Inversiones y Comercio Internacional

En un contexto de búsqueda de acuerdos supranacionales para facilitar y proteger el comercio y las inversiones, el autor discute la escasa atención que se ha dado a los derechos laborales a nivel internacional y analiza la incorporación, en los últimos años, de una “cláusula social” en los tratados internacionales.

"Fue el 15 de agosto del 2014 que cumplió tres años de vigencia el TLC entre Colombia y Canadá. Ese TLC había sido promovido con vehemencia durante los dos gobiernos  de  Álvaro Uribe  y  durante el primer año presidencial de  Juan Manuel Santos, como mecanismo, junto con los otros dos grandes TLC entre Colombia y los Estados Unidos y la Unión Europea, de dar un impulso al desarrollo socio-económico y a la prosperidad del país andino".

El desarrollo del presente capítulo está dividido en cuatro secciones. La sección II presenta las características generales del trato justo y equitativo abordando sus orígenes, sus principales formulaciones en los acuerdos internacionales de inversiones así como una discusión sobre su autonomía en relación al estándar mínimo internacional (international minimum standard). En la sección II, se incluye un análisis empírico del uso del estándar de trato justo y equitativo en los acuerdos de inversiones celebrados por los países de América Latina y el Caribe. La sección IV examina los principales elementos constitutivos del trato justo y equitativo a partir de la interpretación de los tribunales arbitrales. La sección V presenta cómo algunos países o grupos de países han respondido, vía nuevos acuerdos de inversiones, a los desarrollos de la jurisprudencia arbitral sobre la cláusula de trato justo y equitativo. Tales respuestas van desde una mayor precisión en la definición del contenido de la cláusula hasta su exclusión de los acuerdos. Finalmente, se presentan algunas ideas a modo de conclusión.

Chile es el país de la región con mayor cantidad de tratados internacionales que incluyen capítulos de protección de las inversiones extranjeras. Aunque el proceso de liberalización comenzó con la dictadura de Pinochet, ningún gobierno posterior abandonó el camino de otorgar libertad total a las corporaciones y a los inversores extranjeros. Por el contrario, los gobiernos firmaron una gran cantidad de tratados que otorgan privilegios especiales a los inversores extranjeros, al permitirles denunciar al Estado en el marco de instituciones arbitrales internacionales en lugar de utilizar los mecanismos establecidos en las justicias nacionales.

Sin embargo, el proceso constituyente abre la posibilidad de discutir estos tratados de comercio e inversiones y revisar el tratamiento que Chile otorga a las inversiones extranjeras. A escala global se discute hoy la necesidad de contar con tratados que avalen las políticas públicas que protejan los derechos humanos, laborales y medioambientales y que vayan de acuerdo con objetivos de desarrollo sustentable. Esto requiere recortar los amplios derechos de los inversores, por ejemplo, para acudir al arbitraje internacional ante cualquier medida que, según su interpretación, afecta su “legítima expectativa de ganancia”.

En el presente artículo abordaremos la vinculación entre el derecho humano al agua y el régimen de protección de inversiones dado por los TBI en el derecho internacional. Existen discusiones sobre el valor jerárquico de los derechos humanos; la disputa por la asignación de recursos económicos; la característica fragmentaria del derecho internacional que permite situaciones como la de un desarrollo de derechos a distintas velocidades entre el régimen de protección de inversiones privadas y el de protección de los derechos humanos; y, por último, cómo es que los TBI operan como condicionante sistémico para que puedan ensayarse nuevas formas de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento, de modo de recuperar la situación en que la gestión privada transnacional la ha dejado tras el período conocido como de “privatización” de los servicios públicos. Hemos tomado el caso CIADI “Suez v. Argentina” como testigo para una análisis desde la hermenéutica jurídica.

Este trabajo forma parte de la ponencia que presente en el VIII Congreso de Relaciones Internacionales de la Universidad de la Plata, Argentina, en el año 2016.
El trabajo busca analizar desde un punto de vista histórico reciente, como Uruguay se fue posicionando en su política exterior sobre la solución de controversias Estado- Inversor, y como los cambios que se efectuaron en la Política Exterior repercutieron directamente en el caso que se enfrentaron Phillip Morris y Uruguay en el CIADI, a raíz de ley antitabaco que promulgo el país en el marco del cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

This paper aims to analyze the situation of Uruguay in the matter of the solution of investor-state controversies based on Robert D. Putman's contributions in relation to double-level games in foreign policy. The issue is especially notable on July 8 with the issuance of the award in the Philip Morris case, the first controversy against Uruguay at the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID), part of the World Bank.

