LAVADO DE DINERO

En este artículo se examina la relación entre las Unidades de Inteligencia Financiera de México y los Estados Unidos para investigar flujos inusuales de dólares en México, así como para detectar una red transnacional de blanqueadores de dinero entre 2012 y 2014. Se mide el impacto tomando en consideración la evolución de la cooperación entre las Unidades a través de sus reportes anuales y documentos oficiales, aunado al Informe Anual del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. Se analizan los procesos de intercambio de información entre ambas instituciones y evalúa su vinculación en la construcción de la inteligencia requerida para articular órdenes judiciales por lavado de dinero (LD). Se concluye que esta relación ha sido benéfica para ambos países, ya que existen casos exitosos de detención de criminales por blanqueo de capitales gracias al trabajo en conjunto de las Unidades.

¿Por qué surge y qué regula?
La ley Anti lavado de Dinero constituida como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) entra en vigor en el año 2013 y surge principalmente para hacer frente a la falta de regularización derivado de la globalización en los sistemas financieros y la forma que se hacían y hacen operaciones electrónicas, creando sistemas con conexiones internacionales y permitiendo que las operaciones entre países hicieran más factible que se presentaran esquemas de fraude y lavado de dinero. En los años 80´s se detonan los sistemas de pagos internacionales, permitiendo que la economía de los países se interconectara entre sí, llevando a que las transacciones viajen de un país a otro siendo muy difícil o complicado su identificación y creando una puerta enorme de oportunidades para los terroristas o narcotraficantes a poder mover recursos de procedencia ilícita a diferentes partes del mundo para después incorporarlo a la economía formal a través del vulgar mente llamado "lavado de dinero" el cual consiste en hacer que el dinero obtenido de manera ilegal (siendo las actividades más comunes según

A raíz de un caso de la jurisprudencia nacional, el autor analiza el problema de la mezcla de activos lícitos e ilícitos en una cuenta bancaria: ¿las operaciones realizadas con dicha mezcla están parcial o totalmente
contaminadas?, ¿son imputables como lavado de activos? Para resolver
estas interrogantes, aplica la teoría de la imputación objetiva.

Resumen: Los casos del derecho penal económico actualmente son el motor de la evolución de las instituciones de la teoría del delito, de manera específica tal proceso de cambio se grafica en este ensayo con la exposición de 10 casos del delito de lavado de activos, relacionados a la definición del delito de lavado de activos, la autonomía del delito de lavado, el tipo subjetivo, la consumación del delito, el rol del abogado como sujeto obligado y la contaminación o descontaminación de activos de origen ilícito

El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son actividades ilícitas que perjudican el crecimiento y la estabilidad económica de un país; estos delitos están relacionados con el aumento de la pobreza y la violencia por lo que su control debe ser riguroso. Estainvestigación diseña un modelo desegmentación basado en el factor jurisdicción que permite identicar las ciudades de mayor exposición al riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Colombia. Para dar cumplimiento a lo anterior, se recolectó la información disponible para los 1.122 municipios del país, proveniente de fuentes externas como la Fiscalía General dela Nación, el Observatorio de Drogas de Colombia e indepaz. Los resultados reflejan que el 85% de los municipios son
clasifcados como riesgo bajo, 15% como riesgo medio y menos del 1% como riesgo alto en lavado de activos

Las ganancias generadas por la comisión de actos delictivos tales como: narcotráfico, tráfico ilegal de personas, armas, animales y demás genera utilidades que son ingresadas al ciclo normal de la economía como si provinieran de fuentes legales, lo cual se conoce como el delito de lavado de dinero o blanqueamiento de capitales.
Los métodos de investigación financiera permiten obtener prueba indiciaria de la comisión de estas faltas, al determinar que los gastos y el nivel de vida del investigado es superior al que le permiten sus ingresos legalmente declarados, y que por lo tanto, se puede presumir que provienen de un delito, lo cual unido a otras pruebas demuestran la comisión del delito de lavado de dinero.
Estos métodos están:

a. Método del efectivo
b. Método de rastreo de un depósito específico
c. Método de Depósito bancario
d. Método del Ingreso-Gasto
e. Método del Valor Neto

Estos métodos se enfocan en distintas áreas de investigación pero todos permiten demostrar que el investigado posee fuentes de ingresos de origen ilícito.

