USFQ Law Review

Los sistemas de armas autónomas han presentado un desarrollo acelerado en los últimos años. El uso de este tipo de armas en escenarios de conflicto armado no está regulado expresamente a la luz del Derecho Internacional Humanitario (en adelante DIH), por lo que se debe determinar si el mismo está amparado bajo las normas convencionales, principios y normas consuetudinarias de esta rama del Derecho. En este sentido, se analizará si dichas armas cumplen con el principio de distinción, precaución y proporcionalidad. En segundo lugar, se analizará si estas armas promueven la impunidad respecto al cometimiento de posibles crímenes internacionales. En tercer lugar, se estudiarán otros métodos y medios prohibidos, y, finalmente, se analizarán los retos que las armas autónomas presentan en el mar- co actual del DIH y su constante evolución. Considerando los riesgos que estas armas implican para la población civil y bienes civiles, su regulación, sea mediante la prohibición o restricción de las mismas es inherente. En realidad, únicamente el tiempo determinará si las armas autónomas tienen cabida dentro del DIH.

Dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, se evidencia la extensión de facultades de los jueces penales, sobre la base del principio de reparación integral, para otorgar indemnizaciones civiles. En este sentido, existen inconvenientes cuando estos daños, supuestamente resarcidos, carecen de efectividad, metodología o for ma correcta de cuantificación. De tal forma, la víctima queda indefensa con una errónea restitución, y aparece el problema de la cosa juzgada en sentencias pena les que no cumplen su finalidad resarcitoria. Por lo tanto, es necesario buscar una solución a la problemática planteada, toda vez que la víctima no tiene por qué so- portar daños que no los ha merecido, y mucho menos soportar indemnizaciones incorrectas. Para ello se analizará la institución de la res judicata y la posibilidad de dejar sin efectos sus características de inmutabilidad y definitividad. Además del aporte con otras formas de excepciones frente a la misma problemática, como son la prejudicialidad y la litispendencia.

El Estado tiene diversas potestades, entre ellas, la facultad de administrar justicia. Un eje transversal en este ejercicio es el debido proceso, que contiene el dere- cho a la defensa. Este, a su vez, tiene como una de sus garantías fundamentales el derecho a recurrir la decisión resultante. Sin embargo, no solo el Estado ha buscado ejercer estas facultades, sino que paralelamente los particulares se han organizado para la institucionalización privada de la justicia. El resultado es la existencia de métodos alternativos de solución de conflictos siendo uno de ellos el arbitraje. Este ha sido regulado en la legislación ecuatoriana específicamente por la Ley de Arbitraje y Mediación. No obstante, esta norma ha restringido el derecho a recurrir los laudos. Dicha prohibición ha sido respaldada por la Corte Constitucional a través de tres argumentos principales que los ha expuesto en la absolución de consultas constitucionales. En este trabajo se analiza la validez y coherencia de estos fundamentos empleados para defender la constitucionalidad de esta limitación. El primer argumento, afirma que la prohibición es legítima por ser legal, pero descuida la supremacía constitucional. El segundo, defiende la presunta carencia de potestad jurisdiccional en el arbitraje, pero no considera que el ordenamiento ha envestido al arbitraje con una naturaleza jurisdiccional y con carácter de servicio público. Finalmente, el tercero, asume una renuncia al derecho al doble conforme que las partes realizan en el negocio arbitral, ol- vidando que los derechos constitucionales son irrenunciables. Como resultado, se encuentra en tela de duda la constitucionalidad de la inapelabilidad de los laudos en Ecuador. Por último, se recomienda como alternativa la creación de un sistema de doble instancia arbitral y así preservar su naturaleza privada, pero sin desconocer su carácter jurisdiccional.

El Código Orgánico del Ambiente fue promulgado en 2017 y debía entrar en vigencia un año después. Este artículo reseña las principales deficiencias técnicas de dicho cuerpo legal relacionadas con la conservación de la biodiversidad, los temas forestales, los manglares, las cuencas hidrográficas y la reparación de daños ambientales.
En este artículo se explica cómo estas deficiencias, lejos de colaborar con la conservación de la biodiversidad nacional, debilitan la estructura institucional y complejizan el manejo de los recursos de la diversidad biológica, constituyéndose el instrumento legal en un driver contra la conservación de la biodiversidad nacional.

