Impunidad

Abstract:

This article gives an overview about the exercise of the right to Freedom of Expression in Mexico. We hypothesize that three of the most important aspects that violate this law are the State speech that blames the drug dealers of attacks against journalists; the indifference, inaction and simulation of the Mexican State; and the state of crisis in public safety. The comparison of Mexico with a similar case suffered by Colombia, as well as data submitted by national or international organizations are alarming. It is warned that the Academy is one of the suitable areas for finding solutions to this conflict. Research and publication of it become a tool in the absense of policies, plan sor programs that limit and prevent the violation of this right.


Resumen:

Este artículo presenta un panorama acerca del ejercicio del derecho a la Libertad de Expresión en México. Se postula que tres de los aspectos más importantes que vulneran este derecho son el discurso del Estado que culpa al narcotráfico de agresiones contra periodistas; la indiferencia, inacción y simulación del Estado mexicano; y un estado de crisis en materia de seguridad pública. La comparación de México con el caso similar sufrido por Colombia, así como cifras presentadas por organismos nacionales o internacionales, resultan alarmantes. Se advierte que la Academia es uno de los espacios idóneos para encontrar soluciones a este conflicto. La investigación y divulgación del mismo se convierten en una herramienta ante la falta de políticas, planes o programas que limiten, e impidan, la vulneración de este derecho.

RESUMEN: "Nosotras. Territorio que habla" es la materialización creativa de la necesidad de denunciar, de testimoniar, de reflexionar desde la propia voz de tres madres, Luz Marina Bernal, María Ubilerma Sanabria y Lucero Carmona, cuyos hijos fueron ejecutados por el ejército colombiano entre el 2007 y el 2008. En este libro ellas comparten su experiencia de tantos años de injusticia. El relato de tan cruento capítulo en la historia de la violencia de un país, lo contamos a través del archivo personal de estas mujeres, de la necesidad de saber y de reclamar justicia, de la investigación, la denuncia, el posicionamiento político y el análisis común. Queremos compartir cómo está siendo esta experiencia, desde esa corpo-política de estas tres madres cuyas narrativas indagan y se preguntan sobre la violencia y la impunidad. Para ello proponemos tres epígrafes que pretenden ofrecer algunas respuestas a (1) cómo se tomó la decisión de escribir juntas un libro; (2) cómo está siendo este proceso y (3) para qué hacemos lo que hacemos o el porqué de relacionarnos de otra manera.
PALABRAS CLAVE: Memoria, Impunidad, Víctimas-Líderes, Colombia.

El ejercicio periodístico en México se ha desarrollado desde inicios del siglo XXI en un contexto hostil que lo ha limitado durante el proceso de producción de información a nivel local, regional y nacional. Por ello, en el presente texto he construido una base de datos histórica que abarca el periodo entre 2000 y 2018 sobre los asesinatos a periodistas en México a partir de una serie de categorías que se desarrollaron
mediante el método de análisis del contenido. En este sentido, a partir del objeto de estudio se han hecho diferentes caracterizaciones de dichos delitos a partir de variables como el territorio, el tipo de eventos que cubrían los periodistas, la edad y los procesos de privación de la vida y la eficacia del Estado mexicano en esclarecer los delitos. Con esto, se observa que el contexto adverso afecta no sólo en la producción de información, sino en los procesos de libertad de expresión y democracia en México

En noviembre del año 2021 el Colegio Interamericano de Defensa llevó a cabo una nueva edición de sus talleres enfocados a cuestiones relevantes para la seguridad hemisférica. En esa ocasión, el tema elegido fue la corrupción y su impacto en la calidad institucional de los estados
modernos. Es que la corrupción, en sus diferentes gradaciones y sus distintas manifestaciones, genera múltiples perjuicios políticos, económicos y sociales, cuyos efectos padecen los ciudadanos
americanos. Y ese padecimiento se registra tanto en el plano individual como en niveles más amplios de interacción social. Por otro lado, no cabe ninguna duda que este flagelo erosiona y degrada las instituciones públicas modernas y, por extensión, la percepción de legitimidad que
tiene sobre ellas la sociedad civil.
El Taller en cuestión contó con la participación, en calidad de expositores, de expertos americanos y europeos procedentes de la esfera académica, los organismos de seguridad estatales e incluso las instituciones multilaterales. Los aspectos tratados incluyeron, entre otros, la corrupción como nexo de relación entre el estado y el crimen organizado; el concepto de “corrupción institucionalizada”; el vínculo entre corrupción e impunidad; los efectos de la corrupción en la seguridad pública del Hemisferio; el tratamiento de la corrupción en el marco de la OEA; la corrupción y las redes ilícitas en tiempos pandémicos, y las posibilidades de los gobiernos de erradicar de manera efectiva y duradera a la corrupción en nuestros países.

