Latin American Constitutionalism

INDICE

1. Introducción
2. La prehistoria: supuestos de hecho siempre distintos, salvo en materia fiscal (1995-2005)
3. Los inicios: control de distinciones arbitrarias, test de proporcionalidad y diferenciación de intensidades (2005-2010)
4. La consolidación del escrutinio estricto (2010-2015)
a) Cuestiones generales sobre aplicación de escrutinio estricto u ordinario b) Orientación sexual / identidad de género: escrutinio estricto que sí se aplica
c) Estado marital: escrutinio estricto que no se aplica
d) Edad: sospechosa, con escrutinio de intensidad variable e) Discapacidad: no discriminación como autonomía y combate de estereotipos
5. La aparición de la discriminación indirecta (2015-2020)
6. Otras cuestiones: perspectiva de género, acoso y violencia
7. Esperando a la igualdad estructural
8. Conclusiones

This chapter examines the experience of the Colombian and Chilean Courts in their attempt to enforce social and economic rights (SERs) and to navigate tensions present in LASC constitutions. We evaluate the prospects of SER litigation and the processes of deliberation and popular participation set in motion by courts. We address whether two seemingly conflicting commitments – inclusive citizen participation at the grassroots level and new forms of judicial activism – can be reconciled. Are SER enforcement processes in which unelected judges wield considerable power compatible with participatory and deliberative democracy? We conclude that Colombian and Chilean courts are most effective in the role of dialogue igniters, shaking up the political process directly (as in Colombia) or indirectly (as in Chile). A key precondition for their success is effective inclusion of citizens at the grassroots level, as opposed to simple promotion of inter-branch dialogue.

Since the renewal of constituent power in the 1991 Colombian constitution, various democratic constitutions in Latin American countries have undertaken important structural changes in both the organization of public powers, the democratic legitimacy of power, and the constitutional reform of rights. Among these new constitutional texts in Latin America, the 2008 Ecuadorean constitution, with sumak kawsay (living well) as its axiological basis, stands out for its originality and theoretical advances as the first case of transitional constitutionalism. All these constitutions, however, are faced with an enforcement problem that hinders their operation as instruments of social transformation. Desde la renovación del poder constituyente en la Constitución colombiana de 1991, varias constituciones democráticas en los países de América Latina han llevado a cabo importantes cambios estructurales tanto en la organización de los poderes públicos, la legitimidad democrática del poder, y la regeneración constitucional de los derechos. Entre estos nuevos textos constitucionales en América Latina, la constitución de Ecuador 2008, con el sumak kawsay (buen vivir) como su base axiológica, destaca por su originalidad y avances teóricos como el primer caso de constitucionalismo de transición. Todas estas constituciones, sin embargo, se enfrentan a un problema de aplicación que dificulta su funcionamiento como instrumentos de transformación social.

El objetivo principal de esta investigación es identificar y explicar los principales límites establecidos al ejercicio de la jurisdicción indígena en Ecuador, para lo cual hacemos un breve estudio comparado de las constituciones vigentes en Colombia, Venezuela y Bolivia. Partimos de la constatación de que en las constituciones vigentes en dichos países está reconocido el derecho a las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas de ejercer funciones jurisdiccionales, lo cual implica facultades para definir sus propias normas de conducta, establecer obligaciones, deberes, derechos y garantías, definir faltas y sanciones correlativas, así como procedimientos para el conocimiento, investigación y sanción de los hechos sometidos a su jurisdicción. Se trata de las mismas facultades atribuidas a la jurisdicción ordinaria, razón por la cual interesa identificar cómo deben resolverse los potenciales conflictos que surjan entre ambas jurisdicciones, así como los límites que deban respetar las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas cuya jurisdicción se basa en sus normas tradicionales y no en el derecho escrito como la jurisdicción ordinaria. La conclusión principal es que aunque la jurisdicción indígena no cuenta
con un corpus de derecho escrito que permita tener cierto grado de
certeza y seguridad jurídica, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales deben respetar los límites previstos en el derecho vigente, singularmente la constitución y los derechos humanos.

En esta obra colectiva, que recoge algunos de los más importantes textos de su trayectoria, los autores ofrecen al lector una visión integral de lo que se ha denominado nuevo constitucionalismo latinoamericano, explicando sus fundamentos, su desarrollo y las relaciones con otras corrientes jurídicas como el neoconstitucionalismo. Se detiene en particular en tres de las cuestiones que han caracterizado el nuevo constitucionalismo latinoamericano: el diseño constitucional del sistema de garantías de los derechos, lamentablemente muy erosionado en la práctica por la injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial y el control de constitucionalidad; el pluralismo jurídico, con énfasis en las innovaciones constitucionales ecuatoriana y boliviana; y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza que surgió en la Constitución de Ecuador, y que ha supuesto un antes y un después en la concepción constitucional de los derechos.

