Reforma Procesal Penal

El punto que quiero sostener es que, en el afán de introducir el nuevo modelo procesal, no se advirtió que su implementación al margen del principio de especialidad implicaría a la larga la pérdida de los derechos y garantías de los/as adolescentes. Eso no significa afirmar que la respuesta estatal al delito de las personas menores de edad no deba adjudicarse en el marco del modelo acusatorio; por lo contrario, tanto para adolescentes como para adultos ése es el modelo que mejor permite llevar adelante el programa constitucional y cumplir con el Derecho internacional en lo que se refiere al aseguramiento del debido proceso legal. Lo que sostengo es que el modelo acusatorio tout court es insuficiente porque ese programa —junto con el mencionado corpus juris— exige que los Estados hagan algo más: tratar a los/as niños/as, y a los/as adolescentes como tales, con la conciencia de que son sujetos que tienen un status existencial diferente del de las personas adultas.

La configuración de la persecución penal se erige como un punto de examen cardinal, toda vez que cualquier decisión que al respecto se tome tendrá, pues, una incidencia directa en la expansión o limitación de la punición estatal, así como en el aumento o disminución de su reprochable selectividad.

Ahora bien, las reformas procesales de las últimas décadas se definen de manera transversal por un selectivo trasplante de instituciones, usualmente erigido sobre un instrumentalista eficientismo procesal que se orienta a la producción de ciertos resultados útiles para la construcción y mantenimiento del poder, y que prescinde de toda consideración en torno a la cultura jurídica propia de cada ordenamiento, las garantías de un debido proceso y las necesidades de acceso a la justicia.

Los anteriores factores plantean la necesidad de aproximarse críticamente al instituto de la acusación privada introducido al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 1826 de 2017, en medio de un cuestionamiento por su auténtica racionalidad instrumental, es decir, por los intereses y objetivos que mediaron su implementación, así como también por los aspectos problemáticos que dicha racionalidad, materializada en la regulación concreta de la figura, envuelve de cara a una postura crítica del castigo y recelosa frente al poder.

Cristián Malebrán Eyraud.
Junto a las normas sustantivas, el Derecho procesal penal juega un rol preponderante en el ejercicio del sistema de justicia criminal, es por ello que creemos debe constituir una preocupación y ocupación permanente de aquellos que participan en la puesta en movimiento de la maquinaria procesal penal, sea como operadores directos en audiencia o como aquellos que forman y son formados en las aulas, la observación y análisis crítico del funcionamiento del sistema antes indicado. Así entonces, el estudio de la situación del acusado que privado de su libertad, es luego declarado absuelto, consideramos es un tópico que resulta interesante de abordar, debido al precario resguardo que actualmente se le dedica. De manera que, sin aspirar a intentar solucionar el problema de fondo, que conlleva la existencia del instituto de la prisión preventiva en el actual ordenamiento jurídico, básicamente la problemática en torno a la cual girarán las ideas que aquí se intentará exponer, tienden a observar si dichas personas, en tales circunstancias, se encuentran o no efectivamente amparadas, en el resguardo de los derechos que durante el tiempo que estuvieron privados de libertad, fueron inobservados.

El objetivo de esta trabajo es analizar las restricciones a los derechos ciudadanos y libertades civiles que gozaban los mexicanos desde las Constituciones de 1857 y 1917, todo ello en el marco de un conjunto de acciones principalmente la reforma de justicia penal impulsada en México en el periodo 2007-2012, como parte de la “reforma del Estado”. En esta decisión el Estado ha mostrado más una orientación hacia “temas de seguridad pública” que en la protección directa de los derechos civiles de las personas.

Con este Proyecto se prorroga la entrada en vigencia de los juicios orales y públicos en Uruguay. Por ende, de aprobarse la ley, comenzarían a regir en 2019 y no en 2017 como lo establece el nuevo Código de proceso Penal aprobado. Por ende se realizará una aplicación gradual del Código.

Mariano Hilario Cornejo no fue un jurista. Fue un sociólogo proveniente, principalmente, del positivismo francés. Esta particularidad permite identificar un singular aborde de la justicia penal, bajo la vigencia de un discurso que, si bien no se ajusta al tradicional discurso jurídico procesal, sí resulta bastante claro y sistemático, hasta el punto de haberse concretado en el Código de Procedimientos en Materia Criminal de 1920 cuyo mérito, a diferencia de los demás movimientos de reforma procesal penal en el Perú, fue marcar un antes y un después en lo concerniente a la separación de las funciones de investigación y juicio que, de hecho, las siguientes reformas mantendrían. Así, en apretada síntesis, el cambio gravitacional de la reforma en materia de justicia penal en el Perú no se debió a la influencia de los juristas, sino al pensamiento sociológico. Desde esta perspectiva, en el presente artículo se advertirá como el pensamiento de D. Mariano Hilario Cornejo fue una constante en su desarrollo, como académico y político, a partir de la noción central del “equilibrio de poderes” y de “paridad entre los mecanismos de poder y de control”, que, en el ámbito de la justicia penal, le permita fundamentar la necesidad de implementar un sistema de jurado en el Perú de inicios del siglo XX.