El objetivo del Índice Global de Impunidad (igi) es visibilizar cuantitativamente
el problema global de la impunidad y su relación con otros fenómenos
complejos como la desigualdad, la corrupción y la violencia.
• El igi representa el esfuerzo académico internacional más importante para medir comparativamente los niveles de impunidad en el mundo. Éste se realiza a partir de una metodología cuantitativa que se enfoca en medir la estructura y funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia, así como el respeto a los derechos humanos en cada país.
• A partir de los resultados estadísticos que presenta el igi (y el acceso abierto a nuestras bases de datos), los investigadores en universidades, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, agencias internacionales, empresas globales y público en general pueden realizar análisis cualitativos específicos, por dimensión, enfocados a cada país y región.
• A partir de nuestro primer reporte, publicado en 2015, hemos destacado que medir la impunidad por sí misma es muy relevante, pero que altos índices de impunidad pueden estar interrelacionados con problemas de desigualdad socioeconómica, acceso a la justicia, fragilidad del Estado de derecho, desarrollo económico insuficiente, dificultades para la atracción de nuevas fuentes de inversión extranjera y turismo, y, lo que no podemos perder de vista, mayores violaciones a los derechos humanos.
• El igi-2020 no alcanzó a medir el impacto que ha tenido la pandemia de
covid-19 sobre la impunidad. Sin embargo, dados los vínculos que existen entre impunidad y desigualdad, resulta fundamental comenzar a analizar la forma en que la pandemia puede agudizar los niveles de inseguridad y violencia, así como limitar, aún más, el acceso a la justicia y otros bienes públicos, lo que probablemente tendrá un impacto especialmente negativo sobre todo en las regiones con altos grados de marginación y menores índices de avances en su Estado de derecho, como es el caso de América Latina, África, Asia Central y Asia-Pacífico.

La percepción respecto a la inseguridad es que nada de lo que se ha hecho ha dado resultados, que damos palos de ciego y que el problema no hace sino crecer y volverse cada vez más inmanejable. “Nada de lo que se ha hecho ha funcionado” es una frase que se escucha con relativa frecuencia, tanto en círculos académicos, como entre periodistas, funcionarios públicos o entre gente común de la calle.
El propósito de este documento no es en absoluto negar la gravedad y el deterioro de la situación en América Latina como conjunto, tampoco
pretender que las respuestas al problema han sido suficientemente eficaces o que ya sea sólo cuestión de tiempo para que lleguen a serlo.
Lo que busca es romper con una visión simplificadora de la realidad y hacer una revisión panorámica de las múltiples acciones desde el Estado, la sociedad civil e incluso la cooperación internacional que se han puesto en práctica a lo largo de los años y que han influido de distintas maneras en la evolución del fenómeno que nos interesa.
De manera muy panorámica, en las páginas que siguen daré cuenta de
acciones y medidas de muy diversa índole y no siempre complementarias; incluso muchas veces, en mi opinión, contradictorias y en algunos casos abiertamente contraproducentes. No me limito en este recorrido solamente a la acción del Estado, sino también a lo que se ha hecho desde la sociedad, sea ésta la sociedad civil organizada o la participación social de la población con distintos signos. Resalto, también, como actores importantes a los medios de comunicación, las iglesias, las universidades, a la cooperación internacional, etcétera.
Insisto en que el propósito fundamental de este documento es dar cuenta de que muchas cosas sí han ocurrido; que cualquier reflexión o decisión de política pública que se haga hoy debe partir del conocimiento y de la evaluación de lo que ya se ha hecho; que las respuestas son, obviamente y a la luz de los resultados, insuficientes y hasta fallidas; pero que, a la vez, pueden haber tenido efectos positivos en determinados momentos o ámbitos y que por ello hay un enorme aprendizaje que hacer de todo lo hecho.
La enumeración de acciones, estrategias o políticas que sigue no guarda
necesariamente un orden cronológico, ni de importancia; quiere solamente mostrar la diversidad y complejidad de lo ocurrido.

Resumen: La escalada de homicidios violen-tos de mujeres cometidos por hombres en las dos últimas décadas en América Latina ha obligado a muchos países de la región a tipificar el crimen de homicidio de género como «feminicidio» (o «femicidio»). Su objetivo era concienciar y disminuir así el número de feminicidios cometidos cada año; sin embargo, aunque la tasa de feminicidio disminuyó en muchos países, volvió a aumentar en los años siguientes. En este estudio, se ha generado un conjunto de datos sobre la tasa de feminicidio entre 2000 y 2014 y se ofrece un análisis de los factores de influencia. Se constata que la criminalización (o tipificación) del feminicidio no es significativa para predecir la tasa de feminicidio; en cambio, niveles bajos del Estado de derecho y la falta de representación de la mujer en organismos de toma de decisiones, como los parlamentos nacionales, aparecen como los factores más relevantes para explicar la variación de las tendencias en feminicidios.

