Administración electrónica

SUMARIO.- 1. EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A RELACIONARSE ELECTRÓNICAMENTE BAJO NUEVAS PREMISAS EN LA NUEVA LEY. LO ELECTRÓNICO POR DEFECTO.- 1.1.- Aproximación al reconocimiento del derecho y delimitación del alcance del derecho a “comunicarse” “electrónicamente”.- 1.2.- Nuevas premisas en el derecho a comunicarse con la administración.- 1.2.1.- El derecho en general no es a comunicarse presencialmente, sino electrónicamente y a través del “Punto de Acceso General”.- 1.2.2.- El derecho a comunicarse electrónicamente ahora se impone a todas las administraciones, no sólo a la AGE.- 1.2.3.- La entrada en vigor de la ley condiciona la efectividad del derecho a la comunicación electrónica.- 1.3.- Lo electrónico por defecto. Ya no es necesario el consentimiento expreso, basta la elección tácita o implícita de la relación electrónica por las personas físicas.- 1.4.-El derecho a elegir y el derecho a cambiar de elección: la intermodalidad.- 1.5.-Se echan en falta algunos derechos vinculados a la relación electrónica.- 2. LAS EXCEPCIONES AL DERECHO A COMUNICARSE ELECTRÓNICAMENTE. CUÁNDO SE PUEDE OBLIGAR A RELACIONARSE PRESENCIALMENTE.- 3. LA OBLIGACIÓN DE COMUNICARSE ELECTRÓNICAMENTE CON LA ADMINISTRACIÓN, AHORA CASI POR DEFECTO.- 3.1.- Una vuelta al calcetín que se veía venir: el predominio de la obligación sobre el derecho de interactuación electrónica.- 3.2.- La posible imposición de la relación electrónica a personas físicas a través de reglamento y sus escasas garantías.- 3.3.1.- La reserva de norma reglamentaria para establecer la obligación y las cuestionables habilitaciones en blanco.- 3.3.2.- Los escasos límites que fija la ley para que la norma reglamentaria pueda imponer la relación electrónica y su vaciamiento jurisprudencial.- 3.3.3.- Algunas garantías y requisitos que normativamente pueden establecerse para imponer la relación electrónica.- 3.4.- La obligación directa de relacionarse electrónicamente a determinados colectivos.- 3.5.- Las consecuencias del incumplimiento de la obligación de relación electrónica, la subsanación y posibilidades de mejora.- 4. LA GARANTÍA DE ACCESO A LA E-ADMINISTRACIÓN Y EL DERECHO A SER ASISTIDOS.- 4.1.- La garantía del acceso y el derecho de todos a ser asistidos en el uso de medios electrónicos.- 4.2.- Las posibilidades del desarrollo normativo del derecho de asistencia ante las insuficientes garantías de que la interactuación se produzca correctamente y las caídas del servicio.- 4.3.- El derecho de asistencia en los ámbitos concretos señalados por el artículo 12. 2º, las oficinas de asistencia y la identificación o firma por funcionario habilitado.-

El trabajo presenta la arquitectura jurídica que da sustento a la implementación del sistema de gestión documental electrónica – GDE en Argentina: el derecho de fondo sumado al derecho administrativo electrónico que está naciendo.
Quedará como un recuerdo la imagen de oficinas públicas repletas de papeles, expedientes perdidos, trámites interminables, elusión de responsabilidades y una maraña burocrática que no sólo tornaba ineficiente el accionar del Estado y lo desprestigiaba ante la sociedad sino que era fuente de la anomia boba tan bien caracterizada por Carlos Nino.

Discussant a la ponencia de Julián Valero (Universidad de Murcia) presentada en el STEM de mayo de 2016 (Teoría del Derecho público, Universidad de Castilla la Mancha, campus de Toledo) sobre " Innovación tecnológica e innovación administrativa "

I. A modo de introducción, la transparencia que ha de venir gracias a los medios electronicos
1. Una información pública masiva, inteligente y colaborativa
2. La transparencia en el diseño y por defecto en la gestión documental electrónica
II. La difusión de información general en portales y sedes y la publicidad activa
1. El acceso ciudadano a la información general a través de portales y el marco general de regulación de los diversos canales de acceso
2. La publicidad activa de información de relevancia pública y la “información general”
III. Las cinco W respecto de la publicidad y difusión activa de información a través de medios electrónicos
1. ¿Qué y cuánto publicar? La posibilidad de difundir más información de interés público que la que exigen las normas de publicidad activa
2. ¿Dónde publicar?
3. ¿Cómo publicar?
4. Algunas garantías y mecanismos eficaces para la calidad y veracidad de la información
5. ¿Cuándo publicar? ¿Hasta cuándo?
IV. El acceso y petición electrónica de información pública que se funde o confunde con el derecho de acceso
1. El acceso a información general o de servicio vía electrónica y los servicios de atención ciudadana
2. La petición de información pública a través de mecanismos informales de contacto electrónico
3. Cuando se ejerce el derecho de acceso a la información para pedir información general o de servicio
4. El derecho a conocer el estado de la tramitación y a acceder al expediente y la posibilidad de ejercerlo a través del derecho de acceso
V. El derecho de acceso a la información, electrónico
1. La identificación suficiente en el ejercicio electrónico del derecho de acceso a la información
2. El acceso electrónico a la información o documento solicitado y, en su caso, la facilitación de copias