(Se trata de un borrador de un trabajo que escribí durante 2017. Falta una revisión final).
En este trabajo examinaré algunos aspectos del derecho probatorio instalado en el proceso penal vigente en el sistema de administración de justicia de la CABA. Para ello, debe tenerse en cuenta que en el año 2007 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obedeciendo el mandado constitucional de esa ciudad, sancionó el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley n° 2303) que entró en vigencia ese mismo año. En ese marco, la declamación de que se trata de un código procesal adversarial o acusatorio que rige en un contexto procesal de tradición europeo continental me ha obligado a buscar referencias en los estudios de derecho comparado de Mirjan Damaška y de Máximo Langer. En el acápite II, presentaré sus ideas y plantearé el marco teórico para analizar la regulación de la prueba en el CPPCABA. En el acápite siguiente, sin perder de vista la propuesta teórica de Langer, verificaré si las características institucionales típicas del derecho probatorio anglosajón que propone analizar Damaška están presentes en el diseño del CPPCABA y qué alcance les han otorgado ciertas prácticas y decisiones judiciales. Luego, en el acápite IV, se expondrán algunas breves referencias sobre los conceptos de relevancia, pertinencia, utilidad y admisibilidad de la prueba, para establecer un lenguaje común. También analizaré las reglas del CPPCABA en las que están regulados esos conceptos a la luz del marco teórico y de los conceptos expuestos. Se pondrá de resalto que la discusión sobre la admisión de prueba no ha logrado un gran desarrollo en el proceso penal de la CABA. Considero que el diseño institucional, las prácticas y los operadores son factores que han conducido a esa falta de discusión. En el último apartado, haré unas breves reflexiones.

La presente ponencia tiene como objetivos redefinir el concepto de determinación judicial de la pena y, en consecuencia, brindar una nueva perspectiva de cómo debería desarrollarse la actividad probatoria de las partes antes y durante la audiencia de determinación de la pena.

Jaime Vivanco y Roberto Dufraix.
Haciendo honor al espíritu que anima a estas Cuartas Jornadas de Ciencias Penales, que apunta a la “racionalización del Derecho penal chileno”, nuestra ponencia plantea la necesidad de establecer por ley la existencia de juzgados de ejecución de penas, cuestión que no está explicitada en los artículos 79 y 80 de nuestro Código penal, que se refieren en general a esta materia, así se analizara la experiencia de Estados extranjeros y la opinión de destacados penalistas en cuanto a esta relevante materia.

La crisis del concepto de culpabilidad, o más bien, la crisis de su fundamento material, no es más que un problema virtual, falso, ficticio que, fue solucionado adecuadamente en el terreno conceptual que le corresponde: la Filosofía, que ha acarreado muchos más problemas que posibles soluciones al conocimiento científico y a la práctica del Derecho.

In this paper I study the regional import-export strategies of Latin American criminal justice reformers and the emergence of a regional hub of reform expertise. Analyzing these regional processes – sidelined by most studies, focusing on central - country to periphery-country north-south circulations – I account for the contents and implementation-designs of the criminal procedure reforms in the last two decades in many Latin American states, increasing their punitive capacities and
legitimacy. I dissect the Argentine and Chilean reform processes in the 1980s and 1990s, situated at the core of these regional dynamics. Locating these regional processes within historical transatlantic and continental circuits of penal expertise I show that these strategies and institutions result from struggles within national criminal justice fields and from reformers exporting their fights regionally to regain power at home or to dispute it to core-countries’ agents.

El presente trabajo ofrece un estudio de la medida cautelar de detención regulada en los artículos 122 y siguientes del Código Procesal Penal a la luz de las reformas legales que han alterado su estructura y de los proyectos de ley en tramitación que buscan modificar la regulación legal actualmente vigente en la materia. El artículo expone una visión crítica de los procesos legislativos llevados a cabo en esta área, así como del contenido de las reformas propuestas.

Charla brindada en el marco de la actividad: Oralidad en el Nuevo CPP. Realizada en la Facultad de Derecho (UBA), el día 7 de septiembre de 2015. Organizada por La Centeno. La reforma procesal penal y la necesidad de modificar las currículas en las Facultades de Derecho.

Tesis (Licenciado en Ciencias Jurídicas)La Reforma Procesal Penal comenzó de forma gradual a lo largo de todo el país, es así, como en el año 2000 entró en vigencia en las regiones IV y IX, en el 2001 en las regiones 11, 111, VII, en año 2002 en las regiones 1, XI y XII, en el 2003 en las regiones V, VI, VIII y X, y finalmente el 16 de Junio del año 2005, en la Región Metropolitana. Durante este proceso gradual de implementación, las Cortes de Apelaciones de Regiones han resuelto incontables recursos creando jurisprudencia, que ha sido interiorizada por las Cortes de la Región Metropolitana. En un afán de sistematizar, pormenorizar e investigar acerca del recurso, decidimos realizar un análisis jurisprudencia! del mismo, específicamente en las Cortes de Santiago y San Miguel, ya qué estás representan un modelo gráfico (tangible) de la situación nacional. Para comenzar con el tema, será necesario ·hacer una breve reseña acerca de la Reforma Procesal Penal, la evolución del de Nulidad...