El presente capítulo pretende discutir las contradicciones en términos de empleo y, en definitiva, de la sostenibilidad social que implica un modelo de acumulación basado en la profundización de la explotación de los recursos naturales y liderado por fracciones asociadas al agronegocio y el sector financiero, en el marco de la (re)emergencia internacional de China y sus transformaciones derivadas. A fin de discutir la sostenibilidad social del modelo de acumulación, el texto cuenta con tres secciones. En la primera trazamos una breve trayectoria histórica del paralelismo entre las reformas estructurales de China y Argentina en las últimas décadas del siglo XX y mostramos cómo dichas trayectorias se relacionan a inicios de siglo XXI en el plano comercial y de inversiones con sus respectivos impactos en el empleo. Posteriormente, vinculamos esos elementos con los patrones de acumulación domésticos, los bloques en el poder y el Estado (Poulantzas, 1985) durante el período 2003-2018. Por último, presentamos algunas breves consideraciones finales.

El presente estudio realizado por Ana Victoria Portocarrero, del Instituto de Investigación Aplicada y Desarrollo Local NITLAPAN, provee un diagnóstico exhaustivo del sector textil y confección en Nicaragua desde una perspectiva de desarrollo sostenible. Dicho estudio fungió como insumo para la identificación de estrategias de reconversión del sector textil y confección en Nicaragua por parte de Eduardo Burga, publicadas en un estudio por el ICTSD como parte de este proyecto.

El análisis concluye que para lograr una reconversión del sector textil y confección en Nicaragua desde una visión de desarrollo sostenible una serie de políticas sociales, económicas y ambientales deberán ser dirigidas para desarrollar, entre otras cosas, capacidades del lado de la oferta, promover los encadenamientos productivos entre el capital micro, pequeño, mediano y grande, fomentar el valor de la producción, mejorar las condiciones laborales y ambientales y fortalecer el conocimiento y las capacidades técnicas de las y los trabajadores del sector textil y confección.

Actualmente algunas iniciativas de producción orgánica y más limpia, así como ejemplos puntuales pero innovadores en cuanto a marcos de cooperación entre PYMEs y empresas exportadoras, podrían guiar la discusión sobre nuevos y diversos caminos hacia una reconversión del sector que tome en cuenta los actuales desafíos económicos, sociales y ambientales en el marco de una estrategia de desarrollo nacional y regional a largo plazo.

El artículo reseña las principales bondades fiscales y aspectos tributarios a tomar en cuenta al momento de hacer negocios e inversiones en el Perú en sectores económicos clave como Minería, Hidrocarburos (petróleo y gas) y energía. Se describe los puntos más relevantes del marco legal de la inversión extranjera, la fiscalidad en el impuesto a la renta e impuestos indirectos, así como en los convenios para evitar la doble imposición (CDI). Finalmente se trata la fiscalidad específica de estos sectores como impuestos a la minería u otros gravámenes.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) ha pasado a ser parte de las noticias cotidianas para los argentinos, debido a la gran cantidad de demandas que empresas (principalmente europeas) han presentado contra el Estado argentino en este Centro. Sin embargo, ¿cómo entendemos este organismo? En este trabajo argumentamos que el CIADI debe ser entendido como un eslabón clave en el camino librecambista de garantizar la certeza para los capitales. En este sentido, la certeza estaría dada a partir de nuevos mecanismos legales de tipo extraterritorial, donde los Estados nacionales, debido a los altos niveles de conflictividad locales, no serían capaces de dar esas certezas. Entonces, el CIADI aparece como un intento de lograr certidumbres por sobre el antagonismo que implica la sociedad organizada bajo relaciones capitalistas.

Resumen — En el presente artículo abordaremos la vinculación entre el derecho humano al agua y el régimen de protección de inversiones dado por los tratados bilaterales de inversiones (TBI) en el derecho internacional. Existen discusiones sobre el valor jerárquico de los derechos humanos; la disputa por la asignación de recursos económicos; la característica fragmentaria del derecho internacional que permite situaciones como la de un desarrollo de derechos a distintas velocidades entre el régimen de protección de inversiones privadas y el de protección de los derechos humanos; y, por último, cómo es que los TBI operan como condicionante sistémico para que puedan ensayarse nuevas formas de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento, de modo de recuperar la situación en que la gestión privada transnacional la ha dejado tras el período conocido como de " privatización " de los servicios públicos. Hemos tomado el caso CIADI " Suez v. Argentina " como testigo para un análisis desde la hermenéutica jurídica. Abstract — This essay addresses the link between the human right to water and the protection regime conferred by international law in the bilateral investment treaties (BIT). Several interrelated themes are addressed: the hierarchical value of human rights; the dispute over the allocation of economic resources; the fragmentary feature of international law that allows situations like development rights at different levels ranging from the protection of private investment to the protection of human rights; and finally, we examine how BITs operate as a systemic constraint so that new forms of management of potable water and sanitation can be adopted in order to understand the situation in which private transnational corporations has left them following the "privatization" of public services. We have taken the ICSID Case "Suez v. Argentina" as a unit of analysis from a legal interpretation.

