Derecho de Pueblos Indigenas

Las relaciones entre la cultura mayoritaria y los pueblos indígenas no están exentas de desequilibrios históricos y culturales que ameritan un tratamiento jurídico especial. El punto de partida para lograr una equiparación es, en términos generales, el ordenamiento territorial, y, en términos específicos, el principio de autonomía. Sin embargo, a partir de las construcciones teóricas de la antropología y de una interpretación sistemática de la Constitución de 1991, es viable proponer la existencia de una autonomía reforzada en cabeza de las entidades territoriales indígenas. Es entonces necesario identificar con qué insumos cuenta el ordenamiento jurídico colombiano en la actualidad para permitir la proyección de esa forma especial de autonomía.

El artículo analiza la Sentencia T- 357 de 2017 en donde la Corte Constitucional de Colombia revisó el caso de la violación del derecho a la salud del Departamento del Vaupés que mayoritariamente tiene población indígena. La Sentencia dio una serie de órdenes relacionadas con políticas públicas para mejorar la prevención de enfermedades o accidentes como la mordida de víboras en lugares apartados. Se tiene en cuenta en el análisis el enfoque diferencial en el derecho a la salud de la población indígena.

Patrimonio es un concepto que, en los últimos años, ha sido ampliamente debatido; se lo ha discutido en el campo de las ciencias sociales y las humanidades y en el ámbito de la gestión y administración pública, se lo ha vinculado con el desarrollo turístico, aparece frecuentemente mencionado en los medios de comunicación y es disputado por grupos subordinados que empiezan a adquirir visibilidad y expresión propia. Ahora bien, ¿qué se entiende por patrimonio? Sin caer en una definición precisa y exhaustiva del término, se podría decir que son elementos (materiales o inmateriales), considerados bienes, que están relacionados con la identidad de un colectivo determinado, con su cultura, sus tradiciones e historia. Este libro aborda el tema de la relación entre patrimonio y pueblos originarios en lo que hoy es Argentina. A diferencia de otros trabajos publicados sobre la temática, en este volumen se presenta la voz originaria en primera persona. En efecto, a lo largo de los distintos capítulos el lector podrá interiorizarse, a través de la vocería de referentes, delegados, autoridades y colectivos indígenas, sobre qué consideran patrimonio los pueblos originarios y cuál es el vínculo que se establece con estos elementos.

Este trabajo tiene por objetivo analizar la institucionalidad jurídico-política chilena y su capacidad para hacer efectivos los derechos fundamentales internacionalmente reconocidos a los pueblos originarios.
Para esto comenzamos contextualizando históricamente la relación entre los Pueblos Indígenas y los Estados de la América hispana, constatando que la constante ha sido la sumisión de aquellos a ordenamiento jurídicos que niegan la diversidad, propiciando la usurpación y/o reducción de las tierras indígenas y limitando el acceso a sus recursos naturales. Luego abordamos la cuestión del contenido y legitimidad de la demanda por territorio y autonomía de los pueblos
originarios. Revisamos los argumentos esgrimidos por los propios indígenas, los cientistas sociales y los filósofos para fundamentar su reivindicación. A continuación revisamos cómo el sistema normativo chileno en su conjunto recepciona estas demandas, ya acogidas en el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. A partir de esto establecemos hasta qué punto es necesaria una reforma constitucional para armonizar el ordenamiento jurídico interno con los derechos fundamentales de los pueblos indígenas internacionalmente reconocidos.

Bartolomé Clavero Salvador.
Tras la consumación de la independencia a efectos prácticos, la República de Chile fue reconocida por el Pueblo Mapu-Che mediante el Tratado de Tapihue de 1825 cuyo primer incumplimiento fue el registro en la Constitución chilena de una definición del territorio que ignoraba los términos de dicho  acuerdo. Sustancialmente, el Tratado establecía una relación
internacional confederativa entre Mapu y Chile. La ruptura definitiva por parte de Chile vino décadas después con la conquista de Mapu. En la actualidad, el derecho internacional de derechos humanos está planteándose el valor jurídico
renovado de los Tratados pretéritos entre Estados y Pueblos Indígenas. La existencia del Tratado de Mapu con Chile de 1825 era bien conocida desde entonces, aun sin manejarse el texto. Solo muy recientemente se ha vuelto a publicar íntegro. Aun
estando en castellano y no en mapudungun, aun siendo así unilateral, resulta de lo más elocuente para la imperiosa necesidad de revisión de toda una problemática.

