Que el mundo -así como nuestro país- avanza hacia un acelerado envejecimiento de su población es un hecho evidente, debiéndose resaltar lo alarmante que es tal situación en tanto se ha llegado a considerar que para el año 2050, al menos...
moreQue el mundo -así como nuestro país- avanza hacia un acelerado envejecimiento de su población es un hecho evidente, debiéndose resaltar lo alarmante que es tal situación en tanto se ha llegado a considerar que para el año 2050, al menos el 29,5% de la población chilena pertenecerá a un rango etario superior a los 60 años, estimándose que el envejecimiento de la población latinoamericana y mundial seguirá un comportamiento similar . El dato anteriormente planteado, sugiere diversos desafíos hacia el futuro, situándose, por un lado, la necesidad de una sociedad capaz de otorgar niveles adecuados de protección para los adultos mayores y, por otro, la necesidad de garantizar niveles de autonomía acordes con la dignidad de que estos son merecedores.
El envejecimiento multigeneracional de la población global es un fenómeno que comenzó a gestarse con los cambios demográficos de la segunda mitad del siglo XX. Ello tiene como principal razón de ser el aumento de las esperanzas de vida de la persona, permitiendo la convivencia simultánea de diversas generaciones y entendiéndose que se trata de un fenómeno social multitemporal, plurieconómico y multicultural .
En cuanto a la contribución del derecho en la problemática del adulto mayor, DAVOBE destaca que la dinámica jurídica social torna vulnerable al viejo, por cuanto lo estereotipa y lo constriñe en su ámbito de actuación. El sistema normativo lo debilita por no ofrecerle completamente un marco de empoderamiento y protección jurídica, adecuado a las características particulares de su vulnerabilidad. Pero también lo debilitan los valores jurídicos imperantes, cada vez que no reconocen suficientemente a la vejez como un dato diferenciador relevante para el sistema jurídico, fuera del ámbito asistencialista de la seguridad social. Continúa DAVOBE “En este marco, no resultará extraño entonces que la persona mayor vea debilitada su voluntad y padezca situaciones reales de desprotección jurídica o discriminación. Pero tampoco será infrecuente que su vida y su patrimonio se vean afectados negativamente por causa de las disfuncionalidades de un régimen de capacidad diseñado para una persona abstractamente considerada” .
El crecimiento del segmento más adulto de la población hace patentes un mayor número de problemas que la sociedad debe resolver adecuadamente, entre ellos, problemas de salud, vivienda, asistencia social, etc. Junto a estos, también aparecen problemas jurídicos, los que antes no se manifestaban con la intensidad con la que actualmente se visualizan. Piénsese en la cantidad de personas que sufren, o van a sufrir Alzheimer u otras enfermedades que afectan las facultades cognitivas y volitivas de las personas mayores, que antes no llegaban a diagnosticarse ni a manifestarse, simplemente porque las personas vivían menos.
Para el Derecho Civil, en particular, se plantean varios desafíos, entre ellos, la posibilidad de expresión de voluntad anticipada en vida para que una persona pueda determinar por quien quiere ser cuidado o quien quiere que le administre su patrimonio en caso de pérdida de importantes facultades; la revisión de las normas de capacidad y/o incapacidad a la luz de los nuevos principios incorporados en la Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores 2015; entre muchos otros .
Hablar del segmento etario de los adultos mayores es, también, referirse a un grupo de población especialmente vulnerable tanto en lo social, lo económico y en lo jurídico, donde en muchas ocasiones hay discriminación y afectación de sus derechos fundamentales , de ahí la importancia de resaltar la oportunidad y conveniencia de la aprobación de la Convención interamericana sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores, que Chile ha ratificado, pero aún no ha incorporado todas las exigencias que tal tratado internacional supone en su ordenamiento jurídico interno, correspondientes a obligaciones asumidas por los países que ratificaron la Convención y que se encuentran presentes a lo largo de todo su articulado, en las diversas materias que trata. A ello nos referiremos con mayor detención en otro acápite de este trabajo.
Sumado a lo antedicho, existen también otros problemas que aquejan a los adultos mayores tales como el aislamiento o segregación, la disminución de su autoestima y los sentimientos de inseguridad que terminan por favorecer ciertas nociones negativas respecto a la vejez asociadas a la desvinculación y a la falta de proyectos individuales , lo que nos interesa, es el análisis de la defensa de los derechos de las personas adultas en cuanto consumidores, que los hacen especialmente vulnerables. Sobre la materia, tal como advierte KEMELMAJER, se ha afirmado que los derechos de las personas mayores aparecen disminuidos o restringidos en una doble perspectiva: por un lado, son parte del grupo de derechos humanos económicos, sociales y culturales de limitada eficacia; y por el otro, este grupo de derechos se caracteriza por una reciente e innovadora consagración, siendo -en consecuencia- objeto de regulaciones que obedecen a políticas sociales coyunturales y no al reconocimiento de derechos subjetivos directamente operativos...
