Derecho Internacional Humanitario

O livro apresenta uma análise do caso da “Convenção Sobre a Proibição do Uso, Armazenamento, Produção e Transferência de Minas Antipessoal e Sobre sua Destruição”, conhecido por Tratado ou Convenção de Ottawa. O referido tratado de erradicação das minas terrestres foi resultado de significativa atuação da sociedade civil, por meio da atuação da Campanha pela Erradicação de Minas Terrestres, que, pelo êxito, foi co-laureada pelo Nobel da Paz de 1997. Conhecido como caso de Soft Power, exemplo de governança global, que forja novo multilateralismo, o texto descreve o problema humanitário das minas, o modo com que foi alçado à política internacional, atuação da sociedade civil internacional, apresenta as obritações do tratado e sua entrada em vigor, bem como os êxitos de sua implementação e seus desafios. Com isso, aborda o quanto tal experiência pode explicitar um "case" de governança global passível de replicação. O livro é a síntese da dissertação de mestrado apresentado em 2005 no Proograma de Pós-Graduação em Direito da UNISC, publicado pela editora da UNISC.

El artículo analiza la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Durand Vásquez y otros vs. Ecuador, relativo a la desaparición forzada de una persona civil peruana ocurrida en Ecuador durante el conflicto del Alto Cenepa. El artículo se centra en los elementos usados por la Corte IDH para interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos a la luz del Derecho Internacional Humanitario, así como el valor probatorio que tienen los informes de Comisiones de la Verdad ante tribunales internacionales.  Finalmente, se analizarán las obligaciones del Estado con respecto a la protección de civiles en situaciones de conflictos armados internacionales.

Resumen: El 8 de febrero de 2021, el Gobierno de Colombia anunció su intención de aprobar un régimen legal especial para la regularización de los venezolanos desplazados. El marco creará un “Estatuto de Protección para los Migrantes Venezolanos”. complementario y temporal. Este proyecto aplica los principios generales del Derecho Internacional Humanitario, especialmente vigentes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así, el flujo migratorio de Venezuela a Colombia es tratado como una crisis humanitaria producto del colapso del Estado venezolano, la compleja emergencia humanitaria y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, todo lo cual ha resultado en alteraciones al orden público, siguiendo los principios de la Declaración de Cartagena. Como resultado, los migrantes venezolanos -especialmente aquellos en situación irregular- estarán sujetos a un marco especial destinado a proteger sus derechos humanos, particularmente a través de un permiso de estatus de protección temporal.
Palabras claves: crisis migratoria en Venezuela, crisis humanitaria internacional de migrantes y refugiados, declaración de Cartagena, Derecho migratorio en Colombia
Abstract: On February 8, 2021, the Government of Colombia announced its intention to approve a special legal regime for the regularization of displaced Venezuelans. The framework will create a complementary and temporary “Statute of Protection for Venezuelan Migrants”. This project applies the general principles of International Humanitarian Law, especially in force in the Inter-American Human Rights System. Thus, the migratory flow from Venezuela to Colombia is treated as a humanitarian crisis as a result of the collapse of the Venezuelan State, the complex humanitarian emergency, and the systematic violations of human rights, all of which have resulted in disturbances to public order, following the Cartagena Declaration principles. As a result, the Venezuelan migrants -particularly those in an irregular situation- will be subject to a special framework aimed to protect their human rights, particularly through a temporary protected status permit.
Keywords: Venezuela migration crisis, international humanitarian crisis of migrants and refugees, Cartagena declaration, migration law in Colombia

Además de definir los conceptos básicos y bases históricas de los crímenes internacionales regulados en el Estatuto de Roma el autor se centra principalmente en examinar el modo en que esos crímenes deben ser implementados en la legislación penal peruana; comentando aspectos referidos a la jurisdicción universal, el principio aut dedere aut judicare, los crímenes contra el derecho internacional humanitario, entre otros; tomando como fundamento los diversos cuerpos normativos referidos a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, las Sentencias del Tribunal Constitucional Peruano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia; ofreciendo al usuario una herramienta completa respecto al modo en que estos delitos deben ser regulados en nuestro Código Penal.