La última década significó un cambio sustantivo en la relación entre los indígenas, el Estado y la investigación antropológica en la provincia de Santa Cruz, en un nuevo contexto en el que los derechos de los pueblos indígenas ganaron visibilidad y fueron incorporados en las políticas públicas.  Esta década contrasta así con la historia de la región, en la que dispositivos nacionalistas, civilizatorios, raciales y culturalistas sustentaron el presupuesto de la “extinción” de los tehuelches, la extranjería de los mapuches y la negación de los mapuche-tehuelches y de otros pueblos indígenas. Como consecuencia de la premisa de que “no hay indios”, las políticas indigenistas fueron escasas y deficientes desde la provincialización en 1957. La diversidad de  las trayectorias de los autores de este trabajo —en el que participamos la coordinadora de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, tres miembros de comunidades indígenas que conforman parte del equipo de dicha modalidad y una investigadora del CONICET— nos permitirá analizar las tensiones, los acuerdos y los desafíos de un campo de interlocución anclado sobre las premisas de la interculturalidad, la gestión participativa, la investigación colaborativa y las estrategias de la lucha de los pueblos originarios en un sentido amplio. Este diálogo involucra tropiezos, aprendizajes, críticas y autocríticas, reelaboraciones y reacomodamientos en un recorrido en el que praxis y reflexión conceptual se fueron retraoalimentando dialécticamente. Uno de los objetivos consiste, entonces, en hacer un recuento de las relaciones entre políticas indígenas e indigenistas e ilustrar los cambios acontecidos desde el 2006 en materia de implementación de los derechos de los pueblos indígenas en Santa Cruz. Sin embargo, nuestro objetivo principal es reflexionar desde y sobre la etnografía, que no sólo es un método de producción de conocimiento y el reporte final de una investigación, sino que también es una práctica que —además de estar orientada por la teoría— posibilita que se generen instancias colectivas de producción conceptual y teórica.

Se analiza a la luz de la doctrina y jurisprudencia nacional e
internacional la suficiencia o insuficiencia de la propuesta normativa
del derecho-deber de consulta a los pueblos indígenas, del artículo 6
del Convenio 169 de la OIT, establecida en el Decreto Supremo N° 40
del Ministerio del Medio Ambiente de 30 de octubre de 2012; el nuevo
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) y
que entró en vigencia el 24 de diciembre de 2013.

En el intento por abordar lo que se ha venido conociendo como el estatuto epistemológico de la Teoría
del Derecho, necesariamente nos encontramos con las tareas de distinguir y delimitar las materias que
incluyen este saber: en esta labor ha venido siendo fundamental, en los últimos años, la categoría del
Pluralismo Jurídico en tanto que giro epistemológico para la comprensión del Derecho. La tarea de
reflexionar críticamente la importancia del nuevo marco epistémico para la Teoría del Derecho, nace
desde la comprensión del reconocimiento del otro y en ese sentido se plantea como premisa al momento
del estudio de los derechos de los pueblos indígenas. Abordar ese otro, desde la categoría base del
Pluralismo Jurídico, constituye el interés fundamental de este trabajo. Se comienza desarrollando la idea
de la necesidad de estudiar el Pluralismo jurídico desde el paradigma hermenéutico, repasando a grandes
rasgos, la hermenéutica heideggeriana y la filosofía hermenéutica de Gadamer, como espacio moral para
el reconocimiento del otro. Sobre ello se indaga en rutas interpretativas del pluralismo jurídico hasta
arribar a la propuesta de la necesidad del reconocimiento de un pluralismo agonístico, como derrotero
cuando menos dialógico, en la construcción de sociedades democráticas, plurales e interculturales.

Entre abril de 2015 y diciembre de 2016, desde el Protection Desk Colombia Pensamiento y Acción Social -PAS y Protection International
PI, se dieron a la tarea de investigar la forma cómo en Colombia se ha abordado el tema de la protección de los defensores de derechos humanos que defienden aquellos asociados a la tierra y el territorio, así como a conocer con mayor profundidad los riesgos que enfrentan, sus vulnerabilidades, capacidades y respuestas.

