LA RAZÓN EN LAS PALABRAS DE JOSÉ ANTONIO. PENSAMIENTO Y ACCIÓN POLÍTICA DE LOS JÓVENES ECONOMISTAS DE FALANGE EN LOS AÑOS 50 MIGUEL MARTORELL Universidad Nacional de Educación a Distancia mmartorell@poli.uned.es (Recepción: 11/05/2011; Revisión:24/09/2011; Aceptación: 25/10/2011; Publicación: 20/03/2012) 1. Un programa económico para la Falange.—2. Falangistas Frente a liberales: la reForma de la contribUción sobre la renta.—2.1. La opción liberalizadora: El proyecto Naharro Mora y los incentivos al capital.—2.2. El asalto del grupo Arriba.—2.3. El grupo de Arriba en la Comisión Torres.—2.4. Manuel de Torres y la ley de reforma de la contribución sobre la renta.—2.5. La contrarreforma.— 3. rUptUra con arriba y desencanto.—4. bibliograFía resUmen En el año 1953 un grupo de jóvenes economistas, dirigido por Juan Velarde Fuertes, se hizo con el control de la sección de economía del diario fralangista Arriba. Desde las páginas del periódico, y desde otros medios de comunicación en el entorno del Movimiento, articularon una campaña a favor de un nuevo modelo económico, que ellos remitían al pensamiento de José Antonio Primo de Rivera, y que defendía la reforma agraria, la lucha contra los monopolios, la intervención del Estado en la economía y la redistribución de las rentas a través de una reforma tributaria progresiva. Este programa dotó de un contenido económico a la ofensiva falangista de los años cincuenta para controlar el aparato del Estado. Palabras clave: España; siglo Antonio Primo de Rivera. xx; Falange; franquismo; reforma tributaria; José Historia y Política ISSN: 1575-0361, núm. 27, Madrid, enero-junio (2012), págs. 83-111 83 LA RAZÓN EN LAS PALABRAS DE JOSÉ ANTONIO. PENSAMIENTO Y ACCIÓN POLÍTICA... MIGUEL MARTORELL THE REASON IN JOSÉ ANTONIO’S WORDS. THE ARRIBA’S TEAM AND THE SPANISH ECONOMIC POLICY IN THE 50’S abstract In 1953 a group of young economists, led by Juan Velarde Fuertes, took control of the economy section of the Falangist newspaper Arriba. From the pages of this newspaper, and from other media in the Movimiento´s environment, they launched a campaign for a new economic model, which they referred to the thinking of José Antonio Primo de Rivera, and defended the land reform, the fight against trust, government intervention in the economy and income redistribution through progressive tax reform. This program gave an economic content to the Falange offensive in the fifties to control the state apparatus. Key words: Spain; 20-century; Falange; francoism; tax reform; José Antonio Primo de Rivera. * * * En el año 1945, aún antes de que acabara oficialmente la Segunda Guerra Mundial, Franco trató de eliminar del espacio público toda traza que pudiera vincular en exceso la imagen de su dictadura con los regímenes totalitarios derrotados. Una política que exigía el «oscurecimiento de la Falange»: aunque el entramado burocrático del partido siguió en pie, y los falangistas preservaron varias carteras en el gobierno, la Junta Política pasó a un segundo plano, el Consejo Nacional no volvió a ser convocado durante años y la Secretaría General no solo perdió su rango ministerial, sino que incluso quedó vacante. Pero este enfriamiento cautelar comenzó a resultar innecesario conforme la guerra fría revalorizó la posición de España ante Estados Unidos y las potencias del occidente europeo. En 1948, Franco designó a Raimundo Fernández Cuesta para la secretaría general, que en la remodelación de gobierno del 18 de julio de 1951 recuperó la categoría de ministerio. Comenzaba así lo que algunos historiadores han calificado como «resurgimiento del falangismo» o «primavera de la Falange». Al comenzar la década de los cincuenta, la Falange no solo había recuperado buena parte de las posiciones perdidas, sino que, además, iniciaba una ofensiva para tratar de definir el perfil ideológico e institucional del régimen (1). Que la Falange se lanzara en los años cincuenta a consumar la por tanto tiempo aplazada conquista del Estado no significa que los falangistas constituyeran un grupo homogéneo. La acometida se desplegó en diversos frentes, en distintos tiempos, y participó en ella una amalgama de grupos e individuos que (1) «Oscurecimiento», Thomàs y AndreU (1999): 55. «Resurgimiento», Payne (1997): 610. «Primavera», Saz (2003): 387. 84 HISTORIA Y POLÍTICA NÚM. 27, ENERO-JUNIO (2012), PÁGS. 83-111 no siempre defendían los mismos intereses ni compartían los últimos objetivos, que incluso recelaban unos de otros y que a lo largo de estos años se enfrentaron en más de una ocasión. Es bien sabido que parte de la lucha se libró en el campo de las políticas culturales, impulsada por el ministro de Educación Joaquín Ruiz-Giménez, un católico vinculado a la ACNP que incorporó al Ministerio a destacados intelectuales falangistas como Pedro Laín, Antonio Tovar o Joaquín Pérez Villanueva. Entre 1951 y 1956 dicho grupo, en sintonía con Dionisio Ridruejo, que no ocupó ningún cargo en esta etapa, trató de ampliar la base del régimen incorporando valores e individuos procedentes del liberalismo y de la izquierda, sin que ello implicara en ningún momento la disidencia frente a la dictadura, y enarboló un discurso que abogaba por la construcción de una conciencia nacional asentada sobre la integración selectiva de vencedores y vencidos. Un discurso integrador y comprensivo, renovador, trufado de apelaciones de raíz joseantoniana a la justicia social, que gozó de amplia prédica entre jóvenes falangistas universitarios, y que chocó frontalmente con el discurso excluyente, reaccionario, nutrido de integrismo católico que esgrimió otro grupo de intelectuales, buena parte de ellos vinculados al Opus Dei, herederos del espíritu de Acción Española (2). La política del Ministerio de Educación en esta etapa no siempre tuvo la aquiescencia de los burócratas que copaban los altos cargos de Falange, suspicaces ante todo movimiento aperturista que removiera la estabilidad del régimen. No obstante, los hombres del aparato, en tanto no percibieron en ello ningún peligro, no dudaron en respaldar la estrategia de los comprensivos, ni en teñir sus intervenciones públicas de soflamas radicales que dotaban de contenido a la ofensiva falangista. Máxime cuando en 1953 lo que comenzó como una batalla cultural derivó en lucha política, al propugnar Rafael Calvo Serer, líder del grupo de los excluyentes, la creación de una Tercera Fuerza que asumiera las riendas del régimen desplazando a la Falange y al viejo catolicismo político de la ACNP. Aquel fue el año del Primer Congreso Nacional de Falange, el momento de rearme ante el enemigo interior y el de mayor comunión entre los integrantes de la ofensiva falangista: los intelectuales comprensivos; la vieja guardia y los burócratas; los estudiantes radicales, vinculados al SEU y movilizados por la política del Ministerio de Educación; las fuerzas de choque más reaccionarias, integradas por la Guardia de Franco y el Frente de Juventudes… Una sintonía circunstancial que se rompió en 1954, cuando la agitación promovida por el Ministerio de Educación en las aguas de la universidad alentó la movilización política y amenazó con cuestionar el monopolio falangista en la representación universitaria. La convulsión en las aulas mostró los estrechos límites en los que se movía el envite aperturista de los comprensivos, erosionó (2) La política cultural del Ministerio de Educación en estos años, el programa de los comprensivos y su batalla con los excluyentes, en Ferrary (1993), RUiz Carnicer (2001) y (2008), JUliá (2004). 85 LA RAZÓN EN LAS PALABRAS DE JOSÉ ANTONIO. PENSAMIENTO Y ACCIÓN POLÍTICA... MIGUEL MARTORELL el control que ejercía el partido sobre la universidad, y ello provocó el choque entre la vieja guardia del aparato y el equipo de Ruiz-Giménez. Desde 1955 la conflictividad universitaria fue in crescendo, hasta que en febrero de 1956, tras un altercado con un herido de bala, en una decisión salomónica, Franco cesó a Ruiz-Giménez y al secretario general de Falange, Fernández Cuesta. A Fernández Cuesta le sucedió José Luis de Arrese que en 1956, con el apoyo de una parte considerable de la vieja guardia, protagonizó la última gran tentativa de Falange para controlar el régimen, mediante el diseño de un complejo entramado legislativo-institucional. La operación de Arrese fracasó al chocar con la oposición expresa del resto de las familias franquistas, de la Iglesia y del propio Franco. Arrese fue relevado de la secretaría general en la crisis de gobierno de 1957 y con su cese concluyó la ofensiva falangista (3). Fueron varios los frentes abiertos por la Falange durante estos años. Mucho se ha escrito sobre la campaña de los intelectuales comprensivos, así como de la última intentona dirigida por José Luis Arrese en 1956. Pero la carga de la Falange también discurrió en el ámbito de las políticas económicas. En el año 1953 un grupo de jóvenes economistas, liderado por Juan Velarde, se hizo con el control de la sección de economía del diario Arriba. Desde las páginas del diario, pero también desde otras revistas económicas vinculadas al Movimiento, como la Revista de Economía Política, del Instituto de Estudios Políticos, o De Economía, de la Organización Sindical, este grupo contribuyó activamente a la elaboración de un programa económico para la Falange. Un programa que ellos mismos tildaban de radical, cuyas raíces afirmaban hallar en las palabras de José Antonio y cuya vocación anticapitalista no se cansaban de proclamar. Un programa que abogaba por la reforma agraria, que apostaba por la inversión estatal, que combatía los monopolios privados y que reivindicaba la redistribución de las rentas a través de la reforma tributaria. Un programa, en definitiva, que defendía la intervención del Estado en la economía y recelaba de la iniciativa privada. Más allá de su aportación al discurso falangista, la campaña del grupo de Arriba derivó en una batalla política que se libró entre 1951 y 1956 en torno a la reforma de la contribución sobre la renta. A comienzos de los años cincuenta la necesidad de reformar el sistema tributario había calado en el debate político-económico. Se ha creado un «estado de opinión casi unánime... que pide la reforma del sistema tributario», escribía en 1956 el economista Manuel de Torres. Un estado de opinión, proseguía, defendido «en las pastorales de los prelados, en ciertos sectores de la Acción Católica, en los acuerdos del último Congreso del Movimiento y de la Organización Sindical, por no citar sino los casos más desta(3) Un intento por deslindar los distintos grupos en liza dentro de la Falange en los 50, en RUiz Carnicer (2008). Sobre la crisis estudiantil de 1954-56, y sus consecuencias, y la operación Arrese, pueden verse Ellwood (1984), Ferrary (1997), Payne (1997), RodrigUez Jiménez (2000), RUiz Carnicer (2001), Moradiellos (2003) y JUliá (2004). 