Abstract:
The escalating number of violent female homicides committed by men over the last two decades has compelled many Latin American countries to classify (typify) the crime of gender-based homicide as "feminicide" (or "femicide"). Their objective was to raise awareness and thereby decrease the number of feminicides committed per year. However, although the rate of feminicide fell in many countries, it rose again in subsequent years. In this study, a dataset was built on the rate of feminicide between 2000 and 2014, and an analysis is made of influencing factors. The crimi-nalisation (typification) of feminicide is not found to be significant to predict the rate of feminicide. Instead, low levels of the rule of law and a lack of female representation in decision-making bodies such as national parliaments are found to be the most significant factors in explaining the variation in feminicide trends.

Podemos caracterizar lo que enfrenta México en la última década como una implosión patológica. Fenómenos destructivos de la vida pública o disfunciones institucionales previamente existentes o de comportamiento cíclico, algunas incluso social y políticamente normalizadas, como la violencia, corrupción, el uso electoral de recursos públicos, la colusión de autoridades con organizaciones criminales o la violación a los derechos humanos, se desbordan sin que las instituciones cuenten con mecanismos o capacidades para contenerlas o, lo más preocupante, que las autoridades manifiesten voluntad política para contener y revertir el proceso destructivo. Implosión patológica que se agudiza notablemente durante el periodo de gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, y que ha terminado por erosionar instituciones débiles e ineficientes y acabado con la credibilidad de las autoridades corrompidas o incompetentes. En este sentido, una implosión patológica difícilmente puede explicarse sin entender primero su relación con muy altos niveles de impunidad

This work inquire about speeches built  arround colombian paramilitarism from the historical reconstruction of the process through is generted Justice an Peace. The analysis starts from to generate an a basic elements of understanding about the paramilitary phenomenon in his historical dimensión and conjunctural to define which were the normativa backgrounds that made it posible the law 975 of 2015 wich give legal bases to this process. Next, the precedents of this law are discussed in previous peace processes and it is located in the plane of the norm 782 of 2002 that lays the foundations for the paramilitary demobilization in the period 2005-2010. In the third part of the work, the field of struggle represented by the agents is discussed in 3 cases of collective demobilization in the perspective of the French sociologist Pierre Bourdieu. The hypothesis of work proposed is that in the Colombian legal field the struggles to impose worldviews ended up instrumentalizing the field in order to give legitimacy to the hegemonic order of power. They go to reports, press articles, academic texts to make use of an interpretive methodology of history.

Presentación y edición El juicio de Eichmann de Deborah LIpstadt, edición en lengua española, 2019
Presentación de Joaquín González Ibáñez y Prólogo de Javier López de Goicoechea Zabala del libro El juicio de Eichmann de Deborah LIpstadt. La creación del Estado de Israel en 1948 tras el genocidio perpetrado por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial significó para el pueblo judío la conquista de un ámbito autónomo de soberanía y protección;
esto implicaba un sistema de justicia y un código penal propio de Israel, único en su historia como resultado jurídico del ejercicio de las facultades de una nación soberana y del logro sionista de creación de una estructura estatal.
El juicio de Adolf Eichmann representó mucho más que un proceso a un criminal nazi, responsable de la implementación de la Solución Final formalizada por los nazis en el Protocolo de Wannsee; constituyó el momento y oportunidad histórica de crear un relato de justicia, supervivencia y memoria para las víctimas. Timothy Snyder en Tierra Negra señaló que “resulta imposible comprometerse con la defensa de los Estados y los derechos, si nadie aprende del pasado ni cree en el futuro”, y el juicio de Eichmann para Israel tuvo este efecto catártico que permitió asentar un relato de pasado y presente y fortalecer la posibilidad de un nuevo futuro. Deborah Lipstadt relata este episodio caleidoscópico de los crímenes del nazismo de una manera genuina, solvente y dinámica que lleva al lector a nuevas preguntas y dilemas por afrontar todavía en nuestros días.

Estudio sobre los niveles de impunidad a nivel subnacional en Colombia a partir de la metodología desarrollada por el proyecto "Índice global de Impunidad. Desde esta perspectiva, este estudio estadístico analiza los grados de impunidad a partir del desempeño en indicadores para las dimensiones de seguridad, justicia y derechos humanos.