Con base en las experiencias de las comunidades acompañadas, buscó derivar aprendizajes que sustenten un enfoque alterno de la protección
colectiva, en el que no se protege una sumatoria de personas, cuyo vínculo está dado por su condición de víctimas de una violación masiva de derechos humanos, como el desplazamiento forzado, sino por su naturaleza como sujeto colectivo. En esta investigación se explora un enfoque comprensivo a partir del concepto de protección colectiva y las posibilidades que este ofrece.

Como resultado de este trabajo, en febrero de 2017 se publicó el documento La protección colectiva de los defensores del derecho a la tierra y el territorio en Colombia: Desarrollos conceptuales y desafíos metodológicos. Este documento corresponde a la primera fase de la investigación que centró su mirada en la situación de los campesinos, en su calidad de sujetos sociales defensores de derechos humanos.

Ahora bien, en tanto la defensa de derechos asociados a la tierra y el territorio no es una actividad exclusiva de los grupos y organizaciones campesinas, esta investigación previó el desarrollo de una segunda fase enfocada a reconocer la experiencia de protección colectiva de comunidades indígenas. Con este propósito, se concertó con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) el desarrollo de un estudio de caso para dar nuevos elementos a la investigación en desarrollo.

Este cuadernillo presenta y explica los derechos que tienen los Pueblos Originarios y sus comunidades en Argentina contemporánea. Si bien está principalmente dirigido a las Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios y a las comunidades indígenas que habitan en lo que hoy es Argentina, constituye también un insumo importante para todos aquellos que deseen conocer el marco de derecho indígena vigente a través de un lenguaje claro y ameno. El presente cuadernillo es producto de un trabajo intercultural realizado entre el Proyecto Promoción del derecho indígena para el empoderamiento jurídico de los pueblos originarios (PDTS CIN-CONICET-UNLaM y Proyecto Vincular UNLaM), dirigido por el Dr. Félix A. Acuto, y el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO).

En este artículo abordaremos interrogantes y argumentos en torno a la memoria colectiva que los miembros del pueblo charrúa comenzaron a plantear hace más de veinticinco años en Uruguay, en una época en la que se autoadscribían como descendientes. En el marco de los debates en torno al colonialismo de colonos —que sustentan la ideología de blanqueamiento y de la excepcionalidad de los países del Plata— repasaremos las trayectorias que los llevaron a consolidarse como sujetos políticos en términos de aboriginalidad (o indigeneidad). Posicionados como charrúas (y en algunos casos también como descendientes), diversos colectivos cuestionan los dispositivos que niegan su existencia —a través de la premisa de que “en Uruguay no hay indios” — y demandan la ratificación del Convenio 169 de la OIT. Analizaremos asimismo cómo las continuidades y las interrupciones en la transmisión intergeneracional impactaron en los procesos de reemergencia indígena —a los que consideramos en relación con los debates sobre etnogénesis— y nos detendremos particularmente en las acciones contra los olvidos y los silencios que emprenden colectivamente, entre las cuales se encuentran diversos proyectos llevados a cabo en el marco de la etnografía colaborativa.

Abstract: In this article, we will address questions and arguments about the collective memory that members of the Charrua People began to raise more than twenty-five years ago in Uruguay, at a time when they self-identified themselves as Descendants. In the framework of the debates about settler colonialism—which support the ideologies of whitening and exceptionality of the countries of the Plata—, we will examine the trajectories that led them to consolidate themselves as political subjects in terms of aboriginality (or indigeneity). Positioned as Charruas (and in some cases also as Descendants), various collectives question the dispositifs that deny their existence—through the premise that “there are no Indians in Uruguay”—and demand the ratification of the ILO Convention No. 169. We will also analyze how the continuities and the interruptions in the intergenerational transmission impacted on the indigenous re-emergence—a process that will be considered in relation to the debates on ethnogenesis—and, particularly, we will stop on the collective actions against forgetting and silences, including among them several projects carried out within the framework of collaborative ethnography

