Caducidad

En el sistema de medios de control contencioso-administrativos, la caducidad es un fenómeno inexorable que extingue la pretensión jurídico-procesal contra la Administración, fundamentada en la inacción culposa del demandante ante el paso del tiempo. Al igual que ocurre en otras latitudes, se trata de una protección de la legalidad y de la seguridad jurídica frente a las situaciones jurídicas particulares creadas por actos u omisiones de la Administración. Sin embargo, en Colombia se han dado soluciones jurisprudenciales para justificar atemperaciones o aplicaciones rigurosas de la figura, que no tienen asidero legal razonable alguno, y que constituyen, a veces, interpretaciones en contra del debido proceso sustantivo y de la efectividad de los derechos de los justiciables. Con base en los desarrollos del derecho belga, y con lo propuesto ya por el Consejo de Estado en ciertas ocasiones, el artículo propone a la fuerza mayor como

A propósito del dictado de una decisión en la que se amparó una excepción de caducidad en un proceso sobre interdicto de recobrar, el autor analiza si es posible llegar a esa conclusión a partir de una interpretación de las normas interdictales y la doctrina existente, llegando a concluir más bien que la naturaleza del plazo regulado es prescriptoria.

El Tribunal Supremo, la gran mayoría de los autores e incluso algunas disposiciones legales y reglamentarias han entendido que, una vez caducado un procedimiento administrativo sancionador como consecuencia del incumplimiento de la obligación de dictar resolución expresa sobre el fondo y notificarla dentro del plazo legalmente establecido, es lícito que la Administración responsable del incumplimiento inicie, tramite y resuelva un nuevo procedimiento sancionador contra el mismo acusado, por los mismos hechos y con idéntico fundamento jurídico, siempre que no haya transcurrido todavía el plazo de prescripción de la correspondiente infracción. En el presente trabajo se analiza si esta reiteración del procedimiento caducado vulnera la vertiente  procesal del principio constitucional ne bis in idem.

En el presente artículo el autor estudia la prescripción en el Derecho Administrativo sancionador. Refiere que esta tiene naturaleza jurídica sustantiva y que no puede ser concebida en nuestro sistema jurídico como procedimental, ni mucho menos puede pretenderse alterar su naturaleza jurídica a través de una norma aclaratoria por más que dicha calificación de procedimental no genere efectos en su aplicación práctica.

El trabajo analiza la reciente modificación del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, centrando su atención en el problema de la transición, esto es, en la indeterminación que puede sobrevenir respecto a qué juicios en trámite será aplicable con cuáles alcances.

Estudio de la caducidad del procedimiento administrativo por causa imputable a la Administración en España referida a los procedimientos incoados de oficio en el que se ejercitan potestades sancionadoras o de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables como vicio de nulidad de pleno derecho

Resumen: La finalidad del presente artículo es analizar los derechos que alcanzan al niño, niña o adolescente cuando se encuentran inmersos en un proceso de impugnación de paternidad, de esta forma, se busca definir el contexto normativo establecido en la irrevocabilidad y caducidad de la negación del reconocimiento de filiación, establecidos en los artículos 395º y 400º del Código Civil. De igual forma, se analizará el derecho a la identidad del niño, tanto en su vertiente estática como en la dinámica y el derecho a ser integrado a su familia biológica, ello con el propósito de comprender con mayor amplitud los derechos invocados y poder efectuar una correcta ponderación ante una evidente colisión de principios; buscando como respuesta lo que más beneficie a la niña, niño o adolescente. Palabras clave: estado de familia, identidad estática, identidad dinámica, integración a la familia biológica, impugnación de paternidad, caducidad, irrevocabilidad, control difuso, ponderación. Abstract: The purpose of this article is to analyze the rights that reach the child or adolescent when they are immersed in a process of challenge of paternity, in this way, seeks to define the regulatory context established in the irrevocability and expiration of the denial of recognition of filiation, established in articles 395º and 400º of the civil code. Likewise, the right to the child's identity will be analyzed, both in its static aspect and in the dynamics and the right to be integrated to its biological family, with the

El articulo aborda la problemática de la caducidad de los soportes actuales. En este contexto hallamos a las composiciones electroacústicas que se conciben y desarrollan con tecnología de ultima generación a merced de su inmediata caducidad.

I. Introducción El Código Civil (en adelante CC) no contemplaba la caducidad ni la diferenciaba de la prescripción. Lo hizo la doctrina civilista que aplicaron los jueces comerciales en las acciones del art. 251 de la ley 19.550 (en adelante LGS) sin mayores inconvenientes hasta la sanción de la ley 24.573 que estableció que la mediación suspendía los plazos de prescripción. Como el art. 251 no determinaba el tipo de plazo, surgió el disenso en cuanto a los efectos de la mediación en el cómputo del plazo. Para solucionar el conflicto, la Cámara Comercial de la Capital Federal decidió en acuerdo plenario que la mediación no suspendía el plazo previsto para promover acción de impugnación asamblearia. A pesar de que la ley 26.589 modificó la ley 24.573 estableciendo que la mediación previa también suspendía los plazos de caducidad, muchos jueces comerciales fueron (y son) reacios a apartarse de la doctrina plenaria que la ley dejó sin efecto. El Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante CCCN) abandona muchos de los principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia en materia de caducidad, y exige un replanteo. II. El instituto de la caducidad de los derechos El CC regulaba la prescripción en la sección tercera del Libro Cuarto (artículos 3947 a 4043) de forma sistemática y también en algunas otras disposiciones. De forma sistemática y general en el título 1 y de forma específica en el título 2. Comenzaba por una definición, aludía a las distintas clases (adquisitiva y liberatoria), y a plazos que podían suspenderse o interrumpirse. También a lo largo del articulado como en el derecho a reclamar la filiación o de impugnarla (art. 251), en las obligaciones naturales (art. 515) o las divisibles (art. 678). En cambio, solo mencionaba la caducidad en las obligaciones condicionales (art. 539) o en las formas de los testamentos y legados (3629, 3676, 3743, 3821, 3822, 3830). Los juristas alemanes de finales del siglo XIX construyeron la teoría 2 que adoptaron los de nuestro país y que se resume en los siguientes puntos: instituto de raigambre procesal y sustancial 3 es un modo de extinción de los derechos que no se ejercen durante el lapso fijado por la ley o convenido entre particulares. Se diferencia de la prescripción porque la caducidad extingue el derecho, la prescripción, la acción judicial correspondiente. En principio prescriben todas las acciones, en tanto solo caducan algunas 4. Mientras la prescripción es una institución general que proviene exclusivamente de la ley, la caducidad puede tener fuente convencional. Los plazos de caducidad