El uso de IA también se va dando en el sector público, como en la lucha contra el fraude y las ilegalidades. A las garantías generales de protección de datos han de añadirse las especiales de las decisiones automatizadas y esencialmente garantías de transparencia y white box frente a sistemas de «caja negra». La sentencia d de febrero de 2020 el Tribunal de Distrito de la Haya sobre el sistema SyRI contra el fraude es especialmente exigente. El control previo de sistemas IA de alto riesgo por el que aboga la UE habrá de servir para detectar las muchas deficiencias que probablemente se están dando ya en España, como el caso seguramente inconstitucional Ley 22/2018 valenciana.
The use of AI is also taking place in the public sector and in the fight against fraud and illegalities. In addition to the general guarantees of data protection, it is possible to add the guarantees of automated decisions, essentially guarantees of transparency and white box against «black box» systems. It is analyzed the Hague District Court’s February 2020 ruling on the SyRI anti-fraud system wich is especially rigorous. The prior control of AI systems advocated by the EU must serve to detect the many deficiencies that are probably already occurring in Spain, such as the Valencian Law 22/2018.

La nueva Ley 39/2015 concibe a la Administración por defecto como e-Administración y da una vuelta de tuerca a la obligación de relacionarse por medios electrónicos. Con la nueva ley la administración ha de ser electrónica por defecto y ahora no es necesario el consentimiento de la ciudadanía para la relación electrónica, aunque tiene derecho a elegir y cambiar el canal presencial o electrónico, pero se puede presumir dicha elección. Hemos pasado del derecho a la obligación de comunicarse electrónicamente con la administración, casi por defecto. Se analiza la posibilidad de imponer la relación electronica a través de norma reglamentaria bajo determinados requisitos y presupuestos materiales. No obstante, ni la ley ni los tribunales son exigentes ni garantistas, frente a lo que el autor apuesta por garantías frente posibles discriminaciones o indefensiones que puedan darse. Asimismo se analiza que algunos colectivos están obligados “en todo caso” por la ley a relacionarse electrónicamente y, precisamente todos los obligados a la relación electrónica no tienen derecho a ser asistidos. Finalmente se observan las consecuencias del incumplimiento del deber de relacionarse electrónicamente, que ha sido regulado por la Ley 30/2015 de modo muy mejorable y poco garantista.

Tesis de maestría sobre la Infraestructura de Firma Digital de la República Argentina. Analiza la PKI desde la triple perspectiva tecnológica, jurídica e institucional. Contiene una encuesta en Argentina con los mismos indicadores de la encuesta OASIS.

1. EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A RELACIONARSE ELECTRÓNICAMENTE BAJO NUEVAS PREMISAS EN LA NUEVA LEY. LO ELECTRÓNICO POR DEFECTO
1.1.- Aproximación al reconocimiento del derecho y delimitación del alcance del derecho a “comunicarse” “electrónicamente”
1.2.- Nuevas premisas en el derecho a comunicarse con la administración
1.3.- Lo electrónico por defecto. Ya no es necesario el consentimiento expreso, basta la elección tácita o implícita de la relación electrónica por las personas físicas
1.4.-El derecho a elegir y el derecho a cambiar de elección: la intermodalidad
1.5.-Se echan en falta algunos derechos vinculados a la relación electrónica
2. LAS EXCEPCIONES AL DERECHO A COMUNICARSE ELECTRÓNICAMENTE. CUÁNDO SE PUEDE OBLIGAR A RELACIONARSE PRESENCIALMENTE
3. LA OBLIGACIÓN DE COMUNICARSE ELECTRÓNICAMENTE CON LA ADMINISTRACIÓN, AHORA CASI POR DEFECTO
3.1.- Una vuelta al calcetín que se veía venir: el predominio de la obligación sobre el derecho de interactuación electrónica
3.2.- La posible imposición de la relación electrónica a personas físicas a través de reglamento y sus escasas garantías
3.4.- La obligación directa de relacionarse electrónicamente a determinados colectivos
3.5.- Las consecuencias del incumplimiento de la obligación de relación electrónica, la subsanación y posibilidades de mejora
4. LA GARANTÍA DE ACCESO A LA E-ADMINISTRACIÓN Y EL DERECHO A SER ASISTIDOS
4.1.- La garantía del acceso y el derecho de todos a ser asistidos en el uso de medios electrónicos
4.2.- Las posibilidades del desarrollo normativo del derecho de asistencia ante las insuficientes garantías de que la interactuación se produzca correctamente y las caídas del servicio
4.3.- El derecho de asistencia en los ámbitos concretos señalados por el artículo 12. 2º, las oficinas de asistencia y la identificación o firma por funcionario habilitado

