Las principales declaraciones precontractuales: Contratos por negociación y por adhesión

CATALOGACIÓN EN LA PUBLICACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Herrera Osorio, Fredy Andrei, 1980-

Las principales declaraciones precontractuales : contratos por negociación y por adhesión / Fredy Andrei Herrera Osorio. -- Primera edición. -- Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico Sociales Gerardo Molina (UNIJUS), 2020.

296 páginas : ilustraciones en blanco y negro, diagramas. -- (Colección Gerardo Molina ; 85)

Incluye notas bibliográficas al final de cada capítulo e índice temático.

ISBN 978-958-794-196-8 (rústica). -- ISBN 978-958-794-198-2 (e-pub). -- ISBN 978-958-794-197-5 (impresión bajo demanda).

1. Derecho de los contratos 2. Principios generales del derecho 3. Contratos a tiempo parcial 4. Acuerdo de confidencialidad 5. Condiciones generales de contratación – Colombia 6. Responsabilidad precontractual -- Colombia I. Título II. Serie

CDD-23 346.861022 / 2020

Las principales declaraciones precontractuales. Contratos por negociación y por adhesión

Colección Gerardo Molina

© Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá

© Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

© Vicedecanatura de Investigación y Extensión

© Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina, Unijus

© Fredy Andrei Herrera Osorio

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Primera edición, 2020

ISBN

(impreso): 978-958-794-196-8

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(

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): 978-958-794-197-5

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CONTENIDO

Introducción

CAPÍTULO PRIMERO

Entre la subjetividad y la objetividad contractual

Las teorías subjetivas del contrato

La perspectiva clásica del contrato y la autonomía de la voluntad

El derecho canónico: la perspectiva moralista de la voluntad

El racionalismo: la autonomía como única limitante de la libertad individual

Crisis del dogma de la voluntad

El normativismo kelseniano

Teorías solidaristas

Teorías críticas

Reinterpretación del concepto de autonomía de la voluntad

Teoría subjetiva: recepción en Colombia

El contrato contemporáneo y la objetividad

Las perspectivas subjetiva y objetiva en la actualidad

CAPÍTULO SEGUNDO

La formación del contrato: un proceso inconcluso

La formación instantánea y sucesiva del vínculo

Los vacíos del proceso clásico de formación

Una clasificación fundamental: contratos por negociación y por adhesión

Los contratos paritarios

Contratos no paritarios

El íter contractual como nuevo entendimiento del contrato

CAPÍTULO TERCERO

Fase precontractual en los contratos por negociación

La formación de los contratos paritarios

La buena fe como criterio rector de la fase precontractual

Protección contra las actuaciones intencionales

Protección de la apariencia

Deberes secundarios de conducta

La responsabilidad precontractual

El concepto de responsabilidad precontractual

Contenido de la voluntad precontractual

Tratativas preliminares o conversaciones iniciales

Declaraciones precontractuales

Contratos preparatorios

CAPÍTULO CUARTO

Fase precontractual en los contratos por adhesión

La formación de los contratos por adhesión

Contenido de la voluntad precontractual

Publicidad

Acceso a información: revelación y deber de autoinformación

Invitación a ofertar

Condiciones generales de contratación

Contratos de adhesión y contratos estandarizados (contratos con base en condiciones generales de contratación y contratos formulario)

Conclusiones

Índice temático

INTRODUCCIÓN

El contrato, en su concepto clásico, se asentó en la idea de una confluencia perfecta entre las voluntades de los interesados. Aquellos que llegan a un acuerdo sobre las condiciones de un negocio, como si se tratara de un momento mágico, transforman la nada en obligaciones que resultan imperativas y relevantes para el mundo jurídico.

Solo el consentimiento podía limitar la libertad connatural del hombre, pues la voluntad se reconoce como la única fuente de restricciones individuales sin que se vulneren sus derechos como parte de una sociedad. Aquí el derecho sirve para canalizar y regular la libertad, en orden a garantizar que esta se emita en condiciones de reflexividad y conciencia, que impidan un acto de aprovechamiento.

Antes de alcanzar el acuerdo de voluntades, el comportamiento de los tratantes se sometía a los dictados de la moral, en tanto el derecho se preocupó de los efectos derivados del consentimiento y de la formación de este, como fuente de derecho para los interesados. Las declaraciones precontractuales no eran jurídicamente transcendentales, por lo que el estudio de la gestación del consentimiento y el valor de los actos precontractuales se relegó para otras disciplinas.