: La presente contribución busca indagar en la regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Para, en un primera parte se busca revisar la evolución internacional del fenómeno, desde su surgimiento a su estado actual; luego se revisan los principales instrumentos internacionales, incluidas las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera; a partir de esto se establece una visión crítica dela forma de imposición de estas medidas en el contexto internacional por utilizarse la coacción mediante listas negras, por reportar pocos beneficios para los países, por los problemas de tipificación de los delitos y los relacionados con la legitimación de la adopción de estándares provenientes del “sof law”.

En momentos que la ciudadanía reclama un serio combate a la criminalidad organizada y la corrupción, existe una figura penal de reciente data, que sirve como instrumento para cortar los tentáculos de estas poderosas organizaciones que actúan al margen de la ley, evitando que su dinero, bienes y otros caudales, ingresen al circuito económico para no ser detectadas y finalmente, poder retroalimentarse y continuar con sus actividades ilícitas. De esta manera como la coyuntura lo amerita, para entender el delito de lavado es necesario conocer de manera muy breve sus orígenes y concepción, así como también su relación con otros tipos de nuestro corpus sustantivo, el cual será abordado en el presente trabajo.

El pitufeo o smurfing es una de las técnicas más comunes para lavar dinero negro en Colombia. El dinero negro, por su parte, proviene de dos fuentes: de actividades ilegales como el narcotráfico, o de actividades legales pero que no ha sido declarado para no pagar impuestos.

Es una publicación que contiene los siguientes temas:1) La lucha contra la corrupción en un mundo globalizado 2)  Sobre la fiscalía europea anticorrupción, 3) Mecanismos de cooperación internacional en la investigación de delitos económicos y de corrupción. 4) La competencia como bien jurídico 5) La responsabilidad penal por omisión de los directivos de las empresas. 6) Lavado de dinero Paraguay
Autores: Manuel Abanto, Nicolás Rodríguez, Marcio Battilana, Klaus Tiedemann, Eduardo Demetrio Crespo, Ricardo Preda Del Puerto

La Universidad de las Aserciones Paranormales (la UDLAPA), ubicada en el estado del Pueblote, es la universidad del momento. La universidad sale en los medios nacionales y locales porque ha sido ocupada por la policía pueblerina.
Aparentemente el merequetengue tiene que ver con una pelea familiar por dineros y propiedades. Además de la familia Jerkings, ya se metió el gobernador del Pueblote, el Fiscal de la República de los Agachados y un sinfín de abogados bravos y chavos ibero en acción. La UDLAPA cuenta con un nuevo patronato y el campus ahora está ocupado por fuerzas policiales, en lugar tener estudiantes y flores...

En el presente documento se explica el tema del fraude y el blanqueo de capitales son actividades ilícitas, con las cuales resulta cada vez más común que el profesional en ciencias contables o auditor se enfrenta, y por lo tanto, se pretende suministrarle distintas técnicas de investigación contable, como lo son: a. Analizar, b. Comparar y c. Examinar
Igualmente, se explica la importancia de estudiar detalladamente los Estados Financieros de la empresa, con particular atención en el Estado de Resultado, siendo en éste en donde se recogen las partidas que generalmente son afectadas cuando se lleva a cabo un fraude o blanqueo de capitales. Se suministran distintos indicadores, que corresponden a señales de alerta para estos profesionales, en distintos ámbitos como: Registros contables, Documentación de respaldo, Sistema de Control Interno, Ciclo de ventas y cuentas por cobrar, Ciclo de compras y cuentas por pagar, Inventarios, Administración del personal y Tesorería.
Finalmente, se desarrolla un caso práctica como un ejemplo de la aplicación de este tipo de análisis, con el fin de determinar y probar, como un negocio es utilizado para ocultar el delito de blanqueo de capitales.