¿Es posible la existencia de administraciones públicas patrimonialistas que brinden políticas públicas de calidad? ¿La calidad de las políticas públicas se puede explicar, en parte, por las características organizacionales de las administraciones? ¿Gobiernos locales con administraciones que padecen buropatologías se constituyen en motores del desarrollo?
El modelo burocrático weberiano en América Latina pareciera que alcanzó una instalación incompleta. Joan Prats (1999) afirmó que “si la reforma administrativa fracasó no fue porque el modelo burocrático que se trataba de implantar no era el adecuado. De hecho el modelo ha dado y sigue dando rendimiento excelente en muchos países desarrollados. En América Latina… no llegó a institucionalizarse sino parcial y excepcionalmente el sistema que Weber llamó de dominación racional-legal encarnado en la burocracia… lo que se desarrollaron mayormente fueron “buropatologías” que en el mejor de los casos se aproximaban al sistema mixto que Weber llamó “burocracias patrimoniales””.
Así, la presente ponencia es un avance de la tesis doctoral que pretende explicar la relación entre los modelos de administración pública (variable dependiente) y las dimensiones de la calidad de las políticas públicas locales (variable independiente). Para ello, la variable dependiente es analizada a partir de la presencia o ausencia de ciertas características de tres modelos teóricos de organización de las administraciones: a) modelo patrimonialista, b) modelo racional – legal y c) modelo post-burocrático (nueva gerencia pública y/o governance) y la variable calidad de las políticas públicas es analizada a parir de nueve dimensiones: a) estabilidad, b) adaptabilidad, c) coordinación y coherencia, d) implementación, e) orientación al interés público, f) eficiencia, g) participación social, h) grado de planificación y finalmente i) evaluación.

Ciertas teorías sobre el papel de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el gobierno expresan la creencia de que éstas abren una nueva época que permitirá a las administraciones, a través de sucesivas fases, no sólo ser más eficaces y eficientes, sino también ser más abiertas, participativas e inclusivas. Diversos estudios empíricos desmienten, sin embargo, estas previsiones. En este estudio se trata de explicar el porqué de este fracaso, utilizando la teoría política, en concreto la teoría del pluralismo de valores, y una selección de estudios de caso que aportan cierta evidencia empírica a la propuesta.
Palabras clave: gobierno electrónico, teoría política, valores, democracia.

Resumen: El incremento de tareas a cargo de las Administraciones Públicas en el Derecho Administrativo transformador de América Latina ha elevado las exigencias en torno al cumplimiento de los principios de eficiencia, eficiencia, transparencia y participación ciudadana, de conformidad con los estándares de la buena administración. La pandemia de la COVID-19 aumentó esas tareas, y con ello, incentivó nuevas demandas a favor de la calidad de la actividad administrativa. En este contexto, la transformación digital de las Administraciones Pública es una técnica fundamental a los fines de apalancar el cumplimiento de los estándares de la buena administración. Pero esa transformación solo es posible a través de los empleados públicos y la promoción de su talento digital. En tal sentido, el Derecho Administrativo de la función pública, aun cuando cuenta con instituciones que favorecen la formación y preservación del talento digital, también contiene otras instituciones que limitan ese talento y con ello, debilitan la capacidad de las Administraciones Públicas para la gestión digital de su actividad administrativa.
Palabras claves: Administración electrónica, procedimientos electrónicos, transformación digital, empleo público, inteligencia artificial.
Keywords: The increase of the Public Administrations’ tasks in the transformative Administrative Law of Latin America has raised the demands around fulfilling the principles of efficiency, efficiency, transparency, and citizen participation, following the good administration standards. The COVID-19 pandemic has increased those tasks, and with it, has boosted new demands to improve the quality of the administrative action. In this context, the digital transformation of Public Administrations is a fundamental technique to leverage compliance with good administration standards. But that transformation is only possible through public officials and the promotion of their digital talent. In this sense, the Administrative Law has institutions that favor the training and preservation of officials' digital talent. But at the same time, has institutions that limit this talent and thereby weaken the capacity of Public Administrations for digital management.
Keywords: Electronic administration, electronic procedures, digital transformation, public officials, artificial intelligence.

La Ley 11/2007 sobre Administración electrónica, de implantación a partir de 2010, es un hito normativo en la historia de la Administración en España. Ya no se habla del futuro, sino del presente que el Derecho no puede desconocer. Se trata, pues, de un ámbito necesitado de estudios y reflexiones, como los treinta y cuatro trabajos de otros tantos autores de este libro, coordinado por dos autores que son referentes en el tema. Veintinueve doctores, veintisiete profesores de Universidad y abogados especialistas en Derecho de las TICs analizan cuestiones generales del tema, el desarrollo local y autonómico de la Administración electrónica; el acceso y accesibilidad a los servicios públicos electrónicos y el acceso a la información pública a través de medios electrónicos. También se abordan diversos derechos de los administrados electrónicamente y la interactuación con la e-Administración. Asimismo se analiza el régimen jurídico y desarrollo del registro y sede electrónica, al igual que la interoperabilidad, el documento y la firma e identidad electrónicas. Finalmente, se examinan diversas cuestiones relativas a la privacidad y protección de datos en relación con la actuación administrativa. Se trata, sin duda, de un ineludible referente en la literatura jurídica sobre una cuestión de rabiosa actualidad.