El Código Civil de la Unión colombiano¹, del año de 1887², siguió esta línea, al omitir cualquier referencia a la etapa precontractual y, por el contrario, regular el contrato de promesa: en su artículo 1611 indicó que la promesa de celebrar un contrato no produce en ningún caso obligación alguna, pretermitiendo los proyectos anteriores que le reconocían valor jurídico³.

El Código Civil de la Unión colombiano, del año de 1887, siguió esta línea, al omitir cualquier referencia a la etapa precontractual y, por el contrario, regular el contrato de promesa: en su artículo 1611 indicó que la promesa de celebrar un contrato no produce en ningún caso obligación alguna, pretermitiendo los proyectos anteriores que le reconocían valor jurídico⁴.

Más aún, el Código Civil, al consagrar el valor jurídico de la buena fe contractual, limitó su alcance a la fase de ejecución de los contratos, esto es, a su cumplimiento, de lo cual se infiere que quiso excluir sus efectos en punto al proceso de formación, lo que es explicable por cuanto el contrato tenía importancia solo a partir del consentimiento de ambas partes⁵.

El artículo 89 de la Ley 153 de 1887 significó una evolución conceptual frente a las anteriores ideas, en tanto admitió una validez por excepción del contrato de promesa, acogiendo así el proyecto inédito de Andrés Bello y el Código Civil chileno. La regla general será la ausencia de eficacia del contrato de promesa, pues se consagra que este no tiene valor alguno, pero se le atribuyen efectos cuando concurran las circunstancias expresamente señaladas en la ley, en un catálogo de ocho (8) elementos, entre generales y especiales. Es un primer reconocimiento del valor jurídico de la fase precontractual.

Con posterioridad, la Ley 51 de 1918, en su artículo 23, admitió el contrato de opción, al disponer que la opción impone al que la concede la obligación de cumplir su compromiso. Si la opción no estuviere sometida a un término o a una condición será ineficaz. Este espaldarazo a la etapa precontractual significó asentir que los negocios jurídicos previos al contrato tienen relevancia en términos jurídicos.

El Código de Comercio, en el artículo 863, consolidó este proceso de consagración, al establecer como regla general que las partes deben negociar de buena fe, con lo cual se impuso una carga moral para que se comporten de manera leal, proba y honrada en la fase precontractual, so pena de comprometer su responsabilidad.

El artículo 862 del mismo código reconoció plenos efectos al pacto de preferencia, de naturaleza eminentemente precontractual, ratificando la renovada eficacia jurídica asignada a las declaraciones de voluntad efectuadas de forma previa a la celebración del contrato.

La buena fe como parámetro de conducta resulta aplicable, en este nuevo contexto, desde las tratativas, y termina con la extinción del vínculo, so pena de ser fuente de responsabilidad⁶.

Con la Ley 518 de 1999, que incorporó a nuestro derecho interno la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, se insistió en el reconocimiento del valor jurídico de la etapa precontractual en materia de contratos internacionales, pues en este instrumento se le confiere un efecto innegable:

•El artículo 8 establece que las negociaciones, propias del periodo precontractual, constituyen uno de los criterios para tener en cuenta para determinar las declaraciones y actos de las partes.

•El literal a) del artículo 10 prescribe que las circunstancias que las partes conozcan antes de la celebración del contrato, esto es, en la fase precontractual, serán tenidas en cuenta para determinar cuál es el establecimiento de comercio de las partes negociales.

•El numeral 2 del artículo 14 reconoce que, en el periodo previo al perfeccionamiento, existen invitaciones a ofertar, las cuales se diferencian de la oferta por estar dirigidas a personas indeterminadas.

•Los artículos 2 (a), 8 (1), 35 (3), 38 (3), 40 y 42 (2.a) dan valor al conocimiento que una de las partes tenga de hechos o circunstancias antes de la celebración del contrato, lo cual pudo haberse presentado precisamente en el marco de procesos de negociación o en la etapa precontractual.

Los Principios de Unidroit sobre los Contratos Comerciales Internacionales, versión 2016, también dedican varios artículos al tema de las negociaciones, en un claro reconocimiento de su valía:

•En el artículo 2.1.13. se otorga valor normativo a la estipulación que establezca las condiciones para lograr el nacimiento a la vida jurídica del contrato.