El presente trabajo tiene como objetivo establecer la relación entre el delito de lavado de dinero y el fútbol. Se exponen los aspectos teóricos y normativos más importantes acerca del delito mencionado, su trasnacionalidad, y el desarrollo del mismo en un deporte de carácter tanto nacional e internacional como lo es el fútbol.  A su vez, se destacan ciertos casos que ayudarán a entender de qué manera funciona la criminalidad en un deporte que abarca una multiplicidad de  personas y maneja exorbitantes sumas de dinero.

Los casos del derecho penal económico
actualmente son
el motor de la evolución de las instituciones de la teoría del
delito, de manera específica tal proceso de cambio se grafica
en este ensayo con la exposición de cinco casos del delito
de lavado de activos, relacionados con la definición del
delito de lavado de activos, la autonomía del delito de lavado,
la dogmática de los delitos de conexión, la contaminación
o descontaminación de activos de origen ilícito y la
consumación del delito

El objeto de este trabajo es plantear interrogantes y propuestas de interpretación en torno a la elaboración de las necesarias limitaciones que deban formularse entre los delitos concursales, las insolvencias punibles y el delito de lavado de dinero. Más allá de las concepciones que se tengan sobre la estructura del delito concursal –o insolvencias punibles en términos generales–, lo cierto es que en la regulación chilena estos comparten en su mayoría como presupuesto comisivo la figura del ocultamiento de bienes (material o jurídico); conducta que es justamente el núcleo central de las hipótesis del delito de lavado de dinero, cuando los bienes provienen directa e indirectamente de la comisión de un delito precedente, conforme al catálogo establecido en el artículo 27 letra a) de la Ley 19.913.

Al respecto, y partiendo de la base que la figura del ocultamiento de bienes es un ámbito que desde el Derecho Comercial se ha venido desarrollando durante bastante tiempo, últimamente es posible identificar determinadas tensiones en materia de aseguramiento patrimonial de bienes, particularmente en relación con el delito de lavado de activos cuando los bienes de origen ilícito provienen de la comisión de alguno de los delitos económicos o de corrupción que se encuentran contemplados como delito base en el referido artículo 27. Lo anterior, estimamos que se debe principalmente a los efectos de dos reformas legales que fueron tramitadas y discutidas por cuerdas separadas, prácticamente con la misma temporalidad, pero sin considerar el efecto que tendrían determinadas normas en la aplicación práctica de los tipos penales implicados, esto es: la Ley 20.720 y la Ley 20.818, que modifica la Ley 19.913 . Esto último será particularmente relevante dada la tendencia creciente de nuestro legislador a la ampliación del catálogo de delitos base y que se ve reflejado, por ejemplo, con la reciente entrada en vigencia de la Ley 21.121 que incorpora como delito base de lavado, los delitos de apropiación indebida y administración desleal.

En este sentido, se plantea que el efecto de las modificaciones legales, particularmente del artículo 149 de la Ley 20.720, ha traído como consecuencia una afectación a los intereses y patrimonio de las víctimas de delitos base de lavado de activos, cuando el agente que lo cometió reviste además la calidad de deudor en los términos contemplados en la Ley 20.720. A partir de esta constatación, y luego de revisar someramente los fundamentos de la tipificación de los delitos concursales, insolvencias punibles y lavado de dinero, se plantea establecer contornos mínimos de aplicación de la referida norma.

El artículo tiene como objeto la cuestión de la punibilidad a título del blanqueo de capitales –específicamente a tenor del tipo de contacto o aislamiento– de los abogados defensores por ser remunerados con dinero (u otros bienes) proveniente del delito que se le imputa a sus clientes.
Dicha problemática se analiza a la luz del derecho en cuyo ámbito se ha suscitado la discusión más rica al respecto: el derecho alemán. Para ello,
primeramente, se esbozan los rasgos fundamentales del tipo de obtención y de la institución de la defensa (electiva). A continuación se describe cómo la situación legal vigente en Alemania conduce a una colisión de
intereses entre la necesidad de una lucha penal contra el blanqueo y el derecho del imputado a una defensa electiva efectiva. Es por eso que a continuación se presentan y ponderan las propuestas de solución, tanto la
actualmente vigente del BVerfG así como las soluciones alternativas. Tras ello se expone una postura personal para lo cual se defiende la necesidad de una reducción teleológica y se discute el bien jurídico protegido por el § 261 II StGB. A continuación, se caracteriza al tipo de aislamiento como un delito de peligro abstracto contra la Administración de Justicia, especificidad que resulta decisiva para proponer una nueva fundamentación para una restricción teleológica del tipo objetivo.

