Justicia Juvenil

El presente artículo realiza una mirada panorámica al actual proceso de implementación de una nueva institucionalidad de infancia y adolescencia en Chile, lo que incluye una Ley de Protección de Derechos que derogue la antigua Ley de Menores, un Defensor del Niño y la separación del actual Servicio Nacional de Menores en dos Servicios: el Servicio de Protección de Derechos de los niños, niñas y adolescentes, que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social, y el Servicio de Justicia Juvenil, dependiente del Ministerio de Justicia.

El presente artículo reflexiona sobre lo que significa la reinserción social de los y las adolescentes en materia de sus responsabilidad penal, bajo el sistema establecido por la Ley N° 20.084, que entró en vigencia en Chile el 8 de junio de 2007. Siendo un asunto de central importancia, las instituciones del sistema no se han puesto de acuerdo en qué debemos entender por tal concepto, y mientras ello no ocurra, muchas de las descoordinaciones o problemas que se observan a nivel control de ejecución de penas no podrán resolverse. En este documento propongo un concepto de reinserción social que se ajusta a lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 40 N° 1, y se describe como “la generación de un proyecto propio, autónomo y respetuoso de los derechos de las demás personas, acompañado de la articulación de redes sociales y recursos personales, con enfoque de género, para sostener ese proyecto en el tiempo y darle una viabilidad plausible, en el entorno comunitario en el que normalmente se desenvuelve el o la adolescente”.

En el sistema tradicional de Justicia Juvenil en Argentina, el juez desempeña un papel pasivo, ya que simplemente impone la medida correctiva o dispositiva pertinente. Este sistema no hace nada para la prevención en el problema de la delincuencia juvenil, como para evitar que se cometa nuevamente algún delito no violento.
Un cambio de esta realidad se daría con la creación de Tribunales de Adolescentes, dedicados a tratar las causas que motivan la comisión de delitos por los mismos, y fijar las penas por sus pares. Este sistema, de ser implementado, le permitirá al Juez ejercer un papel resocializador,
dando una “segunda” oportunidad al menor.
Los tribunales de adolescentes se desarrollaron en los Estados Unidos de América como una alternativa a los tribunales tradicionales del sistema de justicia juvenil, con el propósito de dar a los jóvenes, que cometen actos delictivos menos serios, una “segunda” oportunidad.
Estos tribunales operan sobre la premisa de que al ser juzgado por sus pares, en adolescentes este hecho puede tener un impacto más grande que el ser juzgados por la figura adulta de un Juez del sistema tradicional.

El objetivo general del estudio es proponer un modelo para la construcción de una Batería de instrumentos de Evaluación para el Modelo de Intervención del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, analizando los escenarios técnicos posibles en relación a la realidad nacional.

El punto que quiero sostener es que, en el afán de introducir el nuevo modelo procesal, no se advirtió que su implementación al margen del principio de especialidad implicaría a la larga la pérdida de los derechos y garantías de los/as adolescentes. Eso no significa afirmar que la respuesta estatal al delito de las personas menores de edad no deba adjudicarse en el marco del modelo acusatorio; por lo contrario, tanto para adolescentes como para adultos ése es el modelo que mejor permite llevar adelante el programa constitucional y cumplir con el Derecho internacional en lo que se refiere al aseguramiento del debido proceso legal. Lo que sostengo es que el modelo acusatorio tout court es insuficiente porque ese programa —junto con el mencionado corpus juris— exige que los Estados hagan algo más: tratar a los/as niños/as, y a los/as adolescentes como tales, con la conciencia de que son sujetos que tienen un status existencial diferente del de las personas adultas.

Pese a exponer severas dificultades que la cuestionan en sus fundamentos y en su ejecución, la privación de libertad de adolescentes aparece como un recurso siempre disponible, al que la sociedad uruguaya continúa invocando como medida de control-sanción-castigo, tanto desde las instituciones como desde la demanda política y social. Este trabajo pretende develar los múltiples problemas que la apelación a este recurso supone tanto para los adolescentes como para la sociedad. En este sentido, se considera que esta reflexión puede constituir un aporte al proceso de pensamiento que contribuya a problematizar las valoraciones de sentido común del Uruguay actual que vinculan infracción con adolescencia y uso retributivo de la sanción penal.