•En el artículo 2.1.14 se consagra la figura de los contratos abiertos, en virtud de la cual se permite la celebración de contratos sin que se alcance un acuerdo integral en las negociaciones.

•En el artículo 2.1.15 se prescribe un deber general de buena fe en la fase precontractual, con una correlativa obligación de indemnizar los daños irrogados cuando se negocie o se interrumpan las negociaciones de mala fe. Particularmente, se considera mala fe cuando alguna parte entre a negociar sin la intención de lograr un acuerdo. Asimismo, en caso de que las partes hayan acordado expresamente un deber de negociar de buena fe, todos los recursos ante su incumplimiento serán aplicables, incluso el derecho a solicitar la ejecución del acuerdo.⁷

•En el artículo 2.1.16 se establece un deber de confidencialidad sobre la información a la cual se accede en el curso de las negociaciones de un contrato.

•En el artículo 2.1.19 se otorga valor normativo a las condiciones generales de contratación, propias de la etapa precontractual de negocios adhesivos.

•En el artículo 3.2.7. se castiga el hecho de aprovecharse de la falta de habilidad de la contraparte en las negociaciones, consagrando como efecto la posibilidad de anular el contrato o alguna de sus cláusulas.

•En el artículo 4.3.(b) se establece que las negociaciones de las partes sirven de criterio de interpretación de las manifestaciones de voluntad de los interesados.

Es claro, entonces, que el reconocimiento del valor jurídico de la fase precontractual se encuentra en clara expansión, como respuesta al clasicismo contractual que le cercenó cualquier eficacia con base en el principio de autonomía de la voluntad, y se orienta a admitir que ella sirve de criterio de interpretación, integración y producción de efectos jurídicos.

En el presente trabajo nos adentraremos a analizar la fase precontractual de los contratos, en orden a determinar cuál es su contenido y su valor jurídico, partiendo de la distinción necesaria entre contratos paritarios (o por negociación) y no paritarios (por adhesión), pues se considera que el proceso varía para cada uno de ellos. La idea central es hacer una investigación sistematizadora y de lege lata, con el fin de presentar las reglas que rigen la fase precontractual, cuáles son las declaraciones más usuales que pueden encontrarse en ella y justificar el valor jurídico que podrá atribuírseles a cada una de estas, en orden a dotarlas de una tipicidad social que sirva de criterio orientador para que los interesados puedan basarse en esta al momento de redactar sus documentos precontractuales.

Se parte de que la fase precontractual no está compuesta por simples declaraciones morales sin vinculatoriedad alguna. A pesar de la inexistencia de tipificación o reconocimiento legal expreso por parte de nuestro ordenamiento jurídico, existen declaraciones y contratos que tienen presencia importante en la etapa precontractual y ostentan funciones socioeconómicas propias. Asimismo, de acuerdo con las expectativas razonables, la confianza generada y los deberes derivados del principio de la buena fe, se reconoce el valor vinculante de ciertas declaraciones precontractuales, admitiendo que su incumplimiento puede generar responsabilidad precontractual.

Asimismo, se entiende sustancialmente distinta la etapa precontractual de los contratos en los que las partes se encuentran en planos de relativa igualdad, de la de aquellos en que existe una clara desigualdad entre quienes contratan. En consecuencia, se considera que para la interpretación de las declaraciones precontractuales en contratos paritarios la interpretación subjetivista debe prevalecer, mientras que la objetiva tiene que imponerse cuando se busque proteger a la parte débil de una negociación.

Entrando en materia, en el capítulo inicial se plantea una distinción que es central para el derecho contractual, entre las tesis subjetivas y objetivas, pues su correcta aplicación permitirá resolver muchos de los problemas hermenéuticos que son connaturales a las declaraciones de voluntad; con posterioridad, a lo largo del segundo a lo largo del segundo capítulo se revisará el proceso de formación del contrato, haciendo énfasis en cómo la concepción clásica del contrato ignoraba la fase precontractual, y en las situaciones que dieron lugar a cuestionar esta tendencia y la necesidad de su actualización. Igualmente, se presentará la distinción fundamental entre contratos paritarios y no paritarios, seguida del concepto de íter contractual, dentro de un nuevo entendimiento del proceso de formación de los contratos.