86 HISTORIA Y POLÍTICA NÚM. 27, ENERO-JUNIO (2012), PÁGS. 83-111 cados». Incluso el ministro de Hacienda, Francisco Gómez del Llano, reconocía en las Cortes que algunos «procuradores piensan que nuestro sistema impositivo es arcaico y representa un gravamen excesivo para las clases medias y necesitadas, y propugnan... una reforma tributaria a fondo». El sistema tributario español apenas había variado en sus líneas generales desde antes de la guerra, y los pocos cambios introducidos por el ministro de Hacienda José Larraz en 1940 consistieron en el refuerzo de los impuestos indirectos. Tal y como argumentó Torres en 1956, una reforma tributaria radical hubiera sido inadecuada en la inmediata posguerra, un período de depresión económica combinada con alta inflación. Pero al comenzar los años cincuenta la situación del país estaba cambiando. El gobierno de 1951 relajó en parte el intervencionismo estatal de la década anterior. El final del aislamiento internacional y, sobre todo, la política de pactos con Estados Unidos aumentaron la confianza en la economía española y contribuyeron a dotarla de un mayor dinamismo. Tras dos décadas de hundimiento, en los primeros años cincuenta comenzaron a recuperarse los niveles macroeconómicos de 1935. Y esta reactivación económica provocó que el sistema tributario, rígido e incapaz de captar el modesto crecimiento, se hiciera «cada vez más regresivo y más antisocial». Por ello, apuntaba Torres, había que reforzar «la imposición directa» para «evitar un grave empeoramiento en la distribución». Aplazar la reforma podría tener «efectos desfavorables sobre el proceso de recuperación» económica, concluía, «ya que el enjambre de impuestos indirectos pesa demasiado sobre los precios… y puede inducir un descenso de la demanda efectiva que tendría muy graves consecuencias para el desarrollo de la producción» (4). Que hubiera consenso en torno a la necesidad de reformar el sistema tributario no significa que lo hubiera sobre la orientación que debían tener los cambios. Y fue en este terreno en el que aconteció un duro enfrentamiento, que se tradujo en la sucesión de varios proyectos antitéticos de reforma de la contribución general sobre la renta; en el nombramiento y cese de diversos asesores del ministro de Hacienda, Francisco Gómez del Llano; en la aprobación de una ley de reforma del tributo y en su posterior invalidación mediante diversas normas legislativas que constituyeron, de facto, una contrarreforma. A grandes rasgos, dos fueron las distintas posturas en liza. Un grupo de economistas, liderado por José María Naharro Mora, respaldado por empresarios y entidades financieras públicas y privadas con una notable influencia en medios políticos, apostaba por una reforma de corte liberal, argumentando que en una fase de expansión económica la contribución sobre la renta debía promover el desarrollo impulsando el ahorro y la inversión privada: «Urge alentar la formación de ahorro y su movilización total hacia tareas de inversión más productivas», señaló en 1953 la Memoria anual del Banco de España. Enfrente, otro grupo liderado por (4) Reactivación de la economía española en los años cincuenta, Prados de La EscosUra, Rosés y Sanz Villarroya (2010). Evolución del sistema tributario en la autarquía, Comín (2002). Incidencia de las inversiones americanas en la reactivación económica, Calvo González (2007). Torres (1956), pp. 145-147. Gómez de Llano, en BOC, 18 de diciembre de 1951, núm. 383, p. 7024. 87 MIGUEL MARTORELL LA RAZÓN EN LAS PALABRAS DE JOSÉ ANTONIO. PENSAMIENTO Y ACCIÓN POLÍTICA... Manuel de Torres, con el apoyo del equipo de economía de Arriba, pretendía que la reforma de la contribución redujera la regresividad de un sistema tributario demasiado lastrado por el peso de los impuestos indirectos y que por ello ejercía una mayor presión sobre las rentas más bajas; en definitiva, abogaba por una reforma que transformara dicho impuesto en un instrumento eficaz para redistribuir la riqueza. «Es necesario actuar a través del sistema de impuestos para resolver el problema de la distribución de la renta nacional española», escribía Juan Velarde en 1954. Los jóvenes economistas de Arriba, así como el aparato falangista entre 1953 y 1956, se volcaron en la defensa de esta propuesta y su campaña constituyó un hito más en el contexto general de la ofensiva de Falange para afianzar su posición en el régimen (5). En definitiva, en torno a estas dos orientaciones sobre la reforma tributaria se libró una bronca lucha que abarcó todo un lustro, entre 1951 y 1956. Este artículo explica, en sus líneas generales, cómo se desplegó la batalla. Pero antes aborda la génesis del grupo de Arriba, sus principales propuestas, así como su contribución a la política falangista en la década de los cincuenta. 1. Un programa económico para la Falange En el año 1952, Ismael Herraiz, director del diario Arriba —órgano oficial de Falange—, llamó a Juan Velarde Fuertes para que colaborara en el periódico, y a partir del 6 de febrero de 1953 le encargó la dirección de la nueva Sección de Economía. Allí, Velarde se rodeó de un equipo de jóvenes economistas, la mayoría de los cuales eran viejos amigos de los estudios o de sus primeros años de formación: Agustín Cotorruelo, Manuel Gutiérrez Barquín, Juan Plaza Prieto, Enrique Fuentes Quintana, Alfredo Cerrolaza, Carlos Muñoz Linares, César García-Albiñana... Fuentes, Velarde, Plaza Prieto y Cerrolaza pertenecían a la primera promoción de la facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad Central, de 1947. Enrique Fuentes Quintana y Velarde estrecharon sus lazos como alumnos de Werner Goldschmidt en la Academia de Ciencias y Derecho de la calle Arrieta, de Madrid. Más tarde se unió a ellos Agustín Cotorruelo, quien preparó con ambos la oposición a técnico comercial del Estado. Este pequeño núcleo central se amplió poco a poco, asentándose en torno al Consejo Superior Bancario, donde se veían Velarde y Fuentes Quintana, Cerrolaza, Muñoz Linares, Carlos Fernández Arias, José Ignacio Ramos Torres, y más esporádicamente Manuel Gutiérrez Barquín, Manuel Varela Parache y Eduardo del Río. Además de la formación o el trabajo, compartían espacios de ocio, como las tertulias de Molinero, La Cervecería de Correos o Teide (6). (5) Memoria del Banco de España, en Moneda y Crédito, núm. 49, 1954, p. 75. Velarde, en Notas Sobre Política Económica Española (1954): 340. (6) La historia del grupo, en Velarde (1967): 28-43; (1974): 96, 263 y ss. 88 HISTORIA Y POLÍTICA NÚM. 27, ENERO-JUNIO (2012), PÁGS. 83-111 También comenzaron a publicar juntos: Eduardo del Río les abrió las puertas de De Economía, la revista de la Delegación Nacional de Sindicatos, y José María Zumalacárregui y Manuel de Torres las de Anales de Economía. Velarde, Fuentes y Plaza Prieto también colaboraron en la Revista de Economía Política, del Instituto de Estudios Políticos. Velarde, además, había dirigido entre 1948 y 1950 la sección de economía de La Hora, diario del SEU, colaboró en Alférez y participaría en la revista Alcalá, buque insignia de la política comprensiva del Ministerio de Educación. Esta fue la primera generación española de profesionales formados en una facultad de ciencias económicas que influyó o participó de uno u otro modo en el diseño de las políticas económicas, y ello queda de manifiesto en sus primeros escritos, donde demostraron un elevado dominio teórico así como su conocimiento de los grandes debates económicos internacionales. No es de extrañar que muchos recibieran la influencia de Keynes. Mediados los años cuarenta en Europa occidental y en Estados Unidos las teorías keynesianas servían de soporte para la reconstrucción posbélica y sobre ellas comenzaban a asentarse las bases del estado del bienestar. La Teoría General del empleo, el Interés y el Dinero, publicada en 1936, no empezó a conocerse en España hasta los años cuarenta. Fue por entonces cuando el Instituto de Estudios Políticos, en cuyo entorno comenzó a publicar el grupo, difundió la obra de Keynes. En la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas tuvieron ocasión de escuchar en marzo de 1946 a William Beveridge, el principal teórico del sistema de seguridad social británico, cuando vino a Madrid para inaugurar la cátedra de seguridad social. La influencia de Keynes también les llegó a través de uno de sus principales maestros: Manuel de Torres. En 1949, Torres publicó su Teoría de la política social, donde apostaba por la redistribución de las rentas a través de una política fiscal progresiva que permitiera desarrollar una amplia gama de servicios sociales. En 1951 Fuentes Quintana debatía en la revista De Economía sobre los problemas de aplicación a España de la Teoría General, y en 1955 Agustín Cotorruelo argumentaba en la misma obra de Keynes, desde la Revista de Política Económica, la necesidad de una reforma tributaria progresiva (7). Entre 1953 y 1954 este equipo escribió la mayoría de los artículos de la sección económica de Arriba, pero también numerosos editoriales del periódico y esto último dio mayor proyección política a sus ideas. Tanto en las páginas del diario, como en otras publicaciones del entorno falangista, sus integrantes defendieron un programa económico, cuyas raíces emplazaban en el pensamiento de José Antonio, y que se articuló en torno a varios puntos bási(7) Velarde en Alcalá, en RUiz Carnicer (2001): 229. Keynes en la obra de Torres, y Fuentes Quintana en De Economía, en Zabalza (2003). La influencia de Keynes en España en los años 40, en Almenar PalaU (2002). Visita de Beveridge a España, en Álvarez Rosete (2004). Nada tiene de extraño que la obra de Keynes influyera en los economistas de Falange: la influencia keynesiana traspasó por estas fechas diferentes ámbitos ideológicos; entre los conservadores británicos, véase Tomlison (2004); entre los republicanos norteamericanos, Sarias (2011). 