O livro aborda a questão das munições cluster (cluster munitions) a partir do Direito Internacional Humanitário. Os primeiros capítulos trazem abordagem acadêmica sobre ilegaldiade das munições cluster perante DIH, artigos de opinião em sua maioria já publicados, uma tradução do próprio tratado internacional e relatórios.

Este trabajo se centra en el uso de Empresas Militares y de Seguridad Privada (EMSP) por parte de Estados por ser una cuestión de extrema relevancia en la actualidad. La delegación en una entidad privada de tareas tradicionalmente consideradas inherentes a las funciones estatales pone en peligro el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza. Además, este giro en el marco de la historia de la guerra constituye un reto constante para el derecho internacional, especialmente el derecho internacional humanitario. La recurrencia de las violaciones de derechos humanos pone de manifiesto la incapacidad del ius in bello para hacer frente a la enorme tarea de regular este fenómeno cambiante. Lo que algunos presentan como la manera más eficiente de hacer la guerra, es una práctica muy peligrosa que sigue sin estar clasificada y sin regular de forma efectiva.

Así pues, este análisis trata el fenómeno de la privatización del uso de la fuerza, los problemas éticos que suscita y el rol de las EMSPs en la política exterior rusa, utilizando el caso de estudio del Grupo Wagner en Siria, Sudán y Venezuela.

La pregunta que se plantean la sociedad internacional y, en consecuencia, este trabajo es la siguiente: ¿cómo regular de forma efectiva este fenómeno para poner fin a los abusos de derechos humanos y a la impunidad de la que gozan sus autores?

Este trabajo tiene por objetivo analizar si el uso de la fuerza, tanto en situaciones de Derecho Internacional Humanitario como en situaciones bajo los Derechos Humanos, debe ser legislado mediante ley orgánica. Para sustentar esto, en la presente se analiza jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumentos internacionales, doctrina y legislación interna. Por lo tanto, la metodología usada para llegar al objetivo establecido es cualitativa. Tomado en cuenta todo esto, se pudo concluir que se debe legislar el uso de la fuerza mediante ley orgánica, tanto en circunstancias de Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos (DDHH); que el contenido de la misma no contradice la Constitución, norma interna o los DDHH. Adicionalmente, se demostró que de esta manera se cumpliría a cabalidad con el principio de legalidad que rige el uso de la fuerza.

Hoy más que nunca!..., dimensiono y aplaudo con orgullo parabeneplácito de esta Institución Universitaria, y más exactamente para la Facultad de Derecho de la UNIVERSIDAD LIBRE-SEDE CARTAGENA!... habernos resuelto a asumir este reto de formación en las lides del SISTEMAINTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, y más aún!..,

Abstract: In Colombia and Peru, there were internal armed conflicts that have undermined International Humanitarian Law (IHL) and Human Rights (HR), and, because of which, the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) has ruled on the crimes against humanity that occurred in those conflicts. Consequently, it is pertinent to analyze: what is the experience in Peru and Colombia in relation to the crimes of humanity in a context of post-conflict? The regulations of IHL and HR are studied to learn the lessons of transitional justice and the judgments of the IACHR.

Resumen: En Colombia y en Perú, existieron conflictos armados Internos que han atentado contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los Derechos Humanos (DDHH) y que han llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a pronunciarse sobre los delitos de lesa humanidad que ocurrieron en esos conflictos. Por consiguiente, resulta pertinente analizar ¿Cuál es la experiencia en Perú y Colombia en relación con los Delitos de Lesa Humanidad en el contexto de posconflicto? Se parte de la normativa del DIH y de los DDHH para aprender las lecciones de la justicia transicional y las sentencias de la CorteIDH.

The status of ‘international law’ is examined critically. In the first section, the basis of (national) legislation is described. This consists of an inquiry into a credible meaning of ‘natural law’. It is focused on the question whether universal principles exist and, if so, of what kind. Section 2 deals with the issue of enforcement. National legislation invariably realizes this, but this is not obvious at the international level. Section 3 deals with human rights. It is discussed whether their presence points to the existence of ‘international law’. To this end, a possible reason for these rights to have developed is expounded.