Este trabajo trata sobre la situación de las niñas que entran en contacto, como imputadas, víctimas o testigos, con el sistema penal. Señala el déficit de un corpus iuris robusto de protección específica de los derechos de las niñas, así como las dificultades en la consolidación y el fortalecimiento de prácticas sensibles a sus características, particularidades y vulnerabilidades desde una perspectiva de edad y género.

PALABRAS CLAVES
Derechos de las niñas
Derechos Humanos
Corpus juris
Protección especial
Vulnerabilidad
Invisibilidad
Acceso a la justicia
Protección judicial
Justicia juvenil.

O artigo investiga as relações de poder e a masculinidade num cenário de prática de atos infracionais e de participação em facções criminosas. Trata-se de um trabalho de cunho teórico e empírico que, além da revisão bibliográfica, explora dados produzidos pelo Projeto de Extensão Direitos Humanos na Prática, da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), no primeiro semestre de 2018. A partir de 3 (três) instrumentos de coletas com informações sobre “poder” e “masculinidade” dos adolescentes, são analisados os relatos de adolescentes internados no Centro de Atendimento Socioeducativo Mossoró/RN (CASE). Podemos concluir que a vontade de poder e a necessidade de afirmação da masculinidade dos adolescentes atuam de modo a contribuir para a prática de atos infracionais e a participação em facções criminosas.

Se conceptualizan las distintas aproximaciones teóricas y metodológicas sobre valoración y gestión del riesgo de reincidencia delictiva en menores infractores. Se realiza una revisión sistemática de los instrumentos empleados con mayor frecuencia para valorar y gestionar el riesgo de reincidencia. Se emplean las bases de datos bibliográficos PsycINFO y Google Académico. Se seleccionan aquellos instrumentos cuyas puntuaciones presentan adecuados niveles de validez predictiva y aquellos cuyas características resultan relevantes por su idiosincrasia. Se localizan quince instrumentos: tres escalas actuariales (JSORRAT-II, Static-99 y PCL:YV) y doce instrumentos clínico-estructurados (YLS/CMI, SAVRY, SIED-AJ, EARL-20B, EARL-21G, J-SOAP-II, ERASOR 2.0, MEGA, Asset, ARMIDILO-S, DASH-13 y PREVI-A). Existe una gran variabilidad en los resultados en cuanto a validez predictiva cuando se comparan diferentes estudios realizados con un mismo instrumento. La adecuación de un instrumento al contexto judicial debe basarse en resultados de valores de validez predictiva (AUC) a partir de .70-.75.

Both theoretical and methodological approaches were gathered based on the risk assessment and management of criminal recidivism among young offenders. A systematic review of the instruments most often used to assess and manage the risk of recidivism was carried out. PsycINFO and Google Scholar were used as databases. The instruments chosen were based on adequate levels of predictive validity and those whose aspects were relevant. Fifteen instruments were found: three actuarial scales –JSORRAT-II, Static-99, and PCL-YV– and twelve structured clinical judgment measures –YLS/CMI, SAVRY, SIED-AJ, EARL-20B, EARL-21G, J-SOAP-II, ERASOR 2.0, MEGA, Asset, ARMIDILO-S, DASH13, and PREVI-A. There is a great variability in the results found in terms of predictive validity when different studies with the same tool are compared. The adequacy of an instrument to the judicial context must be based on values of predictive validity (AUC) between .70-.75.

En esta unidad revisaremos la Ley N° 20.032, que regula la forma en que se financiarán estos programas, y ahondaremos en algunos aspectos prácticos relativos a los actuales procesos de licitación, entre otras materias. Además abordaremos el reglamento de la misma, y analizaremos su impacto en la Ley N° 20.084, ley que para su puesta en marcha, requiere de una perfecta armonía con el sistema de subvenciones.

Este artículo analiza una de las principales instituciones jurídicas de la fase de ejecución de las sanciones penales para adolescentes, como es el quebrantamiento de condena. En primer término, dará cuenta de la estrecha relación entre la existencia de sanciones comunitarias o no privativas de libertad y un régimen de reacción ante casos de incumplimiento, donde destaca la cooperación del condenado en su efectivo cumplimiento. En segundo término, presentará una sistematización de los principios que orientan el sistema de quebrantamientos definido por la Ley de responsabilidad penal del adolescente en Chile, y un estudio de las condiciones de su aplicación, poniendo especial énfasis en el desarrollo del criterio de “gravedad” del incumplimiento, ofreciendo diversos parámetros para su valoración concreta. Finalmente, este trabajo tratará sobre las consecuencias jurídicas asociadas a la declaración judicial del quebrantamiento y sobre algunos aspectos particularmente destacados en materia de derechos procesales.

