idEntidadEs y ProPiEdadEs: t ransicionEs tErritorialEs En El siglo xix atacamEño 1 Alonso Barros van H.2 ∑ BioGrafías territoriales y ProPietarias Resumen La demarcación y fragmentación de las tierras atacameñas durante la última década se alimenta de repertorios propietarios entrelazados y diferenciados desde antes de la época colonial. Una serie de documentos inéditos da cuenta de prácticas, conocimientos y valores distintivos, aunque no necesariamente antagónicos, tanto bajo el régimen de propiedad boliviano como en la postguerra del Pacífico. Su análisis resulta en una etnografía del complejo territorial de procesos de diferenciación política y económica nacionales y étnicos que hasta hoy operan en el Desierto de Atacama (región de Antofagasta). Palabras claves: relaciones propietarias – identidad atacameña – racismo – diferenciación socioterritorial. Abstract The demarcation and fragmentation of Atacameño lands during the last decade feeds on property repertoires that interweave and differentiate each other since before the colonial era. A serie of unpublished documents accounts for distinct –yet not antagonistic–territorial practices and values, both under the government of Bolivia and during the post-War of the Pacific. Its analysis keys into an ethnographic understanding of the socio-territorial complex of national and ethnic differentiation processes in place today in the Atacama Desert (Antofagasta Region). Key words: property relations – Atacameño identity – racism – socio-territorial differentiation. Recibido: diciembre 2006. Aceptado: octubre 2007. Hidalgo (2004), Martínez (1998), Larraín (1999) y Castro (2001), entre otros autores, estimulan a profundizar el estudio de las poblaciones interdigitadas y sus territorialidades entretejidas en Atacama durante el siglo XIX. Aplicando un prisma jurídico y antropológico, consideraremos las mutuas implicancias entre propiedad e identidad en la cuenca del río Loa y en San Pedro, especialmente en relación con la trama territorial estatal. Los documentos que presentamos son fruto de esos vínculos: como artefactos burocráticos integran experiencias territoriales compartidas en el ámbito discursivo de los derechos públicos y privados (Barros 2004). Cajías (1975) y Larraín (1999) abordaron la primera mitad de siglo del Litoral de Atacama, mientras Sanhueza (2001), Contreras (2005) y Benedetti (2003 y 2005) lo intentaron para la puna, para resignarse pronto al silencio documental de las décadas previas a la Guerra del Pacífico. Pero es errado pensar que Bolivia sólo tuvo un “proyecto” para el Distrito (Gundermann 2002): como veremos, existió una sólida relación entre la sociedad atacameña y el poder burocrático-militar boliviano; tanto así que, al igual que en el resto de Bolivia, el régimen propietario local estaba entrando en crisis al estallar la guerra en Atacama (Barros 2004). Veremos las relaciones que tuvo esta crisis con diversas acciones identitarias regionales: entre la Colonia y la República boliviana, primero; y 1 Proyecto FONDECYT 11060534: “Discriminación, identidad y desigualdad en períodos de crisis: Etnohistoria jurídico-política de San Pedro de Atacama y Chiu Chiu (siglos XIX a XXI)”, y Proyecto UCN-DGIP 10301169: “Fronteras de Atacama, Lípez y Tarapacá”. 2 Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo R. P. Gustavo Le Paige s. j. (IIAM), Universidad Católica del Norte. Casilla 17, Correo San Pedro de Atacama, región de Antofagasta, CHILE. Email: abarros@ucn.cl. 119 Nº 35 / 2008, pp. 119 - 139 estUdios ataCameños Arqueología y Antropología Surandinas alonso Barros van h. luego, en los inicios de la ocupación militar chilena. La idea es abordar el problema de los límites étnicos (Castro y Martínez 1996; Harris 1997; Martínez 1998; Castro 2001; Barros 2004) siguiendo el rastro documental de las territorialidades e identidades (nacionales, regionales, locales) hacia una sociología de la diferenciación territorial (ver Assier-Andrieu 1996). Bien, el auge de discursos racistas en relación con los períodos de expansión capitalista –en la región, especialmente vinculada a la minería (Cajías 2004; Hidalgo 2004)– lleva a postular la hipótesis de que existe una cociclicidad de los discursos y las prácticas delimitadoras de la territorialidad y de la identidad, con diversos períodos de crisis económica. La conclusión demuestra cómo el actual proceso de diferenciación y estratificación socioterritorial en la región atacameña responde a la misma lógica.3 Voces de cada época integran una cándida etnografía de los límites discursivos de las redes de poder y sus diversas “propiedades” sociales.4 Ritualizado burocráticamente, el conjunto de acciones y documentos nos muestra un cerco que demarca a indígenas de no indígenas y otros grupos, tanto en el papel como en el terreno.5 Los documentos del Archivo Judicial de Antofagasta, del Archivo Nacional y del Archivo Militar encaran diversos puntos ciegos de la memoriografía regional, hiatos historiográficos que son claves para comprender la transformación social e institucional del área al instaurarse la soberanía 3 Propiedades e identidades son los términos burocráticos de diversas disputas por recursos, y como tales deben ser sometidos a una crítica analítica con profundidad histórica. Por desgracia, los textos oficiales y documentos burocráticos suelen ser tomados al pie de la letra por los científicos-colonos que tienen interés en reforzar la dominación indirecta del Estado. 4 La propiedad euroamericana se manifiesta a través de expresiones simbólicas y arquitecturas que archivan títulos que, cuando son escritos, forman el giro principal del Estado-red. Las acciones colectivas, los ciclos de apropiación de recursos y la política del tiempo resultante, están estrechamente asociados a los textos legales (Deleuze y Guattari 1980; Dirks 1987; Fabian 1987; Gupta 1995; Greenhouse 1982, 1996; Barros 1998, 2000, 2003, 2004, 2006, 2007). 5 Hacia mediados de siglo, tres a cuatro mil personas hablaban el kunza en San Pedro de Atacama, Toconao, Soncor, Socaire, Peine, Antofagasta de la Sierra, y lugarejos del cantón de Chiu Chiu. En Chiu Chiu mismo y Calama, sólo personas muy ancianas entendían todavía la lengua, que se habría extinguido completamente principiando el siglo XX (Larraín 1999). ¿Tuvo la Guerra del Pacífico algo que ver con esto? 120 chilena. Chapetones y cholos, criollos y mestizos; españoles, argentinos, bolivianos o chilenos, los documentos diferencian claramente a los indios –también llamados naturales o indígenas. Hasta hoy, son precisamente estos cercos racializados los que dan cuerpo y color a las desigualdades en las relaciones económicas de la región entera, América Latina y el Caribe. ∑ tierras realenGas y tierras de indios Podemos analizar paritariamente las interacciones entre los atacameños y, entre éstos, el Estado y una multiplicidad de identidades, considerando las respectivas territorialidades en pie de igualdad, en tanto colectivos que hacen valer repertorios de exclusión distintivos al competir por recursos en condiciones de negociación asimétrica (Barros 2004). En su representación, desfilan autoridades locales, notables letrados, especialistas burocráticos y rituales, intelectuales, brokers de poder, tráfico y comercio, operando las diferencias entre indígenas y no indígenas. Ellos fabrican documentos que fijan relaciones de exclusión y memorias de dominio, artefactos burocráticos que dan poder sobre la tierra (De la Peña 1999, 1999 Ms; Barros 2003, 2004). La base institucional y burocrática colonial fue de tipo medieval en sus inicios: el indio no producía para el rey en tierras del rey. Legalmente, era vasallo libre, y no siervo de la gleba asignado a un retazo de tierra real. Aunque hubo tierras de repartimiento o de pago trabajadas por el común para pagar el tributo (de tribu), éste se calculaba por cabeza, sin consideración a los topos que poseyera individualmente cada vasallo, o colectivamente la comunidad. Incluso los indios y forasteros sin tierras debían tributar. No sé de casos coloniales de remate al pregón de tierras individuales o de expropiación a alguna comunidad por no pagar sus tributos. Los funcionarios coloniales poco intervenían en el complejo sistema de distribución anidada de usufructos individuales y corporativos de los ayllu. De faltar algún servicio, dinero o especie por enterar, sea al encomendero, al corregidor, a las Cajas Reales o al obispado (conforme a las tasas, padrones y matrículas), el cacique debía responder por la colectividad, sea con su libertad, o echando mano a su peculio personal. Las Nº 35 / 2008 estUdios ataCameños Arqueología y Antropología Surandinas identidades y ProPiedades: transiCiones territoriales en el siGlo xix ataCameño tierras “en términos de caciques” atacameños eran, en consecuencia, inalienables e inembargables y, precisamente, era deber del Protector de Indígenas velar por la integridad de la propiedad preexistente o tierras de origen. Es más, aún incultas, las tierras permanecían en dominio indígena (Zavala 1988; Barros 2004, 2007). Con todo, estos fueros corporativos medievales no llevaron a la inmovilidad absoluta de la propiedad y los linderos tradicionales cedían comúnmente ante diversas presiones provenientes de diferentes enclaves burocráticos y económicos; y en lo que concierne a Atacama, especialmente en períodos de bonanza minera. La Corona declaraba tierras baldías, yermas o incultas que vendía luego como realengas a sus poseedores españoles, criollos, indios o forasteros; a menudo, tras alguna reducción organizada con ese propósito. Menos problemas iba a haber cuando ni caciques ni el Protector de Indios se oponían (Almandoz 1971; Dougnac F. 1975; Zavala 1981, 1988; Dougnac A. 1998).6 En 1768 se inicia en Chiu Chiu un caso que refleja, por un lado, los alicaídos privilegios políticos y territoriales que las leyes de indias otorgaban a los indígenas y, por otro, el respaldo de autoridades originarias a forasteros, 6 Una vez que le pagaban el tributo a sus caciques cobradores o “enteradores”, el indio-vasallo en principio disponía del fruto de su trabajo. Se señala erradamente, que el indio pagaba tributo a cambio de asegurarse el usufructo de la tierra que cultivaba, tierras que eran de dominio real (Assadourian 1982; Platt 1982; Kellogg y Restall 1998; Chambers 2003). Este error conceptual ha servido para legitimar los posteriores despojos republicanos: los (ana)cronistas interesados confinan de este modo la progresiva desterritorialización indígena a la época colonial. Conforme a esta interpretación, los Estados republicanos habrían blanqueado y heredado de España el dominio que suponen el Rey habría tenido sobre las tierras, legitimándolo. Así como hoy no hay un pacto republicano, nunca hubo pacto colonial: De iure, la tierra comunitaria era intocable y no rigió pacto de dominación alguno entre los indios y la Corona, al menos no como se ha entendido (Gundermann 2002, 2003). La Corona no cuestionaba ni delimitaba geográficamente la propiedad indígena, la que se caracterizó por ser mediada y negociada: primero por caciques y curacas, luego por cofradías y otras corporaciones como los cabildos, e incluso –aunque por muy poco tiempo– por el municipio establecido en la constitución liberal española de 1812 (que prefiguró los movimientos independentistas; Hamnett 1999: 140, Chambers 2003: 37). De facto, siempre hubo la posibilidad de una cómoda composición para regularizar la prohibida transferencia de tierras indígenas a no indígenas. Esta tensión fue permanente a lo largo de todo el Período Colonial (Serulnikov 2006). 