El presente documento, el segundo de la serie “Las víctimas en el centro del acuerdo”, desarrollado con el apoyo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, incorpora puntos de vista sobre las condiciones requeridas para el funcionamiento del SIVJRNR. Tiene como propósito garantizar los derechos de las víctimas al contribuir a la lucha contra la impunidad por medio de un mecanismo judicial como la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante JEP) en la investigación, el juzgamiento y la sanción de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario;
a esclarecer lo ocurrido en el marco del conflicto armado interno y
la comprensión de su complejidad a través de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (en adelante CEV); a la búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de las personas desaparecidas mediante una unidad de búsqueda establecida para tal efecto; y, finalmente, a la adopción de medidas de reparación de los daños causados a personas, colectivos y territorios, así como de no repetición que cierran los elementos esenciales del sistema, en específico, la garantía y protección de los derechos de las víctimas.
El eje esencial de este estudio es la comprensión de la integralidad del
SIVJRNR como eje esencial de la garantía de no repetición, en la medida
en que su adecuado funcionamiento debería constituir una respuesta
integral y holística a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia
y la repetición, así como la consolidación de las reformas legales, institucionales, políticas y sociales necesarias para esto. En esta medida, la promoción y garantía de los derechos de las víctimas y de la sociedad, en su conjunto, constituirán un presupuesto básico para la consolidación del Estado social de derecho reconocido en la C.P. y, en suma, para el logro de una paz estable y duradera.

El Estatuto de Roma, en vigor desde el 01 de julio del 2002, es el instrumento que prevé la creación de una Corte Penal Internacional, ante la necesidad de juzgar a quienes cometen delitos contra la comunidad internacional. El Estado peruano al ratificar este instrumento internacional se obligó a adecuar su legislación interna de acuerdo a estas normas internacionales, por ello el Congreso de la República mediante Ley Nº 27837 creó una comisión especial revisora del Código Penal encargada de revisar entre otras cosas, la adecuación a los delitos previstos en el Estatuto de Roma. Esta comisión concluyó la propuesta de adecuación de la legislación nacional al Estatuto, la cual dio mérito al proyecto de Ley Nº 14659/2005-CR que a su vez se recogió en el proyecto de Ley Nº 1707/2007/CR. A pesar de la importancia de este proyecto, consideramos que éste contiene errores sustanciales en la tipificación de los delitos que contradice lo estipulado en el Estatuto de Roma, en especial en los delitos de lesa humanidad; asimismo es posible mejorar el proyecto al incluir normas que hagan factible la materialización de la jurisdicción universal y la imprescriptibilidad de estos delitos, así como la aplicación del principio aut dedere et aut iudicare y la mejora de la tipificación del delito de genocidio y su instigación. Por otro lado, respecto a los delitos contra el DIH es necesario incluir definiciones del DIH que faciliten su aplicación e interpretación. El proyecto de ley fue presentado en el 2006, sin embargo hasta la actualidad el Parlamento ha postergado su revisión pues al ratificar el estatuto los estados trasladan la competencia a la Corte Penal Internacional, de un modo subsidiario, para juzgar a sus ciudadanos o a extranjeros y con ello se vulneraría la soberanía jurisdiccional del Estado. No obstante esta idea es errada, pues contrariamente a lo que piensan algunos de nuestros parlamentarios, la implementación en lugar de violar la soberanía peruana, la reforzaría y fortalecería la competencia de nuestros jueces para juzgar este tipo de delitos, recordando siempre el principio de subsidiariedad de la Corte.

El presente ensayo muestra de manera sucinta como las bandas de crimen organizado (BACRIM) o ahora como se les llama Grupos Armados Organizados (GAO) dejando como ejemplo el “Clan USUAGA”, son actores participes del conflicto armado en Colombia y a diferencia de las guerrillas tradicionales (FARC y ELN), no se oponen al Estado, salvo cuando este último interfiere con sus actividades criminales, disputándose militarmente el poder local y regional a las guerrillas, mientras ejercían simultáneamente las conductas delictivas propias de su razón de ser criminal y la posibilidad de ser sujetos del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Este informe es resultado del proceso de monitoreo e  investigación del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA) de la COALICO, al respecto de ¿Cómo el conflicto armado afecta a las escuelas como entornos protectores en el departamento del Cauca?