El presente artículo analiza el desarrollo del sicariato en Ecuador como un fenómeno que no proviene únicamente de la expansión del narcotráfico en Colombia; sino que se propone discutirlo desde el punto de vista económico, evidenciando la mercantilización de la muerte. La inexistencia en el código penal, la imposibilidad de conocer con certeza las circunstancias que lo rodean, la ausencia de registro, un alto nivel de impunidad, e incluso, la espectacularización mediática dificultan la toma de decisiones en cuanto a políticas públicas. Metodológicamente, se presenta una primera aproximación exploratoria recurriendo a tres diarios de circulación nacional; evidenciando algunas características propias del sicariato, así como los impactos que produce tanto en la sociedad como en las instituciones del Estado. Finalmente, se propone resaltar la importancia de profundizar en esta problemática.

Nuestros ancestros y sabios mesoamericanos decían que para evolucionar hay que morir, clasificaban las diversas épocas de la humanidad en Soles. A la entrada de una nueva era (un nuevo Sol) se tenía que destruir el anterior sistema (ya que dicho sol estaba lleno de oscuridad) para iniciar una nueva era sin los vicios del anterior, tarde o temprano los sistemas se corrompen. La revolución ya inició en América, hay que destruir el anterior sistema para que inicie la nueva era: el SEXTO SOL. Lo hacían nuestros ancestros antes de que llegara el ENFERMO SISTEMA DEL “ANTIGUO” CONTINENTE a nuestras tierras sagradas; donde la supuesta “civilización” le daba más importancia a lo material que al crecimiento y desarrollo de su alma; donde se justificaba el asesinato de nuestros ancestros con el fin de robarnos a diestra y siniestra nuestra riqueza, destruyendo nuestra sabiduría y escribiendo falacias de nuestra cultura.

RESUMEN: Mirando la corrupción en México: Hay dos tipos de indicadores que nos permiten mirar la corrup-ción: los subjetivos y los objetivos. Los primeros se sustentan en la percepción de la gente con respecto a la corrupción realizada por un determinado órgano: la policía, los jueces, el gobierno, los partidos. Los segundos dan cuenta de hechos específicos de corrupción: cantidad de dinero desviado, de sobornos pagados, por mencionar dos. Como es de esperarse, dado que la corrup-ción se realiza de forma escondida para evitar consecuencias penales, es muy difícil contar con indicadores objetivos de co-rrupción. El indicador más conocido y utilizado para mirar la corrup-ción es subjetivo: se trata de índices de percepción de corrupción (CPI, por sus siglas en inglés). El más conocido es el elaborado por Transparencia Internacional (TI). En la gráfica 1 se observa este indicador para América Latina. Los dos países mejor ubica-dos, con menor percepción de corrupción, son Uruguay y Chile. En tercer lugar, con casi 20 puntos de diferencia, 1 está Costa Rica, seguido por Cuba y Brasil. Un segundo grupo intermedio lo inte-1 Esta trilogía-Uruguay, Chile y Costa Rica-sobresale en otros estudios sobre ejercicio de derechos humanos como los tres países mejor ubicados de la región: Ansolabehere, Valdés y Vázquez, 2015.
ABSTRACT: Looking at corruption in Mexico: There are two types of indicators that allow us to look at corruption: the subjective ones and the objectives. The former are based on the perception of the people with respect to the transparency carried out by an element: the police, the judges, the government, the parties. The second ones related to corruption: amount of money sent, paid bribes, by both. As is to be expected, given that corruption was done in a hidden way to avoid the consequences, it is very difficult to count on the corruption indicators. The most well-known and used indicator to look at corruption is: Corruption Perception Index (CPI, for its acronym in English). The best known for the work by Transparency International (IT). Figure 1 shows this indicator for Latin America. The two countries with the best location, with the lowest perception of corruption, are Uruguay and Chile. In third place, with almost 20 points of difference, 1 is in Costa Rica, followed by Cuba and Brazil. A second intermediate group inte-1 This trilogy-Uruguay, Chile and Costa Rica-stands out in other studies on the exercise of human rights as the best countries in the region: Ansolabehere, Valdés and Vázquez, 2015.