En el tercer capítulo se mostrará la fase precontractual en los contratos paritarios, evidenciando que su fundamento se encuentra en el principio de la buena fe, la cual da lugar a una serie de deberes secundarios de conducta y declaraciones morales. Adicionalmente, se evidencian las principales manifestaciones que tienen efectos jurídicos, precisando su naturaleza jurídica y se hace una propuesta de conceptualización.

Finalmente, en el último capítulo se analiza la fase precontractual de los contratos no paritarios, para mostrar que su cimiento no es –a diferencia de los contratos paritarios– de contenido negocial, sino que radica en el cumplimiento del deber de información. Se explican los múltiples actos que pueden componer la fase precontractual de los contratos no paritarios, tales como los actos publicitarios, la solicitud de datos, las invitaciones a ofertar, las condiciones generales de contratación y los contratos formulario.

Algunos de estos temas han sido ya desarrollados en Colombia por algunos autores que, viendo la ausencia de desarrollo legal de la etapa precontractual en Colombia, trataron ciertos aspectos de la negociación, declaraciones y responsabilidad precontractual. Particularmente –sin pretender, en lo absoluto, ser exhaustivo– se resaltan los siguientes trabajos.

Marco Antonio Velilla Moreno, en su Introducción al derecho de los negocios⁸, a pesar de no tratarse de una obra dirigida principalmente al proceso de formación contractual, desarrolla la evolución de la teoría general de las obligaciones, haciendo particular énfasis en el concepto de libertad de contratar, en el deber de información en el nacimiento de los contratos y en la multiplicación de los actos preparatorios, temas tan importantes para el ámbito de este trabajo.

Jorge Oviedo Albán, en el año 2008, publicó La formación del contrato⁹, libro dirigido a desarrollar los tres momentos –en concepto del autor– que componen el proceso de formación del contrato: los tratos preliminares, la oferta y la aceptación. Asimismo, hace particular aplicación de la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías y los Principios Unidroit a la formación del contrato. En tal sentido, es particularmente interesante el desarrollo que le da a los deberes secundarios de conducta.

Mauricio Rengifo Gardeazábal publicó en 2016, con la Editorial Temis y la Universidad de los Andes, La formación del contrato¹⁰ obra que pretende ser para los estudiantes de derecho un manual de los conceptos básicos relativos a la formación del contrato. Allí son desarrollados los tratos preliminares, la oferta y su aceptación, la conclusión del contrato, la responsabilidad precontractual y los precontratos.

Asimismo, Fernando Hinestrosa, en su Tratado de las obligaciones

II

¹¹, desarrolló –entre otros temas– todos los aspectos relativos a la formación del contrato, incluyendo particularmente los deberes derivados del principio de la buena fe, la responsabilidad precontractual, la oferta y la aceptación y algunos negocios y contratos preparatorios. Es de particular importancia el desarrollo del concepto de autonomía privada, sus proyecciones en las diversas etapas del contrato y la definición de sus límites.

El objetivo de este trabajo es dogmático, de corte sistematizador y lege lata. Pretende organizar y conceptualizar las principales declaraciones precontractuales, considerando el derecho colombiano vigente y algunos de los principales autores sobre la materia, nacionales y foráneos. No obstante, se diferencia de los mencionados en que se parte de un entendimiento teórico distinto de los contratos paritarios y no paritarios y, en aquel marco, busca explicar el contenido de la etapa precontractual. No se desarrollará lo relativo a la oferta y su aceptación, pues se considera que –por lo pronto– las obras mencionadas desarrollan ese ámbito en profundidad. En su lugar, advirtiendo de antemano que el panorama legal colombiano carece de regulación expresa en la mayoría de las materias relacionadas con la etapa precontractual, se pretende sistematizar las diversas declaraciones precontractuales en aras de delimitar su tipicidad social¹², esto es, los elementos y características ya determinados en la esfera mercantil, pero no necesariamente en el ámbito legal.

NOTAS

1Ley 84 de 26 de mayo de 1873, publicada en el Diario Oficial 2.867.

2El artículo 1° de la ley 57 de 1887 dispuso que " [r]egirán en la República, noventa días después de la publicación de esta ley, con las condiciones y reformas de que ella trata, los códigos siguientes: El Civil de la Nación, sancionado el 26 de mayo de 1873 ".

