Derecho a La Salud

Es imperioso y urgente encarar una profunda reforma del sistema de salud en la Argentina. La fragmentación y la complejidad del mismo son un obstáculo para el acceso al derecho humano a la salud en forma equitativa por gran parte de la población. En este breve trabajo, realizamos una síntesis de la situación del sistema y proponemos algunas lineas centrales de una eventual reforma.

El presente ensayo tiene como objetivo destacar la preocupante situación de abuso sexual que deben enfrentar las personas con discapacidad intelectual.
Para ello, previamente es menester erradicar los prejuicios, tabúes y preconceptos que la sociedad posee sobre las personas con discapacidad.
Gracias al trabajo de campo realizado por el Dr. Juan Antonio Seda entre los años 2005 y 2008 en la Colonia Montes de Oca, el tema tomo relevancia a nivel académico.

Sumario: 1.Introducción. 2. El derecho: breve conceptualización y funciones. 3. La Constitución y su supremacía. 4. La obediencia al derecho 5.La supremacía y el control de constitucionalidad en Argentina frente a la aparición del control de convencionalidad. 6. Los organismos universales y regionales de derechos humanos, sus decisiones y su valor en el derecho argentino. 7. El “avance” del control de convencionalidad. 8. Ventajas y riesgos de la “globalización” de los derechos humanos. 9. Reflexiones finales. 10. Bibliografía citada.

Cuando el hombre creyó que la felicidad dependía de Dios, mató por razones religiosas. Cuando creyó que la felicidad dependía de la forma de gobierno, mató por razones políticas (…) Después de sueños demasiado largos, verdaderas pesadillas, llegamos al período actual. El hombre despierta, descubre lo que siempre supo, que la felicidad depende de la salud, y se pone a matar por razones terapéuticas. (…) Cuando ya nadie creía en los políticos, la medicina atrajo, apasionó, al género humano, con sus grandes descubrimientos. Es la religión y la política de nuestra época.
“Planes para una fuga al Carmelo”, de Adolfo Bioy Casares.

En el caso argentino, las estelas de biopoder atraviesan toda la evolución del sistema de salud y definen su actual configuración: es eminentemente fragmentario, como consecuencia de la organización federal del país, los impulsos estatales de desconcentración territorial y las disputas de los poderes privados; predominan la falta de igualdad, equidad y universalidad, ante todo por la primacía de intereses grupales sectorizados o basados en la capacidad económica individual y la falta de intervención estatal para revertirla; resulta poco eficiente en relación a los recursos públicos insumidos; avanza, en una tendencia creciente, a la privatización.
En lo que respecta al discurso jurídico de legitimación, el derecho humano a la salud fue concebido desde un principio como un derecho de cumplimiento progresivo, y sus garantías, limitadas y supeditadas a las capacidades institucionales y la suficiencia de recursos, lo que llevó a un debilitamiento estructural y permanente de los mecanismos de exigibilidad. En forma más reciente, la protección del derecho a la salud ha encontrado obstáculos adicionales vinculados al sistema de globalización económico neoliberal y tecnológico, tales como la expansión de la pobreza y las desigualdades sociales; la aparición en escena de grandes empresas farmacéuticas y otros actores económicos y financieros internacionales que acentúan la mercantilización de bienes y servicios de salud; una fuerte regresión del Estado en su participación en los problemas sociales; un incremento en el deterioro del daño al medio ambiente; un aumento de los flujos migratorios desde los países excluidos y relegados por el sistema capitalista hacia los que han crecido gracias a él.

