Comunidades Autónomas

Mejorar los niveles de igualdad de oportunidades educativas se erige como uno
de los objetivos centrales en todas las sociedades modernas. Son varios los
países de la OCDE que se encuentran actualmente preocupados por la movilidad
intergeneracional entendida como el grado en que las ventajas y desventajas
educativas son transmitidas de una generación a otra.
Esta investigación tiene por objetivo general contribuir al conocimiento de
las dinámicas y la naturaleza que permiten explicar la movilidad educativa en la
sociedad española. Para ello se parte de una combinación de estrategias
metodológicas complementarias entre sí que generan nueva evidencia empírica
en este campo especializado. Las políticas sociales juegan un papel esencial en
el proceso educativo a partir de las intervenciones focalizadas que buscan reducir
las desigualdades. En contraste, la mayoría de las investigaciones dentro de este
campo continúan poniendo de manifiesto la desigual distribución de oportunidades
que existe en y entre los países bajo estudio. Las políticas sociales contribuyen
también a una mayor igualdad de oportunidades educativas mediante el
derribamiento de barreras que se han desarrollado en la temprana infancia. Para
conseguirlo es condición sine qua non el conocimiento profundo de las lógicas
que explican la movilidad social educativa en las sociedades en cuestión.
Mi pregunta de análisis no apunta tanto a si el trasfondo familiar se
encuentra o no relacionado con los logros educativos como de qué modo y en
qué grado lo hace. Una inquietud así se responde asumiendo un diseño de
investigación inspirado en el método comparativo. A ello responde también el
hecho de producir una batería de interrogantes que guíen el desarrollo de la
investigación más que la formulación de una única pregunta directriz. Todas ellas
representan inquietudes nacidas del interés por revelar las características y el tipo
de movilidad educativa persistente en la sociedad española y en una selección de
sus Comunidades Autónomas.
Mi propósito es identificar si en éstas existen o no determinados patrones
de movilidad educativa, constantes o variables, el de verificar la significatividad
estadística de las correlaciones entre orígenes y destinos educativos, y el de
evaluar cuán próximos se hallan los niveles de movilidad educativa de la sociedad
española respecto a un cluster de sociedades que sirven de control. Por lo que
concierne a las desigualdades de oportunidades para la movilidad educativa, se
conceptualizan en este estudio como las diferencias de probabilidades que
existen para finalizar el nivel educativo más alto entre los y las descendientes de

Actualmente, no existe una única definición institucional y aplicable a todo el territorio sobre el hogar o la familia monoparental en España. A nivel autonómico, la situación es heterogénea, dado que en la mayoría de las CCAA no existe una legislación. En España hay 18.535.900 hogares y los monoparentales ya representan el 10,1% del total. El 81,9% están encabezados por mujeres. El 43% de las mujeres con estos hogares  están desempleadas, mientras que un 17% tienen algún tipo de ocupación, pero sin contrato. Experimentan las tasas de riesgo de pobreza relativa más altas por tipo de hogar, el 42,9% en 2018. El 74,9% llegan a fin de mes con algún grado de dificultad y uno de cada dos hogares monoparentales está en riesgo de pobreza y exclusión (AROPE), casi el doble del valor para el total de los hogares de España (26,1%). Los sistemas de rentas mínimas, gestionadas desde las CCAA, constituyen un conjunto heterogéneo que establece distintas intensidades de cobertura y de protección ante la pobreza y la exclusión. El perfil de la persona perceptora de rentas mínimas autonómicas es el de una mujer española, de entre 35 y 44 años, con hijos/as a cargo y bajo nivel de estudios. El 60,17% son mujeres, mayoritarias en casi todos los tipos de hogar.  Por tipo de hogar, los monoparentales reciben el 16,9% de las rentas mínimas autonómicas y en un  90,4% están encabezados por mujeres. El estudio cualitativo analiza la información de 50 mujeres con hogares monoparentales perceptoras de rentas mínimas. El 84% señala problemas laborales, el 71% económicos, el 61% de vivienda y el  35% de salud. Las rentas les permiten sobrevivir, pero sólo un cuarto de estas mujeres considera que les facilitan un nivel de vida digno. Este estudio finaliza con nueve propuestas para avanzar en los derechos de estas mujeres y sus familias.

