedade brasileira. O artigo se fundamenta no método indutivo e usa como técnica de pesquisa a bibliográfica, sendo fundamentado no próprio texto legal, bem como em jurisprudência e em doutrina brasileira e estrangeira.

Abstract: Movies are one of the central elements of today's popular culture, especially superhero films. In this context Marvel Studios released in 2016 the film " Captain America: Civil War " , which brings in its background the following question: should superheroes act freely or should they be supervised by a government agency? The question is relevant in the Brazilian legal context due to the alleged excessive action, in recent times, by numerous instances of Brazilian courts, leading to the so-called " judicial activism " – so that the magistrate will eventually present himself or herself, ultimately, as a " superhero " to the Brazilian society. It is aimed, in this article, to show that this judicial activism is dangerous, especially for societies such as the Brazilian one which end up accepting the emergence of so-called " saviors of the nation " , so that this leads, ultimately, to the weakening of the notion of democratic rule of law. To achieve this objective, the article is divided into three parts: the first presents briefly the relationship between law and movies based on the film " Captain America: Civil War " ; the second brings as a case study the habeas corpus 126,292 from Brazilian Supreme Court, which relativized the principle of presumption of innocence; finally, notes are made on the consequences of judicial activism for Brazilian society. The article is based on the inductive method and uses a bibliographic research technique, being based on legal texts as well as in jurisprudence and in Brazilian and foreign doctrine.

A presunção de inocência está inscrita dentre os direitos fundamentais da pessoa humana e surgiu para salvaguardar os direitos individuais do cidadão e limitar o poder estatal. Inúmeros tratados e convenções internacionais1 preveem esse direito, a Constituição de 1988 o consagra como garantia individual e cumpre sua missão de garantir os direitos fundamentais da pessoa investigada e acusada. O constituinte brasileiro decidiu por fixar o termo final dessa presunção como o trânsito em julgado; esse é o marco processual e temporal a partir do qual se pode considerar alguém culpado e, por conseguinte, lançar-lhe o nome no rol dos culpados, executar uma pena com base na responsabilidade criminal e se passa a levar em conta a reincidência. Entretanto, a forma de pensar o processo penal e, ainda, pragmaticamente, a forma como os sujeitos processuais devem se portar no processo penal sofreu forte alteração após a decisão do Supremo Tribunal Federal no HC 126.292 e, posteriormente, os indeferimentos das liminares nas ADCs 43 e 44, bem assim a decisão em repercussão geral do ARE 964.246, em que se passou a admitir a execução provisória (rectius: imediata) da pena após a condenação em 2º grau. Esse fato mudou significativamente as estratégias do jogo que as partes no processo devem traçar, em razão de o posicionamento estar sendo adotado pelos juízes de 1º e 2º instância e pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo tendo sido tomada sem seguir os protocolos esperados de uma decisão a que se emprestou repercussão geral, ou seja, sem o necessário debate no plenário físico do STF, como bem se pronunciou o ministro Marco Aurélio Melo2, e sem a oportunidade de participação plural da sociedade e das outras instituições do sistema de Justiça. Importante registrar que a execução antecipada ou provisória da pena, quando O jogo mudou: Lula pode ser solto em liminar de revisão criminal

La doctrina de la denominada “condena alternativa” o “subsunción alternativa en la condena” (Wahlfeststellung), de origen alemán, viene siendo acogida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde hace una década. Esta doctrina trata de resolver aquellos casos en los que el tribunal concluye, más allá de toda duda razonable, que el acusado cometió un ilícito penal, pero se muestra incapaz de declarar cuál exactamente. En este trabajo se analiza su compatibilidad con la presunción de inocencia.

El artículo examina la aplicación del derecho a la presunción de inocencia, en tanto elemento del debido proceso penal, en los procedimientos administrativos sancionadores. Con dicho fin, por un lado, se expone la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional sobre el denominado «debido proceso administrativo» y se propone cuál debería ser su contenido mínimo en los procedimientos administrativos sancionadores. Por otro lado, se revisan los orígenes y principales significados de la presunción de inocencia (regla de trato, regla sobre la distribución de la carga de la prueba y regla sobre el estándar de prueba), los planteamientos de la doctrina nacional y la jurisprudencia constitucional sobre su aplicación en sede administrativa y las objeciones que pueden formularse a esta tesis. Se concluye que, a pesar de estas objeciones, los principales significados de la presunción de inocencia deberían ser aplicados «con matices» en los procedimientos administrativos sancionadores, esto es, manteniendo la esencia o núcleo de este derecho y alterando solo sus aspectos secundarios.

