Derecho a La Vivienda

Instituto de Espacialidad Humana. FADU-UBA. Línea 2. Herramientas y procedimientos: métodos de nuestras prácticas Resumen En la Ciudad de Buenos Aires la revitalización urbana o las políticas de mejora de barrios puestas en marcha con el fin de frenar el proceso de degradación han dejado de manifiesto su condición extractivista; es decir, una perspectiva mercantil en la producción de ciudad. Esto implica que los bienes urbanos dejan de estar considerados como bienes de uso y pasan a valer como bienes de cambio. Nuestras ciudades y sociedades basadas en el derecho a la propiedad privada poseen regulaciones urbanas que deberían poder tener el papel de controlar y asegurar el bienestar colectivo por sobre el individual. Este rol no se cumple y, como consecuencia, el mercado se presenta como principal institución de regulación del uso del suelo, lo que deriva, a su vez, en la importancia de las rentas de suelo como modelo organizador de la geografía urbana. Este proceso logró potenciar una idea hegemónica sobre la vivienda como un bien de mercado, desterrando del imaginario colectivo el derecho social que en realidad representa. Frente a este modelo hegemónico, se conforman resistencias: desde la construcción colectiva de viviendas hasta la regulación de los alquileres encontramos, en los últimos años, un auge en las demandas por el acceso al suelo urbano. Así, la hipótesis mantenida en el presente trabajo es que

Sumario: I. Emergencia sanitaria y derechos fundamentales: protección constitucional de la vivienda y del consumidor.-II. La problemática de los créditos instrumentados en UVA antes de la emergencia sanitaria por COVID-19.-III. Contenido y alcances del dec. 319/2020.-IV. Conclusiones provisionales.
El problema central en materia de créditos hipotecarios y prendarios cuyos capitales se expresan en UVA aún está latente. En ese estadio, el derecho de los contratos, y en especial el de los contratos de consumo, exigen al operador jurídico una mirada atenta a la realidad económico-social, para adecuar y graduar con razonabilidad las respuestas jurídicas que se articulen frente a las situaciones que genera el peculiar, inédito y contingente momento histórico que el mundo atraviesa a causa del COVID-19, con grave riesgo para derechos humanos primarios como la vida o la salud.

Este resumen busca explicar de manera sencilla sólo las cuestiones novedosas que planteo en mi proyecto. A pesar de que han aparecido varias ideas aisladas sobre cómo debe ser la nueva Carta Fundamental, no ha surgido un intento de ensayo de la misma salvo el que el suscrito ha redactado previo al estallido social chileno y publicado en Europa durante el período pandémico mundial bajo el título: "Proyecto de una nueva Constitución Política de la República de Chile". Este realiza un intento por esgrimir un texto que recoja tanto los Tratados Internacionales, la jurisprudencia y el Derecho Comparado como la doctrina de varios constitucionalistas a nivel mundial, las Cartas Magnas de todo el mundo y las asambleas que la ciudadanía ha efectuado entregando sus ideas, consagrando un proyecto con los más altos estándares posibles en Derechos Humanos adecuados a la realidad chilena.

En este artículo exploramos el impacto de la propiedad de la vivienda sobre la violencia contra las mujeres en la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá). Lo hacemos a partir de datos cualitativos levantados en Bogotá durante un período de un año, entre 2011 y 2012, apoyados en algunos datos cuantitativos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2010, que es representativa para la localidad. Concluimos que la vivienda propia tiene un efecto protector porque disminuye el estrés económico, aumenta el estatus de la mujer y facilita la solución del conflicto. Además, según los datos estadísticos, la vivienda propia está asociada, tanto nacional como localmente, a una prevalencia significativamente menor de violencia, con independencia de la riqueza.