Currently, there is no single institutional definition applicable to single-parent families in Spain. At the regional level, the situation is heterogeneous, given that in most Autonomous Communities there is no legislation. In Spain, there are 18,535,900 households and single parents households already represent 10.1% of the total. 81.9% are headed by women. 43% of women with these households are unemployed, while 17% have some type of occupation, but without a contract. They experience the highest relative poverty risk rates by type of household, 42.9% in 2018. 74.9% arrive at the end of the month with some degree of difficulty and one in two single-parent households is at risk of poverty and exclusion (AROPE), a value which is almost double than the total of households (26.1%). The minimum income systems, managed by the Autonomous Communities, constitute a heterogeneous group of social benefits with different intensities of coverage and protection against poverty and exclusion. The profile of the person receiving regional minimum income is that of a Spanish woman, between 35 and 44 years old, with dependent children and low level of education. 60.17% are women, the majority in almost all types of homes. By type of household, single parents receive 16.9% of the minimum regional income and 90.4% are headed by women. This qualitative study analyzes the information of 50 women with single-parent households receiving minimum incomes. 84% report labour problems, 71% economic, 61% housing and 35% health. The minimum income allows them to survive, but only a quarter of these women consider that they facilitate a decent standard of living. The study ends with nine proposals to advance in the rights of these women and their families.

1. Algunas consideraciones previas
2. Un poco de historia
3. Las funciones desempeñadas por las Oficinas Regionales (y un poco más de historia)
4. La forma jurídica de las Oficinas Regionales
5. El Personal de las Delegaciones Regionales
6. Algunas consideraciones suplementarias

Estructuralmente, el Reino de España se encuentra hoy en una situación en la que su modelo de distribución del poder, sometido a una enorme presión por parte de la población de ciertas zonas del Estado, que parecen conformar ya la mayoría de la ciudadanía al menos en Cataluña, no tiene visos de ser modificado fácilmente en esa dirección gracias a la asimetría de las preferencias y la desproporcionada capacidad de bloqueo de otras zonas del país. No parece, pues, fácil lograr una solución que estabilice satisfactoriamente la situación a medio plazo -más allá de medidas coyunturales o cambios a corto plazo que puedan alejar el riesgo sólo por un tiempo limitado- y, en ausencia de esas necesarias reformas, el 'proceso de desconexión catalán' está llamado a continuar. Paradójicamente, será así en gran parte gracias a la rigidez de la interpretación dominante en nuestra doctrina y al nulo intento por ofrecer soluciones de composición de los intereses en conflicto dentro del actual marco constitucional. La combinación de una interpretación que rechaza todas las soluciones planteadas para ello, de la reforma estatutaria (2006-2010) a la realización de un referéndum acordado (2012-2013) o al desarrollo de un proceso participativo consultivo (2014) con la extrema dificultad en la práctica de lograr la flexibilización introduciendo cambios constitucionales en la línea necesaria para minimizar el conflicto es una bomba de relojería política que permite augurar un incremento de la tensión, al no ser capaz el Derecho público de cumplir satisfactoriamente con su función de facilitar la resolución de este tipo conflictos. Ante un previsible choque, con placas tectónicas que se desplazan lenta pero inexorablemente en direcciones opuestas, la función de estas reglas o de una reforma constitucional, inteligentemente empleadas, debiera ser permitir liberar presiones y no contribuir a acumularlas. No da la sensación de que lo estemos haciendo demasiado bien en España.

