Presunción De Inocencia

Indispensable es tratar temas procesales respecto a la privación de la libertad, presentándose en la actualidad una discusión latente en Colombia, en la que se valora argumentativamente si se debe restringir para una persona este derecho, una vez se ha dictado el sentido del fallo condenatorio cuando existan prohibiciones respecto a beneficios punitivos, denotándose dos posturas de la jurisprudencia que se contraponen. El objetivo perseguido es resolver que frente a un problema jurídico similar se viene decidiendo con dos alternativas distintas que comprometen el derecho a la libertad y, con ello, el despliegue de las múltiples consecuencias del encierro. Así, se iniciará fijando la categoría de la libertad como un presupuesto máximo; enseguida se ubicarán las dos posiciones contrapuestas frente a una misma situación y, a partir de ello, se vinculará al trabajo la trascendencia del rol del juez argumentador. Con apoyo de una metodología cualitativa, que involucra el estudio del tema por medio de jurisprudencia, doctrina y bibliografía, se colegirá que las limitaciones del derecho a la libertad que están en un escenario procesal en pugna pueden deberse a múltiples posiciones valorativas, y debido a ello, solamente se otea un resultado plausible derivado de la garantía de la motivación.

El presente artículo tiene como fin ulterior, esgrimir las líneas esenciales de la política criminal de exhibicionismo penal contra los presuntos responsables de la comisión de delitos, circunstancia que vulnera el esquema garantista del sistema penal mexicano adoptado a través de la reforma constitucional de 2008 y degrada el constructo social del Estado Democrático de Derecho, robustecido mediante la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.

A lo largo de los siguientes apartados, se esgrime un estudio sobre los derechos fundamentales lesionados por la práctica estatal del exhibicionismo penal, hecho que ha significado violaciones tanto al debido proceso legal como a la dignidad y honor de los gobernados quienes deberían ser los principales sujetos de protección del Estado mexicano.

La presente obra (accesible en https://www.boe.es/biblioteca_juridica/abrir_pdf.php?id=PUB-DP-2024-311) constituye el resultado final del proyecto de investigación Responsabilidad penal por el hecho y Estado democrático. Una investigación sobre la legitimidad de la criminalización de ideas y caracteres (FACTUM, RTI2018-097727-B-I00), financiado desde el Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de la Sociedad del Ministerio de Ciencia e Innovación. Su objeto, el principio de responsabilidad por el hecho, se erige, sin duda, en uno de los límites de la intervención penal de un Estado democrático de mayor relevancia. Mi contribución, titulada "Requisitos de la prisión provisional: elementos personales y elementos del hecho", problematiza este principio y su posible adelantamiento durante el proceso penal.

En su columna de opinión Pérez Barberá reflexiona críticamente sobre la previsión legal que establece que una sentencia solo será ejecutable una vez que se encuentre firme. Él entiende que esa norma viene a validar una práctica judicial que acarrea consecuencias perniciosas para la imagen de la administración de justicia y también para el propio sentido y fin de la pena estatal.
En tanto tengo una divergente visión sobre este tema, intentaré responder a las razones expresadas por Pérez Barberá en respaldo de su posición.

El presente artículo sistematiza, a partir de referencias encontradas en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, los  enfrentamientos  de  pares  conceptuales  surgidos  de  discusiones  sobre  la  operatividad de la presunción de la inocencia en el ámbito angloamericano. El  estudio  demuestra  que  las  conclusiones  parciales  en  cada  una  de  esas  confrontaciones, como características definitorias del derecho a la presunción de  la  inocencia,  deben  ser  obtenidas  mediante  argumentos  consistentes  con  el  fundamento  normativo  de  este  derecho.  Como  resultado,  el  artículo  expone una noción de presunción de la inocencia que abarca cada una de las conclusiones parciales alcanzadas de esa manera

La presunción de inocencia y los juicios justos son nuestro Grial laico. De otro modo, el delito de pedofilia se decidirá con juicios prematuros y populistas ¿Netflix o juicios justos?
https://www.elmundo.es/opinion/columnistas/2021/01/19/6006b6a0fc6c8367388b461b.html

Este trabajo tiene como objetivo analizar los estándares de prueba en el proceso penal peruano. Se analiza el origen de la institución y sus diversas propiedades conceptuales. Para ello se estudiará primero los aspectos más importantes del estándar de prueba y posteriormente los problemas que surgen de un modelo de estándar de prueba basado en la duda razonable y en las sospechas, tal como lo ha realizado la Corte Suprema de Justicia peruana. Al final se determinará que, si bien se generaron conceptos erróneos, en la actualidad de la práctica peruana el empleo de la institución es más adecuado.