This article explores the impact of self-owned versus rented housing on violence against women in Ciudad Bolívar, Bogota. We used a mixed methods approach based on semi-structured interviews in the locality as well as on observation of domestic violence cases in the locality, between 2011 and 2012. We also analyzed the statistical data of the National Health and Demography Survey for 2010, with representative data for the locality. We concluded that self-owned housing has a protective impact because it reduces economic stress, increases women’s status and facilitates solutions to domestic conflict. Furthermore, according to the statistical data, this protective effect is associated, at both the national and local level, to a significantly lower level of violence, regardless of wealth.

El objeto de este trabajo consiste en el estudio del proceso de europeización del derecho público español a partir del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para ello, se toma en cuenta la influencia europea en ciertos ámbitos en los que el ordenamiento jurídico español ha experimentado un avance significativo.

I. ANTECEDENTES Y CONTEXTO. II. EL CONVENIO COMO INSTRUMENTO GARANTE DEL ORDEN PÚBLICO EUROPEO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. III. BREVE REFERENCIA AL FENÓMENO DE LA INTERCONEXIÓN DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS. IV. LA RECEPCIÓN DEL DERECHO DE ESTRASBURGO EN EL DERECHO ESPAÑOL. V. LA EUROPEIZACIÓN DEL DERECHO PÚBLICO ESPAÑOL, EN CONCRETO: 1. Jurisdicción contencioso-administrativa: reforma de 2015: 1.1. Recurso de revisión contra resoluciones judiciales internas que han supuesto una violación de los derechos y libertades del Convenio, así declarada por el TEDH. 1.2. Recurso de casación. 2. Partidos políticos. 3. Vivienda. 4. Medio ambiente: 4.1. Protección indirecta: la ecologización de los derechos humanos clásicos. 4.2. Protección directa: el interés general a la protección del medio ambiente como límite al derecho de propiedad. 5. Relaciones de sujeción especial: régimen disciplinario de la Guardia Civil. VI. CONCLUSIONES.

El derecho a la vivienda regulado constitucional y legalmente en España incorpora obligaciones de aplicación directa a todos los poderes públicos y está siendo protegido por los tribunales de justicia, en la línea de lo que expone la jurisprudencia internacional. En cambio, el Tribunal Constitucional y el legislador no han desarrollado hasta ahora ni una doctrina ni una legislación que permita la efectividad máxima del derecho, si bien en el caso legislativo recientes desarrollos normativos en algunas comunidades autónomas están implantando obligaciones de resultado exigibles judicialmente como ya han hecho otros países europeos. Sin embargo, las mismas chocan con el dogma arraigado de la libertad absoluta del legislador presupuestario, que este análisis discute.

Análisis de la relación entre pobreza y exclusión social como elementos que limitan el ejercicio de los derechos humanos a la vivienda y al acceso al agua potable y al saneamiento a efecto de identificar las barreras que debe superar el Estado mexicano para evitar incurrir en responsabilidad internacional y cumplir con su obligación de primer garante de los derechos

Este artículo contiene la problematización de un fenómeno cada vez más común en Costa Rica, que consiste en la organización y movilización de comunidades para oponerse a la instalación de proyectos de vivienda de interés social en sus cercanías. El objetivo del trabajo es analizar algunas manifestaciones y los argumentos de oposición, así como la estigmatización hacia los barrios en condiciones de empobrecimiento que se encuentra en la base de estas
protestas. También se busca evaluar en el contenido de esas protestas la evidencia de puntos en los cuales puede estar fallando la política de vivienda implementada en el país en las últimas décadas.