“Primenenie printsipa dolzhnoy osmoytitelnosti v bor'be s beznakazannostiyu v praktike mezhamerikanskogo suda po pravam cheloveka” (traducción al ruso de “Reflexiones sobre la debida diligencia en la lucha contra la impunidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”), en Mezhdunarodnoe pravosudie (Revista International Justice Journal), Moscú, #1(13), pp. 20-31, 2015

Le présent projet de recherche interroge l’installation d’une “culture de l’impunité” dans l’Uruguay post-dictatorial en revenant à la source du problème : le refus de soumette les crimes du terrorisme d’État à la Justice. Par une comparaison de l’évolution politique de la gestion du passé récent et de la trajectoire de la justice rétroactive ayant pour objet les crimes du terrorisme d’État, nous réfléchirons sur l’influence des conditions politiques et sociales sur l’avancée de la Justice. L’étude des différentes stratégies juridiques ayant conduit à la tenue des premières enquêtes et des procès, montrera combien la Loi de Caducité de la Prétention punitive de l’État conditionne jusqu’aux luttes sociales et juridiques en faveur de la vérité et de la justice. De même, le rôle nouveau du Pouvoir Judiciaire dans la problématique de la gestion du passé récent nous conduira à réfléchir sur les implications de logiques de fonctionnement qui lui sont propres, ainsi que l’influence de son indépendance garantie et effective dans l’avancée de la justice.

Mots−clés : Culture de l’Impunité, Droits de l’Homme, Anthropologie juridique, Mémoire de la Justice, Justice Post−transitionnelle

Este proyecto de investigación examina la instalación de una “cultura de la impunidad” en el Uruguay posdictadura, volviendo al origen del problema: la denegación de justicia en el caso de los crímenes del terrorismo de Estado. Al comparar la evolución política de la gestión del pasado reciente y el desarrollo de la justicia en el tratamiento de sus crímenes, reflexionamos sobre la influencia de las condiciones políticas y sociales en el avance de la Justicia. El exámen de las distintas estrategias jurídicas que han desembocado en las primeras investigaciones y en los primeros juicios nos mostrará cuánto la Ley de Caducidad de la Pretensión punitiva del Estado condiciona hasta las luchas sociales y jurídicas para verdad y justicia. Por su parte, el nuevo protagonismo del Poder Judicial en la problemática de la gestión del pasado reciente nos llevará a repensar la implicación de sus propias lógicas de funcionamiento, así como la influencia de su independencia garantizada y efectiva en la trayectoria de la justicia retroactiva.

Palabras claves: Cultura de la impunidad, Derechos Humanos, Antropología jurídica, Memoria de la Justicia, Justicia Postransicional

La violencia contra las mujeres es un problema grave de derechos humanos que tiene su raíz en la discriminación. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este tipo de violencia “constituye un impedimento al reconocimiento y goce de todos los derechos humanos [de las mujeres], incluyendo el que se respete su vida y su integridad física, psíquica y moral”. Erradicar este problema es posible en la medida en que los Estados cumplan con su deber de garantizar el acceso efectivo y expedito de las mujeres al sistema de justicia. En este documento se presentan los resultados del estudio de caso del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Hidalgo, el cual se creó en el marco de la política pública implementada por el Gobierno de México para establecer Centros de Justicia para las Mujeres, que es uno de los procesos impulsados en el país durante los últimos años para garantizar el acceso de las mujeres al a justicia.

Lo dijo Jose Marti: "ver en calma un crimen es cometerlo". La ciudadanía y los pueblos van siendo conducidos e inducidos a la vileza y pérdida de valores y principios democráticos, mediante la sistemática conducta de indiferencia, no abordaje acadèmico-educativo serio, y negación del tema #AcosoyLinchamientoMediatico, de importancia fundamental para la prevalecencia del “Estado de Derechos y Justicia” por sobre la barbarie escenificada en el “estado de opinión”. Lo vivido, puesto a merced de la humanidad, devela a la vìctima convertida en maestro. De tanto andar en la teorìa sin practica, se encuentran con la pràctica revolucionaria, y no la reconocen, la evitan o la discriminan. Sandra Isabel Correa León

Resumen: Este artículo analiza las políticas de impunidad y juicios penales y sus consecuencias en las víctimas de la última dictadura militar en Argentina (1976-1983). Si bien en el primer gobierno constitucional hubo un importante cuestionamiento de los crímenes de la dictadura, con iniciativas como el Juicio a la Juntas Militares y la creación de la CONADEP, las posteriores leyes de amnistía tuvieron un fuerte impacto tanto en las víctimas como en sectores más amplios de la sociedad. La ausencia de justicia debilitó la relación de las víctimas tanto con el Estado como con otros sectores sociales, contribuyendo en mayor o menor grado a una situación de precariedad y exclusión. La impunidad promovió actitudes sociales como el silencio y la indiferencia. De manera inversa, los juicios reiniciados a partir de 2005 empezaron a generar otro tipo de comprensión social del pasado dictatorial y sus víctimas, lo cual se refleja en nuevas actitudes de mayor acompañamiento y reconocimiento de las víctimas. Sin embargo, el proceso de justicia que se corporiza en los juicios es un proceso en el que todavía se mantienen ciertas prácticas y actores que dan cuenta de la existencia de fuertes enclaves de impunidad incrustados en diversas instituciones del Estado. Palabras clave: violencia estatal, impunidad, juicios de lesa humanidad, Argentina. Abstract: This article analyzes the policies of impunity and criminal trials and their consequences on the victims of the last military dictatorship in Argentina (1976-1983). While during the first constitutional government there was a significant policy to deal with