El actual proceso penal ya no puede ser comprendido sin la formula binaria: Constitución y proceso (1). Es que el sistema penal paraguayo se ha constitucionalizado de tal modo, que sólo puede ser explicado adecuadamente desde aquéllas normas primarias. Así, desde un tiempo atrás, nos referimos al “bloque de constitucionalidad” cuando expresamos el contenido mínimo que debe considerar la justicia penal para resolver una cuestión litigiosa traída a su ámbito de competencia. Y es más, también nos referimos al llamado “bloque de convencionalidad” cuando debe considerarse todo el bagaje de pactos y convenciones internacionales (universales y regionales) en materia de
derechos humanos que irradian el sistema penal.
Estos bloques de constitucionalidad y de convencionalidad se conectan con el
moderno Estado Social de Derecho y, estos a su vez, con la dignidad humana formando
una relación de carácter jurídico con alto contenido político. La persona humana como
finalidad última del Estado y su organización política, como garante de su desarrollo con
libertad y calidad

El Principio de Favorabilidad es una garantía constitucional que tiene como objetivo salvaguardar los derechos humanos de las personas procesadas o condenadas por delitos, hablando ya en el ámbito penal, al ser aplicada la ley más favorable al mismo, aún cuando la norma ha sido expedida de manera posterior al cometimiento de la infracción. Además, señala que este principio debe ser aplicado de manera directa e inmediata por el juzgador, aun sin previa petición de parte. Este principio se basa en los valores de la justicia, equidad y proporcionalidad, y tiene como fin evitar la arbitrariedad y la desproporción en la aplicación de las sanciones.

El propósito del presente trabajo es reflexionar acerca de algunos aspectos problemáticos que existen en torno a la presunción de la inocencia en la teoría liberal-comunitaria del sistema penal, elaborada por Antony Duff. En rigor, nuestra atención se centrará en una de las derivaciones de este derecho de la persona imputada, aquella referida al ejercicio de la carga probatoria de los elementos que hacen a su responsabilidad penal.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el tratamiento de los medios de comunicación sobre los delitos de carácter sexual y su repercusión social, y entender los factores y criterios de selección que provocan que ciertos delitos sean más mediáticos que otros. Es relevante para la investigación la implicación de la opinión pública con respecto a los temas que se tratan en los medios de comunicación, así como la manera de los propios medios de tratar las noticias y la mediatización del delito. El presente estudio se va a basar en el caso que se produjo en España en el año 2016, conocido como el caso de La Manada, en el cual se produjo una violación en grupo a una mujer de 18 años en el contexto festivo de San Fermín en Pamplona.

En el presente comentario se abordan dos
cuestiones probatorias con ocasión de un fallo sobre
simulación de un contrato de compraventa. La primera
tiene que ver con que la simulación permite cuestionar
que el sistema probatorio del Código de Procedimiento
Civil sea uno de prueba tasada, sino que es uno que
combina reglas de valoración legal (fuertes y débiles) y
de sana crítica. La segunda cuestión dice relación con
el rol de las presunciones judiciales que permiten inferir
la simulación, y los criterios jurisprudenciales que
sirven para su construcción.