3Cfr . Bonivento Jiménez, Javier. El contrato de promesa: la promesa de compraventa de bienes inmuebles . 2.ª ed. Bogotá: Librería del Profesional, 1999, p. 12.

4Bonivento, op. cit ., p. 12.

5Cfr . Claro Solar, Luis. Explicaciones de derecho civil chileno y comparado. Volumen

V

: de las obligaciones. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1979, p. 529.

6Solarte Rodríguez, Arturo. La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta. En Oviedo Albán, Jorge, dir. Derecho privado y globalización: contratos (tomo

III

). Bogotá: Ibáñez, 2008, p. 117.

7(Unidroit) International Institute for the Unification of Private Law. Unidroit Principles of International Commercial Contracts . Comentario del artículo 2.1.15. p. 111.

8Velilla Moreno, Antonio. Introducción al derecho de los negocios . Bogotá: El Navegante Editores y Ediciones Gustavo Ibáñez, 2001.

9Oviedo Albán, Jorge. La formación del contrato: tratos preliminares, oferta, aceptación . Bogotá: Temis, 2008.

10 Rengifo Gardeazábal, Mauricio. La formación del contrato . Bogotá: Temis, 2016.

11 Hinestrosa, Fernando. Tratado de las obligaciones

II

. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015.

12 Ver infra , capítulo 4.2.

CAPÍTULO PRIMERO

ENTRE LA SUBJETIVIDAD Y LA OBJETIVIDAD CONTRACTUAL

Como se verá en los capítulos siguientes, muchos de los temas concernientes a las declaraciones precontractuales no encuentran solución normativa o jurisprudencial en el ordenamiento jurídico colombiano. Por ello, se hace necesario acudir a las construcciones teóricas relativas a los fundamentos del contrato para resolver aquellos vacíos. En tal sentido, resulta de importancia central la distinción entre las perspectivas subjetivista y objetivista del contrato, pues cada una de ellas responde a un entendimiento diferente del fenómeno negocial y permite dar prevalencia a la voluntad o a la protección de la confianza, respectivamente.

En lo sucesivo, se hará una breve introducción a estas visiones del contrato, mostrando sus características y matices, lo que servirá a la postre para dar elementos de resolución de los cuestionamientos inconclusos de las manifestaciones precontractuales.

Se aboga por una visión que concilie estas dos posiciones, a partir del análisis del poder de negociación de cada una de las partes en la etapa precontractual. Así, si prevalece la libertad negocial y entre las partes existe una relativa equivalencia de fuerzas en la negociación, prevalecerá la perspectiva subjetivista. Por el contrario, si alguna de las partes se encuentra en clara debilidad frente a la otra, se impondrá la visión objetivista de los contratos.

Por lo anterior, este capítulo tendrá como objeto, en primer lugar, presentar las teorías subjetivistas del contrato, particularmente la religiosa, la racionalista, las solidaristas y las teorías críticas, y, enseguida, exponer la teoría objetiva y la perspectiva contemporánea. Finalmente, se explicará el contenido de la perspectiva defendida a lo largo del escrito que propugna, como ya se dijo, por una solución mediadora de la discusión.

LAS TEORÍAS SUBJETIVAS DEL CONTRATO

El contrato, en el derecho romano primitivo, nacía del cumplimiento de una formalidad en virtud de la cual el acreedor tenía sobre el deudor un derecho análogo (nexum) al que el propietario tenía sobre la cosa¹. Esta concepción, con el paso de los siglos, se transformó en un amplio reconocimiento de la autonomía de la voluntad² como prerrequisito para la creación de obligaciones³, y esta se convirtió en fundamento de la teoría subjetiva del contrato y del negocio jurídico.

La autonomía de la voluntad, entonces, se volvió la base del negocio jurídico⁴, y a partir de ella se reconocieron figuras tan importantes como el "pacta sunt servada" y la primacía de la voluntad psicológica sobre la declarada, piezas claves de la concepción clásica del contrato. Lo anterior constituye el núcleo de la perspectiva subjetivista del contrato y del negocio jurídico, las cuales son piezas claves del contrato que calificamos como clásico.

A continuación, se mostrarán las bases de la denominada teoría clásica, sin pretender hacer una reconstrucción histórica de las diferentes instituciones jurídicas, sino evidenciar los fundamentos del contrato y las consecuencias que de ello se derivan en relación con su proceso de formación.