Con fecha 10 de julio de 2020 la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de apelación presentado por el Ministerio Público en contra del auto de apertura de juicio oral dictado por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, que había excluido temáticamente por supuestas inobservancias a garantías fundamentales, la declaración de testigos funcionarios policiales, quienes habían elaborado informes policiales patrimoniales de distintos acusados, en el marco de la investigación por el delito de lavado de activos en el denominado caso “Fraude a Carabineros” o caso “Verde Austral” (R.U.C. 1601014175-7, RIT N°4730-2017) .

El presente artículo, tiene por objeto analizar los fundamentos de la resolución recurrida y de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, para luego desarrollar someramente el estándar de la exclusión probatoria contemplada en el artículo 276 inciso primero del Código Procesal Penal (en adelante; CPP), refiriéndome a las distintas posturas doctrinales sobre la pertinencia y la conexión de estos desarrollos con el debate jurisprudencial por la existencia o inexistencia de la denominada “exclusión temática” a nivel interno, abordando los escasos pronunciamientos de la doctrina e indicando los argumentos más frecuentes que suelen darse en audiencias al respecto. Finalmente, se realizarán algunas observaciones sobre las denominadas reglas “contra epistémicas” como limitaciones al principio general de inclusión de prueba, para luego señalar cómo es que el hecho de invocar una función depuradora del juez de garantía implicaría -a su vez- estar dispuestos a asumir el riesgo de un potencial incremento de error judicial por falso negativo en el proceso penal -especialmente- en casos con delitos de alta complejidad.

RESUMEN Esta investigación tiene como propósito presentar el impacto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita (LFPIORPI) en México. Dicha ley impone obligaciones administrativas, a contribuyentes que desarrollan actividades vulnerables. Es una investigación mixta, se aplicó el método analítico toda vez que por la naturaleza de dicha ley es necesario un análisis de cada actividad vulnerable, el tipo de estudio es exploratorio, descriptivo y explicativo. El diseño del instrumento fue basado en el artículo 17 de la LFPIORPI (2013), el cual enumera 15 actividades vulnerables; en algunos casos existen subgrupos de estas actividades. Se aplicó una muestra del tipo intencional a 20 contribuyentes que desarrollan actividades en la industria de construcción en la ciudad de Puebla México a través de la página de internet " encuesta fácil ". El instrumento de investigación utilizado permitió detectar cuáles son las razones de la incorrecta interpretación y cumplimiento de la ley, así como afirmar que la iniciativa de ley vigente en la cámara de diputados, no observa con precisión la revisión continua de la LFPIORPI, ni propone un órgano autónomo independiente que vigile el cumplimento de la misma. ABSTRACT This research examines the impact of the Federal Law for the Prevention and Identification of operations with illegal proceeds (LFPIORPI) in Mexico. This law imposes administrative obligations on taxpayers who develop vulnerable activities. It is a joint research. Analytical methods are used whenever the nature of the law of each vulnerability analysis activity is required. The type of study is exploratory, descriptive and explanatory. The design of the instrument was based on article seventeen of the LFPIORPI (2013), which lists fifteen vulnerable activities. In some cases there are subgroups of these activities. A sign of intentional type 20 taxpayers operating in the construction industry in the city of Puebla Mexico was applied through the website " easy survey ". The research instrument allowed the detection of reasons for