En los últimos años, la economía mundial ha evolucionado por diferentes factores, como el desarrollo de la economía digital, el fortalecimiento de relaciones comerciales internacionales y la búsqueda perenne de los inversores de capital por obtener mayores rendimientos. Como consecuencia de ello, en varias ocasiones se ha utilizado la planificación tributaria como un mecanismo de adaptación, seguridad y provecho para el progreso económico. En el presente artículo, se busca analizar qué convierte a la planificación tributaria en agresiva, los desafíos inherentes y las medidas que se están tomando mundialmente para combatir es- tas prácticas. Finalmente, se revisará la aplicación de estos esquemas en Ecuador, acompañado de un breve estudio sobre la legislación interna que busca limitar el uso exagerado de beneficios tributarios. Tras realizar el mencionado análisis, será posible concluir los desafíos producidos por las prácticas fiscales agresivas, así como los aspectos positivos de alinear al Ecuador con la corriente mundial de mecanismos antiabuso en materia tributaria.

El arbitraje en equidad, conocido también como ex aequo et bono, no ha sido desarrollado satisfactoriamente en la legislación y jurisprudencia ecuatorianas, lo que ha hecho que la doctrina plantee diversas y complejas teorías sobre su alcance y oportunidad. Dichas doctrinas no han sido sistematizadas eficientemente para llegar a un entendimiento global de la cuestión. En el arbitraje en equidad, el árbitro posee facultades discrecionales para laudar de conformidad con su leal saber y entender, noción que distintos tratadistas ecuatorianos y extranjeros han buscado limitar a lo largo de los años. Así, el arbitraje en equidad trae una serie de interrogantes e imprecisiones que provienen de su nomenclatura, su relación con las fuentes formales del Derecho y su aplicabilidad en la parte adjetiva y en la resolución de fondo del laudo.

La presente investigación analiza la relación entre la muerte presunta y la desaparición forzada de personas mediante el estudio del antecedente histórico, características, efectos y procedimientos de estas instituciones jurídicas. Además, se analizarán el caso Restrepo y el caso Fybeca desde la perspectiva de la muerte presunta para demostrar que los informes adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que declaran el derecho a indemnización económica a las familias de las víctimas objeto de desapariciones forzadas, no implican la declaratoria de muerte presunta en el ámbito civil. Finalmente, se analizará la situación presentada en las últimas elecciones efectuadas en Ecuador respecto de los hermanos Restrepo y su inclusión en el padrón electoral.

En los últimos años, el Derecho Laboral ha experimentado la influencia de la globa- lización que ha llevado a un desarrollo social y tecnológico acelerado. Este desarrollo ha tenido como consecuencia la aparición y reconocimiento de nuevos riesgos de salud en el trabajo, los denominados riesgos psicosociales. El surgimiento de estos ha marcado una gran diferencia con los distintos riesgos laborales históricamente reconocidos por el Código del Trabajo del Ecuador, expedido hace ochenta años. El objeto de este trabajo es, en primer lugar, definir y analizar estos riesgos emergentes en la salud de los trabajadores. Posteriormente, sobre la base de este contexto y apo- yado en doctrina, jurisprudencia y normativa, se busca llegar a la conclusión sobre la posible admisión de los factores psicosociales dentro de a la legislación laboral ecuatoriana. Una vez determinado aquello, se pretende establecer los efectos que tendría en la práctica, específicamente en lo concerniente a las posibles indemni- zaciones que devengan de los riesgos psicosociales en el trabajo. En definitiva, este artículo persigue un análisis que promueva la discusión en esta rama del Derecho cuya importancia práctica no puede ser desconocida.

Las ramas de Derecho Internacional Público y Derecho Constitucional se encuen- tran en constante desarrollo y evolución, por lo que el significado de sus respectivas normas varía según la importancia que los Estados les den. Siendo así, la presente investigación se enfocará en explicar cómo se manifiesta aquella actitud estatal, así como qué implicaciones tiene para la adopción de instrumentos internaciona- les que tradicionalmente no han sido considerados como fuentes de obligaciones vinculantes para los Estados; a saber, las normas internacionales de soft law. Con el fin de poder profundizar sobre este tema, se comenzará por dar una explicación general de la noción de bloque de constitucionalidad en Ecuador, y del significado mismo de los instrumentos de soft law. Se continuará con el análisis de las distintas aplicaciones prácticas e influencia de las normas de soft law para el Derecho Consti- tucional ecuatoriano, en conexión a los principios pro homine y pacta sunt servanda. Finalmente, y a partir de todo lo mencionado, se expondrá la relevancia y exigibili- dad de estas normas internacionales para el Estado ecuatoriano.