En este trabajo revisamos el problema de la desaparición de personas en Veracruz: las dificultades para encontrar información certera que permita dimensionar el fenómeno, las acciones emprendidas por familiares de víctimas para demandar justicia y las respuestas implementadas por el gobierno estatal. La inclusión de algunos testimonios de familiares revela las expresiones de la impunidad, y confirma la urgencia de
desarrollar capacidades institucionales encaminadas a posibilitar el acceso a la justicia en éste y otros casos.

Hasta ahora no ha sido posible que en las
últimas cuatro décadas México construya una
estrategia genuina, comprensiva, transexenal,
intergeneracional, preventiva, de seguridad,
justicia y paz. Seguimos cultivando en la
toma de decisiones, sin políticas públicas de
nueva generación y sin fortalecimiento de las
instituciones sociales y de seguridad frente a
la criminalidad y el narcotráfico, vida pública
propias de una política de impunidad de Estado

El Congreso aprobó en las postrimerías del 2013 una peligrosa norma que el Ejecutivo acaba de promulgar el lunes pasado. Se trata de una modificación al Código Penal que, en la práctica, respalda y profundiza una de las leyes represivas y de impunidad policial y militar aprobadas por el gobierno de Alan García en el 2007. Hablando en cristiano: la ley 30151 (que exonera de responsabilidad a policías y militares que maten o hieran en ejercicio de sus funciones) es una licencia para matar.

En el actual panorama de seguridad latinoamericano adquiere particular relevancia la criminalidad organizada, con un nítido correlato de violencia. Para enfrentar con eficacia esta situación, las naciones de la región han realizado importantes esfuerzos, que hasta hoy no ha arrojado los resultados esperados, de acuerdo a la propia Organización de Estados Americanos.
El objetivo del presente trabajo consiste en plantear la utilidad que puede reportar un moderno enfoque de seguridad nacional, amplio y abarcativo, para realizar un abordaje integral al flagelo de la criminalidad
en la región. Ese enfoque debe trascender las perspectivas tradicionales de seguridad pública, que enfatizan en la prevención y represión del delito, para incluir además lecturas multicausales más amplias, propias de la seguridad ciudadana. El punto de vista de la seguridad ciudadana permite detectar tres factores de clara incidencia directa en la difusión y profundización de la criminalidad organizada en América Latina: la corrupción, la impunidad y la fragilidad estatal con insuficiente gobernabilidad.
Nuestro análisis sostiene que en América Latina es posible adoptar una concepción de seguridad nacional moderna y dinámica, lejos de la controvertida Doctrina de la Seguridad Nacional de la Guerra Fría. Esa concepción debe reconocer la heterogeneidad de amenazas y riesgos contemporáneos, y que combine seguridad pública y seguridad ciudadana en la lucha contra el crimen organizado. Argentina, Guatemala y México son ejemplos de la adopción de modernos enfoques de este tipo, perfectamente compatibles con la vigencia del sistema democrático y el respeto a los derechos humanos.

El expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado por graves crímenes  contra  los  derechos  humanos,  fue  liberado  de  prisión  mediante  un  indulto  presidencial  en  el  año  2017.  También  se  le  otorgó  el  derecho  de  gracia  respecto  a  otros  procesos  en  curso.  Estas  medidas  contaron  con  respaldo político y apoyo popular mayoritario, según las encuestas de opinión pública de la época. No obstante, en pocos meses, el Poder Judicial peruano las inaplicó, basándose en los estándares fijados por la Corte Interamericana de  Derechos  Humanos.  Fujimori  fue  arrestado  y  devuelto  a  la  cárcel.  Comparativamente, este resultado es singular. El artículo busca entender qué podría explicar el comportamiento resuelto a favor de los derechos humanos de los jueces peruanos que participaron en estas decisiones. Argumenta que este  podría  responder  a  dos  procesos  iniciados  en  la  transición  democrática del  año  2000:  el empoderamiento  judicial  (aumento  de  independencia  y  poderes  de  los  jueces)  y  un  cambio  en  la  cultura  jurídica  del  positivismo  al  neoconstitucionalismo.  Ambos  procesos  son  definidos  y  analizados  con  referencia  a  doctrina  destacada  de  los  campos  de  la  justicia  transicional  y  los  estudios  sociojurídicos.  Adicionalmente,  el  artículo  busca  contribuir  a  identificar  las  condiciones  bajo  las  cuales  el  control  de  convencionalidad  interamericano puede llegar a tener un impacto decisivo.