Existen dos tipos de procedimientos encaminados a privar a los delincuentes de sus bienes. Los más antiguos y naturales son aquellos denominados in personam. Mediante dichos procedimientos, la extinción del dominio deriva de una secuela penal seguida sobre la conducta del individuo mismo, y no sobre la calidad de los bienes cuya desapropiación se persigue. Por el contrario, los procedimientos in rem son aquellos encaminados a extinguir el dominio de los particulares sobe un bien, a causa de la situación específica del mismo. Su naturaleza es esencialmente civil y no penal. En este tipo de procedimientos no opera el principio de presunción de inocencia, pudiendo ser revertida la carga de la prueba al particular. La utilización de procedimientos in rem como herramienta de control de la criminalidad es una novedad surgida en 1970, cuando el congreso estadounidense aprobó la Ley Integral para la Prevención y el Control del Abuso de Drogas. Los decomisos civiles pueden ser de naturaleza administrativa o judicial. Los procedimientos administrativos de extinción de dominio, por un lado, liberan al Estado de toda carga probatoria. En México, el decomiso administrativo se actualiza en el ámbito federal a través de la figura del abandono de bienes. Por su parte, el decomiso judicial de los instrumentos, objetos y productos del delito ha sido tradicionalmente considerado como una pena, impuesta mediante la sentencia respectiva en la que se declare la responsabilidad del delincuente. No obstante, el decomiso judicial mediante criterios de prueba civil es una creación bastante reciente, surgida en 2008 a partir de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal. En México, a partir de 1996, el artículo 400-Bis del Código Penal Federal extendió la inversión de la carga de la prueba al ámbito penal, al establecer la posibilidad de que un individuo sea condenado por lavado de dinero a base de meras indicios. En 2008, una serie de reformas incorporaron a la Constitución el principio de presunción de inocencia en materia penal. Con ello, cabe esperar que el criterio adoptado por nuestros tribunales federales a favor de la inversión de la carga de la prueba sea revisado y eventualmente interrumpido.

El presente artículo tiene por objeto realizar un breve análisis de la primera sentencia condenatoria pronunciada en juicio oral por el delito de lavado de dinero con delito base estafa, desde la reforma de la Ley 20.818, que amplió el catálogo de los delitos precedentes del lavado de dinero.
Se analiza la historia de la ley que motivó dicha modificación, la incorporación del delito de estafa como delito base y se plantean algunos nudos críticos vinculados con el destino de los bienes decomisados en Chile. Particularmente, al revisar los problemas generados en el presente caso a propósito de la recuperación de activos, entre el comiso de bienes y las pretensiones de reparación de las víctimas del delito de estafa a través de la indemnización de perjuicios.

SUMARIO

I. Introducción; II. Historia de la ley 20.818; 1. Principales modificaciones que indicen en el presente análisis; 2. Ampliación del catálogo: Estafa como delito base de lavado de activos; III. Caso Nora; 1. Hechos sobre los cuales versó el juicio oral; 2. Razonamientos expuestos por los sentenciadores para entender por configurados los tipos penales en comento; 2.1. En cuanto a la configuración del delito de estafa; 2.2. En cuanto a la configuración del delito de lavado de dinero; IV. Comiso por lavado y víctimas del delito base y; V. Excurso: ¿hacia nueva lectura del artículo 36 de la ley 19.913?

El presente trabajo se propone analizar el aparente conflicto que se produciría en la tipificación del delito de lavado de activos, al constatar la coexistencia de la frase a sabiendas, tradicionalmente interpretada como una exigencia de dolo directo, y de una hipótesis culposa. Esto produce graves dudas respecto al tratamiento que tendría, entonces, una imputación a título de dolo eventual. Para ello, se intentará demostrar, en primer término, que la presencia del a sabiendas en la formulación del tipo del artículo 27 letra a) afecta solo a uno de sus elementos, esto es a la ilicitud de los bienes. Luego, y sentado lo anterior, se argumentará en el sentido de establecer que el efecto de la frase en cuestión no opera restringiendo los títulos de imputación sino, explicitando una exigencia de conocimiento sobre una circunstancia ajena a la voluntad del potencial autor. Finalmente, se evidenciará la compatibilidad del a sabiendas con una imputación a título de dolo eventual, destacando que es justamente este requisito, explicitado por el legislador, lo que diferencia la conducta negligente de la dolosa

Las disposiciones contenidas en la presente Norma, son aplicables, sin excepciones, a todas las Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas (IFIM) que están bajo el registro, regulación, supervisión, vigilancia y fiscalización de la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI).