El Programa de Recuperación y Prosperidad Económica presentado por el presidente Nicolás Maduro, desde el punto de vista de mi persona requiere una modificación radical para que pueda lograr los objetivos, debido a que está fundamentada actualmente en un sistema bancario, financiero, mercantil, social que lamentablemente no quiere apoyar los cambios que requiere nuestro país y por tal motivo se constituyen como una rémora del modelo parasitario que lamentablemente el estado aún mantiene vivo porque poseen un poder muy grande sobre los modelos macroeconómicos y son los educadores de los profesionales que actualmente proponemos Miércoles, 05 de diciembre de 2018 Economista Agrícola Edson Manuel Solórzano Belisario, CI-V 12.916.691 edson1ve@gmail.com, edson1ve@criptoinversiones.com.ve, www.criptoinversiones.com.ve Página 1 Versión 05-12-2018.01

Argentina es el país más demandado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) y uno de los que más Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) ha firmado (58 en total, 55 vigentes). La mayoría de esas demandas fueron presentadas por empresas transnacionales (ETN) por la crisis de 2001-2002 y se refirieron a sectores económicos relacionados con recursos naturales. El 20% de esas demandas se vincula con el sector de agua potable y saneamiento, lo que también convierte a Argentina en el país más demandado en el CIADI por este sector. Son casos de alta conflictividad social y en los que se evidencia el rol del Estado como regulador frente al reclamo por parte de las ETN de protección de la propiedad privada, en los que resalta una asimetría jurídica que favorece la protección de las inversiones sobre el resguardo de los derechos humanos, en particular del derecho humano al agua reconocido por la Organización de Naciones Unidas, ONU, en 2010. Tomando el caso argentino como testigo, esta ponencia expondrá esa asimetría que contraviene las bases
más elementales del derecho internacional, para evidenciar la necesidad
de revisar el régimen internacional de protección de inversiones y su adecuación a los derechos humanos como obligaciones erga omnes.

Entrevista de la BBC Mundo al argentino Dr. Javier Echaide, vicepresidente de la Comisión de Auditoría integral de Tratados de Inversión y Sistema de Arbitraje (CAITISA) del Ecuador, sobre los tratados de inversión y el régimen de protección de inversiones del CIADI, con 4 casos testigo.