El artículo tiene como objetivo situar al lector en la temática de parlamentos y tratados presentes en la tradición Mapuche y la significación de estos. En primer lugar, se describe la importancia que ha tenido en la tradición Mapuche la celebración de parlamentos, se realiza un análisis histórico sobre la significación del Koyang, sus diferentes funciones y ritualidades. Posteriormente, se analiza la situación de los parlamentos con la Corona española, junto a esto se analiza la construcción del espacio fronterizo y las nuevas relaciones que surgieron de este. Posteriormente se realiza un análisis sobre los parlamentos celebrados con el Estado de Chile, analizando sus consideraciones y obligaciones jurídicas. Por último, se analiza el Derecho Internacional, específicamente en cuanto a la referencia realizada por la ONU y su mecanismo de experto, procurando enfatizar la importancia de dichos Tratado en la actualidad.

Abstract: The article aims to situate the reader in the theme of parliaments and treaties present in the Mapuche tradition and the significance of these. In the first place, the importance that the celebration of parliaments has had in the Mapuche tradition is described, a historical analysis is carried out on the meaning of the Koyang. Subsequently, the situation of the parliaments with the Spanish Crown is analyzed, along with this, the construction of the border space and the new relations that emerged from it are analyzed. Subsequently, an analysis is made of the parliaments celebrated with the State of Chile, analyzing their considerations and legal obligations. Finally, the International Law is analyzed, specifically in reference to the reference made by the UN and its expert mechanism, trying to emphasize the importance of said Treaty at present.

José Manuel Navarrete Jara nos presenta en Constitucionalización indígena: Variacio- nes jurídicas y metajurídicas, su apuesta teórica e ideológica respecto de la constitucionaliza- ción de los derechos indígenas en Chile. Trabajo que presenta con gran sinceridad el autor, de origen chileno y que se define como “un típico hombre de la educación pública y con estilos de vida netamente occidentales” y aspira a establecer una tesis conciliadora de las le- gítimas aspiraciones indígenas, en especial del pueblo mapuche, con el sistema democrático fundado en la filosofía liberal y la unidad territorial, que denomina tesis pragmática.

El presente artículo es un estudio sobre la reforma agraria en la Mixteca, para mostrar cómo las políticas públicas, han rezagado el desarrollo de los pueblos indígenas. La reforma agraria de la revolución mexicana, y su muy noble principio, que da derecho a todo campesino a poseer una tierra para su subsistencia, no integró la visión de los otros grupos indígenas, plasmando únicamente una comunidad de intereses de los bandos vencedores del movimiento armado, los zapatistas, villistas y maderistas. Esto propició que el artículo 27 de la constitución mexicana no tomará en cuenta las muy grandes y profundas diferencias regionales en cuanto a estructuras agrarias. El estudio de caso sobre la Trinidad Huaxtepec en Oaxaca, muestra esta situación, porque en este lugar las políticas agrarias, han sido un rotundo fracaso. El artículo reconstruye la historia de un poblado mixteco en su lucha por preservar sus territorios. Los cuales fueron expropiados con la reforma agraria en 1939.

Este artículo salió publicado en la Revista Crítica Jurídica, Núm. 38, julio-diciembre 2017, pp. 117-148.  Constituye una versión revisada y ampliada de la ponencia presentada por el autor en el simposio "La justicia comunitaria", celebrado en el marco del "Primer Congreso Internacional de Comunalidad. Luchas y estrategias comunitarias. Más allá del capital", celebrado en Puebla, México, en el 2015.

El presente artículo aborda  la falacia de los bienes comunales que planteó la reforma agraria de la revolución mexicana. Se trata de un estudio de caso sobre cómo operó la reforma agraria en la Mixteca, en una comunidad indígena que nunca poseyó tierras como propiedad comunal.

Resumen: En este artículo se analiza la resistencia interpuesta por las comunidades indígenas ante la política de reducción de resguardos implementada por el gobierno virreinal en el noreste del Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVIII y comienzos del XIX. Las improvisaciones y arbitrariedades cometidas en estas diligencias oficiales afectaron a las comunidades nativas que cada vez vieron limitados sus espacios y sus posibilidades de reivindicar sus derechos ante el poder creciente ejercido por la capa de blancos y mestizos en sus aspiraciones de ocupación del territorio y organización a través de la erección de parroquias. Ante esto, los indígenas vieron cómo se incrementaron los conflictos interétnicos con los vecinos libres, además de lo cual experimentaron un progresivo desarraigo y una desintegración como comunidades ancestrales.

