Katja Winkler

A pesar de los múltiples mecanismos de despojo territorial, las tierras comunales han desempeñado un papel geoestratégico de interés cada vez mayor. Dadas sus formas organizativas en su mayoría colectivas implícitas en esta forma de tenencia, las mismas han representado una vieja bandera de lucha bajo nuevas facetas legales. No sólo han contribuido a que las tierras, bosques y aguas de uso y manejo colectivo hayan sido conservados a lo largo del tiempo, sino que ahora, representan remanentes ecológicos en la era de la desaparición de los distintos ecosistemas a nivel global.

La penetración de las empresas mediante estrategias diversas de control ideológico, psicológico y religioso, de represión y amenazas a la integridad física, así como de cooptación de líderes comunitarios, se suma a la falta de consulta por parte de las autoridades municipales y estatales, y a la falta de acceso a información confiable
por parte de la población afectada. Sin embargo, ante ello destaca la capacidad de respuesta y resistencia de las poblaciones afectadas, y el manejo de una institucionalidad propia.
Aún sin recibir el merecido reconocimiento por parte del Estado, la misma representa
claramente la diversidad de expresión de sistemas de apropiación cultural territorial.

Las campesinas y los campesinos de hace una década se parecen muy poco a los actuales. Sin embargo, las políticas públicas, organismos financieros e instituciones académicas buscan afrontar los cambios acelerados que experimenta el agro, y las consecuencias que
principalmente impactan al campesinado indígena, mediante categorías, clasificaciones y prácticas muchas veces obsoletas. Con frecuencia son estas instituciones las responsables de cambios negativos para la población campesina. Dado que la transformación agraria en gran medida está en sus manos, es de vital importancia no restarle atención a la caracterización de los sujetos campesinos en las agendas, políticas y programas.

En Guatemala, la expansión de monocultivos, especialmente de la caña de azúcar, es congruente con una tendencia mundial de acaparamiento de tierras, sobre todo para fines energéticos. Los efectos nocivos de este cultivo se exploran en el presente trabajo, que busca exponer sobre todo los daños colaterales para la alimentación y la salud de las
poblaciones trabajadoras aledañas, el uso desmedido del agua de este
sector agroindustrial, así como la severa contaminación que ocasiona en este líquido vital. Se concluye en la necesidad de una serie de regulaciones relacionadas entre sí.

El presente trabajo expone algunas facetas de la crisis del modelo económico vigente y su relación con el acaparamiento de tierras como fenómeno global, para aterrizar en un estudio de caso. Muestra la manera en que esta tendencia de despojo de las poblaciones originarias se ve reflejada en Guatemala con la creciente producción de caña de azucar en la Costa Sur de Suchitepéquez, en detrimento de espacios vitales para el cultivo de alimentos.

Actualmente, las poblaciones indígenas K’iche ́s, Qeqchi ́es y
Poqomchi ́es que viven en los departamentos de Totonicapán y Alta Verapaz, se enfrentan a amenazas ocasionadas por las industrias extractivas en sus territorios, regidas por el capital transnacional. Abriendo sus fronteras y presionado por el mismo, el Estado muestra una cara represiva con las poblaciones, para con las cuales busca eludir compromisos adquiridos desde hace más de una década. Sin embargo, las comunidades de los sitios estudiados poseen formas propias de regular y manejar colectivamente sus territorios y los recursos naturales situados en ellos. El
presente trabajo expone algunas de estas instituciones propias de regulación del entorno, que representan vías de defensa y recuperación territorial como mecanismo de cambio.

Con el aumento del uso de plaguicidas de forma permanente en los monocultivos extensivos tales como la caña de azúcar, crecen los efectos negativos sobre las poblaciones en los alrededores y sobre el medio ambiente. Con ello, también se ha observado el incremento epidémico de las enfermedades renales crónicas no tradicionales (ERCnt) en la región Centroamericana. Guatemala, como tercer país productor de azúcar a nivel mundial, no presenta una excepción en verse afectado.