Objetivos. Este artículo analiza las diversas estrategias que despliegan mujeres migrantes originarias de Bolivia y del noroeste argentino, para afrontar las barreras de accesibilidad al sistema de salud durante sus
recorridos migratorios vinculados con el trabajo agrícola en Argentina. Exponemos parte de los resultados de una investigación sobre experiencias de salud, enfermedad y cuidados de mujeres migrantes que trabajan en la agricultura. El enfoque teórico del estudio vincula herramientas conceptuales feministas y de la medicina social latinoamericana. Metodología. Planteamos un diseño cualitativo flexible, de carácter etnográfico, que prioriza la técnica de relatos de vida y la observación participativa. El trabajo de campo se desarrolló entre 2014 y 2018 en la localidad de Ugarteche, un territorio agrícola ubicado en el oasis norte de la provincia de Mendoza (Argentina). Conclusiones. Ante contextos restrictivos de acceso a la atención médica y a la discriminación sufrida en los servicios de salud, las mujeres migrantes interponen prácticas de gestión y cuidado que les permiten preservar su salud y la de sus grupos. Constituyen estrategias creativas orientadas a aprender saberes de la biomedicina, recuperar conocimientos de sus comunidades de origen y enfrentarse al maltrato institucional, mediante las cuales sortean barreras de acceso a la atención y lidian con contextos atemorizantes y expulsivos. Originalidad. Este artículo contribuye a un área poco explorada de los estudios de migraciones y salud, en cuanto aborda tanto las dificultades que las mujeres migrantes enfrentan en el acceso a la atención médica, como las estrategias que
despliegan para sortear esas barreras y sus aportes a las sociedades de acogida mediante las labores cotidianas de cuidado.

La concepción del derecho a la salud con que operamos enfrenta una crisis paradigmática. Entender el derecho a la salud como el deber del Estado de garantizar a la población el acceso a la atención médica y a los servicios médicos, es restringir la noción de ciudadanía y también la de salud. Este documento propone que necesitamos construir nuevas definiciones de salud y de derecho a la salud que contribuyan a construir una mejor respuesta a nuestras necesidades y desafíos sanitarios. En esa nueva concepción la salud debe ser entendida como una construcción ciudadana que involucra no solo derechos sino también un conjunto de deberes.
Este documento presenta como tesis central que la concepción del Derecho a la salud que rige en una sociedad es siempre funcional a una concepción de salud. Así, partiendo del enfoque de determinantes de la salud y acorde al contexto de una sociedad abierta y democrática, se hace imprescindible una revisión que no se centre ni se limite en normas y ni siquiera solo en el Estado, sino en las interacciones ciudadanas que construyen salud. Para abordar el tema se revisan primero diferentes definiciones de salud, luego el concepto de ciudadanía y de allí la evolución del derecho a la salud. En una segunda sección del documento se propone un modelo para construir ciudadanía en salud. Por último, se proponen medidas concretas.

El Congreso de la República, en el año 2015, promulgó la Ley Estatutaria 1751, por medio de la cual se consagra el derecho fundamental a la salud, dando lineamientos al Ministerio de Salud y Protección Social para realizar reformas significativas al sistema general de seguridad social en salud. Entre ellas se destacan la eliminación de la diferencia entre el Plan Obligatorio de Salud (POS), tanto contributivo como subsidiado, y la creación de una política nacional farmacológica, generando preocupaciones por posibles perturbaciones respecto al acceso a la medicación y al sistema de salud. Este trabajo indaga por los antecedentes normativos de dicha ley, al igual que por los conceptos más relevantes de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, plasmados en algunas de sus sentencias, resaltando la T-760 del 2008, la cual es el eje central de la consagración de la salud como un derecho fundamental autónomo. Todo lo anterior busca responder a la pregunta de si realmente era necesario que el Congreso expidiera una Ley Estatutaria proclamando el derecho fundamental a la salud.

SUMARIO: I. PROHIBICIÓN DE LOS TRATOS INHUMANOS Y DEGRADANTES: 1. Salud mental y relaciones de sujeción especial. Dignidad humana. 2. La sobrepoblación de la prisión constituye un trato degradante. II. DERECHO A UN PROCESO EQUITATIVO: 1. Notificación y desahucios. III. LIBERTAD RELIGIOSA: 1. Educación y rituales. 2. Derechos de los presos: 2.1. Derecho a rezar de conformidad con las convicciones religiosas. 2.2. Derecho a recibir una dieta conforme a una confesión religiosa sin necesidad de acreditarla. 3. Protección efectiva de la libertad de manifestar la religión. IV. LIBERTAD DE EXPRESIÓN: 1. Prohibición de la incitación a la violencia y la promoción del odio. 2. Arbitrariedad del legislador y arbitrariedad de la Administración Pública y de Justicia. V. DERECHO A ELECCIONES LIBRES. VI. GARANTÍAS EN EL PROCESO DE EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS. VII. PROHIBICIÓN GENERAL DE DISCRIMINACIÓN: 1. No discriminación por razón de sexo. 2. No discriminación por razones étnicas. VIII. SALUD.