La casación constituye un mecanismo judicial extraordinario y excepcional, cuya finalidad es garantizar la corrección de los fallos judiciales en la administración de justicia ordinaria. En tal virtud, la admisibilidad de los recursos de casación debe pasar por los preceptos constitucionales del derecho al acceso a la justicia. La función de la Sala de Conjueces de la Corte Nacional de Justicia es verificar el cumplimiento de requisitos formales para admitir a trámite un recurso de ca- sación. Evidentemente, aquel procedimiento judicial de verificación formal está sujeto al marco constitucional. Sin el correcto examen este recurso puede ser inadmitido, lo que constituiría una violación a la tutela judicial efectiva y el incumplimiento del deber del Estado de corregir el error judicial; es el tema que aborda el presente artículo.

Cada vez con mayor frecuencia, los conflictos modernos presentan un nivel de com- plejidad diferente a los conflictos tradicionales. Esta complejidad se evidencia prin- cipalmente a través de dos características: las desproporcionadas consecuencias hu- manitarias y la constante internacionalización de los conflictos internos a través del involucramiento de Estados y grupos armados externos. En este sentido, el conflicto en Siria no ha sido la excepción, puesto que lo que originalmente nació como un conflicto armado no internacional entre el Estado y grupos armados, ha evolucionado a través del involucramiento de una multiplicidad de actores externos tanto en apoyo del régimen sirio como de los grupos rebeldes. La evolución reciente del conflicto en Siria sigue este patrón al confirmarse tanto el uso de armas químicas contra la po- blación civil como el involucramiento de Estados Unidos a través de una operación militar contra infraestructura militar siria. Cabe analizar entonces las implicaciones de dichos sucesos para el Derecho Internacional Humanitario, particularmente, sus con- secuencias para la determinación de la naturaleza de los conflictos que se desarrollan en Siria y sobre la base de esto, las normas que serían aplicables a los mismos.

This article is about the state of emergency in France, which will be in force until the 15th July 2017. After explaining the previous declaration of the state of emergency and its consequences, the article points out the conflict between the declaration of the state of emergency in France and fundamental freedoms as they are enshrined in French Law (law of 3rd April 1955 and law of 20th November 2015) as well as European (European Convention on Human Rights) and International (International Covenant on Civil and Political Rights) law and explains under which conditions the state of emergency can be lawful even if it implies a reduction or a derogation to fundamental freedoms which are supposed to be protected by the national and international pieces of legislation.

La práctica de compliance en los últimos años ha tomado fuerza a nivel mundial como un mecanismo de control. El cumplimiento de políticas anticorrupción es un factor determinante cuando inversores extranjeros deciden o rehúsan su ingreso a un país. La seguridad y la transparencia garantizadas por programas de cumplimiento normativo juegan un papel primordial en un contexto global. Ecuador no se puede apartar de esta tendencia mundial y, como ecuatorianos, es importante conocer en qué consiste esta práctica, sus utilidades y el estado actual de nuestro país en dicha rama. Por ello, con el objeto de analizar la fi gura de compliance en el Ecuador, y las dispersas normas que se encuentran inmersas en sus diferentes cuerpos normativos, el presente trabajo se estructurará de la siguiente manera: en primer lugar, se analizará la defi nición compliance y su importancia. En segundo lugar, se expondrá su origen en Estados Unidos y las causas que llevaron a la adopción de un mecanismo de regulación de prácticas anticorrupción. En tercer lugar, se realizará un breve acercamiento a compliance en América Latina. En cuarto lugar, se presentará la situación en el Ecuador respecto a la práctica de compliance, y las áreas que actualmente están reguladas en este territorio. Continuando, se analizará el trayecto que nuestro país todavía debe recorrer en la ya mencionada área, para fi nalmente evaluar la necesidad de políticas anticorrupción, y sus benefi cios dentro de una empresa. Palabras clave Anticorrupción, Comisión de Bolsa y Valores, corrupción, crimen organizado, cumplimiento normativo, Estado, gobierno corporativo, Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, soborno, transparencia.