The paper aims to investigate the models of differentiated regionalism, as adopted in Italy and in Spain. In fact, the 2001 Italian constitutional reform built a regional system articulated on three levels of autonomy: historical special Regions, ordinary Regions and ordinary Regions with strengthened autonomy. Indeed, Italy chose an asymmetric regional model, able to fit the due level of autonomy for every Region.
Likewise, the older Spanish asymmetric model has been able to keep the State unity and to give, at the same time, the chance for a self-government to the local bodies. The consideration of the economic, linguistic and historic differences has been expressed especially by the Catalan Statute. It is a rationalized model that introduced, beside a loaded preamble, a catalogue of rights and an articulated system of connections with the European Union. The example of Catalonia could be useful for the review of Italian special Regions statutes, like Sicily, where many proposals have been discussed in order to renew the regional charter.
Indeed, the article explains that the balance between uniformity and differentiation is the challenge of the compound State within an asymmetric model, on the purpose to reach cohesion and to show off the differences among the several Regions.

Libro colectivo realizado en colaboración por un amplio grupo interdisciplinar de sociólogos, juristas, geógrafos, educadores, trabajadores sociales, economistas, ingenieros sobre las posibilidades de reforma y profundización de las políticas públicas a escala local en clave participativa. La pretensión es proporcionar, con este estudio y las propuestas que se derivan del mismo, el andamiaje para una profunda reforma del gobierno local en España.

Índice. 1. Prácticas deportivas saludables e inclusión en Andalucía. 2. El acceso de las personas con discapacidad a las instalaciones deportivas en Andalucía. 3. Uso de perros guía por personas con discapacidad visual en Andalucía. Especial referencia al acceso a instalaciones deportivas. 4. El silencio de la legislación andaluza en relación con otros perros de asistencia. 5. Corolario.

Resumen: En este texto pretendemos comprobar la posibilidad de que el alumnado escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil experimente, dentro del contexto escolar y en función de lo que permitan los diferentes currículos españoles, el folclore musical de otra comunidad autónoma. Para ello, analizamos la normativa vigente en este ciclo de cada comunidad autónoma en torno a la didáctica del folclore y nos centramos en la especial casuística del flamenco, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO.
Palabras clave: flamenco, folklore musical, educación infantil, didáctica del folklore.
Abstract: In this text, we hope to verify the chance that preschool students experience, within the school context, the musical folklore of other regions, always depending on what the Spanish syllabus allow us. In order to do this, we analyze the current law in this course of every region about folklore teaching and we focus on special casuistry of flamenco, declared to be World Cultural Heritage by UNESCO.

La Sentencia que ocupará las siguientes páginas, es objeto de un punto de inflexión a través del cual, el Tribunal Supremo cambia años de doctrina jurisprudencial. La figura por excelencia era el Reglamento en las Relaciones de Puesto de Trabajo. A través de este análisis podremos observar, como los criterios han cambiado, y ya no es el régimen normativo a seguir según el Tribunal Supremo. Para terminar realizaremos un análisis a modo de conclusiones extraídas a raíz de su régimen comparativo con la figura jurídica anterior.

1.- Introducción.
2.- El modelo de renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional.
3.- El retraso en la renovación de los magistrados constitucionales.
4.- El contexto de la reforma: coincidencia entre las designaciones de magistrados del Senado y Congreso.
5.- El trámite parlamentario de la ley.
6.- El contenido de la reforma.
  a) Cobertura de vacantes producidas por causas distintas a la expiración del mandato.
  b) Legalización del retraso en la designación parcial de magistrados constitucionales.
7.- La opción tomada por el legislador.
8.- El irresuelto problema de fondo: una propuesta para evitar la excesiva dilación en la designación de magistrados.