Después de una intensa jornada de recolección de firmas, 10 609 ciudadanos presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 3 del artículo 173 del Código Penal. En la demanda se explicó que la norma impugnada “criminalizaba” las relaciones sexuales libres y consentidas de los adolescentes, lo que tenía diversos efectos perniciosos para la salud sexual y el libre desarrollo de miles de jóvenes y adolescentes. En el presente artículo se explica brevemente qué se pidió en la demanda, porqué se acudió al Tribunal Constitucional, qué resolvió este Colegiado y, finalmente, se contesta a algunas supuestas “críticas” realizadas contra la sentencia del Tribunal (que en realidad revelan desconocimiento sobre lo resuelto en la sentencia y lo regulado por el Código Penal).

PORTUGUÊS: O livro trata do consentimento do paciente no direito médico. Conteúdo: conceito, função, natureza, fundamentos, capacidade para consentir, validade e interpretação no consentimento, a prévia fase da escolha esclarecida e a responsabilidade pela ausência de consentimento ou por consentimento defeituoso.
ENGLISH: The book deals with the patient's consent at medical law. Content: concept, function, nature, fundamentals, competence to consent, validity and interpretation in informed consent, an earlier phase of informed choice and responsibility for the absence of consent or for faulty consent.

En la lógica de expansión del Estado neoliberal, las geografías nacionales adquieren un rol protagónico en la articulación de conflictos relacionados con la explotación de los recursos naturales y la desposesión comunitaria orquestada por los intereses económicos poderosos. Los territorios son escudriñados por diversas tecnologías, como los sistemas de información geográfica y de percepción remota, las cuales proporcionan información sobre zonas estratégicas, ricas en recursos naturales (entre ellos, shale oil/gas), a fin de reconfigurar el espacio del capitalismo contemporáneo (Gregory, 1993) en aras de articular el derecho del despojo.
En esta nueva geografía del poder se impulsa la fracturación hidráulica como técnica combinada de perforación vertical y horizontal, que lleva aparejada la inyección de gran cantidad de agua a presión, la cual se mezcla con sustancias de estimulación para fracturar las rocas del subsuelo de baja permeabilidad, a fin de obtener y extraer hidrocarburos de estos yacimientos no convencionales (Matesanz, 2013), lo que trae aparejados riesgos importantes en torno a la calidad del agua, de la atmósfera y la salud, así como a la posibilidad de mitigarlos.

En ejercicio de la autonomía de la voluntad, el
paciente tiene derecho a aceptar o rechazar procedimien-
tos médicos. Los pacientes niños, niñas y adolescentes tie-
nen derecho a intervenir en la toma de decisión sobre esos
procedimientos. La voluntad del menor ya no puede ser
suplantada por la de sus representantes. Se analizan en el
presente trabajo los alcances precisos de la intervención
del menor con pautas concretas de valoración, posibles
complicaciones interpretativas y las opciones jurispruden-
ciales y doctrinarias que permiten una aplicación prudente
de la norma.
Sumario:
1. NUEVO PARADIGMA .
2. AUTONOMÍA PROGRESIVA .
3. PAUTAS DE VALORACIÓN.
4. D ISCREPANCIA ENTRE EL NIÑO/A Y SU REPRESENTANTE LEGAL .
5. C ONCLUSIONES Y REGLAS PROPUESTAS .

Este informe es el primero de una serie de informes publicados por el Centro de Estudios y Migración (CEM), que examina la gestión de la migración en Colombia. En este primer informe, los temas de atención
son los derechos a la salud y la educación de los migrantes. El informe desarrolla una metodología multidisciplinaria, pero mantiene su perspectiva en el derecho, las instituciones legales y la organización del
estado. En general, propone un diálogo para una política pública con enfoque de derechos. El informe se basa en el supuesto de que siempre hay una interacción dinámica entre la política pública y los derechos fundamentales, cada uno de los cuales opera dentro de su propio contexto institucional.