En los últimos años, se ha evidenciado un incremento en el pago de impuestos por parte de los ciudadanos al Estado ecuatoriano. Los fondos que surgen de dicha recaudación buscan satisfacer el gasto ocasionado por el costo de las necesidades básicas de los ciudadanos en materias de salud, educación, seguridad, vialidad, entre otros. Ante esto, el Estado ha implementado en su ordenamiento jurídico distintas formas de asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Una de ellas es la implementación de la gura del sustituto del contribuyente, que es un tipo de responsable tributario y quien, por mandato legal, ocupa el lugar del contribuyente con el n de que la obligación tributaria sea satisfecha y, por consecuencia, extinta. De esta manera, se produce una responsabilidad sustitutiva, directamente con el Estado, que tiene como consecuencia el otorgamiento de un derecho para el sustituto que consiste en repetir lo pagado en contra del contribuyente (Art. 26 inciso nal del Código Tributario ecuatoriano). Con estos antecedentes, es preciso identificar el alcance, la aplicación, los efectos y los límites en torno a la adopción de esta nueva figura en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Con el objeto de analizar el incumplimiento contractual como habilitante de la acción resolutoria, este trabajo se estructurará de la siguiente manera: en primer lugar, expondremos los conceptos generales del incumplimiento contractual y de la condición resolutoria tácita como habilitante de la acción resolutoria. En segundo lugar, analizaremos las diferentes corrientes doctrinarias conducentes a determinar la esencialidad del incumplimiento contractual y cuándo este permite el ejercicio de la acción resolutoria. A continuación, estudiaremos los diferentes instrumentos internacionales que regulan el incumplimiento esencial, así como el amplio tratamiento jurisprudencial al respecto. Esto con la nalidad de determinar qué corrientes han sido recogidas por dichos instrumentos y cuál ha sido la fundamentación de la jurisprudencia para hacerlo. Así, nalmente, pretenderemos encontrar soluciones al problema jurídico planteado para, de esta manera, proponer aquella que esperamos pueda tener una eventual aplicación práctica en el sistema jurídico ecuatoriano. Palabras clave: incumplimiento contractual, incumplimiento esencial, condición resolutoria tácita, acción resolutoria, Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales, Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG).

El modelo de Justicia Transicional colombiano: ¿rompiendo el círculo de impunidad o fortaleciéndolo? Análisis del modelo de Justicia Transicional en Colombia propuesto por el Fiscal General de la Nación Resumen Colombia es escenario de uno de los con ictos armados de mayor data en la historia de Latinoamérica. Luego de diez intentos para poder rmar la paz, el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos decide sentar a los cabecillas de la guerrilla en La Habana con el objeto de lograr un acuerdo de nitivo. Sin embargo, la rma del cese del con icto es solo un escalafón formal dentro del proceso de construcción de una paz estable y duradera. Por ende, el desarrollo de un modelo de justicia transicional para la Colombia del post con icto es un tema crítico. Este artículo se enfoca en exponer, analizar y contrastar los principales puntos del modelo de justicia transicional presentado por el Dr. Eduardo Montealegre, Fiscal General de Colombia 1 que, en de nitiva, contrae los grandes temas de discusión dentro del derecho penal y los derechos humanos con relación a los escenarios jurídicos, políticos y sociales poscon icto. Palabras clave: justicia transicional, derechos humanos, penas alternativas, derecho a la paz, justicia y reparación, modelo minimalista y maximalista, cosa juzgada universal.

Las personas intersex, es decir, aquéllas cuyo sexo genital/anatómico, gonadal o cromo-sómico no corresponde completamente a lo que ordinariamente se catalogaría como un "cuerpo de hombre" o un "cuerpo de mujer" y, en consecuencia, ostentan caracte-rísticas típicas de ambos sexos en diferentes grados, han sido y siguen siendo objeto de invisibilización y patologización. El enfoque dominante para "tratarlas" ha sido, hasta el momento, el de someter a los bebés intersex a intervenciones quirúrgicas y tratamien-tos hormonales de inmediato con la finalidad de "normalizar" sus cuerpos y asignarles un sexo que se ajuste a la dicotomía hombre-mujer. Sin embargo, esta práctica implica una vulneración de varios derechos fundamentales de lxs 1 niñxs intersex, lo cual deriva, necesariamente, en el derecho de reparación que tienen éstxs si han sido sometidos a cirugías y tratamientos de "normalización" de sus cuerpos, o de asignación de sexo, sin su consentimiento. Este análisis tiene por objetivo aproximar al lector, de manera breve y general, al contexto de las personas intersex, introduciendo conceptos clave para el resto del análisis. Además, se expondrán los fundamentos sobre los cuales se asienta la práctica dominante de "corregir" los cuerpos de los bebés intersex y se confrontará esta postura con el enfoque contrario, que se sostiene en el principio de la autonomía de la voluntad. Asimismo, se introducirán brevemente conceptos fundamentales al hablar de derechos de lxs niñxs, como el de interés superior, ejercicio progresivo y evolución de facultades. Posteriormente, se procederá, a modo de conclusión, a determinar las violaciones a los derechos fundamentales de las personas intersex que tienen origen en dichos tratamien-tos invasivos e irreversibles, y finalmente se expondrán propuestas de reparación. 1 El uso de la "x" para no dotar una carga de género a una determinada palabra obedece, precisamente, a la necesidad de que se rompa con el esquema binario (hombre/masculino-mujer/femenino) y que esto se vea reflejado en el lenguaje. Así, no es suficiente un uso de las vocales "o" y "a" para abarcar, por ejemplo, a los niños y a las niñas; pues esas dos expresiones desconocen otras realidades y dimensiones de la diver-sidad sexo-genérica que (i) se está intentando, a través del lenguaje, reivindicar y (ii) imponen a priori una condición de "masculino" o "femenino" a un cuerpo que puede moverse en cualquiera de las categorías que conforman el espectro de posibilidades (a modo de ejemplo, y nunca de manera taxativa, las personas trans, las personas intersex, las personas que puedan considerarse de "un tercer género", entre otras).