Las dificultades de acceso a una vivienda digna afectan gravemente a vastos sectores de la población,  derecho particularmente establecido en la Constitución Argentina en relación a las condiciones de Hábitat, o sea las condiciones urbanas de servicios, equipamientos y movilidad.  Esta dificultad se presenta en los sectores de ingresos medios y bajos, y tienen además impactos diferenciales en mujeres, niños, niñas y personas con discapacidad.
Por otro lado el desarrollo urbano viene definido a partir de las pautas del mercado inmobiliario y también de las propias políticas del Estado, las que promueven un continuo proceso de extensión de la ciudad, y segregación urbana que alimenta la especulación y, con ello, eleva sistemática y artificialmente los precios del suelo. En este contexto, se incrementan la toma de tierra, la informalidad y la desigualdad.
En las últimas décadas, parece haber un consenso acerca de las consecuencias más significativas de la globalización y las políticas neoliberales en la transformación creciente de las ciudades, el modo de pensar o abordar lo urbano y, más específicamente, cómo se planifica y gestiona (Ana Falú, 2009a/b). La transformación de la estructura urbana afectara la respuesta habitacional, con las presiones e intereses del capital financiero y las inversiones inmobiliarias, “la mundialización de la economía, que se ha centrado en las empresas multinacionales y en los bancos” (Sassen, 1999).

Este trabajo se aproxima al impacto de la descentralización legislativa en el desarrollo del derecho a la vivienda, en concreto de su aspecto subjetivo. En esta aproximación se toma una perspectiva histórica de dicho desarrollo y se contrasta el modelo en el ámbito comparado. Se analiza, así mismo, el contenido de las normas autonómicas en materia de vivienda aprobadas en Andalucía, Canarias, Navarra, Cataluña, País Vasco, Valencia, Extremadura y el proyecto de ley balear y se contrastan con el análisis de los fundamentos de derecho de la Sentencia del Tribunal Constitucional 93/2015 de 14 de mayo que resuelve el recurso de inconstitucionalidad formulado contra la ley andaluza de vivienda. Se llega a la conclusión de que los marcos competenciales descentralizados han favorecido, hasta ahora, y podrían seguir favoreciendo en un futuro, la articulación de instrumentos que vuelven exigible el derecho a la vivienda ante la Administración Pública y los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

Tanto los planes urbanísticos como los de vivienda deberían procurar la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, por imperativo constitucional. Sin embargo, la disparidad de las competencias para aprobarlos y de sus plazos de vigencia han contribuido a que se dieran la espalda históricamente, así como a la descoordinación de las técnicas de las que se sirven. En este estudio se analizan estos problemas y se formulan algunas propuestas para superarlos. 

Both urban and housing plans should be devoted to the effectiveness of the right to decent housing, according to the Constitution. Nevertheless, the disparity of their competences, terms of validity and technical measures provoked that they turned away and became uncoordinated. This study analyzes those problems and makes some proposals to overcome them.

El presente artículo analiza la situación contextual prevaleciente sobre el derecho a la vivienda, haciendo énfasis en las consecuencias que la crisis sanitaria por COVID-19 ha provocado en este, para después presentar posibles soluciones de protección a dicho derecho social.

Este artículo parte de la descripción de la vida cotidiana de las personas en situación de calle para visibilizar la forma en que esta situación impacta en la restricción del ejercicio de sus derechos a la vivienda, a la salud y al trabajo.  El análisis aborda también la forma en que el estigma que cargan quienes están en esta situación participa y profundiza la restricción de derechos. La falta de vivienda repercute de manera directa en el cuerpo de las personas que la padecen. Implica la falta de un espacio donde descansar y atender las actividades propias de la reproducción y del cuidado de la vida. Representa la ausencia de un espacio de intimidad y de la posibilidad de conectarse con uno mismo. El articulo analiza la forma en que el estigma participa del proceso de restricción de derechos a la salud y al trabajo; lo que acrecienta un círculo vicioso de deterioro que requiere de intervención externa para detenerlo.

El trabajo analiza las recientes tendencias en la utilización de algunas figuras, alternativas a la clásica propiedad, como cauce para la consecución del derecho constitucional a la vivienda. Estas tendencias se encuentran en determinadas medidas legislativas o reglamentarias, en actuaciones de las Administraciones públicas, así como en el propio mercado. Se han escogido las que se refieren al arrendamiento, -que se traducen en un fortalecimiento de la posición del arrendador-, y al derecho de superficie. Todo ello, a la luz del principio informador contenido en el art. 47 CE y en el marco de la coyuntura económica actual, que provoca, quizá de forma no buscada, el relanzamiento de opciones poco utilizadas hasta ahora, como el arrendamiento con opción de compra aplicado a la vivienda.