121 criollos y mestizos.7 El expediente inicia con un poder a Pedro Manuel Rubín de Celis que fue otorgado por Juan Fernández Valdivieso, Juan Chávez, don Basilio Barbosa, don Manuel Chávez, don Juan Pérez, don Lorenzo Carrazana, don Domingo Barbosa, don José, don Eugenio, don Francisco y don Vicente Salvatierra, don Rodrigo Galleguillos, don Manuel Montero, don Marcos Carrazana, don Diego Galleguillos, don Justo Carrazana, don Juan Conicata, Hermenegildo Chávez, Manuel de la Trinidad y Chávez, Pablo Maldonado, Javier de Eraso y Plácido Maldonado españoles y mestizos, vecinos y residentes de San Francisco de Chiu Chiu.8 Piden a la Audiencia de Charcas que les autorice a vivir: “(…) en los términos de su origen y gocen de tierras de sembradíos y pastos, sin perjuicio de los naturales, y puedan libremente comerciar y trajinar comprando bastimentos y viandas e internarlas en los lugares que tuviesen por conveniente” (ANB-EC v. 46, f. 1r-v). Se quejan de que: “(…) siendo oriundos desde sus antepasados no pueden libremente poblar ni cultivar aquellos vastos terrenos, porque los corregidores, con el pretexto de que las tierras son realengas o pertenecen a los indios, los molestan sin permitirles algunos pedazos para su cultivo, sino por el respectivo interés (…) Desde sus antepasados en más de doscientos años, han sido pobladores y habitantes de 7 Expediente seguido por los vecinos de la provincia de Atacama ante la Audiencia de Charcas pidiendo que se les repartan las tierras vacantes y baldías de dicha provincia, se les permita comerciar libremente con los productos de ella, no se les estorbe la internación de efectos al puerto de Cobija y que el corregidor se arregle en los repartos a la tarifa vigente (ANB-EC v. 46). Agradezco a Hans Gundermann por haber llamado mi atención sobre este documento, que despeja parte del “largo silencio documental” sobre la zona correspondiente al período 1758-1774 (Hidalgo 2004: 205). El caso confirma la inexistencia de un mercado formal de tierras abierto a los forasteros: a la Corona le interesaba la calidad y cantidad de vasallos, no la de sus tierras (Serulnikov 2006); además de atajar el contrabando, su mayor empeño consistió en cobrar el tributo y evitar evasiones a la mita (Hidalgo 1986). 8 Tal alianza criolla-chola-indígena ocurría en Oruro por las mismas fechas (Cajías 2004). En 1762, los caciques de Carangas hacían reclamos parecidos en un contexto de odiosidad racializada: los peninsulares chapetones despreciaban a los criollos, a quienes ofendían fácilmente llamándolos “cholos” por ostentar una piel de tonos americanos (Cajías 2004). Otros testimonios de época se refieren a los administradores españoles como a “perros judíos” (Cajías 2004). Nº 35 / 2008 estUdios ataCameños Arqueología y Antropología Surandinas alonso Barros van h. aquellos vastos terrenos [y] no se encuentra razón por que se les prive del beneficio común de que cultiven y siembren aquellas incultas tierras, que se hallan vacas y no están señaladas a los indios, los cuales tienen asignadas muchas, y fuera de ellas hay otras de una inmensa latitud (…) Igualmente los pastos y aguadas deben ser comunes, sin prohibírseles pasteen sus ganados y hagan corrales y cabañas… de lo que asimismo se hallan careciendo estos vecinos y moradores por mero arbitrio de los corregidores, que tratándolos como esclavos no les dejan libertad aún para trajinar y comerciar en trigos y maíces, pues prohibiéndoselos bajo de graves penas se ven precisado a comprarlos del mismo corregidor a precios subidos, porque en él se hace un estanco de bastimentos (…) pero aún es mayor el perjuicio que toleran mis partes en denegárseles la internación de efectos al puerto de Cubija para la pesca [comercio] al que se le inhabilita contra todo derecho, en el cual el pescar en la mar (como que son lugares comunes) es libre a cualquiera, y del mismo modo el comerciar, porque en esta libertad consiste la abundancia de las provincias y el mejor giro de los gobiernos (…)” (ANB-EC v. 46, f. 2 r.). En suma, piden que: 1) se repartan las tierras vacas y baldías para sembradío y pastos “sin perjuicio de los indios”; 2) se conceda amplia facultad para comerciar libremente en trigos, maíces y otros productos; 3) no se les estorbe la internación de efectos al puerto de Cobija para la pesca, y 4) se le ordene al corregidor que se atenga a la tarifa de repartos, que la fije en parte pública y que según ella se paguen los efectos de comercio porque: “con amenazas y extorsiones, les ha repartido mulas, coca y otros efectos a precios exorbitantes, aunque por la violencia podían reclamar para devolvérselas” (ANB-EC v. 46, f. 2 v). Aquí tenemos a un grupo criollo y mestizo en ascenso, formado por parientes de ex corregidores y algunos allegados y protegidos que permanecen en la provincia tras finalizar las funciones de sus progenitores y mentores. Estos 22 peticionarios son los forasteros y “cholos” de las revisitas estudiadas por Hidalgo (1978, 2004), que pagaban tributos diferenciados en arreglo a su respectiva condición social. Son también, con toda seguridad, los que levantaron el pueblo de San Juan de Calama, cuya fundación como ciudad sería de fines del siglo XVIII.9 9 La iglesia o capilla indígena del ayllu de San Juan Evangelista de Chunchor habría sido fundada hacia fines del siglo XVII como anexo de 122 Como era de rigor, el caso fue elevado a consulta del Fiscal Protector General de Indígenas, Martínez de Escobar, quien informa que para que les fueran otorgadas tierras, los solicitantes primero debían fundar una ciudad, villa, pueblo o lugar. Los proto-don y cholos calameños eran, pues, mineros de Oruro, Conchi, El Abra y Santa Bárbara.10 El dato sorprende: a puertas de la rebelión tupacamarista, tenemos a españoles, criollos/mestizos e indígenas relacionados con corregidores pasados, amenazando al corregidor de turno por sus abusos y pidiendo tierras. ¿Fueron forasteros y mestizos criollos los que primero se opusieron al oprobioso monopolio de los corregidores en Atacama? Trasunta que ellos ocupaban tierras indígenas (¿vegas?) que en España eran consideradas comunes de cada pueblo, como los montes, dehesas y ejidos, y que esta ocupación se hacía con anuencia atacameña. Por estas mismas fechas, en Arica, Tarapacá, Chayanta, Oruro, Paria y Carangas brotaban movimientos emparentados (Cajías 2004; Hidalgo 2004), lo que indica que se venía levantado un referente social común, una alianza americana, anticolonial. Pero reconocer semejante frente común criollo e indígena no implica negar las tensiones derivadas del régimen de protección a los indios, que no daba mucha cabida a la propiedad cholo-criolla. La minería en auge generaba capitales de ganadería, comercio y contrabando la de Chiu Chiu (Lehnert 1994: 35). La calle principal del actual sector rural de Calama conocido como Chunchuri se llama Cobija, lo que avala la hipótesis sobre la importancia de ese lugar como zona de poblamiento histórico de la ruta Cobija-Potosí. Las calles de los pueblos atacameños suelen llevar el nombre de su destino. Este fenómeno corresponde con una estructura de la identidad que no es sedentaria ni trashumante, y que podemos llamar direccional. 10 Los Carrazana son un claro ejemplo de movilidad territorial y social, colonial y postcolonial. En los padrones de Atacama la Baja a veces aparecen como forasteros indígenas y otras como cholos y mestizos, generando dudas respecto de su adscripción racial (Melero y Salazar 2003). Si aparecen como cholos, mestizos e indios forasteros es que descienden de Bernabé, huérfano originario de Carangas adoptado por el capitán español Miguel de Carrazana (minero que laboraba ingenios de Atacama la Alta) a mediados del siglo XVII, y a quien éste diera el apellido, manteniéndolo a su servicio (Hidalgo 1992: 123). Plácido Maldonado (quien no es tratado de don) fue gobernador indígena de Cobija y era casado con española. Melero y Salazar (2003) revelan que la mayoría de los trabajadores de las minas del Alto Loa (Conchi) era originaria de Pica y Guatacondo, asalariados cuyas vidas y costumbres describe muy bien O’Brien (Barros y Castro 2007 Ms). Nº 35 / 2008 estUdios ataCameños Arqueología y Antropología Surandinas identidades y ProPiedades: transiCiones territoriales en el siGlo xix ataCameño que resistían el monopolio colonial, nuevamente al centro de las disputas por posiciones y límites, entreveradas con términos castistas. Las trabas identitarias a la circulación de la propiedad y la riqueza fueron un importante foco de tensión regional entre indígenas y criollos, foco que estalló tras la Independencia (Figura 1). Lejos de la ruta Cobija-Potosí, San Pedro de Atacama, en cambio, tuvo una mínima presencia española, composición socioterritorial que seguía cerrada en 1776, cuando el corregidor Argumaniz señala que allí “no hay hacendado ni estancieros españoles, por componerse solo de yndios naturales” (Hidalgo 2004: 180). El corregidor ordena al cacique principal, Agustín Victorino Ramos, que pague de su bolsillo el salario del maestro para la nueva escuela, que debe levantar con cargo a las Cajas de la Comunidad. Para que siempre hubiera con qué pagar, le manda al cacique que “haga que los Yndios en cada Ayllo separado siembre dos fanegas de trigos más de lo acostumbrado por todo el común” (Hidalgo 2004: 178). Se desprende que cada ayllu atacameño tenía ciertas tierras de comunidad para cumplir obligaciones tributarias y Figura 1. Mapa que indica los principales lugares mencionados en el texto. 