1. La “nueva” regulación del “estatuto de los ciudadanos administrados”
1.1. La novedad reside en su exigibilidad a todas las Administraciones
1.2. La relativas garantías de los derechos reconocidos
1.3. El desarrollo normativo, una oportunidad frente a las debilidades de la ley
2. Los derechos de las personas reconocidos en el artículo 13
2.1. El derecho a comunicarse electrónicamente con la administración
2.2. El derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas
2.3. El derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico
2.3.4. El derecho al acceso a la información
2.3.5. El derecho a ser tratados con respeto y deferencia y la facilitación del ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones
2.3.6. El derecho a exigir las responsabilidades
2.3.7. El derecho a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica
2.3.8. El derecho a la protección de datos de carácter personal, a la seguridad y confidencialidad
3. Los derechos de los interesados reconocidos en el artículo 53
3.1. El derecho a conocer el estado de la tramitación, el sentido del silencio, el órgano competente y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos
3.2. El derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos
3.3. El derecho a no presentar documentos originales y en su caso a obtener copia autenticada de los presentados
3.4. El derecho a no presentar datos o documentos no exigidos o en poder o elaborados por las Administraciones
3.5. El derecho a formular alegaciones, utilizar los medios de defensa y a aportar documentos
3.6. El derecho a obtener información y orientación
3.7. El derecho a actuar asistidos de asesor
3.8. El derecho a cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos
3.9. Los derechos de los presuntos responsables en procedimientos sancionadores

El presente documento tiene como fin exponer los principales puntos de encuentro y recomendaciones resultantes del Conversatorio sobre Gobierno Abierto, realizado en el marco del XIX Congreso del CLAD, celebrado en Quito, Ecuador, del 11 al 14 de noviembre de 2014.

El Conversatorio tuvo lugar el 12 de noviembre y su objetivo fue reunir a un grupo de especialistas en el área del gobierno abierto, asistentes al Congreso del CLAD, para debatir en torno a esta temática y aportar ideas que pudieran orientar una reflexión más profunda en este ámbito

Las nuevas tecnologías de información y comunicaciones abren perspectivas insospechadas para el quehacer de las organizaciones, observándose ya una clara tendencia hacia el funcionamiento en redes, compartiendo recursos y configuraciones flexibles que permiten satisfacer requerimientos cambiantes. A diferencia de otras organizaciones, el gobierno desempeña funciones de muy diversa naturaleza, siendo en algunos contextos regulador, en otros el iniciador, y en otros un interlocutor del sector privado, al que ayuda a mejorar la gestión de sus actividades comerciales.

Es así como el gobierno se ha visto y se verá enfrentado a una serie de desafíos relativos a la incorporación de nuevas formas de organización, dada su necesaria relación con otras entidades gubernamentales, con los ciudadanos y con organizaciones privadas. Es un hecho que las estructuras basadas en divisiones funcionales y territoriales se verán alteradas por la incorporación de nuevas tecnologías de información, y lo más probable es que éstas deban ser modificadas.

Aún cuando la informatización e internetización de numerosas funciones y procesos gubernamentales ha sido el foco de las acciones modernizadoras en los últimos años, el desafío actual radica en imaginar nuevas estructuras y prácticas que permitan no sólo hacer mejor lo que hoy en día se hace, sino hacer lo que aún no imaginamos que sea posible. En este sentido, cualquier proceso de modernización electrónica del gobierno supone un uso de las tecnologías de información también diferente a lo que actualmente conocemos.

Hacia fines de los años 90 se acuña el término de gobierno electrónico (electronic government), como una manera de describir el quehacer del gobierno apoyado por las nuevas tecnologías de información y comunicaciones. A partir de entonces, numerosas iniciativas han sido agrupadas bajo este concepto, con especial énfasis en aquéllas relativas a la relación del gobierno con los ciudadanos, al mejoramiento de las capacidades democratizadoras, y en definitiva, al incremento de la eficiencia y efectividad de las funciones gubernamentales.

Con el objeto de orientar los esfuerzos de modernización de la gestión del aparato público, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), a través del Proyecto de Reforma y Modernización del Estado (PRYME), ha planteado como una de sus prioridades avanzar en este proceso de desarrollo del gobierno electrónico en el país, con la perspectiva de entregar un servicio adecuado y ágil a los ciudadanos, brindando transparencia en la información pública y fomentando la participación ciudadana y el desarrollo democrático.