89 LA RAZÓN EN LAS PALABRAS DE JOSÉ ANTONIO. PENSAMIENTO Y ACCIÓN POLÍTICA... MIGUEL MARTORELL cos: reforma agraria, lucha contra los monopolios, intervención del Estado en la economía y primacía de la inversión estatal frente a la inversión privada, y redistribución de la renta a través de la política fiscal. «¿Hay alguno entre vosotros… que se haya asomado a las tierras de España y crea que no hace falta una reforma agraria?». Con esta cita de José Antonio comenzaba una tribuna de Manuel Gutiérrez Barquín en Arriba, del 10 de junio de 1953, que tenía el expresivo título de «Latifundios». La experiencia española, argumentaba, había demostrado que era «regla general que las grandes fincas vayan acompañadas de un aprovechamiento deficiente, y como consecuencia, sostengan pocos obreros y estos con jornales bajos». Se imponía la parcelación de los latifundios, que no era «idea subversiva», precisaba para calmar a los lectores más conservadores, «sino doctrina constantemente recomendada por los Pontífices». Aunque quizá el problema no estuviera tanto en el latifundio como en la tradición absentista y despreocupada de los latifundistas. «Puede que el latifundio sea necesario, pero no el latifundista, como señaló José Antonio». En ese caso, debería darse a paso «a una explotación de tipo colectivo, de vieja tradición en el municipio español», solución «perfectamente posible», concluía, «porque existe una potente y extendida organización sindical». En cualquier caso, insistía Agustín Cotorruelo, había que resolver el problema de «la dimensión óptima de la explotación agrícola» para que no se cumpliera el vaticinio de José Antonio de que habrían de pasar como poco ciento sesenta años para que fuera posible la reforma agraria (8). La denuncia de los grandes monopolios privados y la defensa de la inversión estatal, así como de una activa intervención del Estado en una economía que se encontraba en vías de desarrollo, ocupó buena parte de la actividad del grupo. «Las industrias del carbón, electricidad, acero y cemento, con intereses comunes entre sí e íntimamente ligadas al sistema bancario constituyen probablemente la más formidable oligarquía económico-privada con que se enfrenta la comunidad española», escribían Fuentes Quintana y Plaza Prieto, en la Revista de Economía Política, en 1952; «los grupos monopolísticos de la agricultura y de la industria están estrechamente asociados unos a otros y, además, han conseguido asociar a sus empresas a miembros de la antigua aristocracia terrateniente», proseguían. Era «la minoría de españoles, agazapada en la gran propiedad territorial, en los bancos, y en los negocios industriales», contra la que alertaba Ramiro Ledesma en la cita que encabezaba una tribuna de Fuentes y Velarde en Arriba, de agosto de 1953. La desconfianza hacia la banca, en concreto, está presente en numerosos artículos de Arriba: «habrá de cortarse de raíz cualquier intento especulativo de nuestra banca», escribía Fuentes Quintana, en noviembre de 1953, en un artículo sobre la economía española y la ayuda ame(8) Notas Sobre Política Económica Española (1954) es una recopilación de artículos de la sección económica de Arriba, escritos entre 1953 y 1954. Las citas de gUtiérrez barqUín, en p. 23; cotorrUelo, en p. 13. 90 HISTORIA Y POLÍTICA NÚM. 27, ENERO-JUNIO (2012), PÁGS. 83-111 ricana. El Estado debía intervenir activamente en la producción para compensar el efecto pernicioso de los monopolios privados. De ahí los elogios al Instituto Nacional de Industria, «tal vez la más formidable creación del régimen», apuntaban Fuentes y Plaza Prieto, «trascendental para el futuro de nuestra patria», remachaba Plaza en Arriba, en agosto de 1953. «En España es preciso que gran parte de la inversión, por ahora y por mucho tiempo, se oriente por caminos estatales», advertía Velarde en 1954. «La inversión ha de dirigirse hacia ciertas actividades públicas —obras públicas, de saneamiento, enseñanza profesional y técnica, viviendas, etc.— aunque sea en detrimento momentáneo de las inversiones privadas... El ahorro que la respalde deberá obtenerse preferentemente por vía de los más ricos... Es peligrosísimo pretender ordenar la inversión jugando con factores tan poco seguros como las desgravaciones fiscales... En estos deleznables cimientos pretenden apoyarse ciertos grupos financieros españoles… Una vez más, se comprende la razón de estas palabras de José Antonio: “mucho cuidado con invocar el nombre de España para defender unos cuantos negocios, como los intereses de los bancos o los dividendos de las grandes empresas”». Un año antes, Velarde había defendido la esencia anticapitalista de la Falange en un artículo titulado «La economía española en unas pocas manos», publicado como editorial de Arriba el 3 de noviembre de 1953, y que ganó el Premio 1º de octubre, concedido por la Secretaría General del Movimiento. «Desde La Conquista del Estado y las JONS, hasta la época de los magisterios de Franco y José Antonio, el nacionalsindicalismo señaló como uno de sus fines el de desmontar el sistema capitalista», escribía Velarde. «La inmensa mayoría de las actividades industriales y comerciales tienen su capital concentrado en unas pocas manos», una oligarquía económico-financiera que se movía «activamente para conseguir su provecho a costa del de sus conciudadanos». Denuncia de tinte radical que iba acompañada de una propuesta quizá algo timorata: la creación de una comisión estatal, «con poderes ejecutivos amplísimos», que investigara contabilidades, listas de accionistas y política de patentes, y estudiara la conducta de los grupos monopolísticos, dando publicidad a los resultados. Una comisión que aclarara hasta qué punto la maquinaria legal y administrativa española favorecía el desarrollo de los monopolios (9). Por último, el grupo de Arriba también exigía una reforma del sistema tributario que contribuyera a redistribuir la riqueza. El sistema tributario español era regresivo, ejercía una presión mayor sobre las rentas más reducidas, debido al excesivo peso de la imposición indirecta. Los impuestos que gravan el gasto, apuntaba Fuentes Quintana, en junio de 1953, recaen «en su mayoría sobre clases, (9) FUentes QUintana, Plaza Prieto (1952), pp. 53-54, 105. notas sobre política económica española (1954). ledesma, p. 73; plaza prieto, p. 102; editorial de velarde, pp. 165 y ss.; FUentes, p. 233; Velarde (1954a): 543. Velarde (1954b): 692. La concesión del premio, en Arriba, 20 de noviembre de 1953. 91 LA RAZÓN EN LAS PALABRAS DE JOSÉ ANTONIO. PENSAMIENTO Y ACCIÓN POLÍTICA... MIGUEL MARTORELL si no modestas, sí medias, que soportan con su menor bienestar los gastos del Estado». «Sin justicia redistributiva no hay paz social», observaba en otro artículo, en noviembre de 1953. Además, de regresivo, el sistema era insuficiente: «El déficit presupuestario, casi crítico en los últimos años, no ha sido producido por lo cuantioso de los gastos, sino por lo insuficiente de los ingresos», escribía Alfredo Cerrolaza, en abril de 1954. La insuficiencia era consecuencia de la inelasticidad: los impuestos iban a la zaga del crecimiento económico. Esto, observaba Fuentes Quintana, era debido al escaso desarrollo de la imposición sobre la renta: los impuestos directos recaían sobre el valor de los productos, no sobre las rentas, y los impuestos sobre el producto tienden a estancarse y a crecer por debajo del desarrollo económico. La regresividad, la inelasticidad y el anquilosamiento del sistema tributario iban parejos de una excesiva e innecesaria complejidad, que el profesor Manuel de Torres, mentor de los economistas del grupo de Arriba, calificaba como «presión tributaria indirecta»: «el conjunto de molestias, inconvenientes y gastos que la tributación comporta, independientemente de la cantidad que paga el contribuyente»; demasiadas leyes, decretos y órdenes establecían desgravaciones, recargos y demás casuísticas para cada tributo, que constituían una compleja e inextricable maraña. Por último, la suma de los factores anteriores y «una burocracia fiscal apegada a la rutina», caótica, débil e ineficaz, conducía a un altísimo grado de evasión y fraude: estimaba Torres que la evasión fiscal había pasado del 40 al 75% entre 1942 y 1953. Para compensar la ocultación, el Ministerio de Hacienda subía en exceso los tipos impositivos, y ello acentuaba la injusticia del sistema pues la carga tributaria que recaía sobre quienes realmente pagaban los impuestos era excesiva. En definitiva, el sistema tributario era injusto y regresivo; innecesariamente complejo; abría demasiados resquicios al fraude y a la ocultación, propiciados por una Administración fiscal poco capacitada. Por todas estas razones, mediada la década de los cincuenta se había divorciado de la realidad económica española y no cubría con suficiencia los gastos públicos (10). A la altura de 1953, el grupo de economistas de Arriba gozaba de cierta influencia en el diseño de la política económica falangista. Cuando Francisco Torras Huguet ascendió a la jefatura del departamento central de seminarios de Falange, Manuel Gutiérrez Barquín pasó a dirigir el Seminario de Estudios Económicos y llevó a Velarde con él de secretario. Los seminarios de la Falange fueron un nuevo punto de encuentro para el equipo, que desde allí participó de forma decisiva en la redacción de las directrices económicas del I Congreso Nacional de la Falange, celebrado en octubre de 1953. El punto VII de las bases de acción pública aprobadas en el Congreso apela a la redistribución de las rentas a través de la reforma tributaria y resume las posiciones del grupo en el ámbito de la política fiscal: (10) notas sobre política económica española (1954). FUentes qUintana, en pp. 233 y 386; cerrolaza, en p. 380; torres (1956): 138, 148 y 152-167. 