Si bien en este Informe se analizan dos documentos diferentes, a lo largo del texto podrá comprobarse cómo, en lo que tiene de interés para nosotros, el segundo de los documentos (“Visión del Futuro de Europa”), incluye bastantes puntos en común con alguna de las pretensiones del primero (“Propuesta de bases y principios para la actualización del autogobierno vasco a través de una reforma del Estatuto de Autonomía de Gernika”). En concreto, en lo que se refiere a la propuesta de aprobar una “Directiva de claridad” europea, sin duda queriendo seguir el modelo de la Ley de Claridad canadiense. Por ello, cuando abordemos el análisis del segundo documento, haremos referencia, inevitablemente, a algunas cuestiones ya comentadas anteriormente. En este Informe hemos procurado mantenernos en un plano exclusivamente técnico-jurídico, sin entrar en consideraciones políticas, y hemos abordado la tarea analizando las consecuencias jurídicas más relevantes de las propuestas planteadas, especialmente en el ámbito constitucional y estatutario. Para ello, hemos manejado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero también algunas aportaciones doctrinales destacadas sobre las materias que iremos abordando. Por último, hemos procurado seguir el mismo orden incluido en los dos documentos analizados, aunque en ocasiones lo alteraremos, para hacer más fácil la comprensión del texto y por razones metodológicas.

There is currently a heterogeneous distribution of public and private funding within the 47 public universities providing on-campus education in Spain. Apparently, such heterogeneity is among the consequences of the different application of RD Law 14/2012 in each Spanish region (Comunidad Autónoma). However, in some cases, there is also heterogeneity in the financial structure among universities belonging to the same region. In this perspective, eight groups of universities with similar funding profiles have been identified, according to their dependence on public regional funding and the public regional funding by students and academics. En la actualidad, el diferente reparto de la financiación pública y privada dentro de las 47 universidades públicas presenciales (UU.PP.PP.) es una realidad. Aparentemente, ha sido una de las consecuencias de la diferente aplicación del RD Ley 14/2012 en cada Comunidad Autónoma (CC.AA.). Sin embargo, se observa como en algunas CC.AA. la estructura financiera de las universidades que la integran también es heterogénea. En concreto, se han identificado ocho grupos de UU.PP.PP. con perfiles de financiación similares, en función de los siguientes aspectos: el grado de dependencia de la financiación pública autonómica; y la dotación autonómica por recursos humanos.

1. La posición nuclear del Presidente de la Junta en el entramado institucional autonómico.
2. El estatuto del Presidente de la Junta.
3. Las atribuciones del Presidente de la Junta de Castilla y León
4. La delegación de atribuciones por parte del Presidente de la Comunidad Autónoma
5. Bibliografía
6. Normativa utilizada

En el presente trabajo se pretende abordar una figura característica del or-denamiento urbanístico castellano y leonés a la luz de la reciente aprobación de la Ley de Medidas sobre Urbanismo y Suelo y teniendo en cuenta además la última normativa jurídica que puede afectar a su desarrollo, como el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008 o la Ley de Contratos del Sector Público de 2007. Dicho análisis, que se extiende también a la observancia del fenómeno de la iniciativa privada en la gestión urbanística, se lleva a cabo además teniendo presente la coyuntura económica que en la actualidad vive nuestro país e in-corporando diversas referencias al derecho autonómico comparado. SUMARIO 1. INTRODUCCIÓN. 2. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO. 2.1. El Proyecto de Actuación.

l. INTENCIONES

2. LOS PARLAMENTOS NACIONALES
2.1. El problema
2.2. Las soluciones
    2.2.l. Generalidades
    2.2.2. Las soluciones europeas
    2.2.3. Las soluciones nacionales
    2.2.4. Las soluciones complementarias

3. LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
3.1. El problema
3.2. Las soluciones
    3.2.1. Las soluciones europeas
    3.2.2. Las soluciones nacionales
    3.2.3. Otros instrumentos de participación de las Comunidades Autónomas

BIBLIOGRAFÍA

Se trata de un capítulo de la obra colectiva "España constitucional (1978-2018). Trayectorias y perspectivas", publicada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales con motivo del 40º aniversario de la Constitución Española. En este capítulo se trata de abordar la trayectoria de los Parlamentos autonómicos desde una doble óptica, normativa y fáctica.