Este artículo se concentra en el proceso institucional que condujo al indulto humanitario y la gracia presidencial otorgados a favor de Alberto Fujimori. Se revelan las posiciones contrarias a esas medidas irrestrictas de funcionarios del Estado. Finalmente, se concluye con la condena internacional y nacional de diversos órganos y organismos de protección y promoción de los derechos humanos mientras se espera
de una decisión definitiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La impunidad es reconocida como un fenómeno que es al mismo tiempo origen y destino de algunos de los más serios problemas que enfrentan los países de América Latina y el resto del mundo. En este artículo se presentan varios retos conceptuales y metodológicos para medir el fenómeno de la impunidad, particularmente en América Latina. También se busca comprender la correlación que existe entre impunidad y otros problemas que afrontan los Estados como inseguridad, violencia, corrupción y desigualdad. Para este propósito, se utilizó la metodología del Índice Global de Impunidad 2015 (IGI 2015).

Guatemala es un país biodiverso. En su corta extensión territorial, se pueden apreciar diferentes tipos de paisajes gracias a las variaciones de su altitud en metros sobre el nivel del mar. Esas variaciones se dan gracias al privilegio geológico y evolutivo producto del paso de los años, y que, en nuestra era, podemos disfrutar. O al menos eso creemos.

Los diversos ecosistemas que tiene Guatemala, le dan la posibilidad de albergar una gran cantidad de recursos naturales. Pero también implica que haya muchos interesados asechando dichos recursos. Desde ya hace muchas se ha documentado cómo hemos ido perdiendo los recursos naturales, y tristemente, en nuestros días, las pérdidas van a velocidades exageradas. Lo peor de todo, es que no es la naturaleza ni los procesos geológicos o evolutivos quienes han causado la pérdida de recursos naturales. Ha sido el mismo ser humano.

En este ensayo trataremos de analizar la lucha contra la impunidad ambiental en Guatemala. Cabe adelantar, que nuestro país tiene un debilitado sistema judicial que abre camino a los abusos de la avaricia de actores fácticos sin que esa situación sea notada por la gran mayoría de la población. De esa cuenta, todo el daño que se le ha hecho al medio ambiente en nuestro país, hasta ahora ha quedado sin castigo alguno, aumentando índices de impunidad, y es por esa razón, que en este documento hablaremos de impunidad ambiental, tratando de analizar los motivos por los cuáles se genera impunidad ambiental y procurando analizar qué es lo que podemos hacer como ciudadanos.

Nos alarma sobremanera tener que advertir que nos queda poco tiempo para reaccionar como sociedad.

Introduccion del Taller Archivos y Derechos Humanos 22/08/2014 (Montevideo Uruguay).

Breve resumen del proceso de Justicia Transicional en Uruguay, con énfasis puesto en el proceso de busqueda de la Verdad y de la Justicia, condicionados por la centralidad de la Ley de Caducidad de la Pretension Punitiva del Estado. Lo que se pretende demostrarles brevemente es que, desde su adopción en 1986 como solución política al problema del pasado traumático, hasta hoy -a pesar de su sustitución en el ordenamiento legal por el restablecimiento de la Pretensión Punitiva del Estado para los crímenes del terrorismo de Estado- la Ley de Caducidad es paradójicamente el obstáculo central contra el cual se va a luchar, pero también el elemento que condiciona de cierta forma las propias estrategias de lucha por la verdad y la justicia. Es decir que a partir de su aprobación, se vuelve el elemento central del debate sobre la justicia transicional en Uruguay tanto para sus defensores como para sus opositores.

Volver sobre la trayectoria de esta ley, sus condiciones de aprobación, sus efectos y sus vías de aplicación período por período hasta su sustitución,  es decir sobre las capacidades de resistencia y adaptación de dicha Ley, permite ver cómo la historia de la Justicia Transicional en Uruguay se ve condicionada por la historia de la Ley de Caducidad, a tal punto que estas dos historias se confunden.

Este texto se interesa por los efectos que la producción académica produce sobre la construcción social del victimario, y se centra en el caso de los victimarios de la guerra española de 1936 y su estatus en la cultura de la democracia posfranquista. Escoge dos obras de especialistas dirigidas al público amplio y rastrea a partir de ellas cómo el tratamiento de los victimarios se encuentra predefinido por un marco que exonera de partida a determinados posibles perpetradores al figurar en la nómina de intelectuales y artistas que conforman el canon cultural del siglo XX. El enfoque alternativo que propone consiste en combinar una hermenéutica de los testimonios de posibles perpetradores con otras fuentes documentales, y escoge como ejemplo el de Dionisio Ridruejo, figura que epitomiza el cambio de identidad en contra del franquismo pero a partir de una profunda implicación en la maquinaria de represión del régimen de Franco que reclama un estudio completo.