Lo anterior, con el fin de visibilizar las dificultades de acceso y permanencia a las escuelas que deben enfrentar las niñas, niños y las comunidades en general, y así focalizar acciones concretas
dirigidas a fortalecer, por un lado, a la escuela como un entorno protector, y, por otro lado, a los procesos de prevención del uso y reclutamiento, y de la afectación al derecho a la educación generado por éstos y otros hechos victimizantes que trascienden en la vida de los niños, niñas y adolescentes (NNA).

Resumen La responsabilidad internacional del Estado continúa siendo una temática en construcción. De todas sus aristas, este artículo se interesa por ciertas consecuencias producidas por la intersección entre el derecho internacional humanitario y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación utilizadas como armas. Intentamos conocer la medida en que el citado derecho es apto para responder a las actividades ofensivas y defensivas ejecutadas mediante las nuevas tecnologías. El objeto principal del presente trabajo consiste en resaltar y analizar las dificultades planteadas en la interpretación y aplicación del derecho internacional humanitario a un tipo especial de ciberoperaciones: los 'ciberataques'. En lo específico, responderemos dos interrogantes: (i) cuáles normas de derecho internacional humanitario son aplicables a los ciberataques; y (ii) cómo elucidar los desafíos planteados al mismo por este nuevo tipo de arma. Palabras clave: ciberataques / derecho internacional humanitario / neutralidad / distinción / objetivos legítimos / combatientes. Abstract State responsibility in international law continues to be a topic under construction. Of all its edges, this paper tackles certain consequences arised from the intersection between international humanitarian law and the new information and communication technologies. The 1

El presente artículo muestra en su primera parte cómo, desde
los orígenes del país, han existido movimientos irregulares armados
como consecuencia de la violencia endémica que ha afrontado
Colombia desde su independencia, y las transformaciones que
estos han tenido en su historia, hasta convertirse en las guerrillas
cuyo objetivo se orientaba hacia la toma del poder por la vía de
las armas. Así mismo, se reseña la evolución de las organizaciones
criminales denominadas BACRIM, como derivación de las
autodefensas transformadas posteriormente en paramilitares,
luego de los procesos asumidos de la Ley de Justicia y Paz del 2006,
que facilitó su desmovilización, y las bases jurídicas y políticas
que las originaron y favorecieron su desarrollo, posibilitando que
se convirtieran en movimientos armados participes del conflicto interno colombiano, disputándoles militarmente el poder local y regional a las organizaciones guerrilleras, mientras ejercían simultáneamente
las conductas delictivas que subyacían en su razón de ser criminal.
En éste contexto, y en la medida en que paralelamente con el Estado las BACRIM combatían a los movimientos subversivos, consideraron que sus actuaciones tenían una finalidad política, por lo tanto se les analiza como posibles agentes susceptibles de ser sujetos del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en tanto grupos armados generadores y participes de conflictos armados internos (CANI), buscando
determinar si cumplen con los parámetros establecidos por la Cruz Roja Internacional (CICR), y las consecuencias políticas y legales de
dicha valoración.

Mediante la aplicación de la metodología de estudio de caso, el comentario a la Sentencia Santo Domingo vs. Colombia se centra en aspectos estructurales sobre la protección de los derechos humanos en el ámbito interamericano, en especial, el uso que la Corte Interamericana hace del Derecho Internacional Humanitario en situaciones que se producen en contextos de conflictos armados internos, la relación entre la jurisdicción penal militar y la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, los requisitos de los actos de reconocimiento de la responsabilidad del Estado y la interacción entre las instancias judiciales nacionales e internacionales en materia de reparación de violaciones a los derechos humanos. Por razones de oportunidad, se prescinde del análisis del pronunciamiento de la CorteIDH sobre cada uno de los derechos de la Convención Americana que fueron violados por el Estado de Colombia.