Las actuaciones de la Administración están sometidas a plazo como exigencia del principio de eficacia de la Administración y como garantía de los derechos de los administrados. Sin embargo, la notificación a la Administración de las resoluciones de los tribunales económicoadministrativos no está sometida a plazo, lo que posibilita que en algunas ocasiones se produzca una significativa demora entre el momento de su notificación al interesado y el de su notificación a la Administración encargada de la ejecución y/o de la impugnación de dicha resolución. En el presente trabajo se pone de manifiesto que esas demoras carecen de justificación alguna y suponen una vulneración de los principios de eficacia, seguridad jurídica y buena administración en esos casos. Asimismo, se analiza el régimen jurídico de dichas notificaciones, prestando especial atención a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, formulándose al final algunas propuestas que pueden ayudar a resolver los distintos problemas derivados de esa mala praxis administrativa.

Este trabajo pretende exponer tres temáticas que se han suscitado en el derecho del consumo a raíz de la aplicación de la Ley n.º 19496 por nuestros tribunales de justicia. En primer lugar, la aplicabilidad del estatuto tutelar por las micro y pequeñas empresa ante sus proveedores en virtud de la Ley n.º 20416. Segundo, la íntima dependencia o autonomía entre la responsabilidad infraccional y la indemnizatoria, en particular cuando operan las hipótesis que dan lugar a la garantía legal. Por último, el plazo de caducidad que caracteriza a la garantía legal en oposición a los plazos generales de prescripción consagrados en el art. 26 de la Ley n.º 19496.

"Las palabras que llegaron”. Distintas voces contra la impunidad", una recopilación de textos cuya finalidad es recolectar fondos para financiar la campaña por el SI a la anulación de la Ley de Caducidad

Esta iniciativa recopila textos de varias figuras de la cultura nacional, en las casi 130 páginas se pueden descubrir pasajes de Washington Benavides, Mario Delgado Aparain, Beatriz Flores Silva, Claudio Invernizzi, Beethoven Javier, Victoria Julien, Sylvia Lago, Carlos Liscano, Circe Maia, Ignacio Martínez, Virginia Martínez, Florencia Melgar, Tabaré Rivero, Ariel Silva, Raúl Olivera, latejapride y Daniel Viglietti.

El momento de la notificación de las resoluciones de los tribunales económico-administrativos tiene una gran relevancia jurídica en los supuestos en que se ordena la retroacción de actuaciones porque determina el inicio del plazo que tiene la Administración para ejecutar la resolución anulatoria, pero las reglas actuales no permiten identificar con certeza ese momento.

A través del presente artículo de investigación se identifica la aparición de la caducidad en el ordenamiento jurídico colombiano a partir del siglo XX, producto de la adopción de la teoría de los contratos públicos del derecho francés. Esta identificación permite analizar si para la época se incluían garantías a favor de los contratistas cuando el Estado ejercía la caducidad del contrato (el Estado actuando como juez —cuando decretaba la caducidad— y como parte —por ser un extremo de la
relación jurídico-negocial—)

En el sistema de medios de control contencioso-administrativos, lacaducidad es un fenómeno inexorable que extingue la pretensiónjurídico-procesal contra laAdministración, fundamentada en la inacciónculposa del demandante ante el paso del tiempo.Al igual que ocurre en otras latitudes, se trata de una protección de lalegalidad y de la seguridad jurídica frente a las situaciones jurídicasparticulares creadas por actos u omisiones de la Administración. Sinembargo, en Colombia se han dado soluciones jurisprudenciales parajustificar atemperaciones o aplicaciones rigurosas de la figura, que notienen asidero legal razonable alguno, y que constituyen, a veces,interpretaciones en contra del debido proceso sustantivo y de laefectividad de los derechos de los justiciables. Con base en losdesarrollos del derecho belga, y con lo propuesto ya por el Consejo deEstado en ciertas ocasiones, el artículo propone a la fuerza mayor como   límite racional a la perentoriedad de la caducidad, en tanto princ...

El presente trabajo tiene por objeto hacer un análisis de las actuaciones del juez administrativo en ejercicio del control de convencionalidad frente a la ocurrencia de actos de lesa humanidad por parte del Estado cuando se busca la reparación integral de las víctimas a través del medio de control de reparación directa. Lo anterior, enfocado a la caducidad del medio de control y las diversas formas de reparación, aparte de pecuniaria, establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.