LA PERSPECTIVA CLÁSICA DEL CONTRATO Y LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD

La expresión subjetiva da buena cuenta del contenido de esta perspectiva, en tanto pone el acento en el sujeto y, en particular, en su voluntad, de suerte que el contrato debe ser expresión de la voluntad libre y consciente del contratante, considerando su querer o fuero interno. Así, el contrato es el resultado de la voluntad, y en caso de duda sobre su contenido deberá buscarse lo querido por cada una de las partes para desentrañar su real significado⁵.

En términos de Juan Carlos Rezzónico, según la teoría subjetiva […] el elemento esencial para el consentimiento es la voluntad interna del sujeto y constituye una plausible directiva de interpretación en actos de última voluntad⁶. Gustavo Ordoqui, en igual orientación, señala que la teoría subjetiva atiende al acuerdo entre las partes, de suerte que lo fundamental es su voluntad real⁷.

El mismo criterio es compartido por Carlos Fernández Sessarego, quien asevera que, de acuerdo con la teoría subjetiva, la autonomía de los sujetos permite la creación de reglamentaciones en sus relaciones jurídicas, las cuales están basadas en el querer que es objeto de concreción a través de su exteriorización⁸.

El énfasis está en la intención, individual o colectiva, que da origen a la autorregulación de intereses y que, por tanto, es la única que permite la conformación del vínculo contractual. Sin embargo, esto no siempre fue así. Por ejemplo, el derecho romano carecía de una conceptualización relativa a la autonomía de la voluntad, pues para este derecho el nacimiento a la vida jurídica del contrato no era relevante, sino la relación en sí misma creada⁹, para lo cual era suficiente el agotamiento de los pasos señalados en la ley. Por ello, no se habla de consentimiento o de voluntades, sino simplemente de la eficacia jurídica de algunos contratos o pactos, así como de las acciones que tenían las partes para asegurar su cumplimiento¹⁰.

Sin embargo, la admisión de los contratos consensuales¹¹ significó un reconocimiento remoto a lo que con posterioridad se llamaría autonomía de la voluntad, porque con ellos se dio pie para que los individuos autorregularan sus intereses con un mero acto de voluntad¹², permitiendo que la noción de contrato descansara en el consentimiento de los interesados¹³.

Esta fue la primera fractura entre el contrato antiguo y sus posteriores desarrollos, al superarse el ritualismo como condición para su existencia y reconocerse el querer como fuente de obligaciones, dotándolo de un rango similar al de la ley. Se deja entonces de confundir la voluntad con su declaración, la decisión individual con su representación social, para viabilizar que el individuo se imponga sus propias regulaciones¹⁴. Llámese la atención sobre el hecho de que este cambio, al igual que el ahora experimentado –según explicaremos con posterioridad¹⁵–, obedece a la influencia de la economía en el derecho contractual.

La perspectiva clásica del contrato encuentra, como fundamento, dos importantes cambios en el pensamiento occidental: 1) una reinterpretación del valor de la palabra en el derecho canónico y 2) la asunción de la autonomía de la voluntad, con el racionalismo del siglo

XVII

como única limitación válida a la libertad individual.

El derecho canónico: la perspectiva moralista de la voluntad

Uno de los cambios fundamentales en las ideas occidentales generadoras de la teoría clásica del contrato fue de carácter religioso. El derecho canónico, a partir de los siglos

XIV

a

XVI

, y después del aumento del ritualismo por la influencia del derecho germano¹⁶, dio mayor valor a la voluntad, pues, a partir del juramento y el respeto a la palabra empeñada, se consideró que los sujetos podían obligarse por una mera declaración de su intención, so pena de comprometer su responsabilidad ante la divinidad. Este derecho, entonces, sustituyó el mayor valor asignado a la formalidad para darle prevalencia al consentimiento, bajo el entendido de que la moral imponía cumplir lo prometido.

Se volvió inadmisible desconocer los compromisos adquiridos, en tanto ello era equivalente a una mentira, pecado que podía comprometer la vida ultraterrena. Por tanto, la doctrina canónica confirió un valor fundamental al consenso, imponiendo el deber de fidelidad a la palabra dada y el deber de veracidad¹⁷, dando así lugar a las teorías moralistas de orden cristiano de la voluntad.