El presente trabajo se enmarca dentro de dicho proceso de desarrollo del Gobierno Electrónico en Chile, a través de un estudio y evaluación de las iniciativas que al respecto el Estado ha generado en Chile. En él se realiza un recorrido histórico del proceso de modernización del Estado, se revisa el actual estado del arte y se analizan las líneas de acción involucradas tanto en la experiencia internacional como en el caso chileno. También se plantean los principales desafíos y propuestas que permitirían la plena aplicación del Gobierno Electrónico en Chile. Es así, como pretende dar cuenta y analizar la evolución que ha tenido la incorporación de las tecnologías de información y comunicaciones en el quehacer del gobierno en la última década, con especial énfasis en los últimos 3 años.

La metodología utilizada en el estudio consistió en primera instancia en la generación de la documentación bibliográfica nacional e internacional, obteniéndose un corpus de 400 artículos y presentaciones, de los cuales un 25% corresponde a Gobierno Electrónico y un 75% a temas de economía digital en general. Posteriormente, se realizó un análisis de dos fuentes de información: la base obtenida a partir de una encuesta de las iniciativas de Gobierno Electrónico desarrolladas por los servicios públicos, realizada en mayo del año 2001, y la base de proyectos e iniciativas existentes en el Banco Integrado de Proyectos del Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN), la cual abarca el período 2001-2003. En forma adicional al análisis de fuentes de información, y con el sentido de estudiar y evaluar el efecto que ha tenido el proceso de modernización electrónica del gobierno, se definió un conjunto de indicadores relacionados con capacidad instalada y uso e impacto, los cuales permitieron una comparación entre los resultados observados en Chile y los de algunos otros países. Por último, en base a una serie de entrevistas a actores clave del proceso, los antecedentes recopilados y el trabajo del equipo, se identificó un conjunto de desafíos que deberá resolver el avance del proyecto de modernización electrónica del gobierno en Chile.

El objeto de este trabajo es el régimen jurídico aplicable a la gestión por medios electrónicos de los procedimientos de elaboración de normas administrativas en los Estados Unidos y en España. En él se explora, primero, cómo se ha extendido el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo de los procedimientos normativos de las agencias federales, así como los principales problemas y líneas de reforma actualmente en curso. El estudio se centra después en la participación electrónica en el procedimiento de elaboración de normas administrativas en España, cuyo régimen jurídico ha sufrido recientemente una importante evolución. La comparación de ambos regímenes permite obtener conclusiones de interés, especialmente para la mejora del segundo.

El presente trabajo aborda los cauces procedimentales que pueden seguir los ciudadanos para el ejercicio de los derechos que la LPAC y la LRJSP les reconocen en sus relaciones con la Administración. Por ello, cuando la falta de actuación de la Administración o la prestación de un servicio público cause un daño o perjuicio a los ciudadanos que no tengan el deber jurídico de soportar, podrán acudir a determinados mecanismos de reacción para procurar tanto la realización efectiva de sus derechos, como el resarcimiento de los daños causados. Por tanto, este estudio parte de dos grandes principios, el de transparencia, que permitirá a los ciudadanos acceder o disponer de la información pública o administrativa que precisen, y el de responsabilidad por los servicios públicos recibidos. Asimismo, los últimos cambios introducidos en el modelo de Administrar, presididos por el uso de los medios electrónicos en los procedimientos administrativos, otorgan una nueva virtualidad práctica al principio de responsabilidad, respecto de los daños que se puedan causar en la prestación de los servicios públicos electrónicos o por las obligaciones de información y transparencia a las que se encuentran sometidas las Administraciones Públicas.

La aprobación de las normas técnicas de interoperabilidad y en especial la relativa a la política de gestión de documentos electrónicos, ha puesto el foco en la determinación de los documentos esenciales de las administraciones públicas españolas, como un subproceso de la calificación de documentos. Pese a su trascendencia para la continuidad de la actividad de las organizaciones incluso ante las peores circunstancias de riesgo, el enfoque que ha recibido en las políticas de gestión de documentos analizadas para este estudio revela que el interés se está centrando en la identificación de esos documentos, pero sin apenas profundizar en aspectos como el procedimiento a seguir, cómo ponderar su nivel de relevancia o cómo afrontar su tratamiento y uso para alcanzar el objetivo de continuidad de la actividad institucional. Estos hallazgos sugieren la necesidad de realizar un estudio doctrinal encaminado a la definición de una metodología de referencia para la gestión de documentos esenciales.

En la última década, se ha ido configurando un marco normativo y político que pone el acento en la introducción de sistemas de calidad y el uso intensivo de las TIC en la gestión pública, convirtiéndolas en dos líneas de transformación clave de los procesos de modernización administrativa en un contexto de gobernanza. Por ello, con el objetivo de adaptarse a las necesidades de una sociedad abierta y compleja, la Escola Galega de Administración Pública ha puesto en marcha una estrategia de modernización a partir de un enfoque integrado en el que las dimensiones de calidad e introducción de las nuevas tecnologías se refuerzan mutuamente, convirtiéndose en los ejes de cambio de su modelo de gestión. Así, se describirá cómo la combinación de estas dos dimensiones se encuentra presente en cada uno de los proyectos a través de los que la EGAP despliega dicha estrategia, contribuyendo, desde una orientación hacia la mejora continua, no sólo a la satisfacción de las expectativas de sus usuarios/as y a la provisión de servicios de máxima calidad, sino también a un proceso más amplio de trans-formación hacia una Administración pública más transparente, participativa, responsable y eficiente.