92 HISTORIA Y POLÍTICA NÚM. 27, ENERO-JUNIO (2012), PÁGS. 83-111 «Para esta política de redistribución de la renta nacional se propugna el empleo del instrumento adecuado mediante la reforma del sistema tributario, con la disminución de los impuestos sobre el consumo y el aumento de aquellos que gravan la renta y la sucesión». Suyo es también el punto VIII que pretendía la desarticulación de «“los grupos de presión”, cárteles, trusts y monopolios», la «continuación de la política de inversiones estatales» y la «reorganización de la Banca para su subordinación a las necesidades del pueblo y la Nación». El grupo consideró como un gran éxito el haber logrado emplazar sus postulados en el programa del congreso nacional: «podíamos ser radicales sin ser heterodoxos —escribiría años después Velarde—. Es más, convertir lo que hoy se calificaría de socialismo o progresismo en la doctrina ortodoxa». Radicales, pero sin dejar por ello de ser falangistas, pues la «Falange fue la única fuerza que de algún modo atenuó o disfrazó el talante reaccionario del Estado instituido a partir de 1939», apuntaría César Albiñana, ya en 1969 (11). Entre 1953 y 1956 los artículos de la sección económica de Arriba se encuadraron en la ofensiva falangista para definir el perfil institucional e ideológico del régimen, de la que fueron hitos el I Congreso Nacional de la Falange, de 1953, y los anteproyectos de leyes fundamentales elaborados por José Luis Arrese, en 1956. En este contexto, el grupo de Arriba aportó un programa económico coherente y atractivo, que daba un aire radical y renovado a una institución excesivamente burocratizada y anquilosada, y por ello tuvo el beneplácito de los jerarcas del partido y de los ministros falangistas. Cuando el grupo se enfrentó desde el diario al ministro de Hacienda Francisco Gómez de Llano por el proyecto de reforma de la contribución sobre la renta de 1953, contó con el respaldo de Raimundo Fernández Cuesta, ministro secretario general del Movimiento; al fin y al cabo, Gómez de Llano no era afín a la Falange y chocó en más de una ocasión con sus compañeros de gabinete falangistas. No obstante, esto tampoco significa que la relación de los economistas de Arriba con la dirección del periódico, con los dirigentes de Falange o con el gobierno fuera siempre fácil: entre 1953 y 1954, varios artículos fueron censurados y el ministro de Información y Turismo, el también falangista a la par que nacional-católico, Gabriel Arias Salgado, estableció un férreo marcaje sobre los economistas del diario (12). (11) Sobre el Congreso Nacional de Falange, véase Ellwood (1983): 168 y ss.; Ferrary: 371-372; Payne (1997): 614 y ss.; RodrígUez Jiménez (2000): 488 y ss. Las conclusiones del I Congreso de Falange, en Arriba, 29 de octubre de 1953. Velarde (1967): 34-35. Albiñana (1969): 33. Este último texto es un número extraordinario de la Revista de Economía Política, que en más de 500 páginas, a modo de compendio, recopila todos los documentos oficiales — proyectos, ante-proyectos, borradores, informes, estudios…— generados en el debate sobre la reforma de la Contribución sobre la renta de 1954, así como artículos de prensa y otra documentación diversa, entre ella los diarios de Juan Velarde correspondientes a dicha época. (12) Respaldo de Fernández Cuesta y marcaje de Arias Salgado, en el testimonio de Velarde, en Albiñana (1969): 28-32. 93 LA RAZÓN EN LAS PALABRAS DE JOSÉ ANTONIO. PENSAMIENTO Y ACCIÓN POLÍTICA... 2. MIGUEL MARTORELL Falangistas Frente a liberales: la reForma de la contribUción sobre la renta A pesar de que solo era partidario de ajustar el sistema tributario con algunos «retoques sucesivos», huyendo de «ensayos peligrosos que pudieran colocar a la Hacienda en una situación difícil», en 1951 el ministro de Hacienda, Francisco Gómez de Llano, aceptó estudiar la reforma de la contribución sobre la renta. Ahora bien, una vez adoptada esta decisión pronto surgieron dos posturas contrapuestas. Si Manuel de Torres y el grupo de Arriba abogaron por transformar la contribución en un instrumento eficaz para redistribuir las rentas, otro grupo de economistas universitarios liderado por José María Naharro Mora, con el apoyo de empresarios y entidades financieras públicas y privadas, sostuvo que, en una fase de expansión económica, la contribución sobre la renta debía promover el desarrollo impulsando el ahorro y la inversión privada. En torno a estas dos orientaciones se libró una dura lucha política que abarcó todo un lustro, entre 1951 y 1956 (13). 2.1. La opción liberalizadora: El proyecto Naharro Mora y los incentivos al capital En su primer discurso ante las Cortes, en diciembre de 1951, Francisco Gómez de Llano argumentó que la política fiscal debía tender «a procurar el ahorro». La afirmación coincidía con la orientación que José María Naharro Mora estaba dando a la política fiscal del Ministerio y, más en concreto, a la reforma de la contribución sobre la renta. Naharro pertenecía a la última generación de discípulos de Antonio Flores de Lemus. En 1940 se incorporó al Instituto de Estudios Políticos y formó parte de su sección de economía, que años después integraría el núcleo fundacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. Vinculado al Banco Urquijo, compartía la preocupación de la banca por el escaso volumen de ahorro privado destinado a la inversión, justo cuando las perspectivas abiertas por la reintegración de España a la comunidad internacional aventuraban una fase de expansión económica. El total de la inversión en España, aseveró al respecto la Memoria del Banco de España en 1952, no alcanzaba los 15.000 millones de pesetas, frente a una renta nacional de 250.000. Resultaba, por tanto, insuficiente. «La movilización total del ahorro hacia esas tareas de inversión parece constituir la exigencia más destacada del momento», concluía el banco; «continúa siendo el problema básico en el desarrollo económico de la España de hoy», insistía la memoria del siguiente ejercicio (14). (13) gómez de llano, Boletín Oficial de las Cortes (BOC), 21 de diciembre de 1953, núm. 452, p. 8781. (14) gómez de llano, BOC, 18 de diciembre de 1951, núm. 383, p. 7024. Naharro discípulo de Flores, en Sánchez Hormigo (2002): 167. Vinculación al Banco Urquijo, en Estapé 94 HISTORIA Y POLÍTICA NÚM. 27, ENERO-JUNIO (2012), PÁGS. 83-111 El Ministerio comenzó a trabajar en los primeros anteproyectos de reforma de la contribución sobre la renta tras el verano de 1951. El primer documento que elaboró Naharro Mora fue un dictamen sobre la contribución, en junio de 1952, ya como jefe del gabinete técnico del Ministerio de Hacienda. Naharro consideraba que la contribución sobre la renta, durante un largo periodo, debía ser un tributo débil, casi testimonial, que complementara, pero no remplazara, los viejos impuestos directos sobre el producto. La situación económica del país, argumentaba en el dictamen, estaba sometida a «un proceso de transformación potente», y en ese contexto no procedía «añadir factores de perturbación» como una «extensa reforma del sistema tributario». Además, sostenía que el impuesto sobre la renta atravesaba una crisis en las grandes economías occidentales, pues no resultaba «un mecanismo demasiado efectivo para la lucha anticíclica, tal como se pensaba todavía recientemente». En definitiva, Naharro quería un impuesto sobre la renta pequeño, que no gravara en exceso el capital, que recaudara poco, que no detrajera capitales desde la iniciativa privada hacia el Estado. Su dictamen constituyó el punto de partida de dos anteproyectos de ley, redactados en julio y septiembre de 1952, discutidos ambos en el Consejo de Ministros. Las discrepancias entre los ministros debieron ser notables, porque la decisión se demoró y hasta el 4 mayo de 1953 el gobierno no respaldó el proyecto de reforma de la contribución sobre la renta que llegó a las Cortes. El texto contó con el apoyo de los principales bancos. Tal y como aseguró Pablo Garnica, ante la Junta General de Accionistas del Banco Español de Crédito, en abril de 1953, «la política fiscal debe tener muy en cuenta la necesidad de dejar medios disponibles para la autofinanciación de las empresas y para que puedan ser cubiertas sus emisiones, y, por ello, toda elevación excesiva de la presión fiscal se traduciría en menores disponibilidades en el mercado de capitales» (15). Naharro pretendía que la contribución tuviera un lugar complementario, y no central, en el sistema tributario. Por ello proponía elevar el mínimo exento desde 60.000 pesetas hasta 125.000, medida que reduciría el número de contribuyentes. Alegaba Naharro en el dictamen de junio de 1952 que de este modo se resolvía un problema práctico: «el aparato administrativo» era demasiado pequeño «en relación al volumen de declaraciones» y a la «comprobación e investigación de las bases». La evasión fiscal era grande porque un mínimo exento bajo generaba un número excesivo de declaraciones que la Administración no podía gestionar; alzando el mínimo exento disminuiría el número de contribuyentes y, al tiempo, el fraude. La segunda gran orientación del proyecto consistía en aumentar el número de exenciones y desgravaciones, de modo que las rentas invertidas en capital mobiliario o industrial tuvieran un trato fiscal favorable, medida que —estimaba Naharro— permitiría encauzar el capital (2001): 169. Memorias del Banco de España, en Moneda y Crédito, 1953, núm. 49, pp. 47-81 y Moneda y Crédito, núm. 45, 1954, pp. 52-80. (15) Primeros anteproyectos, en Albiñana (1969): 20 y ss. Naharro Mora (1954). Dictamen de Naharro, en Albiñana (1969): 61-105, citas, p. 87; Garnica, en p. 509. 95 LA RAZÓN EN LAS PALABRAS DE JOSÉ ANTONIO. PENSAMIENTO Y ACCIÓN POLÍTICA... MIGUEL MARTORELL ahorrado hacia la inversión. El preámbulo del proyecto reconocía que en el texto todo eran «ventajas y desgravaciones» para el contribuyente; a cambio, al «ofrecerlas generosamente» —de modo un tanto voluntarista—, el gobierno esperaba «la máxima colaboración, tanto en el fiel cumplimiento de lo establecido, como en el logro de los altos fines» perseguidos: unir el ahorro particular, la iniciativa privada y la gestión pública «en el esfuerzo común de conseguir para España más riqueza y para los españoles mejor bienestar». Se trataba, había advertido Naharro en el dictamen, de un cambio radical en la política fiscal, pues en su origen la contribución sobre la renta, «aparte del propósito fiscal recaudatorio», perseguía «fines de carácter social, buscando una más equitativa distribución de la riqueza». Al margen de las razones de índole financiera, promover el ahorro era una decisión eminentemente política. Y al tratarse de razones estrictamente políticas, insistía, «toda finalidad de justicia tributaria» estaba «fuera de consideración» (16). 