Linda Farthing

Abstract

A key element in the historically unprecedented advances in indigenous women’s political representation under Bolivia’s Evo Morales’s administration (2006–2019) was the influence that women coca growers played in the rural women’s indigenous organization known as the Bartolinas. Driven in no small measure by their resistance to the US-financed War on Drugs in the Chapare region, the cocaleras became both Bolivia’s strongest indigenous women’s organization and its most dedicated advocates for indigenous women’s rights. This article contends that intersectionality—of gender, class, and indigenous identities—is at the heart of understanding indigenous women’s transformation from “helpers” of a male-dominated peasant union to government ministers in the space of ten years. Not only did they effectively deploy chachawarmi, the Andean concept of gender complementarity, to advance their rights in a way consistent with their cultural identity and political loyalties, but they also benefited from the gains of a predominantly urban middle-class feminist movement even though they formally rejected the feminist movement’s composition and perceived orientation.
Resumen

Un elemento clave en los avances sin precedentes en la representación política de las mujeres indígenas bajo la administración de Evo Morales en Bolivia (2006–2019) fue la influencia que las cocaleras desempeñaron dentro de la organización de mujeres indígenas del campo, conocidas como las Bartolinas. Impulsadas en gran medida por su resistencia a la Guerra contra las Drogas financiada por Estados Unidos en la región del Chapare, las cocaleras se convirtieron en la organización de mujeres indígenas más potente de Bolivia y en sus más dedicadas defensoras de los derechos de las mujeres indígenas. Este artículo sostiene que la interseccionalidad —es decir, el entretejer de las identidades de género, de clase e indígena— está en el centro de la comprensión de la transformación de las mujeres indígenas de “ayudantes” de un sindicato campesino dominado por varones a ministras de Estado en el espacio de diez años. Estas mujeres no sólo implementaron efectivamente el chachwarmi, el concepto andino de complementariedad de género, para promover sus derechos de una manera consistente con su identidad cultural y sus lealtades políticas, sino que también se beneficiaron de los logros de un movimiento feminista predominantemente urbano de clase media, a pesar de que rechazó formalmente la composición y orientación percibida del movimiento feminista.

Bolivia’s ‘coca yes, cocaine no’ policy towards drug crops offers a useful lens to examine Evo Morales government’s decolonisation efforts, as unlike other government attempts, it had both local and international aspects. Using ethnographic data from the Chapare, one of Bolivia’s two principal coca growing regions, this article traces how the Morales government’s development policy between 2006-2019 broke with U.S.-led militarised eradication and crop substitution. Partially assisted by a European Union municipal strengthening program, coca policy was ‘nationalised’, permitting registered growers to cultivate a limited amount of the leaf. Unlike U.S.- financed ‘alternative development’, the new approach fostered self-determination, revalued coca’s traditional role and front-loaded development assistance. These reflect both decolonisation goals and international development best practices. And yet, despite significant achievements, particularly in reducing violent confrontation with the state, the overarching international prohibitionist paradigm, domestic dynamics, and a steady demand for cocaine put the brakes on just how far domestic innovation in development-oriented drug control strategies can go.

Este estudio examina el desarrollo alternativo dirigido a la hoja de coca en Bolivia con énfasis en la política de "coca sí, cocaína no" adoptada por el gobierno de Evo Morales (2006-19). El artículo rastrea cómo la política de drogas ha evolucionado desde las tentativas de erradicación militarizada lideradas por Estados Unidos, pasando por los esfuerzos liderados por la Unión Europea dirigidos a fortalecer los gobiernos municipales, hasta la 'nacionalización' del gobierno de Evo Morales, que permite a los cultivadores registrados una cantidad limitada decoca. Este enfoque empoderó a las  comunidades cocaleras para autocontrolarse y restringir las plantaciones de coca, fomentó la autodeterminación en la planificación e implementación del
programa y abordó las causas profundas del cultivo de coca anticipando la asistencia para el desarrollo y ampliando la presencia civil del Estado. Y, sin embargo, a pesar de los importantes logros, dado el contexto general del paradigma internacional de la prohibición, existen claras limitaciones a la viabilidad de políticas orientadas al desarrollo en las estrategias de control de drogas, con fuerzas poderosas que frenan la innovación interna.

A slump in world coffee prices has pushed farmers in Peru's central jungle to rip up their plants and replace them with coca leafthe raw material used in cocaine. This countrywide trend has driven coca leaf production close to 55,000 hectares or up to 500 tons of cocaine annuallyenough to satisfy annual demand in the United States three times over.

Over its 12 years in power, Bolivia’s MAS government has made significant advances in expanding inclusion and reducing poverty. In the process, it has steadily been transformed into a hegemonic force that is increasingly dependent on opportune and pragmatically based compromises with economic elites. Concurrently, social movement influence and participation in the government have steadily declined. After 2009, when an uprising
by Eastern elites had been quashed and MAS gained a congressional majority, the MAS missed an opening to advance its original project of structural change, opting instead for a more expedient strategy that has kept it in power at the cost of accommodating elites and debilitating social movements.