This essay aims to contribute, in its measure, to combat poverty and social inequality that every day affects more people in Spain, leaving them excluded, socially, economically and culturally out in the open of some conditions that do not allow a dignified existence. In order to take a small part of this immense task performed, the essay tackles the issue of the conditional subsidies that should theoretically assume an improvement in the lives of people who are in this situation. It focuses specifically on the Minimum Insertion Incomes (RMI) as they are designed and created for the most excluded sectors of the population. This type of conditional subsidies has autonomic administration, which is why a comparison between the Autonomous Regions and the social benefits is also provided. Additionally, the proposed Basic Income as a measure of structural change is taken centrally and that without hope to combat poverty exclusively (as opposed to the RMI) can be much more effective in combating this scourge that is growing. The terms and amounts of both proposals are analyzed and compared to give mainly theoretical but also practical arguments that the RMI are a conditional subsidies completely obsolete and useless to fight poverty. A brief theoretical review of the concept of poverty is also done in order to emphasize that, its conception directly influences the type of policies that are developed and carried out to try to combat it. The storyline is clear, a critical perspective of the current situation with the intent to emphasize the need to take a small step to start walking all at the same pace.
Keywords: Basic Income(RB), conditional subsidies, Minimum Insertion Income (RMI), Autonomous Regions, poverty and social inequality

Para cuantificar el grado de divulgación de la información relacionada con transparencia y la rendición de cuentas que están llevando a cabo los portales de datos abiertos (open data) de las Comunidades Autónomas españolas, empleamos un indicador formado por veinte ítems que abarca las parcelas de información contable-presupuestaria, transparencia de los cargos gubernamentales y suministro de información relativa al gasto público. Esta lista de comprobación valora, además de la simple existencia de la información, su capacidad reutilizadora según el esquema propuesto por Tim Berners-Lee, el creador de la web. Una investigación previa, que utilizó este indicador en la recogida de datos en los por-tales de datos abiertos autonómicos españoles en los momentos de su apertura (y primeras etapas), desveló que muy pocos de esos apartados estaban cubiertos y que menos de un 1% de los conjuntos de datos contenían la información buscada. El presente estudio, coincidiendo con la entrada en vigor para las Comunidades Autónomas de los títulos I y III de la ley nacional 19/2013 (relacionados con la transparencia y el acceso a la información pública), realiza una nueva visita a estos repositorios digitales en diciembre de 2015 para poder mostrar la evolución experimentada en, aproximadamente, dos años. Este trabajo muestra, de forma detallada, que pocos conjuntos de datos han sido incorporados y que los resultados de cada Comunidad Autónoma siguen siendo paupérrimos manteniéndose diferencias interautonómicas muy elevadas.

El Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, establece un procedimiento de regularización ex post facto de instalaciones y líneas eléctricas de alta tensión no autorizadas. Desde un punto de vista ambiental, la legalidad y consecuencias de este procedimiento son bien dudosas, puesto que obvia la evaluación de impacto ambiental y otros trámites de protección del medio, como los informes de evaluación de las repercusiones sobre espacios protegidos, previstos en la legislación española y europea. Además, esta disposición invade las competencias de las Comunidades Autónomas, vulnera principios elementales del derecho intertemporal e incluso la misma legislación del sector eléctrico que se supone que viene a desarrollar. Habrá que recordar a nuestras autoridades que el Reglamento no lo puede todo.

This study assesses the influence of the forecast horizon on the forecasting performance of several machine learning techniques. We compare the forecast accuracy of Support Vector Regression (SVR) to Neural Network (NN) models, using a linear model as a benchmark. We focus on international tourism demand to all seventeen regions of Spain. The SVR with a Gaussian radial basis function kernel outperforms the rest of the models for the longest forecast horizons. We also find that machine learning methods improve their forecasting accuracy with respect to linear models as forecast horizons increase. This result shows the suitability of SVR for medium and long term forecasting.