Lefebvre, en 1969, discutía sobre el derecho de los habitantes a la toma de decisiones que inciden sobre la ciudad que habitan. A partir de los procesos de reurbanización que se desplegaron en dos villas de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) desde 2016, en este artículo se reflexiona sobre la participación social diseñadas en los proyectos de urbanización como estrategias que posibilitan el acceso a este derecho. Para ello, se recurrió a una metodología cualitativa que combinó datos primarios y secundarios provenientes de entrevistas semiestructuradas a informantes claves, observaciones no participantes en las villas y en reuniones multiactorales y el análisis documental. Como principal hallazgo se plantea que, si bien se diseñaron múltiples instancias de participación desde las unidades locales de gestión de cada barrio, a escala territorial se generaron diferencias en la posibilidad de recrear el derecho a la ciudad de sus pobladores. Pues, mientras en un barrio los espacios para la toma de decisiones legitimaron una política habitacional de valorización de la ciudad neoliberal, en el otro, se habilitaron ciertas instancias de consenso y participación real que redundaron en toma de decisiones activas por parte de los pobladores.

El artículo indaga sobre la situación actual del principio de seguridad de la tenencia del derecho a la vivienda, para identificar los desafíos y problemas más urgentes sobre este tema. En la última parte, articula propuestas que ayuden a fortalecer los niveles de protección y garantía de este derecho social.

The article enquires into the current situation of the principle of security of tenure of the right to housing, to identify the most pressing challenges and problems on this topic. In the last part, it articulates proposals that help strengthen the levels of protection and guarantee of this social right.

Las personas mayores con problemas de acceso a una vivienda digna y adecuada aumentan en una sociedad envejecida. Los poderes públicos deben orientar sus políticas públicas, en materia urbanística y de vivienda, a atender las necesidades de estos ciudadanos, a partir de la configuración de un verdadero derecho constitucional a una vivienda digna. Paralelamente, la crisis económica ha tenido un fuerte impacto en los parques públicos de viviendas sociales, bien por la enajenación voluntaria por parte las administraciones municipales, por razones puramente económicas de reducción del déficit, bien por la declaración en concurso de acreedores de las sociedades públicas de vivienda y suelo.
Se analiza la posición de la jurisdicción mercantil y la reacción de las administraciones públicas para recuperar el parque público de viviendas.

COMUNICACIÓN XII CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA. GT 20: MOVIMIENTOS SOCIALES, ACCIÓN COLECTIVA Y CAMBIO SOCIAL

La finalidad principal del presente artículo es elaborar una síntesis acerca del relato explicativo que realizan los activistas protagonistas sobre los orígenes del movimiento antidesahucios y por el derecho a la vivienda del Estado español. Para ello haremos una distinción heurística entre los antecedentes estructurales, por un lado, y las experiencias organizativas que han impulsado dicho fenómeno emergente, por otro. Articulamos la explicación desde la perspectiva de los activistas-impulsores que participaron en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con el objetivo explícito de exponer los acontecimientos a partir de sus propios marcos de interpretación. Nuestro enfoque metodológico se ha centrado en una revisión bibliográfica de literatura activista y de autores condescendientes con el proceso de movilización. ¿Que narrativas proponen los activistas-impulsores de la PAH para describir el movimiento antidesahucios?, ¿son las únicas lecturas válidas para comprender el fenómeno?