El informe enfatiza cómo las circunstancias en las que se encuentran los migrantes significan que es una población en situación de vulnerabilidad especial y estructural, a la que se debe prestar un mayor nivel de atención. Esto es especialmente importante en el caso de los migrantes en situación irregular. Esta situación de vulnerabilidad
estructural del migrante se ha reconocido y reafirmado en instrumentos y jurisprudencia internacionales, así como por parte de la Corte Constitucional colombiana.

Sin embargo, este informe advierte que esta vulnerabilidad no se está siendo suficientemente considerada, tanto en lo que tiene que ver con el reconocimiento de derechos, en el desarrollo de normas y estándares, como en la política pública. Además, el informe sostiene que, además
de las obligaciones legales, a nadie le beneficia que no se ofrezca suficiente protección a una población en situación de vulnerabilidad, especialmente en el acceso a los servicios de salud y educación.

Con respecto al derecho a la educación, el informe identifica el reconocimiento claro de un derecho a la educación, el cual es
reconocido a nivel internacional, regional y nacional. Este derecho debe garantizarse a todas las personas y existe un estándar de no discriminación. Esto significa que incluye a todos los migrantes, independientemente de su situación migratoria o la de sus padres. Si bien el gobierno colombiano ha reconocido esta aspecto como una de sus prioridades, este informe concluye que el estado debe intensificar sus esfuerzos e integrar los aspectos relacionados con la migración en el desarrollo de sus políticas de educación. En particular, las autoridades
deben ser mucho más consciente de los desafíos que enfrentan los migrantes y de cómo estos constituyen obstáculos para al adecuado acceso a la educación.

Con respecto al derecho a la salud, tanto el derecho internacional como el nacional están alineados en relación con su reconocimiento. En el contexto colombiano, sin embargo, este derecho está sujeto a la situación migratoria de la persona. En el caso de los migrantes en situación de irregularidad, el derecho se limita a los servicios de urgencia. Este informe encuentra que persiste la ambigüedad en cómo se define y se usa la noción de urgencia en situaciones específicas. Esto se suma a los problemas que presenta el sistema de salud colombiano, que aunque ha mejorado la cobertura, aun enfrenta muchos desafíos. Estos tienen que ver, especialmente, con su capacidad para ofrecer una buena atención médica a los más pobres y a aquellos en lugares remotos, donde el estado tiene una presencia precaria. Esos problemas afectan de manera especial a los más vulnerables, entre los que se encuentran los migrantes en situación irregular. Este informe insta a
las autoridades colombianas a hacer un esfuerzo mucho mayor para garantizar que los más vulnerables reciban atención médica adecuada.

Por todo lo anterior, el presente informe enfatiza especialmente en la necesidad de una política pública migratoria articulada, coherente y de largo plazo que tenga como ejes articuladores los objetivos de la inclusión de la población migrante y la más amplia regularización de los migrantes en situación irregular. Esto bajo el entendimiento de que
ambos son objetivos estrechamente conexos y que pasan por el acceso a los derechos de la población migrante.

El presente Tratado es el resultado de un esfuerzo colectivo con el que se pretende cubrir una importante laguna existente en el estudio del régimen jurídico de los medicamentos de uso humano. La amplitud del sector de que se trata, el hecho de que en el mismo se entrecrucen las distintas ramas del ordenamiento dentro del Derecho Público y Privado, así como la alta complejidad y volatilidad de su regulación son razones que permiten explicar que no se haya llevado a cabo hasta ahora un estudio sistemático y en profundidad como el que se ofrece en esta obra. El principal objetivo del presente Tratado consiste en ofrecer un análisis detallado, riguroso y profesional a todos aquellos que quieran tener un conocimiento avanzado en el Derecho farmacéutico y de los medicamentos. Con esta finalidad se ha diseñado una estructura con la que se pretende seguir el ciclo del medicamento desde su investigación y desarrollo hasta su financiación y puesta en el mercado, sin olvidar algunos aspectos complementarios que resultan igualmente esenciales.

El artículo analiza la Sentencia T- 357 de 2017 en donde la Corte Constitucional de Colombia revisó el caso de la violación del derecho a la salud del Departamento del Vaupés que mayoritariamente tiene población indígena. La Sentencia dio una serie de órdenes relacionadas con políticas públicas para mejorar la prevención de enfermedades o accidentes como la mordida de víboras en lugares apartados. Se tiene en cuenta en el análisis el enfoque diferencial en el derecho a la salud de la población indígena.