La delincuencia juvenil ha aumentado considerablemente en México en los últimos años. La Constitución mexicana  fue modificada en el 2005 para instituir el sistema integral de justicia para adolescentes. El principio rector es el interés superior del niño y su protección integral, requiere además, que se le otorguen a los adolescentes los derechos fundamentales y los del debido proceso. Consecuentemente, las legislaciones locales se formularon bajo el mismo principio del interés superior del niño, el cual busca  plenitud del ejercicio de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal y su desarrollo integral. Estos derechos adquirieron el rango constitucional. La ley que establece el Sistema Integral de Justicia Para Adolescentes del Estado de Sonora México, estipula en  el Artículo 23 que al Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas le corresponde realizar los estudios médicos y psicológicos de los adolescentes, así como del entorno familiar, social y cultural. Con esto elaborará un dictamen que proponga al juez las medidas más benéficas para el adolescente.

En esta aportación se presenta el proceso de construcción y de aplicación de un cuestionario que permite explorar las dimensiones e indicadores de empoderamiento juvenil construidas a partir del Proyecto Hebe (REF.: EDU2017-83249-R). El estudio 1 se delimita en jóvenes que han cumplido la medida judicial de convivencia en grupo educativo de medio abierto por delitos de violencia filioparental en Cataluña. Los primeros resultados obtenidos permiten analizar las habilidades y aprendizajes que se han consolidado después que la persona joven haya completado dicha medida judicial, así como señalar las principales acciones o prácticas de intervención socioeducativa empoderadoras que se desarrollan en el marco del sistema de justicia juvenil actual. La investigación nos permite concluir con la necesidad de trabajar desde el diálogo y la cercanía en la relación para mejorar los procesos de empoderamiento juvenil.

La LORPM establece un proceso de menores con todas las garantías que puede culminar con la imposición de medidas al menor infractor de entre 14 y 18 años. Pero, ¿qué sucede con los menores infractores de menos de 14 años? El presente artículo intenta abordar esa problemática analizando el precepto de la LEC que hace referencia a los "menores con problemas de conducta".

El presente documento procura aportar al debate sobre un aspecto especifico de una de las reformas en infancia en curso, la que crea un nuevo Nacional de Reinserción Social Juvenil (Boletín N° 11.174-07) y que incluye en una de sus partes, el artículo 56 -quizá la más relevante en cantidad de artículos y en sustancia normativa- una serie de modificaciones significativas a la Ley N° 20.084. Se trabaja sobre el texto del proyecto aprobado en el Senado a fines de enero de 2020. El proyecto se encuentra actualmente en su segundo trámite constitucional, en discusión en la Comisión de Constitución y Legislación de la H. Cámara de Diputados.
En las líneas que siguen, básicamente, se presentarán los contenidos principales de la principal reforma a la ley N° 20.084, y se formularán recomendaciones y su justificación.

El Anuario de Derechos Humanos ha invitado a tres expertos en derechos del niño, quienes desde diferentes miradas y experiencias —derecho de familia, derechos del niño, responsabilidad penal adolescente—, nos explican su visión sobre la situación actual de los derechos de la infancia y adolescencia en Chile y sus perspectivas de cambio.

O artigo investiga as relacoes de poder e a masculinidade num cenario de pratica de atos infracionais e de participacao em faccoes criminosas. Trata-se de um trabalho de cunho teorico e empirico que, alem da revisao bibliografica, explora dados produzidos pelo Projeto de Extensao Direitos Humanos na Pratica, da Universidade Federal Rural do Semiarido (UFERSA), no primeiro semestre de 2018. A partir de 3 (tres) instrumentos de coletas com informacoes sobre “poder” e “masculinidade” dos adolescentes, sao analisados os relatos de adolescentes internados no Centro de Atendimento Socioeducativo Mossoro/RN (CASE). Podemos concluir que a vontade de poder e a necessidade de afirmacao da masculinidade dos adolescentes atuam de modo a contribuir para a pratica de atos infracionais e a participacao em faccoes criminosas.

La Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes establece un procedimiento especial para la tramitación de los procesos penales seguidos contra adolescentes, y si bien existe una remisión muy general al Código Procesal Penal, ello tiene al menos dos límites que deben ser considerados a la hora de determinar, por ejemplo, la aplicación del procedimiento simplificado: el carácter especial del procedimiento, no se trata de un proceso penal de adultos atenuado, sino especial para adolescentes, y en segundo lugar, las normas que modifiquen las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, pues estas últimas sólo se aplican de forma “supletoria”.