La Modernidad estableció para el Mundo Occidental la idea de una Propiedad Privada absoluta, exclusiva y perpetua. Esta se arraigó en el pensamiento europeo como un Derecho Natural, innato y parte misma de la humanidad. El Derecho Decimonónico tomó esta idea y creó un entramado para la protección de este Dominio Exclusivo, dando un fundamento positivo-normativo que mantiene la virtualidad del mundo capitalista. Desde finales del Siglo XX, en América se resignificó la “Propiedad Colectiva”, centrada en la noción de la Propiedad Comunitaria de los Pueblos Originarios de este continente. En Argentina, la reforma de la Constitución Nacional en 1994 y el nuevo Código Civil y Comercial trajeron un reconocimiento a la Propiedad Comunitaria de los Pueblos, que marcan un antes y un después en el panorama de los Derechos en este Territorio.
Este trabajo plantea analizar si esta perspectiva de Propiedad –que interpela un pasado diferente al europeo-, proyecta una anomalía clara en la modernidad, y da paso a una categoría jurídica más propia de la posmodernidad en la que el Derecho hoy se desarrolla. Asimismo, este texto aspira a observar las implicancias iusfilosóficas que esto tiene en la idea del suelo que habitamos y que pretendemos dominar.

Un hecho de reciente descubrimiento para el ámbito de los estudios legales es precisamente dicha multiculturalidad, la realidad marcada por el carácter multinacional y multiétnico de la sociedad. A nivel mundial, es recién a mediados de la última década del siglo XX que los estudios sobre este escenario social se empiezan a realizar de manera algo considerable.Desde la primera década del siglo XX, los primeros estudios, de los que se tienen referencia sobre el Derecho y los Indígenas en el Perú, fueron llevados a cabo en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), ubicada en los Andes del sur del Perú, en una zona con una población considerablemente mayoritaria perteneciente a pueblos indígenas de origen quechua.

Damián Todorovich Cartes.
La exclusión y la discriminación de los pueblos indígenas, son en el ámbito latinoamericano, la expresión de la situación de colonización a que se han visto sometidos desde el siglo XV, con la llegada de los europeos a América y que se mantuvo con las repúblicas nacientes, a partir del siglo de la independencia. La situación de exclusión se reproduce también mediante el discurso jurídico, que responde a la cultura hegemónica, mediante diversos institutos destinados a la “negación del otro” y que establecen, en el mejor de los casos, una “homologación jurídica de la diferencia” que oculta la existencia, en este caso, de los indígenas. En Chile, es la “Ley Indígena”, el instrumento mediante el cual se plantea esta situación de desigualdad, por lo que su modificación resulta justa y necesaria.

La crisis de la justicia social impartida por el Estado nacional mexicano es una crisis de la distribución 􏰖􏰇􏰝􏰋􏰒􏰈􏰇de las riquezas por medio de las cual las significaciones de la sociedad moderna van careciendo de sentido. La memoria 􏰌􏰔􏰉􏰎􏰈􏰌de esa insignificación que se trata de inculcar es condición de posibilidad de que nuevos imaginarios y saberes se introduzcan como distorsiones en el sistema. Condición de posibilidad de una significación  subversiva y sociocultural.

This report corresponds to an exploratory study whose objective is to carry out a preparatory identification on the impacts that the mining projects developed by Canadian companies in the territory and ancestral habitat of the Colla People, in the Province of Copiapó, in the III Region of Atacama, north of Chile, are exercising on the human rights of this people, with emphasis on the territory of the Colla de Pai-Ote Community. This report is divided into five chapters. In the First Chapter, the methodology applied in collecting the information used and in the preparation of this report is briefly explained, as well as the scope of this preparatory study. In the Second Chapter, the demographic, historical, territorial and cultural background of the Colla People is shown, with emphasis on the Colla de Pai-Ote Community. In the Third Chapter, six mega mining projects are analyzed, in the prospecting and exploration phase, which are developed today in the territory of ancestral occupation and use of the Colla de Pai-Ote Community and which belong to Canadian companies through their Chilean subsidiaries. The Fourth Chapter analyzes the legal framework that applies to the rights of indigenous peoples in the context of extractive projects and the exploitation of natural resources in Chile. Finally, in the Fifth Chapter, the main rights violated as a result of the mining projects included in this report are identified and analyzed, all of which are located in the territory of the Colla de Pai-Ote Community.

