Alcaldes Mayores

The focus of this research is Antonio Vivencio del Rosario’s role as a public character in the Philippines of the 19th century, the origins of del Rosarios family and the specific aspects of his life, making a special citation at the time he was Secretary of the University of Santo Tomas. This was an special circumstance because he was the first non-priest to acquire the position. In connection with this, Vivencio del Rosario’s relationship with the University’s Dominican Priests  and the period he worked as a lawyer in the Audiencia Real will also be discussed. Aside from that, the study will deal with his life and his relationship with Jose Rizal’s family. These information will be laid out and analyzed in their own historical and social contexts.

La proximidad del Bicentenario de la Revolución de Mayo constituye una circunstancia oportuna para volver a reflexionar en torno a los cambios y continuidades que se operaron en el Río de la Plata. El análisis desde el nivel sociopolítico y jurídico da cuenta de la existencia de derechos diferenciados en esta sociedad de Antiguo Régimen. Así, los indígenas (o "naturales de Indias" en su acepción jurídica) fueron considerados menores civiles por la legislación indiana; aunque eran personas libres y tuvieron derechos que a ese status correspondían, no gozaron la condición de "padre de familia" ni  de sus fueros. Esta situación diferencial se percibe, entre otros aspectos, en la administración de la justicia y, particularmente, en la aplicación de castigos y penas. La Revolución de Mayo y los gobiernos que se instalaron posteriormente innovaron bien poco en materia judicial, manteniendo en funcionamiento a la Audiencia de Buenos Aires hasta 1812. Esta situación generó una nueva superposición de jurisdicciones y poderes, apoyada sobre el ya complejo esquema colonial. A lo largo de la década de 1810 asistiremos entonces, por un lado, a la continuidad de instituciones y procedimientos burocráticos y, por el otro, al surgimiento de un discurso revindicatorio "del indígena" en un contexto de guerra, faccionalismo y provisionalidad.  Nuestro trabajo propone iniciar el análisis del derrotero de las diferentes autoridades públicas habilitadas para castigar y/o corregir. Desde el período colonial y hasta bien entrado el siglo XIX, la capacidad punitiva estuvo depositada en los jefes de familia, únicos sujetos de derechos y obligaciones. En tanto menores jurídicos frente a la justicia, los indígenas se hallaban bajo la cabeza de varias autoridades (el patrón de la estancia, el comandante de frontera, el padre misionero, el protector de naturales), subordinadas éstas, a su vez, a los órganos de gobierno (cabildo, audiencia y virrey hasta 1810; cabildo, audiencia y junta después de esa fecha). Las relaciones de autoridad, diseminadas en múltiples instancias, copiaban el modelo del vínculo paterno-filial, amparado en la profusa legislación castellana. Intentamos acercarnos aquí a la multiplicidad del repertorio punitivo a disposición de las autoridades, como así también a las múltiples sujeciones personales a las que estaban afectados los indígenas.