123 Nº 35 / 2008 estUdios ataCameños Arqueología y Antropología Surandinas alonso Barros van h. derramas y otras tierras de usufructo individual y familiar. Evidentemente, las tierras de pastoreo eran comunes, es decir, se regían por los usos y costumbres de los poblados vecinos. Hidalgo reafirma el tinte “originario” de Atacama la Alta; esto es, una sociedad de agropastores, cazadores y caravaneros, integrada por linajes/alianzas indígenas bajo la dominación político-religiosa local del cacique, el corregidor y el cura. Aunque el desarrollo de la rebelión tupacamarista en San Pedro de Atacama ha sido tratado prolijamente por Hidalgo (1986), hemos querido sumar un enfoque propietario al asunto. Así, el corregidor pudo excluir y alejar a eventuales competidores, contrabandistas y comerciantes criollos y cholos, por medio del control monopólico de las tierras indígenas o realengas. El régimen de tierras también implicaba poder para vigilar y controlar la migración de mano de obra. Con todo, para la revisita de 1804 en la región, fueran indígenas, cholos o forasteros, todos los terratenientes, sin importar su condición social, pagarían $ 10 anuales de contribución al erario. Las reformas borbónicas y la rebelión también tuvieron por fin entonces igualar las castas tributariamente y, por ende, de manera identitaria, prefigurando lo que ocurriría con la Independencia. Veamos ahora cómo los estragos de las guerras de independencia americana pronto alteraron la estructura y distribución demográfica, corporativa y propietaria de la zona, con tiras y aflojes tributarios y fronterizos cada vez más complejos en los confines de las nacientes Argentina, Bolivia y Chile. ∑ la éPoCa Boliviana: el estado exPoliador ¿Qué pasó con la propiedad comunitaria de los indios tras la declaración de independencia boliviana en 1825? Se recalca que el tributo indígena siguió financiando la naciente República (Sotomayor 1874; Cajías 2004; Hidalgo 2004). Pero, ¿reconoció Bolivia la propiedad atacameña comunitaria de origen? Los inmensos pastizales de Atacama la Grande incluyendo la Puna Oriental de Susques, Catua, Olaroz, Pastos Grandes y Antofagasta de la Sierra, los oasis de cuenca y el rico litoral. ¿En qué situación jurídica quedaron? Ya hemos tratado en detalle el marco jurídico evolutivo que regía las 124 tierras comunitarias indígenas durante la época boliviana (Barros 2004).11 Veamos ahora cómo los no indígenas (nacionales bolivianos, chilenos y argentinos) se van adueñando de recursos territoriales originarios atacameños hasta convertirse en una reducida élite regional de terratenientes, comerciantes y mineros que dominan a los indígenas asentados en las dos cuencas (aunque menos claramente a los que vivían en la puna, asolada por montoneros). Esta pequeña clase pudiente se articula a la vera de la antigua ruta que une Cobija (Puerto de Lamar) y Potosí: por su cercanía al reencontrado mineral de Huantajaya (Tarapacá) y con el impulso de la minería en el Alto Loa, Lípez y alrededores, Chiu Chiu vivió un período de bonanza agrícola especialmente activo en la segunda mitad del siglo XVIII y durante la primera parte del siguiente (Melero y Salazar 2003). Aunque las guerras de independencia paralizaron y destruyeron industrias y zonas de abastecimiento, avanzando el siglo, el empuje económico de la plata de Pulacayo y Huanchaca (actual Bolivia) y el cobre del Loa Medio y San Bartolo, extendió la actividad arriera-minera a San Pedro de Atacama, la que creció luego mucho más con la bonanza del salitre y del mineral de Caracoles. Las casas de comercio o de abasto llenaron el vacío estructural dejado por el antiguo régimen de monopolio bilateral que llevaban los corregidores e 11 El Libertador Simón Bolívar dictó en Trujillo el decreto de 8 de abril de 1824, disponiendo que las tierras de comunidad pasasen al pleno dominio de sus actuales poseedores (individuales). En 1825 ordenó la adjudicación a razón de un topo (aprox. 1700 m2) por indígena en los regados y de dos topos en los sin riego. Añadió la prohibición de enajenar estas tierras hasta 1850 (Sotomayor 1874). Se suspendió la ejecución del decreto en 1826, mientras no se censara y catastrara a los indígenas y las tierras sin ocupación. En 1831 se declaró en favor de los indígenas la absoluta propiedad de los terrenos poseídos por ellos durante más de 10 años, facultándose al Mariscal Santa Cruz para reglamentar el proceso. El Mariscal, “sin poder ocultar el tinte de su sangre indígena, pretendía hacerse el representante más caracterizado de la raza india, no creyó oportuno poner por obra esa ley y en 1838 prohibió terminantemente la enajenación de los terrenos reconocidos por la ley de 1831 declarando nulas las transacciones que se hubiesen celebrado en virtud de ella” (Sotomayor 1874: 303). En 1842, Ballivián declaró propiedad del Estado todas las tierras indígenas, considerando a éstos como enfiteutas obligados a pagar una contribución. Al escasear el dinero público, hacia 1866, Melgarejo finalmente ordena confiscar y vender todas las tierras en posesión índígena: “los soldados se hastiaban de violar doncellas hasta que el contacto de la sangre pegajosa les daba náuseas. Los jinetes amarraban los caciques a la cola de sus caballos que hacían correr al galope, abonando así las tierras robadas con la sangre de sus legítimos propietarios” (Daireaux 1963: 195-197). Nº 35 / 2008 estUdios ataCameños Arqueología y Antropología Surandinas identidades y ProPiedades: transiCiones territoriales en el siGlo xix ataCameño intendentes coloniales (Cuadro 1). El aislado oasis de originarios del siglo XVIII devino un activo puerto de sierra cosmopolita, con familias acomodadas indígenas y no-indígenas formando parte de una clase comerciante multinacional (Cuadro 2). Esta clase enganchaba a los campesinos (indígenas y no) en las relaciones de deuda/ peonaje que caracterizaron a toda América Latina, con particular crueldad durante la fase oligárquica conservadora/liberal de la segunda mitad del siglo. En Bolivia, los Melgarejo se apropiaron de este modo de los ricos pastizales en torno a Antofaya (Vidal Gormaz 1879), incluyendo Pastos Grandes, Antofagasta de la Sierra y San Antonio, en lo que se denominó la Finca de San Antonio (Bowman 1941; Contreras 2005). Hacia la vertiente nororiental de la Puna de Atacama, los Campero, apoyados por soldadesca auxiliar argentina, asolaban las proyecciones puneñas de la ex hacienda del Marqués del Tojo, acciones que culminaron en la Batalla de Quera en 1875, donde “las hordas salvajes fueron completamente derrotadas” (Paz 1994, cit. en Contreras 2005). Los estudios sobre la terratenencia indígena de la vertiente occidental de los Andes se han focalizado más en el análisis de la evolución política de la puna (p.e., Sanhueza 2001; Delgado y Göbel 2003). Pero, ¿qué ocurrió con el sector agrícola de oasis y quebrada? ¿Cómo se organizó materialmente la arriería desde Argentina? En Calama Artola Hnos. – más o menos Juan de los Ríos y Hnos. Mercedes Almonte Los Gutiérrez (en Chunchuri) Ramón Cruz Fidel Carrazana Augusto Maxilien Juana (la Chilena) Chinchilla Domingo Morales Varios Verna Habrán además en propiedades cuyos nombres no se recuerdan Para número redondo Cálculo de cuadras (mínimum) ∑ franCisCo y saCarías CatUr Total de alfalfares En agosto de 1872, Francisco Catur, “hijo natural del pueblo de Toconado de estado viudo… enfermo y postrado de agudente”, prepara su testamento y luego muere de disentería en Guatacondo (entonces parte del Perú) (AN-AJA v. 123, p. 5). Le deja a su primo Sacarías una chacrita en Toconao (entonces en Bolivia), y una viña a nombre de su padre, más los tunales e higuera en la orilla del pueblo. También le deja un huerto cubierto de higueras y perales colindantes con la viña del cura, comprado a Doña Manuela Siza, “a la que se dejó [vivir en el huertillo] mientras [duraran] sus días” (AN-AJA v. 123, p. 5). Deja otro terreno blanco de sembrío que linda con la chacra de Pascual Yapura, con la quebrada y con otra chacra perteneciente a la Agencia Luciana. Pero Francisco tenía muchas tierras: en Calama deja dos 125 En Chiu Chiu Lamar y Cía. Pedro Carrazana (testamentaria) Gregorio Carrazana e hijos Benjamín Almonte (testamentaria) Terrenos del cura Entre varios otros propietarios 100 cuadras 100 60 60 30 20 20 20 15 10 25 200 40 700 42 90 150 60 20 140 500 En Santa Bárbara Testamentaria de P. Carrazana 6 En Conchi Potrero de Galleguillos 6 En Atacama Entre las muchas propiedades pequeñas que existen en todo el valle desde Toconao hasta San Bartolo, quedando en medio Atacama, puede calcularse un mínimun [sic] de 600 quedando además las arboledas que no se toman en cuenta… 1812 “De Calama viajan a Huanchaca 120 carretas con cuatro mulas cada una. De Calama a Cobija viajan también veinte carretas con igual dotación de mulas. Ambas tropas acarrean víveres y mercaderías al interior y se proveen de forrajes de Caracoles, Cobija y Tocopilla (…) En Calama y Chiu Chiu hay grandes existencias de llamas que los indios comen y usan como bestias de carga. También hay ovejas de grandes rebaños traídos de la República Argentina y que engordan para remitir a Caracoles y a la Costa. Atacama es el único punto de paso de los ganados arjentinos y el lugar obligado de descanso y pastaje. De ahí pasan a pastar a Calama los que siguen viaje al norte hasta Perú. Hay también entre Calama y Chiu Chiu cerca de 600 mulas de carga que viajan a Potosí (…) Entre Calama y Chiu Chiu habrán como 2000 habitantes y en Atacama cerca de 1000 más o menos. El cultivo de alfalfa produce cuatro cortes de alfalfa en Calama al año y solo dos en Chiu Chiu a causa de las heladas. En Atacama se dan hasta tres cortes. El agua potable es buena en Atacama y Chiu Chiu pero mala en Calama. La gente acomodada hace traer agua para beber de unas ocho leguas más arriba, punto de la confluencia del río Salado que descompone el agua del Loa”. Cuadro 1. Nota de los alfalfales de Calama, Chiu Chiu y lugares vecinos al mineral de caracoles (AGM, Subguerra 1-579, fs. 23-24). Nº 35 / 2008 estUdios ataCameños Arqueología y Antropología Surandinas alonso Barros van h. Señor Subprefecto “Pide se les haga devolver la casa llamada Lericapur por las razones que pasan a decir. Los indíjenas contribuyentes Melchor Martínez, Alcalde Mayor, Isidro Siares, Alcalde del Ayllo de Solo, Victoria Borja Alcalde de Conde-Duque y Mariano Dolores Moro, Alcalde de Beter y Coyo, por sí y a nombre de la Comunidad que representan ante V. S. en cuanto más haya lugar en derecho nos presentamos y decimos: Que ahora dos años se nos despojó de la casa llamada “Lericapur”, único hogar que teníamos desde tiempos inmemoriables para alojar cuando veníamos