Existen factores que confluyen en
la configuración y alcance del derecho humano
a la protección de la salud. Uno de ellos es la
posibilidad de analizar la historia de este derecho
a través de la jurisprudencia establecida por
nuestros tribunales nacionales e internacionales.
En el caso de México, hemos presenciado
desde junio de 2011 la configuración de un
nuevo escenario en el que resulta relevante la
necesidad de robustecer el diálogo judicial entre
las instancias nacionales e internacionales,
particularmente la recepción de la jurisprudencia
emanada de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. El impacto que esto tendrá
en la protección del derecho a la salud plantea
contextos en los que pueden construirse nuevas
formas de entendimiento de este derecho. Por
lo anterior, se propone en esta investigación el
análisis del tejido histórico-jurídico del derecho
a la salud mediante la revisión de los criterios de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en los últimos 10 años (2004-2014). A partir de
este estudio sería posible ver que la Corte ha
elaborado un desarrollo jurisprudencial, por
demás interesante, precisando los alcances y contenido
para la protección del derecho a la salud.

Riassunto
Nel presente capitolo l’autore affronta il tema della dimensione pedagogica del COVID-19 nel mondo giuridico. Per prima cosa egli osserva la prova a cui tutti i Paesi sono sottoposti. L’analisi, poi, si concentra sull’inquadramento del diritto alla vita e alla salute nell’ordinamento giuridico italiano e sul bilanciamento con gli altri diritti nel contesto della pandemia che affligge il Pianeta. In seguito, l’attenzione si sofferma sull’azione dello Stato per contrastare il nuovo virus. L’accento è riposto sul constatare la necessità di utilizzare strumenti diversi da quelli ordinari in quanto più rapidi e duttili. Infine, sono analizzati gli insegnamenti per il futuro che possono essere tratti da questo periodo difficile.

Abstract
In this chapter, the author addresses the issue of the pedagogical
dimension of COVID-19 in the legal world. First, he looks at the test that all countries are subjected to. The analysis then focuses on the framing of the right to life and health in the Italian legal system and on the balance with other rights in the context of the pandemic affecting the planet. Subsequently, attention focuses on the action of the State to counter the new virus. The accent is placed on ascertaining the need to use tools other than ordinary ones as they are faster and more flexible. Finally, the lessons for the future that can be drawn from this difficult period are analyzed.

El objetivo del  libro consiste en describir el contenido mínimo  esencial del derecho a la salud. Se busca alcanzar un nivel de detalle suficiente para que sean explícitos los derechos subjetivos que se derivan de la consagración del derecho a la salud en normas de rango superior, los precedentes jurisprudenciales y las obligaciones correspondientes a tales derechos. Las diversas clasificaciones que aquí se ofrecen, buscan la mejor comprensión de dichos derechos subjetivos.
Para ello, se enfatiza en el tratamiento de los sujetos más vulnerables y se insiste en las áreas prioritarias de atención que demanda el derecho a la salud.

GALATI, Elvio, “Los comités hospitalarios de bioética. Una comprensión trialista y transdisciplinaria desde el Derecho de la Salud”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Teseo-Universidad Abierta Interamericana, 2015. Versión en línea: https://www.uai.edu.ar/investigacion/publicaciones/TESEO/19Galati/Galati%20-%20Los%20comit%C3%A9s%20hospitalarios.pdf (6.10.2015). ISBN 978-987-723-044-4. Referenciado en la página del Centre International de Recherches et ÉtudesTransdisciplinaires (CIRET): http://ciret-transdisciplinarity.org/biblio/theses.php (9.2.2016).
El libro trata la descripción de la normativa aplicable a los comités hospitalarios de bioética en Argentina; los aspectos sociológicos y valorativos vinculados a los comités; el desarrollo y profundización de los marcos teóricos complejo y transdisciplinario, y del derecho francés relativo a los comités; y la descripción de la labor de los comités públicos en Rosario y París. Hay relevamiento del material documental relativo al tema; realización de una entrevista al representante principal de la Transdisciplinariedad, Basarab Nicolescu; y un estudio de casos en los principales hospitales de Rosario y el más representativo de París.
Como resultado del trabajo de campo, hay en general una gran cerrazón de los comités que revela que se los ha introducido y muy poco ha cambiado, lo que nos llama a reforzar el Derecho de la Salud y la mirada compleja sobre dicha temática. La clave de la evolución, para lo mejor, está en la ruptura con lo establecido, que sólo puede hacerse cuando se establecen conexiones entre las disciplinas.