Dentro de las varias enmiendas propuestas en 2014 para la Constitución ecuatoriana aprobada en 2008, consta la posibilidad de regular la acción de protección por medio de limitaciones de admisibilidad. La propuesta consiste en aumentar la siguiente frase al final del Artículo 88 de la Constitución: "[l]a ley regulará los casos en los cuales se abuse de esta acción y, por lo tanto, pueda ser inadmitida". 1 El presente artículo busca identificar las principales implicaciones jurídicas de la propuesta y los problemas que puede llegar a presentar en caso de ser aprobada. De igual manera, busca exponer las limitaciones normativas y sistemáticas ya existentes a la acción de protección y a las acciones constitucionales en general, y sostiene que la creación de nuevas limitaciones y parámetros de inadmisibilidad disminuye su efectividad y restringe la posibilidad de que cumpla con su finalidad: la protección y la tutela efectiva de derechos, y la creación de un sistema en el que exista control sobre los actos del poder público. Abstract Within the several amendments to the Ecuadorian Constitution that were proposed in 2014, there is the possibility of regulating the writ of amparo through 1 Proyecto de Enmienda Constitucional 2014, Asamblea Nacional de la República del Ecuador, http:// www.asambleanacional.gob.ec/contenido/proyecto-de-enmienda-constitucional-suscrito-por-varios

El Decreto Ejecutivo 1182, “Reglamento para aplicación en Ecuador del derecho de refugio,” entró en vigencia el 30 de mayo de 2012, cambiando la normativa in- terna para el reconocimiento y ejercicio de la condición de refugiado en el Ecuador. Ese mismo año, la fundación Asylum Access Ecuador1 y la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito presentaron, cada una, acciones de inconsti- tucionalidad del Decreto por encontrar entre sus disposiciones varias vulneraciones de derechos. La Corte Constitucional del Ecuador resolvió sobre algunos de los ar- gumentos presentados en las acciones mediante su sentencia No. 002-14-SIN-CC de 14 de agosto de 2014, notificada a Asylum Access el 12 de septiembre de mismo año. Este artículo propone un análisis de los argumentos de ambas acciones y la respuesta de la Corte Constitucional para luego comentar sobre los avances y retos que todavía existen respecto al derecho a solicitar asilo en el Ecuador.

El pasar de la historia ha demostrado que la igualdad de género es una materia de amplio debate, que ha seguido un largo camino con el fin intentar equiparar derechos entre hombres y mujeres, para así consagrar el lugar que la mujer ocupa en nuestra sociedad. Uno de los esfuerzos más notables a nivel mundial son las acciones positivas o afirmativas implementadas por los Estados, destinadas a generar igualdad de oportunidades para la mujer, dentro de un espacio temporal, hasta que dicha conducta se plasme como una institución en la cotidianeidad del entorno social. El Ecuador, desde la promulgación de la Constitución de 1998 hasta los esfuerzos consolidados en la más reciente de 2008, ha establecido mecanismos de inclusión que han permitido al género femenino adoptar un rol casi equitativo frente al género masculino en los ámbitos que la norma prevé, como la política. Sin embargo, es de trascendental importancia entender el alcance y los elementos que conforman la acción positiva para dilucidar sus efectos benefactores en la pugna por alcanzar una real igualdad de género y desvirtuar las concepciones erróneas que la catalogan como actos discriminatorios. Palabras clave: Acción afirmativa, acción positiva, género, igualdad, no discriminación, mujer, Ecuador, discriminación, discriminación directa, discriminación indirecta, equidad, tratamiento.