Resumen Desde la década de los noventa del siglo pasado, América Latina está ex-perimentando un ciclo de procesos constituyentes democráticos que suele conocerse en la doctrina como nuevo constitucionalismo. Décadas después de su aprobación, cabe analizar críticamente los efectos de esta corriente que buscaba mejorar la situación social, democratizar la política y trans-formar el Estado. El presente artículo de investigación se plantea cuatro preguntas: 1. ¿Las Constituciones han servido para mejorar las condicio-nes de bienestar de los ciudadanos?; 2. ¿Se ha podido limitar el poder de los órganos constituidos?; 3. ¿Ha disminuido la desigualdad y la pobreza?; 4. ¿Ha mejorado la situación de los derechos civiles? En la medida en que las Constituciones hayan podido responder afirmativamente a las pregun-tas anteriores, podríamos hablar de constitucionalismo popular; en caso contrario, solo podríamos hablar de constitucionalismo populista. Palabras clave Nuevo constitucionalismo latinoamericano, poder constituyente, demo-cracia, constitucionalismo populista, constitucionalismo democrático. Abstract Since the nineties of the last century Latin America is experiencing a cycle of democratic constituent processes that is usually known in the doctrine as new constitutionalism. Decades after its approval, it is necessary to analyze critically the effects of the new constitutionalism, which wanted to improve the social situation, democratize politics and transform the State. This research article raises four questions: 1. Have the Constitutions served to improve the welfare conditions of citizens? 2. Has it been possible to limit the power of the constituted organs? 3. Has inequality and poverty decreased? 4. Has the civil rights situation impro-ved? If we are able to respond affirmatively to the previous questions, we could speak of popular constitutionalism; otherwise, we could only speak of populist constitutionalism.

Bergallo, Paola, “La causa Mendoza, una experiencia de judicialización cooperativa sobre el derecho a la salud”, in Por una justicia dialógica : el poder judicial como promotor de la deliberación democrática, comp. Roberto Gargarella, (Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2014).

http://www.sigloxxieditores.com.ar/fichaLibro.php?libro=978-987-629-395-2

This article offers a broad picture of the constitutions of Guatemala, El Salvador, Honduras and Nicaragua. First, it briefly discusses the circumstances surrounding their drafting and signing and describes their most relevant formal and textual features. Secondly, it points out
relevant aspects of their fundamental rights catalogs and discusses how they relate to international human rights regimes. Thirdly, it outlines their organization of government, analyzes the implementation of the principle of separation of powers and describes the territorial distribution of power established in each constitution, as well as their amendment procedures. Lastly, it describes the constitutional (judicial) review models adopted by each constitution. Both depiction and analysis of the above-mentioned elements are made jointly, thus allowing for a comparative analysis among the four constitutions. The article ends with concluding notes and comparative remarks that assess the relevance of both shared and unique features that emerged from the study.

El presente trabajo es una primera version de un capítulo que forma parte de mi tesis de doctorado. Se pide a los lectores no difundir ni citar el texto sin mi permiso. Cualquier comentario adicional pueden enviarlo al correo electrónico acoddoumc@gmail.com

The present work is a first draft of chapter that will be included in my PhD thesis. Please do not circulate or cite without permission. Any comments are welcome (acoddoumc@gmail.com)

This contribution investigates the diffusion of the idea to
confer a sphere of rights to Mother Earth. Firstly, it underlines
the importance of the philosophical theories on nature as legal
subject in the present debates on the recognition of rights to ecosystem, and the reception of these theories in some Countries. Subsequently, a chapter focuses on the Ecuadorian and the Bolivian rules which confer a sphere of rights to nature, highlighting the main features and the differences vis-à-vis Stone and Stutzin’s ideal models. The contribution suggests that this recognition does not actually improve environmental protection, and that the truly innovative solutions proposed by Ecuador and Bolivia must be sought in the balance between economic interests and ecological interests, in the introduction of the actio popularis, and in the emphasis on everyone’s responsibility in safeguarding the ecosystem.

Adopting a functional approach, the article compares European ‘constitutional disobedience’ doctrines and the Calvo doctrine. This latter, elaborated to counteract interventions of foreign powers and positivized in several Latin-American constitutions, has been re-discovered as a counter-hegemonic instrument against sources of international economic law based on neo-liberal ideology. Positive law and judicial practice show that, while today both the European and Calvo doctrines protect the axiological identity of domestic orders against ‘outer’ legal systems influenced by utilitarian rationalities, their implementation and efficacy largely diverge, due to their different socio-legal contexts. The article finally outlines the elements of a “general” constitutional disobedience doctrine, which could be an immanent principle of constitutional orders.