El contrato se reimpregnó de la voluntad, pero medida de forma ética o moral (religiosa), en tanto el desconocimiento de la palabra empeñada era una incorrección que debía ser objeto de sanción celestial por comportar una falta de actuación al estándar impuesto por la divinidad¹⁸ y a lo que era socialmente aceptable. Inicialmente, la vinculatoriedad del contrato se sujetó al hecho de jurar, esto es, de emitir una voluntad poniendo como testigo a Dios, pues ello comportaba un compromiso que era de irresoluble cumplimiento, so pena usar su santo nombre en vano.

Tal exigencia de juramento fue superada al estudiar con detenimiento las escrituras católicas, pues Jesucristo, en alguna de sus prédicas, prohibió jurar, lo que fue entendido por los jerarcas de la Iglesia católica como un reconocimiento a la veracidad de la simple expresión de palabra, pues para la divinidad tenía el mismo valor¹⁹. No fue ya necesario someterse al ritual del juramento: la simple palabra bastaba para adquirir un compromiso.

Saltar de aquí a la consensualidad, como criterio de formación de los contratos, fue un paso corto, pero complejo, ya que una cosa era la obligatoriedad de la palabra y otra la existencia de acciones para exigir el cumplimiento. Ello podía conducir a que la conducta fuera reprochada y susceptible de represión social, aunque se careciese de mecanismos judiciales de coacción, ratificando su contenido más moral que jurídico²⁰.

El racionalismo: la autonomía como única limitante de la libertad individual

Fue el reconocimiento pleno de que el acuerdo de voluntades es el fundamento para la formación del contrato la base que permitió que los pensadores del siglo

XVIII

hablaran de la autonomía de la voluntad o autonomía privada.

El concepto autonomía de la voluntad adquirió un reconocimiento expreso con la Revolución francesa, y posteriormente se plasmó en el Código de Napoleón²¹. Allí las doctrinas liberales e individualistas encontraron el espacio para afirmar que el individuo, considerado en un plano de igualdad frente a los demás, tiene plena libertad para obligarse, siendo responsable de lo pactado²², ²³.

Esta concepción, que podría denominarse racionalista, sostiene que el sujeto, en su capacidad de comprender sus actos y limitar sus actuaciones, puede emitir normas que gobiernen su comportamiento, ya que se tiene la confianza de que actuará para satisfacer sus necesidades en un plano de igualdad y ausencia de abusos.

Así, el contrato se asienta en la facultad otorgada a las personas para regular sus relaciones mutuas dentro de los más amplios límites²⁴, constituyendo un requisito necesario para su nacimiento a la vida jurídica. En este sentido, el contrato debe entenderse como un poder o señorío concedido a la voluntad por el ordenamiento jurídico²⁵, que por sí solo da lugar a la creación de normas o reglas subjetivas, paralelas o simbióticas con las estatales²⁶, y donde el Estado tiene muy escasa capacidad de intervención²⁷.

La teoría racionalista, entonces, se asienta sobre las siguientes premisas:

1. El querer individual tiene poder jurigéneo: los sujetos tienen la aptitud de crear normas jurídicas objetivas, que serán vinculantes para todos aquellos que han exteriorizado su querer²⁸. Lo anterior puede hacerse a través de dos vías: 1) de leyes, en virtud de la delegación que hacen de dicha potestad al órgano legislativo designado para ello, y 2) de contratos, a consecuencia de un poder directo sobre los actos particulares y que solo interesan a los que en ellos se traban²⁹. Esto parte de la consideración de que el hombre es libre por esencia y no se puede obligar sino por su propia voluntad. Es, por tanto, la voluntad individual la fuente única y autónoma de la ley³⁰. En tal sentido, la autonomía de la voluntad tiene una naturaleza preestatal, pues los individuos disponen de ella antes y más allá de la existencia de los ordenamientos jurídicos estatales que, únicamente, la reconocen y, de ser el caso, le imponen límites aceptables³¹.

2. Todos los sujetos son iguales: la potencialidad atribuida a la voluntad se origina en el reconocimiento de que los sujetos se encuentran ubicados en un plano de igualdad, entendida en términos liberales burgueses, con idénticos derechos y reconocimiento por el ordenamiento jurídico. Ello garantiza que tomarán las decisiones que realmente desean y que al subordinarse a una regulación lo harían por su decisión individual. La igualdad fue uno de los pilares de las consignas liberales y revolucionarias, basadas en la idea de que todos los sujetos pueden autogobernarse en