Tribunal Constitucional de España

El presente trabajo estudia la evolución y los cambios interpretativos en relación con el artículo 294 de la LOPJ, que regula una de las cuestiones más polémicas y controvertidas, la necesidad de indemnizar, por daños y perjuicios, a aquellos que hayan sufrido prisión provisional seguida de pronunciamiento absolutorio o de auto de sobreseimiento libre. El marco legal actual, tras la recepción por parte de la STC 85/2019 de la doctrina establecida en la STEDH de 16 de febrero de 2016, plantea un escenario ambivalente, en el que afloran muchas dudas e interrogantes y en el que, además, ninguna alternativa parece acabar de ser del todo satisfactoria.

DOI 10.13140/RG.2.1.4084.5682
MARIANO SILVA, Jeferson. (2016), Jurisdição constitucional em Espanha (1981-1992) e Brasil (1988-1997. Tese de doutorado (Ciência política). Rio de Janeiro: IESP-UERJ.
O trabalho apresenta um método de análise descritiva das jurisdições constitucionais, pensado como uma ferramenta que permita ampliar os estudos sobre comportamento judicial comparado e especialmente voltado à análise (a) das circunstâncias históricas particulares em que as jurisdições constitucionais são praticadas; (b) do significado político dos discursos que elas produzem; e (c) dos dissensos e consensos jurisdicionais que as constituem. Os procedimentos metodológicos apresentados são aplicados a dois conjuntos de decisões judiciais: as sentenças prolatadas nos julgamentos de Recursos de Inconstitucionalidade, realizados pelo Tribunal Constitucional de Espanha, entre 1981 e 1992, e as prolatadas nos julgamentos de Ações Diretas de Inconstitucionalidade, realizados pelo Supremo Tribunal Federal, entre 1988 e 1997. Os resultados decorrentes desses ensaios de aplicação do método inicialmente proposto indicam duas conclusões gerais. De uma parte, é possível distinguir, no comportamento dos juízes constitucionais, divergências consistentemente associadas à natureza política de suas indicações. De outra parte, as clivagens do comportamento judicial, mais ou menos coincidentes com as clivagens políticas presentes no momento de formação das composições dos tribunais constitucionais, não atrelam, necessariamente, o comportamento dos juízes constitucionais às preferências atuais dos atores políticos que os indicaram. Ou seja, as divisões mais gerais do espaço político se propagam no espaço da jurisdição constitucional, porém sofrem, neste último espaço, uma refração, por meio da qual os juízes constitucionais indicados por um grupo político agem, muitas vezes, diversamente dos – e mesmo contrariamente aos – interesses desse grupo.

Cronología del conflicto constitucional producido en España con motivo de las crecientes reivindicaciones de independencia de parte de la población catalana. La cronología abarca más de una década de acontecimientos relevantes, jurídicos y políticos, y se inicia con la aprobación en el Parlament de Catalunya del un nuevo Estatut d'autonomia, el 30 de septiembre de 2005, cerrándose en las vísperas de la posible Declaración de Independencia consecuencia del referéndum de autodeterminación unilateral del 1 de octubre de 2017.

1.- Introducción.
2.- El modelo de renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional.
3.- El retraso en la renovación de los magistrados constitucionales.
4.- El contexto de la reforma: coincidencia entre las designaciones de magistrados del Senado y Congreso.
5.- El trámite parlamentario de la ley.
6.- El contenido de la reforma.
  a) Cobertura de vacantes producidas por causas distintas a la expiración del mandato.
  b) Legalización del retraso en la designación parcial de magistrados constitucionales.
7.- La opción tomada por el legislador.
8.- El irresuelto problema de fondo: una propuesta para evitar la excesiva dilación en la designación de magistrados.

El 4 de julio de 2014 el Gobierno designó a D. Antonio Narváez Rodríguez como magistrado del Tribunal Constitucional. El nombramiento vino a cubrir la vacante dejada un mes antes, tras haber sido aceptada la renuncia del magistrado D. Enrique López. Dado que el acontecimiento estuvo rodeado de algunas novedades y otras inusitadas incidencias que han venido a dar un desarrollo en la materia, en este trabajo se ofrecerá una crónica y algunas observaciones de dicho procedimiento selectivo, al hilo de las designaciones de magistrados realizadas por el Gobierno.

Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España de 1994 en el tema que le da título a este trabajo, desde una teoría general de la inconstitucionalidad por omisión como exigencia del principio de supremacía constitucional.

En los años noventa se detectó un incremento desmesurado del número
de amparos que llegaban al Tribunal Constitucional. El aumento fue tan desmedido que rápidamente se convirtió en un problema que amenazó con entorpecer la función jurisdiccional. La solución exigía que se estableciera un remedio legal que permitiera al juez constitucional seleccionar los casos
más relevantes con la finalidad de aligerar la sobrecarga de recursos y evitar
colapsar el acceso a la justicia constitucional. De tal suerte que se pensó en
admitir únicamente aquellos recursos de amparo que acreditaran un objetivo
interés constitucional. Para llevar a cabo este y otros propósitos, se reformó
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

La LO 8/2010, de 4 de noviembre, introdujo un apartado 5º al artículo 16 de la LOTC, por el cual se determina el procedimiento de designación y duración del cargo en la cobertura de plazas vacantes de magistrados constitucionales, y además se resta del periodo de cargo de magistrado el tiempo de retraso en la renovación parcial. Con ello, el legislador ha decidido privilegiar el precepto constitucional de la renovación trienal del Tribunal Constitucional, por encima del que resulta más garantista de la función jurisdiccional del juez constitucional como lo es la duración de nueve años de mandato en el cargo. Además, en estas condiciones, la reforma no resolverá el problema de la dilación en la elección de los jueces constitucionales. En este trabajo se presenta una propuesta para evitarlo.