El presente trabajo estudia los fundamentos constitucionales de las relaciones entre entes locales y Comunidades Autónomas, dentro del marco estatal, en materia financiera. Se centra, esencialmente, en los tres elementos constitutivos más definitorios jurídicamente de este entramado de relaciones: la suficiencia, la corresponsabilidad y la equidad redistributiva. Asimismo, identifica los retos de futuro a los que todavía ha de atender el legislador para la mejora del sistema.

Así, en cuanto a la suficiencia del sistema, el trabajo concluye que para el actual nivel de despliegue competencial a escala local la financiación prevista respeta el mandato constitucional, pero que a medida que una deseable segunda descentralización lleve más potestades y actuaciones públicas a la esfera local, transferidas desde las CCAA, éstas últimas habrán de proveer de recursos para ello por medio de nuevos mecanismos.

En lo referido a la existencia de mecanismos de corresponsabilidad, se estima que éstos, a escala financiera y tributaria, han sido muy escasos por no decir inexistentes hasta la fecha, y se analizan espacios (transporte metropolitano, impuestos a actividades turísticas) donde podría explorarse en un futuro abrir esta vía.

Por último, se analiza también el escaso resultado redistributivo del sistema actual, así como se exploran las causas del mismo, que tienen mucho que ver con la no puesta en marcha de sistemas efectivos de participación de los entes locales en los tributos autonómicos, cuestión ya reseñada y que en un futuro habría de ser corregida.

El Estado autonómico distingue dos planos normativos: el superior de la Constitución, expresión de la soberanía del pueblo español, y el secundario -y derivado del anterior- de los Estatutos, productos del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Esta distinción entre nacionalidades y regiones, pensada por el constituyente para establecer dos tipos de autonomía, perdió casi toda su importancia al constituirse todo el territorio en Comunidades Autónomas con poder legislativo y muy similares competencias. Desde diciembre de 2002 las principales fuerzas políticas catalanas se propusieron lograr un nuevo Estatuto que garantizara las cotas de autogobierno que -según ellas- debería de haberle supuesto el Estado autonómico. Para lograrlo, aprobaron en septiembre de 2005 un proyecto de Estatuto fundamentado en que Cataluña era una nación, más relevante por tanto que una nacionalidad; lo que le permitía una relación bilateral con el Estado hasta el punto de poder vetar las decisiones estatales que afectaran a Cataluña y fijar su solidaridad financiera con el resto de España. Las Cortes Generales modificaron profundamente el proyecto remitido por el Parlament catalán, pero no hasta el punto de atraer al Partido Popular, que no soló votó en contra sino que presentó un amplio recurso de inconstitucionalidad en julio de 2006.
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el primer recurso extenso contra un Estatuto refrendado por el cuerpo electoral negó que la Constitución permitiera definir a Cataluña como nación, si bien no anuló las afirmaciones en ese sentido del Preámbulo sino que las declaró sin eficacia interpretativa. Por eso, la Sentencia 30/2011 impide la transformación del carácter nacional del Estado autonómico vía normas subconstitucionales, de ahí que se emplee en este artículo el neologismo Estado "neoautonómico", como forma de resaltar que la nueva generación de Estatutos, de textos sesquipedálicos, no cambia la naturaleza del Estado autonómico aunque ahora el Estatuto catalán, el andaluz y los otros Estatutos del Siglo XXI tengan largos preámbulos, declaraciones de derechos y detalladas listas de competencias autonómicas.

Artículo publicado el 25 de mayo de 2022 en el Diario de Sevilla y los otros ocho periódicos del Grupo Joly sobre sobre la indebida inscripción en el padrón municipal de Salobreña de la diputada de Vox Macarena Olona y el procedimiento abierto por la alcaldesa para darla de baja.