El presente trabajo procurará abordar el consentimiento informado y la problemática del derecho a la salud. En primer lugar, se especificarán los tratados e instrumentos internacionales que se refieren al derecho a la salud, a saber, el Pacto Interna-cional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-turales (art. 12), los Principios de Ética Médica y las resoluciones e informes de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, entre otros, como aquellos abocados específicamente al
derecho a la salud de las personas privadas de libertad , a saber, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Pro-tección de las Personas Privadas de Libertad de las Américas, el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión ...


To cite this work/Para citar este trabajo: Vegh Weis, Valeria “Salud y Cárcel: El Derecho a la Salud en Ámbitos de Encierro.” Revista Institucional de la Defensa Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vol. 5, no. 7, 2015, pp. 57-94.

Resumen: Los avances científicos y tecnológicos del siglo XX y XXI en el ámbito de la salud reproductiva influyen en el derecho, obligando a este a regularlos en base a un marco de principios bioéticos, cuyo objetivo es orientar la conducta científica en avances biomédicos para la salud reproductiva, hacia el respeto de la dignidad humana y el cumplimiento de los derechos humanos. En Ecuador los principios bioéticos se encuentran reconocidos en el ordenamiento jurídico: i) Constitución de la República en los artículos 32 y 358 que establece la obligación del Sistema Nacional de Salud de regirse a los principios bioéticos. ii) Plan Nacional del Buen Vivir (objetivo 3) iii) La Ley orgánica de salud (Arts. 6, 86, 201, 207, 208, 210). A pesar de estar reconocidos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano existe poco desarrollo sobre: qué son los principios bioéticos, cómo aplicarlos y sus límites, al igual de la falta de investigación del tema en relación al bioderecho y la biojurídica, ocasionando una falta de regulación de temas biomédicos, entre ellos la reproducción humana asistida (RHA). Es por esta razón que la propuesta del ensayo es visibilizar la necesidad de regular la reproducción humana asistida (RHA) en un marco de principios bioéticos. Palabras claves: bioética, bioderecho, biojurídica, reproducción humana asistida (RHA), principios bioéticos, derechos reproductivos, derecho a la salud. Abstract: Abstract: Scientific and technological advances during XX and XXI centuries in reproductive health, influence Law systems, forcing most of them to regulate based on a framework of bioethical principles, whose main objective is to guide scientific conduct, towards the respect of human dignity and compliance of human rights. In Ecuador's case bioethical principles are recognized in the legal system: i) Ecuador's Constitution articles 32 and 358, which stablished the obligation of the national health system to apply bioethical principles. ii) Good living national Plan in objective three. iii) Health law (articles 6,86, 201, 207, 208,210). Despite the recognition of bioethical principles in Ecuador's legal system, here is little study and development of these principles, specific on what are these bioethical principles, how to apply them and their limits, as well as a lack of research of Biolaw, causing an absence of laws of bioethical topics, including assisted human reproduction. Then the proposal of the essay is to make visible the need to regulate assisted human reproduction in a framework of bioethical principles in Ecuador.