Over the last decade a new political and regulatory framework has taken shape emphasizing the introduction of quality systems and intensive usage of ICT in the public management sector. These two concepts are key in the process of modernizing public administration within the context of governance. In response to an open society and it´s complex needs, the Galician School of Public Administration has launched a new strategy to modernize management in the public sector. This strategy focuses on the alignment of new technologies and quality procedures that become the axis on which change management models are developed. It will be described how the combination of these two key concepts can be found in every single project launched by the EGAP. While focusing on continual improvement, these concepts not only aim at satisfying users' expectations and supplying services of the highest quality, but also have a grander scope of moving towards a more accountable , open and efficient Public Administration.

En los últimos años se ha puesto de manifiesto que la consolidación de los beneficios de las iniciativas de gobierno electrónico implantados depende, en gran medida, de las posibilidades de compartir información y recursos que se presentan entre diferentes niveles de la administración, sobre todo en aquellos entornos más descentralizados. Sin embargo, los proyectos de interoperabilidad todavía son el gran reto al que tiene que enfrentarse el sector público puesto que los niveles de colaboración interorganizacional y confianza mutua que dichos proyectos requieren suelen estar condicionados por ajustes institucionales, estructuras organizativas y procesos de gestión que todavía, hoy en día, motivan a trabajar aisladamente y fomentan la aparición de "islas" de servicios.
Esta ponencia pretende cubrir algunas de estas cuestiones. Para ello, el documento se organizará en tres apartados. En el primero, haremos referencia al marco conceptual que ha guiado la elaboración de este texto. En el segundo, abordaremos el interesante caso de la administración pública catalana en relación a la colaboración interadministrativa describiendo los proyectos de interoperabilidad liderados por el Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña, entidad pública de carácter asociativo cuyo objetivo es apoyar los procesos de adopción sostenible de las TIC por las administraciones públicas catalanas. Finalmente, se expondrán los factores que, a partir de dichas experiencias, se habrán revelado clave en la implantación de estrategias de cooperación en el sector público.

Resumen: El caso venezolano demuestra que la Administración electrónica tiene tan solo un rol instrumental para la realización de la actividad administrativa, especialmente en el ámbito de la intervención económica. Bajo adecuadas condiciones institucionales, la Administración electrónica puede favorecer los estándares de buena administración, pero en condiciones institucionales inapropiadas, la Administración electrónica puede degenerar en técnicas corruptas de control y dominación social.
Palabras claves: Administración económica, tecnologías de la información y del conocimiento, simplificación de trámites, corrupción, blockchain Abstract: The Venezuelan case demonstrates that the e-government only has an instrumental role for the Public Administration's action, particularly regarding economic regulation. Under proper institutional conditions, the e-government could improve the good administration standards; but with weak institutional conditions, the e-government could deviate into corrupted policies for economic centralization and social domination.
Keywords: e-government, information and communications technology, procedure simplification, corruption, the blockchain

Dentro de los fenómenos que caracterizan a la administración del siglo XXI se encuentra la generación de políticas de información nacionales dirigidas al establecimiento de líneas estratégicas para garantizar, por un lado, la transparencia en la gestión pública, y por otro, lograr una administración pública eficiente y eficaz, más cercana a la ciudadanía, en donde se reduzcan las brechas informacionales. Este trabajo se centra en examinar algunos aspectos relacionados con la construcción de políticas en materia de gestión de documentos y archivos en el Uruguay. Específicamente, reflexionar acerca de su vínculo con herramientas de transparencia y mecanismos de acceso a la información pública. En esa misma línea, conceptualizar la gestión de documentos y archivos como cimiento en la instauración de una administración electrónica. Por otra parte, abordar la aplicación de métodos cuantitativos en la gestión documental e introducirse en el campo de la Archivometría a partir de la caracterización de su metodología de análisis investigativo y de la presentación de estudios de casos concretos.

Resumen: Con la publicación de esta experiencia se pretende remarcar el momento excepcional que estamos viviendo en cuanto a la evolución del tratamiento de la documentación y de los datos e información contenidos en la misma, así como la transición y convivencia entre documento papel/documento papel digitalizado, y documento puramente electrónico, con la implantación de la Interoperabilidad y los esquemas de metadatos que, inevitablemente conducen a la aplicación de los Open Data y de los Linked Open Data. Así mismo, se recuerda el papel fundamental de los archivos y de los futuros archiveros en todo este proceso del que serán espectadores y agentes privilegiados, como miembros pertenecientes a la que hemos bautizado como " Generación Híbrida " , y la necesidad de cooperar con otros departamentos, servicios y disciplinas para alcanzar la excelencia. Abstract: This paper reflects the exceptional moment that we are living in terms of the transition between conventional documents (paper or digitalized) and electronic documents, marked by the implementation of the Interoperability and the Linked Open Data. We also call the attention of future archivists belonging to what we call " Hybrid Generation " , agents and participants in this process, and the need of working cooperatively with another archives and departments to obtain the Excellence.