Este trabajo tiene por objeto sustentar la siguiente tesis: al menos durante el periodo inmediatamente anterior de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.084, es decir, durante el año 2006, las mujeres adolescentes de nuestro país habrían cometido menos delitos que los hombres, de menor gravedad, presentando al parecer además una mejor inserción en el sistema escolar. Sin embargo, a la luz de estos mismos datos, habrían sido perseguidas penalmente con mayor intensidad que los adolescentes varones, lo que eventualmente sería contrario a la normativa de derechos humanos e incoherente con sus características criminológicas. A partir de esta reflexión en torno a las posibles explicaciones de estos datos, se pretende generar espacios de discusión acerca de lo que estaría sucediendo con las mujeres adolescentes en el ámbito del sistema penal intentando visualizar sus particularidades. Para ello, primero se desarrollará el marco normativo dentro del cual debe ajustarse cualquier política pública criminal o de seguridad ciudadana con enfoque de género. En la segunda parte se entrega un análisis estadístico descriptivo comparativo entre hombres y mujeres, basado en la información de la base de datos de aprehensiones de Carabineros del periodo 1995-2006 y los datos de ingresos a SENAME y Gendarmería de Chile del año 2006.

Mediante datos obtenidos a través del Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes (ITAMA), el organismo encargado de tratar la delincuencia juvenil en el Estado de Sonora, se describe el perfil sociodemográfico y criminológico de los adolescentes que cometieron delitos en el periodo 2007 - 2010 en la región de Guaymas-Empalme.

UNICEF-Chile y la Defensoría Penal Pública de Chile patrocinaron este estudio para evaluar los primeros diez años de reforma penal adolescente, el cual fue realizado por la Fundación CIDENI, la dirección del proyecto estuvo a cargo de Luis Vial. Chile reformó la justicia penal adolescente el año 2007, lo que significó dejar atrás el sistema de discernimiento que permitía el enjuiciamiento y la sanción de adolescentes de 16 y 17 años de edad como si fueran adultos. Esta reforma suponía dejar atrás el paradigma basado en el modelo tutelar y avanzar en uno fundado sobre los estándares jurídicos y sociales establecidos por la Convención Internacional de Derechos del Niño. El estudio propone un análisis del comportamiento del sistema de responsabilidad penal entre el 2008 y el 2018 a partir de una revisión estadística y de la realización de entrevistas a intervinientes del sistema penal adolescente y a un grupo de expertos, además de proponer un análisis comparativo entre estadísticas socioeconómicas por municipios para calcular la probabilidad que tienen los adolescentes de ser imputados penalmente según su comuna de origen. El estudio revela una valoración positiva respecto a la creación de un sistema de justicia especial, pero todavía existen desafíos importantes en materia de especialización de algunos de los intervinientes (jueces y fiscales), las salidas judiciales y la utilización de medidas cautelares todavía muestran resultados muy similares al compararlo con la justicia para adultos.

Se trata de un documento colectivo elaborado con profesionales que trabajan en el campo de la justicia juvenil en Catalunya (medidas de internamiento y de libertad vigilada)  en el que se desarrolla la metodología para elaborar planes de trabajo con jóvenes infractores, dentro de lo que establece el protocolo de atención a jóvenes que están sometidos a medidas de justicia juvenil.

En el curso de las últimas décadas se han emprendido notables transformaciones en las respuestas adoptadas frente al delito juvenil. Tales reformas, que han entrañado una creciente atribución de culpabilidad, han tenido como muestra paradigmática el enjuiciamiento de los menores en tribunales de adultos. Dada la resonancia adquirida por la opinión pública en las decisiones político-criminales, el presente estudio tiene como objeto explorar el posicionamiento de la población hacia dicha iniciativa, mediante el análisis cuantitativo de una muestra estatal compuesta por 1.000 sujetos. Los resultados alcanzados constatan el pronunciado apoyo otorgado a la transferencia de los menores que han cometido delitos graves. De igual modo, los datos revelan la existencia de una relación significativa entre dicho respaldo y determinadas variables sociodemográficas y aquellas vinculadas a la percepción de madurez de los adolescentes. Todo ello reafirma la naturaleza compleja y polifacética de los constructos que, como éste, conforman las actitudes punitivas.