2.2. El asalto del grupo Arriba El grupo de economistas de Arriba arremetió desde el primer momento contra el proyecto. «España se enfrenta hoy frente al problema de su capitalización —escribía Fuentes Quintana el 9 de mayo de 1953, cinco días después de la entrada del texto en las Cortes—, medidas unilaterales, como exenciones tributarias a la inversión mobiliaria... pueden, desde luego, resolver el problema hoy. Quizá cómodamente. Pero siempre parcialmente y, a veces, “injustamente”». Un mes después, en otro nuevo artículo, arremetía expresamente contra el proyecto: «El fruto que de la reforma cabe esperar es, pues, claro en lo que a recaudación se refiere: la disminución de ingresos por el impuesto sobre la renta. En cuanto al esperado efecto sobre la inversión, admitamos que ocurra, aunque la experiencia española al respecto no sea prometedora… Esto supone reconocer, en primer término, que estos medios, a los que el Estado tan generosamente renuncia en beneficio de un grupo de ciudadanos privilegiados, los invertirán más provechosamente que aquel —afirmación por demás discutible—; en segundo lugar, que esta capitalización que tan cómodamente se les ofrece merece pagar el precio carísimo, que es no sólo el de la virtual supresión del tributo, sino el de sobrecargar otros impuestos que con probabilidad se soportarán por los recargados hombros de los menos pudientes» (17). (16) Proyecto, en Archivo del Congreso de los Diputados (ACD), serie general, Comisión de Hacienda, 1023/11. Citas del dictamen, en Albiñana (1969): 89, 103, 108. (17) Enrique Fuentes Quintana: «Perspectivas actuales del mercado de capitales», Arriba, 9 de mayo de 1953 y «La contribución general sobre la renta en el sistema fiscal español», Arriba, 21 de junio de 1953, ambos en notas sobre política económica española (1954): 293-300 y 383-388. 96 HISTORIA Y POLÍTICA NÚM. 27, ENERO-JUNIO (2012), PÁGS. 83-111 Los economistas de Arriba no solo combatieron a Naharro desde el periódico. También redactaron las enmiendas presentadas contra el proyecto en la Comisión de Hacienda de las Cortes, firmadas por procuradores vinculados al aparato de la Falange, como Gerardo Gavilanes, Ismael Herraiz, director de Arriba, o Tomás Romojaro, vicesecretario general. «Mucho trabajo en las enmiendas del proyecto de ley sobre la renta», apuntó Velarde en su diario el 20 de junio de 1953. Pero más allá de las anotaciones de Velarde, es evidente la sintonía entre los textos de las tribunas de Arriba y de las enmiendas falangistas, que en su mayoría arremetían contra el proyecto por su falta de progresividad y por las facilidades que ofrecía a la ocultación y a la evasión fiscal. Una enmienda exigía más firmeza en la investigación fiscal para evitar «que por medio de documentos públicos o privados, se falseen los reales precios de venta o enajenación y se evadan del gravamen las rentas imponibles». «Negar a los jurados fiscales la posibilidad de estimar, en conciencia, la existencia de rentas imponibles defraudadas —apuntaba otra—... supone legitimar conductas de ocultación o defraudación siempre repudiables y más en un impuesto personal y de acusado carácter corrector de desigualdades rentísticas… Con la redacción propuesta se alientan conductas defraudadoras». El elevado mínimo exento, se leía en otra, que eximía del pago del tributo a las rentas inferiores a 125.000 pesetas y reducía considerablemente el número de contribuyentes, implicaba «renunciar, de hecho, a la aplicación de este impuesto de acentuado carácter social y redistributivo». Y dicho carácter social estaba en la naturaleza del tributo: «Es regla general seguida en las contribuciones sobre la renta de otros países la de que para que estos tributos puedan formar la pieza fundamental del sistema fiscal, han de tener una adecuada progresividad». Por otra parte, una baja presión fiscal podría acrecentar las altas tasas de inflación, uno de los problemas que sufría la economía española: «Al facilitar la existencia de una mayor cantidad de disponibilidades monetarias a ciertas personas, lo que se lograría con la baja de los tipos únicamente supondría el facilitar las posibilidades de inflación dentro del país, y los únicos favorecidos acabarán siendo los elementos especuladores que se mueven dentro de nuevos medios económicos» (18). Integraban la Comisión de Hacienda que informó el proyecto tres procuradores vinculados al Ministerio de Hacienda, a otros órganos del gobierno y a la banca: Alfredo Prados Suárez, director general de Contribuciones; José García Hernández, director general de Administración Local, y Luis Sáez de Ibarra. Este último, procurador sindical por el sector de banca y exdirector general de Banco y Bolsa con Benjumea, era subgobernador del Banco de España desde (18) Diario de trabajo de Velarde, en Albiñana (1969), p. 27 y ss; cita, p. 29. El proyecto recibió 62 enmiendas, algunas en su defensa, pero la mayoría críticas. Enmiendas, en ACD, serie general, Comisión de Hacienda, 1023/11. 97 LA RAZÓN EN LAS PALABRAS DE JOSÉ ANTONIO. PENSAMIENTO Y ACCIÓN POLÍTICA... MIGUEL MARTORELL 1947. La comisión, por tanto, estaba en plena sintonía con el ministro de Hacienda y, sobre todo, con el promotor del proyecto, Naharro Mora. Los ponentes no solo rechazaron todas las enmiendas contra el proyecto, sino que, además, acentuaron las desgravaciones, sumando al dictamen, emitido el 24 de noviembre de 1953, nuevos gastos deducibles. En definitiva, como señaló César Albiñana, resultaba patente «el signo desgravatorio» de los cambios (19). El exceso de confianza de Naharro en sus propias fuerzas a la postre resultaría caro, pues es posible que en este éxito aplastante, arrollador, se hallaran las raíces de su inmediata derrota. Los cambios introducidos en el dictamen eran de tal envergadura que el 4 de diciembre de 1953, Gabriel Arias Salgado, ministro de Información y Turismo, hizo público en un comunicado la retirada del proyecto de la Cámara, «en uso de las facultades» que «el reglamento de las Cortes» concedía al gobierno, «por estimar que la Comisión de Hacienda había aceptado enmiendas en sentido desgravatorio» que desnaturalizaban «el propósito de la reforma». La apuesta de Naharro había sido excesiva, pero en el abandono del proyecto también debió de influir el hecho de que en este momento la Falange se hubiera fortalecido considerablemente, apenas un par de meses después de la celebración de su Primer Congreso Nacional, con el apoyo público de Franco y su condena expresa de la Tercera Fuerza propugnada por Calvo Serer y el grupo de los excluyentes. A finales de 1953, como ha escrito Álvaro Ferrary, todo parecía augurar a Falange un «revitalizado papel en la nueva fase en la vida del régimen». La postergación del proyecto de ley abundaba en esta idea, pues al tiempo que informaba sobre su retirada, Arias Salgado anunció que el Consejo de Ministros modificaría el texto para mantener «el postulado de justicia tributaria» que debía «cumplir la contribución sobre la renta», principal reivindicación de la Falange (20). Aunque en un intento por contentar a los dos bandos en liza, Arias Salgado también advirtió de que el nuevo texto habría de atender «al mercado de capitales, estimulando y favoreciendo las inversiones privadas», la decisión del gobierno fue vivida por los falangistas como una victoria. Victoria que el grupo de Arriba sintió como propia: «conseguimos que no viese la luz», escribiría Velarde en su diario. El propio Velarde supo de primera mano, a través de Fernández Cuesta, ministro secretario general de la Falange, que el Consejo de Ministros había decidido el 27 de noviembre de 1953 retirar el proyecto de las Cortes, y Arias Salgado le felicitó, en una «entrevista llena de consejos y cordial, por nuestras campañas». Campaña desplegada en la serie de artículos y editoriales publicados en Arriba, pero también a través de numerosas gestiones ante el gobierno y los órganos del partido. Una campaña lo suficientemente virulenta como para que el propio Arias Salgado, a instancias de Gómez de (19) Ponencia, ACD, serie general, Comisión de Hacienda, 1023/11. Albiñana (1969), asegura que los cambios en el dictamen fueron ordenados directamente por Naharro, p. 21 y 37. (20) Ferrary (1993): 372. Comunicado del consejo de ministros, en Albiñana (1969): 40. 98 HISTORIA Y POLÍTICA NÚM. 27, ENERO-JUNIO (2012), PÁGS. 83-111 Llano, censurara días antes de la retirada del proyecto un editorial de Arriba redactado por los economistas del periódico (21). Después del 4 de diciembre de 1953, José María Naharro siguió trabajando en el Ministerio de Hacienda, tratando de salvar parte el espíritu de su obra en nuevas iniciativas legales. De hecho, llegó a elaborar tres nuevos anteproyectos entre febrero y mayo de 1954. Buscando una línea de consenso con sus detractores, el segundo asumió algunas propuestas sugeridas por las Cortes, como el gravamen sobre los incrementos de renta no justificados o la recuperación de la valoración de la renta mediante la evaluación de signos externos, y llegó a ser discutido en el Consejo de Ministros. En su compendio de 1969, sin citar a los autores, Albiñana consignó los comentarios de algunos ministros sobre dicho anteproyecto que denotan la división del gobierno sobre la naturaleza que debía adoptar la reforma. Contra el gravamen sobre el incremento patrimonial no justificado arremetió uno de los ministros: «el capital es miedoso —alegó— y si el contribuyente siente algún temor... el capital quedará oculto e inactivo, con evidente perjuicio de la economía nacional». Otro ministro, de probable adscripción falangista, respaldó la medida, pues excluir ciertos capitales de la contribución, adujo, «equivaldría a establecer una amnistía permanente a favor de los defraudadores más hábiles u osados». No obstante, hubo un aspecto del nuevo proyecto que provocó el rechazo casi unánime: la estimación por signos externos, un sistema suprimido en 1943, que asentaba la valoración de la renta imponible sobre el gasto y el nivel de vida ostentado y que, por tanto, requería un desarrollo cualitativo de la inspección fiscal. Uno de los ministros consideró que resultaba fácil «adivinar las impopulares consecuencias de este método estimativo de rentas imponibles». «La generalización del tributo —vaticinaba— se conseguirá a costa de una extraordinaria impopularidad, no justificada por el rendimiento del impuesto». Otro alegó que «la aprobación de este precepto significaría poner en manos de los inspectores una patente intromisión en las vidas privadas de los españoles que haría más odioso e impopular, si cabe, este medio de investigación utilizado por la nefasta República y abolido por el actual régimen» (22). Las críticas del gobierno al anteproyecto evidenciaban la caída en desgracia de Naharro, que abandonó el Ministerio de Hacienda el 22 de julio de 1954. Caída en desgracia puesta de manifiesto por el hecho de que Gómez de Llano ya llevara un tiempo trabajando con Manuel de Torres, uno de sus principales competidores. Que Gómez de Llano, sin solución de continuidad, aceptara un relevo entre asesores que implicaba un cambio considerable en su política revela que, o bien sus criterios no eran muy firmes, o bien que su posición política en el gobierno era lo suficientemente débil como para no poder resistirse a la entrada en el Ministerio de un equipo que, hasta la fecha, le había combatido duramente y que contaba con el respaldo de la Falange. (21) Citas de Velarde y celebración, en su diario de trabajo, Albiñana (1969): 27 y ss. (22) Albiñana (1969): 43-46. 