En el presente trabajo se analizaron las posiciones doctrinarias y
jurisprudenciales contrapuestas en torno al momento en el cuál debe comenzar a ejecutarse la sentencia condenatoria, y se intentó dar respuesta al siguiente interrogante: si, a la luz del principio de inocencia, el dictado de una sentencia condenatoria puede entenderse como “sentencia firme” y autorizar a que se disponga automáticamente el encarcelamiento pese a la existencia de un recurso de queja ante la CSJN por extraordinario federal denegado.
Además, se realizó una crítica a las posiciones actuales que intentan afirmar que con el dictado de la condena por el Tribunal Oral correspondiente el principio de inocencia cede y, en consecuencia, se habilita a la ejecución de condena.
Finalmente, se plantea la inconstitucionalidad del art. 309 del Nuevo Código Procesal Penal Federal en cuanto ordena que se aplique una de las medidas restrictivas del art. 210, dentro de las cuales se encuentra la prisión preventiva.

La argumentación jurídica constituye en los sistemas judiciales contemporáneos, una categoría de innegable valor. El empleo de una literatura jurídica, de normas pertinentes, de una apropiada valoración de la prueba, ofrecen el espacio al juez para ofrecer pautas valorativas por las que, razona la resolución en su conjunto, y sobre la que se sustenta la declaración de culpabilidad o inocencia. El objetivo general es analizar la vinculación existente entre la argumentación jurídica y la declaración de culpabilidad o inocencia del procesado. Así se logra concluir que ello constituye un componente sustancial de todo fallo judicial en materia penal, porque soporta en sus pilares, la declaración en torno al procesado.

El Procedimiento Abreviado como uno de los procedimientos especiales, trae consigo una serie de reglas con el objeto de conseguir una administracion de justicia agil y rapida de conformidad a los mandatos constitucionales, y, la Suspension Condicional de la Pena permite extinguir la condena a pena privativa de libertad, tras el cumplimiento de una serie de condiciones impuestas bajo vigilancia por un periodo de tiempo determinado; son reconocidos y regulados en el Codigo Organico Integral Penal que entro en vigencia desde el diez de agosto del ano 2014. Considerados en el Ecuador, como las figuras o instituciones juridicas que mayor relevancia cobran por los objetivos que persiguen en el Derecho Penal ecuatoriano, figuras que, al tener sus respectivas regulaciones, deben operar unicamente bajo los presupuestos legales que trae el Codigo Organico Integral Penal. La Corte Nacional de Justicia por medio de la Resolucion No.02-2016, que se mantiene vigente hasta la presente fecha, no pe...

¿Se imagina usted si una mañana, al subir a su automóvil para dirigirse al trabajo no encuentra el volante? Luego, al mirar hacia el asiento del copiloto observa con espanto que frente a él está colocado, junto al tablero y la caja de cambios. Es decir, desde ahora le toca manejar como en el sistema inglés. Algo muy similar sucedió en diciembre del año 2000 cuando en las regiones de Coquimbo y la Araucanía se dio inicio a la Reforma procesal Penal. De un día para otro se instauró un procedimiento acusatorio y garantista. Se incorporaron en el léxico judicial términos novedosos tales como “facultad de no perseverar”, “lectura de derechos” y “fundamentación de las resoluciones” y otros extraídos de novelas de John Grisham como por ejemplo “más allá de toda duda razonable”.
Ha pasado más de una década desde la incorporación del Código procesal penal (CPP) en nuestro ordenamiento, texto que ha sido modificado profusamente a fin de corregir ciertos ripios no contemplados por el legislador al momento de su elaboración. Sin embargo, el Artículo 344 del CPP, donde se consagra este estándar de convicción de la duda razonable se ha mantenido incólume, sin tener un sentido y alcance explicitado en la ley. Es por ello que colmar este vacío es una tarea que ha sido designada a la doctrina y jurisprudencia.
El presente trabajo tiene por objeto tratar de explicar cuáles son los estándares de convicción en materia en general, en materia penal y como ha sido la incorporación del umbral de la duda razonable por la jurisprudencia chilena.