de nuestros Ayllos con el objeto de asistir al Sacrificio de la Misa y fiestas que tenemos por devoción. Nos es muy sensible, Señor Subprefecto ver que dicha casa ha sido Rematada por la administración pasada privándonos de ese derecho que como trabajo de nuestros padres y antecesores nos correspondía. Despojando además a los comerciantes que vienen de la República Arjentina y de varios otros puntos, y que era la única casa que existía de alojamiento y como perteneciente al dominio público. En cuya virtud imploramos la protección de V. S. para que se digne ordenar se nos entregue la dicha casa en virtud de estar comprendido el mencionado remate en el Supremo Decreto de 19 de Enero del presente año, por tanto es lo que A V. S. pedimos así lo provea y mande y ser de justicia. Atacama Septiembre 1° de 1871.” Firman “por mí y por el Alcalde Mayor Bitorino Bargas. A ruego del Alcalde del Haillo de Solo, Hisidro Siares, Mariano Teman [¿Terán?], Dolores Moro” Cuadro 2. Demanda de la Junta de Alcaldes de San Pedro de Atacama contra la Municipalidad de San Pedro de Atacama por Lericapur (AN-AJA 214, p. 20). rastrojos y una casa a su primo, y otros dos rastrojos a su sobrino Francisco Sales Beltrán, uno que está junto a su casa y otro en Chunchuri. A Andrés Cruz, otro sobrino, deja dos alfadas y una casa junto a la quebrada de Laila.12 También deja unos retazos en Guatacondo… En octubre, Sacarías legaliza el testamento en Iquique y se dirige a Calama, vicecantón de Chiu Chiu (Bolivia). Representado por el Dr. Bartolomé Rebollo13, se posesiona de los terrenos calameños en 1873 y parte a San Pedro de Atacama por el resto. El juez local pone trabas: primero tramita a Catur por no haber señalado domicilio para notificaciones. Rebollo denuncia este abuso porque, en defecto de domicilio, se notificaba con avisos en la puerta del juzgado. Para colmo, el tribunal le pide a Sacarías que haga ratificar las firmas de cada uno de los individuos peruanos que aparecen en el testamento, personalmente, ante un tribunal boliviano. Por último, 12 “Lay-Lay nombre de predio agrícola en la ciudad de Calama” (Lehnert 1994: 42). 13 Barros Arana (1880) lo describe como un facineroso con condenas por asesinato y robo que inexplicablemente en 1876 había logrado alcanzar la posición de Juez de Caracoles bajo el General Daza. 126 el juez notifica al agente fiscal para que informe sobre los intereses del Estado que pudieran estar juego, lo que –decía Rebollo– era ridículo considerando que este asunto sucesorio era estrictamente privado. Por eso en el Perú, donde habían desaparecido legalmente las castas, el testamento se regularizó sin dilación. En cambio ahora, en territorio boliviano Sacarías Catur pasaba a ser “indígena contribuyente de la comunidad de Toconao” (fs. 18). Con indignada ironía, Rebollo denuncia el abuso procesal contra su cliente: “(…) me maravilla en sumo grado que desde el día de hoy se cumpla en el juzgado tan estrictamente la ley y sus disposiciones. ¡Ojalá! Que así sea en todo y por todo, que de parte de nuestros abogados protesto desde luego no omitir cosa alguna (…) como también cumplir otras disposiciones cuya omisión (…) perjudica a los litigantes en general o sea a mi en particular que soy indígena” (AN-AJA v. 123, p. 5, fs. 22). Espetando la improcedencia de consultar al fisco, el abogado deja aún más en claro el resentimiento racializado que existía en la capital del Distrito de Atacama: “Por qué se le pasa al fiscal, un asunto que no procede: debiera haber dicho [el juez] ‘porque mi poderdante es indígena y la notificación es a otro indígena’” (AN-AJA 123, pieza 5, fs. 22). El testamento de Francisco Catur revela cómo los sucesivos procesos de consolidación nacional sudamericanos afectaron la tenencia territorial discontinua que caracterizó tradicionalmente la propiedad indígena y las movilidades asociadas. También revela la gran heterogeneidad de origen de los propietarios mencionados. Lo cierto es que el indio Sacarías Catur tenía gran cantidad de tierras repartidas en distintos lugares, posesiones transmitidas a lo largo de generaciones y complejos entramados genealógicos. Es evidente que las autoridades bolivianas tramitaban las tierras de indios con la punta del pie a la espera de poder quitárselas legalmente. Aunque los sucesores de Melgarejo anularon los fraudulentos remates efectuados bajo su dictadura, no abandonaron la política de expropiación indígena en sí, y en los últimos decenios bolivianos, los tiranos de turno siguieron con el despojo.14 14 A partir de 1874 se intentó ejecutar los decretos de mensura de Bolívar, dictándose la Ley de Exvinculación de Tierras, que desconoció la Nº 35 / 2008 estUdios ataCameños Arqueología y Antropología Surandinas identidades y ProPiedades: transiCiones territoriales en el siGlo xix ataCameño No conocemos a qué extremo llegaron las medidas en Atacama, pero los documentos de preguerra muestran la tierra agrícola altamente fraccionada y privatizada, sugiriendo que en Atacama el régimen corporativo de los ayllu también había mutado hacia formas de propiedad más fragmentarias e individualizadas. La antesala de la guerra no fue apacible para los atacameños: la autonomía relativa de la república indígena, territorial y caciquil, estaba condenada a desaparecer definitivamente bajo la opresión de La Paz. Aunque la función mediadora de los caciques no terminó (p.e., adoptó el nombre de “alcaldes parroquiales”), cedió ante una multitud de operadores burocráticos: jueces letrados y de paz, actuarios, oficiales del registro civil, notarios, subprefectos, procuradores del número, una humanidad que denota la pujanza burocrática del Estado boliviano en San Pedro de Atacama, evidentemente asociada al auge del guano, la plata, el cobre y el salitre. ∑∑ LericaPur Las expropiaciones de tierras de comunidad dictadas por Melgarejo llegaron a San Pedro de Atacama en 1869, recayendo sobre Lericapur15, una recova, mercado o casa de abastos de propiedad común de los ayllu, ubicada en la calle Toconao.16 Con “más o menos cien años de existencia jurídica de las comunidades y ayllu, y por lo tanto, “exvinculó” las tierras de su calidad de propiedad corporativa (Mesa 1990: 225). Finalmente, la ley ordenó que las tierras que no estuvieran materialmente en posesión indígena fueran declaradas sobrantes y propiedad del Estado, para ser rematadas. Contra lo que se cree, esta norma sólo entró en vigencia en 1880, y no llegó a regir en Atacama, Distrito entonces ocupado militarmente por Chile (Barros 2004; De Mesa et al. 2007). En Bolivia, a partir de 1880 se hizo una “Revisita General” en todas las provincias que tenían tierras de origen con el propósito de: a) otorgar títulos de propiedad a los indígenas originarios, forasteros y agregados que poseían tierras bajo mojones y linderos conocidos; b) reconocer la posesión en común sobre pastizales, abrevaderos y bosques y, finalmente, c) declarar tierras sobrantes y, por ende, pertenecientes al Estado todas aquellas que no se hallaban en posesión de indígenas. En Chile el proceso aún está pendiente (Barros 2004, 2007). 15 Del kunza leri, “pueblo, menos el de San Pedro de Atacama”, o sea, “caserío o rancho” y capur, “grande” (Lehnert 1994). Cabe también definir esta voz como “casa del común” o almacén. 16 AN-AJA v. 214, p. 20, Inocencio Corante contra la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama, por entrega de la casa Lericapur, caratulada 29 de enero de 1873. 127 servicio público”, esta casa “claustrada y edificada por la comunidad a fin de destinarlo a Recova [almacén]… y otros servicios públicos del vecindario… y de la junta municipal de Atacama” (AN-AJA v. 214, p. 20, f. 3) colindaba con la ramada del indígena Liborio Corante. Construida por los ayllu, servía de alojamiento cuando venían al pueblo a atender misa, alguna fiesta de su devoción u otros “usos generales de la localidad”. Allí alojaban, también, los viandantes argentinos de paso en Atacama. El Subprefecto finalmente sacó a remate la casa para construir la Casa de Gobierno de la Capital de Provincia, reuniéndose al efecto la Junta de Almoneda en el lugar del Cabildo.17 Colocados los anuncios y tras los pregones de rigor, Inocencio Corante, indígena del ayllu de Condeduque, se adjudica finalmente la propiedad por $ 120. El dinero sería empleado luego en la construcción de la casa municipal, el cuartel, la cárcel y la escuela de niños y niñas. Pero depuesto Melgarejo, la Junta de Alcaldes parroquiales de San Pedro de Atacama vuelve a reclamar; tanto, que el nuevo Subprefecto, Manuel José Fernández, finalmente ordena restituir Lericapur a los ayllu y devolver a Corante el precio de la casa y sus mejoras. Al no verificarse esto, Corante demanda nuevamente a la Municipalidad ante el Juzgado de Antofagasta, sumando los arriendos correspondientes al tiempo ocupado, más daños y perjuicios. Curiosamente, el abogado de Corante expresa su afinidad con la política expropiatoria de Melgarejo, afirmando que promulgar el decreto fechado 19 de enero de 1871 anulando las órdenes del dictador, fue el primer grave error cometido tras el golpe que lo derrocó el día 15 del mismo mes. Agrega que, en todo caso, la correspondiente ley restitutoria de 28 de julio del mismo año no debía aplicarse al caso de Lericapur porque: “(…) el Art. 1° de la citada ley, solo se refiere expresamente a la nulidad de la venta i consolidaciones de los terrenos de Comunidad, terrenos de partimiento que son la base del ominoso sistema de contribución indijenal que desgraciadamente aun pesa sobre nuestra humillada raza aboríjena (…) no estando, pues, comprendido el remate de “Lericapur”, en la sanción reparadora de 17 Quedó integrada por “Su Señoría el Subprefecto Ignacio Avaroa, el Señor Juez Instructor Manuel María Berazaín y el Correjidor Don Mariano Aramayo” (AN-AJA v. 214, p. 20). Nº 35 / 2008 estUdios ataCameños Arqueología y Antropología Surandinas alonso Barros van h. los fraudulentos i atentarios remates de tierras de origen (…)” (AN-AJA v. 214, p. 20, f. 6). Fidel trató de resarcirse demandando a su aval, proceso que abandona rápidamente (AN-AJA v. 253 p. 11). Tenemos pues que Lericapur era propiedad del común pero no del sistema de tributo indigenal, o tierras de partimiento destinadas al pago del tributo. Se mantenían diferencias jurídicas entre las tierras del común o comunales, las tierras asignadas a tributo, y las tierras de propiedad individual; todavía estaban presentes esas categorías en el discurso indígena y estatal. La evolución burocrática boliviana consistió, precisamente, en que el Estado expoliara ciertas tierras corporativas