Abstract: El Boletín Oficial del Estado español publicó el pasado 24 de abril de 2012 el texto del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Una norma polémica por cuanto modifica el artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud limitando los sujetos jurídicos que ostentan la condición de asegurados (as) y a los que se garantiza la asistencia sanitaria con cargo a los fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud. A los objetos de esta comunicación conviene prestar especial atención al apartado 2 del artículo mentado. Precepto cuya dicción literal es del siguiente tenor: "A estos efectos, tendrán la condición de asegurado (a) aquellas personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: a) Ser trabajador (ra) por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada a la de alta; b) Ostentar la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social; c) Ser perceptor de cualquier otra prestación periódica del sistema de la Seguridad Social, incluidas la prestación y el subsidio por desempleo; d) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo y figurar inscrito en la oficina correspondiente como demandante de empleo, no acreditando la condición de asegurado (a) por cualquier otro título". Junto a este precepto cabe citar también el contenido textual del nuevo artículo 3.ter que el Real Decreto-ley incorpora y que dispone: "Los extranjeros (ras) no registrados ni autorizados como residentes en España, recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades: a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica; b) De asistencia al embarazo, parto o postparto. En todo caso, los extranjeros (ras) menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles (as)". Pues bien, en el marco de la conceptualización de la salud como un derecho fundamental y desde la crítica constitucional de la formulación teórica del Estado social, la presente comunicación pretende cuestionar los preceptos reseñados en la medida en que se produce una ruptura de la 'universalidad' del derecho a la salud y una vulneración del derecho a la igualdad y del principio de no discriminación. Obviamente el análisis que desde estas líneas se propone toma al sujeto jurídico-político como eje central de la configuración del Estado social y en este sentido las críticas se vierten (también) en esa artificial distinción entre distintas categorías de derechos (fundamentales, constitucionales, etc.) que nuestro texto supremo perfila y que determina un distinto nivel de protección y/o garantías normativas, institucionales y jurisdiccionales. Así ocurre con el artículo 43 de la CE, precepto cuya ubicación sistemática en el texto constitucional se inserta en el Capítulo III del Título I bajo la denominación genérica de "Los principios rectores de la política social y económica". Una ubicación que impide catalogar - estrictu sensu - el derecho a la salud como derecho fundamental pero que desde una visión crítica cabe cuestionar. Y es que resulta incomprensible no incardinar la protección de la salud en el marco del propio derecho a la vida y del derecho a la igualdad y no discriminación, obviando las obligadas referencias al concepto - constitucionalizado - de dignidad humana (art. 10.1 CE) que se erige en un valor consustancial de la propia persona. By María Concepción Torres Díaz

Sostiene la Organización Mundial de la Salud (OMS) que la salud es el completo bienestar físico, mental y social. De esta manera, el derecho a la salud constituye un derecho esencial de toda persona. Ahora bien, conforme tanto lo dispuesto en la Constitución Argentina como en diferentes Tratados  Internacionales de Derechos Humanos, el derecho a la salud no puede ser tratado en forma aislada pues convive con otros derechos y, en especial, con el mandato a la igualdad. Por esto, sostengo la tesis que dice que el derecho a la salud debe poder ser disfrutado en condiciones de igualdad estructural de oportunidades.
Así, la pregunta es cómo garantizar la igualdad estructural de oportunidades para el ejercicio real del derecho a la salud en contextos de exclusión social. Esta pregunta me lleva a los problemas de especificación del contenido de los derechos sociales en general, y particularmente del derecho a la salud.En este sentido sostengo que una de las formas de garantizar esa igualdad es a través del establecimiento de métodos claros para la determinación de los "contenidos mínimos" y de los contenidos más allá de este umbral que podríamos llamar "contenidos periféricos"

Bergallo, Paola, “La causa Mendoza, una experiencia de judicialización cooperativa sobre el derecho a la salud”, in Por una justicia dialógica : el poder judicial como promotor de la deliberación democrática, comp. Roberto Gargarella, (Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2014).

http://www.sigloxxieditores.com.ar/fichaLibro.php?libro=978-987-629-395-2

Objetivo: comprender las características del acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), desde la perspectiva de los médicos, enfermeras, administradores y usuarios. Metodología: bajo la teoría fundada se presenta un estudio realizado en seis ciudades de Colombia: Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, Leticia, Medellín y Pasto, para la cual se realizaron entrevistas en profundidad a profesionales de la salud vinculados en la prestación de servicios y grupos focales con usuarios de los servicios. Resultados: los hallazgos señalan que el aseguramiento se convirtió en un fin en sí mismo y estar afiliado al SGSSS no garantiza el acceso efectivo a los servicios. El predominio del mercado, la rentabilidad financiera de las aseguradoras, impone mecanismos de contención de costos por encima del derecho a la salud. Hay limitaciones desde las normas, los planes de beneficios que generan barreras administrativas, geográficas, económicas y culturales desde los diferentes actores involucrados en la cadena de las decisiones. Adicionalmente, se visualizan carencias éticas individuales e institucionales, el clientelismo y la corrupción en el manejo de los recursos, que sumados a la pobreza y dispersión geográfica de algunas comunidades, hacen que se limite aún más el acceso a los servicios de salud.