American and Brazilian courts are traveling quite different paths regarding the question of racial justice. Race neutrality has become an influential interpretive approach in both jurisdictions, a perspective that articulates a depiction of these nations as culturally homogenous societies with the defense of liberal principles as a necessary requirement for social cohesion. Because of the representation of Brazil and the United States as democracies that facilitate integration of all racial groups, courts in these countries have developed an equal protection approach that combines the rhetoric of assimilation and formal equality. However, while the discourse of race neutrality gains continuous political force in the United States, race consciousness is acquiring increasing persuasive power in Brazil. As the implementation of affirmative action programs has expanded into different sectors, various social actors have questioned their constitutionality. Although state and federal courts in Brazil have condemned affirmative action because it supposedly subverts liberal principles and moral consensus about equal racial treatment, the Brazilian Supreme Court has recently classified race neutrality as a strategy of racial domination. Differently from American affirmative action cases, this decision formulated a notion of citizenship that functions as a counterhegemonic narrative. In articulating progressive constitutional principles and a group-oriented equal protection perspective, the Brazilian Supreme Court has significantly contributed to the deconstruction of the traditional discourse of race transcendence. The Court's decisions may serve as an interesting point of comparison for the debate about affirmative action in the United States, since Brazilian history shows very clearly how race neutrality allows majoritarian

El objeto de ensayo es desbancar a la narrativa dominante acerca de la estructura de nuestro ordenamiento constitucional económico asociada a la supuesta vigencia de un principio de subsidiariedad del Estado. Para ello, se complementa el análisis crítico ya realizado a la dogmática constitucional del Estado empresario con una reinterpretación de las cláusulas sobre autonomía de los grupos intermedios y de servicialidad del Estado, sustentada en criterios exegéticos, valorativos y vinculados a nuestra reciente praxis constitucional. De este modo, el ensayo busca articular una com- prensión más atractiva de nuestro régimen constitucional económico vigente que la arraigada en el inconsciente colectivo en torno al imaginario de la subsidiariedad, atendidas sus virtudes explicativas y compromisos valorativos.

Es incuestionable que la forma en que los jueces constitucionales interpretan la Constitución incide sustancialmente en la vida de los ciudadanos. De manera que, por esa relevancia, son necesarios los esfuerzos académicos que pretendan explicar ese fenómeno llamado interpretación de la Constitución. Este artículo aborda descriptiva y críticamente los debates que se suscitan en América Latina en torno a la especificidad de dicha interpretación. En él se trata, en primer lugar, sobre los conceptos de interpretación de la Constitución, interpretación jurídica y Constitución. Luego se alude a lo que se califica como trincheras del debate, esto es, la discusión entre quienes defienden la necesidad de usar criterios específicos para interpretar las disposiciones constitucionales (primera) y quienes sostienen que basta con los criterios tradicionales de interpretación (segunda); y la discusión del originalismo (tercera) versus el no-originalismo (cuarta).

En este texto emprendemos el análisis del artículo 10 bis de la Ley General de Salud (LGS), aprobado en mayo del 2018, que permite al personal médico y de enfermería excusarse del cumplimiento de la obligación de prestar cualquiera de los servicios de salud previstos en esa ley . (La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó en junio de 2018 una acción de inconstitucionalidad contra este precepto que la Suprema Corte habrá de resolver en los próximos meses ). También nos referiremos al menos conocido abanico de legislaciones estales sobre el mismo tema —por el momento ocho—. La regulación contenida en la LGS está, en cualquier caso, destinada a ser central, por el hecho mismo de estar contenida en una ley general, a la que las legislaciones estatales deberán ajustarse, aunque por el momento solo la del Estado de Morelos se ha dictado en seguimiento de esa instrucción específica —el resto mantiene los términos que tenía antes de la aprobación del artículo 10 bis . 

Nuestro objetivo es precisar el alcance de estas regulaciones y dar elementos para evaluarlas críticamente. Pero más que desplegar un análisis exhaustivo de su inserción en el marco constitucional y convencional supraordenado a ellas —lo que nos llevaría a mostrar cómo entra en tensión con un amplio abanico de derechos—, nos concentraremos en su análisis desde la perspectiva del derecho a la salud. Dado que, como sugeriremos, la objeción puede acabar operando predominantemente como un instrumento de entorpecimiento y daño a la salud (en lugar de como una instancia de ejercicio de la libertad de conciencia), es necesario desplegar argumentos jurídicos fuertes relacionados con la garantía de ese derecho. Se da la circunstancia, además, de que el alcance del derecho a la salud en México es particularmente robusto, sobre todo tras la sentencia dictada por la Suprema Corte en mayo de 2019 en un caso de interrupción del embarazo (en adelante, el “caso Marisa”) , donde queda vinculado con el derecho a no ser discriminado y a la protección de grupos vulnerables, alcanzando la eficacia normativa propia de un superderecho.