99 LA RAZÓN EN LAS PALABRAS DE JOSÉ ANTONIO. PENSAMIENTO Y ACCIÓN POLÍTICA... 2.3. MIGUEL MARTORELL El grupo de Arriba en la Comisión Torres Acabada la guerra civil, Manuel de Torres se incorporó a la Universidad de Valencia, donde obtuvo su cátedra en 1942. Consiguió el traslado a Madrid en 1944, y en 1945 ya era catedrático de Teoría Económica en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad Central, de la que llegó a ser decano. Durante su carrera compartió la docencia con la investigación y con la economía política, ya como miembro del Consejo de Economía Nacional, ya como asesor del Ministerio de Hacienda. Torres se había afiliado a la Falange al comenzar la guerra, al igual que buena parte de los jóvenes de la Derecha Regional Valenciana, partido en el que había militado activamente: «los ritos fascistas son de derechas y en aquellos años no nos incomodaron», explicaría a Juan Velarde años más tarde. Pero mediados los cincuenta ya se consideraba más conservador que falangista. Sin renegar de su pasado, afirmaba que el «ser falangista ya no me corresponde», lo cual le distanciaba un tanto de sus jóvenes discípulos de Arriba que —a su juicio— trataban de volver a la «Falange socialista de José Antonio». «Me parece su ideario muy respetable —comentó Torres a Velarde—, pero yo tengo el mío y es un tanto diferente, aunque coincida en bastantes cosas». Discrepancias que no debilitaron los estrechos vínculos entre Torres y sus discípulos: Velarde y Fuentes Quintana salieron en más de una ocasión en defensa de su maestro desde la tribuna de Arriba, aun a costa de poner en peligro su continuidad en el diario. Y es que las críticas de Torres a la política económica no siempre eran bien recibidas en el gobierno. En octubre de 1953, por ejemplo, Fernández Cuesta ordenó la redacción de un editorial en Arriba que ridiculizara a Torres, quien había arremetido contra la gestión económica del gobierno en su conferencia «La coordinación de la política económica española» (23). Entre los primeros encargos que recibió Manuel de Torres del Ministerio de Hacienda figuró, precisamente, la lectura crítica del anteproyecto de Naharro de mayo de 1954. Con este fin, Torres organizó una comisión que trabajó desde la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. Integraban la Comisión Torres Juan Velarde y Enrique Fuentes Quintana, a los que se unió César Albiñana, a «título de técnico comisionado por el Ministerio de Hacienda». De este modo, en el informe de la Comisión Torres participaron los principales especialistas en Hacienda Pública de la sección económica de Arriba. «En él están presentes muchos de los juicios e ideas del profesor Fuentes Quintana. Se advierte la participación de quien redacta estas líneas. El profesor Velarde puso a contribución la espléndida humanidad de sus ideales y de su inconformismo», escribiría tres lustros después Albiñana, para concluir que, en suma, «el informe Torres apenas fue de él». El informe perseguía un claro objetivo: desplazar a Naharro (23) Torres, en Velarde (1974); de allí referencias a Falange, p. 249. Véanse también Cossío y Cossío (2002), Zabalza ArbizU (2002), Sánchez Lissen (2002), González González (2002). Fernández Cuesta y censura, en diario de Velarde, Albiñana (1969): 28-32. 100 HISTORIA Y POLÍTICA NÚM. 27, ENERO-JUNIO (2012), PÁGS. 83-111 de la órbita del Ministerio de Hacienda, y con él a los grupos bancarios y financieros que respaldaban su política. Toda crítica valía con este fin, hasta el punto de que hubo notables discrepancias entre el informe de la Comisión y el pensamiento del propio Torres, expuesto en el proyecto de ley que aprobarían las Cortes meses después. «Fue un trámite de emergencia y despachado con urgencia. Sirvió para paralizar la tramitación del anteproyecto de ley de bases de mayo de 1954», explicaría Albiñana. Toda prisa era poca, pues —escribió Velarde en su diario el 30 de junio de 1954— corría el «rumor, quizá absurdo, de que en el Banco Urquijo», al cual estaba vinculado Naharro Mora, ya estaban preparando «el reglamento» del anteproyecto de mayo de 1954 (24). El informe de la Comisión Torres sobre el anteproyecto de mayo de 1954 cuestionó el texto en su forma y en su fondo. Merecía una «crítica desfavorable en su conjunto»; la «confusión administrativa» era «considerable» y la «mala redacción» impedía su clara comprensión. Pero dicha «ambigüedad» no era inocente, pues permitía «la detracción de importantes deducciones». Había una clara «identidad en cuanto a su fin con el proyecto de 4 de mayo de 1953, retirado de las Cortes Españolas». Los dos desgravaban las ganancias invertidas en valores mobiliarios y dejaban al albur del futuro reglamento la desgravación de otras formas de inversión, lo cual suponía «admitir el arbitrismo en materia fiscal». Contra los principios que inspiraban el anteproyecto, el informe defendía la doctrina expuesta desde las páginas de Arriba: «generalizar la contribución sobre la renta» era «un mandato imperativo de imprescindible cumplimiento para mejorar nuestro futuro fiscal»; si había «que igualar a los ciudadanos ante la ley», lo justo era «igualar tributando». Y ni el proyecto de 1953 ni el anteproyecto de mayo de 1954 apostaban por la justicia distributiva, pues ambos pretendían «disminuir la carga de tal impuesto»: los dos desgravaban el capital, pero no aseguraban que después se invirtiera en riqueza productiva. «No creemos que las conveniencias de la economía nacional queden encerradas en los lindes de las Bolsas oficiales de comercio de valores mobiliarios», afirmaba rotundamente el informe (25). 2.4. Manuel de Torres y la ley de reforma de la contribución sobre la renta En agosto de 1954, Manuel de Torres ya tenía preparado un primer anteproyecto de ley, antecedente directo del proyecto que el 24 de septiembre de 1954 ratificó el Consejo de Ministros y que después fue presentado en las Cortes. Un proyecto mucho más moderado de lo que hubiera querido el grupo de Arriba que, no obstante, se embarcó a fondo en su defensa: «aunque no llenaba nues(24) Albiñana como comisionado de Hacienda, en albiñana (1969), p. 32n. Cita de Albiñana, en albiñana (1969), pp. 22-23 y la de Velarde en el mismo texto, p. 32. (25) Informe, en Albiñana (1969): 139-153. 101 LA RAZÓN EN LAS PALABRAS DE JOSÉ ANTONIO. PENSAMIENTO Y ACCIÓN POLÍTICA... MIGUEL MARTORELL tros deseos completamente, fue saludado con cordialidad suma», escribiría Velarde. La exposición de motivos del anteproyecto justificaba la reforma en la necesidad de generalizar el impuesto e impulsar la justicia distributiva: «Si el tributo personal no alcanzase la indispensable generalización al menos entre quienes ofrezcan los más altos niveles de renta y, por tanto, una mayor capacidad contributiva, podría afirmarse que todas las ventajas y metas de justicia distributiva que la teoría asigna a tal clase de gravámenes no solo no existirían, sino que sus efectos serían negativos en todos los órdenes de una comunidad nacional». El objetivo principal de Torres era extender el impuesto: por ello aumentó el mínimo imponible desde 60.000 a 100.000 pesetas, sacrificando «los intereses del Fisco» a la generalización del tributo. Aquí Torres coincidía en parte con Naharro y discrepaba del informe que para la Comisión Torres elaboraron Albiñana, Velarde y Fuentes Quintana, quienes habían censurado a Naharro por elevar el mínimo imponible; Torres llegó a afirmar, incluso, que si el proyecto hubiera sido sólo suyo el mínimo imponible se habría elevado a 150.000 pesetas. También quiso Torres personalizar más el gravamen, elevando las deducciones por hijos, que pasarían de 5.000 a 10.000 pesetas, y admitiendo entre las deducciones gastos familiares extraordinarios siempre que no fueran suntuarios. Por otra parte, redujo los tipos impositivos y estableció una tarifa progresiva, que hiciese menor la presión sobre las rentas más pequeñas, en particular sobre las inferiores a 500.000 pesetas. También amplió la desgravación por rentas del trabajo, desde 25.000 hasta 100.000 pesetas. De este modo, suavizando tipos y escalas y aumentando el mínimo exento, Torres pretendía disminuir la propensión al fraude, lo que facilitaría su arraigo entre los contribuyentes (26). Buena parte de las discrepancias entre el proyecto de ley que Naharro llevó a las Cortes en mayo de 1953, y el de Torres de septiembre de 1954, figuraban en los ámbitos de las deducciones. Torres descartó muchas de las que había propuesto Naharro. Pero las diferencias iban más allá. Pese a que buena parte del gobierno rechazaba un sistema asociado a la «nefasta República», Torres recuperó la estimación de la renta por signos externos, algo con lo que ya había transigido Naharro en sus últimos días en Hacienda. Al Consejo de Ministros