O trabalho aborda a credibilidade da prova testemunhal no processo penal, buscando compreender se há uma valoração adequada em face da sua confiabilidade, visto tratar-se de um meio de prova produzido com base exclusiva em lembranças. O objetivo é demonstrar que a memória humana possui fragilidades expressivas, tais como o esquecimento natural decorrente do tempo transcorrido; as falhas de foco; e as falsas memórias. Todos estes pontos de falibilidade prejudicam a formação da certeza irremediável do julgador, especialmente quando é baseada com exclusividade na prova testemunhal, o que traz o problema de pesquisa: a fragilidade da prova testemunhal, decorrente das falsas memórias, pode comprometer a dimensão de julgamento da presunção de inocência? Para responder, a pesquisa utiliza, como metodologia, uma abordagem teórica da doutrina e da psicologia forense (zetética); analisa casos concretos correlatos (estudo de caso) e avalia os impactos sociais que as repercussões da temática proporcionam (ciência social). Conclui-se que as vulnerabilidades da memória trazem uma natureza controversa a este instrumento, de forma que se faz necessário repensar sua abordagem processual, em prol de uma valoração consentânea à proteção dos direitos fundamentais do acusado.

El objetivo de este ensayo es analizar la relevancia de la determinación verdadera de los hechos en el contexto de la condena penal. Para ello no debemos perder de vista que la verdad en el proceso penal se encuentra atravesada por directrices políticas, morales y jurídicas. Es que entiendo que los recaudos propios de la imposición de una pena definen aspectos esenciales de la verdad como concepto relevante y útil en el orden jurídico procesal penal. En un marco político-jurídico garantista, lo imprescindible es la necesidad de evitar con el máximo de recursos disponibles en el proceso penal el castigo a un inocente. Sin embargo, la falla en tal empresa nunca puede ser cargada al individuo que soporta la pena, en virtud de los defectos en el ejercicio de sus medios defensivos. En este sentido, los modelos procesales deben ser construidos sobre el valor de la protección de la inocencia jurídica, y sostenerse en: a) la obligación del Estado de no condenar ni aplicar pena sin antes haber determinado la verdad sobre la culpabilidad del acusado, y b) la indisponibilidad de la pena estatal por parte del acusado como criterio para determinar el sentido de su situación procesal, en general, y de sus derechos y facultades procesales, en particular. Obviamente, la instancia oficial de revisión de la condena no escapa a esta construcción del sentido jurídico de los modelos procesales. Palabras clave: epistemología jurídica-estándar de prueba-inocencia-condena penal-modelos procesales.

The standard of proof plays an important role in the adjudication task, because only if the standard is exceeded we can say that a statement of fact has been proven. Only then, we can determine if the presumption of innocence is defeated. This intellectual operation must be expressed by the judge in the sentence. The consequence of this duty is that the standard of proof has the utility to prevent a judge´s subjective decision at the time of the adjudication. And so, prevent a conviction based only in an arbitrary decision. Therefore in criminal law, a standard of proof, in a constitutional level, is a mechanism of protection of the presumption of innocence. Yet, in our legal system, this standard doesn’t fulfill that task.

Este trabajo responde a un estudio descriptivo de revisión documental fundamentado en el derecho comparado y en los métodos exegético y análisis documental, que utilizados de forma interrelacionada permitieron el estudio de la institución de prisión preventiva como medida cautelar, así como su relación con el principio de presunción de inocencia; tiene por objetivo el análisis jurídico de la prisión preventiva como medida cautelar y su estrecha relación con el respeto del principio de presunción de inocencia. Entre los principales hallazgos se encuentra la existencia de contradicciones entre las normas que constan en el Derecho Penal, en vinculación con los Derechos del Debido Proceso, consagrados en la Constitución del Ecuador; así como también con los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, irrespetando el principio constitucional de presunción de inocencia por parte de fiscales y jueces de garantías penales. Se concluye que los jueces penales no aplican la medida cautelar de prisión preventiva de manera restrictiva como lo establecen los Códigos de Procedimiento Penal, lo hacen más bien de forma generalizada, atentando contra el principio de la libertad individual de las personas.