Este artículo examina las decisiones de la Corte Suprema chilena, que ha invocado y aplicado los Convenios de Ginebra a los hechos ocurridos durante la dictadura militar chilena que tuvo lugar entre 1973 y 1990. Como se explicará, dichas normas internacionales han permitido a la Corte dejar sin efecto las normas de amnistía dictadas por el régimen militar y no considerar la prescripción penal de los crímenes de encarcelamiento, tortura, asesinato y desaparición forzada, entre otros. Lo peculiar, sin embargo, es que la Corte Suprema ha pasado por alto los supuestos de aplicación del Derecho Internacional Humanitario, y se ha basado casi exclusivamente en la declaración de guerra dictada por la Junta de Gobierno en los primeros días de la dictadura. Ello le ha permitido dar una aplicación extensiva al Derecho Internacional Humanitario, que hace caso omiso a sus elementos fundamentales, incluyendo la distinción entre conflictos armados internacionales y no internacionales. En ese contexto, este trabajo cuestiona dicho razonamiento, exponiendo los riesgos que el mismo supone, y evidenciando la existencia de un régimen jurídico alternativo -el Derecho Internacional de los Derechos Humanos- que no solo otorga mayor protección, sino que además refleja adecuadamente la realidad de los hechos ocurridos durante la dictadura, y el abuso y violencia estatal del que fue víctima la población chilena, sin resistencia.

El presente escrito pretende determinar la verdadera adecuación de los contenidos del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito por el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), en el mes de noviembre del año 2016, al concepto de acuerdo especial contenido en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949.
Lo anterior, a la luz de varias consideraciones de tipo teórico relacionadas con la extensión de dicho concepto, la definición de los elementos que configuran la existencia de un conflicto armado no internacional y la verificación de los mismos en el caso colombiano.
Así mismo, dentro del presente trabajo expondremos algunas reflexiones relacionadas con la naturaleza jurídica de los tratados de paz y de los acuerdos especiales referidos, con el fin de establecer las implicaciones de su suscripción en el derecho interno y en el plano internacional.

Cinep/ Programa por la Paz presenta este informe a la opinión pública como servicio a las víctimas en un ejercicio de recuperación de la memoria de los sufrimientos del pueblo colombiano, con la esperanza de contribuir en la construcción de una Colombia diferente, justa, sostenible y en paz.

El Cinep/ Programa por la Paz y el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ven con preocupación el incremento de las amenazas y asesinatos por parte de grupos paramilitares en contra de líderes sociales, campesinos y organizaciones de derechos humanos. Así como los centenares de casos de agresión —asesinatos, amenazas y heridos— perpetrados contra líderes de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y líderes políticos de izquierda sin que haya datos sobre los presuntos responsables.

Contrario a lo que se suele impartir en las clases de Derecho Penal Internacional, los días 17 y 18 de octubre, se ha evidenciado que hay otras formas tan creativas como las clases del Dr. Héctor Olásolo, para abordar tópicos que en otros contextos resultan repetitivos de la legalidad. “Pensar por detrás” nos ha llevado a encarar las explicaciones causales del statu quo internacional, sumidos en una maraña de intereses de quienes tienen el control del poder político; y, nunca salen elegidos pero lo controlan casi todo.
En tal sentido, nuestra visión del Derecho penal internacional quiere abordar dos aristas cruciales en el contexto político internacional, el principio de la responsabilidad penal y su relación con la justicia transicional. De cómo el principio de justicia transicional podría tener un carácter complementario frente al principio de responsabilidad, con lo cual el principio de responsabilidad se mantiene como fue desde hace 70 años y se le añade el concepto de justicia transicional como elemento contingente.
No es una exageración sostener que la violencia -casi generalizada- en el orbe es provocada por los grandes poderes que responden a intereses que hacen el mayor de los esfuerzos para que no cambie nada en contra de las grandes mayorías
Intentaremos justificar la plena vigencia del Principio de Responsabilidad, a pesar de los obstáculos promovidos por los intocables que motivan un estudio y aplicación de la legalidad –de lege lata- que descuide el contexto del cual se sirve el derecho internacional. Esto, a la luz de los documentos más importantes del Derecho Internacional Penal; para desembocar en la subordinación de la justicia transicional como elemento subsidiario aplicado –casi siempre- a los delitos ordinarios.