del común y el cabildo, a favor del fisco y el municipio, instancias racionalizadoras y centralizadoras del creciente poder de La Paz. La Guerra del Pacífico no abatió a los ayllu en su lucha por Lericapur: las acciones judiciales sobre la casa retomaron en 1897, cuando, instaurada la autoridad civil chilena, los ayllu insisten en recuperarla. La corporatividad indígena resistió la disolución propia de las guerras. No sabemos qué resolvió en definitiva la justicia chilena, pero es probable que Corante conservara Lericapur. Lo cierto es que fue rematada contra la voluntad de los ayllu. ∑ antesala y teatro de la GUerra ∑ el Poder de los Carrazana El apellido resulta familiar: la familia de Fidel Carrazana, boliviano “natural del cantón de Chiu Chiu vecino de Calama y de tránsito en San Pedro de Atacama” (AN-AJA v. 253 p. 11) se había enriquecido en el siglo transcurrido desde aquella lastimera petición del siglo XVIII vista previamente. De ser advenedizos, alcanzaron preponderancia regional como la parentela más acomodada de la región. Entre Pedro, Gregorio y Fidel sumaban 266 cuadras de alfalfa repartidas entre Chiu Chiu, Calama y Santa Bárbara; esto es, cerca del 20% del total en ambas cuencas (ver Cuadro 1). En 1873, Fidel Carrazana y Manuel Carrizo (comerciante argentino casado con María Armella) contratan una remesa de ganado con Arturo Díaz, argentino de Cachi, pagando el primero las 30 cabezas a $ 60 cada una, con Carrizo como aval. Pero el negocio no les salió bien: de San Pedro de Atacama, la tropa se dirigió a Calama, Quillagua, Canchones y a la oficina La Peruana (donde vendió 16 animales), rematando en La Noria, cerca de Iquique. Como no cubrió sus costos, 128 La propiedad indígena animó debates y conflictos interiores y exteriores de la joven República boliviana hasta bien entrado el siglo de la independencia. Estos no se habían zanjado al estallar la guerra con Chile. Las protegidas del siglo XVIII habían pasado a manos de empresarios y comerciantes bolivianos y extranjeros, como Juana la Chilena o los Carrazana, que acumularon grandes extensiones de terreno (ver Cuadro 1). Vidal Gormaz informa con detalle a la tropa expedicionaria chilena la importancia que había adquirido Calama.18 De anexo de Chiu Chiu, Calama mestizo había pasado a ser el lugar más habitado de la cuenca del Loa. Chiu Chiu, en cambio, contaba apenas con 300 habitantes entre bolivianos y chilenos. En San Pedro de Atacama más de 200 casas rodeaban la plaza poco extensa, más la flamante casa consistorial, la residencia del Subprefecto, la escuela y un templo católico, cuartel, cárcel y un juzgado de letras, financiados gracias al remate de Lericapur. Aunque Vidal Gormaz encuentra que las calles son angostas y que están mal delineadas, valora que: 18 “Esta ciudad se encuentra situada a una legua al Norte del Loa, en las vegas formadas por este mismo río y las filtraciones de los cerros del norte cuyas vegas abrazan una superficie de ocho leguas cuadradas. La población se compone de unas sesenta casas, más o menos, incluyendo las que se encuentran un poco apartadas del centro. El número de sus habitantes ascenderá a 500. Sus edificios son de mala construcción y se encuentran vestigios de muchos que han sido destruidos por los frecuentes temblores, lo que fácilmente sucede por los materiales de que se sirven, que son pedazos de caliche cortados en forma de nuestros adobes, y por lo movedizo del terreno en que se hallan colocados. Posee un templo católico en muy mal estado, un cementerio completamente abierto, la casa consistorial que sirve al mismo tiempo de cuartel, de cárcel y de habitación de las autoridades. Los mejores edificios de la población son los de las casas de Dorado y Artola. Los vecinos más acomodados son cuatro, no pasando el activo del más acaudalado de cincuenta mil pesos. Sus terrenos solo se prestan para alfalfa, que se produce muy débil, y para las chircas que crecen espontáneamente y se usan para cierros en los campos. No es tan abundante como Caracoles; pero se encuentra allí carne fresca de ganado vacuno y lanar y no faltan algunas aves domésticas… Siendo Calama el punto de conjunción de todos los caminos que vienen del interior y del exterior, la ocupación de ella como punto estratégico es de incalculables ventajas” (1879: 10). Nº 35 / 2008 estUdios ataCameños Arqueología y Antropología Surandinas identidades y ProPiedades: transiCiones territoriales en el siGlo xix ataCameño “(…) desde que el viajero sale de Calama éste es el único punto del desierto donde encuentra un regular hotel, provisto hasta de un billar. Aunque no hay boticas ni recovas, las suplen las casas de comercio de los señores Manuel Alvarez, Juan Ríos, Fidel Carrazana, José Serruti, Agapito Núñez, los Cerecedas, los Almonte y otras de menor importancia. El pueblo es abundante en recursos, sobre todo en animales y mercaderías importadas de la República Argentina y de la costa. Todos los objetos de comercio son aquí relativamente baratos. Su población con los alrededores es de cerca de 1500 habitantes, la mayor parte indios y el resto son bolivianos, argentinos y algunos chilenos. Los vecinos más acomodados del pueblo son Manuel Hoyos, boliviano, poseedor de como 600 mulas de las que100 son escogidas, y allí las llaman pianeras, porque son las únicas a cuyo lomo se conducen pianos al interior, costando el flete de cada uno de 600 a 1000 pesos según el lugar. El precio de cada uno de estos admirables animales nunca baja de 400 a 500 pesos. Posee además el señor Hoyos casas, terrenos, dinero sonante y la mayor parte de los alfalfales que rodean a Atacama, llegando su fortuna hasta 200.000 pesos; Don Manuel Alvarez, argentino, cuya fortuna pasa de 100.000 pesos; Don Manuel Corante, boliviano, agricultor que reside a una legua al norte de Atacama sobre el río de este nombre, poseedor de unas 150 mulas y otras propiedades que le forman una fortuna de más de 100.000 pesos. Su casa de campo es la mejor construida del lugar; Don Juan Ríos, boliviano, comerciante, residente en el mismo pueblo posee no menos de 40.000 pesos; Fidel Carrazana, comerciante boliviano, dispone de una fortuna como el anterior; Agapito Núñez y Zuleta, ambos bolivianos, cuya fortuna no excede de 10.000 pesos; un señor Almonte, comerciante boliviano no posee menos de 40.000 pesos; un indio que reside a dos leguas y media al sur de Atacama en un lugar denominado El Molino, dispondrá en mulas, propiedades rurales y dinero sonante, más de 100.000 pesos; Don Ignacio Abaroa y Don Onofre Aramayo, ambos bolivianos y que han sido Subprefectos en diversos períodos, dispondrán entre los dos de 25.000 pesos. Los alfalfales vecinos a la población que son de excelente calidad, ocuparán una extensión de unas 1300 cuadras. Se siembran en Atacama toda clase de legumbres y árboles frutales. El regadío se hace con las aguas del Atacama y solo se usan las del Vilama para los alfalfales, chañares y algarrobos, por ser perjudiciales a las demás plantas. Sobre cada uno de estos ríos se encuentra un molino donde se beneficia el trigo y el maíz que se cosechan en el mismo lugar” (1879: 15-16).19 19 Este autor señala que Ayquina tenía 12 a 16 casas y no más de 30 habitantes. Allí se conseguía carne, papas de Caspana y gallinas. Unos 129 La corriente privatizadora estatal abrió las endogamias e intercambios territoriales de esta antigua provincia a la urbanización criolla que había generado la minería. La clase pujante en San Pedro de Atacama era boliviana y argentina, no había chilenos entre los 15 notables del pueblo: 12 eran bolivianos, dos argentinos y un indio que no se nombra. La sociedad local era compleja y entreverada, con ricos y pobres de todas las castas y nacionalidades. Surgidas de la bonanza minera y sus procesos migratorios, las instituciones bolivianas eran relativamente permeables al extranjero; claramente, eran mucho más que un mero proyecto. Con todo, los indios formaban comunidades cohesionadas y demarcadas, más de lo que se ha afirmado para la época. ¿Hubo un sentimiento nacional boliviano entre los atacameños? Las diferenciaciones raciales coloniales se mantuvieron en la trama de lealtades regionales, y el discurso estatal reconocía diversos linajes indígenas demarcados de “lo boliviano”. El accionar político colectivo por Lericapur ante los tribunales bolivianos y chilenos revela una cohesión social territorializada más allá de la comunidad del ayllu durante por lo menos 30 años, mancomunidad histórica que desbarata las tesis que afirman que en el siglo XIX atacameño no hubo un locus social de adscripción e identidad étnica ubicado entre la comunidad y lo indígena (Gundermann 2002: 19 y 22).20 ∑ ContaCto en ChiU ChiU y exCUrsiones en ataCama Diversas categorías identitarias intervienen en los discursos de apropiación nacionalista asociados a la 12 indios vivían en Inacaliri con 400 a 500 cabezas de ganado, igual número que en Ayquina y sus alrededores. Caspana no tenía más de 40 indígenas que cultivan cebada, maíz y papas, pequeños alfalfales y pastos naturales. La mina de cobre de Artola en San Bartolo empleaba cerca de 200 peones (en su mayoría chilenos) y sus edificios costaban más de $400.000. Era dueña de 40 o 50 ha de alfalfa en las quebradas aledañas (así como de muchos alfalfales en Chiu Chiu, y casas comerciales en todo el país) y de 60 ha entre distintos dueños hasta San Pedro de Atacama (Vidal Gormaz 1879: 10-11). 