correspondía regular dicha estimación mediante una Orden que publicaría el BOE. Quienes demostraran tener altos ingresos por su elevado nivel de gastos, junto con quienes tuvieran una renta imponible superior a 100.000 pesetas, estaban obligados a declarar. El proyecto, por último, amplió las facultades del Jurado Central de la Contribución sobre la Renta, y reforzó las penas cuando la infracción no fuera causada por ignorancia o por errónea interpretación de la ley (27). (26) Cordialidad, en Velarde (1967): 365-366. Citas del anteproyecto de ley, en Albiñana (1969): 223 y ss; torres, en p. 25. El proyecto de ley, en BOC, 15 de diciembre de 1954, núm. 486, pp. 9482-9487. (27) El proyecto de ley, en BOC, 15 de diciembre de 1954, núm. 486, pp. 9482-9487. Estipulaba el proyecto que la renta podría estimarse a partir de los siguientes signos de renta consu- 102 NÚM. 27, ENERO-JUNIO (2012), PÁGS. 83-111 HISTORIA Y POLÍTICA A diferencia de lo ocurrido en 1953 con el proyecto de Naharro, el proyecto de Torres de 1954 apenas fue discutido en la Comisión de Hacienda de las Cortes. Algunos procuradores quisieron eximir del impuesto los ingresos o rentas invertidos en la renovación de equipos industriales, agrícolas o ganaderos, en la mejora de fincas urbanas o en el «fomento de la renta nacional, en general». Otros arremetieron contra la valoración por signos externos y contra las atribuciones del Jurado Central de la Contribución sobre la Renta. José Bustamante, de la Organización Sindical, pidió la supresión de la estimación por signos externos, y Gerardo Gavilanes trató de suavizarla, pero la Comisión de Hacienda hizo oídos sordos de ambas propuestas. No obstante, la Comisión sí admitió una enmienda de Roberto Reyes que ya avanzaba por dónde iría el desarrollo normativo de la ley: «la existencia de dichos signos externos de renta gastada o consumida —decía el nuevo texto- no permitirá en ningún caso inquisición sobre la vida privada o sobre el hogar de las personas en quienes tales signos se hayan apreciado». Asimismo, aceptó que en el Jurado Central de la Contribución sobre la Renta hubiera dos representantes sindicales, y suavizó el régimen de sanciones (28). 2.5. La contrarreforma Aprobada por las Cortes, la ley de reforma de la contribución sobre la renta entró en vigor el 16 de diciembre de 1954. Pese a los cambios introducidos en el proyecto a su paso por las Cortes, Manuel de Torres quedó satisfecho del resultado y colaboró en su reglamento. Sentía respecto a la ley, aseguró Albiñana, «el fervor propio del autor respecto de su obra». Pero también temía por el futuro de una norma cuyo éxito dependía, en buena medida, del «comportamiento de los órganos de la Administración tributaria». Y Torres tenía una «proverbial falta de confianza en la Administración pública, en general», y en la Administración «financiera en particular». La desconfianza, además, era recíproca. Los responsables de los servicios de recaudación del Ministerio de Hacienda interpretaron como un ataque personal el que Torres, en la primavera de 1954, denunciara que estaba cayendo el rendimiento de la contribución sobre la renta. La dirección general de Contribuciones e Impuestos replicó, en un duro mida: el valor en renta o alquiler de la habitación; el número de automóviles, coches, aeronaves, embarcaciones o caballerías de lujo, así como de servidores; el nivel de las fiestas y de las recepciones, «o cualquier otra manifestación» que pudiera «interpretarse como de ostentación suntuaria». También podría calcularse a través otros signos externos como el valor de las explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas, comerciales, industriales y otras de carácter lucrativo; la posesión de tierras, edificios, solares, minas, patentes y demás bienes muebles o inmuebles que produjeran renta a su propietario o el ejercicio de cargos directivos. (28) Comisión de Hacienda, ACD, serie general, Comisión de Hacienda, Actas taquigráficas, 3 de diciembre de 1954, 4871/35. 103 LA RAZÓN EN LAS PALABRAS DE JOSÉ ANTONIO. PENSAMIENTO Y ACCIÓN POLÍTICA... MIGUEL MARTORELL escrito, que los cálculos de Torres eran «verdaderamente deleznables». El «meritísimo servicio de inspección» y el Registro de Rentas realizaban correctamente su trabajo, pues tenían censados a todos los rentistas profesionales; «la masa de defraudadores de la contribución» estaba formada «por el rentista accidental, que vive al margen del tributo, regateándole el mínimo exento», frente al que nada se podía hacer. Torres, en definitiva, había chocado con «el patriarcado del Ministerio de Hacienda»; aquel «patriarcado burocrático al que todos los ministros venían rindiendo la más completa sumisión», como describiría tiempo después Mariano Navarro Rubio. Y ello comprometía el éxito de la reforma. Máxime cuando su principal esperanza era que la generalización del impuesto aumentara el número de declaraciones: «queda por ver qué es lo que hará la Administración con tanta declaración, y si está en condiciones de controlarlas», advirtió al respecto el economista Enrique Rodríguez Mata (29). Pero el problema no radicaba solo en la Administración tributaria. Los economistas de Arriba pronto detectaron cómo el propio ministro, Gómez de Llano, una vez aprobada la reforma, volvía por sus fueros y trataba de desarrollar sus primeras ideas sobre la contribución, pervirtiendo el espíritu de la ley a través de la normativa de su desarrollo. En febrero de 1955, el Boletín Oficial del Estado publicó la orden que enumeraba en detalle los signos externos que permitirían valorar la renta. Velarde consideraba que eran claramente insuficientes. «Baste señalar que con tres criadas, una vivienda en Serrano de 500 pesetas mensuales y dos coches de 10 c. c. se le imputan al contribuyente 105.000 pesetas de renta total —el límite exento son 100.000 pesetas—, de las que podrá deducir un tercio por rentas de trabajo personal y tantas veces 10.000 pesetas como hijos», escribió en un editorial del 13 de julio de 1955. El 13 de mayo de 1955 un decreto-ley aprobó una amnistía para los contribuyentes primerizos. Nuevas órdenes del Consejo de Ministros, del 15 de julio y del 3 de octubre de 1955, desarrollaron varias excepciones tributarias. Todo esto, apuntó Albiñana, eximía del impuesto a ganancias «producto de ciega especulación», que constituían rendimientos «estimables como renta imponible en cualquier régimen general de un tributo personal». Las rectificaciones representaban, reconoció Albiñana en 1956, la victoria de Naharro Mora y de los grupos financieros afines, y la derrota del grupo de Arriba. Si a ello se unía la escasa colaboración de la Administración tributaria en la persecución del fraude, la reforma estaba sentenciada (30). (29) Albiñana (1969): fervor y desconfianza de Torres, pp. 24-25; alegatos de la dirección general a Torres, pp. 207-217. Navarro RUbio (1991): 81. RodrígUez Mata (1955): 92 (30) Editorial de Velarde en Arriba, 13 de julio de 1955, en Velarde (1967): 365-366. Albiñana (1956): 110-112 y 350. Las desgravaciones incluidas en las órdenes de julo y octubre de 1955 afectaban a la reinversión en viviendas de renta limitada, en las emisiones del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Industrial, en RENFE, en los Institutos de colonización, vivienda, industria y patrimonio forestal, en valores de renta fija o variable de empresas de interés nacional, en títulos de deuda y en otros fondos públicos. 104 HISTORIA Y POLÍTICA NÚM. 27, ENERO-JUNIO (2012), PÁGS. 83-111 Velarde expresó su contrariedad en un editorial titulado «¿Será imposible evitar la defraudación tributaria?», publicado el 13 de julio de 1955. Fue uno de los primeros artículos del grupo de Arriba que señalaban la responsabilidad de Gómez de Llano en el fracaso de la reforma y arremetían, directa o veladamente, contra el ministro, quien un año después, según contaba José Luis de Arrese, llegó a pedir a Franco el cese porque «se había visto atacado incesantemente por Arriba». «Arriba ha esperado bastante», comenzaba el texto de Velarde. Dispuesto a colaborar con el Ministerio de Hacienda, el diario no había criticado la amnistía de mayo de 1955, ni las normas sobre valoración de signos externos, que consideraba excesivamente febles. Pero pese a que la ley del 16 de diciembre de 1954 «era de benevolencia suma» y a que «la suavidad de los tipos impositivos era marcadísima», la reforma estaba fracasando: la Administración esperaba 125.000 declaraciones como mínimo y había recibido menos de 80.000. Y eso que el plazo para presentar las declaraciones se había ampliado hasta el 31 de mayo de 1955. Aun así, seguía Velarde, «abundan los que no han presentado declaración. Y parece ser que abundan los que han presentado declaraciones falseadas». Se trataba de «malos españoles y malos católicos», que «desde la altura de sus copiosos dividendos, sus suntuosos automóviles, sus escandalosas fiestas» y «sus excesivos veraneos» negaban ayuda al Estado. «Con plena conciencia han quitado el pan al hambriento, la casa al emigrante que huye del paro en el campo, la salud al niño que precisa de aire puro y vida sana», concluía. De ahí que exigiera al Ministerio de Hacienda el mayor rigor contra los defraudadores: que aplicara las sanciones que señalaba la ley de 16 de diciembre en un grado máximo; que publicara semanalmente en la prensa nacional la relación de los defraudadores sancionados y que estudiara una modificación del código penal que incluyera entre los delitos la defraudación en la contribución sobre la renta (31). Lo cierto es que el fraude era la piedra de toque de la reforma. Dispuestos a combatir la evasión fiscal, los legisladores habían renunciado a la perfección técnica en la construcción del impuesto. De ahí que, argumentaba el profesor Fuentes Quintana, sostuvieran y ampliaran el sistema de valoración de la renta mediante signos externos, una «medida política arbitrista» plagada de «imperfecciones», que ya había demostrado sus límites en la gestión de los viejos impuestos liberales sobre el producto, como la contribución industrial o la contribución territorial, pero que confería a la Administración tributaria numerosos recursos para combatir el fraude. Se trató de una decisión «esencialmente política». «Y si a la política hay que juzgarla por el éxito —concluía Fuentes en 1961—, cabe afirmar que la reforma de la Contribución sobre la renta de 16 de diciembre de 1954 ha fracasado. Los hechos recaudatorios del impuesto son bien elocuen(31) Velarde (1967): 365-366. Arrese (1982): 86. 