Organic Law 8/2010 of november 4, introduced a paragraph 5 of article 16 of the Organic Law of the Constitutional Court, which determines the procedure of appointment and term in the coverage of vacant posts of constitutional judges and reduced from the period of judge, the time delay in the renovation of thirds. With this, the legislator has decided to privilege the constitutional provision of the renovation of thirds of the Constitutional Court. On the other hand, did not choose the constitutional provision that was more guarantees of the judicial function, such as the appointed for a period of nine years. Also, in these terms, the amendment will not eliminate the problem of delay in the election of constitutional judges. This paper presents a proposal to avoid delay in the appointment of constitutional judges.

1.- Introducción.
2.- El modelo de renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional. 3.- El retraso en la renovación de los magistrados constitucionales.
4.- El contexto de la reforma: coincidencia entre las designaciones de magistrados del Senado y Congreso.
5.- El trámite parlamentario de la ley.
6.- El contenido de la reforma.
  a) Cobertura de vacantes producidas por causas distintas a la expiración del mandato.
  b) Legalización del retraso en la designación parcial de magistrados constitucionales.
7.- La opción tomada por el legislador.
8.- El irresuelto problema de fondo: una propuesta para evitar la excesiva dilación en la designación de magistrados.

Con este trabajo se busca mostrar cómo el Tribunal Constitucional de España ha enfrentado el desafío de la sobrecarga de trabajo y cuáles han sido los resultados hasta ahora observables de la última reforma sobre el modo en que este tribunal tramita los amparos (realizada en 2007). Con esta finalidad, se explicarán cuáles son los nuevos requisitos que introdujo esta reforma al amparo constitucional, en qué medida estos cambios facilitan la labor del Tribunal Constitucional y cómo éste aplica y especifica las nuevas exigencias procesales. A su vez, se intentará hacer un balance del impacto que produjo la reforma mencionada en la capacidad de trabajo y progreso sobre las tareas atrasadas del Tribunal Constitucional.

DOI 10.13140/RG.2.1.4298.5847
MARIANO SILVA, Jeferson. (2014), "Os primeiros anos da jurisdição constitucional espanhola (1981-1986)". Colóquio Internacional Justiça, Política e Sociedade.
Nesse período, de 1980 a 1986, a história da jurisdição constitucional abstrata espanhola foi a história de dois tipos de embates políticos. Em primeiro lugar, estavam as disputas entre, de um lado, as instituições parlamentares e administrativas centrais do Estado e, de outro, as análogas instituições regionais. E, em segundo lugar, encontrava-se a confrontação, em nível nacional, entre as principais forças partidárias da época – até 1982, PSOE e UCD e, de 1982 em diante, PSOE e AP (Aliança Popular) –, cuja clivagem coincidia, em linhas gerais, com a divisão ideológica entre esquerda (PSOE) e direita (UCD e AP). No primeiro tipo de embates, a jurisdição constitucional abstrata atuou como um freio ao processo de descentralização do Estado, adotando uma orientação moderadamente centralista na resolução das disputas que lhe foram propostas. Já no segundo tipo, ela se inclinou para a esquerda do espectro político, alinhando-se com as concepções ideológicas relativamente progressistas do PSOE. Em ambos os tipos de embates, o Tribunal atuou como uma instância de racionalização de conflitos judiciais, estabelecendo novos critérios, mais ou menos estáveis, a partir dos quais eles pudessem ser resolvidos daí por diante. Ao produzir uma série de normas originais para a resolução de conflitos e determinar em sua jurisprudência o significado mais preciso de algumas das disposições vagas que as Cortes constituintes haviam inscrito na Constituição, o Tribunal assumiu um caráter político mais pronunciado.

I. DERECHO A UN PROCESO EQUITATIVO: 1. Revisión judicial de la actuación de la
Administración: las garantías en el reconocimiento efectivo del derecho subjetivo
a la vivienda de las personas en situación especial de necesidad. 2. La cuestión
prejudicial de constitucionalidad francesa ante el TEDH. 3. Imparcialidad de los
jueces. 4. Derecho de asistencia jurídica gratuita en el procedimiento administrativo.—II. DERECHO AL RESPETO DE LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR: 1. Bioética: donación
de embriones fecundados in vitro con fi nes de investigación. 2. Uso de la cámara
oculta en televisión, derecho a la imagen y religión. 3. Libre desarrollo de la personalidad, ostentación religiosa y ejercicio de funciones públicas.—III. LIBERTAD
RELIGIOSA.—IV. LIBERTAD DE EXPRESIÓN: 1. Derecho al honor de la universidad. 2.
El discurso del odio e incitación a la violencia como criterio de limitación de la
libertad de expresión. 3. Imputación de delitos en el ámbito de la organización
administrativa.—V. CORRIENTES MIGRATORIAS: 1. Derecho al respeto de los bienes:
confi scación excesiva. 2. Condiciones de detención de los extranjeros y prohibición de las expulsiones colectivas. 3. La protección europea frente a las amenazas
de violación de los derechos humanos.—VI. PROHIBICIÓN DE LA TORTURA: MEDIDAS
CAUTELARES.