20 La propiedad y relativa autonomía corporativa civil del cabildo boliviano en que muchas veces se vio subsumida la comunidad indígena, fue barrida con el advenimiento de las repúblicas (Barros 2007 Ms). El “blanqueo” de la propiedad indígena se justifica sobre una matriz jurídica civilizatoria basada en prácticas racistas y/o clasistas. Nº 35 / 2008 estUdios ataCameños Arqueología y Antropología Surandinas alonso Barros van h. intervención militar chilena. Retomemos el curso de los acontecimientos con la proclama de Sotomayor, ese 23 de marzo victorioso en Calama, cuando se dirige a todos sus habitantes: “Extranjeros! En Chile, todos los hombres, sin distinción de nacionalidad, gozan de todos los beneficios, sin soportar las cargas que pesan sobre los nacionales. No necesito deciros que nuestra bandera proteje vuestras personas e intereses, tanto como los nuestros. Bolivianos pacíficos! Vuestras personas i vuestras propiedades son sagradas e inviolables. Quedáis colocados bajo nuestra especial protección” (Ahumada 1884: 131). Y, finalmente, a los indígenas: “Bolivianos indíjenas! (Desde este momento, dejáis de ser tributarios. Ya no pagareis contribución por cabeza como las bestias. Os traemos la civilización y la libertad de industrias. Ni contribuciones, ni impuestos de guerra, ni empréstitos, ni gabelas de ninguna clase tendréis que sufrir, ni los hijos de la desgraciada Bolivia, ni nadie. La paz para vosotros, la guerra para los tiranos). EMILIO SOTOMAYOR” (Ahumada 1884: 132; paréntesis y énfasis originales).21 Al día siguiente, el Comandante José María Segundo Soto y el Teniente Coronel Ramírez se dirigen a Chiu Chiu, asistidos de Carlos Souper y el francés Pedro Carre. Este primer contacto con los indígenas tributarios bolivianos fue conmovedor: “A pocas cuadras del pueblo y cuando ya nuestra vista pudo distinguir algunas de las calles, principiaron a aparecer formas humanas vestidas de colorado y verde, que son los colores de predilección para los trajes de los cholos. Al mismo tiempo los hombres montados en mulas y burros huían a las quebradas o serranías dejando a sus familias, como es costumbre en ellos, a disposición del enemigo mientras se ponen a salvo (…) la principal calle de Chiu Chiu no tiene más que una huella angosta donde apenas caben las patas de los caballos: el resto está ocupado por grandes troncos de caliche desprendidos de los edificios desde el 9 de mayo, y que la inercia de estas gentes los conservan en la misma situación y lugar donde los dejó aquel recio sacudimiento 21 Ahumada imprime la alocución a los indígenas entre paréntesis, tal vez porque en realidad no fue leída. 130 de tierra. Con dificultad y uno a uno pudimos al fin penetrar hasta la plaza que se halla situada a dos cuadras del río. Aquí no hallamos más edificio en pie que una modesta habitación de un joven italiano, el único ser que en su modo de vivir y obsequiosidad con los forasteros da a conocer al que llega a Chiu Chiu que en aquel lugar habitan seres racionales. La antigua población habrá tenido más de 80 casas, pero sus pobladores no olvidaron por completo las costumbres de sus abuelos, los infieles, como llaman aquí a los primitivos pobladores de la raza india” (Boletín de la Guerra del Pacífico 1879-1881, 4: 67). “El más rico y acaudalado vecino de Chiu Chiu es el señor Gregorio Carrazano, boliviano de origen y de costumbres; allí fue hospedado el Comandante Ramírez y el señor Carre. La pieza de recibo destinada para estos señores fue la mejor de la casa, y como no podemos resistir a la tentación de referir lo que hemos visto en esta excursión, nos permitirá el honorable huésped hagamos una ligera descripción de todo (…) nos recibió un argentino, especie de mayordomo de la casa. Nos ofreció café apenas nos apeamos del caballo, pero como ya era hora de comer según nuestros cálculos, pues eran más de las cinco, nos excusamos, aguardando sí, como era natural, nos condujera a la pieza de espera o de recibo puesto que andaba ausente de la casa el dueño de ella, única persona que podía hacernos los honores, pues la familia estaba en las quebradas, oculta desde el primer día de nuestro arribo a Chiu Chiu. El mayordomo nos sacó sillas al corredor para que pudiéramos descansar, pero una de ellas carecía de espaldas y tenía una pata medio despegada; ésta que era la mejor, sin embargo, le tocó de preferencia a nuestro jefe, quien no pudiendo conservar el equilibrio a que le obligaba el mal taburete, prefirió estar de pie no obstante las 10 leguas de viaje que habíamos acabado de hacer. Al fin, después de media hora de espera, el señor Carrazano se puso a nuestra vista, llegaba de visitar su chacra y la familia; montaba su macho oscuro, y como hombre prevenido, traía dos alforjas repletas de choclo. Un cordial saludo recibimos de nuestro huésped y nos hizo pasar inmediatamente a su única pieza de recibo. (…). Nos ofreció asiento alrededor de la mesa y luego vino el café que es el principal obsequio en aquel lugar, donde tal vez por la circunstancia de ser abundante como la coca, obligan a los huéspedes a aceptarlo a toda hora. Dos horas mortales de conversación, en la que nuestro jefe no desperdiciaba los momentos oportunos de hacer algunas preguntas que más tarde pasaron a formar líneas en las notas de la cartera, fueron al fin lo bastante para que llegara su hora la comida. Ya era tiempo, pues desde las 10 de la mañana hasta las siete de la noche era algo esperar Nº 35 / 2008 estUdios ataCameños Arqueología y Antropología Surandinas identidades y ProPiedades: transiCiones territoriales en el siGlo xix ataCameño para los que no usamos coca o maíz tostado en los bolsillos. Pero ¡qué, en vano fue nuestro esperar! La comida estaba retratada en los manteles, en los vasos como en el resto de la pieza. Teníamos choclos cosidos en vez de pan; dos vasos para cinco convidados ¡Y qué vasos santo cielo! Estábamos a seis varas de un gran cequión de rica y cristalina agua, pero esto no implicaba para que los vasos necesitasen de nuestros pañuelos de narices, pues era más aseado esto que pasar el mantel, no digo servilleta, puesto que no la conocen estos señores, por el borde del baso donde debíamos poner nuestros labios. Los que bebieron en tasa del poco vino que nosotros habíamos llevado, no se si vieron lo que nosotros en los vasos; tal vez no, porque el color de ellos era para confundir el vino con el café con leche, color que habían tomado por su mucho uso por gente que masca coca (…) Tomados algunos apuntes sobre la localidad, pues es el pueblo que luego ocupará el ejército del General Campero, y que yo no lo apetezco ni expondría la vida de un solo hombre en su defensa, nos regresamos a Calama (…) éste infeliz pueblecillo [Chiu Chiu] está casi del todo abandonado, pues no hay allí más habitantes que los pocos indios que han emigrado de aquí y algunas otras personas más pudientes como el honorable Carrazazo y otro rico propietario y compatriota nuestro el señor don Eulojio Yañez que tuvo la galantería de venir tres leguas de distancia a hacernos su visita, presentándose de gran etiqueta y vestido a la usanza de nuestro carrilanos, con cotona de cotí muy enhuinchada con cintas lacres y con las faldas fuera del pantalón” (Boletín de la Guerra del Pacífico 1879-1881, 4: 68; énfasis original). El cándido racismo del chileno es elocuente; pero, avezado comerciante que era, Carrazana probablemente contaba con ese desdén, fingiendo pobreza para evitar ser asaltado. Porque sabemos que don Gregorio era rico: el desprecio que debió sentir por el “roto” chileno no pudo ser menor al difundido en Chile contra los “cuicos”22 bolivianos. Pero Gregorio Carrazana no logró mantener un perfil bajo por mucho tiempo... ∑ Batidas, CamPañas y esCaramUzas En Ascotán el 1° de agosto, Soto comisiona a Carrazana al distrito de Ojos de San Pedro; a José Villegas, yerno de 22 Voz despectiva comúnmente empleada por los chilenos para referirse a los bolivianos durante el siglo XIX. 131 Carrazana, lo manda para Ayquina; y a Yáñez, el chileno de Chiu Chiu, a Conchi. A Carpona (¿Capuna?) manda a Pedro Chávez.23 Quien no cumpliera sería multado con $ 50. Entre otras disposiciones, Soto autorizó a las comunidades indígenas para elegir a sus caciques.24 Lo anterior sugiere que no se está en lo correcto cuando se afirma que en el Distrito de Atacama durante el siglo XIX no hubo “un estrato de poder indígena estable que recae en la figura del cacique” o “si alguna vez lo hubo de una manera definida, aquello se diluyó rápidamente (…)” (Gundermann 2002: 16). A comienzos de agosto Soto recibe noticias de Ignacio Toro, teniente del batallón cívico de Caracoles, y subdelegado y comandante de armas particular de Atacama, quien informa que la tropa que envió a Catua sólo logró “asustar un poco a nuestros encubiertos enemigos los señores argentinos, que no se arriesgarán, a buen seguro, a continuar su comercio de ganados por este punto” (Boletín de la Guerra del Pacífico 1879-1881, 17: 344), y anuncia la inminente llegada de la “división fantasma” 23 Debían divulgar el siguiente bando: “Art. 1º Que las excursiones y reconocimientos que actualmente hace son pura i exclusivamente con el fin de hacer la guerra al gobierno del Perú i Bolivia i en manera alguna a los pacíficos moradores neutrales. Art. 2° Que sus tropas tienen especial encargo de amparar y proteger las personas e intereses de los neutrales y naturales tributarios de Bolivia particularmente. Art. 3° Que declara y sostendrá con la fuerza si necesario fuere, la abolición del odioso tributo que el despótico gobierno del general Daza hace pesar sobre los naturales de Bolivia. ART. 4º Que en mérito del artículo anterior todos los habitantes de mi dominio, quedan completamente desligados de la obediencia a las autoridades bolivianas, sometidos solo a las órdenes y disposiciones de esta comandancia de armas de Calama, y por consisguiente no prestarán servicio alguno en calidad de súbditos a las que fueron autoridades bolivianas so pena de ser considerados enemigos de nuestra justa y santa causa. Art. 5° En vista de las disposiciones anteriores quedan igualmente destituidos y sin ninguna autoridad los caciques nombrado por el gobierno de Bolivia, y se previene a los naturales tributarios que si a ellos les conviniere nombrar a alguna autoridad con este título, lo acuerden en junta haciéndolo saber a esta comandancia para autorizarles y garantizarles los poderes al que ellos eligieran por su jefe para su mejor gobierno” (Boletín de la Guerra del Pacífico 1879-1881, 17: 344). 