SUMARIO: I. PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO.-1. Violencia contra la mujer y violencia doméstica: 1.1. Derecho a la vida. 1.2. Tratos inhumanos y degradantes. 2. Derecho de propiedad. II. PROHIBICIÓN DE LA TORTURA Y DE LOS TRATOS INHUMANOS Y DEGRADANTES.-1. Violencia policial. 2. Abusos sexuales a menores en una institución pública: ausencia de investigación. III. DERECHO A UN PROCESO EQUITATIVO.-1. Derecho de acceso a un tribunal establecido por la Ley. 2. Requisitos formales para la admisión de los recursos y derecho a una buena administración de justicia. IV. LIBERTAD DE EXPRESIÓN: 1. Participación cooperativa. 2. Límites: derecho al honor de personas físicas y jurídicas. V. LIBERTAD DE ASAMBLA PACÍFICA. VI.-DERECHO DE PROPIEDAD: 1. Ocupación ilegal de un hotel. 2. Derecho a la vivienda: su interferencia en el derecho a la propiedad de otros deberá ser proporcionada.3. Cambio de uso del suelo. 4. Dominio público y vivienda. 5. Anulación de títulos de propiedad.

Lefebvre, en 1969, discutía sobre el derecho de los habitantes a la toma de decisiones que inciden sobre la ciudad que habitan. A partir de los procesos de reurbanización que se desplegaron en dos villas de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) desde 2016, en este artículo se reflexiona sobre la participación social diseñadas en los proyectos de urbanización como estrategias que posibilitan el acceso a este derecho. Para ello, se recurrió a una metodología cualitativa que combinó datos primarios y secundarios provenientes de entrevistas semiestructuradas a informantes claves, observaciones no participantes en las villas y en reuniones multiactorales y el análisis documental. Como principal hallazgo se plantea que, si bien se diseñaron múltiples instancias de participación desde las unidades locales de gestión de cada barrio, a escala territorial se generaron diferencias en la posibilidad de recrear el derecho a la ciudad de sus pobladores. Pues, mientras en un barrio los espacios pa...

La Provincia de Buenos Aires, y en especial el Conurbano Bonaerense, es una jurisdicción del país con elevado índice de pobreza.2 En térmi- nos habitacionales, existen infinidad de barrios, asentamientos y per- sonas en situación de calle que han crecido de la mano de la pobreza y de la desocupación. Estos son una clara muestra de la problemática de vivienda que existe en la provincia, pese a que la manda constitucional resulta definitiva. Sin embargo, el litigio por el acceso a la vivienda en la provincia de Buenos Aires es escaso, en particular si se toman en consideración las sentencias recaídas en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA). Esto puede deberse a diversas causas (Abramovich, Arenaza, Cravi- no y Fava, 2003), como por ejemplo, la falta de sistematización de la información sobre los litigios que se dan en las instancias inferiores,4 la escasez de información estadística sobre la problemática de falta de acceso a la vivienda, lo que impide la adopción de políticas públi- cas acordes y deja como única posibilidad la litigiosidad individual y no estructural.5 Otra posibilidad es que realmente los litigios en la materia sean escasos, quizás porque el déficit en el acceso a la vivienda sea un problema que no se judicializa, por varias razones: a) falta el empoderamiento de la ciudadanía –que las personas no conozcan sus derechos y alcances–, a lo que se suma el hecho de que no existan organismos idóneos para colaborar con los mismos,6 b) los abogados/as no asumen esas causas y en los pocos casos en que esto sucede, c) los jueces y juezas resuelven el caso sin mirar el problema estructural, sino como meros casos puntuales (Puga, 2013). Sobre estos dos últimos puntos quiero detenerme en este trabajo, a fin de mostrar la necesidad de robustecer la formación en derechos huma- nos, y en especial sobre derecho a la vivienda, en las carreras de De- recho, como herramienta que posibilita reforzar el litigio y la forma de resolver los reclamos judiciales relativos a la violación de dicho derecho específico.7 La forma en que se enseñe “derechos humanos” a los/las estudiantes influirá definitivamente en su actuación profesio- nal, cualquiera sea la rama de aplicación adoptada.