Nota introductoria: interacciones entre la Bioética y el derecho a la salud:
La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. La génesis de esta contribución radica en la exploración del vínculo existente entre las diversas disciplinas, las cuales convergen en el abordaje de los dilemas de reflexión Bioética. Existe un acercamiento de estas reflexiones con el derecho a la salud, este último concebido como un derecho humano fundamental a la protección y acceso a la atención de la salud.  Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente.

El presente manual tiene por finalidad ofrecer una herramienta básica que permita el autoaprendizaje a través del abordaje problemas que puedan identificar y resolver los integrantes de los Círculos por los Derechos y la Humanización (CPDH), a través de sus dos (02) formas de intervención: acciones y propuestas de mejora. Las herramientas de respuesta a problemas que se ofrecerán en este manual se encuentran fundamentadas desde el enfoque de derechos y el proyecto de humanización o corriente humanizadora de la salud .

El enfoque de derechos es el marco normativo para la solución de problemas que requieran una acción inmediata o proyecto de mediano plazo, desde el punto de vista del respeto y realización de los derechos ciudadanos. Por otro lado, el proyecto de humanización de los servicios de salud o la corriente humanizadora de la salud es el conjunto de principios y pautas generales para la mejora de los servicios de salud, que ha sido abrazada como sustento ideológico de la “Cruzada por la Humanización en los servicios de Salud en el Perú” en el Seguro Social de Salud (EsSalud). Ambas propuestas toman como punto de partida la dignidad de las personas, los aspectos importantes para que las personas tengan una vida genuinamente humana y su protección a través de la acción institucional de todos los actores en el sector sanitario (en este caso, EsSalud). El objetivo central de la combinación de ambos proyectos o propuestas es ofrecer una herramienta de acción para expandir el bien hacia los asegurados en EsSalud, según la exigencia de la humanización y tomando en cuenta los derechos que esta institución se encuentra obligada a considerar en todas sus prácticas y procesos.

el cannabis es una planta milenaria, utilizada a lo largo de la historia humana tanto en Oriente como Occidente, no obstante, su criminalización depende del contexto social, cultural e histórico.  Fue usada durante la edad antigua con fines industriales, medicinales y recreativos, se prohibió a partir de la inquisición, no obstante, con la conquista de los mares a partir de la edad moderna Estados como Inglaterra, Holanda, Noruega, entre otra autorización su cultivo para la producción de cáñamo. El estatus legal del cannabis fue mantenido hasta mediados del siglo XX, cuando las políticas en contra de las drogas empezaron a emergen especialmente en Estados Unidos, y al ser el país hegemónico, después de la segunda guerra mundial, sus políticas antidrogas influyeron en gran medida en la consolidación del sistema internacional antidrogas de la ONU, cuyo resultado fue la Declaración única de estupefacientes de 1961, misma que estableció una clasificación de las drogas, y el cannabis fue considerado una droga suave, cuyo cultivo y consumo es criminalizado a nivel mundial, sin embargo su  producción y  comercialización es permitido con fines medicinales y de investigación científica, lamentablemente existe una tendencia a permitir dichas actividades únicamente a las empresas farmacéuticas. Las políticas prohibicionistas del cannabis no han tenido los efectos esperados, porque tal como señala el reporte sobre el consumo de drogas de la ONU de 2016, el cannabis es la droga más consumida a nivel mundial, así mismo la prohibición ha generado la producción ilegal del cannabis, asociada al narcotráfico y sus delitos y la producción de cannabis sintético cuyos efectos secundarios son nocivos para la salud. Es así que países como Holanda, Israel, Canadá, República Checa han regularizado el cannabis, pero Uruguay es el primer país es legalizar las actividades relacionadas al cannabis, el  principal argumento fue los temas relacionados a la salud pública, porque los usuarios tienen el derecho a consumir un producto que cumpla con los requisitos mínimos de calidad y sanidad, las estadísticas han demostrado que a partir de la regularización o legalización el índice de consumo es menor y los efectos nocivos del cannabis sintético se han reducido, es por esto que en este ensayo se propone la legalización del cannabis en base a principios del bioderecho, que actúan como estándar para garantizar el ejercicio del derecho a la salud.