En el presente artículo realizamos una revisión crítica de las principales medidas establecidas por las Normas Internacionales del Trabajo-expuestas a través de la Organización Internacional del Trabajo-, en relación a diversos aspectos fundamentales para garantizar la vida y salud de los trabajadores, tales como: las obligaciones del empleador, las obligaciones y derechos del trabajador, la salud mental del trabajador, el papel de la fiscalización, la Covid-19 como enfermedad profesional y el riesgo biológico. Posteriormente, establecemos las principales características de la inspección en materia de seguridad y salud en el Perú, para lo cual, iniciamos realizando un balance crítico del estado situacional de la inspección y la seguridad y salud de los trabajadores para comprender sus conflictos, desenvolvimiento y consecuencias; luego, establecemos el marco en el que se desenvuelve la inspección del trabajo, desarrollando los siguientes aspectos: definición, finalidad, funciones, ámbito de aplicación y procedimiento en concreto. Todos los planteamientos expuestos servirán para que, países en las mismas condiciones de subdesarrollo y dependencia, puedan comprender la importancia de las medidas establecidas en las Normas Internacionales del Trabajo, así como, los problemas y limitaciones en los que se desenvuelven la ejecución, en el panorama nacional, de las normas de inspección y seguridad y salud en el trabajo.

Antecedentes historico normativos de la garantia de audiencia de la ley de la Renta y de las liquidaciones oficiosas—La garantia de audiencia en la regulacion en el procedimiento de la liquidacion oficiosa del impuesto sobre la renta—Jurisprudencia y derecho comparado de de la garantia de audiencia del procedimiento de la liquidacion oficiosa del impuesto sobre la renta—Analisis de la garantia de audiencia en el proceso de la liquidacion forzosa del impuesto sobre la renta.

La problemática del presente artículo se contextualiza en qué; se verifica que la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal tienen conformidad entre sí y no guardan ninguna contradicción, no obstante, la norma con rango de reglamento se contrapone a la norma suprema al generar una incompatibilidad con la misma, porque se intenta desconocer el medio alterativo de solución de conflictos en la sustanciación del procedimiento directo en materia de tránsito, al restringir que la conciliación solo opere para la suspensión condicional de la pena y se mantenga la rebaja de puntos, desconociendo lo normado en el Art. 655.5 del Código Orgánico Integral Penal (2014). El objetivo del presente artículo se configura en: Determinar cómo se afecta el principio de igualdad formal y reserva de ley en la conciliación en materia de tránsito. La metodología que se ha planteado se encuadra en: investigativa teórico-descriptiva, con un enfoque centrado en la documentación. Los resultados obtenidos ...

El presente comentario tiene la humilde  meta de presentar someramente al lector algunas de las controversias que se plantean alrededor de la aplicación práctica del proceso de juicio abreviado regulado por el art. 431 bis del CPPN, principalmente en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional, a propósito de la nulidad por inconstitucionalidad declarada recientemente por el Dr. Mario Magariños en el precedente en comentario. En ese carril, el objetivo no radica en analizar el grado de acierto o error en las distintas posturas, cuestiones ya largamente debatidas en doctrina, sino que por el contrario, simplemente pretende poner una vez más sobre la mesa los efectos concretos que la diversidad de criterios interpretativos sobre las normas, tiene concretamente sobre los justiciables, y si estamos dispuestos a aceptar tales consecuencias a la luz del principio general de justicia e igualdad ante la ley.

SUMARIO: 1. CONCEPTO, DELIMITACIÓN RESPECTO DE FIGURAS AFINES Y FUNCIONES.—2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA.—3. CARÁCTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN VIGENTE.—4. REQUISITOS: 4.1. El daño; 4.2. El funcionamiento de los servicios públicos; 4.3. El nexo causal: 4.3.1. La causalidad y su prueba; 4.3.2. Causalidad adecuada y criterios funcionalmente equivalentes; 4.3.3. Concurrencia de causas; 4.3.4. Fuerza mayor; 4.4. El problema de la culpa.—5. LA INDEMNIZACIÓN: 5.1. El principio de reparación integral y sus excepciones; 5.2. Modalidades y cuantificación.—6. VÍAS DE EXIGENCIA: 6.1. Vía judicial; 6.2. Vía administrativa previa; 6.3. Prescripción.—7. RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: 7.1. Responsabilidad por error judicial; 7.2. Responsabilidad por prisión preventiva no seguida de condena; 7.3. Responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia; 7.4. Responsabilidad por funcionamiento anormal del Tribunal Constitucional.—8...