El Mercosur es uno de los múltiples esquemas de integración
que se superponen en la región. Nació con la firma del Tratado
de Asunción (1991) y es definido como una unión aduanera imperfecta, lo que debería suponer la libre circulación de bienes típica de una zona de libre comercio constituida.
Los temas de comercio e inversiones han definido el ritmo de la integración regional, al menos durante los primeros quince años. Cuando el proyecto del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) fracasó en la Cumbre de Mar del Plata (2005), los analistas comenzaron a ver en el Mercosur la consolidación de un perfil político que hasta entonces se encontraba ausente o al menos desdibujado. Pero, con el paso del tiempo, también se evidenció que su dinámica comercial se estancó, lo cual puso ciertos límites para lograr una definición alternativa de la integración regional –si es que esto era pretendido así por sus Estados miembros–. Paralelamente, surgieron iniciativas de integración política como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). América Latina conformó así un complejo entramado de asociaciones económicas y políticas de integración, cada una con su institucionalidad y dinámica, pero todas ellas con los Estados de la región, aunque generalmente cambiando algunas membresías. A pesar de esta pluralidad de esquemas de integración, suele sostenerse que la región se divide sólo en dos proyectos básicos: uno de fuerte raíz librecambista y de perfil neoliberal, y el otro, más proteccionista, de corte más intervencionista al estilo keynesiano y de cierto perfil neodesarrollista. Ambos proyectos se posicionan de una u otra manera frente a la actual crisis internacional del capitalismo de nuestra época, y es en esas opciones políticas en donde se juegan las fracturas existentes en la región, subyacentes al discurso por la unidad latinoamericana. El potencial de la región es enorme, pero también lo son los riesgos, las encrucijadas y las contradicciones de los gobiernos en la mayoría de estos países. Se trata en la actualidad de una región con una gran proyección de cambio respecto de las políticas de hace quince o veinte años atrás, pero con limitaciones crecientes que se sienten tanto desde los distintos frentes internos en cada país como en el frente externo. En este contexto, las políticas comerciales y de inversión están en el ojo de esta tormenta y forman un epicentro sobre el que cada país, cada gobierno y cada bloque pivotean hacia uno u otro modelo. Es que el motivo original de los procesos de integración siempre se ha centrado en la forma de inserción en el mercado global de bienes y capitales, la circulación de mercancías, el patrón de acumulación y el flujo de capitales a escala global. Bajo este parámetro se presenta a la integración regional como algo necesario y conveniente, y alrededor de ello se construye una institucionalidad política y jurídica como el Parlamento del Mercosur (o Parlasur), pero que en términos concretos posee poca incidencia en ejercer
un verdadero control democrático de las decisiones que se
toman en el bloque.
Qué decir entonces sobre el acceso de la ciudadanía no solamente a estos estratos decisorios, sino en relación a lograr un grado de participación en la formación y debate sobre las políticas económicas comunitarias, como la regulación de las inversiones a escala regional. El llamado “déficit democrático” –concepto originado en la Unión Europea, al igual que esta lógica de los esquemas de integración– se asocia con la idea de que las instituciones y los organismos regionales sufren una falta de legitimidad y de responsabilidad democrática frente a la ciudadanía debido a que ésta no tiene posibilidades efectivas de ejercer influencia en las actividades y decisiones de las instituciones comunitarias. En este trabajo analizaremos cómo y por qué entendemos que el “déficit democrático” no es simplemente una carencia subsanable con un fortalecimiento institucional, sino que resulta también inherente a la definición misma del modelo de integración basado en la lógica librecambista de bienes, servicios y capitales, y que resulta excluyente de las mayorías sociales al tiempo que es funcional a los intereses de acumulación de capital a escala regional y global. Para ello, tomaremos al Mercosur y su política de regulación de la cuenta capital como punto sensible de una de las claves de la integración económica (bienes, servicios y capitales) y la compararemos con otros proyectos de regulación a nivel internacional en la materia como son los tratados bilaterales de protección de inversiones (TBI), la regulación en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la propuesta para el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), a fin de establecer similitudes y diferencias, para concluir si resulta diferente el planteo del Mercosur en materia de regulación de las inversiones extranjeras y así poder asociarlo con la participación ciudadana orientada al Parlasur.

Resumen: El objetivo de este artículo es presentar las cláusulas del Acuerdo de Co-operación y Facilitación de las Inversiones (ACFI) firmado entre Brasil y México en 2015, y compararlo con las cláusulas de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) firmados en los años noventa. Se indica que el ACFI pertenece a la " nueva genera-ción de acuerdos sobre inversión ". Si bien el ACFI posee características novedosas, mantiene cláusulas similares a los TBI como el Trato Nacional y Trato de Nación Más Favorecida, y no incluye obligaciones vinculantes para los inversionistas y sus inversiones. Se pone especial énfasis analítico en el sistema de solución de contro-versias propuesto. Summary: This article analyses the Agreement on Cooperation and Facilitation of Investments signed between Brazil and Mexico in 2015. We develop a comparison between this Agreement and the standard clauses of Bilateral Investment Treaties (BIT). It is stated that the ACFI belongs to the new generation of investment agreements. But even if these new agreements present some novelties, they still contain clauses that are similar to those that are present in BITs, such as National Treatment and Most Favoured Nation clauses; also, they present no obligations for investors and their investments. We emphasize the special characteristics of the dispute settlement mechanism proposed.

Diante da busca por acordos supranacionais para facilitar e proteger o comércio e os investimentos, o autor discute a pouca atenção dada aos direitos trabalhistas no nível internacional e analisa a incorporação, nos últimos anos, de uma “cláusula social” nos tratados internacionais.

This Agreement is framed as the convergence between the Pacific Alliance and Mercosur blocks. This fact is fundamental in understanding the political importance of this Agreement. During the Summit of the Pacific Alliance celebrated in July in Puerto Vallarta, Mexico, a plan of action to advance the convergence of the two blocks was proposed, something which has been under negotiation for at least a year. The Chilean President Sebastián Piñera indicated that they propose to generate a " great free trade zone in Latin America " [1]. This bilateral Agreement advances this objective, since realizing this convergence requires the member countries to sign bilateral FTAs among themselves, in accord with the regulations of the Pacific Alliance. The new regional FTAA: new treaties, old themes The Chile-Argentinian FTA has been presented as a new innocuous " regulatory framework " in bilateral relations, posing no danger, that simply " deepens and extends the bilateral juridical framework of economic space " already regulated by the AEC Nº 35. In effect, it is to be an FTA that does not modify the substance of trade between Chile and Argentina. This gives rise to a question: what is the meaning of this Free Trade Agreement if it does not modify the conditions of trade between them?