Esbozaremos, en conclusión, una argumentación en la que la salud protagoniza todas las aristas del análisis jurídico: la regulación mexicana en materia de objeción de conciencia en el ámbito de la salud debe ser interpretada conforme a la Constitución y cuidadosamente reglamentada, para evitar que se convierta en una significativa amenaza a (inter alia) la salud de las personas y evitar que —dada la ausencia de factores que contrapesen la gravedad de la afectación— ello se traduzca en una violación del derecho a la salud, del que la Suprema Corte de México ha derivado un derecho fuerte a ver puntualmente atendidas las necesidades urgentes de atención médica. Aunque muchas cosas no van a poder ser desarrolladas con la extensión y precisión que serían necesarias, esperamos que el análisis contribuya a iluminar desafíos y vías de avance desde el encuadre normativo presidido por este importante derecho.

La Gloriosa (1944-1946 ) se ha recordado como un momento crítico de la insubordinación popular, pero también como un hito clave en el fracaso de la revolución democrática en Ecuador. En la mirada escéptica de la generación de 1970 la coerción primó por sobre la formación nacional en el proceso de formación del Estado moderno en Ecuador. Esta paradoja ha sido clave dentro de un canon de interpretación dentro del cual todavía orbita la interpretación histórica en el país.

Este artigo examina uma possísvel ruptura do estado constitucional plurinacional em relação ao paradigma constitucional liberal, bem como se a compreensão de multiculturalismo de Will Kymlicka e Charles Taylor eliminariam o conflito inerradicável da política e, portanto, não conseguiriam compreender a situação do pós-colonialismo. Desse modo, o estudo se subdivide em três partes. Na primeira, far-se-á um resgate da teoria da dependência, da década de 60, para compreender o pós colonialismo como uma posição epistemológica que repensa as formas políticas e, principalmente, a formação dos estados a partir do Sul. Em seguida, serão realizadas algumas considerações sobre a novas geometrias institucionais que tentam se adequar ao modelo do estado plurinacional. Por fim, a discussão se dirige no sentido de tentar compreender se algumas perspectivas multiculturais podem estar de acordo com pós-colonialismo.

Contemporary scholarship mainly focuses on the crisis of political representation as the key facilitator behind the emergence of populism. If so, populism urges public law to revisit and rethink institutional designs. This article addresses two possible responses to populism. On one hand, an intuitive response could be to hamper popular participation by avoiding plebiscites, referendums or any other kind of public consultation. Alternatively, it is possible to respond to populism from a structural point of view. In my opinion, to resist populism public law should take into account the lack of responsiveness and accountability of representative systems. The article puts forward a proposal in that direction; it advances a response to populism consisting of new institutional systems that generate strong participatory mechanisms to incorporate 'the popular'. In doing so, the article uses the new Latin American Constitutionalism as an example of both the potentialities and difficulties of designing institutional systems in public law. In the wake of rising populism, it contributes to the existing debate by criticising populism and its constitutional expression, as well as developing arguments in favour of popular constitutionalism.

Chile 2021: A Constitution for the XXI Century-The article questions the meaning of writing a constitution in the 21st century, as globalization, by weakening State sovereignty, has also reduced the impact of the constitution on the life of a political community. However, it concludes that the constitution still matters, at least on two levels: the domestic one, where it plays the role of integrating pluralism, and the international one, where it helps to define the constitutional identity through which the State contributes to the global constitutionalism.

He aquí un par de casos pretéritos en busca de una categoría actual. Los casos son el del pueblo yaqui en México, entre su hostigamiento y supeditación en Sonora y su deportación y esclavización en Yucatán, y el de la inmigración china y su tratamiento severísimamente discriminatorio, hasta la expulsión, en el mismo Estado de Sonora. La categoría es aquella que pudiera ser capaz de caracterizar el constitucionalismo latinoamericano por la recurrencia de casos similares respecto tanto a pueblos indígenas como a contingentes de inmigraciones no europeas. Al propósito se toma también en cuenta a los Estados Unidos. Entre casos y categoría, se considera la condición constitucional o, dicho mejor, el estatus extraconstitucional, durante el siglo XIX, de los llamados culíes, de otros trabajadores importados, de esclavos emancipados y, a su vez, como presencia humana más relevante para el mismo núcleo del constitucionalismo, de los pueblos indígenas, en cuyo contexto la historia constituci...