El TS, en su reciente sentencia 954/2021, de 1/7, aborda por vez primera la interpretación del complejo art. 68.4 LPAC. Por las características del caso, el TS considera que las consecuencias reseñadas por ese precepto no son aplicables a los procedimientos revisorios. Sin embargo, son muchas las dudas interpretativas que el art. 68.4 continúa planteando y que son analizadas al hilo de este comentario. / The Supreme Court, in its recent judgment 954/2021, of July 1, addresses for the first time the interpretation of the complex article 68.4 LPAC. Due to the characteristics of the case, the Supreme Court considers that the consequences outlined by this provision are not applicable to review procedures. However, there are many interpretative doubts that Article 68.4 continues to raise and are analyzed in line with this commentary.

Siguiendo la estructura que marca la nueva regulación  y que distingue en ambas leyes entre los aspectos procedimentales (LPACA) y los aspectos sustantivos o materiales (LRJSP), en la presente Comunicación se analizan las novedades introducidas por cada normativa, con especial incidencia en las innovaciones que aportan al procedimiento de responsabilidad patrimonial las TIC.

Nuestra vida va a asociada a la inexorable existencia de documentos. Una trascendencia que, en ocasiones, solo conseguimos dimensionar ante situaciones extremas: cuando sin documentos, desparecen nuestros derechos. No es nada nuevo en estas páginas, pero la publicación de Silencio Administrativo de Sara Mesa (Anagrama, 2019) es una buena disculpa para recordarlo y para repensarlo con la perspectiva de la reforma electrónica de las administraciones públicas.

Resumen: Se exponen ideas relacionadas a la gestión documental en empresas e instituciones, públicas y/o privadas. Para ello se realizó una investigación documental, la cual permite el desarrollo de las razones para implementar gestión documental en empresas o instituciones. Además, en el análisis se narra cómo las empresas públicas han adaptado sus procesos administrativos a la vanguardia de la tecnología digital.

Trabajo realizado para Taller de Desarrollo, Políticas Públicas y TICs. (FCS, UdelaR)

Desde los años 90, el Estado ha ido incorporando tecnología para mejorar sus procesos de gestión, esto es una realidad. Pero desde que el fenómeno de Internet se expandió, en escala global, el Estado se viene enfrentado a cambios vertiginosos en el intercambio de información, del cual ha quedado cada vez más marginado, ya que la ciudadanía absorbe tecnología más rápidamente que el Gobierno, en lo que se denomina la Sociedad de la Información. Esto ha generado que los Gobiernos pierdan transparencia, eficacia, y (hasta
cierto punto) gobernabilidad.

La solución planteada para esto fue una mayor incorporación y uso efectivo de las TIC en los procesos de gestión del Estado, en lo que se ha llamado Gobierno Electrónico, egovernment
o e-gobierno. Para el caso de América Latina, éste impulso se viene dando por parte del apoyo del BID, el MERCOSUR, y las estrategias concretas de cada gobierno para implementar un modelo efectivo de gobierno electrónico.

Este trabajo busca establecer una relación entre Gobierno Electrónico y Desarrollo,contemplando que la implementación del gobierno electrónico implica un avance importante en cuanto a transparencia, eficiencia y eficacia de gestión, y una mayor
participación ciudadana. Todo esto combinado repercute en un mayor nivel de desarrollo humano en la sociedad, dado que el gobierno electrónico permite establecer una modelo flexible, horizontal e inclusivo de democracia, y por ende hacer factible las condiciones necesarias para el desarrollo.

El cambio a la utilización del expediente electrónico en la Administración de Justicia está suponiendo notables dificultades debido al enorme volumen de expedientes abiertos los cuales están exclusivamente en soporte papel o combinando elementos tanto en papel como electrónicos. Este artículo propone la adopción de una medida práctica para la sustitución progresiva del soporte papel: la digitalización, en el momento de su desglose, de los documentos aportados por las partes y su posterior conservación en formato electrónico en los archivos de la Administración.

Publicación oficial y Web TECNIMAP 2007 (X Jornadas sobre Tecnologías de la Información para la Modernización de las Administraciones Públicas. TECNIMAP,  Gijón, del 27 al 30 de noviembre de 2007).
Esquemas de cooperación e interoperatividad entre Administraciones Públicas. Comunicación ref. TCO166/2007 PA

El objetivo de esta ponencia es mostrar los primeros resultados del estudio llevado a cabo en el Ayuntamiento de Barcelona en el primer trimestre de 2007 cuyo objetivo general fue identificar evidencias de que la adopción de las tecnologías en el interior del Ayuntamiento está dando lugar a transformaciones en los procesos (en los flujos de trabajo), en los sistemas de información y en el modelo de gestión de recursos humanos (en aspectos tales como la formación, la comunicación, el diseño de puestos o la reorganización de la estructura), aunque el nivel de implantación es aún desigual e incompleto.