Organizado por el Instituto Municipal de la Vivienda y
Rehabilitación de Barcelona (IMHAB), el FHAR tuvo
lugar del 19 al 21 de marzo de 2019 en el Auditorio del
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA). El objetivo del foro era debatir sobre el derecho
de la vivienda, reuniendo tanto especialistas del tema
de varias administraciones locales, autonómicas, nacionales e internacionales, así como profesionales del
sector privado, investigadores y miembros de los movimientos sociales. Este artículo propone una reseña de este evento que constó de muchas mesas redondas y debates interesantes para entender la situación actual del tema de la vivienda en Barcelona. Se hará una síntesis de las ponencias de cada mesa y a modo de conclusión, se recogerán los grandes retos que puso en evidencia el foro, evidenciando los puntos de encuentro
y conflictos.

El presente trabajo tiene por objeto analizar el fenómeno de las ocupaciones ilegales de viviendas. Como consideraciones preliminares, se pretende examinar el contenido de los derechos que entran en conflicto, esto es, los derechos a la propiedad privada y a una vivienda digna. Posteriormente, se analiza el procedimiento de recuperación de la posesión, instaurado por la Ley 5/2018, prestando una especial atención a los aspectos que se han considerado más controvertidos como, por ejemplo, la posibilidad de seguir empleando el “desahucio por precarios” tras la entrada en vigor de la Ley de referencia. Finalmente, a modo de reflexión, se muestra la opinión del autor acerca de las llamadas “empresas de desokupación”, como muestra de la posible tolerancia de una justicia privada.

El Informe aborda cómo y en qué medida se satisface el derecho a la vivienda en la legislación autonómica, partiendo del referente de las políticas estatales, para analizar especialmente el nuevo Plan Concertado Andaluz de Vivienda y Suelo 2008-2012.

El derecho de acceso a la vivienda es uno de los derechos fundamentales recogidos tanto en la Constitución Española (art. 47) como en el Estatuto autonómico (art. 25) y, sin embargo, continúa siendo uno de los principales problemas que acucian a la sociedad contemporánea, Los investigadores del Centro de Estudios Andaluces Miguel Agudo Zamora y María Dolores Montero Caro analizan cómo los poderes públicos, a nivel nacional y autonómico, respectivamente, han ido perfeccionado la legislación que regula la materia mediante la puesta en marcha de distintos planes generales y cómo estas políticas públicas han ido derivando en los últimos tiempos en una dimensión cada vez más social con el fin de dar cobertura con carácter prioritario a las necesidades planteadas por grupos sociales especialmente vulnerables, como los jóvenes. En este sentido, el informe se centra fundamentalmente en el nuevo Plan Concertado Andaluz de Vivienda y Suelo 2008-2012, más orientado, según las conclusiones del estudio, a la protección de determinados colectivos que a la mera promoción de viviendas. El documento se completa con un capítulo monográfico dedicado al tratamiento de la vivienda en los informes del Defensor del Pueblo Andaluz como garante de la protección de este derecho, elaborado por la también investigadora de la Fundación, Susana Mérida Díaz.

La  introducción  de  la  cláusula  UVA  (sistema  de  indexación)  en  el  marco  de  la  política  pública  de  vivienda Pro.Cre.Ar implicó una reforma regresiva contraria a los estándares y obligaciones estatales que impone  el  derecho  internacional  de  los  derechos  humanos y el derecho constitucional de usuarios y consumidores. Ante esta circunstancia, se evalúan los aspectos conflictivos de la reforma, así como el rol que asumen la Administración Pública, el Congreso de  la  Nación,  el  Poder  Judicial  y  la  sociedad  civil  en el marco de una problemática que trasciende los propios actores comprendidos en la política pública.

Este trabajo explora la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre medidas de control de los precios del alquiler. De ella se infiere un estándar mínimo de protección del derecho de propiedad que opera como límite a estas medidas. Se concluye, en síntesis, la exigencia de que las limitaciones superen un test de proporcionalidad, el respeto de un contenido mínimo de propiedad y la obligación de distribuir de manera justa los costes de la política social de vivienda. Esto último, en particular, entendemos que puede ser relevante en relación con las investigaciones sobre los servicios de interés general.