Resumen:
Este artículo reflexiona en torno al tratamiento legal de la violencia sexual en contextos de conflicto armado. ¿Cuáles son las afectaciones físicas y emocionales del uso masivo de la violación como una herramienta de guerra? ¿De qué modo se cosifica a la mujer y cómo se proyectan las implicaciones de ello sobre el grupo social de referencia? A fin de responder a estas preguntas, en primer lugar, se realiza una revisión de los están-dares internacionales de protección jurídica frente a la violencia sexual; a continuación, se analizan dos estudios de caso: Sepur Zarco, en Guatemala, y Manta y Vilca, en Perú. En estos casos, por primera vez, ordenamientos jurídicos nacionales-con base en el derecho internacional humanitario-se fundamentan en razones jurídicas para condenar delitos de violencia sexual en contextos de conflicto armado como delitos de lesa humanidad. Palabras clave: violencia sexual, crímenes de lesa humanidad, derecho internacional humanitario, Perú, Guatemala
Abstract:
This paper reflects on the significance of the legal treatment of sexual violence in contexts of armed conflict. What are the physical and emotional effects of the widespread use of rape as a weapon of war? In what way are women objectified and how are the implications of this projected into the social reference group? In order to answer these questions, first, a review is made of the international standards of legal protection against sexual violence. Then two case studies are analysed: Sepur Zarco in Guatemala and Manta and Vilca in Peru. In these cases, for the first time, national legal systems, based on international humanitarian law, have established a legal basis to punish sexual violence crimes within armed conflict contexts as crimes against humanity.

Resumen:
El presente texto llama la atención del lector y, en sus líneas, busca destacar la importancia jurídica y política que representa, en el corpus del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en la actualidad, el contenido de derecho forjado por los próceres libertarios durante la guerra de independencia de las repúblicas que conformaron la Gran Colombia, cuyo contenido estuvo orientado a la humanización y civilización de la barbarie de la guerra, bajo la égida del respeto a la condición de la persona humana.
La aproximación al tema no demerita ni niega otros aportes arrimados por pensadores, estudiosos, filántropos, universidades u organizaciones en la consagración y evolución del DIH, que por ser conocidos y aparecer en la bibliografía autorizada (nacional e internacional) sobre el mismo serán obviados en cuanto a su inclusión en el texto.
Este significativo aporte socio-jurídico, que pasa inadvertido (y hasta ignorado) para muchos de nuestros tratadistas locales y, con mayor razón, para los estudiosos foráneos del tema, merece ser replanteado en su análisis y relanzado al sitial, no solo histórico, sino educativo, cultural, político y jurídico en que deberíamos tenerlo quienes profesamos, por vocación o por actos de fe, la pasión por el estudio del derecho y el prudente saber de la justo.
Es una invitación al debate fecundo, desde la encumbrada tribuna de la academia (casa que vence las sombras), destinada en especial a nuestros jóvenes estudiantes, futuros profesionales, a reivindicar y resaltar nuestros aportes regionales a la ciencia del derecho y de la cultura jurídica universal, con acento latinoamericano, en clave Sur, con sello local, acuñados sin acudir a copias o modelos importados, en fruto de la visión prospectiva y de la autoría primigenia de los precursores de nuestra independencia, quienes nos legaron este imperecedero acervo de figuras, conceptos e instituciones jurídicas que sirvieron de base de sustentación al DIH.

Disponible en: https://revistas.uptc.edu.co/index.php/derecho_realidad/article/download/4904/3994/

Bugnion, Francois (2001, diciembre 31). El derecho de Ginebra y el derecho de La Haya. En: Revista Internacional del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Resumen:  El derecho internacional humanitario contemporáneo tiene sus orígenes en dos fuentes principales: el derecho de Ginebra, una normativa destinada a proteger a las víctimas de la guerra, y el derecho de La Haya, un conjunto de disposiciones que regulan la conducción de las hostilidades. El autor analiza los diferentes principios en que se basan esas dos ramas del derecho internacional humanitario y expone su desarrollo histórico hasta la Conferencia Diplomática de 1974-1977, que, al aprobar el Protocolo adicional I, hizo converger las dos ramas jurídicas. Mientras que el CICR ha sido indudablemente el principal promotor del derecho de Ginebra, su contribución al desarrollo y a la aplicación del derecho de La Haya ha sido menos explícita. Según el autor, en la actualidad, todo acercamiento al derecho humanitario implica una preocupación por ambas corrientes del derecho, ya que constituyen partes inseparables del derecho internacional humanitario moderno.