Avalados por marcos jurídicos permisivos y decididas venias políticas, en Chile gobierna la creencia que la libre acción de los mercados sería suficiente para decidir sobre la instalación de proyectos de inversión y ocupación espacial en general. Esto conlleva efectos perniciosos mediante degradación ambiental y fragmentación espacial, siendo sus
habitantes quienes reciben las externalidades del modelo de desarrollo. Esta lógica resulta especialmente traumática para los pueblos Indígenas, cuyas cosmovisiones se basan en una concepción holística del territorio, compuesto por elementos físicos, culturales, religiosos y políticos, sin los cuales no puede entenderse ni perpetuarse su Existencia. Con todo, se avizora hoy un nuevo escenario jurídico-institucional dado por la aprobación del Convenio 169 OIT. Por primera vez se prevé la regulación de la participación continua de los pueblos indígenas en las decisiones que les afecten, promoviendo el ejercicio efectivo de sus derechos a la tierra, territorio y recursos naturales. A dilucidar cómo se vincula el ordenamiento territorial con los derechos consagrados en la citada norma del derecho internacional se aboca este artículo.

Este libro es una especie de un gran tejido colectivo de experiencias y miradas que al momento de publicarlo sigue tejiéndose. Nació de encuentros, charlas y reflexiones gestadas en el marco de procesos de luchas. Pretende invitar a pensar a partir de  procesos de resistencia y organización en torno a prácticas de avasallamiento de la dignidad humana de lxs sujetxs y colectivos, hacia hombres y mujeres, LGBTIQ+, niñxs y adolescentes; hacia pueblos que, al ver vulnerada su dignidad e integridad, se están dando procesos de organización para transformar la realidad y haciéndose de herramientas conceptuales para entenderla y explicarla.

El artículo comprende los procesos de juridización de la diferencia indígena como el efecto de dinámicas localmente arraigadas. Postula que hacia finales de la década de 1960 se configuró en la región chaqueña argentina un espacio político-pastoral de naturaleza interétnica, con fuerte presencia de agentes eclesiásticos adherentes a la teología de la liberación. A continuación, construye un vínculo conceptual e interpretativo (históricamente fundamentado) entre este particular espacio social y la sanción de distintas legislaciones indigenistas. Son analizados en detalle los casos de la Ley Integral del Aborigen (Formosa, 1984), la Ley del Aborigen Chaqueño (Chaco, 1987) y la sanción del artículo constitucional Nº 75 (1994) para captar las dinámicas de circulación –de personas, ideas y prácticas– a través de las cuales esos hitos jurídicos alcanzaron a producirse.

El derecho tiene múltiples formas y expresiones, y hoy en día los  movimientos sociales están acudiendo al derecho como un medio legitimo de lucha para hacer valer sus demandas, posicionarse positivamente en este ámbito tiene relevancia para muchos movimientos.  Hay un ámbito político expresado en el derecho que se encuentra en pugna, en disputa. A partir de esto las preguntas que surge es: ¿Cuáles son las posibilidades, tensiones y contradicciones de las actuales disputas en el campo jurídico en relación con los derechos políticos y culturales de los pueblos indígenas?

El presente libro forma parte de la colección “Constitucionalismo y Procesos Constituyentes” y constituye su segundo volumen. Este volumen está dedicado al nuevo constitucionalismo latinoamericano, debido al impacto que han tenido en la región los cambios constitucionales de las últimas tres décadas. Qué tiene de nuevo y qué tiene de viejo el nuevo constitucionalismo latinoamericano son los interrogantes que unen, en términos metodológicos, el presente volumen. Buscamos que el presente trabajo contribuya a revisar de manera crítica (pero desprejuiciada) lo que ha ocurrido en las últimas tres décadas en Latinoamérica en el plano constitucional.