24 Un observador contemporáneo apunta que: “el mayor número de indios vive en comunidades, y están directamente bajo [las órdenes] de un jefe, o cacique, quien es elegido de por vida. Solamente obedecen órdenes suyas, y muy rara vez disputan su autoridad. El cacique es responsable de su tribu ante el Subprefecto de la Provincia, y todos estos indios pagan anualmente al gobierno un impuesto de más o menos 15 chelines por cabeza, a cambio de lo cual tienen ciertos privilegios. Nadie puede interferir con ellos o sus tierras, y están exentos de servicio militar, excepto en caso de guerra. También deben reparar todos los caminos de su distrito” (Pasley 1894: 110). Nº 35 / 2008 estUdios ataCameños Arqueología y Antropología Surandinas alonso Barros van h. de Campero. Hacia finales de mes, impaciente, Soto decide anticiparse al elusivo ejército boliviano y toma acción contra la población civil: “Entrada la noche arribé a Chiu Chiu, donde aún no llegaban los [25] cazadores de Calama, pero valiéndome de otros recursos, pude pronto observar que lo único que había por aquellos lugares (Caspana, Quetena, Aiquina) era solo el deseo de ver llegar a Campero.Y con tanta fe lo esperaban que hasta el espíritu de aquellas gentes se iba levantando más de lo conveniente. Esta última circunstancia me hizo practicar un registro en aquel villorrio, y no sin sorpresa mía, encontré en la casa del vecino más principal e influyente Dn. Gregorio Carrazana (…) ocultos bajo un catre unos dos fusiles fulminantes y en la casa de su hijo político, Sr. José Villegas, una espada, una caja de guerra, y todo esto después de haber hecho protestas de no tener ningún elemento de guerra por titularse verdaderos neutrales en la contienda. Con tal motivo he puesto en prisión al Sr. Carrazana y actualmente se le sigue un sumario; no haciendo igual cosa con el Sr. Villegas, por andar ausente y haciendo de agente activo del enemigo, según se me dice por varios. Con esta medida se ha notado un cambio favorable entre los habitantes y creo que sin más han quedado arreglados” (A.M. Subguerra 1-705). Sigue una campaña para eliminar focos de resistencia en el Loa, avance que llega hasta Canchas Blancas y se cierne sobre Huanchaca. Una de las partidas chilenas fue sorprendida en San Pedro de Quemes, por: “(…) una regular cantidad de indios que según orden de la autoridad de San Cristóbal, estaban bajo las órdenes de un Juez llamado Condori dispuestos a esperarlos para proteger el paso de las remesas y cuidar también unas 60 cargas de charqui que habían en la casa llamada cuartel, y destinadas al ejército enemigo, según confesó una mujer del lugar. Después de una descarga que hicieron a mi partida a boca de jarro como dicen y en la que solo consiguieron matar una mula y herir levemente a un cazador, éstos se les fueron sobre las trincheras y a bala y sable dejaron cinco muertos en el campo, porque los demás volvieron pronto la espalda (…) Para inutilizar el charqui (…) se le pegó fuego al cuartel, pero como desgraciadamente soplaba un fuerte viento, el fuego se propagó, sin poderlo evitar, hasta que concluyó con los 12 o 15 ranchos que ahí había” (A.M. Subguerra 1-705). El 10 de septiembre de 1879 hubo otro incidente al norte de San Pedro de Atacama, donde fue batida “una montonera 132 boliviana compuesta de 40 individuos mal armados, con pérdida de 13 muertos, entre éstos los cabecillas principales” (Boletín de la Guerra del Pacífico 1879-1881, 16: 340). La escaramuza de Río Grande (como se le llamó) había sido liderada por Toribio Gómez, de San Pedro de Atacama, y por el “jefe indio” Jaime Ayo, de Río Grande, muriendo ambos a consecuencia de sus heridas (Boletín de la Guerra del Pacífico 1879-1881, 17: 346). ∑ los indios Bolivianos triBUtarios El Comandante de Armas de Caracoles, Joaquín Cortés, entra por primera vez en su vida a San Pedro de Atacama, anunciando las bondades de la nacionalidad chilena a los indígenas tributarios del enemigo: “Los pobladores de Atacama y sus cercanías son en su mayor parte, indígenas tributarios (…) Hice citar a todos los que fue posible, y les notifiqué que desde el día en que las armas chilenas habían ocupado estos parajes, ellos estaban exentos de toda contribución, que tenían absoluta libertad; en una palabra, que se les consideraba desde el 14 de febrero del presente año, como a ciudadanos chilenos, gozando, por consiguiente, de todas las garantías que la nación acuerda a sus hijos. En el primer momento noté en estos pobres tributarios cierta desconfianza y mucho recelo para asistir al llamado que les hice, y no pocos se ocultaron; pero una vez que supieron el objeto con que se les necesitaba, cambiaron por completo, y se manifestaron muy satisfechos con que se les reconociera como a chilenos; prometieron hacer votos para que sus paisanos no volvieran a tener nada que hacer con ellos. Parece que esto lo decían de la mejor buena fe, pero es indudable en el carácter del indio, veleidoso por excelencia, y traicionero, sobre todo estos bolivianos, que bien pueden manifestar por el momento toda buena voluntad hacia nosotros, y sernos muy hostiles en el momento en que pudieran prestar algún servicio a sus antiguos amos y señores. En esta virtud es que se les vigila lo mejor que es posible, y se les sigue la pista en sus menores movimientos (Boletín de la Guerra del Pacífico 1879-1881, 28: 571). Tras ofrecer la protección de la bandera chilena, Cortés reguló los turnos de agua y, como Soto en Chiu Chiu, permite a los indios nombrar a sus caciques, jueces y celadores. Sigue la descripción de la tierra por colonizar, las propiedades pertenecientes a los fugados “al interior Nº 35 / 2008 estUdios ataCameños Arqueología y Antropología Surandinas identidades y ProPiedades: transiCiones territoriales en el siGlo xix ataCameño o a la República Argentina, unos para formar en la fila del ejército, en las montoneras otros”.25 Toro tomó nota de las parcelas en poder del ejército, mientras aparecían los dueños a reclamarlas. ¡Chileno fue el primer catastro de tierras que registra la historia para la zona atacameña! Sin duda que esta faceta de la chilenización tuvo un fuerte impacto en la vida local, a juzgar por el entusiasmo civilizatorio manifestado por Cortés (Boletín de la Guerra del Pacífico 1879-1881, 28: 571).26 Con todo, el 5 de diciembre la pequeña división chilena acantonada en Tambillos es derrotada por 150 soldados bolivianos al mando del Coronel Rufino Carrasco. Los sobrevivientes huyen y Carrasco retoma el control de San Pedro de Atacama. Habiendo esperado en vano la división al mando de Campero, el coronel finalmente abandona la plaza, retirándose por Soncor con algunos prisioneros chilenos, rumbo a Argentina. ∑ la PUna dividida: ataCama la Grande se inCorPora a arGentina En cada pueblo, el porcentaje de personas acomodadas en relación con el resto es invariablemente 1%, reflejando una gran concentración de la propiedad agrícola. En los 25 Linajes territoriales otrora importantes como Ayo, Carrazana, Machuca, Esquivel y otros vinculados militarmente al bando boliviano se han extinguido en la región. Sería interesante averiguar la población indígena que migró y/o “desapareció” de los registros chilenos tras la guerra. Una vez bajo el imperio burocrático chileno, reinstaurada la autoridad civil (y salvo por la descripción racista puntual de uno que otro funcionario-colono-científico-viajero), la categoría social de indígena se hace infrecuente en los papeles. Linajes puneños desaparecen del paisaje chilenizado, refugiándose en Quetena o más lejos. Surgen a cambio, términos administrativos como “indigente” y “vagabundo”, propios de la mentalidad de hacienda/pongueaje y deuda/peonaje que se iba instaurando en toda América Latina (Barbier 1907). La memoria oral de antiguos apellidos de San Pedro de Atacama recuerda haber perdido tierras con la llegada de casas comerciales como la de los Ivanovic y Polanco (uno de los primeros jefes políticos chilenos del área), que se apropiaron de tierras para saldar las deudas impagas de los indígenas. 26 Cortés deja constituida la subdelegación de Atacama a cargo de Toro en 15 distritos: 1º San Bartolo; 2° la Quebrada; 3° la parte oriente de la población; 4° la parte poniente de la misma; 5° Conde Duque; 6° Llalli; 7° Vetes y Collo; 8° Sequitun y Poconchi; 9° Tulus; 10° Solus; 11° Solcor y Vilamar; 12° Sapar, Toconado, Queri, Camar y Sonco; 13° Socaire, Peine y Lanquir; 14° Pastos Grandes; 15° Antofagasta (Boletín de la Guerra del Pacífico 1879-1881, 28: 570). 133 momentos que precedieron a la guerra, los pastizales de la Puna de Atacama aún permanecían en poder de indios tributarios ganaderos ricos. Tras la guerra, sin embargo, estos señores circumpuneños no dejaron documentos que pudiéramos hallar (Cuadro 3). Chile retuvo una mínima fracción de la Puna de Atacama (Benedetti 2005). Aunque el pacto de tregua de 1884 dejó bajo jurisdicción chilena todo el territorio ocupado militarmente, despechada, Bolivia decidió ceder los mismos territorios de su Distrito de Atacama a Argentina en 1889, suscitando un nuevo conflicto limítrofe con este último país, resuelto luego por el Tratado de 1899. Zanjado en favor argentino la mayor parte del territorio en disputa, al año siguiente, pueblos como Susques, Catua, Pastos Grandes, Olaroz y Antofagasta de la Sierra fueron formalmente incorporados al décimo Territorio Nacional de Argentina, llamado de “Los Andes”. Perdiendo su unidad política, eclesiástica y cultural conectada a San Pedro de Atacama, la Puna Atacameña entró al siglo XX como un terreno dividido. El característico tránsito transandino de bienes y personas que había pujado durante la Colonia y la República boliviana, se convirtió en un rompecabezas para las soberanías en que se hallaron repartidas esas vastedades. Argentina comenzó la venta de su porción de puna en 1895: “Los rodeos salían a la licitación pública y los postulantes ofrecían una suma de dinero, teniendo como base el monto estipulado por la licitación; en un principio los compradores eran principalmente residentes de las tierras. A partir de 1905 es notable la compra de tierras por personas ajenas a la puna jujeña, sobre todo procedentes de Buenos Aires. Para 1910 era claro que el resultado de la venta de tierras fiscales había frenado las posibilidades de los campesinos de acceder a la propiedad de la tierra” (Paz 1994, cit. en Contreras 2005). Aunque el estudio comparativo de los respectivos procesos de (re)nacionalización está pendiente, cualquiera que vaya a la Puna jujeña con ese fin, se da rápidamente cuenta que la asimilación a las estructuras políticas regionales y nacionales fue muy diferente en uno y otro país.27 Con un 27 El partido colonial abarcaba toda la Puna de Atacama. El 80% de la misma se incorporó formalmente a Argentina luego del laudo de Nº 35 / 2008 estUdios ataCameños Arqueología y Antropología Surandinas alonso Barros van h. Ganado Calama Chiu Chiu Ayquina Caspana Inacaliri Casas Cultivos Personas Acomodadas 60 40 12-16 2000 ha vega+alfalfa 100 cuadras alfalfa 4 3 100 alfalfa 500 300 30 40 12 200 (mayoría chilena) Fortunas $ bolivianos 100.000 200.000 1300 ha 1500 15 (incluyendo indios) 690.000 400-500 llamas San Bartolo San Pedro de Atacama Tambillo Zapar Toconao Quero Incahuasi (Quetena) Machuca 750 mulas 100 caballos 20 alfalfa 300 ovejas, no faltan asnos y mulas Igual 1000 alpacas 700 llamas 600 ovejas 300 llamas 300 ovejas 16 arboleda Igual Indios Esquiveles Casas para 200 personas Indios Machuca Cuadro 3. Cuadro sinóptico basado en Vidal Gormaz (1879). territorio más pequeño, la institucionalidad burocrática chilena se impuso con mayor velocidad porque retomó la densa red boliviana preexistente. En Argentina la autoridad partió desde cero. Benedetti (2003, 2005) da cuenta de los procesos más visibles y del virtual olvido político en que se vio sumido el lado argentino de Atacama durante casi todo el siglo XX. Administrativamente, la puna fragmentada pasó a ser un aislado confín trinacional, y San Pedro de Atacama apenas mantuvo algún antiguo lustre de puerto seco y estación de forraje obligada. Tres décadas después de la Guerra: “(…) en este apartado rincón, la nacionalidad chilena se ve mui apagada i sus leyes se cumplen mui flojamente. En el pueblo, que tendrá unos cuatrocientos habitantes, habrá veinte que declaran ser chilenos, (incluyendo en este número los empleados públicos, i el resto se divide entre bolivianos y argentinos” (Risopatrón 1911: 138). 