La presente Norma tiene por objeto establecer los requisitos, pautas y aspectos básicos y mínimos sobre las medidas que las IFIM, deben adoptar, implementar, actualizar y mejorar, bajo su propia iniciativa y responsabilidad, acordes con la naturaleza de la industria y mercado en que operan y según el nivel de riesgo de sus respectivas estructuras, clientes, negocios, productos, servicios, jurisdicción en que operan, para gestionar, prevenir y mitigar el riesgo de ser utilizadas, consciente o inconscientemente, de manera local o transfronteriza, para el Lavado de Activos y para el Financiamiento al Terrorismo, en adelante LA/ FT.

El enfoque basado en riesgos (EBR) para la prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México es una de las obligaciones establecidas en la regulación local y es la base de los programas de combate a estos delitos de las Entidades Financieras. Diseñar e implementar un EBR implica una serie de retos que los Oficiales de Cumplimiento deben considerar para lograr cumplir con esta obligación.

Entrar en la temida lista Clinton supone afrontar gravosas sanciones comerciales para los particulares y empresas incluidos en la lista. A través de ella, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) señala las personas naturales y jurídicas que considera que participan o prestan servicios en redes de delincuencia organizada, particularmente narcotráfico.

Durante la mayor parte del siglo pasado, el lavado de dinero no fue considerado una actividad ilícita en si misma. El primer intento por frenar el blanqueo de capitales surgió en 1970, mediante la aprobación en Estados Unidos de la Ley del Secreto Bancario. En 1978, el parlamento italiano criminalizó por primera vez en el mundo el lavado de dinero. No obstante, fue el Congreso Estadounidense el que le dio a la legislación antilavado un impulso determinante, mediante la aprobación en 1984 de la Ley para el Control del Lavado de Dinero. Además de establecer el correspondiente tipo penal, dicha ley también facilitó la obtención de información bancaria así como la intervención de cuentas por parte de las autoridades. Naturalmente, tales cargas regulatorias colocaron a las instituciones financieras de aquel país en una posición de desventaja en el mercado. Así las cosas, Estados Unidos comenzó una cruzada para igualar el terreno regulatorio antilavado en el resto del mundo. Ante tal panorama, las organizaciones delictivas iniciaron de manera creciente a transportar sus recursos físicamente a través de las fronteras. En respuesta, y tras los atentados terroristas ocurridos el 11 de septiembre de 2001, fue aprobada la USA PATRIOT Act, mediante la cual fue criminalizado el transporte oculto de dinero en efectivo a través de las fronteras del país, atenuando importantemente las cargas probatorias del estado. En México, el primer tipo penal contra el lavado surgió en 1989 como una adición al Código Fiscal de la Federación. Seis años después, el tipo fue trasladado a la legislación penal, mediante la adición del artículo 400-Bis al código sustantivo federal. Dicho artículo introduce un elemento de preocupación mayor al sistema jurídico mexicano, consistente en la eliminación del principio de presunción de inocencia y la correspondiente reversión de la carga de la prueba sobre el particular.

El problema del destino de los bienes decomisados en Chile se comienza a visualizar de forma paulatina, por la reciente incorporación de nuevos "delitos base" al catálogo de delitos del artículo 27 de la ley 19.913 sobre lavado de dinero, cuya comisión implica la afectación de bienes jurídicos individuales. Si bien existe consenso en la adjudicación prioritaria del Estado, respecto de los bienes decomisados, cuando el delito base haya sido tráfico de drogas, no resulta satisfactoria la solución dada para el destino de los bienes cuando el delito base sea cualquier otro delito que, por su naturaleza, afecte víctimas determinadas. Dada la naturaleza jurídica de pena que tiene el comiso en nuestro ordenamiento jurídico y el carácter de "herramienta contra la criminalidad organizada" que adquiere en materia de lavado, la aplicación de la pena de comiso sobre los bienes y ganancias ilícitas del condenado, podría terminar mermando la posibilidad de las victimas (del delito base), de poder optar por una indemnización posterior.
Con la modificación de la ley 20.818 a la ley 19.913 se introdujo un nuevo artículo 36 en el que el legislador propone un mecanismo para establecer otro destino a los bienes decomisados en materia de lavado. Sin embargo, dicha modificación no soluciona totalmente el problema, según se analiza en el presente trabajo.