Durante sus 12 años en el poder, el gobierno MAS de Bolivia ha logrado avances significativos en expandir la inclusión y reducir la pobreza. En el proceso, se ha transformado continuamente en una fuerza hegemónica que depende cada vez más de compromisos oportunos y basados en pragmatismo con las élites económicas. Al mismo tiempo, la influencia y la participación en el gobierno de los movimientos sociales ha disminuido
continuamente. Después de 2009, cuando un levantamiento de las élites del Este se suprimió y el MAS ganó una mayoría en el Congreso, el MAS perdió una oportunidad para avanzar en su proyecto original de cambio estructural, optando por una estrategia más conveniente que lo mantuvo en el poder a costa de acomodar a las élites y debilitar los movimientos sociales.

En todo el mundo, la falta de oportunidades, marginalización y desatención por parte del Estado caracterizan a la producción de cultivos empleados para la producción de drogas. Aunque estos temas se encuentran en el núcleo de políticas para el desarrollo económico y social, estos cultivos son conceptualizados principalmente como un asunto de delincuencia y seguridad (Alimi, 2019: 39). Bajo intensa presión del gobierno de los EE.UU. durante los últimos 40 años, este enfoque ha conllevado al establecimiento de políticas en la región andina que priorizan la erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca, la principal materia prima empleada para producir clorhidrato de cocaína. Ello ha debilitado las economías locales, criminalizado a agricultores pobres y provocado violaciones a los derechos humanos mediante la legitimación del control militarizado sobre los cultivos y las drogas (Youngers y Rosin, 2005a).

Over its 12 years in power, Bolivia’s MAS government has made significant advances in expanding inclusion and reducing poverty. In the process, it has steadily been transformed into a hegemonic force that is increasingly dependent on expedient and pragmatically based compromises with economic elites. Concurrently, social movement influence and participation in the government have steadily declined. After 2009, when an uprising by Eastern elites had been quashed and MAS gained a congressional majority, the MAS missed an opening to advance its original project of structural change, opting instead for a more expedient strategy that has kept it in power at the cost of accommodating elites and debilitating social movements.

Durante sus 12 años en el poder, el gobierno MAS de Bolivia ha logrado avances significativos en expandir la inclusión y reducir la pobreza. En el proceso, se ha transformado continuamente en una fuerza hegemónica que depende cada vez más de compromisos oportunos y basados en pragmatismo con las élites económicas. Al mismo tiempo, la influencia y la participación en el gobierno de los movimientos sociales ha disminuido continuamente. Después de 2009, cuando un levantamiento de las élites del Este se suprimió y el MAS ganó una mayoría en el Congreso, el MAS perdió una oportunidad para avanzar en su proyecto original de cambio estructural, optando por una estrategia más conveniente que lo mantuvo en el poder a costa de acomodar a las élites y debilitar los movimientos sociales.

El presente informe está centrado en el rol que juegan los funcionarios progresistas del Estado boliviano y los desafíos a los que se enfrentaron al promover una agenda de justicia social y económica, como la que caracteriza al discurso político del gobierno del MAS. Los movimientos sociales necesitan lidiar no solo con la construcción partidos políticos exitosos y alcanzar el poder, sino también con el uso de ese poder de manera estratégica para implementar los cambios necesarios. Los funcionarios gubernamentales tienen un rol único en este proceso, y se enfrentan al desafío de mantenerse fieles a su ideología política al mismo tiempo que aseguran el funcionamiento de una burocracia justa y profesional.
El informe no considera de forma detallada el análisis político y el proceso de formulación de políticas en las ramas legislativa, judicial o ejecutiva, ni las alianzas, negociaciones y compromisos políticos necesarios para asegurar y mantener en el poder un gobierno progresista. Las relaciones con la población beneficiaria/usuaria de los servicios gubernamentales, así como el desarrollo de una gobernanza participativa (es decir, iniciativas que arraigan la participación ciudadana activa en el proceso gubernamental) solo se contemplan en función de su relación con la capacidad de los funcionarios. 
A pesar de las restricciones externas a las que se enfrentan, los funcionarios progresistas juegan un rol crítico en la implementación de políticas más equitativas bajo gobiernos de izquierda. Sus perspectivas de los desafíos que deben ser enfrentados en el diseño y la ejecución de políticas concretas se extienden más allá de sus funciones específicas, incorporando una crítica más amplia de cómo se implementa (o no) el cambio social mediante iniciativas gubernamentales. Sus aportes a la comprensión del proceso de implementación política en sociedades con bajos ingresos constituyen el eje central de este informe. 
El estudio se basó en preguntas abiertas a 14 entrevistados, con muchas oportunidades para enumerar las cuestiones que, según ellos, serían prioritarias. Los y las entrevistado/as, mayoritariamente pertenecientes a la clase media o clase media alta, son personas que se autoidentifican como de izquierda, algunas con afiliación partidaria y otras no; algunas que todavía apoyaban al MAS al momento de la entrevista, otras que eran muy críticas de este partido, y otras activamente opositoras. Algunos pocos entrevistados prefirieron permanecer anónimos. Los entrevistados provenían de varias partes del gobierno y de diversas regiones del país. De los 14, tres eran mujeres y tres se identificaban como indígenas; la mayoría eran o ministros o viceministros, reflejando en alguna medida la diversidad del gabinete gubernamental.