Las Empresas Militares y de Seguridad Privadas (en adelante EMSP) representan un desafío contemporáneo al Derecho internacional, ya que conforme pasa el tiempo se hace más usual que los Estados deleguen tareas que tradicionalmente eran llevadas a cabo por sus fuerzas armadas a las EMSP. Sin embargo, al no existir un cuerpo normativo internacional específico que regule las actividades de dichas empresas, resulta difícil determinar responsables. Asimismo, esta carencia de normas específicas en el ámbito internacional, genera diversos cuestionamientos en cuanto a la atribución de responsabilidad. En primer lugar, al ser las EMSP entidades privadas, surge la pregunta de si es posible o no la atribución de responsabilidad internacional a los Estados que se involucran con ellas (tanto al Estado que contrata, al Estado en donde se desarrollan las actividades y al Estado del cual la empresa es nacional). En el caso en que sí fuera posible la atribución de responsabilidad, ¿habría un límite en la atribución de la responsabilidad o por el contrario estaríamos ante una responsabilidad absoluta? En segundo lugar, si las personas empleadas por las EMSP cometen violaciones al Derecho internacional humanitario (DIH), Derecho penal internacional (DPI), y/o derechos humanos, ¿hasta dónde se podría atribuir tal responsabilidad penal internacional?, ¿acaso se podría extrapolar y aplicar la teoría de responsabilidad del superior del DPI? De ser ese el caso, ¿se podría atribuir responsabilidad penal internacional al gerente y/o a la junta de directores de esas empresas? En tercer lugar, con respecto a la EMSP como persona jurídica, ¿podría imponérsele algún tipo de responsabilidad internacional? La adjudicación de la responsabilidad penal internacional de la persona jurídica fue analizada y descartada por el Estatuto de Roma, optándose por sólo juzgar a individuos. Sin embargo, hoy en día podemos visualizar una nueva tendencia en torno a la atribución de responsabilidad penal internacional de las personas jurídicas. Por ello, la siguiente investigación considera necesario realizar un análisis global del problema, acudiendo a varias ramas del Derecho internacional, como el Derecho internacional público, el DIH, el DPI y los derechos humanos. De esa manera, la presente tesis tiene como objetivo probar que ante la existencia de zonas grises en torno a la regulación de la actuación de las EMSP, en particular ante la atribución de responsabilidades por la comisión de violaciones al DIH, DPI y derechos humanos, se pueden acudir a diferentes formas de atribución de responsabilidad para llenar las lagunas existentes.

El derecho disciplinario establece una norma amplia y en blanco que consagra que al existir una infracción al Derecho Internacional Humanitario, esta debe enmarcarse como falta disciplinaria gravísima. El libro establece unos criterios que determinan cuáles conductas configuran esta clase de faltas, teniendo en cuenta que la disposición lo hace de manera general. Lo anterior, se obtiene a partir de una estructura doctrinal, jurisprudencial y normativa que le permite al operador jurídico disciplinario, no solo identificar qué comportamientos corresponden a la descripción típica vulnerada, sino lograr la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario y, de esta manera, apartar la subjetividad del investigador por no encontrar en nuestro ordenamiento jurídico un catálogo que permita establecer la enmarcación de la conducta.

En síntesis, estos criterios de identificación no solo solventarán el problema jurídico en materia disciplinaria, sino que podrán ser utilizados como punto de partida para la evaluación penal y la ponderación que deba realizarse en justicia transicional, toda vez que este instrumento jurídico propende por garantizar la igualdad, la eficacia y la justicia en materia de DIH en las decisiones judiciales que deban adoptarse en nuestro país.

Respecto a la relación entre el uso de fuerza y el derecho internacional humanitario (DIH), se sostiene en este trabajo que, si bien esa división (ius ad bellum / ius in bello) resulta beneficiosa desde un punto de vista humanitario a los efectos de otorgar una mayor protección, lo cierto es que histórica y jurídicamente la relación ha sido, en realidad, de subordinación y no de independencia. En este sentido, la fragmentación del derecho internacional se presentaría como un fenómeno favorable a estos regímenes, ya que los Estados son responsables por la violación a las disposiciones de cada uno, en forma independiente, no pudiendo ampararse en la conformidad de sus acciones respecto de uno para justificar su incumplimiento en relación con el otro.