En el presente artículo, se analizan los beneficios fiscales presentes en los tributos cedidos a las comunidades autónomas españolas; centrando el estudio en aquellos establecidos a favor de la familia. Inicialmente, se estudia el análisis sobre el beneficio fiscal realizado por otros autores. Se aborda el concepto de beneficio fiscal, así como los efectos que derivan de su establecimiento: equidad, igualdad de trato y asignación monetaria en las leyes reguladoras de cada Comunidad Autónoma y en sus presupuestos anuales. Esto es necesario para, seguidamente, poder realizar un análisis cualitativo y cuantitativo en el periodo objeto de estudio (años 2000 a 2015). Tras ello, se expone también cómo los beneficios fiscales establecidos en las comunidades autónomas generan desigualdades entre ciudadanos ante un mismo hecho o situación. Analizamos de manera cualitativa y cuantitativa las diferencias generadas, así como la asignación en euros por habitante, año y comunidad autónoma. Una vez realizado el análisis anteriormente descrito, podremos mostrar la gran diferencia que hay entre las comunidades autónomas a la hora de establecer los beneficios fiscales a favor de la familia, estableciendo diferencias entre territorios. De esta manera quedará expuesta de modo patente la desigualdad en la asignación vía beneficio fiscal en euros por habitante, año y comunidad autónoma.

El artículo analiza la fase de programación de la política europea de cohesión centrándose en el nivel autonómico de gobierno. Sostiene que los Fondos Estructurales han afectado de manera esencial la configuración de las políticas de desarrollo regional. En particular, la europeización de la política regional en España ha implicado un papel creciente de los gobiernos autonómicos, que han ido adoptando un conjunto de prácticas y procedimientos homogéneos en los procesos de programación e implementación de la política de cohesión. No obstante, la evidencia empírica recogida en las comunidades autónomas de Galicia y de Murcia, en relación con la programación del período financiero 2007-2013 (PORs), prueba la existencia de diferentes configuraciones de la red de política regional que lleva a cabo las tareas de programación. Al mismo tiempo, también las características de capital social de los actores implicados en cada red de política regional presentan diferencias significativas. Estos...

I. INTRODUCCIÓN.
II. EL CONCEPTO CONSTITUCIONAL DE RELACIONES INTERNACIONALES; II.1. La delimitación del concepto, II.1.1. La concepción de las relaciones internacionales en la Constitución, II.1.2.  Interpretación sistemática del artículo 149.1.3ª, II.1.3 La reserva al Estado de una fuente del Derecho, el tratado internacional, II.1.4. La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el artículo 149.1.3; II.2 Las actividades no incluidas dentro del título competencial del art. 149.1.3.
III. LAS ACTIVIDADES AUTONÓMICAS RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD EXTERIOR DEL ESTADO; III.1. La participación de las Comunidades Autónomas en la elaboración de los Tratados, III. 1.1 El derecho a la información en la elaboración de los Tratados; III.1.2 La capacidad de instar al Gobierno la realización de tratados; III.1.3 La participación en las delegaciones estatales para la elaboración de Tratados; III.2 La participación de las Comunidades en la fase ascendente del Derecho Europeo, III.2.1 Las razones de una demanda, III.2.2 Los mecanismos nacionales; III.3. El orden competencial en la aplicación de los tratados y las normas europeas, III.3.1 La inexistencia de una hipotética competencia
general de ejecución de los tratados, III.3.2 El mantenimiento del orden competencial en la ejecución del Derecho europeo, III.3.3 La garantía estatal, III.3.4 El mantenimiento de la división de poderes autonómica.
IV. LAS ACTIVIDADES DE RELIEVE INTERNACIONAL DE LAS COMUNIDADES. IV.1. Las actividades autonómicas con incidencia exterior; IV.2. La promoción exterior; IV.3 La paradiplomacia autonómica;  IV.3.1 Los contactos; IV.3.2 La representación exterior permanente; IV.3.3. La cooperación entre los entes subestatales europeos; IV.3.4. La participación en organismos internacionales.
V. LOS ACUERDOS EXTERIORES. V. 1. La situación legal previa al Estatuto catalán de 2006: del silencio al reconocimiento tácito; V.2. El Estatuto catalán de 2006;  V.3. El valor jurídico de los acuerdos exteriores de las Comunidades Autónomas; V.3.1 Discrepancia con la doctrina dominante, V.3.2 La base legal para el valor vinculante de los Acuerdos, V.3.3. Clasificación de los acuerdos exteriores autonómicos.
VI. CONCLUSIONES.
VII. BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA.