La Reforma Educativa se aprobó en el 2013 con el fin de brindar una mejor educación en el país. El gobierno de Enrique Peña Nieto la catalogó como una reforma necesaria para aumentar la educación en México, no obstante, esta reforma en sí no es educativa, es más bien, una reforma administrativa para la enseñanza. En consecuencia, el presente ensayo evalúa los pros y contras de dicha reforma así como su impacto verdadero en la educación mexicana.

Forma de citar: Olmedo Neri, R. A. (2022) ¿Cómo se articula la indignación sociodigital? el caso de #JusticiaParaElizabeth en México. En P. Ruiz Bravo y A. Pizarro (Eds.)  Ensayos de investigación y perspectiva de género (pp. 181-199), Vol. II. Perú: Cátedra UNESCO de Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior.

Resumen El objetivo del artículo es analizar el impacto que la corrupción y la impunidad tienen sobre las violaciones a derechos humanos. Para ello, se realizaron varios modelos estadísticos. Se observó que existen ciertos tipos de violaciones a los derechos humanos que se perpetran mediante actos de corrupción. En la medida en que ni el acto de corrupción ni esa violación sean sancionados, la impunidad se convierte en un contexto que incentiva al perpetrador a seguir cometiendo los mismos actos de corrupción, lo que generará nuevas violaciones a derechos humanos. Cuando la corrupción y la impunidad se conjugan, ambas se convierten en patrones estructurales de violaciones a los derechos humanos.

El 31 de julio de 2015, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la modelo colombiana Mile Martín, la activista Nadia Vera, la maquillista Yesenia Quiroz y el fotoperiodista Rubén Espinosa fueron asesinadxs en el número 1909 de la calle Luz Saviñón, en la Colonia Narvarte de la Ciudad de México. El caso, conocido como "Caso Narvarte", marcó un giro en la percepción del entonces Distrito Federal como un espacio seguro. A 4 años seguimos como sociedad sin saber por qué estas cinco personas fueron torturadas y asesinadas, quiénes ordenaron el homicidio y los feminicidios, en qué contexto se dieron los hechos. Es Ni perdón ni olvido: a 4 años del caso Narvarte @(maria_devecchi) (dievalor)* Últimas / Autores / Organizaciones / Invitados RECIBE NOTICIAS SUSCRÍBETE Ni perdón ni olvido: a 4 años del caso Narvarte https://www.animalpolitico.com/altoparlante/anos-caso-narvarte- ...

Con base en el análisis de tres documentos (dos sentencias: una sobre el caso de los "Porkys" y la otra sobre el caso "Atenco", y un Informe Especial emitido por la cndh), se pretende mostrar cómo opera el Estado mediante su dispositivo penal, en tanto tecnología de género, (re)produciendo interpelaciones discursivas y técnicas violentas de generización de los cuerpos, así como prácticas sexuales normalizadas. La primera sentencia permite evidenciar la manera en que las interpretaciones judiciales expresan, refuerzan y reproducen concepciones normalizadas de género y sexualidad. La segunda conduce a plantear la manera en cómo los agentes punitivos utilizan la violencia sexual para disciplinar los cuerpos, en este caso de mujeres, al orden de género. Finalmente, se analiza el tercer documento para (re)afirmar que la cárcel, como último eslabón del dispositivo penal, afianza las funciones de tecnología de género de éste, por medio del carácter generizado del castigo.

La impunidad de los criminales es un tema de debate público en Brasil. Se tienen indicadores crecientes de criminalidad que estiman que solo el 10% de los delitos contra la vida son procesados por la justicia. Mientras tanto, la politización de la seguridad tiene gran audiencia en los medios de comunicación. Las zonas aún no pacificadas de los barrios periféricos de las grandes y medianas ciudades todavía sufren las acciones armadas de los escuadrones de la muerte. Desde el 2002 hasta el 2006, un alto número de muertes fueron atribuidas a grupos de exterminadores conformados por ciudadanos comunes y miembros de la policía. Gracias a las protestas, las autoridades de seguridad han sido presionadas para reducir este tipo de acciones extra legales. Sin embargo, el problema se incrementa aún más cuando parte de la población apoya a los actores de la “justicia popular” y el sistema formal de control social se muestra impotente para revertir el problema mediante la detención de los “justicieros”.