La notificacion electronica de las resoluciones acarrea importantes ventajas para el ciudadano pero tambien un riesgo. No existe duda sobre que actualmente hay personas capaces de acceder a contenidos supuestamente protegidos y utilizar la informacion obtenida para fines ilicitos. Por ello, a continuacion se analizara tanto la regulacion de la notificacion electronica como la proteccion de la intimidad del ciudadano, de cara a determinar si la notificacion electronica supone un riesgo para dicha privacidad o un avance en las relaciones del ciudadano con la Administracion.

[Septiembre 2017] En el presente ensayo realizaremos en primer lugar, un análisis del estado de la cuestión a partir de la actual regulación en la Ley 40/2015, para en segundo lugar, señalar los retos que se presentan y propuestas de mejora para esta administración territorial que debe estar al servicio de los ciudadanos en la sociedad del siglo XXI.

1. Introducción
2. Exigencias constitucionales generales para la cesión de datos entre administraciones a partir de la STC 17/2013
2.1. Una sentencia criticable que aborda directamente la cesión de datos entre Administraciones
2.2. La exigencia constitucional de una ley que dote de cobertura a la cesión de datos y que respete el principio de calidad
2.3. Las mayores exigencias para admitir cesiones de datos masivas
2.4. Recapitulación de los requisitos constitucionales para la cesión administrativa de datos
3. La cesión de datos del padrón no cabe sobre la base de la cesión de datos del padrón prevista en el artículo 16. 3º LBRL y su homónimo catalán ni la actual ley de consultas
4. La ilegalidad de la utilización de los datos del censo electoral desde la legislación electoral y la LOPD
5. Mecanismos de reacción posibles frente a la cesión de datos del censo por un Ayuntamiento
6. Posibles vías para salvar la constitucionalidad y legalidad de una cesión de datos de los ayuntamientos a la Generalitat para la celebración de la consulta

"En este informe se analiza la percepción de los ciudadanos sobre los servicios públicos en España. Se estudian el grado y los determinantes de la satisfacción ciudadana con los servicios públicos y las actitudes hacia el gasto público en varios sectores de política. En esta ocasión, se presta una atención especial a los servicios públicos de tipo administrativo y se incluye el análisis de las opiniones de los ciudadanos hacia los empleados públicos, así como las actitudes de la población en relación con la administración electrónica y el programa de quejas y sugerencias, que fue puesto en marcha en su día por la administración con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que presta.
Los datos utilizados proceden especialmente de la serie de encuestas Calidad de los Servicios Públicos. Además, se han utilizado alrededor de cincuenta encuestas pertenecientes al Centro de Investigaciones Sociológicas con el objetivo de construir series que permitan ver la evolución de las actitudes de los ciudadanos hacia los servicios públicos desde que existe esa información hasta el año 2010."

Publicación oficial y Web TECNIMAP 2007 (X Jornadas sobre Tecnologías de la Información para la Modernización de las Administraciones Públicas. TECNIMAP,  Gijón, del 27 al 30 de noviembre de 2007).
Estrategias y planes de desarrollo. Comunicación ref. TCO-92/2007 RK

No sólo no se contemplaba a inicios de 2020 legalmente la utilización de medios telemáticos para las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del Estado, Comunidades Autónomas y entes locales, sino que la reciente
doctrina constitucional, había limitado esta posibilidad a supuestos excepcionales.
Con la crisis del COVID-19, ha surgido la necesidad de regular, las más veces por
la vía urgencia, esta posibilidad ya ampliamente admitida en contextos tan importantes como las actuaciones judiciales. En este sentido, resaltamos como actuación pionera, además de la estatal, la de la Comunidad autónoma de Extremadura, que ha abordado tanto la de sus propios órganos de gobierno, como la de
los entes locales de su territorio, antes de que el Estado hiciera uso de su competencia básica. Destacamos además algunas singularidades que permite esta regulación, como las sesiones permanentes, sin duda útiles en contextos de dificultades de reunión presencial.

1. Introducción
2. Exigencias constitucionales generales para la cesión de datos entre administraciones a partir de la STC 17/2013
2.1. Una sentencia criticable que aborda directamente la cesión de datos entre Administraciones
2.2. La exigencia constitucional de una ley que dote de cobertura a la cesión de datos y que respete el principio de calidad
2.3. Las mayores exigencias para admitir cesiones de datos masivas
2.4. Recapitulación de los requisitos constitucionales para la cesión administrativa de datos
3. La cesión de datos del padrón no cabe sobre la base de la cesión de datos del padrón prevista en el artículo 16. 3º LBRL y su homónimo catalán ni la actual ley de consultas
4. La ilegalidad de la utilización de los datos del censo electoral desde la legislación electoral y la LOPD
5. Mecanismos de reacción posibles frente a la cesión de datos del censo por un Ayuntamiento
6. Posibles vías para salvar la constitucionalidad y legalidad de una cesión de datos de los ayuntamientos a la Generalitat para la celebración de la consulta