Con la sanción de la ley 26.683, en el año 2011, que incluyó el delito de lavado de activos bajo el Título XIII del Código Penal -Delitos contra el orden económico y financiero-, el legislador creó -o reconoció un nuevo bien jurídico e introdujo determinadas innovaciones, acordes con los requerimientos internacionales. Sin embargo, la nueva regulación no ha fijado la competencia material de este delito por lo que, al analizar la jurisprudencia actual, si no se interpreta con claridad. Este artículo propone que debe interpretarse que se trata de un delito de competencia concurrente entre las Provincias y el Estado Federal.

El presente libro en su segunda edición, es el resultado de una investigación de carácter documental que pretende mostrar de una manera sencilla y práctica, la forma de realizar una Auditoria Forense aplicada a las Instituciones de Educación Superior – IES en cualquier lugar del mundo, esta se realizó con el resultado del trabajo de estudiantes de las universidades en donde he prestado mis servicios profesionales y académicos como docente a nivel de pre-grado, pos-grado y que se ha fortaleció con las investigaciones realizadas en otras Universidades en donde se ha sido director de programa de Contaduría Pública.
Para esta segunda edición, fue necesario recopilar información fundamental con respecto a la experiencia de la Auditoria Tradicional que llevan a la Auditoria Forense con los Estándares Internacionales de Auditoría entre otros, Técnicas de Auditoria, Fundamentos, normas, políticas y procedimientos vigentes de la Educación Superior por lo menos de referencia en Colombia, organismos que la regulan, principales fraudes que se pueden dar y se dan en la educación superior como una propuesta de modelo de estándar para aplicar en la Auditoría Forense en otras áreas previas para adaptarlas a las necesidades de la misma.
A medida que este se desarrolle se puede conocer más en detalle cada uno de los conceptos anteriores y es más sencillo llegar a establecer un diseño metodológico de desarrollo de una Auditoria Forense que sea aplicada a una Institución de Educación Superior en cualquier Institución de Educación Superior - IES.

El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son actividades ilícitas que perjudican el crecimiento y la estabilidad económica de un país; estos delitos están relacionado con el aumento de la pobreza y la violencia por lo que su control debe ser riguroso. La presente investigación diseña un modelo de segmentación basado en el factor jurisdicción que permite identificar las ciudades de mayor exposición al riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) en Colombia. Para dar cumplimiento a lo anterior, se recolecta la información disponible para 1122 municipios del país, proveniente de fuentes externas como la Fiscalía General de la Nación, el Observatorio de Drogas de Colombia e Indepaz. Los resultados reflejan que el 85% de los municipios son clasificados como riesgo bajo, 15% como riesgo medio y menos del 1% como riesgo alto en lavado de activos

El Proyecto Evalúa y Decide se inserta en la misión del Centro de Estudios
Espinosa Yglesias (CEEY) que busca fomentar una discusión seria de los temas
públicos y promover políticas más sólidas y eficaces. El Centro selecciona
reformas o nuevas leyes de trascendencia nacional para exponerlas al escrutinio
de expertos (académicos, consultores, profesionistas y miembros de
organizaciones civiles) que, en mesas de análisis, las discuten y evalúan con la
perspectiva del ciudadano y del interés público. El propósito de estos ejercicios
es influir en los tomadores de decisión para que las observaciones de los
paneles sean recogidas en la legislación final.
En esta ocasión, el CEEY propuso a un grupo de expertos reconocidos la
revisión metódica de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley Federal
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo (además de la Reforma al Artículo 27 y
adición del Artículo 27 Bis, ambos del Código Fiscal de la Federación),
presentada por el Poder Ejecutivo Federal el 26 de agosto de 2010, en el marco
de la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero
y el Financiamiento al Terrorismo”.
Los trabajos de este panel de expertos estuvieron encaminados a
producir el presente reporte, mismo que consta de tres elementos: una
calificación numérica que refleja la pertinencia general de la iniciativa, un
recuento de los principales aciertos y deficiencias y, finalmente y más
trascendente, recomendaciones puntuales del cómo subsanar tales
imperfecciones y mejorar la iniciativa de dictamen.