En contraposición al tradicional régimen de la ocupación en los conflictos armados internacionales, el control de facto está insuficientemente regulado dentro del derecho internacional humanitario. Si bien se pretende que este vacío legal sea resuelto con la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, la atribución de responsabilidad por violaciones en esta materia a grupos armados no estatales sigue siendo cuestionable. Esto da paso a la impunidad y a la desprotección de civiles. Al analizar como caso de estudio al control de facto establecido por el Estado Islámico en Siria e Irak, se concluye que existe la necesidad de ampliar la regulación de este régimen en materia de derecho internacional humanitario.

El presente artículo tiene como objetivo el análisis histórico
de la vulneración de los derechos de las personas víctimas
del desplazamiento migratorio hacia Ecuador: sus inicios,
evolución, y perspectiva actual, con relación a las tensiones
que se han generado en los últimos tiempos a causa del gran
desborde e ingreso de ciudadanos venezolanos, por causas
de desempleo y problemáticas del dentro del contexto de su
país de origen. Engloba un marco normativo que regula las
corrientes migratorias de ambos países.

RESUMEN
El presente artículo expone el estado actual y los retos derivados que se puedan llegan a manifestar en el ámbito de Seguridad nacional, teniendo en cuenta las esferas: política, socioeconómica e institucional, en relación con el punto sexto del Acuerdo Final pactado entre el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC- EP) que hace alusión a su Implementación en el Estado. Para lo cual, se plantean tres ejes específicos para el desarrollo del escrito: a) se explica el proceso de implementación relacionándolo con la transición en un escenario de Posconflicto; b) se describe el punto sexto del Acuerdo de Paz en el país con el fin de especificar los elementos fundamentales; posteriormente, c) se analiza el impacto que este proceso tiene en el ámbito de Seguridad de Colombia, especificando el estado actual y los retos que se derivan y que deben ser atendidos para la efectividad del proceso.
Palabras clave: Acuerdo de Paz, Implementación, Posconflicto, Seguridad, Transición.

Disponible en. http://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/24221/25092

Este artículo se propone explorar las nociones de necesidad militar, propia del Derecho Internacional Humanitario, y estado de necesidad, propio del Derecho Internacional Público y, más específicamente, del derecho de la responsabilidad internacional del Estado. Ambas nociones son contrastadas a la luz de la teoría de la fragmentación del Derecho Internacional, a los fines de dilucidar la relación entre ambos institutos.

Cita: A. Cichero (2017) “Cuando el fin justifica los medios. La (in)definición de la necesidad military y su relación con el estado de necesidad a la luz de la fragmentación del derecho internacional”, en E. Buis & N. Luterstein (eds.) La guerra ante la fragmentación del derecho internacional, Serie Académica SEMPITHIDIA, Vol. 1.

Desde la entrada en vigencia del Estatuto de Roma (en adelante, “ER”) la Corte Penal Internacional (en adelante, “CPI” o, eventualmente, “Corte”) ha emitido tres sentencias, dos condenatorias y una absolutoria, todas ellas en el marco de la situación en la República Democrática del Congo.1 Muchos son los temas de notoria relevancia para el derecho internacional penal que se abordaron para arribar a los respectivos veredictos y abarcan tópicos tan diversos como la responsabilidad penal de los acusados o la interpretación de las reglas y principios del derecho internacional humanitario (en adelante, “DIH”). Dentro de este último aspecto se ubica esta contribución, que analizará el concepto de “participación activa en las hostilidades” al que se ha recurrido en los casos Katanga y Lubanga para interpretar los crímenes de guerra de reclutamiento, alistamiento y utilización de niños menores de quince años para participar activamente en las hostilidades (artículos 8(2)(b)(xxvi) y 8(2)(e)(vii) del ER). Para ello, en los próximos apartados se examinarán, por un lado, los alcances de los términos participación directa y participación activa en las hostilidades que suelen manejarse en el DIH, para luego compararlos con las posiciones expuestas en los mencionados casos ante la CPI. El análisis comparado de ambos conceptos permitirá corroborar una hipótesis que podría sintetizarse del siguiente modo: el significado asignado al término participación activa en las hostilidades por la CPI resulta problemático en tanto se aparta del DIH, provoca una mayor situación de indefensión en las víctimas y viola la regla de interpretación pro reo en caso de duda del artículo 22(2) del ER. Para solucionar este problema, en última instancia, se ofrecerá una postura que necesariamente obligará a repensar la argumentación de los jueces de la Corte.