Las condiciones de los contratos que permiten el acceso a una vivienda están intrínsecamente relacionadas con la realización del derecho a la vivienda. Con base en esa relación entre el derecho a un techo decente y las circunstancias materiales de los ciudadanos expresadas en las cláusulas contractuales, la Corte Constitucional colombiana ha construido algunas reglas que persiguen la protección de los derechos habitacionales de los consumidores de vivienda. En ese contexto, este artículo analiza la jurisprudencia constitucional que se ha referido a los contratos de vivienda y presenta los retos que tales decisiones proponen a las instituciones tradicionales usualmente estudiadas por el derecho privado.

Este documento fue presentado en el Seminario “Vivir con dignidad: el derecho
humano a una vivienda y un hábitat adecuados”, organizado por PROVEA y celebrado en Caracas entre el 11 y el 15 de julio de 2005. Se reproduce ahora, cuatro años
después, por cuanto creemos que mantiene plena vigencia. El autor asistió como
Delegado Oficial de la República de Venezuela a las dos Conferencias de Naciones
Unidas sobre los Asentamientos Humanos celebradas en Vancouver (1976) y Estambul (1996). .

El propósito de este texto es utilizar el derecho a la no discriminación como dispositivo teórico para analizar de manera general las características de lo que sería una vivienda inclusiva, segura y apta para la convivencia armónica en el contexto de la pandemia por la COVID-19 u otras
emergencias sanitarias similares. Para ello, en primer lugar, mostraré la importancia del paradigma de los derechos humanos —en específico el que se refiere a la no discriminación—, con el objetivo de
lograr la tarea fundamental que Amartya Sen identifica como responsabilidad de los Estados en contextos de riesgo: evitar
que los desastres naturales se conviertan en catástrofes sociales. Después analizaré algunas de las afectaciones al derecho a la vivienda que se han visibilizado en México durante la pandemia, desde la perspectiva que aporta el reconocimiento del carácter estructural de la discriminación, depositada sobre ciertas personas y grupos. Finalmente ofreceré una propuesta de lo que implica el derecho a la vivienda adecuada y una vivienda inclusiva para la época de la COVID-19; un período que parece se extenderá de manera indefinida hasta que no exista una vacuna o tratamiento universalmente disponibles.

Sumario: En el presente artículo, a tenor del actual marco de emergencia pública ante la pandemia mundial por el COVID 19; se intentará un estudio pormenorizado del abordaje constitucional y convencional del derecho a la vivienda adecuada, como parte integrante de los derechos económicos, sociales y culturales; definiéndose su contenido y alcances de cara a las normativas aplicables, jurisprudencia y doctrina. Del mismo modo, se realizará una aproximación al estudio jurídico sobre las implicancias, en la antedicha situación epidemiológica, del derecho a la vivienda y sus niveles de incumplimiento y precariedad en la República Argentina a la luz de las observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas. Ello se realizará haciendo foco en el impacto de dicha precariedad en la magnitud de la afectación sanitaria en los sectores postergados del país, teniendo en cuenta la interdependencia que existe entre los derechos humanos. En igual sentido, se analizarán las políticas públicas de los estados nacional y provincial tomadas a propósito de la pandemia en lo que respecta al derecho a la vivienda.

El caso del ex Patronato de la Infancia (Padelai) pone en crisis el rol que debe tener el Estado frente a la vulneración del derecho a la vivienda de los niños, niñas y adolescentes.

Ante la toma del edificio, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se constituyó como parte en la causa penal e impulsó el desalojo de las familias residentes (niños incluidos).

Así, el edificio, que alguna vez fue sede de una institución de filantropía social manejada por las elites liberales, representa en la actualidad un campo en el que se resignifica la categoría de ciudadano.