105 LA RAZÓN EN LAS PALABRAS DE JOSÉ ANTONIO. PENSAMIENTO Y ACCIÓN POLÍTICA... MIGUEL MARTORELL tes… El ambiente de defraudación sigue siendo importante, a pesar de los arbitrios políticos introducidos en 1954» (32). La ley del 16 de diciembre de 1954 pecó en exceso de voluntarista. La mera reforma legal de un tributo era insuficiente si no iba acompañada de una voluntad política real y de una administración tributaria eficaz. Y no se daba ninguno de los dos casos. El gobierno no tenía intención de perseguir el fraude. No en vano, aquellos «malos españoles» que —según denunciaba Velarde— «desde la altura de sus copiosos dividendos» negaban su ayuda al Estado, eran quienes integraban buena parte de la élite política y económica del Franquismo. Por otra parte, raro hubiera sido que el gobierno abordara la pesquisa de las rentas privadas cuando uno de sus ministros calificó a la valoración de la renta mediante signos externos como un terrible «medio de investigación utilizado por la nefasta República». La burocracia fiscal tampoco tenía voluntad —ni capacidad— para combatir el fraude. Para «el patriarcado del Ministerio de Hacienda» la reforma de la contribución sobre la renta de 1954 era un arbitrio elaborado por economistas universitarios ajenos a la realidad de las relaciones entre el Estado y los contribuyentes. Los funcionarios del Ministerio, como explicó Navarro Rubio, daban por hecho que las leyes fiscales «no se aplicaban nunca... y se buscaba el modo de llegar a un punto de compromiso entre las leyes y el fraude». Así había ocurrido antes de la reforma de diciembre de 1954, y así seguiría ocurriendo durante décadas. Por último, la cultura del fraude se hallaba ampliamente extendida entre la ciudadanía. La escasa voluntad de la Administración para combatir la ocultación, la proliferación de amnistías y moratorias, los altos tipos impositivos para sostener la recaudación ante el elevado nivel de elusión fiscal, el efecto contagioso del propio fraude, que al no recibir respuesta de la Administración se multiplicaba... todo ello alentaba a los contribuyentes a evadir los impuestos, pues, aun cuando fueran descubiertos no se enfrentaban a las sanciones que prescribía la ley, sino —en todo caso— a una negociación sobre el monto de la deuda fiscal (33). 3. rUptUra con arriba y desencanto En febrero de 1957, Franco reorganizó su gobierno. José Luis de Arrese fue cesado de la secretaría general de Falange y relegado al Ministerio de Vivienda. El traslado de Arrese fue parejo al veto a sus proyectos para conferir un sesgo falangista a la institucionalización del régimen y certificó el fracaso final de la ofensiva que había emprendido la Falange al comenzar la década. Las carteras de Hacienda y Comercio las ocuparon, respectivamente, Mariano Navarro Ru(32) El texto de 1961 en FUentes QUintana (1990): 120-122. (33) Velarde (1967): 366. Dirección General de Rentas y Patrimonios, en Albiñana (1969): 207-217. Navarro RUbio (1991): 81. 106 HISTORIA Y POLÍTICA NÚM. 27, ENERO-JUNIO (2012), PÁGS. 83-111 bio y Alberto Ullastres, dos economistas pertenecientes al Opus Dei. Como también era miembro del Opus Dei Laureano López Rodó, secretario general técnico de la Presidencia del gobierno. Los tres tecnócratas habían sido promovidos por el hombre fuerte de la situación, el almirante Luis Carrero Blanco. La remodelación del gobierno constató la derrota de Falange pero ello no impidió que algunos de los integrantes del grupo de Arriba se sumaran desde el primer momento al nuevo equipo económico, lo que revela que en la etapa política que se abría falangistas y tecnócratas no constituyeron dos bloques estrictamente blindados y monolíticos. Agustín Cotorruelo fue nombrado jefe del gabinete técnico de la Oficina de Coordinación y Programación Económica, que dependía de la Secretaría General Técnica de la Presidencia del gobierno, a cargo de López Rodó; César Albiñana accedió a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda, con Navarro Rubio; Enrique Fuentes Quintana se incorporó al equipo del Ministerio de Comercio, con Alberto Ullastres. Puede que la esencia de las medidas liberalizadoras del Plan de Estabilización de 1959 —«la política de sano desarrollo basada en la iniciativa privada», tal y como lo como definió Juan Sardá— contraviniera alguna de las ideas que habían defendido en los primeros años cincuenta. Pero su participación en el nuevo equipo de gobierno supuso una promoción para estos jóvenes economistas y técnicos comerciales que estaban afianzando sus carreras en la Administración, y que se adaptaron pronto a un lenguaje, más secularizado, que rehuía las referencias a los mitos fundacionales de la dictadura y hacía énfasis en conceptos como gestión, eficiencia o desarrollo (34). El cambio de gobierno significó el principio del fin de la relación del grupo con Arriba, propiciado también por el cese de Ismael Herraiz en la dirección del diario, en 1956. La ruptura sobrevino en febrero de 1958, cuando Fuentes Quintana reseñó una conferencia de Manuel de Torres y al día siguiente, con referencia explícita a la nota de Fuentes, el periódico publicó una diatriba contra Torres titulada «Agricultura, industria y balanza de pagos». Los miembros del grupo que aún colaboraban en el periódico dimitieron. Aseguran Velarde y Albiñana que para entonces ya se habían deteriorado los vínculos entre ellos y el diario. Tras el fracaso de la ofensiva falangista para definir el perfil institucional e ideológico del régimen, Arriba se acomodó a la situación reconciliándose con sus viejos enemigos. Cuenta Albiñana que un editorial titulado «La banca privada, orgullo de España» marcó un punto de inflexión: atrás quedaban los ataques a la banca como sustentadora de los monopolios en la economía española; también el discurso radical, joseantoniano, del que había hecho gala la tribuna económica del diario durante unos años. A estas alturas, apunta Velarde, ya eran considerados como «un grupo de oposición al (34) Incorporación de Cotorruelo, Albiñana y Fuentes Quintana a los nuevos equipos económicos, en Hispán Iglesias de Ussel (2006): 34-39. Lenguaje secularizado, JUliá (2004): 395. Que no eran bloques monolíticos, Sesma Landín (2009). Sardá, citado en Martin Aceña (2004): 233. 107 LA RAZÓN EN LAS PALABRAS DE JOSÉ ANTONIO. PENSAMIENTO Y ACCIÓN POLÍTICA... MIGUEL MARTORELL gobierno»; algo cuestionable, al menos para todos los integrantes del grupo, pues varios de ellos habían adquirido importantes responsabilidades en la nueva etapa (35). Esta última percepción de Velarde y Albiñana tiene que ver con el hecho de que ambos fueron los integrantes del grupo de Arriba que de un modo más claro y evidente percibieron el cambio de rumbo como una derrota. Cuando menos así lo expresaron años después. A diferencia de lo ocurrido con algunos de los intelectuales falangistas que habían participado en la política comprensiva del Ministerio de Educación entre 1951 y 1956, nunca se convirtieron en disidentes; si en algún momento su discurso fue radical, ellos nunca quisieron ser heterodoxos. «Es raro que pasemos a la oposición», escribiría Velarde ya en 1972; «nuestra vinculación es con los que triunfaron» en la guerra. Tampoco denunciaron públicamente el reequilibrio de fuerzas ocurrido en 1957, ni la llegada de los tecnócratas a los ministerios económicos; a la postre, a lo largo de sus carreras profesionales como técnicos del Estado participarían, de una u otra manera, en la política económica abierta con el cambio de gobierno de 1957, impulsada en sus diferentes etapas por Laureano López Rodó. Sus reproches no fueron dirigidos contra la dictadura, ni contra el dictador, responsable último en los diferentes equilibrios de poder entre las distintas familias del régimen, sino contra el aparato institucional de la Falange, al que acusaban de traición por haber abandonado el legado de José Antonio. Durante unos años el grupo de Arriba había suministrado al partido un discurso radical, que fue respaldado por el aparato falangista mientras resultó útil para dotar de un programa económico a la Falange en su ofensiva para capturar el Estado. Pero al derivar de aquel discurso una propuesta política real, aun cuando fuera tímidamente reformista como lo fue la reforma de la contribución sobre la renta, los dirigentes de la Falange les retiraron su apoyo. «La acción de Falange fue desviada por los intereses oligárquicos enquistados en sus cuadros operativos», apuntaba Albiñana en 1969. «La falta de desarrollo intelectual de la política económica del Movimiento político fundado por José Antonio llevó a sepultar bajo un tumulto de pesadas losas de granito retórico sus alusiones a la reforma fiscal, a la estatificación de la banca y a la reforma agraria», había escrito Velarde dos años antes. El aparato oficial falangista, concluía Velarde, se limitó a defender un modelo corporativo que hermanase a los «sindicatos verticales» con lo que se entendía como «último grito de la Iglesia en doctrina social: la encíclica Quadragesimo anno». Y para ello había optado por la vía más cómoda: un «neoliberalismo económico ligado a una permanencia de ciertas estructuras formales del mundo sindical» (36). (35) Cambio de línea editorial de Arriba, en Albiñana (1969): 33. Velarde (1974): 258n. Abandono, en Velarde (1967): 37. (36) Velarde (1972): 304. Albiñana (1969): 34. «Neoliberalismo», en Velarde (1967): 20 y 35. 108 NÚM. 27, ENERO-JUNIO (2012), PÁGS. 83-111 HISTORIA Y POLÍTICA 4. bibliograFía Albiñana García-QUintana, césar (1956): La contribución sobre la renta, Madrid, PYLSA. albiñana garcía-qUintana, césar (ed.) (1969): La contribución general sobre la renta en los años 1953-1954, Revista de Economía Política, núm. 51, 1969, Instituto de Estudios Políticos, pp. 7-545. almenar palaU, salvador (2002): «La recepción e influencia de Keynes y el keynesianismo en España: después de la “Teoría general”», en enriqUe FUentes qUintana (dir.): Economía y economistas españoles. 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