El conflicto que se perpetúa entre el Estado chileno y el pueblo mapuche es el síntoma de una falta de marco teórico adecuado para abordarlo. En efecto, el Estado se ha concentrado en una lectura económica del conflicto al apoyarse en el Fondo de Tierras y Aguas como mecanismo de redistribución, sin advertir que este conflicto social también puede ser comprendido a partir de una experiencia de agravio que busca-a través de una lucha por el reconocimiento-la restauración moral de una dignidad mancillada. En este sentido sobresale la demanda de los mapuches por el reconocimiento del valor cultural de su relación con el territorio que los rodea. No obstante, al revisar el ordenamiento jurídico nacional es posible advertir que este valor simbólico del territorio para los indígenas no está adecuadamente cautelado, lo que explica en buena medida que surjan conflictos a partir de un uso y explotación poco sustentable de los recursos naturales. Nuestra hipótesis es que, considerando que la explotación de los recursos naturales pasa tanto por el régimen de concesiones de bienes de dominio público como por permisos sectoriales, estimamos que es posible avanzar en la protección del territorio cultural indígena a través de los actuales instrumentos de planificación territorial.

El artículo comprende los procesos de juridización de la diferencia indígena como el efecto de dinámicas localmente arraigadas. Postula que hacia finales de la década de 1960 se configuró en la región chaqueña argentina un espacio político-pastoral de naturaleza interétnica, con fuerte presencia de agentes eclesiásticos adherentes a la teología de la liberación. A continuación, construye un vínculo conceptual e interpretativo (históricamente fundamentado) entre este particular espacio social y la sanción de distintas legislaciones indigenistas. Son analizados en detalle los casos de la Ley Integral del Aborigen (Formosa, 1984), la Ley del Aborigen Chaqueño (Chaco, 1987) y la sanción del artículo constitucional Nº 75 (1994) para captar las dinámicas de circulación –de personas, ideas y prácticas– a través de las cuales esos hitos jurídicos alcanzaron a producirse.

En la globalización la realidad social indígena presenta una dificultad para alcanzar un desarrollo social óptimo. La ineficacia de las políticas públicas del Estado y las estructuras sociales de determinadas comunidades indígenas que estiman aceptable la restricción en la participación de la vida social de ciertos individuos, no permiten que prevalezca una sociedad democrática y participativa. El estado mexicano no garantiza el progreso de las comunidades indígenas, generando una desavenencia de participación en decisiones colectivas respecto al desarrollo de la comunidad.

La transformación de festividades angaité como el ritual de iniciación de los
jóvenes llamado Vaingka y el baile tradicional conocido como Choqueo está
relacionada con la historia social y económica del Chaco. El Vaingka ha sido
reemplazado por el Choqueo a partir de la colonización paraguaya del territorio
angaité y del Chaco (entre 1880 y 1943), como correlato de las estancias ganaderas, que se constituyeron en el nuevo padrón socio-económico y geográfico de reproducción de la población indígena. De este modo, intento ilustrar la secuencia cambiante de estos rituales angaité, que, inicialmente, hacían posible la interrelación entre aldeas y grupos precoloniales étnicamente diferenciados y que, posteriormente, a partir de un proceso de homogenización de estas diferencias, facilitan el procesamiento de la alteridad de los paraguayos no indígenas o chaqueños. Para esto, analizo la ubicación geográfica y distinción étnica de aldeas del oeste del territorio angaité en base a testimonios de ancianos y ancianas. Asimismo, hago una referencia al proceso de colonización, y la reubicación e integración de tales aldeas a las estancias y misiones anglicanas emergentes. El ritual del Vaingka se constituía en un momento de máxima interacción social y productiva, entre las aldeas y los grupos pre-coloniales angaité. Finalmente, me refiero al Choqueo como sucedáneo del Vaingka en cuanto a sus efectos sociales, y como mecanismo alternativo para lidiar con la asimetría social y étnica ante los chaqueños.

Exposición basada en un breve recorrido conceptual sobre el estado del arte de los tratados internacionales y un posicionamiento sobre el derecho internacional y los pueblos indígenas.
- Convenio 169 y la declaración
- Síntesis del marco normativo
- Implicancia de los derechos de pueblos indígenas en los estados
- Barreras ha superar
- El caso chileno.