El sendero de Gran Recorrido GR 10 transcurre por las tierras más meridionales de la provincia de Teruel. Inmensos bosques de pinos y carrascas, frondosas vegas cuajadas de chopos, fresnos y álamos en Gúdar o la Serranía de Albarracín, conviven con los desiertos espacios de Javalambre, tapizados de la endémica sabina rastrera. Variada flora que acoge a una rica fauna de aves, mamíferos, insectos, reptiles...

A ello se une un patrimonio y una historia que se retrotrae al principio de los tiempos con el arte rupestre, posteriormente marcados por los conflictos bélicos y políticos surgidos a raíz de la ruptura de los fueros y primacías medievales, como la poderosa Mesta o las sociedades de ganaderos que dieron lugar al surgimiento de las bellas localidades que se extienden a lo largo del camino.

El libro fue publicado junto a Itziar Salinas

RESUMEN El propósito de este artículo es profundizar en las transferencias de fondos entre los distintos niveles de Hacienda y vislumbrar su encaje en el ordenamiento jurídico español, con especial referencia a la Constitución y a la LOFCA. Además, se ana­ lizarán los casos que se han dado en España, cómo se ha actuado y si existe algún caso en la actualidad. Se hará un breve repaso sobre el difícil caso del régimen de concierto y convenio del País Vasco y Navarra. Palabras clave: principio constitucional, LOFCA, principio de solidaridad, trans-ferencia de fondos, Administraciones tributarias, compensación financiera. ABSTRACT The aim of this article is a deep study of fund transfers within the several tax office rates and to foresee to fit them in the Spanish legal system, particularly in the Con­ stitution and the Organic Law for Local Communities Funding. We will also look into the cases that Spain has produced as well as into the measures taken and also to see whether there is currently any such case. We will go through the special case of concert regime and agreements for the Basque Country and Navarra. Die Absicht dieses Artikels ist es, das Thema der Überweisungen von Finanzmit­ teln zwischen den verschiedenen Ebenen des Finanzamts eingehend zu behandeln und zu durchleuchten, wie sich diese zur spanischen Rechtsordnung verhalten. Hierbei soll besonders auf die Spanische Verfassung und auf die LOFCA (Verfas­ sungsgesetz zur Finanzierung der Autonomen Regionen Spaniens) Bezug genom­ men werden. Außerdem werden diejenigen Fälle untersucht, die sich in Spanien ereignet haben; wie sie behandelt wurden und ob derzeit ein neuer Fall existiert. Es wird eine kurze Zusammenfassung zur Übereinkunft und Vereinbarung mit dem Baskenland und der Autonomen Region Navarra dargeboten.

El presente trabajo tiene por objeto analizar el alcance de la reforma de la Administración local operada por la nueva Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, a través de la cual se persigue la consecución de los siguientes objetivos: clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio "una Administración una competencia"; racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera; garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.

This paper aims to analyze the scope of the reform of Local Government operated by the new Law 27/2013, of 27 December, rationalization and sustainability of local government, through which the achievement of the pursued following objectives: to clarify municipal powers to avoid duplication with the powers of other authorities so as to make effective the principle "one Administration, one competition"; rationalize the organizational structure of the local authority in accordance with the principles of efficiency, stability and sustainability financial; ensure a more rigorous financial and budgetary control and encourage private economic initiative avoiding disproportionate administrative interventions.