1899, como Décimo Territorio Nacional de “Los Andes”. La región no tuvo estatuto provincial hasta 1943 cuando los 64.000 km2 fueron nuevamente repartidos entre Jujuy, Salta y Tucumán. 134 De 1500 habitantes estimados en el pueblo por la inteligencia militar chilena inmediatamente antes de la guerra, éste había pasado a contar con 400 residentes. Con todo, los chilenos ahora eran relativamente más que antes: un 5% del total. La otrora capital municipal de Atacama la Grande pasó a depender administrativamente de la Municipalidad de Caracoles, controlada por chilenos. ∑ ePíloGo: naCionalizaCión y disCriminaCión El escaso conocimiento sobre el gobierno boliviano de Atacama durante el siglo XIX ha llevado algunos a pensar desterritorializadamente lo atacameño en favor de lo chileno. Los documentos registran la violencia asociada a la propiedad, con los giros racistas propios de la época de expansión capitalista colonial tardía de estigma euroamericano. Las voces excluyentes le dan al conjunto una calidad etnográfica bizarra, de ecos barrocos y guerras de castas: por eso las hemos citado in extenso. Reflejan una persistente permanencia territorial que la abstracta identificación etnoburocrática de entonces y de ahora no ha podido contener ni eclipsar ni confundir. Nº 35 / 2008 estUdios ataCameños Arqueología y Antropología Surandinas identidades y ProPiedades: transiCiones territoriales en el siGlo xix ataCameño La guerra lo es de todas las diferencias: vimos identidades nacionales y locales territorializarse con fuerza distintiva al aumentar la competencia por recursos y mercados. Destacamos que igual que en los prolegómenos tupacamaristas, la propiedad indígena fue una de las preocupaciones de guerra. Chapetones, cholos o criollos; argentinos, bolivianos o chilenos, los documentos diferencian claramente diversos sujetos sociales, y los atacameños son diferentes de la población boliviana criolla y chola. ¿Qué pasó con la huella indígena que seguimos hasta la guerra? ¿Qué normas pasaron a regir las tierras corporativas que no alcanzaron a ser exvinculadas y estatizadas por el gobierno boliviano? Vimos al Comandante de Armas de San Pedro de Atacama ser muy puntilloso respecto al catastro de la propiedad territorial individual. ¿Qué pasó con la propiedad colectiva, la propiedad común? Veamos ahora cómo, basados en nociones racializadas, los cercos discursivos de la propiedad y de la identidad le dan cuerpo y color a las desigualdades de la región entera: subsuelo, suelo y vuelo.28 A diferencia de lo que hizo en la Araucanía, el Estado chileno decidió llevar directamente al ámbito civil o privado la soberanía territorial que conquistó militarmente en el plano del Derecho Internacional Público. En la década de 1930 el fisco inscribió el territorio anexado mediante tres títulos que le permiten desde entonces darse por dueño de las tierras de las jurisdicciones municipales de Ollagüe, Calama y San Pedro de Atacama (Barros 1998, 2004, 2007). El Estado necesitaba un título privado fundacional para poder luego transferir propiedades en favor de diversos particulares, nacionales y extranjeros.29 La propiedad atacameña salvaguardada por el derecho indiano y luego plenamente reconocida y combatida por Bolivia antes –y sobre todo después– de 1880, quedó en entredicho legal. En 1975, Fernando Dougnac arguyó la vigencia de la Recopilación de Leyes de Indias entre los 28 El discurso de los derechos humanos asociado a las identidades territoriales colectivas se desarrolla actualmente en la zona: Socaire, Talabre, Camar y Peine marchan con lienzos negros en repudio al proyecto de extracción y trasvase de aguas altiplánicas. 29 La inscripción fiscal carece de objeto determinado y es sin perjuicio de las propiedades indígenas. De conformidad al tratado suscrito con Bolivia en 1904 y a los principios básicos del derecho internacional, el Estado chileno debe respetarlas (Barros 2006). 135 pueblos nortinos mientras no se dictara su favor una ley semejante a aquella dictada para los mapuches durante el gobierno de Allende. La ley chilena finalmente reconoció la propiedad indígena en el territorio cedido por Bolivia en 1993, cuando el Congreso estableció unánimemente la obligación del Estado a: “(…) salvaguardar los siguientes tipos de dominio aymara y atacameño: a) Tierras de propiedad de indígenas individualmente considerados, que por lo general comprenden la casa habitación y terrenos de cultivo y forrajes; b) Tierras propiedad de la Comunidad Indígena constituida en conformidad con esta ley y correspondientes, por lo general, a pampas y laderas de cultivo rotativas; c) Tierras patrimoniales de propiedad de varias Comunidades Indígenas, tales como pastizales, bofedales, cerros, vegas y otras de uso del ganado auquénido (…)” (Art. 64 de la Ley Indígena 19.253). Estos pocos términos, que parecen sacados de un manual de antropología, resumen la textura territorial y propietaria indígena preexistente cuyos avatares hemos descrito. La ley dejó abierta la definición de cada espacio, pero algo está fuera de duda. El 5 de octubre de 1996 venció el plazo legal que el Estado se impuso para realizar el plan de saneamiento de la propiedad atacameña: han pasado más de 10 años y todavía no se cumple (Barros 2004). En los hechos, hay una fuerte reticencia pública y privada a reconocer el dominio indígena preexistente, y una sombra racista quiere cubrir nuevamente la historia.30 ∑ P roPiedades soCiales , territoriales y ColeCtivas Un enfoque paritario permitió considerar en pie de igualdad las diversas territorialidades. Hemos observado la resiliencia axiológica, sociológica y normativa atacameña a lo largo de los siglos, sin censura, territorialidad ejercida localmente mediante conocimientos adaptativos, 30 Más recientemente, el año 2006, durante el gobierno de la Presidenta Bachelet y tal como la ley lo exige, el Estado intenta salvaguardar ese dominio exigiendo que cualquier proyecto a realizarse en la demanda ancestral indígena, sea previamente autorizado por la comunidad indígena titular del territorio impactado. Nº 35 / 2008 estUdios ataCameños Arqueología y Antropología Surandinas alonso Barros van h. prácticas y creencias culturales individuales y comunitarias, andinas y multilocalizadas que forman el complejo de usos y trayectos de puna, pampas, quebradas, oasis y salinas, hasta la costa. Vimos esta identidad atacameña ser ignorada y despreciada por actores sociales apoyados en prácticas discursivas basadas en derechos y textos legales objetivados en tanto artefactos de poder (los títulos), y en prácticas de despojo territorial porque los indios carecían de títulos escritos e inscritos. Vimos estas retóricas y discursos socioterritoriales fluir coevolutivamente, desplazarse en medio de competencias desiguales por recursos, donde los “títulos” hacían de herramientas y mecanismos que fijan relaciones, territorializan memorias y, por lo tanto, identidades. Identidades excluyentes fijadas mediante objetos que facilitan el acceso a recursos en posesión de “otros”. La vida social de algunos títulos, textos y corografías administrativas permitió levantar las huellas, propiedades y diferencias, lugares de origen y territorialidades, nombres personales, movilidades sociales, relaciones jerárquicas y de parentesco, historias y memorias, esperas y demoras. También levantó un telón de fondo histórico de conocimiento sobre el cual distinguir patrones regionales de movilidad, exclusión, diferenciación, identidad y desigualdad propietaria y territorial en el “lado oscuro del Estado” (Gledhill 1997 Ms, 1999). La región asiste hoy a procesos de des/re/territorialización colectiva semejante, nuevamente en beneficio de intereses coloniales y/o transnacionales del sector de la gran minería. La antropología define la noción humana de propiedad en tanto hato o amarre de poderes (Hann 1998; Strathern 1999). Apuntando a una mayor comprensión transcultural, hemos destacado la función territorial envolvente de la noción euroamericana de propiedad y sus títulos que, como papel-regalo estatal, envuelven poderes que tienen por efecto –sea por inclusión, cohesión o exclusión– ser simultáneamente identitarios. No basta la fenomenología anglosajona de la persuasión para definir la propiedad, meramente en tanto “poder de convencimiento” (Rose 1994). En América Latina es el mágico encanto de nuestros idiosincrásicos artefactos burocráticos –los títulos fetiches de dominio– el que logra hacer recursos de palabras, repartiendo papeles sobre la tierra.31 En Chile, el silenciamiento de la propiedad y acción colectiva indígena sigue anclado en formas de racismo que constituyen la matriz excluyente neocolonial del Estado globalizado. Con todo, la colonización, bolivianización, chilenización y/o etnificación de la sociedad atacameña, no han sido más que pocas facetas de la expansión y contracción cíclica de la diferenciación propietaria que los circuitos burocráticos operan en épocas de crisis. Hoy, la sociedad atacameña está atrapada en un fuego cruzado semejante, esta vez entre minería y medio ambiente, y alcanza cada vez más el ámbito discursivo de los Derechos Humanos, especialmente respecto al agua. ¿Reamanecerá la propiedad colectiva en Chile? 31 La retórica de los títulos y la circulación de artefactos es parte de la tecnología de encantamiento mediante la cual el Estado aduce definiciones casi sagradas del poder invisible que los inventa, fabrica, circula y/o desconoce en tanto interfaces materiales que determinan relaciones de poder territorializadas (Messick 1993; Gell 1999; Barros 2003, 2004). 136 Nº 35 / 2008 estUdios ataCameños Arqueología y Antropología Surandinas identidades y ProPiedades: transiCiones territoriales en el siGlo xix ataCameño ∑ referenCias Citadas Fuentes documentales: Archivo Nacional de Bolivia, Expedientes Coloniales (ANB-EC) vol. 46. Archivo Nacional de Chile, Archivo Judicial de Antofagasta (ANAJA), vols. 123, 214. Archivo Militar (A.M.) 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