El empresario David Murcia se declaró culpable de conspiración para el lavado de activos ante un juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Murcia, quien es el ex director de DMG, llegó a un acuerdo con la Fiscalía después de varios meses de negociación.

El blanqueo de capitales es una actividad que afecta los niveles económicos, políticos y sociales de una jurisdicción, nación o región. La presencia de ciertas características en la economía y sociedad representan un riesgo para crear condiciones que pueden desencadenar en blanqueo de capitales. Para la gestión de estos riesgos, el Estado, familia y mercado deben estar armonizados, si alguno de estos componentes se desarticula, traerá como consecuencia un debilitamiento en la sustentabilidad social y económica, la estabilidad del mercado y finalmente el bienestar de las familias. El ensayo propone una herramienta teórica con un enfoque de prevención y control Neo-Institucionalista basado en los tres componentes, para posteriormente desarrollar la comprobación empírica. Es un enfoque respaldado por normas legales y morales, identificando específicamente el riesgo de blanqueo de capitales y las acciones que permitan mitigar las vulnerabilidades, amenazas y consecuencias para alcanzar el equilibrio y bienestar social.

Los hijos de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, conocidos como los exjefes del llamado cartel de Cali, deberán comparecer ante un juicio por los hechos de lavado de activos, luego de que la acusación, donde se les ubica en calidad de coautores, fuera dejada en firme en segunda instancia, por el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Creada por el Gobierno de Estados Unidos y ejecutada por el Departamento del Tesoro, la Lista Clinton tiene como objetivo luchar contra el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de activos.
La Lista nació en 1995, y se utiliza para bloquear a aquellas empresas relacionadas con el narcotráfico. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros recopila testimonios y pruebas, y determina quién ingresa a ella.

Existen dos tipos de procedimientos encaminados a privar a los delincuentes de sus bienes. Los más antiguos y naturales son aquellos denominados in personam. Mediante dichos procedimientos, la extinción del dominio deriva de una secuela penal seguida sobre la conducta del individuo mismo, y no sobre la calidad de los bienes cuya desapropiación se persigue. Por el contrario, los procedimientos in rem son aquellos encaminados a extinguir el dominio de los particulares sobe un bien, a causa de la situación específica del mismo. Su naturaleza es esencialmente civil y no penal. En este tipo de procedimientos no opera el principio de presunción de inocencia, pudiendo ser revertida la carga de la prueba al particular. La utilización de procedimientos in rem como herramienta de control de la criminalidad es una novedad surgida en 1970, cuando el congreso estadounidense aprobó la Ley Integral para la Prevención y el Control del Abuso de Drogas. Los decomisos civiles pueden ser de naturaleza administrativa o judicial. Los procedimientos administrativos de extinción de dominio, por un lado, liberan al Estado de toda carga probatoria. En México, el decomiso administrativo se actualiza en el ámbito federal a través de la figura del abandono de bienes. Por su parte, el decomiso judicial de los instrumentos, objetos y productos del delito ha sido tradicionalmente considerado como una pena, impuesta mediante la sentencia respectiva en la que se declare la responsabilidad del delincuente. No obstante, el decomiso judicial mediante criterios de prueba civil es una creación bastante reciente, surgida en 2008 a partir de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal. En México, a partir de 1996, el artículo 400-Bis del Código Penal Federal extendió la inversión de la carga de la prueba al ámbito penal, al establecer la posibilidad de que un individuo sea condenado por lavado de dinero a base de meras indicios. En 2008, una serie de reformas incorporaron a la Constitución el principio de presunción de inocencia en materia penal. Con ello, cabe esperar que el criterio adoptado por nuestros tribunales federales a favor de la inversión de la carga de la prueba sea revisado y eventualmente interrumpido.